jueves, 12 de febrero de 2015

¿Viajas al extranjero? El SAT te vigila “por seguridad nacional”

La medida se da después de que el Sistema de Administración Tributaria iniciara una investigación sobre los 2 mil 642 mexicanos que tienen cuentas en la sede suiza del banco HSBC.

Las aduanas en los aeropuertos reportan al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el nombre de todos los pasajeros que viajan de México al extranjero, cuántas maletas llevan, a dónde van y de dónde vienen, “para efectos de seguridad nacional”.

En entrevista con Denise Maerker para Radio Fórmula, el titular del SAT, Arturo Núñez, dijo que el SAT también utiliza la información recopilada en aduanas para “cruzar” datos y de alguna manera fiscalizar a los pasajeros.
Investigan a 2 mil 642 mexicanos por cuentas en HSBC en Suiza

Carlos Hank Rhon, Jaime Camil Garza, Luis Téllez Kuenzler, Guillermo Prieto Treviño, Alfredo Elías Ayub, Eugenio Ebrard y otros mexicanos ya son investigados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por tener cuentas en HSBC en Suiza, el cual es investigado por presuntamente haber facilitado una masiva evasión de impuestos a nivel mundial.

El diario Le Monde y otros medios internacionales revelaron los nombres de miles de personas que tienen cuentas en el banco HSBC en Suiza, institución que dejó pasar actividades ilegales de comerciantes de armas y de diamantes, y al mismo tiempo ayudó a personas acaudaladas a evadir impuestos.

Arturo Núñez dijo en que ya están revisando las declaraciones de impuestos de los 2 mil 642 mexicanos que aparecen en las listas reveladas por un exempleado de HSBC.

Según Núñez, sólo 39% de esos 2 mil 642 mexicanos tienen residencia en México, sin embargo, están investigando a todos.

El SAT revisará quiénes sí declararon haber obtenido un ingreso por rendimiento de utilidad, dividendo o ganancia de un instrumento de inversión en Suiza desde 2006.

Para empezar, el SAT pedirá a Suiza la lista completa de los mexicanos involucrados.

Los mexicanos que no hayan declarado sus ingresos obtenidos a través de un instrumento de inversión en Suiza serán requeridos por el SAT para que expliquen qué sucedió o auditarlos.


Quien sí lo declaró también será revisado por el SAT para cotejar que la información es congruente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alcalde veracruzano pide licencia al cargo; enfrentará juicio de desafuero por asesinato de periodista

El alcalde de Medellín de Bravo fue implicado en declaraciones hechas por miembros de la Policía Municipal como el probable autor intelectual de la desaparición y del posterior asesinato de Moisés Sánchez.

El Cabildo del municipio Medellín de Bravo, Veracruz, aprobó la solicitud de licencia por 59 días de Omar Cruz Reyes, quien enfrentará un juicio de desafuero por estar presuntamente involucrado en el asesinato del reportero Moisés Sánchez.

El pasado 27 de enero, el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, solicitó el desafuero contra Cruz Reyes, señalado como el probable autor intelectual de la desaparición y del posterior asesinato del periodista.

La tarde del 25 de enero, el fiscal, informó que Moisés Sánchez, quien llevaba más de 20 días desaparecido, había sido asesinado por un exintegrante de la extinta Policía Intermunicipal, Noé Rodríguez Martínez, y otros cinco cómplices, por encomienda del alcalde de Medellín de Bravo.

La noche del lunes 26 de enero, el abogado de Cruz Reyes, Sergio Vaca Betancourt, señaló que el presidente municipal de Medellín de Bravo buscaría un amparo en contra de una eventual orden de aprehensión por ser presunto responsable del secuestro y asesinato del periodista.

Ahora, Medellín de Bravo estará gobernado durante 59 días por Betzabé Solís Neri, quien, además, solicitó dejar la seguridad del municipio en manos del estado.

Según Quadratín Veracruz, sólo 25 policías patrullan actualmente el municipio.


“Los regidores y yo creemos firmemente que los responsables de la seguridad deben ser el Presidente de la República y el Gobernador y es así como se va a proceder”, dijo Solís Neri.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Expertos de CIDH no asumirán tesis oficial sobre muerte de normalistas

Washington. Expertos internacionales iniciarán el 1 de marzo en México sus investigaciones sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, sin asumir la tesis oficial sobre una masacre, se informó este jueves en Washington.

"Hasta que no tengamos las pruebas fehacientes del destino de los desaparecidos el caso está en términos de que son casos de desaparecidos", dijo el español Carlos Martín Beristain, el único médico del grupo.

El equipo multidisciplinario designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dio una rueda de prensa tras reunirse por primera vez el miércoles y el jueves en la sede de ese órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la capital estadunidense.

Además de Beristain, el grupo lo integra la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, los abogados colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia y el abogado chileno Francisco Cox.

La Procuraduría General de la República ha dicho que los jóvenes de Ayotzinapa fueron masacrados por sicarios de narcotraficantes y posteriormente sus cuerpos incinerados en un basurero en en un aislado basurero de Cocula, localidad vecina de Iguala (sur), donde fueron secuestrados. El gobierno alega que su conclusión se basa sus conclusiones en 487 peritajes y declaraciones de más de 30 de casi un centenar de detenidos.

Pero Beristain dijo que "no podemos determinar cuál es la certeza que tenemos sobre los alcances o la convicción que ha mostrado la Procuraduría sobre el destino de los desaparecidos".

Por su parte, Buitrago señaló que el grupo llegará a "nuestra propia conclusión desde el tema concreto de nuestra autonomía e independencia" tras una evaluación de las evidencias recogidas por las autoridades mexicanas o por los mismos expertos.

A partir del 1 de marzo, la comisión de expertos permanecerá en México tres semanas al mes durante los seis meses iniciales de su mandato, acordado en noviembre entre la CIDH, el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.

En México los peritos planean reunirse con sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas, autoridades del gobierno y grupos defensores de derechos humanos Parte de las labores del grupo será "sugerir y aportar una nueva serie de elementos para (...) que se hagan verificaciones de acuerdo a los estándares internacionales", añadió Buitrago. Además, se pretende visitar Ayotzinapa.

El equipo prevé redactar un informe sobre la investigación en mayo, y otro en agosto al término de su periodo de seis meses, que sin embargo podría ser prorrogado en acuerdo entre las partes.
Familiares de las víctimas denunciaron que la "verdad oficial" se cae a "pedazos", luego que forenses argentinos señalaran una serie de fallas e irregularidades en la investigación de la PGR.

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio la bienveniada al apoyo, la revisión y las sugerencias del grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para brindar asistencia técnica en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. “Fortalecerán las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y abonarán a generar un resultado jurídicamente robusto en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos", afirmó la cancillería.

En un comunicado, precisó que el mandato del grupo de expertos deriva del acuerdo de asistencia técnica formalizado el 18 de noviembre de 2014, entre la CIDH, representantes del Estado mexicano y de los beneficiarios de las medidas cautelares.

El grupo de expertos fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y está integrado por Carlos Martín Beristaín, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia Villa y podrá elaborar  recomendaciones respecto de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales así como el plan de atención integral a las víctimas de los hechos.

"El Estado mexicano reitera su compromiso y responsabilidad de cumplir cabalmente con las medidas cautelares dictadas por la CIDH así como brindar una asistencia y reparación integral de las víctimas de los hechos que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero", concluye el texto.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hallan muerto en Veracruz a alumno del Tec de Monterrey plagiado en Puebla

Procuraduría estatal confirma que el cadáver de Sebastián Préstamo Rivera, de 18 años, fue encontrado en Veracruz.

Fue encontrado muerto en Veracruz al estudiante del Tec de Monterrey secuestrado en Puebla la semana pasada, informan autoridades.

La Procuraduría General de Justicia poblana confirmó la muerte de Sebastián Préstamo Rivera, de 18 años. Su cuerpo se localizó en Xalapa.

Las causas de la muerte no se han dado a conocer, pero trascendió que el cuerpo estaba en avanzado de putrefacción y que ya les fue entregado a los familiares, quienes lo velan en una agencia funeraria de la capital poblana.

La tarde-noche del 6 de febrero, Préstamo Rivera conducía un automóvil Mercedes Benz, de reciente modelo, con placas del estado de Puebla cuando fue privado de su libertad por sujetos desconocidos que, según las pesquisas, lo trasladaron a Xalapa, donde lo mataron la madrugada del sábado pasado.

Hasta el día 9 del mismo mes, fue que un sujeto desconocido se comunicó con los padres de Sebastián para exigirles el pago de un rescate a pesar de que estaba muerto, pero dicho pago no se efectuó, según informó la dependencia.

Se presume que la llamada para exigir el rescate se hizo sólo para desviar las investigaciones, y que el objetivo principal de los responsables era privarlo de la vida, por lo que no se descarta una posible venganza.


Se espera que en las próximas horas, la PGJ dé a conocer más información sobre el caso.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Asesoría de la OCDE para nuevo aeropuerto nos costará más de 36 mdp

El acuerdo que fomenta la integridad, la transparencia y las buenas prácticas para la construcción del nuevo aeropuerto fue hecho público por acuerdo entre el organismo internacional y la SCT.


Los costos de asesoría y gastos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) sumarán dos millones 126 mil euros (36 millones 163 mil pesos, aproximadamente).

En este presupuesto se toma en consideración el grado de intervención del personal de la OCDE, así como el apoyo local, los profesionales y expertos internacionales que requiere dicho proyecto, los gastos de viaje y otras cuestiones logísticas.

Según el diario Reforma, el convenio que ese organismo internacional firmó el pasado 9 de enero con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue divulgado por acuerdo entre ambas instituciones tras su protocolización.

De acuerdo con el anexo del Acuerdo para el Fomento de la Integridad, la Transparencia y las Buenas Prácticas de Contratación Pública en el Desarrollo y Construcción del nuevo aeropuerto, dicha cifra se proporcionará en cuatro cuotas.

La primera será de un millón 126 mil 19 euros (19 millones 153 mil pesos), en los 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor del acuerdo; mientras que el resto de los pagos serán de 333 mil 333 euros cada uno (5 millones 689 mil 994 pesos), a más tardar el 31 de enero de 2018.

El documento, que se firmó el pasado 9 de enero, precisa que la OCDE realizará el análisis y la evolución corporativa del actual marco institucional procedimental y regulatorio, aplicable a las prácticas de contratación pública y concesiones para el nuevo aeropuerto.

De igual manera, asesorará el desarrollo de la estrategia de comunicación del proyecto, realizará de cuatro a cinco seminarios durante el presente año, así como la integración de un Panel Consultivo integrado por expertos del organismo internacional.

Los especialistas entregarán sus informes trimestralmente y se reunirán cuatro veces al año como máximo en la Ciudad de México, para tratar cuestiones relacionadas con el avance del proyecto.

Además, la OCDE buscará la participación de empresas y de la sociedad civil, a fin de maximizar el impacto de la ejecución del programa.


De acuerdo con el documento, enviado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el trabajo se desarrollará a partir de la entrada del acuerdo mencionado hasta el 30 de noviembre de 2018, aunque se podría prorrogar hasta 2020, con un costo adicional.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías y ladrones

Un grupo encubierto de la Policía Estatal de Colima al mando del gobernador de Colima, Mario Anguiano, es paradójicamente uno de los principales problemas de seguridad en la entidad. Les llaman ‘La  banda de los Tiida’

Son policías de élite de Colima, pero parecen y actúan como delincuentes. 

La “Banda de los Tiida” –como se le conoce al grupo encubierto de la Policía Estatal de Colima –es paradójicamente uno de los principales problemas de seguridad en la entidad gobernada por el priista Mario Anguiano.

El mote con el que los bautizaron los colimenses es porque utilizan para trasladarse vehículos Tiida de la marca Nissan sin ninguna identificación o logotipo.

Estos agentes policiacos forman parte de un grupo encubierto de la Policía Estatal Acreditable que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general Raúl Pinedo Dávila.

El historial de abusos y quejas por parte de estos efectivos ha sido documentado por la Comisión de Derechos Humanos de Colima, un órgano que hoy pide disolver a este cuerpo policiaco que opera fuera de la ley.

Los casos  que tiene en su contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima van desde detenciones ilegales por parte de los policías encubiertos, amenazas, cateos ilegales y abusos policiacos.

En diciembre el Ombudsman de Colima emitió en diciembre la recomendación general RG01/2014, en contra del gobernador de Colima, Mario Anguiano, y el secretario de Seguridad Pública de Colima, por el tema de la operación de “La Banda de los Tiida”.

“Es evidente que los principios rectores que deben regir en el ejercicio y funcionamiento de las instituciones policiales, son mandatos constitucionales, mismos que deben ser observados en las reglamentaciones y leyes estatales”, señala el documento. 

“Y que de forma manifiesta, al contrastar dichos principios constitucionales con las prácticas y actuaciones realizadas por parte de agentes de la Policía Estatal Acreditable de la conocida ‘Banda de los Tiida’, resulta su conducta abiertamente ilegal e inconstitucional”.

‘La banda debe ser disuelta’

En los últimos dos años en la la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima se han presentado 30 quejas de colimenses (7 en el 2013 y 23 en el 2014) por violaciones a los derechos humanos de las personas y cateos ilegales en residencias relacionados con “La Banda de los Tiida”.

El grupo es acusado de realizar detenciones arbitrarias, allanamientos de morada y golpear a ciudadanos de Colima en sus operativos que lleva a cabo en la entidad.

La operación de este grupo policial viola la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, que no contempla que la policía realice tareas de investigación e inteligencia.

La legislación exige que los elementos deben de estar siempre identificados y sus vehículos identificados con el logotipo de la institución policiaca.

En entrevista con Reporte Indigo, Roberto Chapula, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Colima, señala que “La Banda de los Tiida” debe ser disuelta por el gobernador de Mario Anguiano.

“Está fuera de la ley definitivamente porque realizan detenciones arbitrarias, cateos ilegales y agresiones a la gente”, dice Chapula.

Hace dos años, recuerda Chapula, la Comisión Estatal de Derechos Humanos colimense emitió una primera recomendación en contra de estos elementos por la detención de un maestro que huyó cuando los policías vestidos de civil y en un vehículo Tiida le ordenaron detenerse cuando transitaba a bordo de su automóvil.

“Pensé que eran secuestradores”, contó la víctima en su denuncia.

Chapula reconoce que la actuación de los elementos que integran “La Banda de los Tiida” está fuera de la Ley de Seguridad Pública de Colima.

“Ellos empezaron a provocar problemas desde el principio”, recuerda el abogado y excandidato del PRI a la Alcaldía de Colima.

 “Se extralimitaron: realizaron detenciones arbitrarias, sin flagrancia del delito, allanaron domicilios, torturaron gente. Eso provocó la protesta de mucha gente”.

En la recomendación emitida en contra de la actuación de este grupo, la Comisión le pide al gobierno de Mario Anguiano cinco acciones para terminar con “La Banda de los Tiida”.

El órgano solicita que se definan las facultades de los elementos de la Policía Estatal Acreditable, que operan vestidos de civil y que transitan en vehículos sin logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública.

También pide protocolos de actuación para los efectivos de la Policía Estatal Acreditable y exige que se terminen con las detenciones arbitrarias que realizan sin órdenes y los cateos en los domicilios.

Chapula recuerda que México tiene un negro historial con grupos policiacos que están fuera de la legalidad.

“En México tenemos tristes y graves de grupos anticonstitucionales como era la Dirección Federal de Seguridad. Es evidente que los principios rectores que deben regir en el ejercicio y funcionamiento de las instituciones policiales, son mandatos constitucionales, mismos que deben ser observados en las reglamentaciones y leyes estatales”, dice.

> Un problema más


Ayer, Reporte Indigo publicó que la corrupción, el favoritismo y el tráfico de influencias en la compra de terrenos por parte del gobierno de Colima marca el fin del sexenio del gobernador Mario Anguiano.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR:CÉSAR CEPEDA.

Donde le rasquen, sale pus: Preciado

Jorge Luis Preciado dijo en entrevista para Reporte Indigo que en Colima ha habido denuncias muy claras sobre el enriquecimiento ilícito de casi todo el gabinete estatal.

Jorge Luis Preciado señaló que en Colima, su entidad, predominan la corrupción y la irresponsabilidad del gobernador Mario Anguiano.

“Allá donde le rasquen sale pus, esa es la verdad”, afirmó.

Preciado, quien será el candidato del PAN a la gubernatura de Colima, afirmó que en esa entidad ha habido “denuncias muy claras” sobre el enriquecimiento ilícito de casi todo el gabinete estatal.

El panista recordó entre 1997 y el 2000, cuando fue diputado local por primera vez, se inhabilitó a varios funcionarios por haber cometido faltas a la Ley y hacerse de recursos de forma ilícita.

“Recuperamos más o menos unos 200 millones de lo que se habían llevado a su casa, entre ellos camionetas, casas y demás”, dijo.

En el 2003, Preciado fue encarcelado por difamación, por una denuncia presentada por el entonces secretario de salud estatal, Christian Torres, a quien acusó de haber operado a su perro en el Hospital Regional Universitario.

En el 2007, el Congreso de Colima lo destituyó por como diputado local en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral por haber perdido la protección de la justicia federal en un amparo por la acusación de difamación.

Preciado atribuyó todos esos hechos a la reacción de los priistas en la entidad por haberlos obligado a rendir cuentas.

“La realidad es que a partir de esa primera experiencia como diputado local, nos permitió meterle orden al estado, nos permitió poner por primera vez sanciones a los funcionarios públicos y nos permitió por primera vez recibir dos intentos de homicidio, 17 denuncias penales en mi contra y una vez en la cárcel, así como que mucho gusto que les dé que andemos sancionando gente pues no lo hay”, comentó.

La corrupción de todos los días

Martha Leticia Sosa Govea sostuvo que son conocidos los hechos de corrupción en la entidad.

“En Colima, en este gobierno, siempre ha existido la presunción de la corrupción, del tráfico de influencias, del abuso de autoridad”, acusó.

La legisladora lamentó que ninguna de las entidades fiscalizadoras, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puedan tomar cartas en el asunto por impedimentos legales o políticos.

En el caso de la ASF, no puede realizar ninguna investigación a menos que se trate de recursos federales.

“En el órgano interno de control, desde el momento que su superior jerárquico es el propio gobernador, es imposible que pueda hacer un trabajo profesional. Y en el caso del órgano de fiscalización, lamentablemente es manejado por una mayoría priista en el Congreso del estado y, desde luego, cubren todas las trapacerías y todos los abusos que comenten sus gobernadores”, sentenció Sosa.

La legisladora federal, que quedó en segundo lugar en el proceso electoral pasado, aseguró que la actitud del gobernador Mario Anguiano le ha pegado no solo a él y su grupo, sino a las instituciones, pues se fomenta la falta de credibilidad en ellas.


“Nunca como ahora se ha visto tan obvio, tan carente de atención a la ciudadanía, de dar resultados, de obra pública, como en este sexenio. Y para colmo, parece que tuvo suerte, pues huracanes como ‘Jova’ le han permitido hacer de las suyas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Presenta UAM dictamen técnico sobre diseño de boletas electorales (11 FEBRERO)

MÉXICO, D.F: La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) presentó al Instituto Nacional Electoral (INE) un dictamen técnico sobre el diseño de las boletas electorales que podrían utilizarse en los próximos comicios del 7 de junio.

En un comunicado, el órgano electoral indicó que durante el acto de entrega el consejero presidente, Lorenzo Córdova, resaltó que dicho proyecto es acorde con la ley electoral y resuelve la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de que los logotipos de los partidos políticos deben ser simétricos.

“La UAM nos encamina, cosa que apreciamos muchísimo, a una vía de solución que podía parecer muy obvia. Sin embargo, es una solución robusta, cuya construcción analítica y científica permitirá al INE tomar decisiones mucho más sólidas”, resaltó Córdova ante el rector de la UAM, Salvador Vega y León.

Acompañado por el consejero electoral Arturo Sánchez; el secretario y el director ejecutivos del INE, Edmundo Jacobo y Miguel A. Solís, respectivamente, Córdova reconoció el trabajo realizado por la UAM en los tiempos que exige el proceso electoral federal.

En su turno, Arturo Sánchez, presidente de la Comisión de Organización Electoral, recalcó que el trabajo presentado por la institución académica permitirá al INE concluir con el proceso de diseño de la boleta electoral.


A su vez, el rector de la UAM, Salvador Vega y León, agradeció al INE por la oportunidad de participar en este proceso que, dijo cumple a cabalidad un principio fundamental de la ley orgánica de la Universidad: “Hacer investigación para resolver los problemas nacionales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Jorge Luis Preciado deja el Senado y va por gobierno de Colima

COLIMA, Col: Si hubiera un acuerdo electoral sobre la gubernatura de Colima sería para darle la victoria al PAN, porque fue ese partido “el que le dio todas las reformas” estructurales al PRI y al gobierno federal, señaló el senador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, aspirante a la candidatura al gobierno de la entidad.

Sin embargo, dijo, Acción Nacional “no tiene por qué estar pidiendo limosnas, podemos ganar esta elección, que quede muy claro”.

La declaración del panista se dio luego de que un reportero lo cuestionó sobre las versiones en torno de un supuesto acuerdo de cúpulas entre el PRI, el PAN y el gobierno federal, con el propósito de evitar la postulación del alcalde panista de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, quien aventaja en las preferencias electorales al precandidato del PRI, José Ignacio Peralta Sánchez.

Las especulaciones crecieron después de que, tras varias semanas de indecisión, la tarde ayer Mendoza Amezcua anunció que no buscará la candidatura de su partido al gobierno estatal.

En conferencia de prensa en esta ciudad, Preciado Rodríguez se dijo sorprendido por esa determinación, aunque no descartó la posibilidad de que haya existido un acuerdo en lo individual entre Virgilio Mendoza e Ignacio Peralta, cuya añeja amistad es ampliamente conocida.

“Si llegaron a un acuerdo con el otro precandidato no es asunto nuestro, ahí no tiene por qué estar el PAN”, dijo Preciado al considerar que Mendoza Amezcua “tendrá que dar una explicación creíble a sus seguidores… (Si negoció) eso lo tendría que explicar él, yo no podría afirmar ni no afirmar eso”.

En su encuentro con los reporteros colimenses, Preciado Rodríguez reiteró el anuncio realizado por la mañana en el Distrito Federal, en el sentido de que mañana solicitará licencia a su puesto de senador para buscar la candidatura panista al gobierno del Colima.

Narró que en agosto pasado tuvieron una reunión todos los aspirantes a la gubernatura por parte del PAN –el exsenador Jesús Dueñas Llerenas, la diputada federal Martha Leticia Sosa Govea, el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua, y él–, donde decidieron que se sujetarían a un proceso de evaluación a través de encuestas mensuales, en el entendido de que quien encabezara las encuestas se registraría como candidato con el apoyo de los demás.

La última encuesta se hizo después de la postulación del precandidato del PRI, Ignacio Peralta, en la que se confirmó que Mendoza era el mejor posicionado, encabezando las encuestas al interior del PAN y por encima del abanderado priista.

Por supuesto, indicó, “nosotros con toda responsabilidad aceptamos respaldarlo para la gubernatura, nadie tuvo absolutamente ningún inconveniente en que él encabezara la candidatura a gobernador”, pero su declinación después de que se dio a conocer la resolución del PRI “nos dejó sorprendidos a todos”.

Esa situación, agregó Preciado, obligó a los liderazgos panistas a analizar las posibilidades y se decidió que él buscara la candidatura, pues es “el segundo más competitivo” dentro del PAN y está “por arriba de Ignacio Peralta”.

Manifestó que su decisión de participar se vio motivada por el propósito de impedir el triunfo del priista, cuya llegada al gobierno estatal significaría el retorno al poder del grupo del exgobernador Fernando Moreno Peña.

Desde que se conoció la declinación de Virgilio Mendoza, informó Preciado, “recibí muchas llamadas de precandidatos y militantes del PAN para que participe, porque no se puede dejar la plaza de Colima en manos de estos delincuentes que quieren regresar”.

Además, consideró que hay un gran resentimiento por parte de los priistas de buena fe que creyeron en un proyecto local que encabezaba el actual alcalde de Colima, Federico Rangel Lozano, pero “les impusieron un proyecto nacional, por lo que a ellos también los vamos a invitar a que se sumen a este proyecto”.

Aunque solicitará su licencia al Senado por el periodo que dure el proceso electoral, Preciado Rodríguez aseguró que no tiene intenciones de regresar a la Cámara Alta, pues confía en que tiene amplias posibilidades de ganar la elección ante un candidato del PRI, que “no fue la mejor decisión”.


Remató: “Creo que el mejor candidato era Federico Rangel, pero allá ellos, tienen sus formas de procesar las cosas, dejaron que les impusieran un candidato desde el centro y ahí está el resultado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

Revira Moreno Valle a AMLO: “Yo sí creo en el Estado de Derecho, él no” (11 FEBRERO)

PUEBLA, Pue: El gobernador Rafael Moreno Valle descalificó la denuncia que ayer interpuso Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por actos de represión contra activistas, existencia de “presos políticos” y criminalización de la protesta en su gobierno.

“Con Andrés Manuel López Obrador tenemos profundas diferencias y, fundamentalmente, podríamos resumirlo explicando que él no creé en las instituciones. Yo sí creo en las instituciones, yo sí respeto el Estado de Derecho y aplico la ley”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre dicha denuncia.

El mandatario aseguró: “entiendo que los derechos de una persona terminan cuando infringen los derechos de otra. Debemos salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos. Así como un ciudadano tiene el derecho a manifestarse, los ciudadanos también tienen derecho al libre tránsito, si una persona bloquea una carretera y se aplica la ley es la responsabilidad y la obligación del Estado”.

Sobre sobre si considera que López Obrador busca reflectores mediáticos con esta denuncia, el gobernador poblano insistió:

“Él no cree en las instituciones y el Estado de Derecho. Yo sí, yo respeto el Estado de Derecho y aplico la ley como es mi responsabilidad”.

Ayer, el fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acompañado del líder nacional de ese partido, Martí Batres, del exgobernador poblano, Manuel Bartlett y de otros legisladores federales, se entrevistó con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, para pedir la emisión de recomendaciones para liberar a luchadores sociales “injustamente” encarcelados en Puebla.

“Es la primera queja que presentamos como Morena ante esta Comisión de Derechos Humanos (sic) y lo hacemos porque consideramos grave lo que está sucediendo en Puebla”, refirió al salir de la CNDH.

“El poder de los poderes es el gobernador. Él encarna al Poder Legislativo, al Poder Judicial. Y no se puede hacer nada por la vía de la impartición de justicia porque ministerios públicos, jueces, legisladores, todos están subordinados al gobernador. Es un dictadorzuelo que comete muchos atropellos”, acusó el dos veces excandidato presidencial.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

‘Golean’ empresarios al fisco

El Gobierno de Jalisco, a través de su Secretaría de Finanzas, ha condonado multas por más de 30 millones de pesos a empresas que han sido omisas en el pago de impuestos. Entre las beneficiadas están varias vinculadas al dueño del Club Chivas, Jorge Vergara; en el sexenio pasado una de las más privilegiadas fue el Club Atlas.

El Gobierno de Jalisco lisonjea muy bien a los empresarios del estado: su área de Finanzas se ha encargado de condonarles multas y recargos que tenían que haber cubierto por la falta de pago de impuestos, con lo que han evitado así pagos que ascienden a más de 30 millones de pesos.

Durante 2013 y 2014, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) que encabezaba Ricardo Villanueva (hoy candidato del PRI a la alcaldía de Guadalajara), perdonó a varias empresas locales esas penalizaciones, por un monto exacto de 31 millones 381 mil 810 pesos.

De esa bolsa, 30 millones 870 mil 27 pesos fueron cancelados entre enero y septiembre del año pasado, a un ritmo de 3 millones 430 mil pesos cada 30 días. Los restantes 511 mil 783 pesos fueron perdonados en 2013. 

El dato del 2013 puede ser en realidad mayor, pues a diferencia del 2014, los beneficios fiscales que otorgó la Sepaf aquel año no están concentrados en una base de datos. 

Esa cifra de poco más de medio millón de pesos surge de una consulta documental en los archivos físicos de la Dirección de Auditoría Fiscal de la Sepaf, realizada por Reporte Indigo junto con personal del área y de la Unidad de Transparencia de la dependencia, y autorizada por instrucción del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado (ITEI).

Entre los grandes beneficiados por la actual administración estatal está el corporativo Grupo Omnilife y otras firmas vinculadas con el empresario y dueño del equipo de futbol Chivas, Jorge Vergara Madrigal.

Según la información que transparentó la Sepaf, a las compañías ligadas con el empresario las eximió del pago de multas por 17 millones 458 mil 100 pesos en 2014, y 186 mil 210 pesos en 2013, es decir, 17 millones 644 mil 310 pesos en total, con los que se les sancionaba a dichas firmas por la omisión en el pago de impuestos.  

Son cuatro las resoluciones de condonación de la Sepaf al grupo de empresas relacionadas con el dueño de Chivas.

En 2013, Grupo Omnilife fue perdonado con el pago de 132 mil 579 pesos con el que había sido penalizado por no cubrir el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el periodo fiscal del 1 de enero al 30 de abril de 2012. 

Otros 53 mil 631 pesos le fueron penalizados a Omnilife ese mismo año por no haber pagado el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU); en ambos casos, las autoridades estatales cancelaron el 100 por ciento de las multas y los recargos a la empresa de Jorge Vergara.

Esto consta en la resolución emitida el 17 de mayo deL 2013, en el oficio SEPAF/FIN/130/2013, signado por Héctor Rafael Pérez Partida, entonces director general de Egresos, hoy titular de la Sepaf. 

Tres resoluciones más a favor de empresas vinculadas a Vergara Madrigal tuvieron lugar en 2014.

La primera emitida para la empresa Capital Humano Celestial, que tenía una multa por 11 millones 568 mil 555 pesos por omisiones en el ISR, fue para cancelarle el 99.8 por ciento del monto; el indulto fue de 11 millones 548 mil 95 pesos y sólo pagó 20 mil 460 pesos. 

Esa misma empresa tenía otra multa por ISR por 3 millones 345 mil 335 pesos, pero la Sepaf le condonó el 100 por ciento, así que no pagó nada por ello. 

Y finalmente, la empresa Omnihumana, que tenía una multa por ISR por 2 millones 582 mil 478 pesos, pero le fue perdonado el 99 por ciento, así que desembolsó sólo 17 mil 808 pesos. 

Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), tanto Capital Humano Celestial como Omnihumana son marcas registradas por Grupo Omnilife, la primera con el número de registro 1234829 y la segunda con el 1169582. 

Fuera de estas empresas, las siguientes con los mayores montos cancelados por Sepaf fueron: Gasolinera Don José, por 2 millones 203 mil 405 pesos; W&G Arquitectos, por 2 millones 18 mil 729 pesos, y Súper Servicios El Castillo, por un millón 764 mil 60 pesos. 

Ayudadita al Atlas

Durante la gestión del exgobernador del PAN, Emilio González Márquez, en los años 2011 y 2012, también existieron este tipo de condonaciones a empresarios locales. 

De su periodo tampoco existen bases de datos,  por lo que la información ha surgido de la misma consulta física realizada por este medio.

La revisión se centró en condonaciones que superaran los 100 mil pesos y/o versaran sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Se hallaron 54 beneficiarios en ese supuesto, con exenciones por 9 millones 883 mil 883 pesos.

En este listado, el beneficiario más importante, y con el mayor monto cancelado, fue el equipo de fútbol Atlas, que contaba con multas por casi 3.4 millones, pero se le eximió de pagar una gran parte, de acuerdo con el expediente RIM 14/00144/11. 

En el oficio 14443/2012 se lee que la representación de la “asociación denominada FC Atlas A.C., solicita la condonación de las multas que en cantidad total de 3 millones 412 mil 352 pesos se hace acreedor por la omisión en el pago del IVA, IVA retenido e ISR retenido, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2011 al 30 de septiembre de 2011”. 

Al Atlas se le descontaron 2 millones 388 mil 647 pesos, dice la resolución del 4 de octubre de 2012, signada por Martín Mendoza López, entonces titular de Finanzas. 

Luego del Atlas, se posicionan nuevamente dos empresas con marcas registradas por Grupo Omnilife: Omnihumana II y Omnihumana III -la primera bajo el número de registro 865335; la segunda, el 865334, según el IMPI. Ambas sumaron una condonación por 856 mil 172 pesos.


Facultad federal

El Gobierno de Jalisco puede condonar las multas de impuestos federales porque forma parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y porque ha celebrado convenios de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que le confieren esas facultades fiscales. 

En sentido estricto, cuando la Sepaf cancela una de estas sanciones lo hace como “autoridad fiscal federal”, según los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Sus resoluciones de 2011 y 2012 no se fundamentan de la misma forma que las de la actual gestión. 

Las de aquella gestión se basan en quitas previstas en el artículo 76 del Código Fiscal federal; las de esta administración figuran en artículos transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Esto lo señala el especialista en la materia de la Universidad de Guadalajara, Horacio González,  director del Instituto Mexicano de Análisis Tributario y expresidente de la Academia de Derecho Fiscal, tras un estudio a los documentos obtenidos por Reporte Indigo. 

En su análisis, las regulaciones citadas no dan mucho “margen de maniobra” a la Sepaf a la hora de conceder los descuentos ni sus montos.

“Lo único que hacen las entidades federativas es instrumentar la condonación de multas, atendiendo a lo que ya les dio el legislador o a lo que ya les dio el Ejecutivo federal a través de la SHCP”, explica González. 

Sin embargo, la revisión que hace el Estado para determinar si las empresas están o no en el supuesto para ser beneficiadas, no es fiscalizada por nadie. 

“No hay una revisión por parte de la SHCP respecto de esa actuación de la entidad (…) Quienes en su caso podrían hacerlo porque tienen facultades para auditar no solo el gasto sino también el ingreso, es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), porque se trata a fin de cuentas de ingresos de naturaleza federal”, detalló el experto.

¿Esto se hace, la ASF audita las condonaciones del Estado?, se le pregunta al especialista

“No, generalmente lo que hace –aunque tiene  esa facultad– la ASF es solamente fiscalizar el ejercicio del gasto respecto de recursos federales entregados a las entidades o municipios”, concluye González.

Los consentidos

Entre 2013 y 2014, la administración estatal ha condonado más de 30 millones de pesos a empresas multadas por no pagar impuestos:

>> Jorge Vergara, dueño de Chivas y Grupo Omnilife, ha obtenido el indulto fiscal en varias de sus empresas con un monto total de 17.4 millones de pesos.

>> A Gasolinera San José le condonaron 2.2 millones de pesos.

>> W&G Arquitectos, 2 millones de pesos perdonados.

>> Súper Servicios El Castillo se le eximió del pago de 1.7 millones de pesos.


>> En el sexenio anterior, el Club Atlas fue condonado con 3.4 millones de pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

Ordenan la retirada

Tras la salida del comisionado federal en Michoacán, la estrategia para lograr la paz ha cambiado.  Las Fuerzas Federales han iniciado el repliegue de algunas zonas en las que aún operan autodefensas.

Tras el reconocimiento tácito que hiciera el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, a la existencia de los grupos de autodefensa en la zona sur del estado, las Fuerzas Federales enviadas para el desarme de civiles comenzaron a replegarse.

A causa del distanciamiento evidente entre el enlace de alto mando para la seguridad de Michoacán, General Felipe Gurrola Ramírez, y el enlace civil de la Secretaría de Gobernación,  Rogelio Caballeros Meraz, el estado ha entrado en un “impasse” del Plan Michoacán.

Hasta antes del 22 de enero pasado, las acciones conjuntas  -civiles y militares- de la Federación para el restablecimiento de la paz y el desarrollo del estado estaban ejecutadas por una sola persona: el comisionado Alfredo Castillo.

A su salida, el Gobierno Federal optó por la designación de dos enlaces de alto nivel.  

Pero es la falta de coordinación entre los mandos federales lo que ha hecho que el proceso de pacificación se encuentre estancando. 

Jara propició el repliegue de las Fuerzas Federales al reconocer la posibilidad de una alianza con los grupos de autodefensa.

La muestra más clara del repliegue de los Militares fue la liberación del líder de las autodefensas en la comunidad de Antúnez, en Turicato, Federico Villegas García.

El Comandante Lico fue liberado 24 horas después de su detención, que había sido lograda en un operativo militar dictado desde Morelia.

Hasta antes de la captura del Comandante Lico, la Federación había fijado –de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Gobernación- al menos a 10 jefes de autodefensas como objetivos militares para su detención. 

La captura de esos jefes de los civiles alzados contra el crimen organizado se tendría que cumplimentar antes del 24 de febrero.

Fuentes del gobierno estatal de Michoacán habían confirmado la intención de la Federación para detener a los jefes de los 10 grupos de autodefensa -que siguen activos-,  antes de la fecha del segundo aniversario de la resistencia que fundó José Manuel Mireles.

Auguran celebración

La decisión federal para desarticular la dirigencia de los grupos de autodefensa de Michoacán tiene que ver con un informe del Cisen que indica la posibilidad de celebrar el segundo aniversario del movimiento civil armado con una manifestación pública en la capital del país, la que podría estar respaldada por diversos grupos de políticos de las izquierdas mexicanas.

Casi dos años en Michoacán

El 21 de marzo próximo, Rogelio Caballero Meraz cumplirá 2 años de haber llegado a Michoacán en calidad de delegado de la Secretaría de Gobernación. Fue uno de los artífices de la renuncia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y del encarcelamiento del secretario de Gobierno Jesús Reyna García, con el que no obstante posó en diversas ocasiones para la foto.

A Caballeros Meraz también se le atribuye el manejo de la información con el que la Federación decidió ejercer acción penal en contra de los alcaldes de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza;  de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio; de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, y de las alcaldesas de Pátzcuaro y Huetamo, Salma Karrúm Cervantes y Dalia Santana Pineda, respectivamente.

Siguen armados

Versiones emitidas por los propios civiles armados en la zona de Tepalcatepec, Aquila y Lázaro Cárdenas, confirman lo que no se ha dicho oficialmente: por lo menos unos 5 mil hombres armados se siguen movilizando en contra de los grupos del crimen organizado que siguen activos.

De acuerdo a algunas autodefensas, la guerra que se mantiene en el sur del estado de Michoacán es solamente entre las células de Los Caballeros Templarios y los civiles armados que defienden sus familias y propiedades. 

Las Fuerzas Federales se mantienen resguardando la seguridad pública de algunas poblaciones.

En lo que va del año, según el recuento de algunos miembros de las autodefensas, tanto la policía estatal denominada Fuerza Rural como los grupos de autodefensa que se mantienen activos, se han enfrentado en al menos 18 veces con células criminales.

Los enfrentamientos más violentos se han presentado en las zonas rurales de Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Chinicuila, Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, en donde el saldo de los que pelean contra el cartel michoacano ya llega a 7 comunitarios y 5 policías caídos.

Los grupos criminales -que presuntamente son células que quedaron sin mando y que luchan por preservarse en el trasiego de las drogas, la extorsión y el secuestro- han sufrido al menos 23 bajas en lo que va de este año, la mayoría a manos de los civiles armados que no se han integrado a las policías formales.

Divorcio en las cumbres

Ante el panorama de violencia que continúa en el sur del estado, en donde en materia de seguridad publica al menos 18 poblaciones siguen bajo el control de los grupos de autodefensa, la Federación no ha podido encausar las acciones diseñadas desde el año pasado dentro del Plan Michoacán.

Y es que el enlace civil para ejecutar acciones y programas de desarrollo en el estado, Rogelio Caballero Meraz, no ha coordinado su labor a la del General Felipe Gurrola Ramírez. 

Se ha enfocado a gestionar al más alto nivel federal se le nombre Comisionado, con todas las prerrogativas con las que estuvo trabajando Alfredo Castillo.

Por parte del enlace civil no se ha dado siquiera un intento de acercamiento con los grupos de resistencia al crimen organizado. 

El trabajo propuesto por el nuevo encargado de los programas nacionales en la entidad se vislumbra a través de las delegaciones de las secretarias del gobierno federal en Michoacán.


Objetivos distintos

1. El gobierno estatal de Salvador Jara pretende tomar un curso independiente para el restablecimiento de la paz y el desarrollo en la entidad.

2. Las Fuerzas Federales desplegadas en Michoacán mantienen como prioridad la desarticulación de las células que persisten del cártel de Los Caballeros Templarios y el restablecimiento de la paz en la entidad.


3. Para Rogelio Caballeros la prioridad es la ejecución de obras públicas que realiza la Federación en Michoacán.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

En Guerrero desaparecen hasta los hornos crematorios

Si los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre fueron incinerados, y ante la imposibilidad de que ello ocurriera a cielo abierto, la única posibilidad señala a los hornos crematorios. Los rumores apuntan a las instalaciones militares, al Semefo o a funerarias privadas. Pero todo mundo niega haber tenido participación en esos hechos, las autoridades federales se enredan en sus explicaciones (cuando las dan) y a final de cuentas cualquiera podría creer que en todo Guerrero no existen esos hornos.

IGUALA, GRO: La búsqueda de algún lugar donde hubieran podido hacer desaparecer a los 43 normalistas de Ayotzinapa ha desatado todo tipo de rumores: algunos dicen que los incineraron en instalaciones militares; otros ubican el hecho en alguna sede del Servicio Médico Forense (Semefo); unos más apuntan a los crematorios de empresas privadas.

En esta ciudad guerrerense hay dos funerarias con hornos crematorios: una es El Ángel, que comparte piso con el Semefo local; la otra es Funerales Gutiérrez, el negocio funerario más antiguo y grande de la ciudad, ubicado a una cuadra del 27 Batallón de Infantería.

Los trabajadores de ambos negocios niegan que ahí se hubiera cometido esa barbarie de la cual algunos rumores los acusan.

Un empleado de El Ángel admite que, aunque comparten piso con el Semefo, sus instalaciones no tienen capacidad para incinerar más de cinco cuerpos al mes, a menos que soliciten constantemente recargas de gas.

De botepronto, el empleado saca cuentas y dice que por cada cinco cuerpos hay que pedir un resurtido del tanque de 200 kilos de gas, a un costo de mil 500 pesos.

“Cada cinco cuerpos tenemos que pedir una recarga, no da para más. Pero en esta ciudad la gente no acostumbra ese servicio”, dice el joven de bata blanca.

La empresa –cuyo encargado es Rodolfo Rueda Masón– anuncia que da servicio día y noche. Está en el kilómetro 130 de la carretera federal Iguala-Chilpancingo, a corta distancia de las gaseras que surten a la ciudad: Lama Gas y Soni Gas. Los empleados consultados no notaron un consumo distinto de ese combustible al de meses anteriores y dijeron desconocer si en la zona militar hay crematorios.

En Funerales Gutiérrez, en la esquina de la carretera nacional México-Acapulco con Periférico, a una larga cuadra –de casi un kilómetro– de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, la encargada, Hilda, afirma que se pueden incinerar tantos cuerpos como sea, pues es cuestión de alimentar el horno constantemente con gas. Sin embargo menciona que en algunas épocas nadie usa el servicio crematorio.

Al preguntarle si sabe algo del destino de los estudiantes desaparecidos, explica el procedimiento para realizar una cremación.

“Sólo damos el servicio cuando el familiar tiene acta de defunción y certificado médico; entonces yo hago el servicio. Pero nunca sin papeles o si no me lo autoriza un familiar”, dice vía telefónica.

La publicidad de Funerales Gutiérrez indica que proporciona servicio las 24 horas del día, tiene salas con aire acondicionado y cafetería, ataúdes económicos, embalsamamiento y traslado a cualquier lugar de la República, además del servicio de los crematorios.

–¿Le dan servicio al Ejército? –pregunta la reportera.

–Ellos van a la funeraria que ellos requieren –responde.

Molesta, al término de la llamada reta: “¡Que vengan y revisen, si dicen eso (que los estudiantes fueron cremados en Funerales Gutiérrez)!”.

Sin respuesta

Hasta el momento no hay pruebas de que las instalaciones militares de Iguala tengan horno crematorio.

Según el sitio de noticias Sin Embargo, el vocero del Ejército mintió al negar la existencia de crematorios en sus instalaciones, pues entre 2006 y 2013 ha incinerado, en sus propios servicios funerarios, a 674 personas.

Con base en datos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, el Ejército ofrece a sus miembros servicios funerarios en Puebla, Cuernavaca y el Distrito Federal.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la Sedena “encomienda los servicios funerarios y de incineración a una empresa privada. El local más cercano (al ataque contra los jóvenes) está en Cuernavaca”, según publicó el diario La Jornada el pasado 17 de enero.

Proceso usó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para pedir a las secretarías de Gobernación y de la Defensa que indiquen el nombre de la empresa que presuntamente otorga al Ejército esos servicios funerarios. Ambas dependencias negaron la información.

“Es importante señalar que el sujeto obligado que pudiera poseer la información solicitada es la Secretaría de la Defensa Nacional”, se lee en la respuesta de Gobernación.

La Sedena no respondió.

Cuando se pidió a las unidades de transparencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Secretaría de Salud que dijeran cuáles empresas tienen autorización de usar hornos crematorios en el estado de Guerrero, ambas indicaron que responder esa pregunta no es de su competencia y cada una señaló que era responsabilidad de la otra.

Al investigar otros posibles hornos crematorios donde hubieran podido ser cremados los normalistas, el doctor Mario Alberto Aguirre Puente, responsable del Semefo de Chilpancingo –dependiente de la Secretaría de Salud–, señala que a las instalaciones de la capital guerrerense “nunca llegaron” los cuerpos de los estudiantes.

Afirma que sólo se practicó la autopsia a los 28 cuerpos exhumados en las primeras fosas, cuando se buscaba a los normalistas. Agrega que lo que ocurre en la jurisdicción de Iguala le corresponde administrativamente a la zona norte del estado.

“Nosotros no tenemos incinerador. En todo Guerrero no hay, únicamente en Acapulco, en funerarias particulares; pero el Semefo no tiene incinerador”, dice vía telefónica.

Cuando se le pide más información sobre la funeraria de Acapulco con horno crematorio, apunta: “No sé. Con toda honestidad. Yo conozco nada más una sola funeraria que dicen que tiene incinerador. No la he visto. Le mentiría. No estoy seguro ni si siga esa funeraria con incinerador”.

E insiste: “En Guerrero el Semefo no tiene incinerador, por un lado. Por otro lado puedo decir, como forense, que todos los casos de muerte violenta no deben ser cremados porque están sujetos a investigación, pero eso lo deciden las autoridades, la Secretaría de Salud. O sea, no debería haber crematorios en los Semefos. Vaya, no tenemos”.

Al ser interrogado sobre los posibles crematorios del Ejército, Aguirre apunta: “Que yo sepa no hay (en el campo militar) porque (en Guerrero) los decesos violentos de los militares los llevan al Semefo de fuero común”.

En la Sección Amarilla de Guerrero, en cambio, aparece que al menos ocho funerarias (la mayoría en Acapulco) tienen hornos. Una de ellas está en la acera de enfrente del Semefo de Chilpancingo.


Al insistir si existe posibilidad de que los estudiantes hubieran sido incinerados en algún servicio médico forense, Aguirre responde: “Nunca hemos tenido horno y no se recomienda tener horno. En Guerrero sólo hay tres unidades de Semefo: Acapulco, Chilpancingo e Iguala. Son tres nada más en todo el estado y ninguna tiene horno crematorio”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Matan a cuatro en balacera en Reynosa durante visita de Osorio Chong (11 FEBRERO 2014)

MÉXICO, D.F: En plena visita del Gabinete de Seguridad federal al estado de Tamaulipas, el crimen organizado hizo sentir su presencia al enfrentarse a las fuerzas del orden en la ciudad de Reynosa.

El saldo del enfrentamiento fue de cuatro presuntos delincuentes muertos y al tres más detenidos.

La refriega ocurrió casi a la par de la vista del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; del titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam; el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Eugenio Ímaz Gispert y el gobernador Egidio Torres Cantú, a la ciudad de Matamoros, la más golpeada por la delincuencia en los últimos días.

De acuerdo con el Grupo de Coordinación Tamaulipas, el enfrentamiento se registró poco antes de las 13:00 horas, cuando los elementos de la Policía Federal realizaban patrullaje sobre la lateral del Canal Rhode y cruce con calle Cielo, en la colonia Guadalupe Victoria de esa ciudad fronteriza.

En ese cruce se toparon con los presuntos delincuentes que se desplazaban en una camioneta Buick Enclave color negra, modelo 2009, desde la cual atacaron a los policías federales. Estos, al repeler la agresión, lograron abatir a cuatro de los presuntos delincuentes.

Los muertos fueron identificados gracias a las credenciales y tarjetas que portaban. Se trata de Rosendo Selino Mora, José Guadalupe López Hernández, Carlos Fabián Franco Santiago y Efigenio Sánchez, quienes tenían entre 25 y 30 años.

Del interior de la camioneta se aseguraron tres armas largas, incluyendo una adaptada con lanzagranadas; una pistola automática calibre 38 Super, cargadores abastecidos y cartuchos útiles de diferentes calibres, informó el Grupo de Coordinación.

La balacera ocurrió mientras Osorio Chong, acompañado del gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, llegaba a un hotel de Matamoros para encabezar la reunión del gabinete de seguridad para analizar la estrategia de seguridad que se decretó para Tamaulipas desde el pasado 13 de mayo del 2014.

Durante la reunión el secretario de Gobernación hizo un llamado a “redoblar esfuerzos” y fortalecer la cooperación y el trabajo conjunto del gobierno estatal y los municipales con las autoridades federales para “establecer las condiciones de tranquilidad que demanda la ciudadanía de este estado fronterizo”.

El objetivo, dijo Osorio Chong, es que las mujeres, los hombres, las niñas, los niños y jóvenes de Tamaulipas recuperen su tranquilidad personal, familiar y de su entorno.

Para ello, dijo, es necesario seguir contando con la participación de la sociedad y continuar fomentando la cultura de la denuncia ciudadana, a través del número 088, que “ha dado muestras de resultados positivos”.

A la reunión de seguridad, en la que se evaluaron los avances y acciones de seguridad realizadas en la entidad, asistieron además de los mencionados, los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, y de Marina (Semar), Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Desaparición forzada se consolida como política de Estado: activistas

OAXACA, Oax: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos denunció que la desaparición forzada en el México se ha consolidado como política de Estado.

Muestra de ello, apuntó, son los más de 110 mil detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales.

A casi ocho años de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Comité anunció que iniciará en esta entidad una gira nacional para exigir al Estado mexicano que acate la resolución judicial emitida por el noveno tribunal colegiado, donde ordena buscar en las principales cárceles y campos militares a fin de dar con el paradero de los dos luchadores sociales.

Esa resolución, apuntó, es un hecho que por sí mismo sienta un precedente jurídico-político en la lucha histórica por la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos en México.

La gira, denominada “Desaparición forzada, caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad”, recorrerá varias ciudades del país, donde los participantes se proponen dar nombre y apellido a cada una de las víctimas y exigir al Estado que acate la resolución judicial.

El Comité destacó que en una situación similar se encuentran las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Francisco Paredes Ruiz, defensor de los derechos humanos; el indígena chatino Lauro Juárez; el profesor Carlos René Román Salazar; Teodulfo Torres Soriano, y los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Reconoció, asimismo, que la lucha emprendida por los familiares de los normalistas de Ayotzinapa ha sido abrazada por el pueblo mexicano, porque la violencia proviene del Estado mexicano.

Sin embargo –subrayó–, no debe extrañar que la versión oficial de que fue la “delincuencia organizada” la que ejecutó ese crimen contra los normalistas haya caído por su propio peso y colocado a las fuerzas castrenses como responsables de estos y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.

El Comité, conjuntamente con la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), demandaron que el Estado acepte la búsqueda en los cuarteles militares, porque no es un hecho fortuito ni una concesión benevolente, se trata de un logro basado en una lucha emprendida tanto en el aspecto jurídico como en el político.

Las organizaciones consideraron que el movimiento popular en su conjunto debe mantener en alto las banderas por la exigencia de la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos porque son del pueblo.


De igual manera, destacaron la necesidad de conformar un organismo colectivo o una asociación de familiares en el plano nacional, para romper el miedo del silencio y sacar del anonimato a las miles de víctimas de estos crímenes de Estado.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

Se acercan a Aguirre

Con la detención de dos familiares y un exfuncionario, el gobernador con licencia de Guerrero vuelve a estar en la mira. Ángel Aguirre solicitó separarse de su cargo en octubre del año pasado, luego de la desaparición de los 43 normalistas

La detención de dos familiares y un exfuncionario cercano a Ángel Aguirre Rivero, pone la mira muy cerca del exgobernador de Guerrero, quien aún carga el peso de los señalamientos por su complicidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

El martes, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República detuvieron en el puerto de Acapulco a Mateo Aguirre Rivero, hermano del exmandatario junto con otras seis personas.

Horas después, Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del exgobernador, fue apresado en en Chilpancingo.

La Procuraduría General República (PGR) los señaló como presuntos responsables de haber lavado 287 millones de pesos provenientes de fondos estatales y federales. 

El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio,  dijo que obtuvieron contratos de obra pública de Guerrero y recibieron recursos públicos del erario local y federal sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas.

Al día siguiente, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, exsubsecretario de Finanzas y Administración de esa entidad, también fue detenido por las autoridades.

La PGR señaló que Hughes Alcocer controlaba los recursos del gobierno estatal y que supuestamente fue una pieza clave en las transferencias de recursos públicos a empresas que finalmente desviaron ese dinero a familiares del exgobernador y del propio exsubsecretario de Finanzas.

Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez comparecieron ayer ante un juez federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano en donde se reservaron su derecho a declarar.

Zerón de Lucio detalló que de enero de 2012 a septiembre de 2014, el hermano y sobrino de Aguirre, junto con los hermanos Paulo Ignacio, Mauricio, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta, entre otros, recibieron el dinero a través de sus empresas Constructora Travesa S.A de CV., Comercializadora 2003 S.A de CV. y Comercializadora Topacio S.A de CV.

‘Que se aplique la ley’

Luego de estas detenciones, el perredista Miguel Barbosa, presidente del Senado, llamó a que se investigue al exgobernador de Guerrero para tratar de evitar que se dañe colateralmente al partido.

“Que se aplique la ley, si ya hay pruebas como se suponía existían, solo que se aplique la ley y si evidentemente rodeó al gobierno de Ángel Aguirre la corrupción, el responsable es él, que no haga responsables colaterales”, señaló.

Barbosa aclaró que en el PRD no se manifestarán a favor de ningún mecanismo de impunidad, ni van a cobijar a nadie que sea responsable de un hecho ilícito.

Hermanos incómodos

> Raúl Salinas de Gortari
El hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, es el ejemplo más claro de un hermano incómodo en la política. Raúl Salinas de Gortari fue acusado en 1994 de haber sido el autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu y de enriquecimiento ilícito.

En 2005, el hermano incómodo por excelencia fue exculpado del cargo de homicidio intelectual y quedó libre. En 2013, fue exonerado por un juez federal del delito de enriquecimiento ilícito.

> Julio César Godoy Toscano
El medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, fue electo diputado por esta entidad el 5 de julio de 2009.

Ese mismo mes, la PGR dictó una orden de aprehensión en su contra por supuestos nexos con Servando Gómez Martínez “La Tuta”.

Godoy Toscano estuvo prófugo durante un año. En 2010, recibió un amparo y rindió protesta como legislador. Meses después, la PGR levantó otro cargo por lavado de dinero.

Desde entonces, se encuentra prófugo de la justicia.

> Miguel Gómez Mont
Durante el Mundial de Futbol del 2010, el hermano del entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, fue captado en video agrediendo a familiares y aficionados de la Selección Mexicana durante un partido contra Argentina.

Miguel Gómez Mont era director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), pero tras el incidente fue cesado del cargo que desempeñaba desde 2006.

> Malinali Gálvez
La hermana de la excandidata panista al senado, Xóchitl Gálvez, fue detenida en julio del 2012 durante un operativo para desmantelar a una banda de secuestradores. 

Malinali Gálvez fue arrestada junto con seis personas más en el Estado de México. Fue señalada de integrar la banda delictiva identificada como los “Tolmex”.

Gálvez fue enviada este martes al Centro Femenil de Readaptación Social de Zacatecas por su presunta responsabilidad en secuestro y delincuencia organizada.

> Manuel Jonás Larrazábal 
El hermano del que fuera alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, protagonizó un videoescándalo en agosto de 2011.

En una grabación se evidenciaba que Jonás recibía dinero al interior del Casino Red, como parte del cobro de supuestas cuotas que demandaba a los casinos de la ciudad para que operaran sin ningún problema. 

> Eugenio Ebrard
La semana pasada, el hermano del exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard fue señalado por “Swissleaks” como uno de los clientes que tenían cuentas bancarias de HSBC en Suiza, que al parecer evadían al fisco.


Eugenio Ebrard aceptó la posesión de cuentas bancarias en el banco HSBC con sucursal en Suiza, pero negó defraudar al fisco.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.