miércoles, 11 de febrero de 2015

‘NYT’ exhibe propiedades de familia Murat, en EU

"Consultaré con abogados expertos en la materia para que determinen lo que legalmente proceda", advierte José Murat Casab.

El ex gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, y su familia adquirieron al menos seis propiedades en Estados Unidos, según una investigación de The New York Times, que ha calificado como “falsa” el político involucrado, quien en 2012 fue el artífice del Pacto por México.

Según NYT, los bienes de Murat en EU son:

-Dos condominios cerca de un centro de ski en Utah, adquiridos en 2004.

-Otro en la isla texana de South Padre en 1984.

-Uno en Florida en 2013.

-Al menos uno en Manhattan.

Además, sus hijos Lorena y Alejandro Murat, director general del Infonavit, han ocupado -según el Times- en distintos momentos un departamento en el complejo de lujo Time Warner con vista al Central Park de Manhattan.

Sin embargo, Murat ha negado lo que publicó el diario.

En una carta que llegó a este portal de noticias este miércoles por la mañana, Murat expone:

“A los medios de comunicación:

La publicación del día de hoy en The New York Times confirma la aclaración que envié el pasado domingo, y lo que en su momento declaré a las reporteras del diario, en la cual rechacé tener propiedades en la ciudad de Nueva York. En su momento también manifesté que muchas de sus preguntas –que se retomaron en el artículo—provienen de infundios y difamaciones que no vale la pena abordar.  Sigue siendo incomprensible que me involucren en una situación del todo falsa y que compromete mi reputación y la de mi familia. Consultaré con abogados expertos en la materia para que determinen lo que legalmente proceda.

Lic. José Murat Casab”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Crimen organizado amenazó de muerte a autoridades de UVM en Nuevo Laredo

Presuntos integrantes del crimen organizado exigían entrar al campus de la UVM en Nuevo Laredo para realizar labores de halconeo, informó la vicepresidenta de asuntos públicos de esa universidad, Sofía Anaya, quien dijo que analizan el cierre del campus en Reynosa.

El cierre del campus Nuevo Laredo de la Universidad del Valle de México (UVM) ocurrió luego de que integrantes de un grupo criminal amenazaron de muerte a las autoridades educativas si no les permitían ingresar al plantel para realizar labores de vigilancia, lo que las autoridades conocen como halconeo, aseguró la vicepresidenta de asuntos públicos de esa universidad, Sofía Anaya.

“El crimen organizado amenazó con matar a personas si no los dejábamos ingresar al plantel. El campus (Nuevo Laredo) está ubicado en una zona estratégica para el crimen”, aseguró Anaya en entrevista para Grupo Imagen.

Confirmó que la UVM rechazó el apoyo de las autoridades estatales, ya que no sería una ayuda permanente y debido a que en el plantel de Reynosa, donde ocurrió una situación similar y fueron asaltados el día siguiente de que se fueron los policías.

“Hemos tenido toda clase de incidentes, a nuestros rectores los han levantado y después loa han regresado, por ello es que no hay condiciones”, dijo la vicepresidenta de asuntos públicos de la UVM.

Durante la entrevista, Anaya no descartó la posibilidad de que el campus de Reynosa también cierre sus instalaciones, puesto que los incidentes continúan ocurriendo; sin embargo, dijo que por el momento los planteles de Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, continuarán con sus operaciones de manera normal.

El campus Nuevo Laredo de la UVM anunció el cierre de sus instalaciones el 9 de febrero pasado y ofrece tres alternativas para sus 700 estudiantes: ser transferidos a otro campus para continuar con sus estudios pagando el mismo monto de colegiatura, tomar clases en línea o solicitar una beca para trasladarse a otro campus.

Sin embargo, los alumnos del plantel están inconformes con la decisión y desconfían en que el cierre se deba a cuestiones de seguridad.


Además, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Herminio Garza, consideró que el cierre se debió a problemas económicos. “Les ofrecimos garantías de seguridad y no aceptaron. Ya habían tomado la decisión”, indicó Garza, quien agregó que hay varias denuncias de estudiantes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Movilización de la CNTE, por desestabilización que causó reforma educativa, y falta de pagos: Cano

3 mil 600 profesores no habían recibido su sueldo, precisó.

El problema de Oaxaca, en esta etapa de la movilización de la CNTE, “tiene que ver con la desestabilización que ha hecho el gobierno federal, como producto de la reforma educativa y problema en los pagos a un número importante de profesores, 3 mil 600, que no han recibido sus pagos”, indicó el periodista de La Jornada, Arturo Cano.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el cronista recordó que el movimiento magisterial surgió en Oaxaca, en 1980, cuando miles de profesores salieron a las calles, al grito de “¡carajo, carajo, qué caro está el tasajo!”.

Una de las razones de la movilización de hace 35 años, expuso, fue que existían muchos problemas en los pagos, controlados por la federación.

Desde enero de este año -como lo estableció la reforma educativa-, el gobierno federal volvió a encargarse de los pagos de maestros en todo el país.

Cano apuntó que en el documento firmado ayer en la Secretaría de Gobernación -por el dirigente de los maestros, Rubén Núñez, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y el subsecretario Luis Miranda- califica como “incidencias administrativas” la falta de pago a los profesores.

“Los maestros tienen razón en moverse como lo han hecho en estos 3 días en la Ciudad de México”, consideró. “Oaxaca tiene sus ritmos, sus tiempos, complejidad”, mencionó.

Destacó que entre los compromisos que adquirió tanto el gobierno federal, como el de Oaxaca, se encuentran los pagos en tiempo y forma, por lo que en esta tercer quincena del año tendrían que recibirlos.

Agregó que el “afán desestabilizador que ha caracterizado al gobierno” de Enrique Peña Nieto, trajo problemas como los que estamos viendo ahora con el magisterio.


“Tal parecería que están echándole leña a la hoguera”, refirió.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El grupo de El Palacio de Hierro y GNP va por exploración de petróleo

México, DF. Un año después de renunciar a la dirección de la principal subsidiaria de Petróleos Mexicanos, la dedicada a la exploración y producción, Carlos Morales Gil se convirtió este miércoles en el nuevo responsable de una compañía privada energética, creada por el empresario Alberto Bailleres.

La agencia Reuters dio a conocer que el Grupo Bal, del empresario Alberto Bailleres, creó una compañía llamada Petrobal, con la que pretende incursionar en la exploración y explotación de petróleo, un negocio que se abrió al capital privado después de siete décadas a partir de una reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso.

El empresario Alberto Bailleres, cabeza del Grupo Bal y de compañías como El Palacio de Hierro o Grupo Nacional Provincial Seguros, participa en el sector de minería a través del Grupo Peñoles, el principal productor mundial de plata.

El Grupo Bal creó la compañía Petrobal para la exploración y explotación de hidrocarburos, informó Reuters, que citó a un portavoz del grupo empresarial. El Grupo Bal reúne  instituciones como Industrias Peñoles, Fresnillo, Bal Holdings, Profuturo GNP, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, El Palacio de Hierro, Agropecuaria Bal, Técnica Administrativa Bal. Adicionalmente, este grupo proporciona apoyo al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que es presidida por Alberto Bailleres.

La nueva empresa petrolera de Bailleres será dirigida por Carlos Morales Gil, quien fue jefe de exploración y producción de la petrolera estatal Pemex y que renunció el año pasado.

“Grupo Bal ha creado una nueva compañía que se va a encargar del negocio de exploración y extracción de petróleo y gas en México de cara a la reforma energética que se ha aprobado en el país”, dijo a Reuters el portavoz, quien precisó que Morales se incorpora este miércoles como director general de Petrobal.

Morales Gil dejó la dirección de Pemex Exploración y Producción, que hasta antes de la reforma energética que abrió la industria petrolera al capital privado, era la principal subsidiaria de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La salida de Morales Gil, el 7 de febrero del año pasado, ocurrió tres semanas antes de que se hiciera público que Oceanografía, compañía del empresario Amado Yáñez –actualmente sujeto a proceso penal—defraudó a Banamex con alrededor de 400 millones de pesos, a través de simular operaciones con el área de exploración y producción de Pemex.

Funcionario que había conservado el cargo en el tránsito del régimen panista al regreso del Partido Revolucionario Institucional a Los Pinos, la renuncia de Carlos Morales Gil a la dirección general de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEP) el año pasado fue la segunda salida de un alto cargo del sector energético en menos de una semana.

Tres días antes, Francisco Rojas había renunciado a su cargo como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su momento, Pemex no precisó los términos de la renuncia ni los motivos de Morales Gil para presentarla.

Ingeniero petrolero por la Universidad Nacional Autónoma de México, Morales Gil, de 61 años, desarrolló su carrera profesional tanto en el Instituto Mexicano del Petróleo como en Pemex.

Industrias Peñoles, una de las compañías del empresario Alberto Bailleres, es uno de los grupos industriales mexicanos de recursos naturales más importantes desde su fundación en 1887, de acuerdo con el perfil de la compañía en la Bolsa Mexicana de Valores.

Inicialmente se dedicó a la exploración, minado, fundición, afinación y comercialización de minerales metálicos no ferrosos y posteriormente amplió actividades al sector químico. Actualmente, es el mayor productor mundial de plata afinada, líder en América Latina en la producción de oro y plomo y se encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato de sodio.

Es el dueño de la Mina Fresnillo, en Zacatecas, el principal emplazamiento de producción de plata en el mundo.

En la parte financiera, Bailleres preside el Grupo Nacional Provincial, compañía con 110 años de existencia que se define como la mayor aseguradora en el país. Forma parte de uno de los conglomerados empresariales más grande del país: Grupo Bal, que agrupa instituciones tan importantes como Industrias Peñoles, Fresnillo, Bal Holdings, Profuturo GNP, Valores Mexicanos Casa de Bolsa, El Palacio de Hierro, Agropecuaria Bal, Técnica Administrativa Bal. Adicionalmente, proporciona apoyo al Instituto Tecnológico Autónomo de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROBEERTO GONZÁLEZ AMADOR.

Urge Rubido mando único; policías municipales, “corrompidas” por delincuentes

Puso de ejemplo tres países que funcionan positivamente, con un mando único policial: Alemania, Francia y Chile.

El comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, urgió un mando único de la policía en los estados, porque -aseguró- las condiciones en las que se desarrollan las policías municipales son insuficientes para combatir la delincuencia.

Al participar en el “Foro Internacional de Seguridad Pública, por un modelo policial digno”, en la Cámara de Diputados, aceptó que en el país se presenta un fenómeno delincuencial serio, que afecta la seguridad: el hecho de que las policías municipales “han sido corrompidas, o bien penetradas por los grupos delincuenciales”.

Ante ello, reconoció la necesidad “que desde los cimientos de la actividad delincuencial se le combata con toda la fuerza del Estado mexicano. Y con la conformación que hay hoy en día de las policías municipales, esas condiciones son insuficientes para enfrentar a la delincuencia”.

Rubido García dijo que se requiere concentrar las funciones policiales para facilitar las condiciones de mando y lograr que los recursos públicos sean mejor manejados.

Planteó homologar protocolos, estructuras, presupuestos y hasta las mismas organizaciones policiacas.

“Esto es lo que se pretende con la iniciativa del presidente (Enrique) Peña Nieto, (enviada) al Congreso de la Unión para instaurar la figura de un mando único policial estatal”, añadió.

Enfatizó que con ello será posible modificar la coordinación entre las fuerzas de seguridad y establecer un esquema de mayor cooperación entre la federación, los estados y los municipios.

También propuso que la federación asuma, total o parcialmente, las funciones municipales, cuando existan elementos para identificar que instancias del gobierno local están infiltradas o penetradas por la delincuencia organizada.

Puso el ejemplo de tres países que funcionan positivamente, a través de un mando único: Alemania, Francia y Chile, “donde los avances en la lucha contra el delito son muy significativos”.

Precisó que la propuesta del Ejecutivo federal “plantea, con el mando único, políticas y acciones integrales que van a fortalecer capacidades en materia de seguridad, sobre todo en el ámbito local”.

Con todo, añadió, se emplearían mejor los recursos públicos para eficientar “la tarea de los mil 800 cuerpos de seguridad municipal que hoy tienen mandos dispersos” y aseguró que se va a dignificar la función policial con salarios dignos y prestaciones básicas, para los 440 mil policías del país.

Un mando único “nos llevaría a una distribución más equitativa, de acuerdo a las características delincuenciales en cada entidad federativa, además de que se terminaría con la improvisación y falta de capacitación de los cuerpos policiacos”, agregó el encargado de la seguridad.

En el mismo sentido, se homologarían los protocolos de actuación. “Hoy cada entidad tiene sus propios protocolos. Tratemos que unificarlos y así se mejoraría de manera significativa el vínculo y la colaboración entre la federación y las 32 entidades federativas”.

Además, el funcionario comentó que se pondría especial énfasis en la prevención, no sólo en el combate al delito, y se constituiría un servicio civil de carrera policial.


Con el mando único, sostuvo, “lograríamos reformar y no sólo reorganizar a las instituciones de seguridad pública, en beneficio de la sociedad”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Familia de político mexicano tiene vínculos cercanos con partido gobernante, y casas en EU”: ‘NYT’

La familia encabezada por José Murat, ex gobernador de Oaxaca, ha comprado al menos 6 propiedades en Estados Unidos, reportó el diario.

Traducción del reportaje publicado en el periódico estadounidense The New York Times, escrito por Louise Story y Alejandra Xanic von Bertrab:

Familia de político mexicano tiene vínculos cercanos con partido gobernante y casas en EU

En el otoño del 2013, uno de los principales funcionarios mexicanos de bienes raíces publicó un tuit sobre una campaña publicitaria, promoviendo viviendas para mexicanos de bajos recursos. El mensaje de la campaña era simple: “Lo más importante en la vida está en casa”.

También tenía la línea: “Casas con valor” .

El funcionario, Alejandro Murat Hinojosa, sabe algo de casas con valor, especialmente del otro lado de la frontera.

A lo largo de los años, él y miembros de su familia inmediata -empezando por su padre, José Murat, ex gobernador de Oaxaca- han comprado al menos 6 propiedades en Estados Unidos, incluidos dos condominios cerca de un centro de ski en Utah, otro en la playa en el sur de Texas y al menos uno en Manhattan, de acuerdo con registros y entrevistas. En Nueva York, los hijos de José Murat también han vivido por algunas temporadas en uno de los más modestos condominios del lujoso Time Warner Center, frente a Central Park.

La propiedad de las casas ha sido frecuentemente obscurecida, a través de variaciones en los nombres enlistados en escrituras o a través de empresas fachada, de acuerdo con registros examinados por The New York Times. De hecho, el día en que Murat hijo tuiteó sobre el programa hipotecario, se registró una transferencia de 750 mil dólares para un condominio en Boca Ratón, que fue comprado a nombre de su esposa a una entidad llamada Fideicomiso IMRO 2013, según documentos públicos de Florida.

Los bienes inmobiliarios de los Murat contrastan con la imagen de “hombre común” que José Murat, conocido por su poder político y su personalidad explosiva, se esforzó por construir como gobernador.

“Llegué a la gubernatura del estado con mi esposa, Lupita, y mis cuatro hijos”, dijo un año antes de terminar su mandato en 2004. “Y me estoy yendo como llegué, con los mismos pantalones, con los mismos zapatos, con la misma camisa y con el mismo carro”.

Las propiedades de los Murat, que salieron a flote durante una investigación del Times sobre las personas detrás de empresas fachada que poseen condominios en el Time Warner Center, no han sido objeto de ninguna investigación oficial y no hay evidencia de ninguna conducta malvada detrás de las compras. Pero los bienes privados de funcionarios públicos en México han estado bajo un intenso escrutinio, con una fresca ronda de revelaciones y protestas que giran alrededor de la corrupción endémica del país.

El otoño pasado, salió a la luz un escándalo sobre un contratista del gobierno que había construido una casa de millones de dólares para la esposa del presidente, Enrique Peña Nieto. Cuando la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, dijo que estaba pagando por esa casa con el dinero que ganó como estrella de telenovelas, también reveló que poseía un condominio en Florida. En esa misma época, Peña Nieto dijo que tenía 3.3 millones de dólares en bienes raíces, joyería, arte y otras inversiones. La semana pasada, dijo que un nuevo contralor federal examinaría las compras de las casas de él y de su esposa en México.

Y en diciembre, un funcionario del Infonavit, el instituto de vivienda que dirige Alejandro Murat, renunció después de que circuló en redes sociales una foto de su hijo con un Porsche, lo que detonó un escándalo y el inicio de investigaciones federales. El funcionario dijo que la publicación había sido una broma y que el carro no pertenecía a su familia.

Estas revelaciones se sumaron al enojo extendido por las acusaciones de que policías corruptos estuvieron involucrados en el secuestro y supuesto asesinato de 43 estudiantes, el año pasado, a manos de un cártel de la droga. Mientras se esparcían las protestas, Peña Nieto se tambaleaba. Su partido, el de la Revolución Institucional (PRI), había gobernado el país por 7 décadas hasta el año 2000 y cuando tomó el cargo, hace más de dos años, se había comprometido a borrar el legado de corrupción.

José Murat, el ex gobernador de Oaxaca, ha sido un priista de confianza por mucho tiempo. Su ascenso, desde una infancia en uno de los estados más pobres de México a una posición de agente de poder, que le habla al oído al presidente, es algo de larga tradición. Hubo un fallido, y algunos escépticos dicen falso, atentado contra su vida; una larga campaña para impedir una auditoría sobre gasto estatal; y un historial de tácticas políticas de juego rudo. El señor Murat, quien también fue legislador federal, recientemente elevó de nuevo su perfil al liderar un esfuerzo de la administración de Peña Nieto, para construir una agenda legislativa conjunta con varios partidos.

El hijo de 39 años de Murat, Alejandro, quien es más bien discreto y refinado, trabajó para Peña Nieto en el gobierno estatal antes de ser designado como encargado del sector inmobiliario del gobierno federal. En cierto sentido, el padre y el hijo representan al nuevo y al viejo PRI, aseguró Edward L. Gibson, un profesor de la Universidad de Northwestern que estudió Oaxaca para escribir un libro sobre gobiernos autoritarios.

“Peña Nieto puede ser la nueva cara del PRI”, dijo Gibson, “pero el dinosaurio sigue siendo parte de la coalición”.

José y Alejandro Murat negaron poseer varias residencias en Estados Unidos, rastreadas por el Times.

José Murat dijo que el condominio del Time Warner era propiedad de un familiar. Alejandro Murat dijo que el condominio de Florida era propiedad de su suegra. Sobre otro condominio en Manhattan, del cual los registros muestran que originalmente fue comprado a nombre de la esposa de Alejandro, pertenece a un tío, según dijo él.

En un correo electrónico, José Murat aseguró que las únicas propiedades de su familia inmediata en Estados Unidos eran dos condominios en Park City, Utah. Fueron comprados en 2004 -uno por sus dos hijos y el otro por sus dos hijas- por un total de $690 mil dólares. Al menos uno de los hijos de Murat era un adolescente en aquel tiempo. Pero Murat dijo: “Yo no poseo personalmente ningún bien inmueble, directa o indirectamente, en los Estados Unidos”.

Las propiedades de Murat muestran cómo los mecanismos legales disponibles en los Estados Unidos, para mantener la propiedad de un inmueble sin revelar el nombre real del propietario, puede dificultar el rastreo de dinero. Este puede ser un problema, particularmente para México, el cual, como muchos otros países en desarrollo, tiene una larga experiencia en la fuga legal e ilegal de capitales.

Mexicanos acaudalados están comprando propiedades en Estados Unidos a un ritmo acelerado y sin muchos cuestionamientos, encontró el Times, incluso cuando la seguridad en la frontera se endurece contra los inmigrantes pobres que intentan cruzar a Estados Unidos.

“Tienes a estos gobernadores yendo y viniendo aquí, y tienen inversiones en propiedades de Estados Unidos con dinero hecho en México”, dijo Juan Ruiz Healy, un periodista mexicano que conducía el programa “60 minutos” y ha escrito sobre José Murat a lo largo de años. “Los Estados Unidos nunca les dirán ‘¿de dónde viene el dinero?’”.

EL GOBERNADOR

El intento de asesinato es como mucho de lo que ha ocurrido en la carrera de 40 años de Murat, lleno de drama y sospechas que han quedado sin resolver.

Hay varias versiones de ese acontecimiento, pero la inicial era así: Una mañana de marzo de 2004, el señor Murat estaba afuera del hotel Victoria en Oaxaca, cuando un hombre armado emboscó a la minivan Nissan Quest 1999 en la que estaba Murat, dejando seis agujeros de bala.

“El asunto aquí es que ellos trataron de asesinar”, dijo Murat días después en una entrevista televisada. “Tengo sentimientos encontrados -coraje, rabia- porque lo que ellos querían al final de todo era un cuerpo muerto”.

Aunque el gobernador fue herido levemente, hubo escépticos que creían que había fingido el ataque para impulsar su imagen. El procurador federal emitió un comunicado en el que cuestionaba algunos detalles del ataque. Durante la investigación federal, Murat repetidamente tardó en dar su declaración y el procurador general (NT: en ese entonces era Rafael Macedo de la Concha) le pidió a un juez órdenes de aprehensión contra siete personas que habían respaldado al gobernador, bajo los cargos de falso testimonio y alteración de la escena del crimen.

El asunto se disipó después de que Murat demandó al Congreso que se iniciara un juicio contra el propio procurador.

Ese episodio ocurrió al final del mandato de Murat, pero para entonces ya había mucha intriga alrededor de él, construida durante décadas en la política.

Murat creció en Ciudad Ixhuatepec, en el montañoso y pobre estado de Oaxaca, donde sus padres trabajan en una tienda. Estaba en una escuela de la ciudad de México cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, en 1968, cuando el ejército y la policía apuntaron sus armas hacia estudiantes que protestaban. Mientras que los estudiantes se enfurecieron contra el PRI, Murat se unió a un grupo progobierno y conoció a otros leales al partido, incluido Fidel Herrera Beltrán, el futuro gobernador de Veracruz, con quien mantiene una amistad cercana. Murat siguió teniendo varios trabajos en el PRI, incluyendo puestos como vocero del partido y representante del partido en varios estados.

“Era sólo un funcionario de mediano nivel”, aseguró Federico Estévez, un profesor de ciencia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). “Pero tenía las relaciones correctas”.

Documentos de una ex agencia de inteligencia en México, que ponía atención en muchos enemigos y amigos del gobierno, sugiere que desde muy temprano Murat causó algo de controversia.

Los documentos, disponibles en el archivo nacional, contienen reportes no verificados. Uno reportó una visita del candidato presidencial del PRI a Oaxaca, en 1982, al cual Murat representaba como legislador federal. Los residentes del lugar circularon una carta firmada por tres políticos locales, diciendo que Murat había puesto a sus amigos y familiares en oficinas públicas en un esfuerzo por “cubrir todo” e imponer “una dictadura sobre las personas”.

Más allá de las conexiones, Murat tiene cierta bravuconería y una presencia física imponente. “Era del estilo de Lyndon Johnson”, dijo el profesor Gibson de la Universidad de Northwestern. “Se ponía de pie, se mantenía erguido frente a ellos y sólo los amenazaba con su tamaño”.

En 1998, Murat, que entonces tenía 50 años, fue elegido para un periodo de 6 años como gobernador de Oaxaca. Los gobernadores de México tienen un poder considerable, sobre todo porque administran una gran cantidad de recursos federales a discreción, especialmente en los estados más pobres como Oaxaca.

Pero ha habido muy pocas revisiones sobre cómo se gasta ese dinero y Murat se ganó una reputación de haber controlado muy de cerca la distribución de fondos federales para funcionarios locales, como una manera de mantener poder.

Manuela Garza, quien trabajó en la oficina de planeación, dijo que “la distribución de políticas y todo ello no era equitativo”. Como parte de su trabajo, la señora Garza visitó pueblos donde la gente vivía sin energía, agua o servicios de salud, y dijo que la percepción era que Murat “no tenía a la gente como prioridad, que estaba dirigiendo dinero hacia sus regiones”.

Poco después de que Murat se convirtió en gobernador, una nueva comisión federal comenzó a auditar el uso de fondos federales en Oaxaca. El Congreso mexicano también aprobó una revisión al dinero que el estado había empezado a repartir a un puñado de empresas, de acuerdo con registros del Congreso.

Por años, Murat y otros gobernadores se han quejado que las auditorías federales son una extralimitación del poder. Cuando la agencia auditora mandó funcionarios a Oaxaca, Murat los bloqueó. Los auditores tuvieron acceso sólo después de una batalla legal que llegó hasta la Suprema Corte, pero para entonces Murat ya había dejado el cargo. Su mandato jamás sería auditado por completo.

A lo largo de los años, Murat y su familia han enfrentado cuestionamientos periódicos sobre sus finanzas.

En un correo electrónico recientemente enviado al Times, Murat dijo: “Como es ampliamente conocido en México, mi familia y la familia de mi esposa, quien murió en el año 2000, tienen muchos bienes y recursos de ingresos. Este patrimonio ha sido construido por generaciones con trabajo duro y no está relacionado con mi servicio público”.

Documentos y entrevistas muestran que a lo largo de su carrera, Murat ha recibido salarios modestos en cargos de partido y que también realizó algo de trabajo como abogado privado. En la época en que ganó la primera elección como legislador federal, en los años setenta, reportó ingresos totales por 25 mil pesos, o cerca de $1,100 dólares al mes. Su salario como gobernador alcanzó apenas $11 mil 500 dólares al año -además de un bono cuyo monto no fue revelado.

Su cuñado, Mateo Jiménez, dijo que la familia Murat es “más o menos de clase media” y que él sabía que no hubo grandes herencias de los padres de Murat. Al principio de la carrera de Murat, aseguró que su madre vendía artículos para el hogar desde su casa.

Cuando Murat era gobernador, la revista mexicana Proceso escribió que él y sus adjuntos habían experimentado un “enriquecimiento ilícito”. Él tenía una relación de especial rudeza con el diario local Noticias, que publicó un reportaje en el que cuestionaba de dónde había obtenido dinero su madre, Juana Casab.

Ericel Gómez Nucamendi, el editor del periódico, dijo en entrevista que él creía que el gobernador tuvo un rencor contra él por mucho tiempo, por haberse rehusado a vender su parte del periódico.

“Él quería tomar el periódico”, dijo Gómez, quien ahora es un político en Oaxaca. “Me ofreció comprarlo y regresármelo cuando ya no fuera gobernador”.

Otro empresario local, Humberto López Lena, aseguró en entrevista que Murat le propuso actuar como su representante para ganar una parte de los negocios en Oaxaca. López Lena dijo que después de que Murat fue elegido, el gobernador le dijo: “tienes una buena imagen y puedes ser mi representante”.

López Lena dijo que Murat se lo pidió en varias ocasiones más y él repetidamente se negó.

Recientemente, Murat se ha visto envuelto en una controversia con otros dos ex gobernadores, incluido su amigo de los setenta, Herrera, de Veracruz. Esa controversia se centra en una denuncia interpuesta por un activista y abogado de Chiapas, quien acusa al ex gobernador de ese estado de manipular negocios para beneficiar a compañías constructoras. El abogado, Horacio Culebro, ha dicho que Murat y Herrera tienen intereses en esas compañías.

En el verano de 2013, legisladores de oposición urgieron a la procuraduría a revisar esas acusaciones, con una declaración, “lo que vemos es una gran red de corrupción que involucra a ex gobernadores”. Un tribunal federal está decidiendo si un procurador estatal puede revisar la evidencia. Herrera y Murat han negado cualquier involucramiento. Mientras tanto, Culebro ha declarado que ha recibido amenazas en su celular y en Facebook. “Hago responsables a José Murat Casab y a Fidel Herrera Beltrán de lo que me pueda suceder”, dijo.

Al responder a preguntas escritas sobre su gubernatura -incluyendo las acusaciones de López Lena, Gómez y Culebro- Murat escribió un correo electrónico: “la mayoría de sus preguntas están basadas en la suposición falsa y calumniosa de que hice algo corrupto. Por lo tanto no merecen respuesta”.

COMPRAS EN EU

Murat y su familia compraron propiedades en Estados Unidos a lo largo de su carrera política. En 1984, Murat y su hermano, Karim, compraron un condominio en la Isla del Padre, al sur de texas, un destino vacacional popular entre mexicanos, de acuerdo con registros públicos de propiedad.

La compra siguió un patrón recurrente usado por muchos mexicanos con recursos.

“Los Estados Unidos y tal vez Suiza son los dos principales lugares donde los mexicanos ricos han estado depositando”, dijo Mauricio Cano, un abogado de la ciudad de México que escribió un libro titulado “Teoría de Juegos y Evasión Fiscal” y aconsejó a amigos de Murat sobre un negocio de bienes raíces en Manhattan.

Poco después de haber comprado el condominio en la Isla del Padre, los hermanos Murat compraron una casa en las cercanías, en Brownsville. En ambos casos, usaron sólo su apellido materno en las escrituras -lo cual quiere decir que el nombre de José Murat aparece sólo como “José M. Casab”.

Las escrituras, archivadas en el condado de Cameron, muestran el domicilio de su hermana en Brownsville, donde su esposo posee un edificio ocupado por un club nocturno. En documentos políticos y otros registros públicos, Murat ha alternado entre usar “Casab” y un apellido que es más común en México, “Casas”.

El Times encontró que antes de los años 90, el hermano de Murat, Karim, y su madre, Juana, empezaron a comprar propiedades en Michigan, donde ella tenía familiares. Ellos tienen cuatro propiedades ahí, entre ellas una modesta casa en un suburbio, un condominio, un terreno y una propiedad comercial. Un primo, Alfredo Casab, un abogado de Michigan, confirmó que Karim y Juana estaban relacionados con el ex gobernador.

Justo cuando el periodo de Murat como gobernador estaba culminando, en 2004, sus hijos compraron los condominios en Park City, Utah, donde a la familia le gusta esquiar, y pusieron sus nombres en las escrituras.

Los mexicanos están entre aquéllos que han estado usando, cada vez con mayor frecuencia, compañías fachada y fideicomisos para mover dinero más allá de sus fronteras, aseguró Geralda Buckley Kral, una asesora de riqueza que vive en Zurich. Esos mecanismos dan privacidad y hasta pueden también facultar a una persona para negar la propiedad. “Si se le cuestiona de estos bienes, él puede decir que legalmente no los posee, porque no los posee con su nombre”, dijo la asesora.

Kral dijo que ayudó a crear un fideicomiso para una familia mexicana llamada Herrera, que fue usado en 2007 para comprar un condominio en el número 40 Este de la Calle 55, un pequeño edificio justo al lado de la 5a Avenida, cerca del Museo de Arte Moderno y de Central Park. La escritura muestra el nombre del hijo de Fidel Herrera, el amigo de Murat, como representante de la compañía fachada que compró el condominio.

Después de que los departamentos fueron actualizados y convertidos en condominios en 2007, los Herrera y otras cuatro familias mexicanas tomaron otras cuatro unidades que sumaron un total de $6.1 millones de dólares. “Todos ellos eran amigos de los amigos”, dijo Louise Phillips Forbes, una corredora inmobiliaria de Halsted Property que llevó a cabo las ventas.

“Durante varios años he instalado a muchas, muchas familias ricas mexicanas y lo que me han dicho es que muchos de ellos fueron educados en Estados Unidos y que muchos de ellos tienen su residencia aquí”, dijo Forbes. “Ellos trabajan en casa (NT: en México), pero vienen aquí todo el tiempo”.

La esposa de Alejandro Murat, Ivette Morán, compró la Unidad 6C, de acuerdo con el registro de propiedades de la ciudad de Nueva York. Al lado de su departamento, según los registros, está una Unidad comprada por Melissa F. Alcántara, la hija de la novia de José Murat.

Subiendo las escaleras está una Unidad comprada por una empresa fachada, pero que en los registros de propiedad incluye el nombre del hijo de Fernando Margáin, el ex alcalde de San Pedro Garza García en el norte de México. Otro propietario en ese edificio es Víctor Manuel Álvarez Puga, quien tiene un despacho de contabilidad en México.

A pesar de los registros públicos que contienen sus nombres, los hijos de Herrera y Margáin dijeron al Times que ellos simplemente estaban haciendo trabajo legal para los actuales propietarios, a quienes no identificarían. Pero en ambos casos, miembros de la familia registraron teléfonos en esas unidades.

Para los Murat, el condominio de la Calle 55 significa que tienen dos lugares para quedarse en Nueva York. “El Time Warner fue antes del número 40 de la Calle 55”, dijo la señora Forbes. “La familia de Alejandro es propietaria en el Time Warner”.

El condominio del Time Warner, usado por los Murat, es propiedad de una empresa fachada llamada Nivea Managment, la cual fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

El condominio, comprado por $1.76 millones de dólares, fue uno de dos que se vendieron juntos el 12 de enero de 2004; el otro costó $3.68 millones de dólares. Pero es difícil saber de quién es el dinero que está detrás de cada empresa fantasma.

John Zampino, el abogado que registró ambas compañías (NT: no es claro a cuáles compañías se refiere), declinó a identificar a los compradores, pues dijo que su trabajo requería discreción. “Es una situación muy delicada y puedo ser criticado. No puedo decir a quién represento”, dijo el abogado.

Ambas transacciones fueron llevadas a cabo por el despacho de abogados en bienes raíces Ira Berman. La firma hacía “robo-firmas” (NT: un esquema de autorización de documentos sin una revisión de datos, que llevó a una crisis en el sector bancario en el año 2010) y no revisaba los antecedentes de los compradores, de acuerdo con un ex abogado de esa firma, que pidió no ser mencionado por temor a dañar su reputación. Berman, quien cumple una condena en la cárcel por ser un inversor “Daytrader” con los depósitos de sus clientes, se rehusó a decir si su despacho revisó los antecedentes de sus clientes y dijo no recordar las ventas del Time Warner.

Soozy Katzen, un agente de bienes raíces en Fox Residential Group, que administra las rentas de uno de los dos condominios, dijo, “no hay manera de que puedan contactar a los dueños, ellos compran bajo nombres de compañías para no revelar su identidad”.

Pero sí dijo que el dueño del condominio del piso 57, después de que originalmente había planeado rentarlo, dejó que su hijo lo usara.

De hecho, Alejandro Murat, quien entonces cursaba un posgrado en Columbia, comenzó a usar ese condominio, de acuerdo con registros revisados por el Times. José Murat confirmó que su hijo vivió ahí en el verano de 2005.

En cuanto la propiedad del condominio, personas que conocen el edificio dijeron que supieron que había sido comprado por un grupo de mexicanos, incluido un empresario de nombre Guillermo Vogel Hinojosa.

José Murat dijo en su respuesta a un cuestionario que el condominio era propiedad del señor Vogel. Vogel, quien no quiso hablar sobre las propiedades, es primo de la esposa fallecida de Murat.

EL JEFE DEL SECTOR VIVIENDA

Manifestantes se reunieron afuera de la iglesia del siglo de 16 de Oaxaca, en el año 2013, mientras amigos y familia iban al bautizo y primera comunión de las hijas de Alejandro Murat.

“Repudio a José Murat”, decía una pinta, de acuerdo con reportes de prensa de aquel tiempo. Otra llamaba a José Murat una “rata de dos patas”, que en el caló mexicano significa ladrón.

Los Murat pasaron mucho tiempo fuera de Oaxaca, pero mientras Alejandro se ha erigido como un contendiente para la gubernatura de Oaxaca en las próximas elecciones, se han agitado algunas tensiones de antaño contra la familia.

Queda una pregunta abierta en los círculos políticos, sobre qué tan independiente es el hijo del padre.

“Alejandro tiene sus propios méritos y la figura de su padre puede ser incómoda algunas veces”, afirmó Dulce María Sauri, una ex líder nacional del PRI.

Alejandro Murat ejerció la abogacía por algunos años antes de trabajar para el Estado de México, donde Peña Nieto fue gobernador, y luego se convirtió en la cabeza del Infonavit, que administra préstamos e hipotecas para un gran número de trabajadores mexicanos.

Todo el tiempo, la familia ha tomado medidas para obscurecer la propiedad de varios bienes en Estados Unidos.

La esposa de Alejandro Murat, Ivette Morán, compró un condominio de $1.18 millones de dólares en el Este de la Calle 55, usando su apellido materno. Las escrituras dicen “Ivette M. Rodríguez”, pero en una ocasión se lee “Morán” bajó su firma.

En 2011, mientras su esposo estaba trabajando para el Estado de México, la señora Morán transfirió la propiedad, sin costo alguno, a un fideicomiso llamado Himo LTD. Esa transferencia fue llevada a cabo por el señor Zampino, el abogado que también creó la compañía fachada que posee el condominio del Time Warner usado por los Murat (Zampino dijo que nunca trabajó para esa familia).

En una declaración enviada por el instituto de vivienda, Alejandro Murat dijo que el condominio de la Calle 55 pertenece a su tío, José Hinojosa. El nombre del señor Hinojosa está en la primera dirección relacionada con una hipoteca temporal del condominio, pero Ivette Morán Rodríguez aparece como la prestataria. Ella también aparece en la escritura como presidenta del Fideicomiso Himo y firmó en la línea de compradora.

La declaración también dice que el condominio de Florida pertenece a su suegra. Pero el condominio fue transferido a un Fideicomiso a finales de 2013, en el que su esposa aparece como fideicomisaria. Hubo dos hipotecas sobre el condominio, una firmada por Alejandro Murat y su esposa y la otra firmada por su esposa.

Al finalizar el año pasado, el día después de que el Times contactó a los Murat con una solicitud adicional de entrevista, los hijos de José Murat transfirieron sus condominios de Utah a empresa fachada. Ambas compañías -XILA Company y LOMA AEAI- fueron creadas en Florida en el año 2013 por la esposa de Alejandro Murat. La dirección de una de esas compañías era la del condominio de Florida.

La hija mejor de Murat, Lorena, es la que ha estado más recientemente en el Time Warner Center, viviendo ahí por dos años y estudiando moda en la Nueva Escuela de Diseño Parsons. Ella administra un blog de moda llamado The Fancy Archive. Ese sitio de internet muestra como domicilio el condominio del Time Warner.


Louise Story reportó desde Nueva York y Alejandra Xanic von Bertrab desde Oaxaca, México.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

FT: “Las meteduras de pata presidenciales proliferan, ¿hora de cambio de juego?”

El artículo de The Financial Times (FT) se titula, simplemente, así: “Vueltas en U, balones sueltos, derrapes y meteduras de pata presidenciales en México”. Y luego reafirma, en su edición de hoy: “Y parece como si la política de las vueltas en U, los tropiezos y las meteduras de pata están proliferando”.

Luego, al final, concluye: ¿Llegó la hora de un cambio de juego para el Presidente Enrique Peña Nieto?

“Haciendo eco de aquél ‘lean mis labios: no más impuestos’ en tiempos electorales de George HW Bush en 1988, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto se comprometió, en un discurso ante la Nación, que no habría más nuevos impuestos ni nuevas tasas impositivas más altas de septiembre al resto de su gobierno. Esa es una gran promesa cuando el plazo se prolonga hasta 2018. Los mexicanos pueden estar preguntándose ahora si deben creerle”, dice The Financial Times, uno de los medios más influyentes entre la clase política y empresarial del mundo. “¿Por qué? Porque el gobierno ha demostrado una capacidad alarmante, en los últimos meses, para dispararse en el pie y echarse para atrás en sus anuncios”.

Tome la caída en los precios del petróleo en un país que financia una tercera parte de su presupuesto gubernamental a partir del crudo, agrega. “Al principio, el gobierno dijo que estaba protegido por una política de coberturas muy alabada que permite que se fije un precio para el siguiente año, en este caso 76.4 dólares por barril. Aunque muy por debajo de los precios máximos, esto resultó ser muy cómodo aún con la caída de los precios y el precio de la mezcla de exportación de crudo de México. Se evitó la crisis, fue el mensaje”.


“Las cosas se veían mejor y mejor: a mediados de enero, el gobierno había recurrido a los mercados de bonos por dinero para dar servicio a la mitad de sus requerimientos para su deuda externa durante todo el año, y con tasas históricamente bajas para iniciar. La inflación fue inusualmente baja. Una mejora en la economía de Estados Unidos, el destino de casi cuatro quintas partes de las exportaciones, abrió la promesa de un crecimiento menos lento después de dos años decepciones”, hace un recuento The Financial Times.
“Pero hacia el final del mes, el estado de ánimo cambió con la crisis del precio del petróleo: la austeridad es el nuevo nombre del juego del gobierno, con los recortes presupuestarios de más de 8 mil millones de dólares para este año, la mitad aplicado a Pemex, la petrolera estatal. Mientras los líderes de negocios aclamaron [el recorte] como planificación anticipada responsable, la reacción del público ante el anuncio fue un ‘ouch’. El año que viene, muchos temen, el apretón de cinturón será más fuerte”.
“Y parece como si la política de las vueltas en U, los tropiezos y las meteduras de pata están proliferando [en México]”, agrega el influyente diario de finanzas y economía, de referencia obligada para tomadores de decisión. Y agrega:
“Este mes, el Presidente reconoció finalmente lo que ha sido obvio para muchos mexicanos desde que se supo la noticia, en noviembre, de que la lujosa mansión de su familia había sido construida, pagada y todavía era propiedad de un contratista favorecido por el gobierno [Grupo Higa]. Ese hombre de negocios [Juan Armando Hinojosa Cantú] era a su vez parte de un consorcio encabezado por China que ganó, y al que fue luego abruptamente despojaron, una licitación para un tren de alta velocidad antes de que la noticia de la casa se diera a conocer. ‘Soy consciente de que esto… se ve como algo impropio’, dijo señor Peña Nieto. ‘Lo cual, en realidad, no hice’, añadió rápidamente”.
The Financial Times dice que no sólo era la mansión presidencial la que parecía impropia. “Luis Videgaray, el Secretario de Hacienda, compró una propiedad en el mismo contratista, y al señor Peña Nieto le fue hallado que, hace varios años, compró otra residencia de una [constructora] diferente. Nada hay necesariamente malo en eso… excepto que los términos de las ofertas siguen siendo opacas, y la idea de que las principales figuras políticas han fomentado vínculos estrechos con los proveedores de los contratos de obras públicas es para muchas personas nauseabundo”.

“Eso debía haber tomado al Presidente tres meses para darse cuenta de todo esto podría ser bastante malo. Pero su promesa de una investigación completa, que será dirigido por un auditor federal recién nombrado –quien de inmediato dijo que tenía jurisdicción sólo para investigar los contratos gubernamentales y no las casas–, dejó al gobierno con más de huevo embarrado en su cara”, dice el diario.
“¿Un paso adelante, dos pasos atrás? El gobierno de México se ha montado en patines desde la desaparición y aparente asesinato de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en septiembre. Esto llevó el tema de la seguridad de nuevo en la atención, después de que el gobierno había dirigido deliberadamente la agenda hacia las reformas y lejos de la sangrienta ‘guerra contra las drogas’ de la administración anterior. El reconocido equipo forense argentino que trabaja en la investigación ha acusado a funcionarios de saltar a conclusiones sobre lo que pasó, y todo para hacer que la versión oficial encaje con los testimonios televisados de los presuntos responsables, detenidos”.
Peña Nieto y los altos funcionarios, dice Financial Times, parecen perplejos porque los mensajes del gobierno aparecen torcidos, en el mejor de los casos, cuando su estrategia (el crecimiento económico a través de reformas de gran alcance) genera un genuino entusiasmo de los inversores internacionales. “El hobby del Presidente es el ajedrez: ¿llegó la hora de un nuevo plan de juego, quizás?”

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-02-2015/1247664.

En México se puede ser maestro de inglés… sin saber hablar inglés

Según la organización Mexicanos Primero, el 14.7% de los docentes en escuelas públicas no lo entienden pese a ser su asignatura, el 23.8% tiene el nivel A1 –grado para un alumno de cuarto de primaria– y el 13.5% tuvo un nivel A2, el esperado para estudiantes de primero de secundaria.

Los maestros de inglés que están en las escuelas públicas de educación básica en México pueden serlo sin saber el idioma, según la investigación de la organización Mexicanos Primero sobre cómo se enseña inglés en este país.

Según datos que la organización recolectó, los maestros de inglés llegan a las escuelas públicas de México por diferentes vías, pero no por su certificación en el idioma y la enseñanza.
“En su mayoría se trata de amigos, familiares y conocidos de los funcionarios y representantes sindicales, muchos son visitantes extranjeros que se arraigaron, trabajadores informales que volvieron deportados de Estados Unidos, o bien sus hijos, quienes no completaron la educación en el otro lado más allá de High School; en ninguno de los casos se trataba de personas con preparación universitaria alguna, y menos con competencias didácticas certificadas”, alerta Mexicanos Primero.

“(Puede ser) porque son licenciados en alguna opción que involucra explícitamente el inglés –desde la específica “educación secundaria con especialidad en enseñanza de inglés”, cursada en alguna Normal superior, hasta la elegante “letras inglesas”, cursada en una facultad humanística–, o bien porque son licenciados en otras áreas, y fue su dominio personal de la lengua lo que los llevó a ser seleccionados para hacerse cargo de los grupos de inglés”, cita el informe “Sorry. El aprendizaje del inglés en México” que Mexicanos Primero presentó este martes.

Tras aplicar entre docentes el “Examen del Uso y Comprensión del Idioma Inglés para Egresados de Secundaria” –que Mexicanos Primero ya había hecho entre estudiantes y dio como resultado que sólo el 3% de los jóvenes de preparatoria tienen un nivel elemental– los resultados mostraron que en el país se puede ser maestro de inglés sin saber el idioma.
El 14.7% de los docentes en escuelas públicas no lo entienden pese a ser su asignatura, el 23.8% tiene el nivel A1 –grado para un alumno de cuarto de primaria¾ y el 13.5% tuvo un nivel A2– el esperado para estudiantes de primero de secundaria¾.

De entre los maestros que realizaron el examen, sólo el 48% obtuvo una calificación B1, la esperada cuando los jóvenes egresan de la secundaria y empiezan la preparatoria.

Y además de que muchos de los maestros que están frente a grupo no tienen capacidades mínimas, en la mayoría de las escuelas del país ni siquiera se cuenta con un docente que imparta la asignatura pese a que ésta es obligatoria según el mismo programa de estudios de la Secretaría de Educación Pública.


“Con los datos disponibles del CEMABE (Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial), resulta que sólo el 50% de las secundarias cuentan con maestro de inglés y otro tanto pasa para el 10% de las primarias y el 5% de los preescolares. Ello implica que en México nos faltan maestros para atender el aprendizaje del inglés en una de cada dos secundarias, en nueve de cada diez primarias, en 95 de cada 100 preescolares”.

Según las cifras oficiales, la demanda de maestros de inglés en 2015 sería de al menos 308 mil 826 y si se toma en cuenta que en el Concurso de Plazas Docentes de 2014 solo hubo 2 mil 123 plazas y que únicamente 945 aprobaron, la falta de docentes es alarmante.

Por ahora, pocos son los maestros que deben atender a los alumnos de educación básica. El 10% atiende a más de diez grupos de niños con un promedio de treinta cada uno, por ejemplo.


“Los maestros atienden cada uno cinco o más grupos semanales, es decir, deben interactuar con cien o más alumnos por semana; es difícil, en esa condición, tener una intervención ajustada al ritmo y estilo de aprendizaje de cada educando, como es su derecho. Esa misma condición de “tiempo limitado” en la comunidad escolar disminuye gravemente su posibilidad de participar: no disponen de tiempo para acordar estrategias comunes con los demás maestros de su asignatura; no hay periodos previstos para recibir retroalimentación de sus colegas más experimentados en otras escuelas o de los titulares del grupo”, cita el informe de Mexicanos Primero.

La organización realizó este estudio tomando en cuenta que en el país no existen datos sobre el avance en la enseñanza y aprendizaje de este idioma, pese a ser una asignatura obligatoria en el programa de educación básica.


Los datos sobre cómo las escuelas tienen a maestros de inglés sin habilidades mínimas o simplemente no cuentan con un docente para la asignatura son alarmantes; y el problema con los profesores se refleja en los resultados de los estudiantes, pues sólo el 3% de los jóvenes que acaban de ingresar a preparatoria tienen un nivel elemental.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.

Maestros de Oaxaca levantan plantón en el Monumento a la Revolución

Profesores de la sección 22 de Oaxaca iniciaron el regreso a su entidad cerca de las 17 horas, luego de que se diera por concluida la jornada de 72 horas de movilizaciones en el DF.

México, DF. Profesores de la sección 22 de Oaxaca iniciaron el regreso a su entidad cerca de las 17 horas, luego de que se diera por concluida la jornada de 72 horas de movilizaciones en la capital del país.

Decenas de maestros comenzaron a recoger sus pertenencias en el Monumento a la Revolución y a abordar los autobuses que permanecían estacionados en avenida de la República.

De las regiones de la mixteca, costa, istmo y valles centrales se organizaron para abordar el transporte que los lleve hasta sus localidades, pues afirmaron que mañana deberán regresar a clases en cada una de sus escuelas.


En este momento aún se concentran maestros en la citada vialidad con cajas, cobijas y casas de campaña para ubicar el transporte o el autobús que deberán abordar, de acuerdo a la región a la que pertenecen.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY

La CNTE dobla a Segob y promete regresar a Oaxaca

El secretario general de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, afirmó que ya hay certeza laboral para los maestros de Oaxaca, pues se aseguró el pago de todos y cada uno, tras un par de días de protestas en el DF.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó ayer un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que se les pague a los maestros de Oaxaca, informó el secretario general de la sección XXII, Rubén Núñez. 

Se trata de más de 3 mil profesores que no habían recibido el pago de sus quincenas, desde que el gobierno federal se encarga del pago de nóminas de los profesores, es decir, enero de este año.

Según el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, algunos de los compromisos del gobierno con la CNTE, los cuales quedaron en una minuta, son: los derechos de los docentes están asegurados y se pagarán salarios atrasados a través del gobierno federal a quienes tuvieron alguna incidencia.

Además, está a revisión toda la información de los pagos para que se apliquen a todos los maestros que estén registrados en la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto de Educación Estatal y en cada uno de los planteles.

Las autoridades también se comprometieron a revisar lo correspondiente a las escuelas que son irregulares y que mantenían un conflicto entre la Sección 22 de la CNTE y la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).


Rubén Núñez indicó que este miércoles será el último día en el que el grueso de la CNTE permanezca en el DF (en la zona del Monumento a la Revolución) y prometió que este miércoles regresarán a Oaxaca.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Por qué seguimos viendo los anuncios del Partido Verde en el cine?

¿Ineficacia del INE? ¿Las cadenas de cine se hacen de oídos sordos? ¿El PVEM ha ignorado impunemente a las autoridades electorales? Aquí las razones por las que aún se transmiten (y seguirán transmitiéndose) los "cine minutos".

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) encontró el mecanismo idóneo para mantener su campaña publicitaria en televisión y salas de cine, sin que las autoridades electorales lo hayan impedido, aun cuando la consideran una estrategia que “vulnera la equidad” entre los partidos con miras a la contienda electoral de julio próximo.
Se trata de spots que, luego de que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral ordenaron su retiro, son sustituidos por otros con algunos cambios. Así, mientras se desarrolla el proceso de investigación sobre su legalidad, la campaña publicitaria está generando el impacto deseado entre los espectadores.

El INE se excusa al afirmar que así son los procesos legales y niega que se trate de una muestra de debilidad. La ley establece tiempos de investigación y resolución que se han cumplido en este caso, explica Beatriz Galindo, consejera presidenta de la comisión de Quejas y Denuncias de ese instituto.

Desde septiembre del año pasado, el PVEM lanzó spots en radio y televisión en el que tres diputados y tres senadores hacían referencia a sus labores legislativas, aunque en todos los casos se finalizaba con la frase “El Verde sí cumple”, el mismo eslogan publicitario del partido.

Tres meses después, el 29 de diciembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el retiro de esos spots, al considerarla una “estrategia propagandística encaminada a posicionar al partido político de frente al proceso electoral federal en curso lo cual incumple el principio de equidad previsto en el artículo 134 de la Constitución”.

Sin embargo, después el PVEM lanzó los spots “cine minutos” en las salas de cine utilizando el mismo slogan: “El verde sí cumple”, en los que difundía los “logros” del partido con las reformas legales respecto a los secuestros, cuotas escolares y contaminación. Ante la denuncia del PAN, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó medidas cautelares, es decir, el retiro de los comerciales desde el 31 de diciembre de 2014.

Sin embargo, los spots siguieron difundiéndose al inicio de cada película debido a la lentitud de las cadenas de cines para el retiro, según justifica Jesús Sesma, secretario de comunicación social del PVEM.

“Nosotros cumplimos con nuestra obligación de solicitar el retiro, pero no podemos entrar a la sala y bajar o cortar los cine minutos; los procesos que tienen las cadenas es una cuestión interna”, insiste. Aunque Animal Político solicitó una entrevista con los directivos de Cinemex y Cinépolis, en ambos casos se negaron a fijar una postura sobre el caso.

En tanto, el INE resolvió el 21 de enero iniciar un proceso sancionador contra el Verde Ecologista debido a que, tras investigaciones y diligencias realizadas a nivel nacional desde el 2 de enero, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral advirtió el posible incumplimiento de las medidas cautelares anunciadas a finales de diciembre, y ordenó nuevamente el retiro de los “cine minutos”.

El caso llegó a la sala especializada del TEPJF, que el pasado viernes 6 de febrero determinó una “amonestación pública” contra el partido, al considerar que los anuncios en el cine son una “estrategia integral, tendiente a posicionar ventajosamente al PVEM en el proceso electoral en curso”, lo cual “vulnera” la equidad en la contienda de cara a las elecciones de julio próximo.

“Cine minutos parte 2″

Después de todo este proceso legal, los espectadores siguen presenciando publicidad del PVEM en las salas de cine y así continuará durante los próximos días. Y es que actualmente se transmite otra versión de “cine minutos”. Es decir, se trata del mismo formato de spot, pero con una variación: al final del mensaje ya no aparece el slogan “Sí cumple”, sino que la voz en off remata con la frase: “El partido verde cumple lo que propone”.

Con dicho cambio, ya se trata de “una cosa totalmente diferente”, asegura Jesús Sesma, secretario de comunicación social del PVEM. Esta vez, al no aparecer la frase “Sí cumple”, el mensaje ya no incurre en la falta que señaló la sentencia del TEPJF del 6 de febrero pasado sobre el slogan que promociona electoralmente al partido.

“Ninguno de los elementos que están en los cine minutos (la nueva versión) manejan a los que hace referencia la resolución (la primera versión). Por lo tanto es otra cosa”, por lo que seguirán viendo esos spots “al menos esta semana” en los cines.

Su intención “no es molestar”, sino dar a conocer que los recursos públicos se gastan en ese tipo de campañas y acciones de un partido político que recibe prerrogativas y porque “lo que no está en letra que (se) prohíbe, está permitido”.

Aunque esta nueva versión de spots fue denunciada por el PRD, se debe repetir el procedimiento de análisis para que el INE o el Tribunal cancele la difusión o sancione al partido.

Además, la Comisión de Quejas analiza otra denuncia respecto al gasto que representan los minutos en televisión y salas de cine. La investigación estaría enfocada a comprobar si hubo compra indebida de espacios, toda vez que la reforma electoral de 2007 prohíbe a los partidos contratar espacios publicitarios para difusión.

 El lento proceso de la sanción

Aunque los partidos políticos tienen tiempos oficiales, en casi tres meses, el PVEM transmitió más de 224 mil spots en Televisa y Televisión Azteca como parte de su campaña “El Verde sí cumple”, según un la información recabada por el INE durante las audiencias de pruebas y alegatos en la Unidad Técnica de lo Contencioso. Por esto, el Tribunal Electoral determinó el retiro de los spots y solo una sanción pública.

Con los “cine minutos” en las salas de cine la comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó emitir medidas cautelares para que el retiro de los spots, pero la cadena Cinépolis continuó con las proyecciones, por lo que la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE inició un procedimiento oficioso para hacer investigaciones y determinar si se trata de un “desacato” a la autoridad, que será enviado a la sala especializada del TEPJF para su discusión y determinar si la conducta del PVEM es motivo de sanción.

Aunque la ciudadanía pueda percibir que la autoridad electoral no está actuando e incluso parecería débil, “se debe entender que es todo un procedimiento. La norma así lo establece y los procedimientos están definidos”, dice la consejera Beatriz Galindo. “Si continuara con esta estrategia y si nuevamente hay denuncia quizá se pueda considerar que hay una reiteración en una conducta y la sanción que se les imponga sea mayor”.

La consejera reconoce que la opinión pública percibe que la amonestación pública es un costo menor “puesto que el fin que se persigue de posicionarse ante la ciudadanía se logra y para cuando los procedimientos jurisdiccionales concluyen alcanzaron el objetivo”; sin embargo, insiste, el INE solo sigue los procesos establecidos.

Para Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, la actuación del Instituto ha sido “una vergüenza” porque ante la estrategia del PVEM ha sido “ciego, sordo y mudo”.

Advierte que el INE ha tomado una actitud de “complacencia frente al oficialismo, es decir, al PVEM que forma parte del PRI y el gobierno Federal”. El perredista ha sido uno de los críticos más férreos a la estrategia publicitaria del Partido Verde, por lo que califica de “ridícula” la amonestación pública después de estar violando la ley, mientras que el INE ha sido una autoridad inexistente”, afirma.

 ¿La eficaz estrategia?

Aunque el efecto de esta campaña publicitaria se verá en el resultado electoral de julio próximo, de acuerdo con mediciones de Parametría, el PVEM ha logrado posicionarse frente al electorado como la cuarta fuerza política.

En la reciente encuesta de enero, la encuestadora menciona que el Partido Verde se tiene 10% en la intención de voto para las diputaciones federales.

Y es que la publicidad en cines es considerable, pues durante el 2014 más de 25 millones de personas acudieron a alguna sala cinematográfica para ver uno de los 70 películas presentadas.


Además, se trata de un ambiente idóneo para recibir mensajes publicitarios, pues existen buenas condiciones ambientales y técnicas: pantalla gigante, oscuridad, sonido estéreo, mínima saturación publicitaria y una audiencia cautiva, en reposo y expectante, por lo que se consigue transmitir muy eficazmente los mensajes, explica el asambleísta Manuel Alejandro Robles Gómez, quien presentó una iniciativa para que las empresas de cine especifiquen los horarios precisos para el inicio de las películas para que el usuario pueda evadir la publicidad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Van contra la favorita de Calderón

Los priistas en el Senado aseguran que a pesar de que existe evidencia de la construcción de trabajos inconclusos y con sobrecostos en Tradeco, no ha habido sanciones.

La bancada del PRI en el Senado presentará un segundo punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) brinde un informe que involucra a todas las dependencias que tuvieron tratos con Tradeco, la constructora más beneficiada en el sexenio de Felipe Calderón.

El grupo parlamentario del tricolor presentó la proposición para que la ASF informe sobre el estatus que tienen las observaciones realizadas a todas las dependencias y entidades federales que involucran a Grupo Tradeco, propiedad de Federico Martínez Urmeneta.

“Se ha dado a conocer la probable comisión de irregularidades en adjudicaciones directas y obras durante el periodo 2003 a 2012; asimismo, existe evidencia de la construcción de carreteras con fallas, trabajos inconclusos y con sobrecostos en los proyectos adjudicados

“No obstante la gravedad de los hechos, hasta el momento éstos no han derivado en ningún tipo de consecuencia jurídica, por lo cual tenemos la responsabilidad de exhortar a las autoridades conducentes para que lleven a cabo las investigaciones que permitan esclarecer el asunto y sancionar a quienes resulten responsables”, llamaron los legisladores priistas.

Fuentes del PRI confirmaron que se busca que avance la investigación contra Tradeco y sus aliados políticos del PAN para intentar contrarrestar el efecto de los escándalos de corrupción en el que se ha involucrado a miembros del Gobierno federal.

En el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se establece que, “para dimensionar la magnitud de los hechos”, basta decir que entre el 2003 y el 2012, Grupo Tradeco fue beneficiado con contrataciones por adjudicación directa que le dieron ingresos de alrededor de 15 mil 143 millones de pesos.

Un momento emblemático de las irregularidades en la asignación de contratos a esta empresa fue cuando Federico Martínez Salas, padre de Martínez Urmeneta y fundador de la firma, se incorporó a Petróleos Mexicanos como director del Proyecto Cantarell y, desde ahí, otorgó a la empresa un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán.

Comenzaría ahí una serie de contratos con Petróleos Mexicanos y otras dependencias que incluiría desde la inspección y rehabilitación de ductos y poliductos hasta la construcción del Puente Baluarte, una de las más grandes obras de infraestructura en el sexenio calderonista.

Le fueron otorgados también varios contratos para la construcción o rehabilitación de infraestructura carretera que tuvo varias observaciones de la ASF.

Tradeco trabajó en varios proyectos de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvo liderada por Genaro García Luna, mismos que le fueron otorgados a la empresa de forma directa por razones de “seguridad nacional”.

De los contratos otorgados a Tradeco, la ASF revisó 11 de los 95 contratos solo por ampliación en el plazo de entrega o el aumento en los costos.

Uno de esos casos fue la autopista Durango-Mazatlán, obra que presentó 45 observaciones entre las que se encontraba el haber incurrido en un sobrecosto superior al 30 por ciento.

La ASF determinó, también, observaciones por mil 616 millones de pesos ocurridas por diferencia de volúmenes, trabajos de mala calidad, error en la integración de precios, variación en las tasas de interés o intereses de pagos anticipados.

“Como vemos, hablar del Grupo Tradeco es hacer alusión a una conducción bajo el amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés, evasión de impuestos, incumplimiento de contratos en los términos pactados e incluso, de omisión del cumplimiento de la normatividad ambiental, situación que ha sido denunciada por la propia Profepa”, exponen los legisladores del tricolor.

Los senadores priistas argumentaron “ausencia de legalidad y ética” en las irregularidades del otorgamiento de contratos a Tradeco, sobre todo en la administración pasada, en la que “prevalecen actos de corrupción y tráfico de influencias”, sentenciaron en su petición.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.