El Dragonario: 02/05/15

jueves, 5 de febrero de 2015

Caso Cuajimalpa: 15 personas siguen hospitalizadas; graves, cuatro bebés

MÉXICO, D.F: A una semana de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, una enfermera y un policía que resultaron heridos fueron dados de alta, con lo que el número de personas que permanecen hospitalizados se redujo a 15, aunque siete continúan graves.

Según el reporte del Gobierno del Distrito Federal, la enfermera Guadalupe García García y el policía Alderic Clímaco Arellano dejaron los hospitales donde fueron atendidos por las quemaduras y lesiones sufridas por el estallido y el colapso de las instalaciones.

De los siete que continúan graves, cuatro son recién nacidos –incluido el que está en el hospital de Galveston, Texas– y tres adultos.

Aquella mañana del jueves 29 de enero, los habitantes de la colonia El Contadero y otras aledañas de la delegación Cuajimalpa despertaron por el ulular de las patrullas y un carro de bomberos que llegaron a atender el reporte de fuga de gas en una pipa de la empresa Gas Express Nieto.

Sin embargo, a los pocos minutos el estruendo rompió las ventanas de sus casas y una onda expansiva los levantó de la mesa y la cama. Algunos pensaron que era un temblor, pero al salir de sus casas observaron la columna de humo y las llamas que salían del hospital.

Del miedo siguió el caos pues algunas pacientes que lograron desalojar las instalaciones caminaban heridas y sin soltar a sus bebés en sus brazos. Vecinos y policías comenzaron las labores de rescate.

Minutos después llegaron los paramédicos en las ambulancias, personal de protección civil de la delegación y del gobierno central, bomberos y más policías.

Hacia el medio día, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, reportó la muerte de dos personas: una mujer y un bebé y al menos 60 lesionados, aunque más tarde la cifra subió a 73.

La fotografía de un policía que rescató a una recién nacida le dio la vuelta a las redes sociales, pero horas después, la menor se convirtió en la tercera víctima mortal de la tragedia. Ayer, la enfermera Mónica Orta Ramírez, quien salvó la vida de otro bebé, elevó la cifra mortal a cuatro.

Desde esa mañana, Mancera Espinosa dio por hecho que la causa del estallido fue una fuga de gas en la manguera de la pipa. Los secretarios de Salud, Armando Ahued, y de Protección Civil, Fausto Lugo, aseguraron que personal del hospital aplicó los protocolos de seguridad, lo que supuestamente evitó que hubiera más víctimas fatales.

Sin embargo, a una semana de la tragedia, las autoridades judiciales no han terminado el peritaje, aunque el procurador general de Justicia, Ricardo Ríos, adelantó que se sostiene la hipótesis del desperfecto en la pipa.

Por lo pronto, el chofer del vehículo continúa internado en el hospital de Xoco, en calidad de detenido. Las dos personas que lo acompañaban aquella mañana fueron liberados porque no se les encontró responsabilidad.

Huele a gas… ahora en guardería

Y a una semana del estallido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, la sombra de la tragedia persigue a los capitalinos.

La mañana de este jueves se reportó una fuga de gas al interior de la guardería número 25 del ISSSTE, ubicada en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), en la colonia Vallejo, delegación Gustavo A. Madero.

Al menos 250 niños y personal de la estancia infantil fueron evacuados a un jardín para evitar la inhalación del combustible. Personal de Protección Civil del IMP y bomberos acudieron al lugar y revisaron las instalaciones.

Reportes preliminares indicaron que el olor de la fuga provenía de la cocina del plantel, donde personal de la distribuidora de gas realizaba una reparación. Sin embargo, los bomberos lograron controlar la fuga.


Las actividades de la estancia fueron suspendidas y las autoridades informaron que se valoraría el regreso a clases mañana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

CHIHUAHUA, EL FEUDO DE UN SOLO HOMBRE Y UN SOLO PARTIDO

Ciudad de México, 3 de febrero: Algunas columnas periodísticas reportaron que al Gobernador chihuahuense, César Duarte Jáquez, se le desencajó el rostro esa noche que se suponía habría un festejo en Palacio.

Era 16 de septiembre de 2013, el tercer año de su sexenio y el segundo que daría el Grito de Independencia desde el “megabalcón” que se había mandado construir un año antes para estrenar en su segunda noche patria como mandatario. Un millón 900 mil pesos para modificar el ventanal del histórico edificio del Siglo XIX y ampliar la barandilla que da a la Plaza del Ángel, una especie de Zócalo en la capital de Chihuahua, más otros 2.7 millones para agrandar también el contiguo Salón Balcones, donde recibe a los invitados.

Y ahí estaba Duarte, en su millonario nuevo palco frente a miles de asistentes a la ceremonia del Grito, sosteniendo la bandera, con su familia y funcionarios, cuando empezó a escucharse el abucheo.

–¡Chihuahuenses! ¡Viva la Independencia! –gritó el titular del Ejecutivo.

–Uleeero, uleeero –respondieron varias voces desde el público.

–¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! –continuó el mandatario.

–¡Buuu! ¡Buuu! –contestaron los ciudadanos.

Las expresiones de repudio quedaron registradas en videos colocados en YouTube y en diversos medios de la entidad: “Le enviaron un duro mensaje al Gobernador César Duarte, cuando en vez de corear las ‘vivas’ a la Nación, dejaron salir una ensordecedora rechifla, en la expresión libertaria absoluta, de su juicio sobre la marcha del Gobierno”, publicó Norte de Ciudad Juárez. “No sólo en la emergencia emerge, valga la redundancia, el hartazgo de la gente –publicó el sociólogo y ex Diputado Víctor Quintana en El Diario de Chihuahua–, también en las fiestas: en el abucheo y el desaire al Grito de Peña Nieto en el Zócalo, o al de César Duarte en el megabalcón del Palacio de Gobierno”.

Corría la mitad del actual sexenio en Chihuahua y, ciertamente, había disminuido la violencia que colocó a esa entidad en el primer lugar nacional de homicidios, balaceras, masacres o la exhibición de cuerpos desmembrados, “narcomensajes” y demás atrocidades de la llamada “guerra del narcotráfico”.

Entre la ciudadanía, sin embargo, y como relató el abogado Jaime García Chávez, abundaban ya las versiones, testimonios e indicios de que Duarte y su círculo cercano de funcionarios estaban abusando del poder público, que estaban endeudando monumentalmente al erario, que participaban en la creación de empresas para proveer a instituciones de Gobierno, sobre todo en el Sector Salud, que se llevaban miles de pesos en camionetas a sus ranchos, que se estaban apoderando de propiedades, que Duarte mismo era ya dueño del emblemático Hotel Soberano –evidenciado en la denuncia penal-, y que tenía a familiares en puestos clave, como a su hermano en la rectoría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

La construcción misma del “megabalcón” en el segundo piso del Palacio de Gobierno se había iniciado sin permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y había concluido pese a las críticas expresadas en conversaciones, columnas y demás redes sociales. Una intención posterior, ésta para trasladar el Mausoleo de Francisco Villa de un parque a la misma Plaza del Ángel, fue finalmente detenida luego de que los ciudadanos se opusieron con firmas e incluso una manifestación frente a Palacio que, en agosto de 2013, terminó con descalabrados y la intervención de la policía.


En ese ambiente llegó el abucheo en la ceremonia del Grito el 16 de Septiembre, noche que fue considerada también en diferentes columnas como un parteaguas en la relación del Gobierno y la población de un estado primero víctima de la violencia extrema y luego de la corrupción más abierta, según activistas.
“Como nunca antes en la historia reciente de Chihuahua encontramos a un Gobernador que provocara tanta animadversión (…) A donde quiera que usted vaya, si se toca el tema de César Duarte no hay quién lo defienda”, dijo Luz Estela Castro, abogada y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) que prepara la presentación del asesinato de la activista Marisela Escobedo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos ante un gobierno frívolo, superficial y que, aparte de la corrupción, ha dado muestra de una gran insensibilidad (ante las víctimas de la violencia)”, dice la abogada desde la ciudad de Chihuahua.

PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO



Castro y otros representantes de la sociedad civil de diferentes regiones de aquella entidad norteña fueron entrevistados por SinEmbargo para que describieran al Gobierno que, de acuerdo con la denuncia por peculado y enriquecimiento ilícito presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR), habría desviado más de 8o mil millones de pesos de recursos públicos a un fideicomiso personal creado junto con su esposa.


Y la crítica en las respuestas es unánime: el de César Duarte no es sólo uno de los Gobiernos más abiertamente corruptos en la historia del Estado de Chihuahua, sino también uno de los más autoritarios.
“Es un Gobierno absolutista, que no tiene ningún contrapeso ni en el Congreso ni en el Poder Judicial; es un retroceso a la democracia; una situación en la que, como hizo Patricio Martínez (el ex Gobernador y hoy Senador que defendió a Duarte cuando éste acudió a la Cámara Alta a hablar de seguridad pública) se desacredita y se acusa de desestabilizar a quienes cuestionan que hay muchísimos problemas sociales no atendidos, como el femenicidio, ante el cual el gobierno tiene una clara postura de no hablar del tema y no atenderlo”, dije José Luis Flores, integrante del Consejo para el Desarrollo Social de Ciudad Juárez.
“Es el peor gobierno, y mire que Chihuahua ha tenido malos Gobiernos”, agregó desde la región de Cuauhtémoc Víctor Quintana, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y también analista político.

“Lo más grave es la falta de transparencia, de rendición de cuentas, el autoritarismo, la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial; el control del Instituto Chihuahuense de Transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la súper corrupción, que no sólo tiene que ver con el daño patrimonial al Estado, sino también con una mala administración en términos de nulo desarrollo económico, desgarramiento del tejido social, el primer lugar nacional en embarazos, tercero en rezago educativo en preparatoria”, dijo también Quintana.

Los ejemplos de exceso en las decisiones al frente del poder público abundaron entre los entrevistados, como la reciente “jubilación” de 13 magistrados que fueron reemplazados por nuevos titulares del Poder Judicial, algunos sin experiencia y, como describió García Chávez en una de sus columnas, “producto del compadrazgo y cuotas partidistas, ubicación de personajes a modo para resolver litigios”.

Otro es el gasto de 461.1 millones de pesos en la construcción de nuevas instalaciones de las dos ferias tradicionales –Santa Rita y la Exposición Ganadera– mientras 1.2 millones de habitantes del estado –o más de tres de cada 10 personas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)– viven en condiciones de pobreza.

“Esas instalaciones (las de la feria) se usan sólo una vez al año, y se hace ese gasto millonario cuando hay tantos problemas de hambruna en la sierra”, dijo Luz Estela Castro.

Pero más grave, agregó la abogada, es la desatención a cientos de casos de personas víctimas de desaparición registrados en el presente sexenio, sobre todo en la región de Cuauhtémoc, a la entrada a la zona serrana de Chihuahua, y probablemente atribuidos al crimen organizado.

“Pero en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas [el 30 de agosto], mientras las madres de las víctimas exigían una audiencia con el Gobernador, él estaba en el Teatro de los Héroes celebrando al cantante Juan Gabriel”, agregó la abogada.

“Y también es muy poco tolerante a las críticas; no en vano Chihuahua es uno de los estados más peligrosos para los defensores los Derechos Humanos, como lo ha señalado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y tiene que ver con las campañas de descalificación, como la que le hicieron a Ismael Solorio (dirigente del Barzón en el Noreste de Chihuahua, opuesto a la operación de una mina y asesinado en octubre de 2012), a Marisela Escobedo (asesinada en 2010), y conmigo (cuya oficina fue atacada luego de denunciar la impunidad en las agresiones a los otros defensores)”, señaló Castro.


José Luis Flores, por su parte, cuestionó que el populismo y el espectáculo abunden mientras ninguna oficina de Gobierno está realmente ocupada en atender las raíces de la profunda problemática social que persiste en el estado.
“Yo creo que este Gobierno ha retomado el sistema priista de populismo, espectáculo, corrupción, improvisación y feudalismo; en ningún informe se habla de los indicadores de calidad de vida, que es desde donde decimos que hay mucho dolor en la entidad y sobre todo en ciudades como la nuestra; mucho dolor encapsulado, miles de huérfanos no atendidos, la ausencia de una política social que vaya a las bases y no sólo a los efectos”, dijo Flores.
Víctor Quinta, por su parte, comparte la muy extendida percepción de que la disminución de la violencia en Chihuahua –y que es notoria sobre todo en Juárez, mas no en la zona serrana– podría obedecer más a un acuerdo entre los grupos que se disputaron el territorio que al éxito de alguna medida gubernamental contra el crimen organizado.

“Ahí están las desapariciones, como en Cuauhtémoc, y zonas completas del estado, como Madera, Bachíniva, Namiquipa, Riva Palacio, Gómez Farías, Zaragoza, donde hay un control del crimen organizado. Ellos tienen las direcciones de Seguridad Publica de estos municipios. El Alcalde puede ser electo, pero el crimen pone a los jefes de seguridad pública, a los tesoreros y a los directores de obras públicas”, expresó Quintana.


“Es una coexistencia (con la delincuencia) relativamente pacífica, con control de daños, pero es una política de ‘dejar hacer dejar pasar’, y no sólo de parte del Gobierno del estado, sino también de la Federación. El Ejército no está en esas partes, hay dos poblaciones que son ejemplares negativamente: colonia El Alamillo y Nicolás Bravo, en Madera; la primera, prácticamente ya deshabitada y, la segunda, totalmente atemorizada: los narcos se han apoderado de ranchos, maquinaria y ganado, hay gente de ahí que desde 2009 salió y no ha podido regresar”, agregó el ex Diputado.

TIERRA DE IMPUNIDAD

Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan la percepción ciudadana de que en Chihuahua ha descendido la violencia registrada sobre todo durante el sexenio federal pasado. El indicador de tres mil 900 asesinatos dolosos registrados en 2010, por ejemplo, que fue el año de la elección que ganó Duarte, se redujo a mil 443 en 2013 y a menos de mil (995) hasta noviembre de 2014.

Las cifras, sin embargo, esconden los cientos de casos de personas cuyas familias reportan como desaparecidas, como los múltiples casos de mujeres en Ciudad Juárez y los que reportan Castro y Quintana en la región oeste del estado. Ocultan también la impunidad en la que se encuentran los homicidas de más de seis mil personas y cuyos crímenes no investigan ni la Fiscalía Estatal ni la Procuraduría General de la República porque la primera, ha dicho el Fiscal General del Estado, no investiga la delincuencia organizada y la segunda no atrae los homicidios.

Entre los miles de casos que ni el Gobierno de César Duarte ni el federal tocan se encuentran varios crímenes de alto impacto, desde los homicidios de periodistas como el reportero de El Diario, Armando Rodríguez, registrado en 2008, hasta los de activistas como Marisela Escobedo, ocurrido en diciembre de 2010, pocos meses después de que asumiera el actual mandatario.


La impunidad en este caso y en Chihuahua es tal que el único detenido por este crimen, de hecho, acaba de ser a su vez asesinado en el interior del penal de San Guillermo, en la capital del estado; homicidio que se suma a la zaga del caso Escobedo que, como otros, es emblema de la profunda barbarie que deja más del 97 por ciento de los casos sin castigo ni respuestas: está muerta la hija a manos de su pareja, la madre que buscaba justicia –asesinada a la puerta de Palacio de Gobierno– el asesino confeso de la primera y un probable chivo expiatorio en el caso de la segunda.
“El de Marisela Escobedo es un caso emblemático de impunidad, pero hay otros, como las desapariciones, con la colusión del crimen organizado con las policías, o el genocidio que se está perpetrando en Guadalupe (en la frontera), donde hay más violencia que en otras partes del estado”, dijo Luz Castro.
“Y esa tóxica y exagerada situación de impunidad –cierra la abogada– tiene la aquiescencia del Estado”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2015/1235098.

El Cártel de Sinaloa volvió a Chicago el centro operativo… y escenario de otra guerra

El Cártel de Sinaloa, organización que encabezaba el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán antes de ser detenido en febrero del año pasado, convirtió a Chicago en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos que trafica droga, pero también en una de las más violentas.

Un reportaje de Fox News relata que el tráfico de drogas en esa ciudad alimenta la violencia entre pandillas de la zona lo que ha llevado a un alarmante aumento de homicidios. En 2014, Chicago contabilizó 425 asesinatos y tan sólo en el primer mes del 2015 han ocurrido 30 crímenes.

“Nueva York puede tener a las famosas familias de la mafia, Los Ángeles es la cuna de los ‘bloods’ y los ‘Crips’, pero Chicago sigue siendo la capital mundial del hampa”, afirma el reportaje firmado por Andrew O’Reilly.

Al Capone y su rival, Hymie Weiss, convirtieron a Chicago en la década de los 20 en una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, lo mismo con los Vice Lords y Lating Kings en 1950. Ahora, son las bandas criminales del sur de México las que parecen moverse a Chicago y es precisamente esa población la que se camufla y recluta a nuevos miembros.

La Policía del condado de Cook afirma que los barrios de Pilsen y La Villita, donde el 82 por ciento de sus habitantes son hispanos, se han convertido en centros para traficar heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas para el Cártel de Sinaloa hacia todo el país.

Chicago es uno de los mayores puertos de carga en Estados Unidos, es el tercer gestor de contenedores de transporte en el mundo y está situado en la línea ferroviaria de Burlingont Northern Santa Fe. En el aeropuerto O’Hare también se importa y exporta al menos 1.5 millones de toneladas de productos al año.

La ciudad también tiene millones de metros cúbicos de almacenamiento, lo que la convierte en una de las mayores concentraciones de espacio industrial en todo Estados Unidos, facilitando a los traficantes ocultar sus productos, afirma Fox News. 

“Es un gran centro de distribución con tantas carreteras interestatales y lineas de tren que [los traficantes] puedan colocar sus productos afuera de la ciudad”, dijo Adam Isaacson, un policía de seguridad regional en la Oficina de Washington para América Latina.

La mayor fuente de ingresos de dinero en efectivo para el Cártel de Sinaloa, que controla aproximadamente el 45 por ciento de todo el mercado de drogas en el país, proviene, en Chicago, de la heroína. Muchas personas adictas a analgésicos se han cambiado a la heroína porque es más barata que la prescripción a las pastillas y porque los niveles de pureza de la heroína han aumentado considerablemente en los últimos años.

Los cárteles de droga mexicanos, en especial el de Sinaloa, también han encontrado en la heroína un negocio muy rentable frente a la caída del consumo de la cocaína y la legalización de la mariguana en algunas partes del país norteamericano, relata Fox News.

Una vez que los pequeños productores de heroína hacían droga de mala calidad, los cárteles mexicanos han refinado la pasta de opio, además de que la heroína blanca se vende por una fracción del costo en la que se encontraba en años pasados.

“La heroína está haciendo una reaparición ridícula en Estados Unidos”, dijo Isaacson. “Ahora es tan pura que no se necesita de una aguja para drogarse, ya se puede inhalar o fumarse”.

Recientemente la agencia de noticias Associated Press publicó un reportaje donde afirma que el comercio de opio en México ha aumentado considerablemente a consecuencia del consumo en Estados Unidos.

“El tráfico de heroína es un negocio con perspectivas inciertas para todos menos para los carteles mexicanos, que han encontrado en él una nueva manera de hacer dinero frente a la caída del consumo de la cocaína y la legalización de la mariguana en Estados Unidos”.

De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en 2014, la mitad de la heroína encontrada en el país provenía de México.

El monopolio del Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas en Chicago ha provocado que la violencia entre bandas de narcotraficantes de nivel más bajo aumente considerablemente.

Funcionarios de la DEA admitieron que ganar la guerra contra las drogas no es fácil, sin embargo destacaron una serie de arrestos de personajes de alto perfil que han logrado “abollar la armadura del cártel de Sinaloa”.


La DEA actualmente intenta extraditar a “El Chapo” Guzmán, el debate continúa en México, pero también la semana pasada dos integrantes del cártel fueron declarados culpables de dirigir una red de narcotráfico en Chicago.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1241442.

Entregan cuerpo de Moisés Sánchez… 11 días después

XALAPA, Ver: Once días después de que el cuerpo del reportero de La Unión, Moisés Sánchez Cerezo, fuera encontrado degollado, cercenado y depositado en una bolsa negra en un paraje de Manlio Fabio Altamirano, la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó los restos a Jorge Sánchez Ordóñez, hijo del periodista “levantado” y asesinado el 2 de enero.

La Dirección de Investigaciones Ministeriales, órgano instrumentador de la Investigación 01/E/2015 entregó el cuerpo de Moisés Sánchez, una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR) agotaron todas las pruebas de ADN, diligencias periciales y exámenes genéticos, y después de que realizaron los trámites de orden civil.

“Como parte de las instrucciones ministeriales contempladas en la Investigación 01/E/2015, la Fiscalía, en calidad de órgano competente, confirmó la identidad del occiso utilizando metodología especializada en análisis forense de dactiloscopía, acto que fue confirmado posteriormente con las pruebas de análisis genético de ADN de esta instancia instructora”, expresa un comunicado girado por el gobierno de Javier Duarte la noche de este jueves.

La FGE recordó que hasta el momento hay un presunto asesino confeso, el expolicía intermunicipal, Clemente Noé Rodríguez, quien contribuyó con “pruebas fehacientes” dentro de la indagatoria.

Según la Fiscalía Sánchez Cerezo fue “levantado” por un comando armado en el interior de su domicilio, para darle muerte, por instrucciones del alcalde panista, Omar Reyes Cruz, a quien, según declaraciones del presunto asesino confeso, “le estorbaba”.

A la fecha, un mes y tres días después del asesinato del periodista, hay cinco presuntos asesinos más quienes se encuentran prófugos de la justicia.

Moisés Sánchez editaba de forma inconstante el semanario local La Unión. Su fuerza de penetración como opinión pública de los habitantes de El Tejar, Puente Moreno y la cabecera municipal de Medellín era a través de las redes sociales, desde donde daba cuenta de obras incumplidas, banquetas con baches, fugas de agua, así como de la organización de “guardias de seguridad” y de “vecinos vigilantes”.

También se desempeñaba como un activista social para organizar en las colonias a los vecinos hartos de la inseguridad y de los atracos, incluso fue candidato a Agente Municipal independiente de El Tejar. Abastecía de información y fotografías a reporteros de la nota roja de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.


Los ingresos para sostener a su familia provenían de un taxi y una pequeña tienda de abarrotes. Por su activismo en colonias y por la publicación de La Unión no recibía pago alguno.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Caso Guardería ABC cumple 68 meses de “luto, impunidad y burla”: Padres de víctimas

HERMOSILLO, Son: En el 98 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 se cumplen 68 meses de “luto, impunidad y burla”, denunciaron padres y familiares de los 49 niños fallecidos y los más de 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC.

La agrupación Movimiento 5 de Junio señaló en un comunicado que en estos casi seis años han recorrido diversas instancias nacionales e internacionales para reclamar castigo contra los responsables, entre los que se encuentran exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, así como para promover la no repetición de un accidente como el ocurrido en 2009.

“Se cumplen 68 meses de impunidad en este aniversario de la Constitución, la cual fue reformada por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de 2012 a la fecha, en complicidad partidista del Pacto por México”, expone el pronunciamiento.

“Estas reformas son letra muerta para la gran mayoría de nuestro país y representan la permanencia de un grupo de grandes empresarios coludidos con la clase política en el poder, empleados de una burguesía financiera internacional que marca las reglas del juego político económico”, advierten los padres de las víctimas.

Es una “burla” que el PRI en Sonora haya postulado a la gubernatura a Claudia Pavlovich, añade el texto, porque en 2009, cuando se desempeñaba como diputada local, emitió cartas de recomendación en favor de los propietarios de la guardería ABC, entre ellos Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Urquídez Serrano.

“Estas cartas junto a las redactadas por los arzobispos de Hermosillo obran en el expediente del caso como pruebas con las que se pretendió influir en la decisión del juez, además de ser una muestra clara de que no les importó el hecho de que murieran 49 niños”, acusó el Movimiento 5 de Junio.

Los afectados también se solidarizaron con los familiares de las víctimas de la explosión del Hospital Infantil Materno de Cuajimalpa, ocurrida el 30 de enero anterior.


Además, reiteraron su apoyo a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y recomendaron “no dejarse encandilar” por las declaraciones del presidente Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

El Alcalde sospechoso de matar a Moisés Sánchez se volvió ojo de hormiga

Omar Cruz Reyes, Alcalde de Medellín de Bravo, Veracruz, acusado de ordenar la muerte del periodista y activista Jesús Moisés Sánchez Cerezo, no acude al Palacio Municipal a trabajar desde hace días y hasta el momento, tanto colaboradores como legisladores desconocen su paradero.

Octavia Ortega Arteaga, la presidenta del Congreso local de Veracruz, consideró que mientras el Alcalde Omar Cruz Reyes, presunto autor intelectual del asesinato del Moisés Sánchez, es desaforado, éste debe presentarse a trabajar en el ayuntamiento.

De acuerdo con Plumas Libres, el abogado de Edil, Sergio Vaca Betancourt, reveló que Cruz Reyes no se encuentra en el municipio, sin embargo, esto no se ha notificado al Congreso para que se intervenga.

“Ante la posibilidad de que el Alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, ya no se encuentre en el municipio, el Cabildo debe notificar al Congreso del Estado para que pueda intervenir”, dijo la Diputada.

Moisés Sánchez es el onceavo periodista asesinado durante el mandato del priista Javier Duarte de Ochoa. Hace un año exactamente,Gregorio Jiménez de la Cruz fue levantado de su hogar y ese mismo día también fue ejecutado.

La legisladora consideró que aunque esté en proceso de desafuero, el Edil tiene la responsabilidad de atender a los ciudadanos, hasta que se resuelva su situación.

Por su parte, la síndica única del Ayuntamiento, Betsabé Solís Neri, aseguró que el Alcalde sigue encabezando el Palacio Municipal.

De acuerdo con el diario local Al Calor Político, la síndica dijo que no han convocado a Sesión Solemne de Cabildo, por lo que Omar Cruz no ha tenido necesidad de firmar algún documento oficial.

La Ley Orgánica del Municipio Libre especifica que los ediles medellinenses tendrían que votar para que el Síndico de la ciudad tome el lugar del Alcalde, en lo que éste arregla problemas personales, sin embargo, hasta ahora no lo han hecho bajo el argumento de que Cruz Reyes sigue laborando desde un lugar secreto, pero al pendiente de todo lo que pasa.

“El Alcalde tiene contacto con el Ayuntamiento y con los ediles a través de teléfono, dando las indicaciones; nosotros como ediles seguimos trabajando normalmente al igual que las actividades del Ayuntamiento se están realizando”, dijo Solís Neri.

El caso del desafuero del edil actualmente está en Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso local. Los legisladores deberán decidir si la solicitud de desafuero es procedente o no. Mañana viernes podrían tener listo el dictamen.

Por su parte, el Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tonatiuh Pola Estrada, también dijo que por la ausencia del Presidente Municipal, el proceso de desafuero podría agilizarse.

“Al no presentarse, ya se le acaba su espacio. Se le acaba su oportunidad de defenderse y sin duda esto aceleraría el proceso de desafuero, en caso de que no se presentara. Pero yo quiero ser muy prudente porque no queremos que esto se politice como ha ocurrido con otros legisladores de Acción Nacional. La única instrucción que tenemos es hacer todo conforme a Derecho”.


El Diputado priista dijo que todos saben que el Alcalde está ausente y que el el director del DIF Municipal ha reconocido que mantiene contacto con Cruz Reyes vía telefónica y chat. Exhortó a la comuna a que notifique a la Legislatura estatal para que se pueda intervenir.

PGR CONFIRMA QUE ES MOISÉS 

Este día la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó al hijo de Moisés, que el cuerpo hallado por los servicios periciales de Veracruz, corresponden a su padre, director del diario La Unión por lo que esta misma noche será velado en su hogar.

Este hecho ocurre a un año exacto de la muerte del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, corresponsal en Allende de los periódicos Notisur y Liberal, quien también fuera abatido en su propia casa.

El cuerpo de Moisés fue sometido a una segunda prueba de ADN a solicitud de su hijo Jorge Sánchez y de la organización internacional Artículo 19.

En Xalapa, personal de la Fiscalía Estatal mantuvo una reunión con el hijo del Sánchez Cerezo para realizar las diligencias de ley para poder realizar la entrega de los restos, para que pueda ser velado por sus familiares.

Según información de Al Calor Político Jorge Sánchez señaló que “mantenía la esperanza de que no fuera su padre y todavía estuviera desaparecido”.

Los familiares informaron que el funeral de Moisés Sánchez se llevará acabo esta noche, en su vivienda localizada en la localidad El Tejar, del municipio de Medellín de Bravo.

La Fiscalía de Veracruz apunta al Alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, como el probable autor intelectual del homicidio, con base a los testimonios de las personas que participaron en el plagio y posterior asesinato.

La semana pasada, la Fiscalía veracruzana informó que las huellas dactilares y pruebas de ADN correspondían con la muestra de cabello del hijo de Sánchez Cerezo.

Sin embargo, los hermanos del activista pidieron que se realizaran nuevas pruebas, pues los restos no se parecían por “todo lo que le hicieron estos sanguinarios”.

“El cuerpo está destrozado por todo lo que le hicieron estos sanguinarios, lo que le hicieron era que si se descubría el cuerpo nos quedáramos callados por temor, tenemos temor, pero también somos valientes, toda la familia es valiente, nadie se va a echar para atrás. Tememos por la familia”, dijo Elías Sánchez ante medios locales.

Peritos y equipos de genética realizaron análisis dactiloscópicos con una efectividad del 99.99 por ciento.

Ante dicha confirmación, el hijo de Moisés Sánchez pidió que fuera la PGR la instancia que realizara nuevas pruebas a los restos encontrados, con el fin de tener la certeza de que se trataba de su padre.


Las muestras de ADN habrían sido comparadas con análisis de sangre de su hijo, Jorge Sánchez. La prueba desde el punto de vista forense como se insistió, no es rebatible en el caso de las huellas dactilares, pues se compararon con las impresas en el acta de matrimonio del periodista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1241379.

Los detienen por robo pero los acusan de haber asesinado al líder social de Morelos

La Fiscalía Estatal de Morelos informó sobre la detención de cuatro sujetos, presuntamente involucrados con la muerte de Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), sin embargo, oficialmente fueron asegurados por el delito de resistencia a particulares y por el robo de un vehículo.

“Esta mañana, madrugada del día de hoy, se aseguró a cuatro sujetos del sexo masculino quien tenemos indicios de que pudieran haber participado en la privación de la vida de Gustavo Alejandro Salgado Delgado, mismo que fue reportado como desaparecido desde el día 3 del mes y año en curso”, informó el Fiscal General del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado.

El Frente Popular Revolucionario informó que Salgado Delgado tenía una lucha constante por la defensa de la tierra “para trabajarla y para la vivienda en el municipio de Ayala, para trabajadores migrantes de la Montaña de Guerrero y Oaxaca”.

El funcionario detalló que con base a las investigaciones solicitaron una orden de cateo por el Juez Tercero de lo Penal, lo cual derivó en la detención de los presuntos responsables del delito, identificados como “Héctor y Elidio, ambos de 35 años de edad, así como de Víctor y Victorino, el primero 25 años y el segundo de 50 años de edad”.

Durante la detención fueron decomisados tres automóviles, una motocicleta y armas blancas con las que presuntamente decapitaron y cercenaron las manos al luchador social.

El móvil del crimen informado por el Fiscal está relacionado con la disputa por terrenos entre dos grupos sociales.

“El principal móvil en lo que tenemos ya fortalecido por el cual privaron de la vida a este líder social es que se están conflictuando la repartición de tierras que tenían esta organización junto con otra que se le llama Semilla, es decir, que tenemos información que hubo una separación de los miembros del Frente Popular Revolucionario en el Estado de Morelos con este grupo que se le llama Semilla o Los Victorinos”, dijo Dorantes Salgado.

En ese sentido, el Fiscal descartó que el asesinato del activista sea un crimen político o de Estado.


Aunque los cuatro sujetos están detenidos como responsables del asesinato de Gustavo Salgado, oficialmente fueron asegurados por el delito de resistencia a particulares y por el robo de uno de los vehículos que les fueron decomisados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-02-2015/1241543.

Maestros de la CNTE claman justicia por Ayotzinapa y repudian comicios

MEXICO, D.F: Como parte de la jornada de protestas convocada a nivel nacional, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción (CNTE) clamaron en Chiapas, Oaxaca y Michoacán por justicia en el caso Ayotzinapa, Guerrero, y denunciaron la “farsa electoral”, aparte de que bloquearon o tomaron sedes legislativas.

En Chiapas, unos 5 mil maestros de la sección 6 salieron a las calles y culminaron su movilización con la toma del Congreso estatal.

Alberto Mirón, uno de los líderes de la CNTE en la entidad, dio a conocer que la toma del Congreso sólo duró ocho horas, según lo acordado, y que la protesta se hizo coincidir con el aniversario de la promulgación de la Constitución con el fin de exigir al gobierno federal cumpla las leyes y deje de violentarla con sus “reformas estructurales”.

También indicó que los docentes empezaron el año con una serie de movilizaciones que se prolongarán todo el 2015, sobre todo coordinados con los padres y alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para seguir exigiendo la aparición con vida de los 42 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.

Hustein Ramos, de la sección 7, expuso que mantienen el plan de boicotear las próximas elecciones, tantos las federales para elegir 12 diputados en Chiapas como las locales para definir 122 alcaldes y 41 legisladores locales.

Luego señaló que la “farsa electoral” no ha servido para poner a buenos servidores públicos y representantes populares al servicio del pueblo; por el contrario, la clase política mexicana –y en particular la chiapaneca– está pervertida y corrupta, pues en nada responde a los intereses de los mexicanos, a quienes manipulan y engañan con programas sociales.

Bloquean sede legislativa en Oaxaca

Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educción (CNTE) bloquearon este jueves los accesos del Congreso local.

Como lo acordaron en asamblea, a partir de las 8 de la mañana profesores de la región de los Valles Centrales acordonaron el recinto legislativo, situado en el municipio de San Raymundo Jalpan, y resaltaron que esa acción tiene como objetivo exigir respuesta a sus demandas.

Entre ellas destaca la aprobación de la Ley Estatal de Educación, de acuerdo con los resultados obtenidos en los 37 foros realizados en la entidad, así como la libertad de presos políticos, el pago inmediato de salarios atrasados y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

El vocero de la Sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, precisó que en el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, los maestros acordaron realizar protestas en todos los congresos estatales.
Ante la advertencia de los mentores, los diputados decidieron suspender la sesión y desalojar al personal de intendencia y seguridad.

Movilización en Michoacán

Integrantes de la CNTE en Michoacán salieron de nuevo a las calles de Morelia para protestar por el caso Ayotzinapa y exigir “juicio político y cárcel” contra el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y Juan Díaz, líder nacional del SNTE.

El contingente realizó una marcha de las instalaciones de la Secretaría de Educación en Michoacán hacia el centro de Morelia.

Durante la protesta, los inconformes exigieron claridad en las investigaciones del caso Ayotzinapa y pidieron “juicio político y cárcel” contra Peña Nieto, Chuayffet y Juan Díaz por “traición de la patria, corruptos y asesinos”, se advertía en algunas de las mantas de los profesores.

Luego, la columna de maestros se detuvo frente a la sede del Congreso local, donde realizaron un mitin, y sobre la fachada del inmueble pegaron cartulinas en las que escribieron consignas contra el gobierno y para exigir solución a diferentes demandas.

Entre ellas destaca la intervención del gobierno estatal para que la organización priista Antorcha Campesina “saque las manos” de las escuelas que controla la CNTE.

Por su lado, la sección 18 reportó que al menos cuatro escuelas en Morelia están tomadas por antorchistas que exigen
la destitución de maestros o modificaciones en el plan de estudios.


Más tarde, la CNTE resaltó que en la jornada de protesta de este jueves en Morelia participan docentes de 15 municipios de la entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN/Isaín Mandujano y Pedro Matías.

La CNDH abandona a su suerte a extrabajadora enferma de cáncer


MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abandonó a su suerte a una investigadora adscrita a la Primera Visitaduría a quien, en mayo pasado, le detectaron tres tipos de cáncer: de endometrio (matriz), de mama y de páncreas.

Paloma Ruiz Rodríguez ingresó a laborar al organismo en mayo de 2013. Un año después, al hacerse un chequeo médico, le dieron la mala noticia de que tenía cáncer en tres distintos órganos, todos de alto riesgo.

En septiembre del año pasado, se vio forzada a solicitar a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos que se le concediera una incapacidad mientras se sometía a 30 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapias para combatir sus padecimientos, las cuales se realizaban cinco días seguidos cada tres semanas.

Por si fuera poco, tuvo que someterse a cinco cirugías y sobrellevar otras complicaciones médicas, como neumonía.

Pese a contar con la incapacidad, Ruíz Rodríguez se presentó a laborar en reiteradas ocasiones con el propósito de que la CNDH le renovara su contrato laboral que tenía vigencia hasta el pasado 31 de diciembre.

Un mes antes del vencimiento, en noviembre, la investigadora acudió a la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos de la CNDH para confirmar su incapacidad, entregar informes médicos y confirmar su estatus laboral.

A partir de entonces, las cosas comenzaron a complicarse. Un personero del titular de Recursos Humanos, Alfonso Sáenz Michel, le notificó que “habría cambios” en el personal, que no se le renovaría el contrato y que, de estar inconforme, debía dirigirse a Luis Raúl González Pérez, el nuevo titular de la CNDH.

Pese a su estado de salud, Paloma acudió 20 veces a la oficina de González Pérez y envió oficios para tratar de exponerle personalmente al funcionario su situación, pero nunca obtuvo respuesta.

Debido a que la mujer debía continuar con las últimas sesiones de quimioterapias optó por ir a pagar por su cuenta a la aseguradora con la que la CNDH tiene convenio para otorgar seguro médico a su fuerza laboral.

Pero al querer hacer el pago, la aseguradora le notificó que la CNDH –sin explicación alguna– omitió su nombre de la Carta de Cobertura, documento que debe expedir cada año la Comisión para informar a la empresa de su personal en nómina, pero también de quienes ya no estarán laborando a fin de que puedan contratar sus servicios de manera independiente.

Y es que al no estar su nombre en esa carta, la aseguradora no pudo realizar el trámite de renovación de póliza y por tanto Paloma se quedó sin seguro médico desde el pasado 1 de enero.

Paloma cuestionó a Daniel Díaz Parra, director de la Administración de Riesgos y Seguros de la CNDH, por no haber puesto su nombre en el documento. El funcionario sólo respondió que la Carta de Cobertura no era indispensable para que se le brindara la atención.

La mujer insistió a la dependencia que le entregara una constancia para comprobar a la aseguradora que laboró durante 2014, la cual le dio Díaz Parra hasta el 20 de enero, luego de que Paloma amenazara con acampar afuera de la CNDH.

Por estas trabas burocráticas, Ruíz Rodríguez no ha podido retomar el tratamiento, que debió reanudarse el pasado 15 de enero; además, como la CNDH no quiso renovarle su contrato, tendrá que pagar su seguro médico a un costo cinco veces mayor.

Lo único que espera Paloma de la CNDH es que explique por qué omitió su nombre de la Carta de Cobertura –documento que emitió la dependencia a la aseguradora cuando su contrato laboral aún estaba vigente–, y que compruebe que no hubo elementos de discriminación por ser mujer o estar enferma que hayan motivado esta “omisión”.

Esta agencia buscó a los titulares de las áreas involucradas para conocer su opinión sobre el caso, pero hasta el cierre de esta edición Comunicación Social de la CNDH no respondió a la solicitud de información.


FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO.

Acciones anticorrupción servirán “si Peña limpia primero su nombre”: The Economist

MÉXICO, D.F: El presidente Enrique Peña Nieto “debe limpiar primero su nombre” si quiere que funcionen las medidas anticorrupción que anunció el martes 3, advierte The Economist al tiempo de señalar que la oposición ha estado “sospechosamente callada” sobre los temas de corrupción en la administración federal debido a que “muchos tienen esqueletos en sus armarios”.

La revista británica también señala las sospechas que hay sobre el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y plantea dudas sobre la regulación de los “conflictos de interés”, que “es turbia en México, lo que significa que la base jurídica de la investigación no está clara”.

The Economist resalta que “no todos los días un presidente lanza una investigación sobre sus propios asuntos, pero eso es lo que el líder de México, Enrique Peña Nieto, acaba de hacer. El 3 de febrero anunció que él, su esposa (Angélica Rivera) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) se convertirán en los primeros sujetos de una investigación sobre conflictos de interés”.

Esta decisión sorprendente, acota la revista especializada, “era parte de un paquete de medidas contra la corrupción que Peña espera que restablezcan su credibilidad y popularidad, que han sido maltratadas por el escándalo y la indignación pública por un crimen” como el de Ayotzinapa, Guerrero.

Sin embargo, para que Peña tenga éxito debe, ante todo, “establecer que él está libre de culpa en un escándalo provocado por las revelaciones que él, su esposa, y Luis Videgaray compraron casas a crédito de las filiales de una empresa de construcción que se ha beneficiado de contratos del gobierno”.

Todos ellos declararon, abunda The Economist, “que no han hecho nada malo, aunque el señor Videgaray recibió una hipoteca a tasas por debajo del mercado. Ahora el señor Peña ha abierto una investigación que espera vindicarlos”.

La investigación, recuerda el medio británico, la llevará a cabo Virgilio Andrade Martínez, quien ha sido nombrado titular de la SFP, “un puesto que ha estado vacante durante más de dos años”.

La obligación de Andrade Martínez, acota, es monitorear si los funcionarios del gobierno están cumpliendo con la ley.

Apenas el jueves 22 de enero The Economist advirtió que los últimos escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como “el cinismo de Peña Nieto”, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno está manchado por el escándalo”, sostuvo la revista para luego recordar el caso de los 43 normalistas y la “Casa Blanca” de Angélica Rivera, así como la residencia que Luis Videgaray compró a Grupo Higa en octubre de 2012 –de 850 metros cuadrados, localizada en un club de golf en Malinalco, Estado de México, y que costó unos 7.5 millones de pesos.


The Economist también mencionó la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones de pesos. Y “la última vergüenza”, la casa de Peña Nieto en el municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con recientes reformas, Carta Magna da "certeza y rumbo al país": Peña


Querétaro, Qro. En el 98 Aniversario de la Promulgación de la Constitución del país, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Carta Magna que se ha renovado a partir de las recientes reformas “da certeza y rumbo al país. Quien desee asomarse al México de las próximas décadas sólo tiene que voltear a ver el texto constitucional”, indicó.

Frente a voces que aquí mismo se pronunciaron por revisar si conviene o no elaborar un nuevo texto constitucional, como la del presidente de los diputados Silvano Aureoles, el mandatario insistió que en la actual Constitución se encuentra “nuestra ruta y nuestra meta”.

Reunidos en el Teatro de la República, gobernadores del país, legisladores y miembros del gabinete federal escucharon también al presidente del Senado de la República, Miguel Barbosa, señalar que desgraciadamente muchas aspiraciones y preceptos fundacionales de la constitución están pendientes, sobre todo las relacionadas con la igualdad y la justicia.

Deuda neta del gobierno federal equivale al 30.1% del PIB, informa Hacienda

México, DF. La deuda neta del gobierno federal representa el 30.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se precisa en el informe que la Secretaría de Hacienda remitió al Senado de la República y que fue conocido por el pleno de esa Cámara del Congreso.

En el mismo se destaca que al cierre de 2014, el saldo de la deuda neta fue de cinco billones 462 mil 593.2 millones de pesos, del que 4 billones 324 mil 120.6 millones correspondieron a la deuda interna.

Esta última fue superior en 430 mil 191.2 millones de pesos al monto observado durante el 2013.

Por lo que toca a la deuda externa, al cierre del cuarto trimestre del 2014, el saldo de la deuda externa ascendió a 77 mil 352.4 millones de dólares, monto superior en 7 mil 442 millones de dólares al registrado en todo el 2013. Como porcentaje del PIB, representa el 6.3 por ciento.

El crecimiento de la deuda externa se debe a un endeudamiento de 12 mil 926.1 millones de pesos y el pago de amortizaciones por 5 mil 49.8 millones de dólares, asimismo por ajustes contables “derivados de la variación del dólar con respecto a otras monedas.

En ese informe, sin embargo, la Secretaría de Hacienda destacó, que a pesar de que el país se enfrentó a un entorno internacional complicado, “por un aumento en la volatilidad de los mercados financieros y la caída en los precios del petróleo, durante el cuarto trimestre de 2014, la economía mexicana aceleró su ritmo de crecimiento.

Resalta que al 31 de diciembre de ese año, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 17.2 millones de personas, lo que representa un crecimiento anual de 715 mil plazas, el segundo mayor aumento desde 1996.


Además, la inflación general anual se ubicó en 4.08 por ciento, lo que significó una disminución de 14 puntos base respecto a la cifra registrada en septiembre (4.22 por ciento).

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL/ VICTOR BALLINAS.

Atrae la Corte amparo sobre acceso a la información del asesinato masivo en San Fernando

Precisará la Primera Sala cuándo una persona tiene derecho a ser considerada con el carácter de víctima.

La Corte precisará cuándo una persona tiene derecho a ser reconocida con el carácter de víctima.

La Primera Sala de la SCJN atrajo un amparo relacionado con el acceso a la averiguación previa de la muerte de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, por tratarse violaciones graves a los derechos fundamentales y el interés que tienen las asociaciones civiles en los asuntos de ese tipo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una solicitud de facultad de atracción presentada por el ministro Arturo Zaldívar, para conocer un amparo cuyo tema central es el acceso a la información pública contenida en averiguaciones previas.

Lo anterior cuando se trate de casos de violaciones graves a los derechos fundamentales, así como el interés legítimo que tienen las asociaciones civiles en asuntos de ese tipo, aseveró la Primera Sala.

Detalló que el caso surgió en 2011, cuando autoridades ministeriales descubrieron al menos 120 cuerpos de migrantes sin vida en diversas fosas clandestinas ubicadas en el municipio San Fernando, Tamaulipas.

Familiares de dos personas de El Salvador, localizadas en esas fosas, o que se presume que estuvieron en las mismas, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) les entregara información sobre la averiguación previa y se les reconociera como víctimas.

La PGR respondió que no podían tener acceso a la información de la averiguación previa, pues tiene carácter de reservada, y que tampoco podían ser reconocidas como víctimas, por lo que los familiares y una asociación civil presentaron una demanda de amparo.

El juez de distrito que conoció del asunto señaló que la asociación civil no tenía legitimación para comparecer en el juicio, y concedió el amparo a efecto de que la Procuraduría General de la República analizara el potencial carácter de víctimas de los familiares.

Dicha resolución fue combatida mediante un recurso de revisión que fue atraído por la Primera Sala, que ahora podrá continuar con los precedentes que se han emitido sobre el acceso a la información contenida en averiguaciones previas en la materia.

La Primera Sala establecerá criterios para identificar cuándo una persona tiene calidad de víctima en un asunto, y desde qué momento se le debe reconocer dicha calidad para efectos de ser titular, entre otros derechos, del acceso al expediente de una averiguación previa.


También se podrá pronunciar sobre los alcances del interés legítimo de una asociación civil, cuyo objeto es la protección de derechos humanos, para acudir al juicio de amparo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Presidente, con “el más amplio fuero imaginable”: Merino

La investigación sobre contratistas que vendieron casas a EPN, su esposa, y Videgaray, "no va a llevar, desde el punto de vista jurídico, a ninguna parte", aseguró el politólogo.

La legislación en materia de conflicto de interés y la legislación en general en materia de responsabilidades en México, es sumamente débil, pues no hay posibilidades de poder llegar a una conclusión que no sea la exoneración del funcionario, sostuvo Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Durante su participación en una mesa de análisis sobre ese tema, esta mañana en Noticias MVS primera emisión, señaló que la actual legislación pide a servidores públicos que se abstengan de intervenir, “es una legislación definida por acción y omisión. Si los servidores públicos no han intervenido de manera directa, personal, en la asignación de contratos, o de asignación de recursos públicos”. Lo que resulta es que los funcionarios se vuelven inculpables de haber caído en conflicto de interés, “para que eso sucediera, el Presidente tendría que haber personalmente asignado esos contratos, y obviamente no lo hizo”, señaló.

Por otro lado, la responsabilidad que atañe al trabajo de los subordinados del Presidente, tampoco está suficientemente regulada.

Además, la Constitución establece que al Presidente de la República sólo se puede juzgar, durante el periodo de su encargo, por traición a la patria o delitos graves del orden común; es decir, “tiene el más amplio fuero imaginable, y desde luego ese fuero le protege ampliamente de cualquier acusación sobre conflicto de interés“.

“No se necesita tener un panel de expertos, para saber que esto no va a llevar, desde el punto de vista jurídico, a ninguna parte”, sostuvo Merino.

Este panorama “nos convoca a la acción”, a buscar opciones, “para tratar de imputar a los funcionarios poderosísimos del país, que a través de sus actos han dañado la confianza pública de México”, mencionó el politólogo.

“A mí me parece que ya es hora de que cobremos conciencia que nuestro marco jurídico es muy deficiente en esta materia”, indicó.

Subrayó que hasta ahora no han prosperado las denuncias penales presentadas contra diversos funcionarios de la administración pública. 

“Nosotros seguimos creyendo que con el marco jurídico que tenemos basta para levantar la cara y luchar contra la corrupción… nos estamos equivocando”, sostuvo.

Respecto al reciente nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública, Merino consideró que “la crisis de credibilidad es mucho mayor de lo que la respuesta del presidente alcanza a cubrir o a responder… el discurso quiere salir del paso, del momento, pero no alcanza ni remotamente a resolver el problema de fondo de corrupción, que no es que esté en las sombras del sistema, es que es el sistema, y mientras no modifiquemos esas condiciones, vamos a seguir nadando en escándalos cotidianos”. 

Ante lo que estamos es “una exoneración anticipada” del Presidente, por el caso de las casas adquiridas a contratistas del gobierno, aseveró.


“El daño de la corrupción es brutal en México, daña la democracia, daña la credibilidad de los partidos, daña las inversiones, daña profundamente la redistribución del ingreso en México”, apuntó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“El gran problema de este país es la enorme impunidad”: ex auditor de la Federación

A México se le califica como "la República de la impunidad porque aquí no se castiga a nadie", mencionó.

Arturo González de Aragón, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, reveló que al final de su gestión (de 2002 a 2009) en la ASF, presentó 40 denuncias penales contra funcionarios públicos, y ninguna prosperó. 

“El gran problema de este país es la enorme impunidad, porque no castigas a nadie, y ese es el incentivo perverso, que alienta la corrupción”, comentó en una mesa de análisis sobre corrupción y conflicto de interés, este jueves en Noticias MVS primera emisión.

Hace unos años -recordó- la CNDH precisó que en un año se cometieron 12 millones de delitos, no se denunciaron el 85 por ciento, y sólo recibieron castigo 120 mil casos, lo que equivale al 1 por ciento del total de delitos cometidos en ese año.

“Esto nos lleva a una situación verdaderamente desesperada, de que en México no se castiga a nadie, es un grave problema”, agregó.

En el país, falta “luz”, “para que salgan los ratones”, dijo.

Sobre los casos de conflictos de interés que se han dado a conocer en los últimos meses, e involucran al propio Presidente de la República, González de Aragón indicó que la legislación vigente para ese tipo de casos “es totalmente insuficiente”, por lo que se debe, de inmediato, actualizar la legislación con base en mejores prácticas internacionales .

Aclaró que aunque Angélica Rivera no es servidora pública -pese a ser presidenta del DIF y utilizar recursos públicos- el presidente “tiene la obligación, vía declaración patrimonial, de asentar el patrimonio de su cónyuge”.

La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para investigar a contratistas del gobierno ligados a la compraventa de casas, es “insuficiente e incompleta”, consideró el ex auditor.

“Tenemos que ir al fondo en el caso de este aparente conflicto de interés, con base en el marco jurídico aplicable que existe en este momento para la función pública. Dos, debemos de transitar hacia la mejora del marco jurídico… de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, para definir con total claridad lo que son los conflictos de interés. Tercero, debemos de ir a construir mecanismos de un sistema anticorrupción que efectivamente atienda todos estos problemas” propuso.

El ex auditor enlistó diferentes acciones como parte de una “política pública inflexible, de tolerancia cero, a la corrupción e impunidad”.

González de Aragón llamó a acabar con la discrecionalidad existente en los servidores públicos, que termina en arbitrariedad; además, exhibir públicamente a todos los corruptos a través de portales ciudadanos que sean manejados por la Secretaría de la Función Pública y sociedad civil; además de terminar con el fuero de todos los servidores públicos.


Se debe “deslindar la política de los negocios. Que la política sirva al interés general y que los negocios sirvan al dinero“, finalizó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protestas en Guerrero, Michoacán y Chiapas por Ayotzinapa

México, DF. Contingentes encabezados por los padres de familia de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan por un carril de la Autopista del Sol México-Acapulco, en el marco de la protesta convocada por la Asamblea Nacional Popular para pedir la presentación con vida de los jóvenes. En tanto, en varias ciudades guerrerenses, de Chiapas y Michoacán se unieron a la demanda.

En el trayecto de la manifestación, que lleva más de dos horas sobre la autopista, se llevaron a cabo dos mitines. El primero frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar en donde se acusó al Ejército Mexicano de apoyar la desaparición de los 43 normalistas.

El segundo ocurrió afuera de las instalaciones del Congreso del estado, lugar que está resguardado desde la mañana de este jueves por unos 300 policías federales antimotines, en donde se advirtió que no habrá elecciones el próximo 7 de junio sino aparecen con vida los estudiantes.

En Acapulco, Iguala y Chilpancingo miles de trabajadores y maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) marcharon también en demanda de que se les paguen los salarios retenidos correspondientes al mes de enero y la segunda parte del aguinaldo.

Los maestros del SNTE bloquearon de manera intermitente la costera Miguel Alemán, en el puerto guerrerense, a la altura del palacio federal, en donde se ubican todas las delegaciones del gobierno federal (a unos metros del centro de la ciudad), mientras que los trabajadores del Suspeg marcharon de la Glorieta de la Diana rumbo a las oficinas de la Secretaria de Finanzas del estado.

Los dirigentes, tanto de la sección 14 del SNTE como del Suspeg, advirtieron que si mañana viernes los gobiernos federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, y el estatal de Rogelio Ortega no les pagan van convocar a todos los trabajadores de la educación a un paro indefinido de labores.

En Chiapas, maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron el Congreso del estado para exigir también la aparición con vida de los normalistas.

El secretario de Trabajo y Conflictos del nivel primarias de la sección 7, Pedro Gómez Bahamaca, informó que bloquearon los accesos de las calles de los alrededores para demandar castigo a los responsables del asesinato de seis personas –entre ellos tres normalistas– ocurrido la noche del 26 de septiembre pasado.

“Estamos protestando pacíficamente para exigir una respuesta distinta a la que hasta hoy ha dado el gobierno mexicano sobre el caso Ayotzinapa y para darle todo el respaldo a los padres de familia que andan tocando puertas a nivel internacional”, agregó en entrevista.

Dijo que de acuerdo con lo programado, la toma de la legislatura local, con sede en Tuxtla Gutiérrez, debe de realizarse de las 9:00 a las 15:00 horas de hoy, con la presencia de varios miles de maestros.

Gómez Bahamaca señaló que otro de los motivos de la protesta es exigir la abrogación del Artículo Tercero Constitucional porque su aplicación está afectando a los profesores.

Explicó que 5 mil integrantes de la sección 7 resultaron perjudicados porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió cheques que “no aparecieron o están invertidos. Creó un desorden al pagar la segunda parte del aguinaldo y las dos quincenas de enero”.

Aseguró que hasta hoy todavía existen 2 mil casos de estos sin resolver, por lo que como parte de la protesta frente al Congreso del estado se instaló una mesa de atención para los afectados, aparte de que existe el compromiso de autoridades educativas para que se regularice la situación en la primera quincena de febrero.

En Morelia, Michoacán, más de 2 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon del monumento al general Lázaro Cárdenas al Centro Histórico donde realizaron un plantón frente al Congreso del estado para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa y en demanda de mejores condiciones labores y el rechazo a las reformas estructurales.

En la calle de Allende los maestros de la CNTE aprovecharon el paso por la presidencia municipal de Morelia para gritar consignas en contra del ayuntamiento priísta.

Salvador Almazán, secretario de la región magisterial de Morelia, dijo que evadieron la avenida Madero para evitar cualquier confrontación con los antorchistas, quienes están frente al palacio de gobierno. “No seremos causa de provocación ni de enfrentamiento”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CORRESPONSALES (Sergio Ocampo, Rubicela Morelos, Elio Henríquez y Ernesto Martínez Elorriaga)