martes, 3 de febrero de 2015

Analistas de Banxico abren 2015 con ajuste a la baja del pronóstico de PIB: de 3.50 a 3.29

Analistas privados consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron su pronóstico de crecimiento para 2015 del 3.50 por ciento previsto en diciembre a un 3.29, de acuerdo con la media de pronósticos de 33 expertos. Para 2016 redujeron sus expectativas de 4 a 3.80 por ciento.

En cuanto a los niveles esperados del tipo de cambio para el cierre de 2015, se revisó al alza en relación a la encuesta del mes previo. La mediana del sondeo arrojó un valor de 14.18 unidades por billete verde, desde los 13.74 precios previstos el mes anterior.

Los analistas consultados por Banxico consideraron que los principales factores son, en orden de importancia: los problemas de inseguridad pública (26 por ciento de las respuestas); la debilidad en el mercado interno (14 por ciento de las respuestas); el precio de exportación del petróleo (12 por ciento de las respuestas); la debilidad del mercado externo y la economía mundial (12 por ciento de las respuestas), la inestabilidad financiera internacional (9 por ciento de las respuestas); y la política fiscal que se está instrumentando (8 por ciento de las respuestas).

Es decir, la inseguridad es el gran obstáculo del crecimiento, coincidieron.

Apenas el 19 de diciembre pasado, la inseguridad, por sobre todos los temas, y la inestabilidad en los precios del petróleo, fueron los principales factores de preocupación en la última encuesta del año de analistas del sector privado que realiza Banxico.

Una mayoría de la junta de gobierno del banco central consideró que los balances de riesgos para el crecimiento económico y la inflación se deterioraron en el último mes, según las minutas de la última reunión de política monetaria publicadas hoy.

La inseguridad se mantuvo durante todo el mes del año como el factor que preocupa más a los analistas de los 37 grupos privados, mientras que el tema del precio del barril de petróleo.

“Los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: los problemas de inseguridad pública (23 por ciento de las respuestas y el de mayor frecuencia por décimo segundo mes consecutivo); el precio de exportación del petróleo (14 por ciento de las respuestas); la inestabilidad financiera internacional (13 por ciento de las respuestas); y la debilidad del mercado externo y la economía mundial (11 por ciento de las respuestas)”, dijo la encuesta de diciembre.

La probabilidad que le asignaron los analistas a que la inflación general se ubique dentro del intervalo de variabilidad de más o menos un punto porcentual en torno al objetivo de 3 por ciento aumentó con respecto a la reportada en la encuesta de diciembre para el cierre de 2015, al tiempo que permaneció en niveles similares para el cierre de 2016.

En cuanto a la inflación subyacente, la probabilidad otorgada a que ésta se encuentre en el intervalo entre 2 y 4 por ciento permaneció cercana a la de la encuesta anterior para los cierres de 2015 y 2016.

En lo que respecta al objetivo del Banco de México para la tasa de fondeo interbancario, destaca que, en promedio, los analistas económicos prevén que éste permanezca en niveles cercanos al objetivo actual de 3.0 por ciento hasta el segundo trimestre de 2015.


Del tercer trimestre de 2015 al cuarto de 2016, los especialistas anticipan en promedio una tasa objetivo mayor a la actual.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2015/1238218.

México, regañado por Comité de la ONU, promete una Ley de Desaparición Forzada en junio

México concluyó hoy una presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, con la promesa de que para junio, a más tardar, contará con una ley general sobre esta grave problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia.

“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.

A lo largo de siete horas de diálogo, repartidas entre ayer y hoy, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria para los miembros del Comité, en particular para los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle.

Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México.

Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reconoció ante la prensa que, “en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas”.

Precisó que los registros existentes “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos”.

“Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, declaró en relación a un fenómeno que, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), ha afectado a más de 22.000 personas entre diciembre de 2006 y el pasado octubre.

La organización basa esa cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas.

Para responder a esta evaluación, el Gobierno mexicano envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, incluido el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Váldez.

Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, el pasado 26 de septiembre, estuvo en todo momento presente, a través de representantes de sus familias en la sala.

Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala, mostraron gran escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos.

Más optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que opinaron que la evaluación de su país en el Comité puede constituir una presión adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.

“Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a Efe Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Esa asociación representa 320 casos documentados de desaparecidos únicamente en ese estado.

En reacción a la promesa de que en los próximos meses habrá una Ley General de Desapariciones Forzadas, Fernández comentó que esa norma “es muy necesaria” para quienes buscan a personas desaparecidas “porque la mayoría de casos están como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición forzada”.

Por su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad de 16 años, confesó que la presencia del Estado de México ante el Comité “me da esperanza de que el Gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias”.

Los familiares que llegaron a Ginebra para participar en estas deliberaciones esperaban ver si el Gobierno se comprometía a reconocer la competencia del Comité para aceptar denuncias individuales -presentadas directamente por los ciudadanos- por desapariciones forzadas.

Esto no ocurrió, pero el subsecretario Gómez Robledo aseguró que es una posibilidad que se considera y que “no hemos dicho no”.

Según dijo, un paso así no involucra “a dos o tres secretarías de Estado”, sino que “es una decisión en la que intervienen numerosas instituciones”.

EXCLUYEN ARRAIGO

La figura del arraigo, utilizada en México como medida cautelar para permitir la prisión preventiva prolongada, no desaparecerá con la entrada en vigor en 2016 del nuevo sistema de justicia penal, dijo hoy en Naciones Unidas un alto representante de la Secretaría (ministerio)de Relaciones Exteriores de este país.

“El arraigo no desaparecerá con el nuevo sistema de justicia penal”, declaró el subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de esa Secretaría, Juan Manuel Gómez Robledo, en el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

México concluyó hoy una presentación de dos días ante ese Comité, donde se cuestionó la utilización del arraigo, por considerar que crea una situación en la que existe el riesgo de desaparición forzada.

Al respecto, Gómez Robledo admitió que se trata de una figura legal controvertida: “es un debate de hace años y que nos ha servido para tomar conciencia de los abusos a los que puede dar lugar”.

El arraigo está reservado para casos de crimen organizado y su duración es de cuarenta días, renovables por un periodo similar.

Sin embargo, el subsecretario recordó que ya se han introducido cambios en su aplicación, como la decisión de la Corte Suprema, que retiró a las autoridades locales la potestad de emitir tal orden.

Gómez Robledo indicó que ahora sólo procede cuando es decretado por la autoridad federal y que su duración es menor, como también lo es el número de personas a las que se le aplica.

Como prueba de ello, mencionó que si ante existían varios centros de arraigo, ahora hay uno sólo de carácter nacional.

Gómez Robledo agregó que el año pasado 259 personas se les aplicó la medida de arraigo, frente a 2.402 en 2011.

“El debate de si se elimina esta figura no está agotado”, recalcó.

Otro miembro de la delegación oficial, Guillermo Fonseca, funcionario de la Procuraduría General de la República, explicó que el propósito del arraigo es garantizar la presencia del presunto responsable del delito, la integridad de la investigación y la protección de las víctimas.


De esa manera se evita el riesgo de evasión mientras se formaliza el proceso, agregó. EFE

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/ISABEL SACO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2015/1238278.

Activistas llaman a proponer ideas al gobierno contra la violencia

MÉXICO, D.F: Reducir salarios y prestaciones a servidores públicos, eliminar el fuero constitucional, disminuir financiamiento a los partidos políticos y quitar diputaciones plurinominales son algunas de las propuestas ciudadanas reunidas vía Internet en la campaña “Ya me cansé por eso propongo”.

También crear una estructura policial confiable con incentivos, mejorar la calidad en servicios de educación y salud, formar una fiscalía anticorrupción independiente y una base de datos de ADN para desaparecidos.

Dirigida por colectivos ciudadanos como El Grito Más Fuerte, #Yamecansé, así como la plataforma Sopitas.com y la agrupación Amnistía Internacional, se trata de una iniciativa que a través de la página de internet www.poresopropongo.mx se añade a las marchas y manifestaciones públicas en contra de la situación de “violencia, justicia e impunidad” vivida en México.

En conferencia, académicos, cineastas, escritores, actores, activistas y diseñadores representantes de estas agrupaciones informaron que la campaña surgió en noviembre del año pasado, luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la ya conocida frase que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, pronunció en una conferencia sobre el caso.

La campaña consiste en entrar a la página web mencionada en el apartado “Manda tu postal”, tomarse una foto o subir una imagen, escribir su propuesta sobre lo que el país necesita acompañada de las frases #YaMeCansé #PorEsoPropongo, y enviar la postal.

Además, dijeron que la intención es “generar propuestas ciudadanas por un México mejor”, “hacer visibles las voces de la sociedad mexicana” y “ser parte de la memoria” de la indignación que hoy se vive en el país.

Cada mensaje será impreso en una tarjeta postal. Hasta ahora se llevan poco más de siete mil propuestas y se espera que para el 22 de febrero, fecha límite de recepción, se junten por lo menos 10 mil.

Según la dinámica, los organizadores leerán y expondrán las tarjetas en museos, plazas y otros espacios públicos, entre ellas, la Casa del Ahuizote, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Posteriormente, las clasificarán y el 2 de marzo una comisión hará un resumen con las principales ideas e inquietudes y, junto con las postales, las entregará a los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y partidos políticos, de acuerdo con las dependencias a las que corresponda la petición.

“El priista que llevamos dentro”

En el Museo de la Memoria y la Tolerancia, Sophie Alexander y Daniel Giménez Cacho, integrantes de la agrupación El Grito más Fuerte, presentaron un video que acompaña a esta iniciativa y leyeron un posicionamiento para invitar a los mexicanos a participar en la campaña.

“La solución a esta profunda crisis no saldrá de las instituciones ni bajará de las autoridades, sino será el resultado de la fuerza organizada con que logremos enfrentar a los dueños y administradores de nuestro país”, dijeron.

Décadas de cultura priista, criticaron, “han provocado ignorancia sobre la participación ciudadana y la organización popular que existe no es suficiente. Las instituciones están cerradas para nosotros, no podemos ni siquiera realizar consultas populares y los partidos se representan sólo a sí mismos. La democracia para nosotros sucede sólo el día que el INE nos pregunta por quién vamos a votar”.

Sugirieron promover un cambio cultural para el que “es necesario no solo estar contra, sino acabar con el priista que todos llevamos dentro y que nos convirtamos en sujetos activos, informados y con opinión propia. Tenemos que saber que ningún líder nos va a sacar de esta crisis.

Y se fueron más hondo:

“El priismo se nos ha metido dentro. Es una cultura contra la que aún no hemos triunfado. Es un modo de vivir y hacer política a la que han sucumbido tanto los partidos de izquierda como de derecha. Es una cultura que ha vencido a los sindicatos y a los empresarios, a los jueces y a los militares. Es una cultura que agoniza pero que nos impide avanzar. Es una cultura de sometimiento o la depresión, de la simulación o la demagogia, de la autocensura o la manipulación mediática, de la compra de ideales. Es una cultura enemiga de la democracia y del desarrollo social”.

Francisco Alanís, de Sopitas.com, comentó que su participación es para “encausar la indignación como personas. La política la construimos todos y debemos generar una comunidad solidaria”.

Perseo Rendón Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, explicó que la organización contribuirá con ns8 experiencia en la interlocución con el gobierno y los estados para que las propuestas relacionadas con la crisis en los derechos humanos  “lleguen al lugar adecuado y tengan eco”.

Y agregó: Llevamos 50 años luchando por los derechos humanos, podemos aguantar otros 200. Nos vamos a movilizar hasta que nos escuchen, tarde lo que tarde, dure lo que dure”.


Los organizadores llamaron a los mexicanos a participar en la iniciativa e invitar a más personas a través de las redes sociales a que hagan lo mismo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

Cuajimalpa: Despreciaron el plan contra desastres

Hay un plan para evitar desastres como el ocurrido en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el 29 de enero. Con total precisión, el Programa Hospital Seguro indica las acciones que deben emprenderse para salvaguardar la integridad de clínicas, su operatividad y calidad. Empero, el estallido evidenció que las autoridades del centro, las de la Ciudad de México y las federales no lo tomaron en serio. A eso se suma la indulgencia oficial ante la empresa gasera que surtía al sanatorio, compañía que arrastra una larga historia de accidentes y violaciones a la ley pero que sigue siendo contratada.

MÉXICO, D.F: Certificado por el gobierno federal y avalado por organismos internacionales de salud, el Programa Hospital Seguro falló desastrosamente. Además, el relajamiento en la supervisión de las empresas gaseras por parte de la Secretaría de Energía federal tiene en peligro constante a la red de salud pública del Distrito Federal.

En 2006 el gobierno mexicano suscribió un compromiso con las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud para instaurar en la red hospitalaria nacional y estatal el denominado Programa Hospital Seguro “como una política nacional de reducción de riesgos que garantice su capacidad de seguir funcionando en situaciones de emergencia”, según el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

Dicho programa pretende “brindar servicios con buena calidad en la atención médica y seguridad a los pacientes”. Enlista al Distrito Federal entre las 21 entidades federativas “de alto riesgo” por el número y tipo de instalaciones en su territorio: 27 hospitales y 220 centros de salud.

Al firmar ese compromiso, las autoridades se comprometieron a promoverlo en los estados y cumplir con tres criterios fundamentales en cada unidad de salud. El primero se llama Protección de la Vida, es decir, “ser capaz de mantenerse en pie y resistir con daño mínimo los fenómenos destructivos de gran intensidad que se presentan en la zona donde está ubicado”.

Protección de la inversión es el segundo principio y consiste en que sus instalaciones y equipos puedan tener daños mínimos pero continúen siendo operativos ante “fenómenos destructivos de gran intensidad”. Y el tercero, Protección de la función, implica que sean capaces de mantener o mejorar su producción de servicios como parte de la red a la que pertenecen.

Sin embargo, en el caso de la explosión del 29 de enero en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, las evidencias –tres muertos, 72 heridos y el colapso de 75% de la estructura, según cifras del gobierno capitalino– demuestran el incumplimiento de esos criterios…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1996 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA/JUAN CARLOS CRUZ (REPORTAJE ESPECIAL)

Pese a críticas, el arraigo se mantendrá en el nuevo sistema penal: Cancillería

GINEBRA: La figura del arraigo –que organizaciones e instituciones internacionales de derechos humanos han criticado fuertemente– no será eliminada con la reforma del sistema penal, afirmó el subsecretario en Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, ante el Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que finalizó hoy con el proceso de evaluación de México.

Robledo explicó que en el nuevo sistema penal mexicano “no desaparecerá” la figura del arraigo en 2016 y que, en todo caso, este recurso ha sido acotado de tal forma que en la práctica pocas personas eran arraigadas y durante menos de 40 días.

Mientras que en 2011 se registraron 2 mil 402 personas arraigadas, el año pasado esa cifra fue de 259, además de que solo queda en funcionamiento un solo centro de arraigo, informó el funcionario, quien reconoció que en el gobierno mexicano “hubo una toma de conciencia” en torno a los excesos que producía esa medida cautelar.

“Somos conscientes de los abusos a los que puede llevar el arraigo”, admitió.

El relator Luciano Hazan expuso a la delegación mexicana que no entendía la razón por la que el arraigo era necesario para asegurar las investigaciones y no podía sustituirse por otros instrumentos, como la presión preventiva, que no colocaran a los afectados en una situación de riesgo de desaparición forzada.

La delegación mexicana, a través del encargado del despacho de la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR, Guillermo Fonseca, estimó que la aplicación del arraigo es “fundamental” para garantizar la presencia del indiciado, proteger a las víctimas y cuidar la investigación, y dijo que en casos de lavado de dinero o secuestro “es muy útil”.

Los miembros del Comité expresaron que les causaba “confusión” el hecho de que en México una persona detenida en un centro penitenciario puede estar “desaparecida”. Uno de los miembros del Comité, Juan José López Ortega, señaló que no podía entender cómo podía estar desaparecida una persona si las autoridades penitenciarias tienen que registrar su identidad y sus familiares ser informados de su detención, como dicta el Convenio de la ONU contra la Desaparición Forzada.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, respondió que puede ocurrir que una persona detenida utilice un nombre falso, por lo que no hay que limitar la posibilidad de búsqueda de personas desaparecidas en las instalaciones penitenciarias.

Sin embargo, quedó sin respuesta de la delegación mexicana el comentario de López Ortega en el sentido de ampliar el registro de personas desaparecidas en instituciones y centros militares, preguntando específicamente a qué legislación, si estatal o federal, le correspondía la regulación de este aspecto.

A lo largo de las tres horas que duró la sesión, los funcionarios mexicanos presumieron la creación y propósitos de diversos protocolos de búsqueda de desaparecidos y de víctimas de desaparición forzada, especialmente aquellos en cuya elaboración participó la Cruz Roja Internacional o la ONU. Pero una y otra vez, los relatores hacían preguntas sobre puntos concretos de su funcionamiento y solicitaban prueba estadística de sus supuestos logros, además de pedir una copia de ellos para estudiarlos detalladamente.

Como en la sesión de ayer, dos padres de los normalistas de los desaparecidos estuvieron presentes en la sala.
También asistieron ambos días Maria Olaya Dosal y Maria Guadalupe Fernández, madres de Alejandra, de 16 años, y del ingeniero José Antonio Robledo, también en calidad de desaparecidos.

En su mensaje final de la “sesión de diálogo constructivo”, Robledo se declaró satisfecho y señaló que los miembros de la delegación oficial “nos vamos con una clara consciencia de los desafíos que tenemos”. Además, hizo énfasis en que “al menos queda acreditada la voluntad del gobierno mexicano de seguir avanzando” en materia de derechos humanos.

El comité emitirá en los próximos días un reporte con recomendaciones para el gobierno mexicano.

Por la tarde, tuvo lugar una acción de solidaridad con los desaparecidos de México en la Plaza de las Naciones, frente a la sede de la ONU, a la cual asistieron los cuatro padres mexicanos.

Ante unos 60 concurrentes, entre ellos activistas de organizaciones suizas, y expuestos al frío, denunciaron la ineficacia y la falta de voluntad del gobierno mexicano para investigar el paradero de sus hijos.


Este miércoles viajarán a Bruselas, donde mantendrán hasta el jueves reuniones en el Parlamento Europeo y en el Servicio Europeo de Acción Exterior, además de ONG.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCO APPEL.

Los trenes de la línea 12 deben ser modificados por CAF: Mancera

La investigación en la Cámara de Diputados, al margen de la que realiza el GDF, afirma. Como están ahora, la ruta no puede operar en su totalidad, reitera. Los cambios se harán con base en el diagnóstico de Systra, señala. Niega que exista distanciamiento con Marcelo Ebrard.

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) apuesta por la modificación de los trenes que dan servicio en la línea 12 del Metro para resolver el conflicto riel-rueda, tal como propone la empresa Systra en su diagnóstico de las fallas que llevaron a la suspensión del servicio en 11 de sus 20 estaciones, señaló el titular del Ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa también se refirió a los resolutivos de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el uso de fondos federales en la construcción de la llamada línea dorada, en los que pide investigar al ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard.

Al respecto, dejó en claro que la investigación que realiza su gobierno es totalmente independiente de la solicitada por esos legisladores, pues está enfocada a la competencia federal.

Acerca de si se van a cambiar los trenes de la línea 12, Mancera dijo que al ser modificados éstos, nunca van a ser los mismos que actualmente dan el servicio en la línea 12, toda vez que se tendrán que hacer cambios en ruedas, suspensiones, resortes y demás elementos técnicos señalados por Systra, pues como están ahora no puede operar la línea en su totalidad.


Dicho trabajo, indicó, será responsabilidad de la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con la que se tienen arrendados los convoyes, además de que se hará una evaluación del resultado y comportamiento de los trenes modificados.

“Lo importante ahora es que sabemos cuáles son las adecuaciones que tendría que hacer CAF para que sus trenes funcionen. Está este debate de si los mismos trenes o no. Ya no pueden ser los mismos porque es como cuando a tu carro le cambian la rueda…, el amortiguador, pues ya no es el mismo; es un carro modificado.”

En cuanto al resolutivo de los diputados federales en torno a la línea 12, Mancera señaló que aún no ha sido notificado oficialmente del mismo, pero, dijo, por lo que se ha difundido la investigación que se solicita es de competencia federal. Nosotros ya hemos señalado a responsables administrativos y quiénes deben ser investigados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, precisó.

Recordó que el único punto en el que su administración tiene relación con los recursos federales para la línea dorada es el litigio con el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, iniciado por la exigencia de la Secretaría de la Función Pública para la devolución de poco más de 500 millones de pesos.


Interrogado sobre si hay un distanciamiento con su antecesor, quien acusó una campaña política en su contra, en la que además del Partido Revolucionario Institucional participa el gobierno de la ciudad, respondió: Yo no tengo distanciamiento absolutamente con nadie.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALEJANDRO CRUZ FLORES.

Los Pinos no dio línea contra Ebrard: Beltrones; ex Jefe de Gobierno va mañana a la CNDH

Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, dijo que los datos del informe de la Comisión Especial de la Línea 12 son producto de lo que funcionarios y empresas, tanto constructoras como certificadoras, han declarado. Negó que el gobierno federal haya dictado línea.

También dijo que en el siguiente informe, el segundo, le dará voz a los que quieran hablar. De hecho, Antonio Calzada, Diputado y Presidente de la Comisión, expresó que Marcelo Ebrard Casaubón podría estar el viernes en la Cámara de Diputados después de que hoy no se le permitió, otra vez, hablar.

El documento aprobado el domingo fue elaborado por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aprobado por los mismos priistas. Ebrard quiso dar su versión sobre la Línea 12 el domingo, pero entre gritos y acusaciones se le impidió.

Ayer, el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal dijo que “lo que se dice en los pasillos y en las reuniones en la Cámara [de Diputados], aunque nadie te lo quiere afirmar, es que es una instrucción superior. O sea, esto viene de Los Pinos. ¿Por qué? La única razón que se ha dado, en versiones periodísticas de diferente tipo, [es] que me vinculan con una investigación periodística respecto a la casa del Presidente. Es una falsedad total”.


Y hoy, luego de que intentara por segunda ocasión hablar ante los diputados de la Comisión, Ebrard dijo en su cuenta de Twitter:
“A EPN cadena nacional, a mí no se me permite ni 1 minuto para rebatir las calumnias que propalan. No me permiten hablar porque quedaría evidenciada la calumnia, no hay otra explicación para la negativa a escuchar mis argumentos. No aceptaron escuchar mis argumentos los diputados del PRI , la consigna es desprestigiar a como de lugar”.
Ebrard también anunció, por esa misma vía, que mañana a las 11 de la mañana acudirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para pedir protección a sus derechos “frente a la campaña orquestada por el PRI”.

Beltrones abundó:
“La Comisión que ha sido la encargada de recoger o recabar información; lo hizo a través de funcionarios públicos específicos que tienen información concreta alrededor del mismo. […]. Fueron convocados para el análisis de lo que puede ser esto, que es inadmisible que se hayan gastado 45 mil millones de pesos, que existan tirados 45 mil millones de pesos en la construcción de esa Línea 12 del Metro y que por los mismos, nadie rinda cuentas”, agregó.
Beltrones también felicitó a la “Comisión Especial por haber dado un primer producto que hoy conocerá el Pleno de la Cámara de Diputados”, y la invitó a que en el próximo informe, que deba presentar, escuche a todos aquellos que quieran ser oídos, a quien pida formalmente el ser escuchado y oído”.

–¿Y por qué Marcelo Ebrard podría ser un enemigo para Los Pinos? –se le preguntó a Ebrard ayer, en entrevista con SinEmbargo.
–Soy un opositor de ellos. No creo que sea muy popular, recordarás que recorrí todo el país para el tema de la energía, le mandé una carta al Presidente para decirle: “¿Por qué no hacemos un debate?”. Tienes versiones de varios dirigentes del PRD que fueron llamados por [Miguel Ángel] Osorio Chong para impedir que yo fuera presidente del PRD. Eso se publicó, todo está publicado. Entonces evidentemente no soy ningún santo de la devoción de Los Pinos, eso ya lo sé. Lo que me demuestra esto que está sucediendo ahorita es que el nivel de prioridad que tengo en la agenda de ellos para acabarme es muy grande, si no no te explicas el asunto.
El líder de los diputados del PRI dijo que le informe está hecho para “descubrir quién miente sobre su versión de por qué no funciona la Línea 12 del metro; quién oculta la información verdaderamente de fondo, alrededor de lo que puede ser un gran fraude: el haber tirado 45 mil millones de pesos y no tener un producto que le sirva a los ciudadanos del Distrito Federal”.

Beltrones afirmó que no se trata de enjuiciar a un persona o a dos o incluso tres, sino de “conocer la verdad y no pueden ocultarla, ninguno, señalando que éste puede ser un caso político. No es político el que se hayan gastado 45 mil millones de pesos sin tener un producto que les sirva a los ciudadanos del Distrito Federal”.

Negó que el Fobierno federal haya dictado una línea sobre el informe que hizo la Comisión, pues reiteró, este se hizo “en la Cámara de Diputados con la información de los funcionarios y empresarios que estuvieron presentes en las comparecencias. Cualquiera que lo mencione es simplemente aquel que trata de desviar la atención de lo importante”.

EBRARD NO PUDO HABLAR

Marcelo Ebrard no fue escuchado por la Cámara de Diputados cuando intentó exponer al Pleno sus argumentos en torno al informe de la comisión especial que investiga el uso de recursos y las fallas de la llamada Línea Dorada.

Incluso las puertas de acceso al área de invitados especiales y los pasillos que confluyen al vestíbulo principal fueron custodiadas permanentemente por personal de resguardo y seguridad de la Cámara, con la intención de disuadir cualquier intento del ex Jefe de Gobierno del DF de ingresar al salón legislativo.

Quien inauguró la Línea 12 del metro de la Ciudad de México en su calidad de Jefe de Gobierno del Distrito Federal en octubre de 2012 no tuvo más remedio que montar una improvisada conferencia de prensa en el vestíbulo para quejarse una vez más de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) le negó su derecho de audiencia.


“La cosa era respetar el derecho de audiencia, ahora ¿por qué no lo respetan? porque saben que están mintiendo, si tiene todo el poder y toda la mayoría, saben que están diciendo falsedades y que son puras calumnias, porque si no, no habrían actuado de esta forma”, dijo el ex Jefe de Gobierno del DF.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DAVID MARTÍNEZ HUERTA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-02-2015/1238680.

La demanda de Cassez contra “la pandilla de altos funcionarios”

Florence Cassez va con todo. Además de la denuncia penal interpuesta en París contra quien resulte responsable, su abogado en México impugnará la decisión del juez Juan Manuel Vega de desentenderse de la demanda civil contra la “pandilla de altos funcionarios” (Felipe Calderón, Genaro García Luna, Daniel Cabeza de Vaca) y representantes de Televisa, a quienes acusa de haberla detenido en un burdo montaje televisivo y encarcelarla siete años. Y pide una indemnización de 36 millones de dólares.

PARÍS: “La decisión del juez Juan Manuel Vega Tapia es inadmisible y es evidente que la voy a impugnar”, se indigna Jorge Patiño Hurtado, abogado mexicano de Florence Cassez en entrevista telefónica con la corresponsal el pasado 27 de enero.

Patiño acababa de saber que el juez Vega Tapia se declaraba incompetente para resolver la demanda civil que, en nombre de Cassez, aquel presentó el 23 de enero, por daño moral, contra la Procuraduría General de la República (PGR) y su extitular Daniel Cabeza de Vaca, así como contra el expresidente Felipe Calderón; el exsecretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna; cuatro funcionarios del sexenio pasado; Televisa; su conductor Carlos Loret de Mola y su exreportero Pablo Reinah.

“El juez pretende que no es competente porque se trata de particulares e insiste en que la mayoría de las personas citadas ya dejaron de ser funcionarios públicos. Finge olvidar que eran funcionarios y además de altísimo rango cuando cometieron sus delitos”, denuncia Patiño Hurtado.

–¿Le indicó Juan Manuel Vega Tapia cuál juzgado sería competente? –se le pregunta.

–Afirma que en el caso de la demanda que interpuse en nombre de Florence Cassez contra exfuncionarios, la vía civil no es la procedente y es de competencia de un juez administrativo, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. En cuanto a Televisa, asegura que la demanda le compete a un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, no declina nuestra demanda a los juzgados que considera competentes, como tiene la absoluta obligación de hacerlo.

“Tras analizar la demanda de Florence Cassez, el juez tenía varias opciones: declararla improcedente y desoírla, considerarla de su competencia y echar a andar investigaciones o declararse incompetente y remitirla a los juzgados que considere competentes. Pero lo que hizo es absurdo y anticonstitucional: se declaró incompetente y se lavó las manos, dejando la demanda en el aire. Es, entre otras cosas, lo que voy a impugnar…


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1996 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANNE MARIE MERGIER.

No hay una cifra confiable de desapariciones forzadas: CNDH

MÉXICO, D.F: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que “no hay una cifra confiable de desapariciones forzadas” y demandó atender a las víctimas cuando enfrenten situaciones tan delicadas como la desaparición de un familiar.

Ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, que sesiona en Ginebra, Suiza, el ombusdman nacional planteó la necesidad de fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para lo cual, dijo, todas las instituciones de procuración de justicia deben tener criterios homologados y públicos.

“Parte del problema que se tiene es que no hay bases de datos con una metodología adecuada que permita distinguir cuántos casos hay de desaparición forzada o por crimen organizado”, precisó en entrevista con Grupo Fórmula, luego de entregar un informe en la materia ante el Comité de Naciones Unidas.

Sobre la reunión de organizaciones no gubernamentales y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, con el Comité de la ONU, el ombudsman insistió que “debe traducirse en beneficios a favor de familiares de la víctimas de desaparecidos en México”.

La reunión, agregó, “debe llevar a que en México retomemos acciones que permitan fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas y no quedarnos solo en la parte” del castigo.

En un comunicado, el ombudsman mexicano insistió luego en la necesidad de avanzar en varios aspectos fundamentales, entre ellos: fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para lo cual es necesario que todas las instituciones de procuración de justicia cuenten con criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que califican las denuncias de desaparición, la investigación que llevan a cabo y la manera en que reportan los casos.

También pidió publicar el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, elaborar una base de datos confiable y revisar la Ley respectiva, con el fin de verificar su efectividad a casi tres años de su expedición, además de expedir una Ley General en materia de Desaparición Forzada.

Los puntos anteriores forman parte de una serie de medidas que el mismo ombudsman puso a consideración del Comité de Naciones Unidas.


Subrayó igualmente que el Estado mexicano debe aceptar la competencia del Comité para recibir y examinar las peticiones individuales sobre desaparición forzada, ya que es una de las recomendaciones dirigidas a México en diversos documentos de organismos internacionales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa, uno de los crímenes “más repugnantes” de la historia: EU

WASHINGTON: El gobierno de Estados Unidos calificó el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, como uno de los crímenes más repugnantes en la historia de la humanidad.

Durante una teleconferencia de prensa para hablar de la cooperación entre Estados Unidos, México y Centroamérica en materia de seguridad y combate al crimen organizado, William Brownfield, Subsecretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, reprobó: “Lo de Iguala merece el repudio de toda la raza civilizada en el planeta”.

“No quiero minimizar uno de los crímenes más repugnantes y repulsivos en toda la historia civilizada en el planeta”, añadió el Subsecretario de Estado Adjunto del Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama.

Los comentarios del funcionario estadunidense se presentaron cuando se refería a los avances en la cooperación México-Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida.

Según el funcionario estadunidense, desde la instrumentación de la Iniciativa Mérida en 2007 a la fecha, en México hay “evidencias de reducción en tasas de homicidio, menos delincuencia en las calles, menos tráfico de droga y policías más profesionales”.

Ayer lunes, Obama solicitó al Congreso federal de Estados Unidos 80 millones de dólares para financiar a la Iniciativa Mérida en México para el año fiscal 2016 (que inicia el 1 de octubre de 2015), dinero que se utilizará para respaldar el entrenamiento de ministerios públicos, tecnología y fortalecer instituciones de justicia y de rehabilitación de criminales.

En los estatutos de la Iniciativa Mérida, al Departamento de Estado el Congreso federal estadunidense le exige entregar cada año una certificación respecto a las acciones del gobierno de México para garantizar la protección e integridad de los derechos humanos.

Con los casos de Ayotzinapa y la ejecución de 22 civiles el año pasado en Tlatlaya, Estado de México, a manos de miembros del Ejército mexicano, se considera la posibilidad de que el Departamento de Estado condicione la certificación de México.

En caso de que el gobierno de Obama no certifique a México en materia de derechos humanos ante el Capitolio, el 15 por ciento de los fondos solicitados para la Iniciativa Mérida se retendrían.

“No puedo decir lo que vamos a informar al Congreso”, respondió Brownfield cuando se le preguntó si los referidos casos afectarían la decisión de certificar a México.


“Todo lo que leído u oído, y visto hasta este momento, es que el gobierno federal de México; ha tomado medidas en algunos casos medidas casi heroicas para resolver este caso de los 43 normalistas desaparecidos”, añadió Brownfield, quien con este último comentario da entender que no habrá retención del 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida para el gobierno de Peña Nieto.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.

Demandan relator especial por desaparición forzada en México

Ginebra. Organizaciones de derechos humanos pidieron hoy en Ginebra que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU designe a un relator especial para dar seguimiento al caso mexicano, al cierre de dos jornadas de evaluación a México.

El Comité de la ONU revisó por primera vez a México el lunes y martes sobre el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la convención internacional contra las desapariciones forzadas y emitirá sus conclusiones el 13 de febrero.

Stephanie Brewer, integrante del centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro que acompañó a una delegación de familiares de las víctimas, afirmó que las organizaciones civiles han solicitado que haya "una estrategia de seguimiento por parte del comité".

La designación de un relator "no tendría que ser un nombramiento muy formal", pero sí servir para garantizar que se cumplan las recomendaciones, explicó Brewer en diálogo con periodistas en un enlace telefónico desde Ginebra a México.

El examen de la ONU estuvo marcado por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en un hecho que involucró a policías municipales y un grupo criminal, aunque el comité abordó el tema de las desapariciones en México en general.

En las sesiones, el relator Luciano Hazan advirtió que las discrepancias entre palabras y hechos son importantes. Los integrantes de comité hicieron numerosas preguntas a México sobre la manera en que aborda y sanciona el problema de las desapariciones.

Una de las preguntas que quedó sin respuestas fue el número de víctimas de desapariciones forzadas que hay en México. La delegación oficial mexicana afirmó que carece de información específica, debido a que su base de datos es un instrumento que "todavía debe ser perfeccionado" y requiere de actualización.

"En el estado actual de nuestros registros no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas. No lo hay", dijo el subsecretario mexicano de Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, cabeza de la delegación oficial.

"Hay un registro que mezcla personas no localizadas y, eventualmente, personas desaparecidas forzadamente", indicó. "Es algo que hay que corregir sin duda alguna".

El abogado de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales, afirmó en Ciudad de México, durante la conferencia de prensa en la que se hizo el enlace telefónico con Ginebra, que el Estado mexicano "se niega de manera reiterada a aceptar la desaparición forzada".

Las autoridades mexicanas están "diluyendo su responsabilidad", indicó. Las desapariciones forzadas son una "situación estructural", debido a que se mantiene el "ciclo de impunidad".

Para Brewer, el caso Ayotzinapa "representa una prueba para México ante el mundo" y "se vuelve muy importante la intervención del comité" en un contexto en el que las víctimas desconfían de las autoridades.

La fiscalía de México decidió la semana pasada dar por muertos a los 43, a pesar de que sólo los restos calcinados de uno de ellos fue identificado con pruebas de ADN.

"Tengo esperanza de que el comité de desapariciones forzadas esté de observador a distancia", dijo Hilda Legideño, madre de Jorge Tipaza, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, que viajó a Ginebra junto con Bernabé Abraham en representación de los padres.

En la sesión del comité de la ONU, el relator Hazan señaló que es necesario identificar modalidades para garantizar un futuro sin desapariciones forzadas en México y agradeció a las familias y a organizaciones no gubernamentales por la valiosa información proporcionada al Comité.

El encuentro generó un interés sin precedentes, señaló por su parte el relator Rainer Huhle en sus declaraciones de cierre y se mostró esperanzado de que el interés en este "grave problema" en México persista.

Durante las sesiones, el gobierno de México reconoció la necesidad de superar retos en materia de desapariciones forzadas, pero aseguró que está trabajando en ese sentido.

Además, anunció que para junio espera lograr la aprobación de una ley general de desaparición forzada con vigencia para todo el país.

"México se toma muy en serio estos ejercicios (de evaluación)", dijo Gómez Robledo en una conferencia de prensa final de cierre. Para México fue "una muy buena sesión en un contexto especialmente doloroso del acontecer nacional", agregó.

Robledo indicó que en unas dos semanas el comité enviará a México su informe de recomendaciones, "y evidentemente, habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento".

FUENTE: LA JORNADA/DPA.

Megaproyectos = megacorrupción

El campo más fértil para la corrupción son los megaproyectos, que entran dentro de la mal llamada “obra pública”. Mal llamada porque gran parte de estos megaproyectos no son de utilidad pública, son innecesarios, son suntuarios y desvían recursos que deberían estar dirigidos a resolver situaciones críticas que enfrenta la sociedad.

En México hemos visto cómo constructoras de capital nacional, como Grupo Higa, crecen aceleradamente a la sombra de funcionarios públicos, a los que deberíamos llamar “servidores privados”. Al igual, empresas constructoras del extranjero han llegado a México en crisis financiera con “bonos basura” y al amparo de relaciones políticas han recibido jugosos contratos, como la española OHL. Gobiernos del PRI, del PRD y del PAN han establecido estos contratos que responden más a oscuros intereses que a análisis públicos y transparentes de qué es lo más urgente atender.

El caso del proyecto del llamado tren bala México-Queretaro, pospuesto de manera indefinida como parte del ajuste presupuestal, es un buen ejemplo. No existió ningún análisis público, transparente, que identificara que era una prioridad desarrollar un proyecto para dar servicio a solamente 25 mil pasajeros diarios con una inversión de alrededor de 50 mil millones de pesos. Para el Banco Mundial este tipo de proyectos requieren una demanda de mínimamente 150 mil pasajeros diarios para ser rentable. Lo que se configuraba aquí era un fraude ya que el proyecto más que garantizar cubrir una necesidad, lo que garantizaba era un subsidio permanente del Estado a la empresa constructora y administradora del tren bala.

Si uno analiza cuáles son los mayores problemas de movilidad en el país, destaca el colapso vial de las grandes ciudades. Las principales arterias se están atrofiando bajo un modelo que ha dado preferencia al automóvil particular sobre el transporte público. El cuerpo urbano, con sus principales arterias atrofiadas, entra en colapso. El caso extremo es el de la ciudad de México donde el crecimiento del parque vehicular está provocando que en las horas pico, cada vez más prolongadas, nos vamos a una velocidad menor que la de las carretas. Actualmente la velocidad promedio de los vehículos en la zona metropolitana es de 12 kilómetros por hora (km/h) una caída dramática en la velocidad si consideramos  que en 1990 era de 40 km/h. La reducción de la velocidad se debe al aumento del parque vehicular, en 1990 había 2 millones de vehículos, para el 2014 llegamos a más de 5.5 millones. Actualmente, los habitantes del Distrito Federal ocupan 2 horas diarias en transportarse y los que transitan en la zona metropolitana, entre la zona conurbada y el D.F,. destinan alrededor de 5 horas diarias a trasladarse. Las proyecciones a futuro son más graves, se estima que para el 2030 el parque vehicular ascienda a 9.5 millones de vehículos.

Hay que destacar que solamente el 20% de la población realiza sus viajes en automóviles y el restante 80% en transporte público. La mayor parte de la ocupación vial es responsabilidad de los automóviles. Todo mundo paga el costo en tiempo, contaminación  y calidad de vida que representa el congestionamiento vial, aunque su responsabilidad sea mucho menor.

¿Qué pasaría si invirtiéramos los 50 mil millones de pesos del proyectado tren bala en un sistema de transporte público que ahorrara tiempo a los usuarios?,  ¿qué si invirtiéramos en un sistema que no requiriera subsidio permanente, como lo requiere el metro, para no sacrificar los recursos públicos, y que fuera un sistema de transporte público que atrajera a usuarios de automóvil, es decir, que lograra que un porcentaje importante de usuarios de automóvil dejaran su vehículo estacionado?. El sistema  de transporte público que mayor porcentaje de propietarios de automóvil desplaza, que reduce los tiempos de traslado y que no requiere subsidios, es el llamado internacionalmente Bus Rapid Transport (BRT), y que conocemos en México como Metrobus.

No piense usted en la línea 1 de Metrobus del D.F. que está totalmente saturada. Su saturación tiene que ver con su éxito, en 5 años se duplicó la cantidad de pasajeros que se trasladaban por Insurgentes. La saturación es culpa de las autoridades que no han desarrollado más líneas paralelas en la dirección sur-norte-sur. Una amplia red de BRT por toda la ciudad, como la que prometió Marcelo Ebrard (200 kilómetros) y no cumplió, daría una idea de la eficiencia del sistema. Sabemos que en nuestro país es común que los buenos proyectos se queden a medias.

Con la misma inversión proyectada para el tren bala y que cubriría la demanda de 25 mil pasajeros, se podrían construir 26 corredores de BRT de alta calidad distribuidos en las principales arterias de Monterrey, Guadalajara, la Zona Metropolitana del valle de México y Puebla, beneficiando a 4 millones de usuarios diariamente, reduciendo sus tiempos de traslado y las pérdidas económicas que esto genera. Y por supuesto, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos

Se ha calculado que en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México el total de las pérdidas económicas por fallas en la movilidad llega a los $33 mil millones de pesos anuales, en Guadalajara asciende a los $12 mil millones, Puebla pierde $5 mil millones y Monterrey tiene una pérdida anual por de $8 mil millones de pesos. Se debe tomar en cuenta que la circulación en estas ciudades puede llegar a los 6 km/h en horas pico, lo cual pone en riesgo la competitividad y desarrollo de estas urbes.

Además, resolver la movilidad en las principales vialidades de las grandes ciudades del país, como la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey, contribuye a bajar los niveles de exposición a contaminantes que generan daños en salud y altos costos, ya que el principal causante de la contaminación es el alto volumen y uso indiscriminado de automóviles particulares.

Cabe destacar que cada línea BRT debe estar acompañada de proyectos de calle completa, redes de infraestructura cilcista, seguras y homogéneas, ampliación del sistema de bicicleta pública, mejoramiento de la accesibilidad universal, mayor seguridad vial, recuperación de espacio público y revitalización urbana.

Cada kilómetro de BRT cuesta 5 millones de dólares, contra 20 millones de dólares de un sistema de tren ligero, 50 millones para un tren suburbano y 100 millones de dólares por kilómetro para un sistema de transporte colectivo o Metro, estas últimas modalidades demandan subsidios muy elevados a la tarifa, tal como sucedería de por vida con el tren de alta velocidad México-Querétaro.


Mientras el país se mantiene inmerso en la crisis política y social es necesario vigilar a dónde van nuestros recursos y exigir que se destinen a cubrir las necesidades de la gran mayoría a través de procesos transparentes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRO CALVILLO (OPINIÓN).
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/03-02-2015/31416.

Dictan formal prisión a dos implicados en caso Ficrea

MÉXICO, D.F: La justicia federal dictó auto de formal prisión en contra de los dos detenidos hasta ahora por el millonario fraude a los ahorradores de Ficrea.

El juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, declaró formalmente presos al notario público 17 del Edomex, Alfredo Caso Velázquez, y al director jurídico de Ficrea, Aldo Reséndiz, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta ahora son los dos únicos procesados, dentro de la causa penal 100/2014, por el desfalco a los ahorradores de esa sociedad financiera popular, intervenida en noviembre del año pasado.

Según la acusación, ambos participaron en el desvío de 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores.

Su dueño, Rafael Antonio Olvera Amezcua, sigue prófugo a pesar de la ficha roja emitida por Interpol y de la profusa información que ha surgido sobre sus inversiones en Miami y España.

Caso Velázquez y Reséndiz quedaron a disposición del juez el pasado 22 de enero, radicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya, Estado de México.

El delito por el que se les acusa está sancionado en el Código Penal Federal en la hipótesis de al que por sí o mediante un intermediario enajene e invierta recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o a quien adquiera bienes con conocimiento de que son producto de una actividad ilícita.

Los dos detenidos rindieron su declaración preparatoria y solicitaron duplicidad del término constitucional. Al notario se le dictó formal prisión como probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de auxiliador.


En el caso del asesor jurídico se le declaró formalmente preso por su probable responsabilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su calidad de coautor.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Grupo Higa benefició a Videgaray con tasa de interés preferencial

MÉXICO, D.F: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, admitió que Grupo Higa, contratista del gobierno federal, le otorgó un crédito especial para pagar la casa que le vendió.

Después de que en diciembre pasado el periódico The Wall Street Journal difundiera que Grupo Higa vendió a Videgaray una residencia en el fraccionamiento-club de golf en Malinalco, el funcionario dio más detalles en entrevista con Milenio:

“Incluso reveló que la casa que compró a crédito a la inmobiliaria fue pactada a una tasa de interés de 5.31 por ciento; y además ofreció un dato nuevo: ‘Tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, es algo que no se ha hecho público, el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando mientras esté así’”.

De acuerdo con la información difundida por el WSJ, la operación de Videgaray con Bienes Raíces H&G ascendió a 532 mil dólares (unos 7 millones de pesos) y se concretó gracias a un financiamiento por 18 años.

En la entrevista con Milenio, Videgaray se dedica a hablar de la importancia de combatir el conflicto de interés en la función pública:


“En México no tenemos tan desarrollado ese marco para prevenir el conflicto de interés; creo que el Congreso de la Unión tiene una magnífica oportunidad en este marco para discutir este tema. Creo que sería muy sano en este caso y otros de la misma naturaleza que ha habido en los medios de comunicación, que haya una investigación independiente, pero lo más positivo para el país es que existan estas modificaciones a la ley, que haya mucho más rubros con nuestro marco en materia de conflicto de interés”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno del DF ofrece reubicar a trabajadores del hospital de Cuajimalpa

MÉXICO, D.F: El Gobierno del Distrito Federal se reunirá este martes con alrededor de 300 trabajadores del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa para hablar sobre su situación administrativa y reubicación en otros nosocomios y centros de salud de la red de la Ciudad de México, luego de la explosión del jueves pasado que dejó inoperable la unidad.

Armando Ahued, secretario de Salud del gobierno capitalino, informó que en la reunión se definirá “a qué unidades se van a ir a trabajar. Tenemos centros de salud, la jurisdiscción, otros hospitales de la red. El chiste es que estén tranquilos con el tema de su sueldo, sus incapacidades a los que resultaron heridos”.

En entrevista –luego de la presentación de una campaña en contra del pie de atleta–, aseguró: “ningún trabajador será obligado a irse a donde nosotros queramos, sino (será) en un convenio y acordado con ellos”.

Sobre las declaraciones de integrantes de la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadores sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos, en el sentido de que la explosión pudo haber dañado a más trabajadores debido a la proximidad del cambio de turno, Ahued Ortega aseguró que es “una desinformación”.

Y confirmó que sólo hubo tres decesos: el de una enfermera y un bebé que murieron en el lugar y el de otro menor que falleció en el hospital.

El secretario de Salud actualizó la cifra de heridos por el estallido. Dijo que este martes descendió a 20 el número de hospitalizados, pues otro lesionado ya fue dado de alta esta mañana. Ayer por la noche se reportaron 21.

De ese total, 10 permanecen estables y se prevé su egreso hospitalario durante las próximas 24 a 48 horas. De los otros diez lesionados, dijo que se encuentran graves. De ellos, cuatro son niños: el que fue trasladado a Galveston, Texas, y los tres que permanecen en el Hospital ABC de Santa Fe.

A propósito de los pacientes que han egresado, dijo que “prácticamente todos” se han ido con apoyo psicológico, incluso tanatológico. Además, quienes deben asistir a terapias diarias, se les apoya con el traslado en ambulancias de la Sedesa, insumos y medicamentos. Reiteró que ningún paciente pagará un peso por su hospitalización, ya que ésta la cubre el seguro del hospital mientras se resuelve la posible responsabilidad de la empresa Gas Express Nieto.

Ahued Ortega adelantó que el gobierno del DF prepara una ceremonia de reconocimiento para las enfermeras, policías, bomberos y demás trabajadores del hospital que ayudaron a evacuar a los pacientes y evitaron que la tragedia fuera mayor.


“Es muy importante reconocer a enfermeras como Isabel y como Reina. Isabel se pudo haber salido, estaba en un quirófano, había tres pacientes y en ese momento decidió que había que ayudarlos y no importaba exponer si vida. Igual Reina, hay héroes, policías, bomberos, gente que hay que reconocer por su voluntad como servidores públicos que cumplieron con su responsabilidad y expusieron su propia vida. Y eso hay que premiarlo, reconocerlo, aplaudirlo”, aseguró.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

“No se ha ocultado nada”, sobre muertos tras explosión en hospital de Cuajimalpa: Ahued

Es "irresponsable que se aventuren a decir que no es cierto el número de heridos y muertos", considera el secretario de Salud del DF.

La información sobre los muertos y heridos, por la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa el pasado jueves, ha sido “puntual y clara”, “no se ha ocultado nada”, aseguró el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued, en entrevista para la primera emisión de Noticias MVS.

Esto, luego de que la Asamblea Intergremial de Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Terapistas Rehabilitadores Físicos (AIGETT), acusó a las autoridades del Distrito Federal de informar parcialmente, sobre el número de personas que fallecieron.

Ante ello, el secretario de Salud precisó que “los muertos son los que se encontraron” entre los escombros, es decir 2 -una mujer adulta y un bebé-, además de la bebé que murió horas después.

Ahued indicó que el jueves pasado “iba a entrar el nuevo turno, (pero) 121 gentes no alcanzaron  a entrar, se quedaron afuera”.

Además, consideró que es “irresponsable que se aventuren a decir que no es cierto el número de heridos y muertos”, porque “desinforman a la sociedad”.


Precisó que este martes se encuentran hospitalizados 20 personas, 11 adultos y 9 niños, de las cuales, 10 permanecen graves.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

PGR debe entregar expedientes por genocidio en 1968 y 1971: Ifai

Debe entregar versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde se consignaron varias personas por el delito de genocidio, incluido el ex presidente Luis Echeverría.

El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República que entregue una versión pública de los expedientes de dos averiguaciones previas por delitos de genocidio en 1968 y 1971 contra varias personas, incluido el expresidente Luis Echeverría.

En respuesta a la solicitud de un particular, la PGR declaró inexistentes los expedientes de ambas averiguaciones, argumentando que éstas fueron consignadas a juzgados federales. El ciudadano se inconformó con esa respuesta, e interpuso UN recurso de revisión ante el IFAI, a quien el sujeto obligado reiteró su respuesta.

En el análisis del recurso, el comisionado ponente Joel Salas Suárez explicó que existen recursos de revisión anteriores sobre las mismas averiguaciones previas. Recordó que previamente el Ifai instruyó a la PGR entregar versiones públicas de los expedientes. Además, se identificó que el Ministerio Público, y por tanto la PGR, está obligado a conservar copia por duplicado de las actuaciones en sus archivos.

Por votación unánime de los comisionados, el pleno del Ifai revocó este martes la respuesta de la PGR y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas las unidades administrativas competentes, a efecto de entregar versión pública de los expedientes de averiguación previa números PGR/FEMOSPP/011/2002 y PGR/FEMOSPP/002/2002, en donde se consignaron varias personas por el delito de genocidio, incluido el ex presidente Luis Echeverría.

Cabe recordar que en noviembre de 2001 se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), misma que en 2004 solicitó órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, además de otras 10 órdenes (por homicidio calificado y lesiones) contra responsables de la matanza del 10 de junio de 1971. Entre ellas, se insertan las averiguaciones previas a las que se hace referencia en este caso.

“Los movimientos (de 1968 y 1971) permanecen en la memoria de los mexicanos… como un recordatorio permanente para garantizar los derechos fundamentales. En temas de crímenes contra la humanidad, genocidio y violación de derechos humanos, se debe privilegiar el principio de máxima publicidad… Incumplir con lo señalado en la Ley Federal de Transparencia, declarando inexistente información fundamental, es desconocer o negar episodios constitutivos de nuestra historia… se mina la confianza ciudadana en el Estado mexicano, efecto que urge revertir ante el contexto actual”, comentó el comisionado Salas.


De acuerdo con el comisionado ponente Joel Salas Suárez, la respuesta ofrecida anteriormente por la PGR es un ejemplo más de una práctica recurrente del sujeto obligado ya que, tan solo en 2014, la PGR alegó inexistencia en el 11% de las solicitudes de información recibidas y se ubicó entre los primeros cinco sujetos obligados ante los que se interponen más recursos de revisión, con 212 recursos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El PAN investigará a Cordero por asistir al Super Bowl; él responde que es una revancha política

El legislador panista defendió nuevamente su ida a EU para ver la final de la liga de futbol americano: "no afecté absolutamente nada el trabajo del país ni el trabajo legislativo".

Un día después de que el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, dijo que se investigará la asistencia del legislador Ernesto Cordero a la final del Super Bowl, en Estados Unidos; éste calificó el hecho como una “revancha política”.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el senador panista dijo que la investigación que planteó Madero en su contra –basada en los estatutos y documentos doctrinales de Acción Nacional– es una “venganza”. “La mentalidad del presidente del PAN, Gustavo Madero, es o estás con él o estás contra él”, agregó.

“No afecté absolutamente nada el trabajo del país ni el trabajo legislativo por no haber asistido a reunión protocolaria”, dijo Cordero en entrevista radiofónica este martes 3 de febrero.

Ayer 2 de febrero, Cordero tuiteó: “@gustavomadero es la corrupción, los moches y otras conductas no panistas lo que deberías estar investigando“. Madero no respondió.

También en el noticiero de Gómez Leyva, este lunes, Cordero dijo que “en la sesión de 10 minutos de ayer era “claro que no se iba a discutir absolutamente nada, yo tomé esa decisión, pedí que se me descontara el día, tengo el 98.4 por ciento de asistencias al Senado y nadie me invitó, yo pagué mi boleto,compré mi boleto desde hace muchos meses, yo pagué mi hotel, yo pagué mi avión, ahora sí que nos cayó la fama inesperadamente”.

El Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura inició este domingo 1 de febrero con la ausencia de 251 de los 628 legisladores, debido a que pidieron licencia, estuvieron en algún evento deportivo o solicitaron permiso.


La sesión de Congreso General comenzó luego de confirmarse la ausencia de 46 de los 128 senadores (sólo asistieron 82) y de 205 de los 500 diputados (295 sí pasaron lista).

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.