El Dragonario: 01/22/15

jueves, 22 de enero de 2015

Salida de Castillo abona confianza a elecciones, opina Madero

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, consideró que la salida de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad en Michoacán significará el inicio de una nueva etapa de desarrollo integral en la entidad.

De acuerdo con el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), esa salida contribuirá a generar confianza y certidumbre para el proceso electoral 2015 en el estado.

En un comunicado, el líder nacional panista sostuvo que la salida de Castillo Cervantes era una demanda de diversas fuerzas políticas, y al concretarse se abre una oportunidad para reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán.

Respecto el nombramiento del general Felipe Gurrola Ramírez como mando especial de seguridad para la entidad, señaló que debe concretar el mando unificado de las policías.

Además, tendrá que continuar con la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad para lograr abatir la impunidad, y también entre sus tareas estará mejorar la procuración de justicia, evitando cualquier violación a los derechos humanos, enfatizó.

Madero Muñoz opinó que el éxito del trabajo de Gurrola Ramírez dependerá de la forma en que se concentre en recuperar la tranquilidad y seguridad de los michoacanos y de las zonas más riesgosas.


El dirigente del partido blanquiazul pidió al nuevo funcionario que garantice la seguridad para los candidatos y ciudadanos en la próxima elección, para lo cual deberá trabajar de la mano con los gobiernos estatal y federal.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1227123.

Oposición y ONGs: La nueva casa de EPN impone la urgencia de un Fiscal anticorrupción

El nuevo escándalo por la aparición de una casa que el Presidente Enrique Peña Nieto compró a un contratista de sus gobiernos, tanto en el Estado de México como en la administración federal, revelado por el diario The Wall Street Journal (WSJ), despertó el debate sobre la necesidad de crear en el país un sistema anticorrupción eficiente, así como de contar con declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos más explícitas y que no dejen lugar a dudas sobre el origen de sus bienes, demandaron representantes de partidos de oposición y de organizaciones civiles.

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio mexiquense de Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, a designar un Fiscal independiente y autónomo que investigue la procedencia del patrimonio del Presidente, de los secretarios de Estado, personal de la Presidencia de la República y determine si existe conflicto de interés.

Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador del PAN en San Lázaro, dijo que el partido solicitó un Comisionado Especial con independencia y probada solvencia moral para investigar la responsabilidad y el posible conflicto de intereses y actos de corrupción en los que podrían estar involucrados el Presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete.

El legislador expuso que esta es una cuestión muy delicada porque, dijo, no acabamos de salir del escándalo de la “casa blanca” y ahora tenemos esto. “Esto lo que nos da a entender y se presume es que hay un conflicto de interés y actos de corrupción”, comentó.

“Esta revelación da cuenta de un verdadero desorden, falta de seriedad y por su puesto de actos de corrupción, ¿por qué? Porque esta empresa WSJ [SIC] propiedad de un accionista en el Estado de México tuvo contratos por más de 100 millones de dólares y ahora nuevamente esta empresa junto con la constructora y urbanizadora Ixtapan cuenta con 11 nuevos contratos del Gobierno federal”.

“Es muy lamentable y es preocupante el hecho de que México esté trascendiendo negativamente en todo el mundo, estos casos de corrupción es evidente que dañan la imagen, las instituciones y la credibilidad del Ejecutivo federal y todo su gabinete”, refirió el líder panista.

“No son filtraciones, son investigaciones que han llevado incluso los medios de comunicación, por lo tanto son legítimas”, indicó.

Carlos Navarrete Ruíz, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demandó que la Presidencia de la República ofrezca una “puntual explicación” acerca de las nuevas revelaciones del diario The Wall Street Journal.

“Sigue la casa dando, o la mata dando. La Presidencia de la República deberá aclarar todos y cada uno de los elementos informativos que están saliendo”, dijo el dirigente.

Alejandro Sánchez Camacho, Diputado federal del PRD, calificó como una “catástrofe” que la autoridad “moral y política de Peña Nieto”, esté involucrado en el escándalo no sólo de la casa de Ixtapan de la Sal, sino de su esposa Angélica Rivera.

“Lo más sano para la sociedad en general, es que el Presidente de la República, a reserva de ver el marco legal, se retire de su cargo para que se aclaren e investiguen, no sólo esta residencia, sino todas sus demás propiedades”, dijo.

“La principal manera en la que este gobierno recuperará su legitimidad es aprobando leyes que permitan prevenir la corrupción y castigar a los corruptos, sobre todo en lo referente al conflicto de interés”, dijo a SinEmbargo Viridiana Ríos, directora del Observatorio México ¿cómo vamos?, integrado por distintas organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Jorge González de León, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), opinó que el caso de la propiedad de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal, es “más de lo mismo”.

“Les duele mucho que salga en el Wall Street Journal, pero es más de lo mismo. No se termina de poner en orden en transparencia esto de las casas, quedan dudas, no se entiende el favoritismo sin un conflicto de intereses. Tienen que trasparentar y hacer algo para dejar esto claro, porque es mucho escándalo para un país tan pobre”, indicó.

El activista lamentó que la corrupción en México se alimente de la impunidad en todos los ordenes de gobierno.

“Mientras no se ataque la impunidad y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, no va a pasar nada. Es muy desesperante que salga toda esta información y no pase nada. En México el más corrupto es el poder Judicial, porque está dedicado al negocio de la impunidad, el que paga más lana, más impune”, subrayó.

“Es del dominio público que la mayoría de los diputados y senadores de este país tienen cola que les pisen. Ellos no se van auditar, no se van a echar la soga al cuello, pero quien podría meter orden es el Poder Judicial, pero no lo hace”, agregó.

Otro activista, Rodolfo Domínguez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, indicó que el tema de la casa de Enrique Peña Nieto se debe explicar, esclarecer y si hay un caso de corrupción, castigar.

“Vemos una sombra de corrupción, de conflictos de intereses, que poco ayudan a la situación en la que se encuentra el país”, manifestó.

“Al final son temas que hay que explicar y esclarecer, vemos una sombra de corrupción, de conflicto de intereses, que poco ayuda a la situación que se encubierta el país. Vemos estos conflictos donde se favorecen los negocios, el compadrazgo, generando estas situaciones que nos dejan dudas”, dijo.

Para Rodolfo Domínguez, el caso de la propiedad de Peña Nieto debe ser investigada, y no quedar en un escándalo mediático como ocurrió con la “Casa Blanca” de Angélica Rivera.

“Al final nunca pasa nada. En otras países, situaciones como esta costaría la renuncia de los funcionarios. Aquí sólo se queda en la bomba mediática y sirve para distraer de otros temas como Ayotzinapa, la inseguridad, la violencia, que no se esclarecen”, indicó.


LA PROPUESTA DE EPN



El 1 de septiembre de 2012, en su primer discurso como Presidente electo, Peña Nieto ofreció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, en la que sus comisionados fueran aprobados por el Senado de la República y tuvieran un canal de comunicación “directo y expedito con la ciudadanía”.

Esa promesa la refrendó en octubre de 2012, durante una gira por España. En esa ocasión destacó que uno de los objetivos de la Comisión sería fincar su gobierno en la transparencia, la responsabilidad y la legalidad para “construir una sociedad cabal, confiada y participativa, y aspirar a un país fuerte, equitativo e incluyente”.

Un mes después, el 15 de noviembre de ese mismo año, los senadores Lizbeth Hernández y Pablo Escudero, de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente, presentaron la iniciativa que contempla la creación de la citada comisión, para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa.

La propuesta de Peña Nieto precisa que la comisión podrá atraer los casos de los estados y municipios; contará con autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios para garantizar su independencia, y que realice su trabajo de forma profesional e imparcial.

También que se establezca claramente en la normativa penal federal los delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del decomiso y la privación de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos.

No obstante, contempla que “estará impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y fiscal”, además de que se “protegerá la integridad de las personas que denuncian, se promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las demandas frívolas”.

La iniciativa, modifica los artículos 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política, fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción, para su dictaminación. Hasta ahora, más de dos años después, no ha visto la luz, a pesar de que la demanda para la creación de esta comisión crece en la medida que aumentan los casos de corrupción y conflicto de interés en la actual administración.


LAS CASAS DE LA POLÉMICA

The Wall Street Journal reveló el martes por la noche que Enrique Peña Nieto compró una casa en el año 2005 en un club de golf del municipio Ixtapan de la Sal, cuya propiedad era de un empresario llamado Roberto San Román Widerkehr, quien posteriormente recibió contratos de obra pública por más de 100 millones de dólares (unos mil millones de pesos de entonces) en el Estado de México cuando el ahora Presidente era Gobernador de la entidad.

El hijo del empresario, según consta en una fotografía publicada por la revista Quién, Roberto San Román Dunne, fungió como padrino de la primera comunión de Paulina Peña Pretelini, hija mayor del matrimonio entre Enrique Peña Nieto y Mónica Pretelini, fallecida el 11 de enero de 2007.

El diario publicó que el negocio de San Román Widerkehr se disparó entre los años 2005 y 2011, cuando ganó 107 millones de dólares en licitaciones alrededor del estado, incluyendo varias vías y carreteras y parte de un contrato para construir dos hospitales en los pueblos de Amecameca y Chimalhuacán, esto de acuerdo con registros del Gobierno mexiquense.

Desde que Peña Nieto se convirtió en Presidente de México, en 2012, según el periódico estadounidense especializado en información financiera, la firma de los San Román ha ganado al menos 11 contratos federales por un valor de unos 40 millones de dólares con negocios en varios estados del país, según documentos públicos. La empresa nunca había ganado un contrato directamente del Gobierno federal antes de que Peña Nieto asumiera el poder federal.

El empresario de Ixtapan de la Sal también recibió un contrato para construir un estacionamiento en el aeropuerto de Toluca, en el que el Gobierno federal tenía una participación de 25 por ciento en la empresa que operaba el aeropuerto.

Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, negó al Wall Street Journal que exista alguna relación entre la transacción privada de la casa en Ixtapan de la Sal y el éxito del contratista para ganar contratos, y la familia San Román optó por no emitir comentarios al respecto.

Peña Nieto reveló la compra de la casa en el club de golf Gran Reserva de Ixtapan cuando adquirió la propiedad de 2 mil 38 metros cuadrados en cumplimiento con la obligación de declarar sus bienes. No obstante, la identidad del vendedor no se conocía hasta ahora.

Peña compró una casa de 372 mil dólares a precio de mercado, dijo Sánchez, y la transacción no representaba ningún conflicto de interés. “La relación de Peña Nieto con algunos miembros de la familia San Román se remonta a varias décadas atrás”, afirmó el funcionario.

Posteriormente, en un comunicado emitido por la madrugada, la Presidencia refrendó lo dicho por su vocero.

Indicó que “las empresas mexicanas o extranjeras que cumplan los requisitos legales pueden participar en los procesos de contratación con el Gobierno Federal”.

“La constructora a que se refiere la nota participó en términos de la ley aplicable en los procesos de contratación y los mismos fueron resueltos conforme a la ley por los servidores públicos encargados de dichos procesos”, indicó Presidencia.

Dijo que “al Presidente de la República no le corresponde participar en los procesos de asignación de contratos”.

Y finalizó: “Consistente con el punto anterior, a manera de contexto, tan sólo la SCT durante esta administración ha otorgado 6 mil 534 contratos a más de 4 mil empresas, en los términos de la legislación aplicable y por los servidores públicos encargados de ello”, concluye el comunicado de Los Pinos.

Posteriormente, Eduardo Sánchez dijo en entrevista radiofónica que no existe otra propiedad del Jefe del Ejecutivo federal que no esté registrada en su declaración patrimonial. ”Lo digo rotundamente y claramente, no hay otra propiedad que no esté incluida en su declaración patrimonial como es este caso, desde hace casi 10 años”, comentó.

Este no es el primer caso que involucra a miembros del gabinete con la posesión poco transparente de propiedades.


El 9 de noviembre, una investigación periodística reveló que una residencia habitada por la familia presidencial, ubicada en Sierra Gorda número 150 en la exclusiva zona de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, no estaba registrada a nombre de Enrique Peña Nieto, tampoco al de su esposa Angélica Rivera Hurtado ni al de sus hijos.



La casa, valuada en más de 86 millones de pesos, es propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece a Grupo Higa, otro de los contratistas del gobierno de Peña Nieto como mandatario del Estado de México y como Presidente.

Grupo Higa, a través de su filial Constructora Teya, fue el consorcio de empresas nacionales y extranjeras al que fue revocado la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, ante las suspicacias que despertó la misma, según la explicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

La investigación comprueba que el Estado Mayor Presidencial (EMP) resguarda la casa de Sierra Gorda 150, y que el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa participaron personalmente con el arquitecto que diseñó la residencia, para que el trazo se ajustara a sus necesidades familiares.

La casa tiene estacionamiento subterráneo, planta baja y nivel superior con tapancos. Un elevador conecta todos los niveles. El jardín tiene sala y comedor techados. En un inicio, la azotea tenía jacuzzi y bar, pero la casa ha sido modificada en esta área.

Posteriormente, el Presidente aseguró que la residencia había sido entregada por la empresa Televisa a su esposa, en reconocimiento a los años que trabajó como actriz para esta televisora.

A través de un video, Rivera Hurtado explicó que “aun sin ser servidora pública me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación”.

Aseguró que tiene la capacidad económica para costearse esta casa que fue fruto de un contrato de exclusividad con Televisa.

Rivera expresó que trabajó 25 años con la empresa Televisa y que entre otras cosas realizó telenovelas, que no sólo fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo, con una alta audiencia. Destacó que con esta empresa celebró distintos contratos a lo largo de su carrera. Angélica Rivera reveló que la última renovación de estos contratos fue en el año 2004 y que en su caso, en cada renovación los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de su trabajo.

La primera dama contó que fue en el año 2008 cuando Televisa, en el marco de su contrato, le otorgó el uso de la casa y comenzó a vivir en ella ese mismo año.

Dicho contrato se finalizó de mutuo acuerdo el 15 junio de 2010 con la condición de que la actriz no trabajara con ninguna otra televisora por el plazo de cinco años y la empresa le pagó la polémica propiedad, ya que era su lugar de residencia, por un monto total de 88 millones 631 mil pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Aclaró que ese año en su declaración fiscal, demostró ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131 millones 690 mil pesos y pagó por impuestos en ese año la cantidad de 39 millones 278 mil pesos.

Días después, el mismo vocero de la Presidencia admitió que durante su campaña, Peña Nieto había utilizado otra casa de Grupo Higa, propiedad, del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, incluso muy cercana a la llamada “casa blanca”.

El escándalo por las casas de Grupo Higa alcanzó también al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, luego de que el mismo WSJ revelara en diciembre pasado que el funcionario había comprado una propiedad en Malinalco, Estado de México, a Juan Armando Hinojosa en octubre de 2012, por un valor superior a los 7 millones de pesos.

El funcionario liquidó la hipoteca de la casa en sólo dos años y negó cualquier conflicto de interés, pues argumentó que la había adquirido cuando no tenía cargo público alguno.

“Para la adquisición del inmueble obtuve un crédito hipotecario otorgado por la propia empresa vendedora. Por razones financieras, decidí prepagar el crédito con recursos propios. Ello ocurrió el 31 de enero de 2014”, expresó e inmediatamente aclaró que no se trataba de un conflicto de interés y que no abandonaría su cargo a raíz del escándalo.

GRUPO HIGA

El 3 de noviembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que el ganador de la licitación del Tren Rápido México-Querétaro era el consorcio conformado por China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA –una de las filiales de Grupo Higa–, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana, el único que postuló una propuesta económica de 50 mil 820 millones de pesos, incluso 21 por ciento más cara de lo presupuestado por el propio gobierno federal.

Sin embargo, el 6 de noviembre, la propia Presidencia de la República decidió revocar el fallo de la licitación. El Secretario Ruiz Esparza explicó que el principal interés del gobierno federal era que no existieran cuestionamientos sobre el proyecto y que tampoco hubiera dudas sobre la claridad del proceso. Expertos del sector relacionaron la cancelación con la participación de Higa.

Grupo Higa suma al menos 30 contratos otorgados por organismos federales durante los primeros 25 meses de la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Con excepción de la licitación del tren rápido México-Quéretaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado.


QUE SE INVESTIGUE, PERO A LOS FILTRADORES

Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) busca que el Congreso nombre a un Fiscal especial que investigue las propiedades de Enrique Peña Nieto y su gabinete, Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Cámara de Diputados y Coordinador del Grupo Parlamentario PRD, exigió aclarar… de dónde ha sido filtrada esta información y saber quiénes “están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno”.

“Se tienen que aclarar, porque finalmente, venga de donde venga la información, si eso tiene elementos… que no se resuelve si decimos que hay alguna fuerza extraña en el exterior queriendo desestabilizar… pero tampoco lo dudaría porque ya es un asunto recurrente de estar filtrando este tipo de información… pero esa información sale de alguna parte de acá del país, aquellos no se la inventan si es que existe, sale de acá”, dijo el líder de los diputados del Sol Azteca.

“Y habría que identificar quiénes están interesados en que por esa vía se desgaste el gobierno, es obvio que hay una intencionalidad de golpeteo al gobierno, de eso no me queda ninguna duda, pero eso es importante que se aclare y que se investigue de dónde salen tantas filtraciones de manera recurrente, eso tiene que ser un foco rojo para el gobierno, para identificar quién está en esa ruta”, comentó.

“Porque yo esperaría que con la aclaración que se haga al respecto, con la información que se dé el tema quede claro. Pero creo que hay que prender el foco rojo, algo está pasando ahí”, agregó.

Ante estas declaraciones, su compañero de bancada, Sánchez Camacho, opinó que el legislador se pone “un saco ajeno”.


“¿Cómo Silvano se pone un saco ajeno? Esto va más allá de dónde sale la información, la prioridad es que se investigue y se aplique la Ley”, aseguró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN/Shaila Rosagel, David Martínez y Juliana Fregoso.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1225851.

Conflicto de interés nuestro de cada día

MÉXICO, D.F: El concepto “conflicto de interés” se ha vuelto común en estos años, pero es más conocido el término que su significado, su origen, su regulación y sus alcances. Es como una marca comercial que se recuerda por su uso intensivo en los medios, pero del que no sabe bien a bien de qué se trata. Por eso es conveniente repasar algunas reflexiones sobre este fenómeno en la vida pública que lacera la vida democrática. Veamos.

Primero. De entrada, no hay una definición unívoca de lo que es “conflicto de interés”. Esto pasa porque una definición estricta limitaría las posibilidades de que una conducta pueda calificarse o no de esa forma. Se puede afirmar, empero, que dicho concepto surge cuando un gobernante, elegido o no, antepone su interés personal sobre el interés general para el que fue designado, siendo distintos uno del otro, de ahí el conflicto. Como puede verse, esta amplia definición incluye múltiples conductas que rebasan la posibilidad de enumerar un listado limitativo.

Así, por ejemplo, si se aprueba una ley penal sobre conflicto de interés, la cual por su naturaleza debe crear tipos penales o conductas que exactamente embonen en ese supuesto, tal decisión dejaría fuera muchas conductas posibles que pueden ser vistas por la sociedad como conflictos de interés. Algunos creen que el problema tendería a desaparecer teniendo leyes robustas de transparencia, de anticorrupción y de rendición de cuentas. Dichas medidas podrían ayudar, pero no bastan para sancionar todos los casos posibles de conflictos de interés que puede haber y que en México existen de manera reiterada, en todos los poderes y organismos constitucionales autónomos.

Hay algunos casos extremos que trascienden a la opinión pública, pero muchos otros, la mayoría de ellos, se esconden de la mirada de la sociedad. En las democracias el conflicto de interés es combatido bajo una sofisticada regulación acompañada de autorregulación, como los códigos de ética o de conducta de los servidores públicos que, de manera casuística, pueden reprobar actos como: a) Compartir información privilegiada para tener una ganancia personal, b) Formar parte de sociedades anónimas sin aparecer en los Registros Públicos de Propiedad, pero estar en el archivo de notarías para hacer efectiva su participación accionaria, entre muchas otras innumerables conductas.

Segundo. El conflicto de interés es una institución relativamente nueva si se le compara con las normas de acceso a la información que provienen del siglo XVIII en Suecia. Todavía entonces, por ejemplo, en Inglaterra era tolerable y aceptado que un gobernante pudiera combinar en el ejercicio público su atención al cuidado tanto del interés público como del suyo propio a pesar de ser distintos. Paradójicamente, en China, como una excepción a la regla, ya en el siglo XVIII se entendía que los gobernantes y servidores públicos debían sólo atender el interés público; ello fue por razones autoritarias de obedecer únicamente al gobernante.

El conflicto de interés por motivos vinculados a la relación mandante-mandatario propio de las sociedades democráticas nace en el siglo XIX en Inglaterra, y a principios del siglo XX adquiere carta de naturalización en las sociedades democráticas, bajo nuevos argumentos que justifican la existencia de esta figura ético-jurídica.

Hoy, en pleno siglo XXI, en México la compra de una casa a un proveedor por la esposa del presidente de la República es un clarísimo conflicto de interés. Lo es también la adquisición de un bien inmueble por el secretario de Hacienda de un futuro proveedor gubernamental o el uso de un vehículo blindado por parte del delegado de Iztapalapa que es propiedad también de un proveedor delegacional. Se trata, en la experiencia de los casos de conflictos de interés, de las conductas más burdas y obvias.

Si es así, ¿por qué no ha pasado nada?

Por cinco razones: a) Porque no hay una autorregulación regulada sobre conflicto de interés; b) Porque no hay códigos de conducta del servicio público, salvo excepciones; c) Porque las escasas vías ético-legales existentes no se cumplen; d) Porque no existe un espíritu de honorabilidad en casi todos los servidores públicos, y e) Porque la sociedad mexicana tiene todavía un amplio margen de tolerancia a esas conductas, que permite, a fin de cuentas, que las otras cuatro primeras carencias persistan.

Tercero. En este contexto, pareciera que el conflicto de interés no tuviera remedio en México. Sí lo hay, pero se requieren distintas acciones para que esta forma de corrupción pueda ser combatida o al menos reducida al mínimo posible. Para ello se necesita: a) La adopción de reglas de percepción rígidas en la opinión pública para generar intolerancia a los casos de conflictos de interés; b) La aprobación de normas legales y éticas administrativas y, eventualmente, penales, que sancionen el conflicto de interés; c) La adopción de declaraciones de interés por parte de los servidores públicos debidamente investigadas y revisadas por órganos independientes; y d) Complementariamente, la creación de normas de transparencia efectivas que permitan el escrutinio público de los documentos (no sólo de papel sino en cualquier formato) en posesión del aparato del Estado.


Estas tareas no son fáciles, pero tampoco imposibles. En este camino el reaprendizaje social que no viene en los libros de texto ni en los manuales de las escuelas normales resulta imprescindible. Hoy, en la lógica del mundo al revés, la educación y sus libros de texto preparan niños para servir al statu quo, reproducir las conductas existentes y crecer sin referentes para comparar lo que existe en México de lo que debería existir en materia de integridad pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS)

La realidad refuta al “virrey” Castillo

Según el comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo, en el año que lleva en el cargo –como “virrey”, señalan algunos– la violencia bajó a niveles tolerables. Pero la senadora panista Luisa María Calderón señala que el enviado del presidente Peña Nieto es un factor de desorden en la entidad y nadie le cree. Y el expresidente municipal de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, lo acusa de pactar con el crimen organizado para afianzar su poder. Para colmo, dice, las próximas elecciones se realizarán bajo su control.

MÉXICO, D.F: “Michoacán es un desorden”, repite la senadora Luisa María Calderón Hinojosa después de escuchar a Alfredo Castillo, quien a un año de ser nombrado comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, afirma que la entidad ya no tiene problemas de inseguridad, ya no se cometen extorsiones y la gente puede salir a la calle, sin temor, a cualquier hora.

El martes 13, Castillo compareció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en medio de críticas de los legisladores a su trabajo. Incluso lo llamaron “virrey”, cuestionando el acuerdo presidencial por el que se creó la comisión que encabeza, con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones se erogaron en “servicios personales” y el resto, más de 28 millones, en “gastos de operación”.

Durante más de tres horas el comisionado argumentó que, a un año de su llegada, Michoacán ya no sufre por culpa del crimen organizado, los enfrentamientos son por divisiones entre los líderes de las fuerzas rurales y la violencia ha disminuido a niveles tolerables.

Para apuntalar esto, dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la entidad se ubica en el lugar 25 de 32, y las denuncias de secuestro, que en 2013 fueron 194, descendieron a 13 el año pasado.

Y aventuró: “No podemos hablar, hoy por hoy, de que exista un estado fallido, cuando a diferencia, y de manera inédita en cualquier otra parte del país o del mundo, se logró que 38 personas se entregaran de manera voluntaria a las instituciones para enfrentar un proceso penal que en 15 días estaba perfectamente clarificado”.

El comisionado rechazó los señalamientos de que permitió a integrantes del crimen organizado integrarse a la Fuerza Rural, pues “para eso habría que hacer señalamientos de averiguaciones previas que están en la SEIDO”.

El enviado del presidente Enrique Peña Nieto acusó al gobierno anterior, el del panista Felipe Calderón Hinojosa, de haber dado por muerto a Nazario Moreno, El Chayo, en 2011, cuando en realidad vivió hasta 2014, y entre tanto se fortaleció la organización delictiva Los Caballeros Templarios.

Encarando a los legisladores del PAN, el comisionado insistió: “El gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno y que, la señora senadora que está a su lado no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel”. La legisladora señalada es Luisa María Calderón, precandidata panista a la gubernatura michoacana y hermana del expresidente Felipe Calderón.

Sin embargo, Michoacán no se atiene al guión de Castillo. El mismo día de la comparecencia, el empresario minero Sergio Corona Barragán y el excomandante de la policía municipal Romeo Luna Málaga fueron ejecutados en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Según el secretario de la Cámara Nacional de Comercio en el estado, Gonzalo Zaragoza Méndez, más de mil 400 comercios han cerrado desde 2014. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ese fue el año más violento de la historia en la entidad, con 2 mil 638 homicidios, mil 52 de ellos dolosos. Así, Michoacán ascendió del cuarto al segundo lugar de violencia.

Y a pesar del optimismo de Castillo, la entidad que fue a rescatar es una de las 10 con los mayores registros de secuestros (121) y extorsiones (275).

Comisionado sin credibilidad

Al terminar la comparecencia de Alfredo Castillo ante la Comisión Permanente aquel martes 13, la senadora Calderón estaba molesta por la alusión del comisionado, la cual podría interpretarse en el sentido de que ella sabía que el capo Nazario Moreno no murió en 2011, como afirmaba Felipe Calderón.

Y aunque no se le dio la oportunidad de responder al funcionario federal en la comparecencia, porque no forma parte de la Comisión Permanente, en una entrevista posterior la senadora califica de irresponsables las afirmaciones del enviado presidencial:

“Así es, desordenado. Hay una falta de credibilidad por todo el desorden que hay ahí. Siempre he dicho que el desorden no se puede arreglar con desorden, hay que poner orden, claridad. Lo que hay en Michoacán es desorden.”

Ella esperaba que Castillo presentara un informe real sobre la situación en Michoacán e informara si se reorganizó un grupo delictivo o si los cárteles protagonizaron los enfrentamientos recientes. Pero no fue así, por eso cuestiona las medidas que implantó el enviado federal:

“Tenemos un problema grave de credibilidad. Yo digo que el desorden no se puede organizar con desorden: legitimar a un grupo de ciudadanos que se levantaron para defender su vida y luego pedir que cuiden de la delincuencia organizada, así no es. ¿En qué cabeza cabe, con qué fundamento legal lo hizo? El Ejército tiene una figura que se llama Guardias Rurales, ¿por qué no incorporó a esos ciudadanos en esa figura constitucional y que fueran coadyuvantes, como lo son las policías rurales? Si ya está esa figura, ¿por qué no usarla y meter orden?

“Si se legitima que tengan armas y sólo dicen que no las traigan en las calles, eso es violar la Ley de Armas de Fuego. Si se entiende que por allá la gente tiene muchas armas, pues que se hable.”

–¿Que salga Castillo? –se le plantea.

–Entendemos que es un problema de largo aliento, la delincuencia organizada tiene 50 años. No hay varita mágica, pero no se entiende que quieran que lo resuelvan las fuerzas rurales que fueron enlistadas en desorden. Hay gente que estaba en la delincuencia organizada y dijo: yo también voy a entrar. El tema es que con desorden no se pueden hacer las cosas.

Aclara que no se trata de dar plazos sino de ser escuchados, de que haya claridad en la situación de Michoacán porque en la comparecencia no quedó claro si hay o no delincuencia organizada, si la fuerza rural va a ser legalizada y, sobre todo, quién manda.

Por ejemplo, pone en duda la versión de Castillo sobre la muerte de 13 civiles en Apatzingán la noche del 6 de enero, cuando un grupo ocupó la presidencia municipal exigiendo que se aclarara la muerte del hijo de Hipólito Mora semanas antes, en el enfrentamiento con las fuerzas del Americano en la comunidad de La Ruana.

Según el comisionado, la meta del operativo de la noche de Reyes no fue desa­lojar la presidencia municipal, sino detener a personas armadas y en posesión de autos robados. No obstante, vecinos y familiares de los fallecidos afirmaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales. Según ellos, las víctimas estaban desarmadas y sólo querían la libertad de amigos y familiares detenidos por militares.

“Nos preocupa que nadie cree en nadie, si fue o no alteración de la escena, si fue o no lo que ocurrió. La gente ahí dice que la fuerza federal llevaba detenidas a algunas gentes y los que estaban ahí fueron a rescatar a los suyos. Dicen que uno de ellos, llamado Miguel, se rindió, abrazó a su familia y ahí lo mataron”, apunta Calderón.

“Crimen institucionalizado”

Guillermo Valencia, expresidente del municipio de Tepalcatepec, ubicado en la región de Tierra Caliente, tampoco le cree a Castillo:

“Tengo mis dudas sobre lo que ha estado detrás de las últimas emboscadas, como en Aquila o Uruapan. Más que rivalidades entre grupos criminales, parece que se están incubando conflictos y que éstos vienen de personas vinculadas a la autoridad, en este caso con Castillo.”

Y como lo ha hecho en otras ocasiones, denuncia que el enviado de Peña Nieto pactó con la organización criminal encabezada por Juan José Farías, El Abuelo, con quien Castillo se reunió en Tepalcatepec a principios de 2014.

“El panorama en Michoacán está muy desdibujado porque antes teníamos muy claro quiénes eran los malos y los buenos; ahora no, todo es una confusión. La muestra es lo de Apatzingán, con Los Viagras que pactaron con el comisionado y los utilizó. Lo que está haciendo Castillo es limpiarle la plaza al cártel del Abuelo Farías, quien pactó con La Tuta haciendo negocios desde antes que nacieran las autodefensas”, acusa.

Según el exalcalde, destituido por el Congreso michoacano alegando que no había condiciones de seguridad en 2013, quien gana con este año de la gestión de Castillo es Servando Gómez, La Tuta.
Por eso considera que el comisionado “es el caballo de Troya de un nuevo cártel delictivo, porque desde adentro operó para la destrucción del cártel de Los Caballeros Templarios, haciendo una alianza con el Abuelo Farías. Por eso no agarraron a La Tuta; las autodefensas nunca atacaron su región y los que operan ahí son gentes allegadas. La Tuta goza de la protección de las autoridades, pues no se entiende que a un año de que llegó el comisionado aún no lo haya detenido: es la cereza del pastel”.

Recientemente Valencia ha querido regresar a Tepalcatepec para acabar su administración. Por lo que ha visto, rechaza que el problema en Michoacán ya no sea de seguridad sino de “conflictividad social”, como dice el comisionado:

“No se le cree. Ha engañado, ha distorsionado la realidad social. A pesar de que mucha gente confió en Alfredo Castillo, la ha traicionado, como al doctor Manuel Mireles e Hipólito Mora. Ahora están Los Viagras, que no sé si son un grupo de criminales porque no soy autoridad para decirlo, pero con ellos pacto, los empoderó y armó, les permitió actuar con impunidad, y cuando se le salieron del huacal los traicionó y los masacró.”

Para el exalcalde, “eso fue lo que pasó en Apatzingán: no fue producto de una circunstancia o un hecho que se suscitara por una confusión, accidente o emboscada. Fue una trampa, y con ella Castillo buscó demostrar que tiene el poder y que todo el que se salga del huacal tendrá las mismas consecuencias”.

–Pero Castillo dice que en Michoacán el problema no es de seguridad, incluso dio datos del Inegi de que el secuestro bajó, que ya no hay pago de derecho de piso ni extorsiones.

–El propio SNSP lo desmiente. El Inegi no veo que venga a hacer encuestas y sus datos son a través del Censo de Población y Vivienda de cada 10 años. Lo que veo en la realidad es que están cobrando cuotas a los transportistas, taxistas y comercios. Sigue el secuestro y no se denuncia porque la gente no confía en las autoridades. Es un desorden, rebasamos el récord histórico en homicidios dolosos. Así que no sé dónde saca las estadísticas el comisionado… es con base en ocurrencias y algunos medios que confían en la autoridad, pero basta profundizar e investigar para darse cuenta que son datos falsos.

Valencia sostiene que Michoacán sufre una crisis de seguridad como nunca antes en la historia: “El problema es que antes extorsionaban, secuestraban o asesinaban los criminales, pero ahora lo hace la autoridad porque los personajes oscuros que llegaron con el comisionado Castillo desde el Estado de México y de otros lugares son los que extorsionan. Entonces sólo les quitaron el trabajo a los criminales para tomarlo ellos”.

A principios de abril arrancarán las elecciones para renovar la gubernatura, las 113 presidencias municipales y el Congreso de Michoacán. Para el expresidente de Tepalcatepec, las elecciones serán difíciles por la situación de la entidad, pero el principal beneficiado será el comisionado federal:

“Alfredo Castillo será el gran elector, va a poner al candidato y al gobernador porque tiene los recursos y las instituciones a su favor. A la mejor en Morelia no se resentirá pero en las comunidades rurales y en las poblaciones más pequeñas sí, porque ahora sufrirán al crimen institucionalizado.”

Enfatiza que ese gran elector incluso va a poner a los candidatos:

“No va a importar si eres narcotraficante, secuestrador o asesino; mientras no aparezcas en un video con La Tuta, podrás conseguir cualquier puesto. Hay muchos políticos que están en videos, que tenían contacto con Los Caballeros Templarios y les debían sus puestos, y ahora al tener Castillo los videos y las fotografías que los comprometen, los tiene en sus manos.


“Esa es la forma en que se va a perpetuar en el poder porque los va a impulsar a tener cargos de elección y va a seguir manipulándolos como ahora”, concluye Valencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (REPORTAJE ESPECIAL)

Familiares de normalistas visitarán cuarteles después del 26 de enero

MÉXICO, D.F: Familiares de los normalistas desaparecidos iniciarán sus recorridos por los cuarteles militares después de la marcha del próximo lunes 26 en esta capital, informó hoy el vocero Felipe de la Cruz.

“Tenemos que culminar nuestro plan de acción y al término de éste estaremos haciendo la agenda para ver a qué cuarteles podemos pasar”, dijo.

En entrevista con Radio Fórmula, De la Cruz precisó que el acuerdo con la Secretaría de Gobernación fue que les permitirían visitar los cuarteles, pero no acordaron la fecha ni cuáles visitarán.

“Quedamos que nosotros íbamos a hacer una agenda y les íbamos a informar”, puntualizó.

Después de la marcha del próximo lunes, planearán qué cuarteles visitarán “porque el compromiso con el gobierno federal fue que nos iban a autorizar pasar a ver los cuarteles para que podamos disipar las dudas que tenemos”, subrayó.

Ayer, durante la marcha que realizaron en Tecoanapa junto con miembros de organizaciones sociales y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), los padres de los normalistas exigieron al gobierno federal que se los entregue con vida.

“Queremos con vida a todos los muchachos de hoy apara adelante; es mentira lo que dice el gobierno, ya no le creemos, queremos justicia para los chavos desaparecidos. Desde diciembre nos decían que en dos semanas nos darían los restos, pero ya pasó más de un mes y no hay nada”, dijo Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander, cuyos restos fueron identificados a inicios de diciembre pasado, a través de estudios de ADN que se realizaron en un laboratorio de Austria.

Según los padres de los normalistas, el gobierno tiene la intención de dar “carpetazo” al caso, por eso no van a dejar que decaiga la protesta por esa injusticia. No se va a permitir el olvido, aseguraron en un encuentro con sindicalistas y líderes campesinos y sociales.


En esa reunión acordaron realizar en forma conjunta la marcha del lunes 26, por lo que sindicalistas y organizaciones no gubernamentales acompañarán a los padres y compañeros de los desaparecidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Escándalos de EPN benefician a AMLO, afirma The Economist; “México merece algo mejor”

La influyente revista británica The Economist, una especie de Biblia para amplios sectores políticos y económicos en el mundo, dice hoy, en un artículo de su edición impresa, que los últimos escándalos con Grupo Higa y la familia San Román, así como el cinismo del Presidente Enrique Peña Nieto, serán capitalizados por el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador.

“El gobierno está manchado por el escándalo”, dice la publicación. Recuerda el caso de los 43 normalistas, y recuerda la “casa blanca” de Angélica Rivera, Primera Dama; la casa de Malinalco que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró a Grupo Higa en octubre de 2012 (de 850 metros cuadrados, ubicada en un club de golf en Malinalco, Estado de México y que costó 7.5 millones de pesos).

También habla de la cancelación del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, que tendría un costo de 50 mil 820 millones 264 mil 042 pesos brutos.


Y “la última vergüenza” –menciona–: la casa de Peña en Ixtapan de la Sal.
“Las audaces reformas económicas [de Peña Nieto] aún pueden traer recompensa política. Las divisiones de la oposición pueden ayudarle a ganar las elecciones del Congreso en junio. Pero en los últimos meses han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas. Y con las encuestas que sugieren que la participación en las elecciones será triste, el principal beneficiario del cinismo que está engendrando el Presidente, puede ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico que dos veces ha estado a punto de ganar la Presidencia. México se merece algo mejor”.
En un mensaje de año nuevo, dice la influyente revista británica, el Presidente de México se comprometió a trabajar para “liberar” a su país de la delincuencia, la corrupción y la impunidad. “Su gabinete ha establecido éstas como sus prioridades. El mensaje era el correcto. Pero, por desgracia para el señor Peña, los mexicanos son cada vez más cínicos respecto al mensajero”.

“México todavía está hirviendo por la respuesta de plomo del gobierno al secuestro, en septiembre, de 43 estudiantes por parte de la policía municipal de Guerrero y su aparente asesinato ejecutado por narcotraficantes. La investigación del caso parece haberse estancado. La principal respuesta política del señor Peña a la masacre es una propuesta de enmienda constitucional para abolir a las policías municipales. Pero el Congreso no lo aprueba, entre otras cosas, porque algunas fuerzas municipales se encuentran menos podridas que las fuerzas estatales que tomarían su lugar”, agrega.


En defensa del gobierno, dice la publicación, el Estado de Derecho en México no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas, limpiar y fortalecer la policía del país, señala. “Pero sus críticos creen que Peña está esquivando la tarea más importante: castigar a los jefes políticos corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está manchado por el escándalo”.
“La última vergüenza, reportada esta semana por The Wall Street Journal, es que Peña Nieto compró una casa en 2005 a un pequeño constructor que ha ganado una gran cantidad de contratos de su gobierno. Esto sigue a la revelación de que Luis Videgaray, su Secretario de Hacienda, compró una casa 500,000 euros en un club de golf de moda con una hipoteca del vendedor, una empresa propiedad de Juan Armando Hinojosa. El empresario ha recibido mucho trabajo por parte del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando el señor Peña fue su Gobernador y el señor Videgaray fue Secretario de Hacienda”.
“Esto confirmó la estrecha relación entre la administración y el Grupo Higa, imperio de negocios del señor Hinojosa”, dice The Economist. “En noviembre, el gobierno canceló abruptamente un contrato de 3.7 mil millones para un tren de alta velocidad adjudicado a un consorcio que incluye a Grupo Higa. Días más tarde se supo que la palaciega casa privada del Presidente había sido comprada con una gran hipoteca concedida a la Primera Dama [Angélica Rivera] por el mismo grupo”.

La revista dice que tanto Peña como el señor Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal. “Se están perdiendo el punto. En las democracias modernas, a cuyas filas México aspira a ingresar, rascarse las espaldas mutuamente, como parecen haber hecho con Grupo Higa, es visto como un comportamiento inaceptable”.

The Economist agrega: “Si se toman en serio la lucha contra la corrupción y los conflictos de intereses, los líderes políticos de México podrían mirar a Brasil. Petrobras, la petrolera estatal de Brasil, está envuelto en un escándalo mucho más grande que involucra sobornos de quizás 4 mil millones en la última década. Los fiscales creen que gran parte del dinero fue para el gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados de gobierno. La Presidenta, Dilma Rousseff, presidió el directorio de Petrobras durante gran parte de este período”.


“Gracias a fiscales feroces y a tribunales independientes, y una nueva, dura ley contra el soborno, los brasileños pueden estar seguros de que el delito de Petrobras será investigado y castigado, incluso si el camino lleva a la propia Rousseff. En 1992, un Presidente brasileño fue sometido a juicio político por corrupción; más recientemente, varios ministros se han visto obligados a dimitir por contratos dudosos o nexos poco éticos con empresas privadas. Decenas de directivos de empresas de construcción bajo contrato con Petrobras se enfrentan a cargos criminales”, recuerda la revista.
“Para que este tipo de cosas sean posibles en México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una oficina de un fiscal independiente y un organismo de lucha contra la corrupción deben de ser la vía rápida (tristemente, los partidarios del señor Peña quieren que el órgano anti corrupción esté bajo el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad política. Nadie ha asumido la responsabilidad y nadie ha renunciado por las fallas de seguridad, o por el contrato del tren poco fiable o por los conflictos de intereses. Nadie ha prohibido a Grupo Higa tener contratos del gobierno mientras se investiga de forma independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1227004.

Sedena y H&K son acusados en Alemania de falsear permisos para enviar armas a Guerrero

Documentos oficiales de exportación obtenidos por diputados federales alemanes del partido opositor Los Verdes habrían probado que la Secretaría de la Defensa (Sedena) en México y un funcionario de la empresa armamentista Heckler&Koch (H&K), introdujeron ilegalmente armas alemanas al estado de Guerrero, y estas armas de alto calibre fueron utilizadas por policías y criminales.

No está claro que estas armas se usaran contra los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre; pero sí está probado que la policía de Iguala dispuso de los rifles de asalto, y que esas mismas armas salieron a relucir en un ataque de policías contra estudiantes en 2011.

El periódico alemán TAZ indica en un artículo que “las autoridades mexicanas han ocultado, a través de información falsa en los documentos de exportación, el paradero ilegal de armas alemanas y así se desprende de una carta que fue entregada por el Ministerio Federal de Economía (BMWi) al Diputado federal Hans-Christian Ströbele, del partido Los Verdes”.

Los compradores declararon que los rifles de asalto importados de Heckler&Koch, empresa alemana dedicada a la fabricación de armas de fuego, habían llegado a los estados para los cuales existía un permiso de exportación.

Pero los rifles tipo G36 terminaron, en realidad, en Guerrero.

Debido a la difícil situación de derechos humanos en México, las autoridades alemanas de exportación “habían explícitamente negado un permiso para Guerrero y otros tres estados”, dice TAZ. “Por lo tanto, el país receptor, México, ha violado los principios políticos del Gobierno Federal Alemán para la exportación de armas de guerra y otros equipos militares”, criticó Ströbele en el mismo medio. Demandó que no se aprueben más exportaciones de armas hacia México.


TAZ recuerda que los fusiles fueron asegurados a policías de Guerrero que, en conjunto con sicarios del crimen organizado, atacaron a los normalistas en Iguala el 26 de septiembre pasado. Seis personas murieron en este ataque, 43 estudiantes desaparecieron.

El pasado 18 de enero, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, afirmó que no tiene “ninguna información” de que se hayan incautado fusiles alemanes en vinculación con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, un tema que ha generado polémica en Alemania. Pero documentos oficiales –desde peritajes de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirman lo contrario.

No sólo hubo armas alemanas la noche de los hechos en Iguala, sino también en el ataque a normalistas en 2011 en la Autopista del Sol.

“Yo no tengo ningún elemento que me permita confirmar que así haya sido”, dijo Meade en una entrevista con la agencia dpa en la Ciudad de México, antes de su visita a Alemania para reuniones con su par Frank-Walter Steinmeier, parlamentarios, académicos y empresarios.

Dos días antes, el 16 de enero, el partido opositor alemán Los Verdes aseguró que el gobierno de Berlín debía poner fin a la venta de armas a México. De acuerdo con un artículo del semanario Der Spiegel, el gobierno alemán concedió entre 2005 y 2007 permisos de exportación para esas armas, pero con la condición de que fueran enviadas a regiones declaradas pacíficas y de que permanecieran en ellas.

El estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala, no es una de esas regiones, destacó el semanario.

SIN GARANTÍAS


En el artículo publicado en taz.de establece:
“Aún no está confirmado si las 36 armas confiscadas se utilizaron contra de los estudiantes la noche sangrienta. Sin embargo, no hay duda de que la policía, la cual está coludida con el crimen, tenía los rifles. Una comparación de los números de las armas confiscadas, realizada por la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bafa) dio el siguiente resultado: 
• El cliente DCAM, un contratista de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), ha enumerado ocho estados mexicanos en el Certificado de destino final. Pero no a Guerrero.
• Con los Certificados de destino final, los compradores se aseguran que el armamento se mueve de la manera autorizada.
• El vendedor, en este caso H&K, debe proporcionar el documento a la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (Bafa) con el fin de garantizar el paradero legal de las armas exportadas.
“El caso reciente demuestra que los Certificados de destino final son documentos completamente inútiles y manipulables”, dijo a TAZ el abogado Holger Rothbauer con respecto a las nuevas informaciones.

En abril de 2010, el abogado de la ciudad Tubinga ya había denunciado ante la fiscalía de la ciudad de Stuttgart, en nombre del activista de paz Jürgen Grässlina, a la compañía H&K. Grässlin acusa a H&K que aproximadamente la mitad de los casi 10 mil rifles de asalto exportados hacía México entre 2006 y 2009 se enviaron a las regiones prohibidas.


Los documentos confirman que solamente a las autoridades policiales de Guerrero llegaron 1,924 armas, es decir, a un estado en el cual hay sospechas de que los funcionarios están involucrados en una red delictiva confirmada por el crimen organizado, la política y gobernantes locales.

ALTERAN DOCUMENTOS


TAZ dice que los fabricantes de rifles de la región Suabia tenían las manos metidas en la manipulación de los documentos de exportación. “En la primavera de 2013, la gerencia culpó a dos empleados de ser responsables de la operación ilegal. Los dos fueron despedidos. En un proceso laboral posterior, los despedidos confirmaron que no podían haber actuado sin el conocimiento de la dirección de la empresa”.
“Según sus declaraciones, los documentos fueron alterados en México, en acuerdo con un representante comercial de H&K que reside allí”.
El periódico alemán agrega: “Ahora se confirmó esta sospecha”.

H&K había señalado reiteradamente que “no tolera ninguna actividad ilegal en la empresa y que nunca lo había tolerado en el pasado”, según lo dicho por el portavoz Knut Peters a TAZ.

Para Ströbele, los mecanismos de control son generalmente insuficientes. El caso ilustra las deficiencias del Certificado de destino final.


“Al gobierno federal se lo hace demasiado fácil, si únicamente pide que se confirme por escrito, quién es el supuesto usuario final de las armas exportadas”, dijo el político de Los Verdes citado por el medio alemán.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-01-2015/1226837.

La SFP auditará contratos a constructora que vendió casa a Peña

MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Función Pública (SFP) auditará los contratos asignados por el gobierno federal a Constructora Urbanizadora Ixtapan (CUISA), cuyo dueño, Roberto San Román Widerkwhr, vendió al presidente Enrique Peña Nieto una residencia en Ixtapan de la Sal cuando fungió como gobernador del Estado de México, según una nota publicada por The Wall Street Journal (TWSJ).

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, hizo la solicitud a la SFP porque “en el tema de los contratos de Ixtapan, de la empresa CUISA”, dijo, “estoy cierto que no hay ninguna irregularidad”.

Según el diario estadunidense, durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, la empresa de San Román consiguió 100 millones de dólares en contratos, y desde el inicio de la actual administración federal ha conseguido 11 contratos federales.

En entrevista con Grupo Imagen, Ruiz Esparza explicó que se auditarán los contratos adjudicados a CUISA en los estados de Veracruz y Querétaro, y afirmó que si se encuentra alguna irregularidad será sancionada.

El funcionario federal también tocó el tema del tren México-Querétaro, y aseguró que tendrá auditorías permanentes, desde la licitación hasta el inicio de las obras y el posterior funcionamiento.

Luego de precisar que pidió a la SFP que un despacho externo audite todo el proceso de la segunda licitación del tren, señaló que la empresa Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, está habilitada legalmente para participar en este concurso, pero –afirmó– se sabe que no lo hará.

En un comunicado, CUISA informó ayer que entre 2005 y 2011 obtuvo contratos del gobierno del Estado de México por mil 50 millones de pesos que se ganaron en procesos competidos de licitación u obra financiada, debido a que presentó mejores ofertas técnicas y económicas que sus competidores.

Un día después del reportaje que publicó TWSJ, la empresa detalló que en ese mismo periodo ganó 213 millones de pesos por obras en el Distrito Federal (gobernado por el PRD) y en el municipio de Naucalpan, en ese entonces gobernado por un alcalde del PAN.

Respecto de los contratos que ha ganado con el gobierno federal, desde la llegada de Enrique Peña Nieto, en 2012, precisó que aunque ganó 11, perdió 48, pero no mencionó a cuánto ascienden los montos de los contratos que obtuvo ni de cuáles se trata.


Para la empresa, hay “evidencia” de que compite “en las mismas condiciones que cualquiera”, además de que, subrayó, pierde “más concursos de los que ganamos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pega crisis a proyecto de nuevo aeropuerto; anuncian ajustes financieros

MÉXICO, D.F: La inestable situación económica nacional y mundial repercutieron ya en una de las grandes obras del sexenio: el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El director corporativo de Infraestructura del Grupo Aeroportuario, Raúl González, anunció este jueves en una entrevista de banqueta que se tendrán que ajustar los esquemas de financiamiento del proyecto.

“Nosotros basábamos la construcción del Aeropuerto en recursos fiscales complementados con recursos bancarios, pero tenemos que revisar”, explicó luego de participar en la cuarta Conferencia Anáhuac “Perspectivas turísticas para México”.

El empresario comentó la posibilidad de ver otras figuras de financiamiento. “Los aeropuertos son una extraordinaria inversión. En Estados Unidos los aeropuertos no son concesionados, son de las ciudades, porque es una inversión muy segura, las ciudades que invierten en aeropuertos recuperan su inversión muy rápido”, argumentó.

González precisó que para este año se tienen 19 mil millones de pesos — 6 mil millones en recursos fiscales— además de que se cuenta con un crédito asegurado de mil millones de dólares, mismos que podrían incrementarse a 2 mil millones.

En el plan original para construir la nueva sede aérea, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tenía prevista una inversión de 169 mil millones de pesos para la primera etapa. De ese total, 52% sería del Presupuesto de Egresos de la Federación y 48% de origen privado.

Raúl González aseguró que la baja del precio del petróleo no los afectará este año, pues ya existe un presupuesto asignado para las etapas constructivas en la ruta crítica.

“Tenemos ya una calibración del presupuesto hasta el 2018, no puedo decir si tendremos recursos fiscales de acuerdo a nuestras necesidades, pero en este año no tenemos ningún problema” aclaró.

En febrero arrancan obras

El directivo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México adelantó que en febrero próximo se colocará la primera piedra, que significará el inicio de las obras básicas del nuevo aeropuerto, tales como la construcción de la barda, el circuito perimetral, los anexos y entronques y su conexión al exterior, caminos interiores, el sistema de drenaje, la cimentación.

Sin embargo, destacó que para iniciar la obra se necesita la autorización de la Semarnat. “Nosotros ya entregamos la Manifestación de Impacto Ambiental que ya nos fue autorizada, se nos presentó una serie de resolutivos, esto es que nosotros tenemos que cumplir una serie de programas de mitigación para hacer la obra. Estamos en etapa de desarrollar todos esos programas y entregarlos a la Semarnat, y una vez autorizados iniciamos la construcción”, dijo.

De acuerdo con las fechas del directivo, la obra quedará concluida el 20 de octubre del 2018 y la operación, el 20 de octubre del 2020.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Calderón es un “cínico y desmemoriado”, le revira Marko Cortés

MEXICO, D.F: Luego de que Felipe Calderón amenazó con renunciar al Partido Acción Nacional (PAN) para crear una nueva opción política, el coordinador de la campaña de reelección de Gustavo Madero, Marko Cortés Mendoza, lo calificó de “cínico y desmemoriado” y le pidió no dividir a los panistas.

Desde la Presidencia de la República, recordó Cortés, Calderón “impuso a su más cercanos” en el PAN, como en la presidencia a Germán Martínez y a César Nava y pretendió hacerlo también con Roberto Gil, pero además, “con toda la fuerza del aparato gubernamental”, designó a su hermana Luisa María Calderón candidata a gobernadora de Michoacán en 2011.

“Con mucho respeto, pero también con mucha claridad, el expresidente Felipe Calderón es un cínico y desmemoriado, el expresidente Felipe Calderón ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, expresó Cortés en un mensaje a medios emitido esta tarde en la sede nacional del PAN.

Este mensaje de quien fue el coordinador de la campaña de reelección de Madero y candidato a diputado federal plurinominal se produce luego de que Calderón criticó que la dirigencia del PAN ya “cerró las puertas a los ciudadanos y está ahora puesto a trabajar en función de intereses de grupo y que lo están arruinando como alternativa ciudadana”.

En entrevista con el director de El Financiero, Enrique Quintana, desde Davos, Suiza, Calderón criticó que el PAN no haya dado una diputación plurinominal a su esposa, Margarita Zavala, y planteó tres opciones para él y su grupo, una de ellas renunciar y formar otro partido.

“¿Qué alternativas hay? Veo tres. Uno, no hacer nada y decir a ver cómo se arregla solo. Esta no es una alternativa políticamente viable. Dos, tratar de reconstruirlo desde sus cimientos lo que implica luchar contra esos intereses. También implica cambiar dirigencias, también implica renovarlas, también implica estar pegándole a muchos intereses que manipulan un padrón interno, que usan recursos pues muchas veces inexplicables, que aprovechan aparatos completos para establecer condiciones de ese grupo”.

Y tres, enumeró Calderón: “Habrá que pensar seriamente en crear otra opción política, así sea que tome una o dos décadas para que fructifique”.

Al respecto, el actual coordinador de los Centros de Estudio de la Cámara de Diputados y quien recientemente declinó sus aspiraciones de ser gobernador de Michoacán a favor de Luisa Marcía Calderón, contra la que también contendió en 2011, afirmó que Calderón debe recordar todas las imposiciones.

“Calderón, en lugar de estar criticando a la dirigencia nacional del PAN, debe recordar cómo impuso ni más ni menos a quien fuera su secretario particular, César Nava Vázquez, como presidente del partido, quien por cierto luego estuvo envuelto en escándalos de corrupción”.

Añadió: “No satisfecho con ello, Calderón volvió a intentar la maniobra, tratando de imponer a su entonces también secretario particular, Roberto Gil, en ese momento ya sin tener éxito por el rechazo de los panistas que se atrevieron a ponerle un alto en sus pretensiones”.

Cortés agregó, “sólo para refrescar un poco la memoria de Calderón”, que algunos de los actuales integrantes de la Comisión Permanente Nacional, que designan a candidatos, apoyaron en su momento a Ernesto Cordero, “cuando trató de imponerlo como candidato del PAN a la presidencia de la República” en 2012.

Mencionó a los gobernadores Guillermo Padrés y Rafael Moreno Valle, así como a Ulises Ramírez, del Estado de México, Jorge Romero, del Distrito Federal, y Miguel Angel Yunes en Veracruz.

“¿Es incongruente Felipe Calderón, porque cuando los tenía como aliados eran gente muy valiosa y ahora son los grupos que manipulan al PAN”, expresó Cortés, quien le recordó también cómo operó desde Los Pinos a favor de su hermana en Michoacán.

“Le recuerdo a Felipe Calderón que cuando fue presidente desde Los Pinos impuso a sus más cercanos. Para poner un claro ejemplo: Luisa Marcía Calderón Hinojosa. En el 2011 impulsada con toda la fuerza del aparato gubernamental y del partido en el estado de Michoacán contra su servidor que contendía por el mismo cargo”.

Sobre el senador Javier Lozano, “su vocero”, Cortés rechazó que ahora “nos quiere dar clases del panismo auténtico”, pero debe recordarse que, en el 2000, mientras los verdaderos panistas apoyábamos el cambio con Vicente Fox, él iba de la mano con Francisco Labastida como candidato a diputado federal por el PRI.

Y advirtió: “El día de hoy, reconociendo el activo importante que es para el PAN Felipe Calderón, le hago un respetuoso pero muy firme llamado para que deje de estar enfrentando y dividiendo a los panistas, que deje de estar amenazando con fundar otro partido político, le recuerdo que estamos en el inicio de un proceso electoral. En lo único que debemos estar concentrados los panistas en nuestra labor partidista es en ganar las elecciones”.


Y recordó: “Muchos hemos dado muestra de construcción, de generosidad, de sumar, de reconocimiento y de inclusión. Por poner un claro ejemplo, hoy Cocoa Calderón, a quien nuestra dirigencia y yo mismo estamos apoyando como candidata a gobernadora en el estado de Michoacán”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.