lunes, 19 de enero de 2015

La riqueza sospechosa del Gobernador de Chihuahua une a PAN, PT, Morena y PRD

Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) se alistan para presionar a la Procuraduría General de la República (PGR) a investigar una denuncia ciudadana contra el Gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, por los presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

A partir de febrero próximo, fecha en que inicia el periodo ordinario de sesiones, la oposición en el Senado de la República retomará la denuncia presentada por el activista Jaime García Chávez, quien se encargó de documentar una serie de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician a Duarte Jáquez, a su cónyuge Bertha Olga Gómez Fong y a otras personas asociadas al Gobernador, como su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.

En la denuncia presentada ante la PGR y autoridades financieras a partir de una investigación formal ciudadana se describe que el Gobernador priista, funcionarios de la administración estatal y otros con carácter de prestanombres que han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V. cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Allí se describe una “maquinación delictiva, bajo el diseño de actos jurídicos de aparente legalidad” con el único propósito de buscar el beneficio económico de César Horacio Duarte, quien ha asumido los roles de Gobernador y socio de la empresa bancaria mencionada.

“Con un evidente conflicto de intereses en razón de las decisiones de carácter financiero que como Gobernador tomó en beneficio de las instituciones financieras que se fusionaron y por ende en el suyo propio así como de sus allegados y cómplices, que ahora son socios del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.”

BAJAR LA DENUNCIA AQUÍ: DENUNCIA CONTRA CÉSAR DUARTE

Entrevistado por Sin Embargo, Francisco Barrio Terrazas, quien fuera Gobernador de Chihuahua de 1992 a 1998 bajo las siglas del PAN, explicó que lo notable de esta denuncia a diferencia de otras investigaciones periodísticas o ciudadanas es que por primera vez se cuenta con pruebas bien documentadas.

En esta ocasión tanto el Gobernador como su esposa firmaron los documentos que dan origen a una empresa privada posiblemente financiada con recursos públicos.


“Aquí lo sorprendente es que esté la firma de él y de su esposa en un documento que los involucra directamente”, afirmó el ex mandatario.

Aunque no es el primer caso denunciado sobre presunto enriquecimiento ilícito de un mandatario estatal en funciones, es poco usual que en esta ocasión no exista el mínimo interés por ocultar el origen de los recursos que dan vida a un negocio sospechoso.

“La única explicación que yo encuentro es que [Duarte] ha ejercido el poder de una manera tan absoluta (en Chihuahua ha desaparecido cualquier rastro de oposición a un punto en donde prácticamente él hace y deshace) que eso mismo lo ha llevado a estos extremos de confiarse, de dejar de tomar todas estas precauciones pensando en que no le puede pasar nada”, dijo Barrio Terrazas.

“Veo allí cierta soberbia de sentirse por encima de la ley, intocable”, remarcó.

Por otra parte, el Senador Javier Corral Jurado, del PAN, recordó que la solicitud formal de exhortar a la PGR a investigar al Gobernador César Duarte se encuentra en estudio en comisiones del Senado.

El legislador por Chihuahua adelantó que un total de 66 legisladores (poco más del 50 por ciento que integra la Cámara Alta) están dispuestos a exigir a la PGR que investigue el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario priista, a partir de febrero próximo fecha en que arranquen las labores del periodo ordinario de sesiones.

Asimismo las diputadas federales Rocío Reza Gallegos, de Acción Nacional, y Luisa María Alcalde, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron que presentarán un recurso similar en la Cámara de Diputados para instar a las autoridades competentes a investigar las finanzas del Gobernador.


DUARTE Y SU ESPOSA FIRMAN FIDEICOMISO


En la denuncia interpuesta ante la PGR se especifica que César Horacio Duarte Jáquez y su esposa Bertha Olga Gómez Fong firmaron el Contrato de Fideicomiso número 744743, de Administración e Inversión, formalizado ante el Notario Público No. 6, en noviembre del 2012.

En ese contrato, Duarte Jáquez y Gómez Fong aportaron sesenta y cinco millones de pesos con el objeto de que la Fiduciaria (Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte) realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.

Al firmar el texto los fiduciarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que los recursos aportados fueron de procedencia lícita y actividades propias de ellos.

Este es el primer aspecto que motivó la sospecha ciudadana. Aunque se desconoce cuál era el patrimonio del mandatario priista antes de iniciar su función gubernamental, el demandante consideró que tanto Duarte como su esposa carecen de recursos para aportar de su propio bolsillo 65 millones de pesos.

Por lo que supone que la creación del Banco Progreso de Chihuahua se realizó con recursos económicos de procedencia ilícita o con recursos del erario de la entidad

Las actividades anteriores e inmediatas que se le conocen a Duarte es como vendedor de autos usados, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Diputado local y Diputado federal en dos ocasiones.

“Si bien es cierto la constitución del fideicomiso en cuestión, aparenta ser una operación legítima, por otra, ante el desconocimiento del patrimonio de los fideicomitentes existente antes del inicio del cargo de Gobernador en atención a lo antes dicho y al hecho de que los ingresos que como Gobernador obtiene César Horacio Duarte Jáquez, según el portal de transparencia son del orden de $120,245.00 mensuales”, se lee en la denuncia penal.

Salario que no le permitiría reunir la cantidad de 65 millones de pesos para adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso.

Asimismo, se configura otro presunto delito por parte del Gobernador priista, ya que al realizar labores públicas a favor del Banco del que es accionista junto con la señora Bertha Olga Gómez Fong, proporciona un beneficio económico para sí mismo y para su esposa.

“Al proporcionarle beneficio económico a su consorte Bertha Olga Gómez Fong también socia de la institución, por tanto, con las consecuencias benéficas, pero ilegales, mencionadas, con ello tenemos la comisión de dos delitos realizados con la celebración de un acto jurídico correspondiente al ámbito de las decisiones financieras del Estado”, se lee en el documento.

El activista Jaime García Chávez consideró que la PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) deben investigar la procedencia y origen de las cantidades depositadas en el fideicomiso.

“Cuyo análisis con toda seguridad […] confirmará que la cantidad que César Horacio Duarte Jáquez invirtió en el fideicomiso es producto de actos de corrupción”.

El enriquecimiento ilícito es sancionado por el Código Penal Federal en su artículo 224 que dispone que:


“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: David Martínez Huerta.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2015/1222630.

La ONU-DH exige al gobierno dar resultados sobre los 43, y al Congreso seguir investigación

Javier Hernández Valencia, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), planteó fortalecer el diálogo entre las autoridades y los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y exhortó al gobierno federal a que presenten resultados para los familiares.

En entrevista en el Senado, el funcionario consideró que las autoridades federales deben fortalecer el diálogo con los familiares y presentar resultados.

Reconoció el esfuerzo de las autoridades como la desarticulación de grupos criminales que operaban en la zona, que dijo, “se presentan como resultados deseables, como resultados positivos, pero que para las familias no resuelven el punto principal”.

“Ese diálogo debe fortalecerse, el que cosas que inquietan a las familias tanto de la investigación, como de declaraciones de terceros puedan resolverse en el diálogo, que cada vez que hayan estas situaciones que alteran el contenido y el ritmo del diálogo, pueda rápidamente convocarse a la mesa para que se aclaren y oxigenen esas condiciones en las cuales la tensión predomina”, expresó.

Asimismo Hernández Valencia agregó que el Congreso de la Unión debe continuar con su labor de fiscalización en el caso Iguala, distinta a la de investigación que corresponde al Ejecutivo federal.

MARCHA EL PRÓXIMO 26

Este mismo día, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes informó que el próximo lunes 26 de enero se llevará acabo una manifestación en la Ciudad de México al cumplirse cuatro meses de que los normalistas fueron desaparecidos por policías municipales de Iguala y Cocula en colusión con integrantes del crimen organizado.

“Convocamos al pueblo en general a que se concentre en la Ciudad de México en una manifestación el 26 este mes porque cumplimos cuatro meses de sufrimiento, de desesperación, de ansiedad y no hay ningún resultado a pesar de que hay muchos detenidos y no hay una pista real de lo que nosotros buscamos”, dijo Felipe de la Cruz en entrevista radiofónica con Grupo Imagen.

El familiar también indicó que su búsqueda continuará por lo que en días próximos darán a conocer las brigadas que visitarán los cuarteles militares del país. “Pretendemos que nos acompañen los compañeros de Derechos Humanos y ministerios públicos, todo dentro de la legalidad y de la ley para evitar alguna acción de suspicacia o alguna acción de violencia, que nosotros no buscamos”, declaró.

Sobre la detención de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”,  de la Cruz dijo que espera que contribuya a la localización de los normalistas desaparecidos. Rodríguez Salgado fue detenido la semana pasada por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal; la Procuraduría General de la República lo identifica como “el autor material del homicidio del caso Ayotzinapa”.

“Ojalá y sí se tengan una pista real en lo que esté declarando, porque nosotros ya tenemos una necesidad tremenda de que esto se termine, pero tal parece que las declaraciones van encaminadas a lo mismo: se sigue creyendo que los muchachos fueron incinerados en el basurero”, comentó el vocero de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa.

En entrevista con medios, Felipe de la Cruz indicó que pronto se reunirán con el panel de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los auxiliará en la búsqueda de los normalistas. El viernes pasado la CIDH definió un panel de expertos que brindarán asesoría técnica al Estado mexicano en el caso de los normalistas.

Conforme a los criterios establecidos, la CIDH determinó que el grupo estará conformado por Francisco Cox, abogado originario de Chile y especialista en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz abogada guatemalteca especializada en derecho penal y derechos humanos.


También la abogada colombiana Ángela Buitrago, quien es experta en derecho penal y ciencias criminológicas, además de Carlos Beristáin médico español y especialista en educación para la salud. En el grupo también estará Alejandro Valencia Villa, abogado originario de Colombia, especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2015/1223574.

Walton, el Alcalde con el que se hundió Acapulco, se va porque quiere ser Gobernador

Luis Walton Aburto, el Alcalde con el que Acapulco se convirtió en la segunda ciudad más insegura del mundo, decidió no terminar su periodo porque tiene una nueva ambición: ser Gobernador.


Walton ha enfrentado distintos escándalos debido a la inseguridad que volvió ese punto turístico de fama internacional en una ciudad donde el crimen organizado tomó control.

En 2013, luego del secuestro de un grupo de turistas españolas, Walton dijo una de las frases más costosas para un político y sobre todo uno como él, de izquierda: “es muy lamentable lo que ha sucedido, pero bueno, esto sucede en cualquier parte del mundo”. Después, abrumado por la presión internacional, lloró en un evento público.



Ahora, ese Walton con el que el centro turístico alcanzó cifras de secuestro, extorsión, asesinatos y robos, es el mismo que abandona la Alcaldía porque quiere más. Ambiciona ser Gobernador de Guerrero. Su partido postulante sería Movimiento Ciudadano.

“Me voy a ir, me voy muy satisfecho de que le serví a mi pueblo. Hice lo humanamente posible para que éste mejorara” dijo ayer, en una declaración en la que intentó justificar porqué no concluirá su periodo y se convertirá en otro político “chapulín”, como los que en la Ciudad de México, abandonarán 12 de las 16 delegaciones por un nuevo puesto.

En medio de una problemática de inseguridad, sin policías municipales y sin resolver la crisis financiera que, dice, heredó de la anterior administración [la del ex Edil Manuel Añorve Baños],  Walton Aburto, solicitó licencia a su cargo para buscar contender por la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones.

“Hoy es mi último día como Presidente Municipal”, dijo el Edil a los ciudadanos luego de inaugurar la construcción del cárcamo de bombeo e interconexión de líneas de red de agua potable de la primera etapa en el poblado de La Sabana.

De acuerdo con reportes de prensa local, se espera que el Cabildo acepte su licencia en una sesión extraordinaria. En su lugar quedaría como Alcalde interino Armando Tapia Moreno, quien actualmente se desempeña como Primer Síndico del Gobierno Municipal de Acapulco.

SEGUNDA CIUDAD MÁS VIOLENTA

En 2013, un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal reveló que era la segunda ciudad más violenta del mundo y en la que más asesinatos registra en todo México.

El puerto mexicano pasó de 128 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011 a 142 el pasado año, aunque no rebasó a la ciudad más violenta del mundo, que una vez más fue San Pedro Sula en Honduras, con 169.3 muertes.

“Les debería de dar vergüenza a las autoridades de los tres niveles de Gobierno tener una ciudad así e invitar a turistas a que vayan allí a sufrir las consecuencias de violaciones, homicidios, secuestros”, dijo en una conferencia de prensa el director de la organización no gubernamental José Antonio Ortega.

En 2014, el mismo Consejo emitió el estudio “La Violencia en los Municipios y las Entidades Federativas de México (2013)” donde Acapulco ocupaba el segundo lugar dentro de las ciudades más violentas de México, aunque era el municipio con la tasa más elevada de homicidios del país al registrar 112.81 por cada 100 mil habitantes.

También, a inicios de 2013, seis turistas de origen español fueron violadas en la zona turística de Acapulco por  sujetos armados que irrumpieron al interior de sus habitaciones de un bungaló (casa de tiempo compartido) en donde se hospedaban. Esa misma noche siete hombres, también españoles, fueron despojados de sus pertenencias y amarrados con los cables de los cargadores de los celulares y con las cintas de los bikinis de las turistas.

La investigación del caso concluyó cuando el Juez  6 Penal, Víctor Alejandro Arellano Justo, dictó auto de formal prisión a los seis detenidos por el delito de violación tumultuaria.

Luego de darse a conocer este caso, más del 80 por ciento de los “spring breakers” cancelaron sus reservaciones prevista para visitar el puerto de Acapulco.

La secretaria de la Comisión de Turismo, Karen Castrejón Trujillo, informó que con datos de los empresarios, de los cinco mil vacacionistas extranjeros que tenían reservaciones para la temporada vacacional, sólo quedaban 300, pues los demás decidieron no confirmar sus reservaciones.

TORTURA


En abril del año pasado se divulgó un video que captó a tres elementos de la Policía Turística de Acapulco, Guerrero, dos hombres y una mujer, torturando a un hombre. Horas después de circular el audiovisual, el Ayuntamiento reconoció que los uniformados sí pertenecían a sus fuerzas de seguridad.

En el video se muestra cómo los tres policías golpean, uno por uno, en repetidas ocasiones, con un tolete, a un hombre vendado de los ojos y vestido sólo con un short, quien pide dejen de golpearlo.

El torturado pide piedad a los policías. Les ruega. Pero eso no hace sino agravar las cosas: uno de los agentes, el más corpulento, lo golpea no sólo en los glúteos sino también en los muslos.

LA ECONOMÍA ACAPULQUEÑA POR LOS SUELOS

Desde que tomó protesta el 29 de septiembre de 2012, Walton heredó un Acapulco en donde los datos hablan por sí solos: se vive una crisis en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos.

A pesar de tener tres mil 500 millones de presupuesto público anuales, Acapulco es el área urbana con mayor pobreza y hambre en todo el país y el 51.6 por ciento de sus habitantes vive en franca pobreza.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el 13. 6 por ciento de los acapulqueños viva en la miseria y el 38 por ciento en condición de indigencia moderada.

La población de Acapulco gana un indigno ingreso corriente “per cápita” mensual de 2 mil 380 pesos. También tiene parte de culpa de que la población económicamente activa del municipio -o en edad potencialmente activa-, sea de 520 mil personas, y que de estas, el 42 por ciento de quienes logran un ingreso, no conocen las instituciones de seguridad social o de salud.

El puerto ocupa el lugar 76 en competitividad urbana y a pesar de eso genera el 60 por ciento del PIB estatal, por eso es tan importante.

El puerto produce trescientas sesenta y nueve toneladas de basura de las cuales no se recolectan 58 mil.

EL TURISMO NO LLEGA COMO ANTES

En la economía, el puerto ha visto mermada su principal fuente de ingresos: el turismo, con el que provee de casi el 70 por ciento de los recursos financieros al estado de Guerrero, pero al menos 50 por ciento de los comercios establecidos en la zona más tradicional para turistas han cerrado sus negocios, de acuerdo con las organizaciones empresariales locales.

El 12 de diciembre pasado el gobierno federal anunció acciones de apoyo para incentivar los flujos turísticos hacia dicho entidad de la República, entre ellos, 35 millones de pesos para la promoción del puerto a nivel internacional, sin embargo, los hoteles en Acapulco –principal destino guerrerense- recibieron menos turistas entre el 15 y el 21 de ese mes en comparación con igual semana de 2013, de acuerdo con reportes de DataTur, el sistema de información estadística de la Secretaría de Turismo (Sectur).

En la semana correspondiente al periodo mencionado, las estadísticas registraron 77 mil 351 llegadas de turistas residentes en el país a los hoteles de dicho puerto, en cada una de las cinco categorías de calidad de hospedaje.

La referida cantidad significó una caída de 31 por ciento frente a la misma semana del año 2013, correspondiente del 16 al 22 de diciembre, cuando los hoteles locales reportaron un total de 112 mil 236 llegadas de turistas nacionales a hoteles del puerto.

Esta caída se dio a pesar de que las secretarías de Turismo y la de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno federal anunciaron el día 12 de diciembre, descuentos en aerolíneas, autobuses, casetas de peaje, campañas de promoción, paquetes vacacionales, para incrementar los flujos de viajeros a los tres principales destinos de Guerrero: Taxco, Ixtapa y Zihuatanejo, triada a la que las autoridades turísticas de la entidad denominan: “El Triangulo del Sol”.

De acuerdo con la secretaría federal del ramo, las empresas de transporte aéreo promovieron descuentos de 40 hasta 64 por ciento en precios de los vuelos y las de autotransporte ofrecieron 10 por ciento. La cuota de peaje de la autopista México-Acapulco tuvo un descuento de 25 por ciento, adicional al 50 por ciento con el que operaba desde antes del anuncio.

Hasta antes del mes de diciembre pasado, el aeropuerto de Acapulco registraba sólo dos operaciones diarias, cuando hace 20 años se daban mínimo 50.

El puerto de Acapulco sólo recibe un crucero por semana, cuando hace 20 años recibía cientos por mes. Si en el año 2007 llegaban al muelle cruceros con 268 mil visitantes, en el año pasado sólo tocaron tierra 3 mil 400 turistas.

Hoy Acapulco recibe a la mayoría de sus turistas en automóvil o en autobuses, cuando hace 20 años se recibía 80% del turista estadounidense, asiático o europeo por avión.

Así, el puerto vive de los capitalinos que tienen una segunda residencia en Acapulco.

LA INSEGURIDAD CRECE Y CRECE

Este mes, la organización no gubernamental (ONG) Alto al Secuestro publicó un informe en el que destaca que Acapulco ha sido el municipio más afectado por el delito de secuestro en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.

La asociación presidida por Isabel Miranda de Wallace detalló que, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de septiembre de 2014, se registraron 135 secuestros en dicho puerto turístico de Guerrero, lo que lo convierte en el municipio de México más afectado por este delito.

La seguridad de Acapulco se reforzó con más de dos mil elementos de fuerzas federales y estatales, entre ellos policías estatales, federales, gendarmes, militares y marinos, que realizan rondines en las colonias más conflictivas, sin embargo, su presencia no es permanente y los delitos continúan a la alza.

Por si fuera poco, hoy, el Gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, confirmó que un total de 300 elementos de la Gendarmería Nacional se retiraron de las labores de vigilancia de Acapulco debido a que tomaron vacaciones y las próximas semanas se reincorporarán a los operativos conjuntos, quedando un total de mil 100 efectivos al momento.

“En una ruta de vacaciones posterior a la temporada alta e intensa, están considerados para que regresen, se redujo como mil 100 se les dio vacaciones a los que no habían tomado pero van a regresar”, apuntó.

El 15 de enero pasado, el Secretario de Educación de Guerrero Salvador Martínez Della Rocca afirmó en entrevista radiofónica con Carlos Loret de Mola que hubo 21 maestros asesinados y ocho profesoras violadas en dos meses en el municipio de Acapulco, Guerrero.

A raíz de esta situación, 109 de 198 escuelas que existen en total en el municipio guerrerense han suspendido las clases a principios de diciembre y continúan en paro. Della Rocca afirmó que no obligará a los educadores a regresar a los salones de clase, “hasta que esté plenamente garantizada la seguridad de los docentes y los alumnos”.

“La delincuencia organizada está en las aulas… Me están matando a los maestros”, reconoció Della Rocca Martínez y añadió que ante esa problemática, la opción que tiene el estado es pedir ayuda a la federación y que sean los elementos policiacos quienes resguarden los planteles.

El 8 de enero de 2015, alrededor de 2 mil maestros de cien escuelas de la zona conurbada de Acapulco, que atienden a 10 mil estudiantes, no regresaron a clases por la ausencia de las fuerzas policiacas y las amenazas de extorsión que desde octubre denunciaron por parte de integrantes de grupos criminales.

A pesar de estos graves problemas, el municipio no cuenta con agentes locales ni de tránsito desde hace nueve meses, en que que la policía local está desarmada y hace seis meses en que los agentes, entre ellos los de tránsito, están en paro de labores, sin operar en las calles.

Al menos 2 mil 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco se fueron a un paro laboral desde julio de 2014 después de una serie de protestas para pedir un aumento salarial, que es 4,400 pesos por quincena, por debajo de la media nacional, y exigir una mayor cobertura de seguro de vida. Entre los elementos hay 1,800 policías preventivos, 400 agentes viales y 200 asistentes de turismo.

Walton justificó en su momento que desarmó a los policías en abril de 2014 después de que hubo un asalto a una tienda, realizado por un policía preventivo que estaba armado. “Ahí se decidió desarmar a la policía, porque las armas estaban bajo la licencia colectiva del gobierno del Estado de Guerrero”, dijo.

Su gobierno, aseguró, decidió iniciar el proceso de la aplicación de exámenes de control de confianza, con el fin de incorporar a los policías que pasaran a un mando único policial. El Alcalde dijo que reprobaron 983 de los 1,470 elementos que asistieron a las evaluaciones, mientras que otros 692 policías, aún faltan de realizar el examen.

Los policías que reprobaron el control de confianza ya no son parte de la corporación, aseguró Walton; sin embargo, hasta diciembre de 2014 sólo había liquidado a 239 agentes.


El 2 de enero del presente año, los policías marcharon otra vez por las principales avenidas de Acapulco y prometieron que radicalizarían las protestas si el Ayuntamiento no les paga el sueldo de los últimos dos meses y prestaciones como el aguinaldo, porque si aún no los han liquidado, para ellos siguen siendo empleados de la Secretaría de Seguridad local.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/19-01-2015/1223717.

Dos mujeres autodefensas presas en penal varonil; una de ellas víctima de violación sexual

El padre Gregorio López solicitó la intervención de Amnistía Internacional (AI) para denunciar las violaciones a derechos humanos por el caso de dos mujeres integrantes de las denominadas autodefensas que se encuentran presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Francisco J. Mujica de Morelia, Michoacán, cuando este es un penal exclusivo para hombres.

El día de ayer, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, solicitó a la Comisión Permanente que exhorte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que realice una visita urgente a este penal, así como que inicie la queja correspondiente para verificar las condiciones de las dos mujeres autodefensas.

De igual manera pidió que mediante la cámara de Diputados se pida al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que tome las medidas necesarias para que a las mujeres se les reubique en un penal femenil.

El Padre Gregorio indicó que una de ellas fue víctima de violación sexual y se encuentra embarazada, no ha sido juzgada y aparentemente las acusaciones por las que fue recluida son falsas, se le incriminó de portación de un arma de uso exclusivo del Ejército, cuando no llevaba ninguna arma de fuego consigo.

Además de las acusaciones falsas, el que estén recluidas en los mismos separos que los otros 240 autodefensas hombres se encuentran doblemente expuestas a un alto grado de vulnerabilidad que las coloca en discriminación y violencia en su contra.

“Para el PRD esta situación es grave y debe cesar de manera inmediata. Las autoridades han vulnerado el principio de la debida diligencia, ya que no han actuado para evitar las discriminaciones directas surgidas de un proceso judicial que no ha tomado en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, generando con ello un trato discriminatorio y desfavorable con graves consecuencias para estas dos mujeres”, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

El Estado debe sumir la responsabilidad y procurar los derechos humanos de las mujeres en cualquier situación de vulnerabilidad, por lo que “es pertinente que las autoridades competentes inicien las gestiones necesarias para su inmediata reubicación en un penal femenil y para que se inicie la  investigación por los posible delitos de violencia sexual en contra de una de ellas, para que se le brinde la atención médica, psicológica y jurídica necesaria que permita la reparación de los daños causado, así como las previsiones y la atención de salud materno infantil, que requiere por su condición de embarazo”, señala el comunicado de la legisladora, sin que se mencione el nombre y edad de las víctimas.


“Los hechos expuestos contienen elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos y actos de autoridad contrarios a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contrala Mujer (Belém do Pará), así como a los principio de igualdad y no discriminación máximos estándares de la tutela pro persona (en ese caso pro mujeres) que contiene el artículo 1 constitucional”.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Protestan contra Peña Nieto por Ayotzinapa en Puebla; al menos 4 detenidos

Granaderos estatales desalojaron a manifestantes de la BUAP y una parte de ellos se refugió en la Universidad Iberoamericana.

Protestas por Ayotzinapa y sus normalistas desaparecidos ensombrecieron la visita del Presidente a Puebla

Al menos cuatro estudiantes fueron detenidos al protestar contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, durante la visita del mandatario a Puebla, donde inauguró el Hospital para el Niño Poblano.

De acuerdo con testigos, alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) llegaron a las inmediaciones del nosocomio, donde se formó una valla de elementos policíacos.

Ahí, los jóvenes sacaron pancartas y gritaron consignas contra el Presidente para exigir la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Apenas 20 minutos después, los muchachos fueron rodeados por más uniformados.

Los estudiantes corrieron al acceso del Campus Golfo-Centro de la Universidad Iberoamericana, en donde los resguardaron, pero los agentes de la Policía Estatal detuvieron a cuatro de estos manifestantes.

Dos fueron identificados como Sharid González Guerrero, de Ciencias de la Computación, y Edgar Juárez García, de Ciencias Químicas.

Los jóvenes que protestaban siguen bajo la solidaria protección de la Universidad Iberoamericana

Un grupo de estudiantes se manifestó afuera de la Procuraduría General de Justicia del Estado para exigir la liberación de sus compañeros.

En las instalaciones de la UIA se informó de la presunta detención de otros dos jóvenes, ahora frente al inmueble de la dependencia estatal, pero esta versión no fue confirmada de inmediato.

De acuerdo con testigos de los hechos, los estudiantes González Guerrero y Juárez García fueron golpeados por la Policía Estatal y después trasladados a la preparatoria 2 de Octubre donde los mantienen detenidos.

En entrevista.Víctor Morales, estudiante de la UAP, relató que el resto del contingente de jóvenes que estaban en la protesta fueron resguardados en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana como una muestra de solidaridad de los estudiantes de esta universidad.


Denunció que la patrulla en la que se llevaron a los jóvenes es la número 722-GOE.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El gobierno de Peña Nieto privilegia las adjudicaciones directas a las licitaciones

De enero a julio del año pasado, el gobierno federal dividió así sus gastos: 46.6% en adjudicaciones directas e invitaciones restringidas y 53.4 en licitaciones, reportó el diario 'Reforma'.

El presidente Enrique Peña Nieto ha enfrentado cuestionamientos sobre la supuesta preferencia que ha dado en la entrega de proyectos al Grupo Higa, incluso desde que gobernaba el Estado de México. Este lunes 19 de enero, el diario Reforma reportó que, de enero a julio del año pasado, el gobierno federal aumentó la cantidad de contratos hechos a través de una adjudicación directa o invitaciones restringidas.

De acuerdo con el diario mexicano, de 201 mil 695 millones de pesos gastados en dicho periodo de tiempo, el 46.6% se ejerció mediante adjudicaciones directas o invitaciones restringidas, y el 53.4% a través de licitaciones.

En contraste, en 2007, cuando gobernaba el panista Felipe Calderón (2006-2012),  se ejercieron 505 mil 845 millones de pesos, 87.5 % vía licitación y sólo 12.5% adjudicación directa o invitación, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El 14 de enero pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzó nuevamente las prebases de la licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Esto, luego de que en noviembre del año pasado, el gobierno federal echara atrás la entrega de la licitación al consorcio chino que construiría el tren.

Las razones: “dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia”. 


En el grupo al que se había entregado la licitación, liderado por China Railway Construction Corporation, estaba Grupo Higa, propiedad deArmando Hinojosa, quien le vendió la llamada “casa blanca” a Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, y otra casa al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Además de verse beneficiado durante la gestión del actual jefe del ejecutivo, en los planes de obra pública del Estado de México cuando era gobernador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Él es Jaime Bernal, el policía que reveló malas condiciones laborales y fue despedido

Inició un movimiento a través de redes sociales para que los uniformados revelaran su inconformidad contra las malas condiciones laborales, posteriormente fue despedido por "desacato".

Jaime Bernal García trabajó durante 15 años como agente de la Policía de Investigación del Distrito Federal, en condiciones precarias y, como el del resto de sus compañeros, nunca tuvo un aumento de salario.

En 2013, a través de redes sociales, inició el Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia que pretendía conseguir mejoras laborales para el gremio, pero meses después fue despedido acusado de “desacato a una orden”.

El 1 de diciembre de 2014 se hizo efectiva la destitución que impidió recibir algún tipo de liquidación, pese a los años de servicio con un expediente limpio. Desde entonces ha intentado que su caso sea revisado pues se trata, insiste, de un despido injustificado. Hizo una huelga de hambre por seis días, afuera del búnker de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que el titular, Rodolfo Ríos Garza, lo atendiera, pero no tuvo éxito.

Tramitó una revisión ante el comité de honor y justicia de la Procuraduría, quien ratificó el despido. Sin embargo, esta semana, continuará con su inconformidad ya fuera de la PGJDF e interpondrá un juicio de amparo ante Tribunal superior de justicia del DF.

Bernal asegura que se trata de una “venganza” por haber iniciado la organización de sus compañeros. Y es que en un ambiente donde la mayoría teme denunciar las anomalías por miedo a ser despedido, se le ocurrió crear la página de Facebook “Foro de las ideas en pro de los derechos laborales del personal de la PGJDF”, que en un inicio funcionó como “paño de lágrimas”, pues era un espacio donde los uniformados escribían quejándose de las condiciones laborales.

En unos meses pasaron de decenas a miles de participantes. La respuesta los motivó a organizar una primera manifestación pública con un mitin en el Zócalo del DF el 26 de junio de 2013. Por primera vez, los uniformados capitalinos se atrevían a señalar sus inconformidades.

Un mes después pensó que el movimiento había dado resultado pues fue llamado a un encuentro con el oficial mayor de la PGJDF, Basilio Puebla Medina, el 27 de julio.

Aunque era un día laboral, pidió permiso a su jefe directo para acudir a la cita que transcurrió con normalidad.

Días después le notificaron que era sujeto de un procedimiento administrativo por “desacato de una orden”, es decir, haber faltado a trabajar el día que se encontró con el funcionario. A partir de ahí se inició una investigación que derivó en el máximo castigo para un funcionario público: la destitución.

Sabe que hacer público cualquier cosa que ponga en evidencia a las corporaciones policíacas es mal visto por los funcionarios y mandos, pues, según les dicen, “daña a la corporación”.

Después de perder su trabajo y seguir con el movimiento, teme ser víctima de más represalias, pues sabe cómo actúa la policía. Por ejemplo, dice, para sembrar un delito basta con la acusación de alguien para que inicie un proceso en su contra. En un un “palabra contra palabra” cualquiera podría ser hasta encarcelado.

Incluso teme por su vida pues sabe que los “puntos ciegos” de las cámaras de vigilancia puestas por toda la ciudad son espacios perfectos para atacar a alguien sin que quede registrado en el sistema operado desde el Centro de Mando de la Ciudad de México. “No soy paranoico”, dice, pero toma precauciones hasta al usar el transporte público como el metro y evitar cualquier tipo de “accidente”.

¿Los policías son corruptos?

Los policías no son reconocidos socialmente y más aún, 80% de los mexicanos los considera los funcionarios públicos más corruptos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2014 realizada por el INEGI. Ellos lo saben y aprenden a sobrellevarlo y algunos, con sus acciones frente a la ciudadanía, refuerzan esa percepción.

El hombre moreno, de 39, años, no se esfuerza por convencer de la honestidad de los policías. Reconoce que existe la corrupción, pero es una cadena proveniente de todos los puestos del organigrama. “Los mandos son los que se corrompen. Dan órdenes en cascada, aunque la mayoría no acepta la corrupción, lo hace” y después de un tiempo, dice Bernal, se vuelve costumbre.

El sistema está tan corrompido que cualquiera con intenciones de hacer bien su trabajo lucha contra corriente. Cuando Jaime egresó de la academia de policía conoció un dicho común entre el gremio “hazte pendejo y llegarás lejos” y que lo vio cumplido en sus años de servicio.

Un ejemplo de ello es que “las mordidas” que los policías reciben cuando trabajan en calle son parte de una cadena de cuotas hacia los mandos inmediatos y recursos necesarios para el mantenimiento de sus propios equipos.

Cualquier compostura de los vehículos y uniformes debe ser pagado por quien los ocupa. Él, por ejemplo, se encargaba de la investigación de homicidios en la PGJDF tenía que pagar de su bolsillo hasta por las copias de los expedientes.

Además, desde que llegó a la corporación en 1999, tuvo un salario de 11 mil 500 pesos durante la administración de Samuel del Villar, quien empujó un aumento salarial considerable pues en un inicio los policías de investigación percibían poco más de 5 mil pesos mensuales.

15 años después, el sueldo no aumentó. Aunque ascender en el escalafón permitiría mejorar las condiciones económicas, pocos pueden acceder a puestos más altos, no por falta de capacidades sino de “contactos”; los “mandos” están destinados para los allegados de los jefes, mientras que el Servicio Civil de Carrera, mediante el cual se realizan exámenes y se distribuyen los ascensos es un “engaño”.


Bernal espera que los policías se convenzan de defender sus derechos para ser mejores funcionarios públicos y que el movimiento pueda seguir creciendo hasta conseguir algún cambio en el gremio que, dice, repercutiría en la sociedad.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Examinan cuatro cuerpos y ninguno corresponde al reportero Moisés Sánchez

XALAPA, Ver: A casi tres semanas de haber sido secuestrado por un comando en su domicilio de Medellín de Bravo, el reportero de La Unión y activista vecinal Moisés Sánchez Cerezo no ha sido localizado.

Pese a que el fiscal general del estado Luis Ángel Bravo admitió que ya se han examinado cuatro cadáveres hallados en la región donde Sánchez Cerezo fue levantado el viernes 2, las pruebas periciales, de genética y la propia auscultación física y el reconocimiento de los familiares del reportero han resultado negativas.

“Les hemos hecho exámenes de ADN, físicos y genéticos, e incluso el propio hijo de Moisés Sánchez (José Sánchez Ordóñez) ha visto los cuerpos y no ha reconocido que alguno corresponda al de su padre”.

Bravo Contreras aseguró que elementos de la Secretaría de Marina, Fuerza Civil –cuerpo de élite de la Policía Estatal Acreditable– y elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya extendieron el cerco de localización del activista a los municipios de Soledad de Doblado, Jamapa, Cotaxtla, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y más municipios.

El fiscal Luis Ángel Bravo dijo que, hasta el momento, “la única línea fuente de investigación” son los conflictos del alcalde panista Omar Cruz Reyes con Moisés Sánchez: “Dicho por los familiares del periodista, no por el gobierno del estado; es en esa línea de investigación en la que hay pruebas y videos”.

En una mesa de trabajo con periodistas de Xalapa, quienes han protestado en seis ocasiones para exigir al gobierno de Javier Duarte la localización de Moisés Sánchez y el deslinde de responsabilidades, Bravo Contreras se hizo acompañar del secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, para garantizar que día con día hay un “bitácora de trabajo” en donde policías ministeriales y de SSP dan a conocer el avance de la indagatoria, documento que se mantiene en secrecía “para no entorpecer las investigaciones” por parte de la autoridad estatal.

En la búsqueda del comunicador, hasta el momento sin resultados, Bravo Contreras admitió que el caso no ha sido del todo atraído por la PGR, que hasta el momento “sólo coadyuva”.

Además explicó que en tanto no se demuestren indicios de delincuencia organizada, no se podrá dar una total atracción por parte de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR.

En el encuentro, Gerardo Buganza y el propio Luis Ángel Bravo fueron increpados por los reporteros de Xalapa por los homicidios de Regina Martínez (corresponsal de Proceso), Gregorio Goyo Jiménez (Liberal del Sur y Notisur), Víctor Manuel Baez Chino y Miguel Ángel López Velasco, entre otros.

Estos casos, fustigaron los comunicadores, fueron resueltos “a medias” por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El fotoperiodista Rubén Espinosa señaló que entre el gremio se percibe una estela de impunidad y de “total desconfianza” hacia las instituciones, quienes a casi tres años del homicidio de Regina Martínez no han podido dar con el paradero del primer indiciado, José Adrián Hernández, El Jarocho.

Norma Trujillo, de La Jornada Veracruz, exigió a la FGE detallar “caso por caso” e impulsar la atracción de la PGR en homicidios y desapariciones de reporteros, pues recordó que en lo que va de este sexenio diez comunicadores han sido asesinados y cuatro se encuentran desaparecidos.

También recriminó que en varios casos de agresiones a medios de comunicación o reporteros, incluyendo el de Moisés Sánchez, el gobierno de Duarte trata de “minimizar” la labor profesional de la víctima: “Sí sería muy puntual que ustedes nos reconozcan, y ¿sí ven a Moisés como reportero o no?”, soltó la reportera.

Al concluir la mesa de trabajo, los inconformes también exigieron al secretario de Gobierno, el expanista Gerardo Buganza, frenar el hostigamiento de los “espías” y “orejas” de la dependencia que encabeza, así como de la Subsecretaría de Gobierno, que día con día se dedican a fotografiar, videograbar y tomar datos de los reporteros durante manifestaciones, actos políticos o gubernamentales.


Asimismo, solicitaron a Buganza su intervención para que la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) deje de financiar “oficinas alternas de prensa”, en donde constantemente se emiten correos anónimos dirigidos a políticos, empresarios y medios para desprestigiar o distorsionar la labor de reporteros independientes y no afines al gobierno priista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.

Arremete cúpula empresarial contra vandalismo de quienes exigen justicia por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: La cúpula empresarial alzó la voz y pidió castigar a los padres de familia y normalistas que confrontaron a los soldados del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, la semana pasada ante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani sentenció que “además de manifestar su intención de sabotear procesos electorales, y en una nueva y grave acción, inédita en México, provocaron con violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas en las propias instalaciones de éstas”.

En tono de molestia, el líder empresarial reprochó que “estos grupos” han irrumpido con violencia en reuniones privadas y eventos de la sociedad, como lo hicieron la semana pasada en un foro empresarial en Chilpancingo, violentando derechos humanos como el de reunión y libre tránsito”.

No sólo eso, el líder de la CCE pidió a las autoridades actuar ya contra quienes “toman tanto autopistas y casetas de cuota, sin que nadie lo impida, como unidades de transporte de pasajeros, carga y distribución comercial, que en muchos de los casos son incendiadas o estropeadas. Se han destruido instalaciones privadas y públicas: oficinas, postes de luz, semáforos, entre otros”.

De los normalistas desaparecidos, el CCE se limitó a decir que “desde el sector empresarial hemos reiterado el reconocimiento y la empatía con las causas que han inspirado una legítima indignación nacional e inclusive internacional, como la desaparición de los estudiantes normalistas y el clima de inseguridad, injusticia y desgobierno que se vive en algunas zonas del país”.

Nada más. De ahí el reproche a las autoridades y a quienes exigen justicia a casi cuatro meses de la desaparición de los normalistas:

“Tenemos que insistir en que no hay justificación para los delitos que están cometiendo grupos cuyo actuar demuestra que su vandalismo persigue otros fines: propósitos políticos, alejados de las demandas de justicia de las verdaderas víctimas de crímenes o violaciones a derechos humanos”, señaló.

Más aún, el CCE lanzó una advertencia a los tres niveles de gobierno al asegurar que “los problemas y los riesgos crecen, mientras que una parte de la clase política mexicana se alista para los procesos electorales, desentendiéndose de los compromisos y responsabilidades asumidas, y en muchos casos dejando sus cargos para buscar otros sin resolver los retos más acuciantes de la sociedad”.


Y remató así: “Hoy la mayor exigencia a las autoridades, de los tres órdenes y los tres poderes de gobierno en México, es que pongan el fortalecimiento del estado de derecho como prioridad máxima”, ya que “en las últimas semanas ha habido una escalada de expresiones de violencia y provocación a las instituciones del Estado y a la sociedad por parte de estos grupos de protesta”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Trabajadores de la CTM “sitian” capital de Oaxaca

OAXACA, Oax: La disputa por los paraderos de transporte entre integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional de la Productividad (CNP) provocó que esta capital quedara prácticamente “sitiada”.

Con bloqueos en los principales cruceros de esta ciudad, integrantes de la CTM paralizaron las actividades económicas del centro histórico y de las zonas turísticas, entre ellas Monte Albán y Atzompa.

También obstruyeron la carretera que comunica al aeropuerto y al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), con lo que interrumpieron las terapias de los pacientes, y las vendedoras de tortillas tuvieron que caminar largas distancias para llegar a los lugares donde venden su producto.

Alrededor de las 10:00 horas, con la ayuda de mototaxis, camiones de volteo, autobuses y taxis, bloquearon los cruceros del Parque del Amor, el libramiento de Cinco Señores, la gasolinera de Fonapas, el monumento a la Madre y el parque del béisbol “Eduardo Vasconcelos”.

El secretario general de la CTM, Carlos Alberto Mejía Gil, declaró que con esas acciones pretenden obligar al presidente municipal de esta ciudad, Javier Villacaña Jiménez, a establecer una mesa de diálogo para abordar diversos temas, que van desde la disputa por los paraderos y la persecución contra sus agremiados a través de operativos viales, hasta la exclusión de la obra pública y el programa de las fotomultas.

Los inconformes se quejaron de que mientras a otras organizaciones se les permite circular con taxis y se crean organizaciones “fantasmas” al amparo de servidores públicos, a la CTM se le castiga, razón por la decidieron movilizarse.

Aclararon que desde hace dos semanas solicitaron audiencia con el alcalde priista para atender esta problemática, pero “ante su indiferencia” optaron por realizar los bloqueos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATIAS.

Derechos Humanos sanciona a regidores de Cuernavaca por burlarse de mujeres indígenas

Al entrar al Ayuntamiento, para interponer una queja, al menos 15 mujeres indígenas recibieron burlas y jaloneos por parte de funcionarios municipales.

Luego de un año y ocho meses de investigaciones, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos concluyó que tres regidores de Cuernavaca violaron los derechos “a la igualdad ante la ley y a la no discriminación” en perjuicio de un grupo de 15 artesanas nahuas y mazahuas, quienes el pasado 2 de mayo de 2013 se acercaron a las instalaciones del gobierno municipal en busca de atención oficial, y en respuesta obtuvieron burlas por su origen étnico.

Según la Recomendación 181/2013-5, las afectadas habían acudido a las instalaciones públicas para denunciar a inspectores del Ayuntamiento, así como a comerciantes establecidos, quienes las hostigaban por vender sus artesanías en la Plaza de Armas de Cuernavaca; sin embargo, cuando ingresaron a las oficinas municipales, los regidores Alfredo Gutiérrez Trueheart (Partido Verde), LuisFernando Hidalgo Galicia (PAN) y Felipe Domínguez Alarcón (Partido Nueva Alianza) las recibieron cruzándose comentarios tales como “ya llegaron tus paisanas”, “ya llegaron tus amigas” y “¿quién las invitó?”, además de que, para ser atendidas, les pusieron como condición el que se dejaran tomar fotografías, para lo cual, incluso, una de ellas fue tironeada por el regidor Gutiérrez Trueheart.

Tal como narraron las afectadas ante el organismo defensor de los derechos humanos, “el día señalado (2 de mayo de 2013), acudimos a las oficinas de la presidencia municipal 15 compañeras, mujeres todas. Arribábamos cuando salían los regidores y a la entrada, justo donde está la palmera, dentro de la presidencia, escuchamos gritos y comentarios. Los regidores Gutiérrez Trueheart e Hidalgo Galicia, junto con otro regidor que no ubicamos, un hombre mayor, de lentes (el regidor Felipe Domínguez Alarcón) sacaron unos sus teléfonos celulares y otros su tablet, a la vez que decían ‘foto, foto’, ‘ya llegaron, ¿quién las invitó?’, ‘tus amigas’. Las risotadas y los empujones entre ellos hizo que volteáramos; una de las compañeras quiso salir (de las instalaciones oficiales) y el regidor Gutiérrez Trueheart la jaló, a la vez que decía ‘no te vayas, primero la foto’“.

En su denuncia, el grupo de artesanas, preguntan a la autoridad: “¿Qué no acaban de firmar un código de ética para los funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca? Aún y cuando no existiera éste, ¿no es obligación de todas y todos conducirnos con respeto a las y los demás? Somos indígenas y con mucho orgullo vestimos nuestra indumentaria típica, somos mujeres que, día a día, trabajamos para llevar el sustento a nuestras casas, con nuestras manos elaboramos collares, pulseras, bordamos y tejemos telas y palma, pintamos barro con los colores de nuestra tierra, de la que nos sentimos también orgullosas (…) ¿Nuestra forma de vestir les causó risa y despertó los comentarios burlones de los regidores? O, ¿qué fue? ¿Que hablamos háhuatl o mazahua? ¿Qué desató la burla de los regidores? ¿Podemos saber? ¿Nos sentimos mal por lo que nos pasa? ¡No! Nos sentimos impotentes por no poder enseñarles a nuestras hijas e hijos que merecemos respeto, porque las autoridades se han encargado de mostrarles el desprecio que nos tienen y, sin embargo, seguimos fomentando nuestras tradiciones, le decimos a nuestras niñas y niños que algún día esto va a cambiar y que ellas y ellos, mientras tanto, deben estudiar y exigir que los respeten y tratar a las y los demás igual, como quieren ser tratados (…) Véanos, respétenos, escúchenos, inclúyanos”.

Las acciones en las que incurrieron los tres regidores, destacó la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, configuran un acto de “discriminación” y aunque “los regidores señalados como responsables negaron el acto reclamado, dicha negativa queda desvirtuada”, ya que, paradójicamente, los tres integrantes del cabildo presentaron en su defensa las fotos que ese día tomaron por la fuerza a las artesanas afectadas.

Aunque los regidores arguyeron que esas fotos habían sido tomadas con fines de registro de la atención oficial brindada, la Comisión de Derechos Humanos consideró que dicho alegato sólo tendría sustento si antes de los retratos hubieran atendido a las afectadas, lo cual no ocurrió.

Por ello, el ombudsman estatal ordenó que la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca inicie un “proceso administrativo contra los regidores implicados”, así como que “se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a las indígenas nahuas y mazahuas, como consecuencia de la responsabilidad institucional en la que se incurrió”.

Además, el ombudsman ordenó al Ayuntamiento de Cuernavaca “que se otorgue al personal la capacitación adecuada en materia de observancia y respeto a los derechos humanos“, así como que “se adopten las medidas de carácter preventivo para evitar la repetición de los actos de discriminación, como los que dieron origen a la presente recomendación”.

El origen del conflicto

Aunque la recomendación emitida en favor de las artesanas nahuas y mazahuas que venden sus artesanías en la Plaza de Armas de Cuernavaca fue considerada como un “triunfo” por este grupo, la abogada Susana Díaz, integrante de la Comisión de Derechos de Morelos Digna Ochoa –organismo civil que dio acompañamiento legal a las afectadas– destacó que dicha resolución no aborda dos puntos prioritarios del problema: en primer lugar, no exige que el Ayuntamiento de Cuernavaca formule una disculpa, pública y oficial, por los actos de discriminación en los que incurrió; y en segundo lugar, el ombudsman estatal no se pronunció en torno al conflicto que dio origen a la queja, que es el hostigamiento que estas mujeres sufren por parte de funcionarios y comerciantes establecidos que las acusan de “afear” la plaza.

De hecho, advirtió la abogada, “hace unos días vinieron los inspectores del Ayuntamiento a anunciarles a las compañeras artesanas que, a partir de este lunes (19 de enero), ya no las van a dejar entrar a la plaza a vender sus productos, porque van a remodelarla. Y sí, desde hace un año nosotras estamos solicitando al gobierno del estado que nos entregue toda la información sobre dicha obra, porque queremos poder defendernos”.

La abogada destacó que este grupo de artesanas –en el que están agrupadas alrededor de 40 mujeres, que venden los productos elaborados por toda la familia– vende en la Plaza de Armas de Cuernavaca desde hace más de tres décadas y, por eso, “ellas exigen ser incluidas en el proyecto, y si hay una reubicación de comerciantes, ellas demandan ser contempladas en dicha reubicación, y de una forma óptima, es decir, no vamos a aceptar que las reubiquen en un lugar en el que ya no puedan vender, no queremos que las manden a la salida de la ciudad, y que por esta vía se incurra en un nuevo acto de discriminación en su contra”.

La integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa destacó, además, que el ombudsman estatal debe ampliar el rango de la recomendación, para que el llamado respetar el derecho a la “no discriminación” sea no sólo para los funcionarios públicos, sino “para la sociedad en general, ya que las compañeras artesanas no sólo son discriminadas por servidores públicos, sino también por comerciantes establecidos que mantienen una actitud intimidatoria en su contra, por considerar que afean la plaza”.

En la actualidad, cabe destacar, las artesanas nahuas y mazahuas no son las únicas que venden sus productos en la plaza, sino también comerciantes establecidos, especialmente restaruanteros, quienes han ampliado sus negocios hacia la vía pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

16 mil profesores y trabajadores de la SEP siguen sin recibir su quincena

Un funcionario de la secretaría informó que hay 16 mil 455 plazas cuyo estado aún no ha sido aclarado, por lo que no se les pagó la primera quincena de enero.

Al menos 16 mil 455 profesores y trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no recibieron su pago en la primera quincena de enero, debido a que aún no está clara la situación de su plaza.

Rodolfo Alor Muñoz, director de Presupuesto y Recursos Financieros, informó en conferencia de prensa que en 31 mil 987 casos se están validando las constancias de nombramiento con las autoridades educativas estatales, de acuerdo con un reporte del diario Reforma. 

“Por lo que respecta a los 16 mil 455 casos tiene que ver con plazas no registradas en el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa), y el mecanismo previsto en la ley y en la normatividad para poder cubrir esos pagos, es que las autoridades educativas locales presenten los procedimientos de cancelación-creación para que podamos reconocer esas plazas”, indicó el funcionario.

“Es decir, son plazas vacantes que utilizaron para cancelar y crear la 16 mil plazas para los cuales hoy solicitan un pago“, agregó el funcionario, de acuerdo con el diario mexicano.

El jueves 15 de enero, la SEP informó que en todo el país hay 48 mil 442 casos de maestros y trabajadores de la educación cuya situación laboral no ha sido aclarada por las autoridades educativas estatales, por lo que no cobraron la primera quincena de este año.

“Las solicitudes de pago, que se recibieron por parte de los estados, fueron validadas en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, determinándose procedente el pago efectuado a 918 mil 222 servidores públicos que ocupan plazas registradas y conciliadas en el FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo), y cuentan con la constancia de nombramiento, debidamente autorizada por las entidades federativas.


“Asimismo existen 48 mil 442 casos que son objeto de aclaración por parte de las entidades federativas y que están referidos principalmente a constancias de nombramientos pendientes de informar”, informó entonces Muñoz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Apatzingán, colapsado por la inseguridad; han cerrado mil 400 negocios, denuncia la Canaco

APATZINGÁN, Mich: La inestabilidad social y política que priva en el estado de Michoacán desde el sexenio pasado comienza a repercutir en la economía local con el cierre progresivo de todo tipo de establecimientos comerciales, en detrimento de la economía regional.

Gonzalo Zaragoza Méndez, secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esta ciudad, dice que alrededor de mil 400 negocios han cerrado desde que llegó a la entidad el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de la entidad, Alfredo Castillo.

Además, subraya que los apoyos federales prometidos por Castillo nunca llegaron, que muchos microempresarios no han podido acceder a créditos ofrecidos por la banca comercial por lo que se han visto obligados a dejar de pagar a proveedores y empleados.

Es mentira que “haya llegado la estabilidad económica y social a Tierra Caliente, nada más falso que eso”, indica el empresario.

Entrevistado en sus oficinas de la Canaco en esta convulsionada localidad, el empresario afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene completamente abandonada a la región y no la incluye en los programas sociales a pesar de ser de las más golpeadas por el crimen organizado.

“Pedimos apoyos reales, pedimos una convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), desde octubre del año pasado y hace días nos dijeron que fue rechazada, porque Apatzingán no está incluido en los poblados de la Cruzada Contra el Hambre e inseguridad, cuando en esta ciudad las ejecuciones robos, quema de negocios son el pan de cada día”, fustiga Zaragoza Méndez.

El año pasado, dice, de los casi tres mil negocios que había, casi la mitad, más de mil 400, cerraron. Y a ello se suman los daños a la economía por cierre de carreteras, por suspensión de corridas, entre otras afectaciones, subraya.

Un día, comenta, se reunieron con asociaciones de usuarios, productores, con todos los sectores que son parte del motor de Tierra Caliente para que les dijeran en que situación estaban y cuánto requerían para reactivar la economía.

“Requeríamos mil 400 millones de pesos, en abril y el secretario de economía en Uruapan, nos dijo: ‘si supieran que tengo 300 millones para todo el estado, y se burló’”, recuerda el empresario.

“Estamos en un colapso total, estamos esperando que nos reciba (el secretario de Gobernación) Miguel Ángel Osorio y solicitar una reunión con el presidente, para darle una visión de la realidad y que no le brinque un estallido social, pues la gente está con hambre y la sangre puede llegar al río”, advierte.

Zaragoza Méndez comenta que en una entrevista reciente el presidente peña Nieto expresó su preocupación por los comerciantes de México pero, Alfredo Castillo, quien es el enviado del presidente nunca los ha atendió, mucho menos los ha visitado.

Eso sí, critica el empresario, el gobierno los quiere involucrar en el tema de la seguridad cuando eso no les incumbe.

“No somos ministerios públicos, ni agentes, es obligación del estado (la seguridad) nosotros estamos pagando impuestos en Canaco”, dice, y recuerda que una vez que amenazaron con dejar de pagar impuestos, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa los amenazó públicamente. “Nos dijo que si nos íbamos por la libre ahí nos veíamos”, recuerda.

El líder de la Canaco en Apatzingán dice que les urge una reunión “con gente que sí tenga poder de decisión” y pueda corregir el rumbo porque “Castillo no tiene poder de definición, actúa como le brinca la liebre”.

A la Federación, insiste, no le ha interesado Michoacán, “hay un desinterés encabronado. Todo lo que huela a Apatzingán, a Canaco, a comercio, está vetado por los gobiernos federales y estatales. Nunca en la vida habíamos estado cómo estamos hoy, generábamos el 13% o 14% del PIB y no es posible que nos tengan ahorcados”, lamenta.


Por si fuera poco, el líder de la Canaco en Apatizngán dice tener información de que regresaron las extorsiones a Tierra Caliente, donde no hay Fuerzas Rurales ni autodefensas, sólo Policía Federal “que ya ven lo que pasó, vienen a masacrar a la población”, fustiga el empresario.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

Titular de Profeco usa publicidad oficial para promoverse en Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags: A los domicilios de los residentes en esta capital comenzaron a llegar paquetes con publicidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, cuya titular es la exalcaldesa Lorena Martínez, con el lema “La nueva Profeco”.

La frase es similar a la promoción que de Lorena Martínez se hace como aspirante a la gubernatura en redes sociales y medios con el lema “Una nueva política”.

Con los logos de la Profeco y de la Secretaría de Economía, la semana pasada fueron entregados vía postal sobres grandes con las frases “Información importante para ti, consumidor”, y “Pon un alto a las llamadas no deseadas”.

“Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor”, se advierte en una carta dirigida de manera personal al propietario de cada uno de los inmuebles, como fue el caso de los vecinos de los fraccionamientos Las Américas y San Cayetano.

La misiva informa al “consumidor” que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece acciones de protección a sus derechos, como fortalecer la red inteligente de atención al consumidor para mejorar la información que éste recibe.

“La Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor tienen la encomienda de defenderte ante cualquier abuso; por ello, te presentamos esta carta con información valiosa para proteger tu privacidad y tu patrimonio, y tengas herramientas para exigir tus derechos a la hora de consumir”, concluye el texto.

En esos paquetes también se incluye folletería con información sobre la reforma en materia de telecomunicaciones y sus efectos en el consumidor; por ejemplo, en las llamadas telefónicas de larga distancia, así como sobre la atención de quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La publicidad incluye datos sobre el domicilio de la delegación de Profeco en la entidad y, al final, se echa mano nuevamente de la frase “Esta es la nueva Profeco, la defensora del consumidor”.

En Facebook, la página “Una nueva política” promueve a la titular de Profeco como aspirante a la candidatura del PRI para la gubernatura del estado de manera anticipada, puesto que el sexenio del actual mandatario Carlos Lozano de la Torre termina en noviembre de 2016.

“¿Estás listo para #Unanuevapolitica? La necesitamos de vuelta!”, se destaca en la página –creada por una supuesta organización no gubernamental– en la que aparecen fotografías de la titular de Profeco.


La foto principal de este muro en la red social corresponde al segundo informe de Lorena Martínez cuando se desempeñaba como presidenta municipal de Aguascalientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.