miércoles, 14 de enero de 2015

Hubo concentración Telmex-Dish: IFT; es falso supuesto “control”: Dish

Debió haber sido notificada a la autoridad, lo cual no ocurrió, sostuvo el comisionado Fernando Borjón. Por su parte, Peter Bauer rechazó que haya existido una "conducta contraria a la ley de competencia económica".

Fernando Borjón, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), indicó que las multas a Dish y Telmex son por una concentración, desde 2008, que no fue notificada a la autoridad. 

“Debieron haber notificado todos los instrumentos que involucraba su relación comercial”, comentó en entrevista para Noticias MVS primera emisión.


Agregó que una concentración ocurre cuando hay cuestiones de control de una empresa sobre otra, como por ejemplo en el control de decisiones de una empresa sobre otra.



En contraste, Peter Bauer, apoderado legal de Dish, sostuvo que es falso que exista o haya existido control de Telmex sobre la empresa de televisión de paga.

Bauer rechazó que haya existido una “conducta contraria a la ley de competencia económica” y refirió que sólo existe “coordinación” entre ambas empresas.


El apoderado legal adelantó que irán a tribunales para impugnar la multa que le impuso el IFT a Dish, por la presunta concentración no notificada.



FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

VIDEO exhibe cómo Alcalde del PRD en Chiapas y grupo armado golpean a dos empresarios

Dos empresarios chiapanecos fueron golpeados y luego llevados a la cárcel de forma arbitraria por Enoc Díaz Pérez, Alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, con el apoyo de unos supuestos policías y un grupo de civiles armados, muestra un video que circula en la plataforma de YouTube.

Los empresarios Edgar Belisario Fonseca García y Héctor Rendis Trujillo interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria, así como tortura física y psicológica en contra del Edil perredista. Además acusaron de inacción a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) en Chiapas y al Congreso local.

Su supuesto delito, explicaron los agredidos, es que uno de ellos fotocopió una nota periodística de un diario local, donde se hablaba de la inseguridad en el municipio y se criticaba al Alcalde Enoc Díaz Pérez por sus abusos de autoridad y su presunto enriquecimiento ilícito, y la distribuyó entre amigos y vecinos.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió hoy mismo al Alcalde que rinda su declaración. De no hacerlo, dijo, será sometido a un procedimiento interno.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre por la mañana, cuando a bordo de cuatro camionetas pick up, un grupo de presuntos policías municipales y de civiles armados llegaron hasta un rancho ecoturístico localizado en el municipio colindante de Jitotol para detener a ambos empresarios.

El grupo golpeó y detuvo también a algunos testigos que pretendían tomar fotos y videograbar los hechos.

Sin embargo, no se percataron que el sistema de video vigilancia captó el momento en que ingresan las unidades sin placas con los hombres armados a bordo.

En el referido audiovisual, que dura 5 minutos con 9 segundos, se puede observar cuando los supuestos policías de Pueblo Nuevo y sus acompañantes ingresan al restaurante. Allí someten con golpes y a patadas a ambos hombres para luego subirlos a una camioneta, y llevarlos a la cárcel municipal, de acuerdo con el testimonio de los propios empresarios.

Durante su traslado al lugar de su detención ambos empresarios acusan que fueron amenazados de que serían ejecutados y sus cuerpos serían quemados. Luego de algunas horas detenidos, ambos empresarios aseguran que fueron llevados a un auditorio donde se encontraban unas 300 personas. Ahí el Alcalde los acusó públicamente de ser “enemigos del pueblo” y de “obstaculizar el desarrollo del municipio”.

Una vez formulada la denuncia, sería “el pleno” de la concurrencia en juicio irregular, quien evaluaría la sanción a los detenidos de forma arbitraria.

La multitud pidió a los detenidos que dieran sus argumentos y alegaran su propia defensa. Al exponer la razón por la cual habían sido capturados, los indígenas reunidos en el auditorio exigieron que ambos fueran puestos en libertad.

Los empresarios denunciaron que fueron obligados a firmar un documento en el que reconocían que habían sido detenidos por la población en una de las calles del municipio, y no narrando los hechos como realmente sucedieron.

Después de signar el documento, ambos hombres fueron llevados ante el fiscal de distrito de la PGJE, quien al verlos les preguntó la razón de su captura. Las víctimas dieron a conocer los hechos e incluso asentaron que era falso lo que habían firmado, pues lo hicieron bajo presión y tortura psicológica, al asegurarles que irían a detener a sus esposas e hijos.

Tan pronto fueron liberados por el alcalde y sus hombres armados, los empresarios interpusieron una denuncia penal por abuso de autoridad, detención arbitraria y robo con violencia, pues además les despojaron de dinero y celulares.

Fonseca García y Rendis Trujillo señalaron que tienen temor por su integridad física, y que ninguna instancia del gobierno estatal les ha proveído las medidas se seguridad para ellos y sus familiares que viven bajo amenaza de muerte.

Los empresarios recordaron que el Alcalde fue detenido en el año 2010 acusado de diversos delitos, pero luego fue liberado. Pese a ello, volvió a ser candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ganó las elecciones en 2012 para ser el quinto Edil perredista en ese municipio indígena.

Una vez que asumió el cargo, el funcionario y sus hermanos David y Samuel Díaz Pérez edificaron lujosas casa para ellos y su madre, Florinda Pérez. Aparte de que el alcalde recientemente adquirió unas 100 hectáreas de tierras, aseguraron los empresarios.

También señalaron que Enoc Díaz Pérez presume ser protegido del líder estatal del PRD, César Espinosa, y de Los Chuchos, “y que por eso a él nunca le harán nada”.

Incluso, abundaron, uno de los hermanos del edil, Samuel Díaz Pérez, es secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRD.

EL PRD ORDENA AL ALCALDE DECLARAR

Hoy por la mañana, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ordenó al presidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, presentarse a declarar ante las autoridades correspondientes.

La orden se dio con base en la aplicación del protocolo para personas expuestas que diseñó el partido de izquierda tras el caso del Alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, quien es acusado de la desaparición de 43 personas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

“El Comité Ejecutivo Nacional del PRD, con base en el Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, formaliza este día la instrucción a Díaz Pérez para que se presente de inmediato ante la autoridad competente para que declare sobre los hechos que se le imputan. Si el alcalde llegase a ignorar el exhorto que se le hace, se actuará en consecuencia, aplicando las sanciones correspondientes”, indicó el PRD a través de un comunicado.

El PRD también solicitó a los gobiernos de Chiapas y federal iniciar una investigación inmediata y apegada a derecho para deslindar responsabilidades.

DENUNCIAN QUE FINANCIA GRUPO PARAMILITAR

El lunes pasado, los integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) de Chiapas acusaron que el Alcalde perredista de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, financiar un grupo paramilitar, llamado “Los Diablos”, para despojar a los habitantes de la región de sus tierras y ganado.

Los campesinos denunciaron, precisamente, que este grupo fue quien asesinó a Armando Montejo López y Celestino Montejo Díaz, por lo que solicitaron ayuda a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco Coello para esclarecer el asesinato ocurrido hace 25 días.

Francisco Jiménez Pablo, representante de la Coordinadora nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), acusó que la indiferencia del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para encarcelar al grupo paramilitar “Los Diablos” es bajo el argumento del respeto a la soberanía de Chiapas.

Reiteró que han tenido comunicación con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos, Luis Enrique Miranda, pero “no vemos ni inteligencia operando, ni fuerzas públicas operando, puesta esta gente ["Los Diablos"] sigue moviéndose con toda impunidad en la región y manteniendo la zozobra no sólo a la familia Montejo sino a familiares de varias comunidades”.

No es la primera vez que los campesinos de Chiapas denuncian la falta de interés del Gobernador Velasco Coello. La semana pasada, Hermisando Gómez Girón, padre de Agustín Gómez Pérez, el joven de 21 años que se inmoló frente al Congreso de Chiapas para exigir la liberación de su tío, expuso que “el gobierno dice que apoya y ayuda a los pobres, pero es mentira”.

“Esta situación ha sido del pleno conocimiento del gobierno municipal, y sobre todo del gobierno del estado de Chiapas encabezado por Manuel Velasco Coello y sus operadores han hecho caso omiso a nuestras denuncias y llamadas de auxilio precisamente para evitar estos detestables actos”, denunciaron.

Ayer en conferencia de prensa en la Ciudad de México, los campesinos afirmaron que además de la muerte de Armando y Celestino, el grupo de “Los Diablos” conformado por 40 miembros han asesinado a 10 personas y decenas más han sido desplazadas en los tres años que va de la administración de Enoc Díaz, quien además busca postular a su hermano David para que le suceda en el cargo.

El Movimiento Campesino Regional Independiente había denunciado en diversas ocasiones que desde hace años bandas criminales tienen el cobijo de las autoridades municipales, especialmente en el municipio Pueblo Nuevo Solistahuacan.

En diciembre pasado acusaron que “Los Diablos” operan con total impunidad. Roban ganado, desalojan a pobladores de sus viviendas e incluso roban sus pertenencias cuando esto ocurre. Las denuncias son constantes ante el Ministerio Público, sin embargo “no se ha actuado conforme a derecho”.

Días después del asesinato de ambos, el Movimiento advirtió que los responsables intelectuales y materiales han amenazado a los familiares y acosan a comunidades aledañas. Portan armas de grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército.

“QUIERO JUSTICIA, NO VENGANZA”

Por su parte, Romeo Montejo López denunció el hostigamiento que sufre su familia por parte del Presidente municipal y su gente, quienes han bloqueado el camino con su gente para no dejar pasar a su familia y permanecen, hasta ahora, “secuestrados” en su colonia.

El hijo y hermano de Armando y Celestino Montejo explicó que sus familiares fueron asesinados el 19 de diciembre pasado, luego de que el Alcalde entregara “despensas y armas” a los miembros de “Los Diablos”.

“Tenemos deuda cuando enterramos a mi papá (alrededor de 60 mil pesos), con puro dinero prestado, y quiero pagar esta deuda pero esa gente que asesinó no deja que yo venda el ganado y piensa que me voy a vengar cuando lo único que quiero es que se haga justicia”, relató.

Romeo, quien logró salir de su colonia antes que asesinaran a su papá y hermano, aseguró que el Alcalde lo está persiguiendo, por lo que alertó que él lo que busca es justicia y no venganza.

Sin embargo, también comentó que el grupo paramilitar impidió que recogieran los cuerpos de su padre y hermano muertos para sepultarlos; posteriormente –detalló– cateó las casas de todos sus familiares, y ha impedido que vendan sus cabezas de ganado para pagar sus deudas y sobrevivir, además los mantienen prácticamente secuestrados al impedirles salir de sus casas.

Ante la serie de hechos violentos, Jiménez Pablo anunció que en los próximos días darán a conocer la ruta que van a seguir con una caravana que partirá de Chiapas hasta la Ciudad de México para pedir a la Secretaría de Gobernación que intervenga y ponga un alto a la situación que padecen.

Recordó que la agresión a Armando y su hijo forma parte de un clima de hostigamiento contra su organización por lo menos desde 2010, situación que ha sido corroborada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha emitido dos recomendaciones, la 64/2011 y 11/2013, que pese a ser aceptadas por el gobierno de Chiapas, no han sido atendidas.

Los campesinos también expusieron que enviarán una carta al líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete Ruiz, debido a que el Alcalde es de extracción perredista y que ayude a su destitución.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

INE aprueba lineamientos para cómputos distritales en 2015

El Consejo General del INE aprobó los lineamientos para el desarrollo de la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Federal 2014-2015, cuyo objetivo es otorgar mayor certeza y transparencia, así como facilitar la labor de vigilancia de los representantes de los partidos políticos.

En sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Organización Electoral, Arturo Sánchez, resaltó que los cómputos distritales constituyen uno de los procesos más importantes que se realizan después de la jornada electoral.

Detalló que los lineamientos aprobados este miércoles recogen las experiencias obtenidas a lo largo de procesos anteriores, sobre todo en lo referente al cotejo de las actas de las casillas y el recuento de los votos.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, expuso que durante la celebración de unos comicios, el proceso de recuento no necesariamente es terso ni aséptico “desde el punto de vista de la presencia ordenada de quienes participan en el mismo, sino que en muchas ocasiones (…) despiertan pasiones”.

Dijo que este asunto “no es menor, dado que lo que está en juego en una contienda es la disputa por el propio poder político y desde este punto de vista, generar también o pensar las condiciones en la que esta tarea se lleva a cabo, es algo complicado para la autoridad electoral”.

En este marco, destacó la importancia de llegar a las elecciones de 2018 con un modelo consolidado y probado en los comicios intermedios del 7 de junio sin lugar a dudas es conveniente.

No es simplemente acabar antes teniendo el parámetro de los tres días, entre el miércoles y el sábado como fecha límite que nos fija la ley, planteó Córdova Vianello.

Resumió que se trata de “tener probado un mecanismo para el proceso electoral en donde esos tres días, como ya ocurrió en 2012, resultan ser insuficientes si no se encuentra una posibilidad de multiplicación digámoslo así, de cómputo y de recuento en este sentido”.

Ejemplificó que “no contener el número de personas que van a estar presentes en una operación tan delicada (como son los cómputos distritales), puede acabar poniendo también en riesgo el propio modelo de operación que se está proponiendo”.

En suma, “entendemos la preocupación que se ha puesto sobre la mesa (los representantes de los partidos políticos), pero también hay que asumir que aquí tenemos que partir de una base de operatividad que suele ser compleja”.

En otro punto de la sesión, el pleno designó por unanimidad a Gabriel Mendoza Elvira como titular de la Dirección Jurídica del INE, quien tomará posesión de su cargo el 1 de febrero próximo.

Además, avaló la reelección de Alfonso Hernández Valdez como Especialista del Órgano Garante de la Transparencia y Acceso a la Información del instituto.

Asimismo, aprobó el acuerdo por el que se declara el total de vacantes en los Consejos Locales del Instituto y el método para la designación de Consejeros Electorales, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Finalmente, el máximo órgano de dirección del INE resolvió cinco quejas por hechos que se considera constituyen infracciones a la legislación en materia electoral, de las cuales dos fueron declaradas infundadas, dos improcedentes y una fundada.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Los padres de los normalistas van a la sierra a buscar a sus hijos con sus propios recursos

Los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala se internarán a partir de este miércoles en la Sierra de Filo de Caballo, una de las más peligrosas de la entidad, en busca de pistas para dar con el paradero de sus hijos, informó Clemente Rodríguez Moreno, padre de Cristian Alfonso Rodríguez.

Hoy a las 8:00 de la mañana los papás de los estudiantes tuvieron una reunión a puerta cerrada y decidieron partir después de medio día.

“Ya no nos queda de otra, más que buscarlos con nuestros recursos, nosotros mismos. No confiamos en el gobierno y lo hacemos responsable si algo nos pasa por allá”, dijo Clemente en entrevista con SinEmbargo.

Se internarán en la sierra los padres de los 42 jóvenes que faltan, dijo. El papá de Alexander Mora Venancio no participará en la búsqueda.

Además acompañarán a los papás una brigada de 300 hombres de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), 700 del sistema de policías comunitarias, maestros de Michoacán, Veracruz y Estado de México, así como organizaciones civiles.

La sierra Filo de Caballo es una de las zonas más peligrosas del estado, controlada por grupos del crimen organizado.

Ahí hubo noticias por última vez de los jóvenes entre el 18 y 22 de noviembre, según José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, municipio de donde son originarios ocho de los desaparecidos.

“Hay un pueblo que se llama Pericotepec [San Miguel Totolapan] donde dicen que vieron un grupo de jóvenes vivos y hasta una imagen hay. Eso nos hace pensar que no fueron incinerados el 26 y 27 de septiembre. También fueron vistos en Acapetlanca, municipio de Iguala, por el Río Balsas. Se solicitó el apoyo de los militares para buscarlos y no lo hicieron, la Gendarmería nada más simuló que los buscó en helicóptero”, dijo Félix Rosas.

De acuerdo con el comunitario hay varias poblaciones armadas en esa zona, cansadas del acoso del crimen organizado.

Una de esas poblaciones recibirá a los padres de los normalistas y desde ese punto se organizará la búsqueda por la sierra.

“Llegarán a uno de los pueblos, ahí se les entregarán fotos de los jóvenes que fueron vistos y toda la información que tienen a los papás”, dijo.

Hace un mes Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, reveló que había sospechas de que los jóvenes fueron secuestrados para la cosecha de enervantes.

“Tenemos la esperanza, no el 100 por ciento, pero un 85 por ciento de que los muchachos están vivos. Hemos tenido información directa, la inteligencia comunitaria es muy grande, si los llegaran a matar sería después de esto. Nosotros sabemos a quiénes ya los mataron, porque de ante mano sabemos que hay gente que se defiende, estamos conscientes, por información, que 85 por ciento están vivos”, dijo en entrevista.

García Rodríguez indicó que la población de Iguala y de otros municipios les proporcionó datos importantes que indican que los jóvenes se encuentran en la sierra de Guerrero.


“Los han utilizado para la cosecha de enervantes, a ellos y a otras víctimas que no son estudiantes y que han sido secuestradas. Esto es muy probable según los datos que tenemos”, aseveró.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-01-2015/1218545.

Convenció al INE argumento de López-Dórgia sobre que spot “calumniaba” su imagen: consejero

“El tribunal ha dicho en varias ocasiones: no es nada más la imagen y no es nada más la voz, es el contexto del spot, los integrantes de la comisión en el INE hicieron la interpretación", indicó Arturo Sánchez.

El spot de televisión del PRD, fue suspendido por una comisión del Instituto Nacional Electoral, tras la queja del periodista Joaquín López Dóriga, que interpretó que el promocional sí agredía al comunicador, quien argumentó una “calumnia”, explicó el consejero Arturo Sánchez.

En entrevista para Aristegui CNN, indicó que en la queja que, por su parte, presentó Televisa, el argumento era que al difundir la imagen del comunicador, se estaban usando imágenes que son propiedad de la televisora; pero eso no genera un delito ni nada que esté  violando la norma, “además los comunicadores forman parte del debate público y no podíamos eliminarlo nada más porque estaba ahí la imagen” del conductor.

En cambio, el comunicador argumentó en su propia queja que se estaba agrediendo su imagen, la cual se está identificando con otro tipo de  personajes y los males del país. Él argumenta que se trata de una forma de calumnia, “la comisión se convence de este hecho y decide bajar el spot”.

El consejero explicó que cada que hay un spot donde alguien se siente agredido, se presenta una queja en el momento en que sale al aire el spot y en la queja se puede solicitar al Instituto Nacional Electoral, medidas cautelares, que consisten en bajar el spot del aire. 

Señaló que quienes se encargan de tomar la decisión de bajar los spots, es “una comisión del INE, una comisión de los consejeros electorales, de la comisión de quejas que tienen la atribución de decidir si la queja y el spot amerita ser bajado. Son solo tres  consejeros”.

El “INE tiene que instruir el caso, es una queja  jurídica, hay que llamar a las partes, analizar el spot y demás. Después se manda al tribunal y el  tribunal resuelve. Debiera ser  pronto, se trata de un procedimiento rápido y expedito que tiene que ver procesos electorales en marcha, así que debe de resolverse pronto, para que haya certeza y no sigan generando este tipo de conflictos”.

Con la nueva ley político-electoral, después de que se dictan o no las medias cautelares, el caso se  instruye, va al Tribunal Electoral y este directamente resuelve, pero siempre va al Tribunal, agregó.

Apuntó que “por calumnia se entiende imputar un delito, si tú le dices a alguien ‘este señor es un asesino, no  vote por él, vote  mejor por mi candidato’ estás imputándole al otro un delito y eso es una  calumnia que no se vale, solamente en esos casos”.

“El tribunal ha dicho en varias ocasiones  no es nada más la imagen y no es nada más la voz, es el contexto del spot, los integrantes de la comisión en el INE  hicieron la interpretación de que esto si  agredía al comunicador, que se debía haber traducido en alguna violación de una norma, en una calumnia, y en consecuencia debía de bajarse y así lo hicieron”, indicó el consejero.


Y reveló: “El PRD también en un momento determinado nos pidió que lo bajáramos, antes de salir al aire, fue el viernes pasado, seguramente había un debate interno y nos dijeron: ‘párenle , bajen   el spot’ y después en el mismo día el partido nos dice ‘siempre no, déjenle al aire, ya está  pautado’, y sale al aire. En medio de ese debate  entramos a analizar  justamente  el spot. Lo que  nosotros no podíamos hacer, que si  hubiera sido el caso de censura, es antes de que saliera al  aire , bajarlo, porque eso se llama censura  previa y no lo podemos hacer”.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Quién está interesado en que CNDH no comparta el expediente del caso Tlatlaya?

Un recurso judicial impide a la CNDH revelar el expediente del caso Tlatlaya, sobre el operativo militar del pasado 30 de junio, en el que murieron 22 personas.

La CNDH reclasificó el expediente del caso Tlatlaya como “investigación de violaciones graves a derechos humanos”. 

Con esa decisión, podría abrir la puerta a que se difunda el expediente del caso sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México.

La comisión argumentó que estaba impedida para permitir el acceso al expediente Tlatlaya, pues fue interpuesto un recurso judicial para impedir que se dé acceso a cualquier documento relacionado con la investigación judicial.

¿Quién está interesado en que la CNDH no pueda, como había decidido hacer, compartir el expediente que tiene en su poder, de su investigación, con medios de comunicación?, ¿quién ha tomado la decisión de proceder judicialmente?, preguntó la periodista Carmen Aristegui.

VÍDEO:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Habitantes de Canoa expulsan a policías y crean su propia guardia rural

PUEBLA, Pue: La comunidad indígena de San Miguel Canoa decidió expulsar a la fuerza pública, crear su propia autodefensa desarmada y montar retenes para restringir el acceso a la localidad ante la pretensión del gobierno de Rafael Moreno Valle de imponerles autoridades.

En rueda de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Rocío Pérez Pérez, informó vía telefónica que los acuerdos tomados por su comunidad el pasado lunes 12, incluyen evitar la entrada de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de posibles candidatos si el conflicto no se resuelve antes de la celebración de los comicios de este año.

El pasado 4 de noviembre fue detenido el Presidente Auxiliar de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien mantuvo su oposición a entregar las oficinas del Registro Civil, luego de que el gobierno de Moreno Valle impulsó una reforma legislativa para centralizar ese servicio.

Desde entonces, Canoa se declaró en resistencia y ha tratado de evitar que el gobierno estatal imponga autoridades suplentes sin que hayan sido electas por la vía de usos y costumbres que rige a esta comunidad y que cuenta con una población 90% indígena.

Pérez explicó que prefirió no presentarse en la rueda de prensa en la Ciudad de México, luego de que ha sido amenazada por el gobierno estatal de que si se manifiestan en torno al Informe del mandatario poblano, su padre será trasladado del penal de San Miguel al de alta seguridad de Tepexi de Rodríguez, lo que podría afectar su estado de salud y anímico.

Asimismo, denunció que recibieron dos amenazas por parte del gobierno poblano, una de ellas telefónica en la que le pidieron cancelar la conferencia de prensa.

Pérez informó que en la asamblea del lunes pobladores de Canoa determinaron que expulsarán a unos 30 policías que hay en esa localidad, que sólo se dedican a resguardar el edificio de la presidencia de la Junta Auxiliar y no cuidan la seguridad de los habitantes.

Explicó que la seguridad del pueblo, de unos 35 mil habitantes, será asumida con la organización de los pobladores, que ya dividieron el territorio en 10 secciones y nombraron comités que coordinarán las actividades de vigilancia.
“Todas se coordinarán con el comité central en coordinación para evitar ingobernabilidad”, precisó. “No hay, ni habrá armas de ningún tipo, nuestra resistencia es pacífica, vamos a resguardarnos como población sin ningún tipo de armas. No es autodefensa”.

Además, apuntó que la comunidad determinó colocar una especie de retenes o casetas en las entradas de la comunidad para tener un control del ingreso de personas extrañas, luego de que el gobierno estatal y municipal podría enviar policías o funcionarios para detener a más personas o imponer autoridades en la Presidencia Auxiliar.

“Tendrán que pedir permiso para ingresar a la comunidad, y así evitar que lleguen autoridades estatales y municipales”, detalló.


Indicó que no se permitirá el acceso a representantes del INE para la organización de los comicios federales, ni a los candidatos que pretendan hacer campañas, hasta que se acuerde respetar las decisiones del pueblo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Profesionistas y obreros extranjeros desplazan a mexicanos en sector energético

VILLAHERMOSA, Tab: El aspirante a la dirigencia del Colegio de Ingenieros Civiles de la entidad (CICT), Alejandro Arturo García Pérez, alertó sobre el desplazamiento que sufren profesionistas locales en el sector energético por parte de colegas extranjeros.

Las empresas extranjeras que llegan a esta entidad en busca de petróleo traen a su propio personal, en detrimento de la fuerza laboral mexicana.

En su opinión, las autoridades gubernamentales deben emprender una campaña para dar a conocer a las petroleras trasnacionales que los técnicos mexicanos están plenamente capacitados para trabajar con ellos.

La reforma energética, dijo, es una oportunidad para los profesionistas tabasqueños bien capacitados puedan emplearse en el sector petrolero.

En la misma situación se encuentran los obreros. Cutberto de la Cruz Arellano, exdirigente de la CTM estatal, aseguró que por lo menos la mitad de los puestos de trabajo de la industria petrolera en la entidad los ocupan trabajadores extranjeros.

Las empresas transnacionales privilegian, dijo, la contratación de obreros de otros países al considerar que se encuentran mejor capacitados y que incluso ganan mucho más que los empleados tabasqueños.

“Ellos ganan en dólares y nuestra gente en pesos, es increíble pero es la realidad”, sostuvo.


En octubre del año pasado, el subdirector de Petróleos Mexicanos de Exploración y Producción (PEP) Región Sur, José Luis Fong Aguilar, anunció inversiones por 56 mil millones de pesos para el sureste mexicano, la mayoría de los cuales se quedarían en Tabasco, entidad que concentra 95% de las operaciones petroleras de la zona.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARMANDO GUZMÁN

Y la PGR deberá entregar peritajes sobre la ejecución de civiles en Tlatlaya

MÉXICO, D.F: A petición de un particular, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar versiones públicas de los peritajes realizados sobre el abatimiento, por militares, de 22 personas en Tlatlaya.

En una primera instancia, en repuesta al particular, la PGR señaló que esa información está reservada por un periodo de 12 años, por lo que el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, argumentando que se deben dar a conocer los documentos porque se relacionan con una investigación de violaciones graves a los derechos humanos.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPG), este tipo de información no puede reservarse.

Aun así la PGR reiteró su respuesta inicial y agregó que la averiguación previa que contiene los peritajes solicitados, fue iniciada por la probable comisión del delito de homicidio y no por delitos de lesa humanidad.

Además la PGR argumentó en los alegatos que la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no fue por violaciones graves a los derechos humanos.

Sin embargo, el comisionado ponente, Francisco Javier Acuña Llamas, determinó que “de las circunstancias que rodean el caso y de los elementos de los que se allegó el Instituto para su análisis, los actos ilícitos cometidos en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, deben darse a conocer al encontrarse relacionados con violaciones graves de derechos fundamentales”.

Y destacó que la CNDH, mediante un comunicado, emitido el martes pasado, dio a conocer que modificó la clasificación del expediente del caso Tlatlaya como investigación de “violaciones graves” a los derechos humanos, con el fin de que las autoridades tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a su recomendación.

Dicha reclasificación, señaló el comisionado, actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el cual establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.

Lo único que concedió a la PGR fue proteger los datos personales contenidos en los documentos, por tratarse de información de carácter confidencial y le solicitó entregar al solicitante versiones públicas de los peritajes de la investigación.


De acuerdo con las investigaciones realizadas por el anterior titular de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, elementos del 102 Batallón de Infantería “privaron de la vida arbitrariamente a las víctimas”, lo que fue comprobado en 12 personas y se presume en otras tres, de las 22 que murieron en los hechos registrados en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 junio de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acuerdo “por la transparencia” en tren México-Querétaro, ¡no es transparente!

El pasado 9 de enero, la SCT y la OCDE firmaron el “acuerdo para el fomento de la integridad y la transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, al que se sumó el proyecto del nuevo tren. Sin embargo, el acuerdo no es público.

Una cláusula de confidencialidad impide conocer el acuerdo entre el gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para vigilar las licitaciones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y el tren de alta velocidad México-Querétaro.

Este miércoles 14 de enero, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lanzó por segunda ocasión la licitación para el tren México-Querétaro, después de que fue revocada en noviembre pasado a un consorcio integrado por China Railway Construction Corporation y Grupo Higa, entre otras empresas.

El pasado 9 de enero, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y el secretario general de la OCDE, el mexicano José Ángel Gurría, firmaron el “acuerdo para el fomento de la integridad y la transparencia para la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”.

A petición de Ruiz Esparza, el acuerdo también incluirá vigilar la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro: “Me permito solicitarle a usted que este acuerdo pueda extenderse a la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuyas prebases se publicarán el próximo día 14 de enero”.

José Ángel Gurría aceptó la solicitud del secretario: “Señor secretario, aceptamos. Vamos a trabajar en el México-Querétaro también”.

Este martes 13 de enero, Noticias MVS primera emisión solicitó a la OCDE una copia del acuerdo.

La respuesta, enviada vía correo electrónico, por la oficina de prensa de ese organismo, fue:

“Desafortunadamente no puedo compartir con ustedes el acuerdo de la OCDE con la SCT, debido a que el mismo tiene una cláusula que me impide hacerlo, ya que para hacerlo público requiero del acuerdo por escrito de ambas partes…”.

Aunque no hizo público el documento, la OCDE emitió un comunicado, en el que señalaba los ejes de asesoramiento en la licitación de la construcción del nuevo Aeropuerto.

La SCT también publicó un comunicado en  su sitio de internet, con los puntos más importantes de ese acuerdo, pero no transparentó el documento.

El doctor Mauricio Merino, experto en rendición de cuentas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), consideró que el gobierno mexicano no tendría que depender de acuerdos de este tipo y, en cambio, debería apostar por mecanismos permanentes que impidan la corrupción:

“El hecho de que se firme un convenio con la OCDE para ese propósito, en dos contrataciones específicas, no hace más que confirmar la ausencia de mecanismos institucionales confiables, sólidos y correctamente establecidos que hay en México, en general, para la contratación de obras públicas”.

Merino cuestionó que el acuerdo entre la OCDE y la SCT tenga una cláusula de confidencialidad que impide conocer públicamente su contenido y la metodología.

“Desde luego se tiene que hacer público el convenio, se tiene que hacer pública la metodología, sería un contrasentido que no supiéramos con el más absoluto de los detalles, en qué va a consistir la transparencia que va a vigilar la ocde, porque se trata justamente de hacer visible, transparente, accesible y público todas las decisiones relacionadas con esas grandes contrataciones, eso es a todas luces obvio…”, comentó.

Haydee Pérez, coordinadora del centro de análisis e investigación Fundar, consideró que la OCDE podrá dar cuenta de que las licitaciones se realicen de forma legal, pero cuestionó que un acuerdo que pretende impulsar la transparencia no sea abierto al público.

“Sería irracional e inconsistente que un acuerdo que efectivamente intenta abonar al proceso de transparencia en la construcción del aeropuerto no pueda ser conocido por la ciudadanía…”, dijo.

“De no ser así me parece que empezamos con el pie izquierdo y que no se estaría mostrando de ninguno de las dos partes los compromisos con los principios que finalmente se van a revisar en el proceso…”, agregó

El primer consorcio que ganó la licitación del tren México-Querétaro estaba integrado por Grupo Higa, la empresa que construyó y es dueña legal de la llamada “casa blanca”, que fue hecha a gusto del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa, Angélica Rivera, como reveló una investigación periodística del sitio Aristegui Noticias.

El reportaje demostró que Grupo Higa, el cual preside el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, construyó y financió la “casa blanca” al mismo tiempo que tenía contratos con el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.

La versión de Angélica Rivera y de Los Pinos es que se trata de un contrato privado y rechazan que exista un conflicto de interés.

Aunque la empresa China Railway confirmó que volverá a participar en la nueva licitación, hasta ahora Grupo Higa no ha informado si volverá a registrarse en el proceso.

La paraestatal china y Grupo Higa, entre otras empresas, integraron el único consorcio que presentó una propuesta para la obra, lo que generó señalamientos de legisladores y especialistas de falta de competencia y transparencia, por lo que el gobierno justificó la revocación del fallo que había favorecido a ese consorcio.

Tras la cancelación, el testigo social, Humberto Santillana Díaz, consideró en su reporte final que los competidores que se quejaron del proceso de licitación -como Siemens y Alstom- tenían razón al pedir más tiempo para entregar sus proyectos, pues se trata de una obra que incluye las especialidades de construcción, operación y equipo rodante.

El secretario Ruiz Esparza aseguró hace unas semanas que Grupo Higa ya no podría participar: “Creo que en el caso de la empresa higa, en este momento existe una imposibilidad, quizás para debate legal, pero no me queda duda que está imposibilitada desde el punto de vista de opinión, de debate político y de simple y sencillamente de cuestionamiento público. Entonces, no me queda duda de que la empresa no va a volver a participar en este tipo de licitaciones, así lo han manifestado públicamente; también las otras dos empresas no quieren de ninguna manera participar”.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública aseguró que no hay impedimento legal para que Grupo Higa concurse por la construcción del tren México-Querétaro:  

“Nada más le digo de las resoluciones que emite la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, que somos los competentes para predicar la ley de obras públicas y la ley federal anticorrupción en contrataciones públicas…

-¿Entonces Higa podría participar?

“Si no están en el diario oficial (de la federación), cualquier empresa puede participar siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos y de experiencia que en su momento se señalen en las bases de licitación”.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) dijo a Noticias MVS que aunque la comisionada presidente, Ximena Puente, fue testigo del acuerdo firmado entre la OCDE y la SCT, no cuentan con una copia de dicho documento.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no respondió a una solicitud para conocer el acuerdo completo con la OCDE, con el que se pretende vigilar dos de las licitaciones más importantes del sexenio de Enrique Peña Nieto: el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y el tren México-Querétaro.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sedena presenta denuncia por irrupción a sus cuarteles en Guerrero

El lunes, normalistas y maestros irrumpieron en las instalaciones militares de Iguala, lo que originó un enfrentamiento con la policía militar.

El agente del Ministerio Público Militar presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) tras la agresión a militares en instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Iguala, Guerrero.

La Sedena ratificó su pleno respeto a la libertad de reunión, asociación y manifestación de las ideas, pero al mismo tiempo condenó enérgicamente “hechos violentos” como los registrados el lunes pasado.

La dependencia detalló mediante un comunicado que 11 militares resultaron lesionados durante la agresión, y uno de ellos recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné en la pierna izquierda.

“Adicionalmente se reportó que cinco policías estatales resultaron lesionados por golpes contusos y uno por una herida penetrante en el glúteo izquierdo. Los conductores de los camiones de la Coca Cola y de la cerveza Corona, resultaron con golpes contusos en diversas partes del cuerpo”, indicó.


“Uno de los heridos recibió el impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del peroné en la pierna izquierda”, añadió.

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Procuraduría de Edomex investiga a 20 funcionarios por caso Tlatlaya

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investiga a 20 funcionarios estatales que presumiblemente torturaron a tres mujeres detenidas tras la ejecución de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya.

Según el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez “están todos y cada uno de ellos en la mejor disposición de colaborar en las investigaciones”.

No obstante, dijo que hasta el momento ninguno de los servidores públicos ha sido separado del cargo debido a que “estamos llevando el principio de presunción de inocencia”.

Al referirse a la reclasificación del caso, al que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le dio el martes pasado el carácter de “violaciones graves”, el procurador dijo que es una facultad del organismo y que la PGJEM continuará trabajando para cumplir con los ocho puntos de la recomendación.

No obstante dijo que a la dependencia a su cargo, le toca sólo la investigación de la presunta violación a los derechos humanos de las tres mujeres que fueron detenidas el día de los hechos, el 30 de junio del año pasado, y liberadas en diciembre.

Gómez Sánchez indicó que las investigaciones que se efectúan están basadas en las declaraciones que han hecho las tres testigos, con quienes ya han tenido contacto.

“La investigación que tiene que ver con la Procuraduría del Estado es la de los supuestos que tienen que ver con los tratos a las mujeres que fueron testigo de los hechos.


“Nosotros no tenemos que ver con la presunta ejecución que se hubiese llevado a cabo por parte de elementos militares”, afirmó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Investiga CNDH enfrentamientos en Apatzingán

MÉXICO, D.F: Familiares de los 44 detenidos por el desalojo policiaco de la alcaldía de Apatzingán, Michoacán, ocurrido el martes 6, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con un comunicado del organismo que preside Luis Raúl González Pérez, a partir de las denuncias de los familiares de detenidos y de víctimas mortales del enfrentamiento entre policías federales y presuntos autodefensas se abrió el expediente CNDH/0010/2015.

El ombudsman señaló que desde que tuvo conocimiento del operativo comisionó a personal de su oficina en Morelia a que se trasladara al lugar de los hechos.

Hasta el momento, apuntó, la CNDH ha obtenido información de lo difundido por medios informativos “presentados por familiares de algunas personas detenidas, así como el inicio de la averiguación previa APPPGR/012/20157IV, por parte del Ministerio Público Federal, con residencia en Morelia”.

Además, atendió a los familiares de 44 personas detenidas por este caso, puestas a disposición de la PGR y consignadas por los delitos de asociación delictuosa y portación de armas de uso exclusivo del Ejército ante el Juzgado Quinto de Distrito de Uruapan, Michoacán, e ingresadas al penal federal “El Rincón”, en Tepic, Nayarit.

La CNDH también destacó que solicitó informes a las autoridades federales y locales “señaladas como probables responsable de los hechos y continuará con su investigación” para concluir con la recomendación correspondiente.


Durante los enfrentamientos del 6 de enero en Apatzingán nueve personas perdieron la vida, de las que seis habrían sido víctimas de “fuego cruzado”, según aseguró el comisionado federal Alfredo Castillo al comparecer ante legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Mancera y colaboradores entregan versión “light” de sus bienes patrimoniales

MÉXICO, D.F: Obligados por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, los integrantes de su gabinete legal y ampliado entregaron a la Contraloría General una versión parcial de su declaración patrimonial.

En el reporte patrimonial dan cuenta de casas y departamentos propios en la ciudad o de descanso en otros estados del país, comprados a contado o con créditos del Fovissste, autos y camionetas del año, cuentas de banco con capital “variable” y en casas de bolsa, locales mercantiles, inversiones y joyas.

Sin embargo, lo hicieron sin incluir detalles y el costo de los mismos, acogiéndose a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la de Protección de Datos Personales del DF.

Mancera Espinosa declaró ser propietario de una casa en copropiedad, cuatro departamentos –uno también en copropiedad–, dos locales comerciales, así como inversiones en organizaciones privadas y bancarias con “saldos variables”.

El exprocurador capitalino declaró que no tiene vehículos propios ni gravámenes o adeudos.

Héctor Serrano, secretario de Gobierno y el hombre más poderoso del GDF después de Mancera, dijo que tiene dos casas — adquiridas en 1994 de contado y 2013 a crédito— y dos departamentos comprados en 2008 y 2012, ambos de contado.

También informó que es dueño de dos camionetas –Suburban y Nissan– compradas en 2014, cuentas de cheques en Bancomer y Banorte y un crédito hipotecario con saldo variable.

El funcionario omitió informar sobre el caballo que posee y con el que practica en un lienzo charro de Iztapalapa, como lo ha declarado en diversas entrevistas a medios de comunicación.

Los funcionarios clave

El 9 de diciembre de 2014, Hiram Almeida, entonces contralor interno, tomó el encargo de Miguel Ángel Mancera, para recibir las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales del gabinete legal y ampliado. Seis días después, el 15 de diciembre, Almeida Estrada fue nombrado secretario de Seguridad Pública.

Sin embargo, la entrega de la información ya estaba en marcha. De hecho, él fue de los primeros que declaró sus bienes: un departamento que compró con crédito Fovissste, dos casas a nombre de su esposa, una de ellas en Morelos; una camioneta Jeep Grand Cherokee 2014 pagada a crédito, dos cuentas bancarias de nómina y crédito en Banorte, una de nómina en Santander, un préstamo en Banorte y una más de crédito en Bancomer; todas, con saldos variables.

Pieza clave en el manejo del dinero del GDF, el secretario de Finanzas, Edgar Amador declaró una casa en el DF adquirida a crédito, otra en Sinaloa por herencia familiar, un auto Honda Acura comprado a contado, cuentas de cheques en Scotiabank, Banamex e Inbursa con saldos variables, además de cuentas de Casa de Bolsa en Scotiabank TD Ameritra y tarjetas de crédito en IXE y Scotiabank.

José Ramón Amieva, consejero jurídico, declaró tener una cuenta bancaria con saldos variables, joyería diversa que incluye cinco relojes y el ingreso de la venta de acciones de sociedad anónima.

Un caso particular es el del Oficial Mayor, Jorge Silva Morales, quien apenas el 27 de octubre llegó al cargo, luego de la renuncia de Edgar González, presuntamente involucrado en actos de corrupción en la dependencia.

El funcionario declaró tener siete casas en el Estado de México e Hidalgo, dos terrenos en Puebla y un departamento en el DF, además de una camioneta Captiva y un auto Clío, cuatro cuentas bancarias, diversos créditos y tarjetas de tiendas departamentales como Costco, Liverpool y Palacio de Hierro.

El secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Hegel Cortés Miranda, no se queda atrás.
En su declaración autorizada dijo tener un departamento en el DF adquirido vía con un crédito del Fovissste, otro por herencia de sus suegros, uno más comprado a crédito, un terreno rústico en Hidalgo herencia de sus abuelos y otro en Querétaro comprado a crédito.

Salomón Chertorivski Woldenberg, exfuncionario federal en el gobierno de Felipe Calderón y actual secretario de Desarrollo Económico del DF, reportó ingresos adicionales a los de su cargo por una cuenta de inversión en casa de bolsa Arka con saldo variable, un fondo de inversión JP Morgan con saldo variable y la participación accionaria de una empresa restaurantera y de cuatro empresas de la industria óptica.

Los discretos

Algunos integrantes del gabinete ampliado dieron pocos detalles de sus propiedades. Tal es el caso de Meyer Klip, director del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (Invea-DF) –dependencia encargada de revisar el funcionamiento de establecimientos mercantiles, con la facultad de multar y clausurar. Klip dijo no tener ningún inmueble, sólo reportó una cuenta de cheques y un fondo de inversión en Bancomer.

Rufino H. León Tovar, secretario de Movilidad, declaró propiedades que van de los 41 mil pesos hasta el millón y medio de pesos.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega, informó que es dueño de una casa que compró de contado en 1997, dos terrenos –uno heredado y otro comprado de contado–, un departamento, dos autos –VW Tiguan 2011 a crédito y VW Beatle 2012 de contado–. El exjefe delegacional en Gustavo A. Madero y extitular de la SSP-DF, dijo tener cuentas bancarias en Scotiabank –donde también tiene un fondo de inversión– y Banamex.

Algunos funcionarios dijeron no poseer inmuebles ni vehículos, por ejemplo, el secretario de Cultura, el procurador social, Alfredo Hernández Raigosa, y el titular de Obras y Sevicios, Alfredo Hernández García.

El pasado 9 de diciembre, en ocasión del Día Internacional Anticorrupción –y en medio del escándalo por la llamada “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivero–, Mancera Espinosa aprovechó y ordenó a los titulares del gabinete legal y ampliado a presentar las versiones públicas de su declaración patrimonial.

Según dijo, los 16 jefes delegacionales se comprometieron a hacer lo mismo. Sin embargo, en la página de la Contraloría General no se publicó ninguna declaración de estos funcionarios quienes, por cierto, ya preparan sus maletas para separarse del cargo y buscar una candidatura para otro puesto de elección popular.


La lista con la versión pública de la declaración patrimonial del gabinete legal y ampliado del GDF se puede consultar en la página de la Contraloría General del DF, www.contraloria.df.gob.mx

FUENTE. PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

El Tribunal Superior del DF denuncia a Ficrea ante la PGR

El Poder Judicial de la capital mexicano acusa a la casa de ahorros por el presunto fraude de 110 millones de pesos.

El Tribunal Superior de Justicia del DF presentó este martes 13 de enero una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Ficrea, por el presunto fraude de 110 millones de pesos, informó la instancia en un comunicado.

En una tarjeta informativa enviada este miércoles 14 de enero, el tribunal detalla que  la denuncia penal es en contra de la empresa, sus directivos involucrados y quienes resulten responsables.

El presidente del Poder Judicial del DF, Elías Azar, ya había informado que se denunciaría a la casa de ahorros. “El Tribunal Superior de Justicia va a ir con todo contra Ficrea, no nos vamos a dejar con lo que nos hicieron porque es un fraude que es tan lastimoso como el que le cometieron a cualquier ahorrador. Iremos como cualquier otro ahorrador, iremos en la gran masa de ahorradores porque somos un ahorrador mas entre todos”, dijo el 8 de enero pasado.

De acuerdo con Azar, el dinero invertido en Ficrea proviene del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, manejado por el Consejo de la Judicatura local en Pleno y lo integran siete consejeros.

Este hecho ocurre a casi una semana de que la PGR solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión –por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada– en contra del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, y al menos cuatro socios más.


El próximo viernes 16 de enero, la comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas en la Cámara de Diputados se reunirá con los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal, para abordar el tema de Ficrea.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Unidos… ¿venceremos?: alianza de PRD y PANAL

En la Ciudad de México el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) serán alianza para las elecciones del próximo 7 de junio, al renovarse las 16 jefaturas de delegación y las 66 diputaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Se manifestó, por parte de los dirigentes locales de ambos institutos políticos, que irán en candidaturas comunes pero aún se encuentran definiendo qué distritos y demarcaciones serán en las que coloquen a sus candidatos.

Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, declaró que “ya es un hecho ir junto con el PANAL a través de las candidaturas comunes”, no quiso adelantar en qué distritos o delegaciones ya que se encuentran en el cierre de las negociaciones.

Afirmó que el acuerdo es serio pero que el convenio se hace efectivo al momento de registrar a los candidatos, esto último al tratarse de candidaturas comunes.

Enfatizó la vocación aliancista del PRD, excepto con la derecha, y señaló que la alianza busca conjuntar la visión política, misma que coincide con temas como la responsabilidad ciudadana y ampliar las libertades de las personas.

Por su parte el dirigente del PANAL en la Ciudad de México, Jorge Gaviño, reconoció las negociaciones y que las pláticas “están muy avanzadas”.

Expuso que “nos están ofreciendo algunas posibilidades de hacerlo no todo en el DF (Ciudad de México) sino en una circunscripción concreta”.

Dejo claro que el PANAL no busca una alianza con un partido político en concreto sino evaluar la posibilidad de ir, en algunos casos, en candidaturas comunes donde se revisará el perfil y a su vez buscar que la delegación fortalezca a ambas fuerzas políticas.


Ante la situación difícil que está viviendo el PRD pareciera que busca llevar a cabo todas las fórmulas que, posiblemente, puedan brindarle la opción de seguir siendo una fuerza política con presencia en el país ya que su credibilidad y preferencia entre los votantes poco a poco lo sitúan abajo del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

Siete mujeres aspiran a ser candidatas independientes

Siete mujeres buscan obtener su registro como candidatas independientes para contender por una diputación federal en las próximas elecciones del 7 de julio, aunque aún deberán obtener el apoyo ciudadano con las firmas de al menos el 2 por ciento de la lista nominal del distrito por el quieren competir, y así obtener su registro formal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) registró 122 solicitudes de personas interesadas en tener una candidatura independiente, pero de éstas, sólo 52 cumplieron con los requisitos previos, entre ellas siete mujeres, quienes buscarán el respaldo ciudadano.

Las aspirantes son: Blanca Elda García de la Cadena Lamelas (Chihuahua); Mónica Guadalupe Abarca González (Jalisco); Graciela Delgado Luna (Michoacán); Blancia Lilia Sandoval de León (Nuevo León); Anayanzi Beatriz Cuautle Gómez (Puebla); María del Carmen Tajonar Méndez (Puebla), y Diana Elizabeth Chavira Martínez (Tamaulipas).

Las candidaturas independientes entraron en vigor el 9 de agosto de 2012 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional en materia política que incluyó el derecho ciudadano a solicitar el registro de manera independiente, para contender por un cargo de elección popular sin el aval de algún partido.

El año pasado entraron en vigor las nuevas leyes político-electorales y el 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que además de contemplar la paridad de género en las candidaturas (50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de varones), también regula las postulaciones independientes con la figura de “participación ciudadana”.

Según el artículo 369 de esa ley, a partir del día siguiente de la fecha en que la persona obtiene la calidad de aspirante podrá realizar actos como reuniones públicas, asambleas o marchas para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para obtener su registro, en este caso el 2 por ciento de la lista nominal de electores correspondiente al distrito por el que contiende.

Desde el pasado 30 de diciembre y hasta el próximo 27 de febrero estas mujeres, ahora aspirantes a candidatas a diputadas por el principio de mayoría relativa, podrán buscar el respaldo ciudadano para lo cual tienen un tope de gastos equivalente a 112 mil 37 pesos.

Según el artículo 363 de la Ley General, las y los candidatos independientes por una diputación federal deberán registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente, integrada por personas del mismo sexo para evitar que un varón arrebate su curul a una mujer.

El próximo 4 de abril, el Consejo General del INE revisará la información sobre el respaldo a cada aspirante para determinar quienes obtienen un registro para participar en la contienda electoral.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0/ CIMANOTICIAS.
AUTOR: Anayeli García Martínez

Los 9 riesgos ambientales de construir el nuevo aeropuerto del DF en el Lago de Texcoco

Científicos valoraron el impacto ambiental que causará la nueva terminal aérea en la ciudad de México. La conclusión: ese no es el lugar idóneo.

Un estudio realizado por integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) denunció nueve deficiencias en el documento de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) que declara procedente el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Entre los problemas que encontraron los especialistas para el desarrollo de un aeropuerto en la Zona Federal del Lago de Texcoco son el hundimiento del terreno, que en promedio desciende de 21 a 30 centímetros anualmente, así como el abastecimiento de agua para éste y para la zona urbanizable de la Aerotrópolis que se pretende construir, donde trabajarían de manera regular 180 mil personas y hace casi imposible el suministro de agua, de acuerdo con el estudio.

El documento advierte también un riesgo para las más de 120 mil aves que habitan el lago durante el año, así como la siembra de más de 264 mil plantas de cinco especies, la mayoría de ellas pertenecientes al género Tamarix (cedro salado), invasivas para el ecosistema del lago con propiedades que ponen en riesgo el ambiente: su salinidad y la permanente caída de hojas inflamables, lo que aumenta el riesgo de incendios en la zona.

Animal Político consultó al coordinador del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental dela UCSS, Fernando Córdova Tapia, para explicar las deficiencias del proyecto que presentó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

“Lo que ellos dicen es: vamos a hacer nueve obras de infraestructura, la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) los va a hacer para evitar inundaciones. No hay nada, no hay ningún mapa, ningún estudio, ninguna descripción técnica de cómo van a solucionar el problema del agua”, detalló Córdova Tapia, quien advirtió que la afectación a flora y fauna es inminente porque la vocación del suelo es apta para que vivan especies propias de un lago y no de un bosque .

La Manifestación de Impacto Ambiental, aprobada el pasado diciembre por la DGIRA, adscrita a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Animal, que a su vez pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), reconoce que el motivo principal por el hundimiento de la zona es la extracción de agua subterránea del Valle de México.

En el documento autoridades señalan que el nuevo aeropuerto reducirá el consumo de agua potable en un 70% respecto al actual y “no tendrá influencia alguna sobre las causas directas del hundimiento ya que el suministro de agua será a través de la red hidráulica municipal”.

“¿Cómo vamos a saber que la red municipal va aguantar sus estimaciones de uso de agua? Porque estás conectado una de la zonas más fregadas a agua potable” cuestionó Córdova, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Ante esta problemática el extitular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, calificó al proyecto del nuevo aeropuerto como una “catástrofe” para el futuro de la capital del país.

“Yo puedo decir con los datos que tengo que ese proyecto es una catástrofe para el futuro de la ciudad. Ya no funciona el gran canal del desagüe ni el Río de los Remedios. Todos los sistemas naturales que llevaban el agua al lago de Texcoco ahora se quedan sumidos en el centro de la ciudad” detalló en entrevista el presidente de la organización Ciudad Posible, quien publicó en marzo de 2014 un estudio que analiza los riesgos de construir el aeropuerto en la zona oriente de la Ciudad de México.

Dicho documento, llamado “En Tizayuca SÍ, en el Lago de Texcoco NO” rechaza la construcción del proyecto y propone su realización en Tizayuca, municipio del estado de Hidalgo donde hace 18 años se propuso la construcción de un aeropuerto.

La propuesta incluye la expansión de las redes de transporte para la explotación económica del sector ampliando la Línea Tres del Metro y de la avenida Insurgentes, mediante túneles en la Sierra de Guadalupe para conectarla directamente a la autopista hacia Tizayuca.

Sin embargo la respuesta del gobierno federal ante la posible desaparición de la mayor reguladora de agua frente a inundaciones en la capital no ubica al proyecto en otro sitio, de acuerdo con Luege Tamargo.

“Siendo director de la Conagua, yo presenté un documento sólido. Les dije: tenemos la certeza técnica, científica de que no se puede prescindir de la Zona Federal del Lago de Texcoco”, insistió el ingeniero José Luis Luege.

El 70% del abastecimiento de agua en el Distrito Federal proviene de los acuíferos del Valle de México que son extraídos seis veces más sobre su capacidad de recarga, de acuerdo con estadísticas de la organización Ciudad Posible.

En su segundo informe de gobierno, en septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto presentó la realización del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México el cual pretende realizarse en cuatro fases comprendidas de 2014 a 2062. La primera de éstas culminaría en 2018.


Documento íntegro:

Análisis Resolutivo Aeropuerto:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: GONZALO ORTUÑO.

El Ejército abre sus cuarteles a los padres de los normalistas que lo soliciten con anticipación

Los familiares de los estudiantes desaparecidos lograron una de sus principales exigencias: entrar a las instalaciones del Ejército para buscar a los jóvenes.

Un día después de un enfrentamiento entre manifestantes y elementos del Ejército en Iguala, Guerrero, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron ayer 13 de enero con funcionarios federales.

En el encuentro, las autoridades mexicanas aceptaron la exigencia que cuausó el choque del día anterior: permitir a los padres entrar a los cuarteles militares del Ejército para buscar a los estudiantes.

Las instalaciones del Ejército “están abiertas a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones”, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, el vocero de los familiares, Felipe de la Cruz, dijo este miércoles 14 de enero que “la intención es de buscar en todos los cuarteles del país, no nada más de Guerrero”.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión entre familiares y autoridades–la primera de este año–, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, confirmó el martes 13 de enero que ninguna declaración indica que elementos de Ejército o de algún cuerpo de seguridad federal participaran en la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

Zerón de Lucio también informó que 97 personas han sido detenidas, que la búsqueda de los desaparecidos no se ha suspendido –a pesar de que las autoridades han informado que hay “indicios” de que los jóvenes fueron asesinados y quemados desde el 26 de septiembre pasado, cuando desaparecieron tras un ataque a tiros por parte de la policía municipal de Iguala–; agregó que habrá una reunión el 17 de enero de autoridades educativas federales y locales con estudiantes, profesores y directivos de la Normal Rural Isidro Burgos.

El titular de la Agencia de Investigación Criminal indicó que existen 82 tomos y 13 anexos derivados de las investigaciones, los cuales han sido consultados por los representantes legales de los normalistas desaparecidos del 26 de septiembre de 2014.

El funcionario de la PGR afirmó además que se giró una nueva orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda Villa por el delito de delincuencia organizada, la cual también contempla a 53 personas más.

Abundó que contra José Luis Abarca Velázquez, ex presidente municipal de Iguala, y otras 45 personas se giró otra nueva orden de aprehensión por el delito de secuestro, que contempla la desaparición de los jóvenes normalistas. Abarca está preso ya, pero no se le había señalado ningún delito relacionado con los estudiantes de Ayotzinapa.

En ese sentido, Zerón de Lucio detalló que se giró igualmente una nueva orden de aprehensión contra cinco policías de Iguala por el delito de desaparición forzada, en relación con los cuerpos hallados en las primeras fosas que se encontraron en ese lugar.

El director en jefe de esa agencia de la PGR también dio a conocer que se dictó auto de formal prisión a 10 policías detenidos en días pasados por el caso Iguala, y aseveró que todas las declaraciones cuentan con sustento jurídico.

Además se han practicado 16 cateos y 385 personas han declarado, incluidos 36 militares, al tiempo que se han realizado 93 peritajes telefónicos como parte de las indagatorias.

Agregó que se han girado 221 órdenes de aprehensión, que se han agotado todas las líneas de investigación y que la búsqueda de los normalistas en ningún momento ha sido suspendida.

Zerón de Lucio fue enfático al subrayar que ninguna declaración indica que elementos del Ejército Mexicano tuvieron participación en la desaparición de los estudiantes.


También dio a conocer que durante la reunión de esta tarde, los padres de los 42 desaparecidos solicitaron una ambulancia y servicio médico para atender a estudiantes y personal de la Normal Raúl Isidro Burgos, lo cual será atendido a la brevedad posible.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.