Tan sólo el predio de Atizapán, inscrito en la oficina Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral a su nombre y el de su esposa, Verónica Liliana Rocha Vélez –presidenta del DIF Municipal hasta hace unos días–, fue adquirido en 2 millones 863 mil 813.40 pesos.
En la declaración patrimonial publicada por el legislador federal en sus redes sociales, no aparecen los montos salariales devengados en su encomienda anterior ni en la actual; tampoco el costo de sus propiedades.
No obstante, refiere que en 2013, su primer año en la presidencia municipal, adquirió dos inmuebles.
El 1 de enero de 2013 establece la compra de un predio en el fraccionamiento Rancho San Juan, municipio de Atizapán de Zaragoza, el lugar más exclusivo y de mayor plusvalía de Zona Esmeralda, “rodeada de cañadas cubiertas de encinos, cascadas, lagos y la impresionante belleza de la naturaleza”, destacan las inmobiliarias.
Esta área se ubica a 20 minutos de Interlomas, tiene patrullas y vigilancia las 24 horas del día, y en las inmediaciones se ubican colegios como La Salle, Tec de Monterrey, Sierra Nevada, Thomas Jefferson, Green Hills y Kipling, todos privados.
Aunque la declaración asegura que el terreno se pagó al contado, la oficina Tlalnepantla del Instituto de la Función Registral da cuenta del terreno hasta el 10 de abril de ese año, a través de la escritura pública 9 mil 224 del volumen 214 de fecha 21 de junio de 2013, ante la fe de la notario 156 del Estado de México, Mónica Mondragón.
Conforme a la clave catastral 1000871720000000, el lote 20 ubicado en la manzana 17 tiene una superficie de mil 004.24 metros cuadrados y se encuentra sobre el terreno que formó parte de la fracción tercera de la Hacienda de Sayavedra, porción conocida con la denominación Rancho Viejo.
En el terreno ubicado sobre la calle Bejucos, RSArquitectura construye, desde septiembre de 2014, una casa de tres niveles; la superficie está contemplada en 337.26 metros cuadrados por 659.91 libres, con cinco cajones de estacionamiento y área para asador.
Basáñez García además declara la propiedad de un departamento en Huixquilucan de 118 metros cuadrados de construcción, adquirido el 27 de noviembre de 2013, el primer año de su gestión como alcalde, a crédito.
También asegura ser propietario de joyas diversas y de un auto Peugeot 208 Feline BUA 5p 2014 adquirido el 1 de septiembre de ese año.
Además, reporta una cuenta maestra y un fondo de inversión en BBVA Bancomer, dos cuentas maestras en Banorte, otra más en HSBC, un seguro de vida-inversión en Grupo Nacional Provincial y otro en Seguros Monterrey.
El legislador priista refiere como domicilio el fraccionamiento Valle Dorado, en Tlalnepantla, inmueble adquirido el 1 de abril de 1999, con 220 metros cuadrados por 160 de terreno.
En la página de Transparencia del ayuntamiento ya no aparece el Presupuesto 2013, pero el de 2014 refiere que ese año las percepciones del alcalde ascendieron a más de dos millones 607 mil 121 pesos, mientras para 2015 se contemplaron dos millones 607 mil 120.96 pesos.
Rendición de cuentas
La administración de Pablo Basáñez como presidente municipal de Tlalnepantla –que concluirá el 31 de diciembre con su sustituto Guillermo Martínez–, se caracterizó por la asignación de montos elevados a partidas inexplicables, opacidad en los contratos, extraños traspasos financieros al DIF municipal y ausencia de rendición de cuentas al cuerpo edilicio.
En el acta de cabildo del 18 de diciembre de 2013, durante la aprobación del Presupuesto del año siguiente, la decimocuarta regidora, María de los Ángeles Dueñas, cuestionó las reducciones en gasto social y los aumentos al burocrático.
Solicitó una explicación por la disminución de 11 millones de pesos a la Dirección de Desarrollo Social, de 30 millones a la Dirección General de Educación y Cultura y de 5 millones al Instituto Municipal de Salud; y por la ampliación para Tesorería por 63 millones de pesos y de 18 millones a la Secretaría del Ayuntamiento.
La edil también advirtió desinformación para aprobar un subsidio extraordinario por 22 millones 800 mil pesos del ayuntamiento a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En la aprobación del proyecto de Presupuesto 2015, el 18 de diciembre de 2014, el octavo regidor Arturo Saavedra Cruz cuestionó el incremento del gasto para el capítulo 4000 relacionado con los “Traspasos, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, establecido en 360 millones de pesos.
César Román Mora Velázquez, séptimo regidor, demandó claridad en la transferencia de 120 millones de pesos al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio.
También advirtió que en el proyecto sólo se justificó el gasto de 124 millones de los 631.5 asignados a la presidencia municipal, y demandó claridad en los 2.5 millones previstos para el arrendamiento de edificios, 5 millones para la renta de bienes informáticos y 51 millones para arrendar vehículos.
Lizbeth Nava, decimoprimera regidora, acusó uso electoral de 66 millones asignados a la Dirección General de Desarrollo Social –2015 fue un año de comicios locales–, y cuestionó el gasto excesivo de la partida 2 mil 220 relacionada con “alimentos para animales” que ejerce la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
“El año pasado le presupuestaron cerca de 600 mil pesos y este año 5 millones 400 mil; qué le dan de comer a esos animales… hace pensar que es un desvío para otras actividades que no son de índole general para la ciudadanía”, dijo.
El otrora alcalde justificó que el rubro incluye no sólo alimento para animales, sino además despensas para los elementos de la Comisaría como una prestación regular.
El tercer síndico, Emiliano González Rosas, advirtió como un exceso presupuestar para 2015 en gasolina 79 millones 712 mil pesos.
Ese día el cabildo también aprobó otorgar en 2015 un nuevo subsidio extraordinario a favor del DIF Municipal, ahora por 123 millones de pesos.
Otra de las anomalías, de la que se denegaron detalles a los integrantes del cabildo arguyendo datos personales, radica en los términos del contrato suscrito por Pablo Basáñez como representante del ayuntamiento con Helico de México, SA de CV, representada por el capitán Jorge Enrique Sánchez Gutiérrez, el 8 de abril de 2013.
La aeronave apenas prestó el servicio tres meses y se utilizó fundamentalmente para el traslado personal del presidente municipal, a pesar de que fue contratada con la justificación de “incrementar los esfuerzos de combate y prevención de la delincuencia”.
El contrato del helicóptero fue “abierto”. En su cláusula tercera establece un importe mínimo por el servicio de 7 millones 817 mil 472 pesos y un máximo por 13 millones 029 mil 120 pesos.
“El importe por hora en las primeras 40 horas de cada mes calendario será de mil 200 dólares”, las siguientes implicarán mil 150 dólares; en ambos casos más valor agregado.
“Cuando el municipio no utilice el servicio descrito… se encontrará obligado a un pago mínimo de 30 horas por cada mes calendario”, detalla el documento.
El contrato contempla entre los servicios ofrecidos por el prestador “transportación aérea mediante helicóptero… herramientas de auxilio en el combate a la criminalidad, prevención del delito, vigilancia policiaca, control de tránsito vehicular, atención de emergencias, protección civil, medio ambiente, fotografía y filmación y, en general, en el auxilio de las diferentes funciones y servicios públicos que la Constitución y las leyes atribuyen al municipio.
“Los costos de servicios de Aeropuertos, Helipuertos, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que origine la prestación efectiva de los servicios objeto de este contrato… serán cubiertos por el municipio”, detallan las cláusulas.
También prevé la rescisión por incumplimiento con una pena convencional al prestador del orden de 1% sobre el monto total del contrato por cada día incumplido, pero la administración tampoco proporcionó lo detalles sobre el término. El 12 de noviembre de 2013, el cabildo clasificó esa información como parcialmente confidencial.
La construcción del edificio de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, al que se destinaron 70 millones de pesos en 2013 y 65 en 2014, aún se reporta como obra en ejecución.
Apenas a mediados de noviembre pasado, bomberos de la demarcación denunciaron de forma anónima que el exalcalde nunca otorgó a la corporación los apoyos comprometidos en 2013 y 2014.
Las ofertas del mandatario, acusaron, tuvieron como simple objeto tomarse la “foto”, pues laboran con uniformes viejos, sin combustible, con falta de equipo, fallas en servicios como agua y luz, y su salario y prestaciones jamás aumentaron.
La mañana de este miércoles, el presidente municipal saliente rindió el tercer informe de la administración, respaldado con la presencia del gobernador Eruviel Ávila.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422313
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