Justo por eso y ante su inminente entrada en vigor, el miércoles 4 de noviembre, los senadores que votaron en contra de esa ley, a su vez aprobada por la coalición legislativa PRI-PAN-PVEM, prevén presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su derogación.
En lo que puede ser un caso semejante al de la Ley Televisa, que finalmente la SCJN declaró inconstitucional, senadores de PAN, PRD y Morena tienen ya prácticamente concluido el recurso contra lo que denominan “un engendro legal”, pero para presentarlo requieren 43 firmas, ocho más de los 35 legisladores que votaron en contra.
Y es que la ley del derecho de réplica, reglamentaria del artículo 6 constitucional, está diseñada para no garantizar en televisión y radio esta nueva prerrogativa a los ciudadanos; en cambio, a los que más afecta es a los medios impresos.
“A los medios impresos los perjudicaron y a la televisión la protegieron”, afirma el senador del PAN Javier Corral, quien no sólo promueve la acción de inconstitucionalidad, sino que elabora una iniciativa contra la ley del derecho de réplica que judicializa la concreción de ese derecho ciudadano.
“Mi oposición a que no fuera procedimiento judicial tiene que ver con las enormes posibilidades que el Estado tiene para, vía el Poder Judicial, influir sobre las libertades de expresión y de información”, expone Corral, tenaz crítico del contubernio de prominentes políticos con Televisa, incluyendo los de su partido.
–¿La ley puede prestarse a maniobras políticas de los poderes?
–Sí, cuando el Estado quiera empezar a molestar, sí los puede mantener en litigios. Por eso nosotros no queríamos el procedimiento judicial, queríamos una instancia administrativa ágil y expedita. El procedimiento judicial, además de ser engorroso, te puede mantener ocupado todo el año. Ahora hay que trabajar nada más para contestarles a los abogados.
Esta ley establece que toda persona tiene derecho a aclarar información difundida en los medios de comunicación, las agencias de noticias y por los productores independientes, siempre y cuando los datos o imágenes sean inexactos o falsos y cuya divulgación le cause agravio.
Este derecho también lo podrán ejercer partidos políticos y los familiares hasta de segundo grado de alguna persona fallecida a la que cite el medio de comunicación. Si el medio no difunde la réplica, el afectado podrá recurrir a un juez que iniciará un juicio.
Los medios que no difundan la réplica serán sancionados con multas de 500 a 5 mil días de salario mínimo y de 5 mil a 10 mil días si se niegan a cumplir la sentencia del juez.
Lozano: Contra los impresos
En el debate sobre el tema, en la sesión del 13 de octubre, el senador Javier Lozano, panista como Corral, pero apegado a los intereses del sector telecomunicaciones y de Televisa, afirmó que la ley del derecho de réplica aplica a todos los medios, sean escritos, electrónicos, digitales y “los que se vayan sumando en el futuro”.
Pero subrayó: “Algo muy importante, y quizás también por eso a algunos medios de comunicación no les gusta la idea de que venga esta legislación: ¿Por qué? Porque van a tener que ocupar el mismo espacio y formato para tener la réplica cuando ésta proceda.
“No que nos mandan a la página 49, en unas letritas chiquitas, y dicen: ‘ya cumplimos con la réplica’, y todavía viene la contestación, la nota del columnista o la nota del reportero, a argumentar nuevamente, y ahí murió la cosa. ¡No señores, ahora sí van a tener que publicar en el espacio concreto en el que publicaron la información inexacta!”
El derecho de réplica, afirmó, también está garantizado en la televisión y aun en los programas en vivo:
“Bueno, se quejan algunos de que se tiene que ejercer ante los medios de comunicación el derecho de réplica. Bueno, ¿pues ante quién querían? ¿Ante el Papa o qué? Pues es obvio que tiene que ser ante el medio de comunicación, y si el medio de comunicación no atiende directamente este reclamo, entonces se va directamente con un juez, que en un juicio sumario, absolutamente expedito, ágil, va a resolver lo conducente, si procede o no la réplica, y en su caso, inclusive la imposición de una sanción de carácter administrativo”.
Y añadió: “Había quien decía: ¿Y por qué no le damos primero la instancia a Gobernación? Sí, cómo no, o a la Secretaría de Educación Pública. Ponerlos en manos del gobierno para el ejercicio del derecho de réplica. Es absurdo. Entonces, directamente con el medio. No atiende, vámonos rapidito a un juicio sumario con el Poder Judicial”.
Otro político identificado con la televisión, Carlos Alberto Puente Salas, coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –su flamante presidente nacional–, se quejó de que los opositores critiquen la información difundida por la televisión, pero no de los medios impresos.
“Pero, claro, no hablan de esos medios que también les acomodan a algunos a modo muchas de esas notas, de esa información. Así, el instituto político hubiera sido otra historia en el pasado proceso electoral si nos hubieran dado verdaderamente el derecho de réplica que diario nos aplicaban más de un medio impreso.” (sic)
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defendió el dictamen el poblano Ricardo Urzúa Rivera, amigo del exgobernador Mario Marín y dueño de una flota de taxis aéreos, porque “si no todos, la gran mayoría de los que ejercemos la carrera política hemos sido víctimas de calumnias”.
Argumentó: “Yo comento que en alguna ocasión pedí un derecho de réplica en un medio escrito. Cuando lo pusieron en primera plana, y el derecho de réplica se dio en la página número 28 con letras bien pequeñas. Y eso es una desventaja para todos los mexicanos.
“Todos los medios de comunicación tienen el gran poder de tener en los medios de comunicación, digamos, tienen el poder de los tiempos aire y los tiempos que ellos manejan, digamos, a su conveniencia. Muchos de ellos son pagados.” (sic)
A la medida de Televisa
En un largo debate en el Senado, en el que la mayoría integrada por el PRI, el PAN –salvo ocho senadores que votaron en contra– y el PVEM no permitió la modificación del dictamen, la oposición afirmó que desde su origen la ley del derecho de réplica estaba hecha al gusto de las televisoras.
Y es que, en efecto, la iniciativa que generó esta ley fue la que presentó, el 22 de mayo de 2013, el entonces diputado federal Arturo Escobar, quien era el máximo dirigente del PVEM y quien, el pasado miércoles 25, renunció como subsecretario de Gobernación para responder por delitos electorales.
La iniciativa de Escobar, presentada ante la Comisión Permanente, es la base de la ley aprobada por la Cámara de Diputados, el 6 de diciembre de 2013, que sin cambiar una coma fue aprobada por los senadores, el pasado miércoles 4 de noviembre.
No hubo argumento que disuadiera a la coalición PRI-PAN-PVEM, que al final impuso lo que el PRD calificó como una ley inconstitucional, inequitativa, ambigua y a favor de los intereses de los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión.
Luis Sánchez aseguró que la ley deja “ahogada a la réplica en el mar de formulismos leguleyos de los tribunales civiles, federales de nuestro país”, mientras que Fernando Mayans aseveró que el dictamen no establece un equilibrio y armonización entre la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica.
Por el contrario, obstaculiza el ejercicio pleno de la ciudadanía a rectificar información falsa o inexacta por parte de los medios de comunicación que afecte la esfera privada de las personas.
“El dictamen establece requisitos que constituyen una carga procesal para el afectado y no para el medio de comunicación; toda vez que lo obliga a probar ante el juez la falsedad y el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado”, subrayó.
Mario Delgado, de Morena, aseguró a su vez que el derecho de réplica es en realidad un derecho de súplica, porque la reglamentación, en vez de limitar los abusos de los medios de comunicación contra los individuos, acotar su intervención interesada a favor de ciertos partidos políticos, hace nugatorio ese derecho al judicializarlo.
“El propósito final de esta ley debería ser la protección del derecho humano, del derecho esencial, el derecho de réplica sobre el enorme poder de las televisoras (pero es) una ley tramposa para evitar que se garantice este derecho constitucional.”
En su oportunidad, Alejandro Encinas adelantó que existe materia para llevar el caso a la SCJN, porque se violentó todo lo establecido en el artículo Sexto constitucional y otros, ya que la ley hizo nugatorio el derecho de réplica.
De entrada establece que si la televisión, radio o algún medio impreso se niegan a dar la posibilidad de respuesta o rectificación ante una información falsa, inexacta o calumniosa, el afectado puede acudir a un proceso judicial.
Sin embargo, el medio puede apelar el fallo y presentar un amparo, lo que puede prolongar el juicio por meses y hasta por años.
Más aún, expuso, en el artículo 5 se plantea de manera genérica y amplia el concepto de “crítica periodística” para la cual debe estar sujeto el derecho de réplica, sin precisar siquiera los géneros periodísticos, informativos y de opinión.
“Y, por eso, lo que estamos planteando es que el artículo 5, cuando dice: ‘la crítica periodística’ se adicione: ‘en los géneros informativos’, para que no quede ninguna ambigüedad y se abarque todos los conceptos que se refieren a los géneros informativos, sean motivo de este ejercicio por parte de los ciudadanos.”
En su turno, Manuel Bartlett, del PT, afirmó que la ley no favorece a los ciudadanos, sino “a Televisa, a TV Azteca y a sus secuelas. El diseño está construido para que los medios no respeten la réplica”.
Esta ley, dijo, “amputa” el contenido del derecho de réplica y la deja sólo como rectificación, por lo que es contraria al artículo primero constitucional y al 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y puso como ejemplo el caso de Colombia.
“En el derecho comparado en Colombia se señala por la Corte Constitucional de ese país la diferencia entre rectificación y réplica. La rectificación es por la divulgación e información errónea o inexacta; la réplica por cualquier afirmación que atienda con las personas, incluyendo, obviamente, su buen nombre y reputación. Eso lo amputa y deja nada más en cuestiones erróneas o inexactas.”
Al igual que lo hicieron otros legisladores que votaron en contra, la ley también le da la carga de la prueba al ciudadano y no al medio, y los grupos sociales sin personalidad jurídica no tienen derecho a promover la réplica, porque un requisito para promoverla es tener personalidad jurídica.
“El ciudadano tendrá que litigar con Televisa y TV Azteca. El ciudadano tendrá que pagar a su costa la defensa de su honor, el tiempo necesario, ¿cuántos ciudadanos podrán hacerlo? Es una burla, es por tanto el ejercicio un derecho para los poderosos y no para el ciudadano común.”
Bartlett se dirigió a sus compañeros senadores: “Piensen en ustedes, piensen en su futuro, los van a hacer pedazos. Pregúntenle a Creel qué le pasó. Nosotros hace 30 años litigamos contra Televisa, le ganamos en la Suprema Corte en aquellos tiempos, y todavía siguen vengándose cada día de esa afrenta”.
Recordó que Ricardo Salinas Pliego se apoderó de TV Azteca “sin siquiera pagar nada por ella, asociado a Salinas de Gortari”, y por eso él es sujeto de crítica, y subrayó:
“Si ustedes votan hoy esta violación total a la Constitución a las normas internacionales, y se someten a Televisa y a TV Azteca, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a pagar, se los aseguro, lo van a pagar: no van a ser respetables ni en su casa.”
Pero se aprobó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422365
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