En el foro “Personas perseguidas y presas políticas en el Estado de México”, organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensores de bosques, del derecho al agua y contra el despojo de territorios denunciaron que en el afán de proteger proyectos inmobiliarios y carreteros impulsados por Peña Nieto como gobernador y como presidente, se ha desatado una persecución contra habitantes de zonas afectadas por los megaproyectos.
Carlos Sampedro Carreño, coordinador de la organización de derechos humanos, informó que actualmente ocho personas están encarceladas por “delitos que no cometieron, a través de procesos viciados, con el objetivo de amedrentar a las comunidades y distraer el objetivo de su lucha”.
Al señalar que casos como el del profesor Oscar Hernández Neri, fundador de preparatorias populares y vinculado a movimientos sociales, fueron iniciados durante el gobierno de Peña Nieto, Sampedro Carreño destacó que a partir de abril de este año se articularon al menos 10 movimientos de pueblos indígenas del Estado de México en lo que se ha llamado “Fuego por la Digna Resistencia”.
Durante el foro se denunció la vinculación del gobierno de Peña Nieto, primero como gobernador y ahora como presidente, con empresas inmobiliarias y grandes constructoras como Constructora Teya, del Grupo Higa de Javier Hinojosa Cantú –dueño de la “Casa Blanca” donde vive el presidente y su familia; la española OHL y otras como Merket Construcciones y Consorcio Desarrollador Internacional.
Los representantes populares afirmaron que las empresas operaban desde el gobierno de Peña Nieto, por lo que acusaron a Eruviel Ávila de recurrir a la mano dura para que los proyectos se hagan.
En defensa del bosque
Berenice Sánchez, representante de la comunidad de San Francisco Magú, denunció la pretensión de destruir 184 hectáreas de los bosques para construir 11 mil viviendas del proyecto Bosques del Paraíso.
Apuntó que el proyecto pertenece a Merket Construcciones, misma que forma parte de un fideicomiso privado, cuyo responsable es Jorge Flores González. Dijo que debido a la movilización social de la población indígena de San Francisco Magú, las construcciones se encuentran paradas pues la inmobiliaria no ha comprobado la propiedad de la tierra.
La activista señaló que por defender el territorio de su pueblo indígenas, administrado por usos y costumbres, ella y otros 20 comuneros fueron golpeados y detenidos el pasado 8 de marzo y acusados de motín, rebelión, sedición, usurpación de funciones y robo.
José Luis Fernández, de San Francisco Xochicuatla, informó que desde hace nueve años su pueblo ha luchado contra la imposición del proyecto carretero Naucalpan-Toluca, entregado “al compadre de Peña Nieto, Javier Hinojosa Cantú, a través de Constructora Teya”, lo que ha costado amenazas, división en la comunidad y emprender un largo camino legal hasta tocar las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para pedir la anulación del decreto expropiatorio emitido por Enrique Peña Nieto.
“El decreto expropiatorio dice que hubo una consulta a los pueblos indígenas en junio de este año, pero no es cierto, dice que los terrenos son angostadero, pero son bosques, zonas de cultivo y hasta casas habitación. Por eso recurrimos a la SCJN para que eche para atrás el ilegal decreto expropiatorio pero en ese camino hemos sufrido amenazas y represión”.
Y del agua
César Hernández Neri habló de la historia de su hermano Oscar, miembro del movimiento magisterial mexiquense e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, recluido en el penal de Texcoco desde 2014, acusado de homicidio, crimen que no cometió.
Según Hernández Neri, el proceso contra su hermano se origina en la lucha magisterial de Oscar y en su vinculación con movimientos sociales en Chicoloapan, donde ha fundado preparatorias populares, “es rehén del intento del gobierno por amedrentar al magisterio, con él se pretende castigar a la disidencia”.
En el evento se presentó el caso de Jesús Cruz Gallardo, dirigente comunitario de Cahuacán, quien es perseguido por defender las 2 mil 402 hectáreas de bosques que posee la comunidad desde 1997 y en donde viven unas 660 personas.
Trinidad Cruz, hermano de Jesús, dijo que éste tiene una orden de aprehensión por “robo a mano armada”, delito que supuestamente le fue fabricado a principios de este año. Por ello, las autoridades libraron una orden de aprehensión que lo mantiene oculto imposibilitado de continuar con su lucha.
De acuerdo con Trinidad Cruz, a pesar de que desde hace casi 20 años han tenido la posesión de la tierra, el año pasado surgieron supuestos dueños de los terrenos que pretenden “instalar un corredor industrial, un centro comercial y una zona residencial tipo Sayavedra y Chiluca”.
En Coyotepec la lucha es por el derecho al agua, dijo Tomás Meza. El activista destacó que desde 2013 el pueblo de 55 mil habitantes se ha confrontado con el ayuntamiento municipal que pretende despojarlos del control del servicio que han mantenido toda la vida.
Al foro asistió el líder de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, quien señaló que continúa el movimiento contra la construcción del aeropuerto en Texcoco y expresó su apoyo a los pueblos del Estado de México en defensa del territorio.
Entre los pueblos mexiquenses que rechazan la imposición de megaproyectos y desarrollos inmobiliarios están Apasco, Atenco, Coyotepec, San Pedro Tlanixco, San Francisco Xochicuautla, Coyotepec, Netzahuacoyotl, Chicoloapan, Cahuacán, Tecamac y San Francisco Magú.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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