El organismo, que preside Raúl González Pérez, también pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) reencauzar la investigación por la desaparición de los jóvenes y sancionar a funcionarios públicos que “no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades”.
A un año de los ataques a normalistas que derivaron en la muerte de seis personas, 40 heridos y 43 desaparecidos, el ombudsman nacional no ha emitido una recomendación por los hechos.
Luego de difundirse las versiones de padres de las víctimas de que el encuentro del jueves fue ríspido, en un comunicado la CNDH fijó su posición en 12 puntos y destacó que la relación con las víctimas de violaciones a derechos humanos, debe ser “respetuosa y constante (…) en un contexto de dignidad y respeto”, lo que contribuye a la alcanzar “las metas comunes de verdad, justicia y reparación”.
Por ello, “se formula un exhorto al gobierno federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre”, puntualizó el organismo.
“El caso Iguala –se apuntó en el comunicado– es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el estado de Guerrero”.
Alcanzada la verdad, añadió, “se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan de los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho”.
Al señalar que mientras no se conozca con certeza el destino de los desaparecidos, el caso Iguala seguirá abierto, recomendó “efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de detectar omisiones o irregularidades”, que después tendrán que ser investigadas y sancionadas.
En un comunicado, la CNDH pidió a la dependencia encabezada por Arely Gómez retomar las observaciones que hizo el propio organismo en julio pasado, en el documento “Estado de la Investigación del Caso Iguala”, así como las formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Puntualizó que es inadmisible la impunidad en este caso, sino que por el contrario “la investigación debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana”.
Estimó que “recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere, entre otras cosas, que las autoridades competentes den una respuesta a la debida demanda de justicia y de verdad”.
Para el organismo, el esclarecimiento del caso “sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos”.
Añadió que “los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes”.
Recomendó “dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas”, sin que ello afecte o dilate las conclusiones.
Al puntualizar que “la voluntad política expresada a favor de la verdad y la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación”, la CNDH pidió reconocer que “las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades, y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados”.
El organismo exigió a las autoridades federales reconocer el derecho de las víctimas a la participación de sus representantes como coadyuvantes en la investigación, para transparentar y enriquecer la indagatoria, considerando que los “expertos que acudan en apoyo cuenten con la confianza de las víctimas”.
Considerando que “la verdad en este caso es una”, el organismo hizo un llamado a quienes realizan investigaciones en torno a la desaparición de los jóvenes, a garantizar el derecho a la verdad como “prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional”.
Tras señalar que es necesario “impedir el uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión” que derive en la contaminación de la investigación, el organismo hizo un llamado a “dejar de lado descalificaciones”, sumar esfuerzos en la realización de una investigación “con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere”.
Al señalar que la CNDH continuará con su investigación y estará pendiente de las acciones que lleven a cabo las autoridades, consideró que “la verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa”, insistió en que “los hechos de Iguala deben ser el parteaguas que nos lleve a renovar el compromiso que, como autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de Derecho”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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