Cerca de 100 personas iniciaron el segundo día de protestas en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, a un año del operativo de desalojo en la carretera Siglo XXI, que dejó un saldo de decenas de heridos, seis detenidos y un menor muerto.
Cerca de las 10:30 horas familiares de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien falleció el 19 de julio de 2014 al ser alcanzado por una bala de goma, realizaron una ceremonia religiosa en el puente donde se suscitó el enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de la comunidad.
Elia Tamayo, madre del menor, rezó por la misericordia de José Luis y para que Dios otorgue “perdón a los asesinos”.
Asimismo aseguró, “Mi hijo no murió, lo asesinaron”.
A la par de la ceremonia, se iniciaron los trabajos para la colocación de un monumento en el puente de Chalchihuapan, vía que a partir de este día se llamará “Puente Victoria”, pues fue renombrado por algunos habitantes y familiares de presos políticos.
A unos metros de la ceremonia solemne un grupo de funcionarios realizó la entrega de pantallas digitales del programa Mover a México.
Los ciudadanos que recibieron una televisión y decidieron cruzar por el puente fueron criticados por los manifestantes.
Incluso al menos 10 camionetas con cobertores y pantallas pasaron por detrás de las personas mientras se realizaba la ceremonia.
Minutos después el contingente tomó el primer carril y el acotamiento de la Autopista Siglo XXI para iniciar la marcha que tiene como meta el Centro Integral de Servicios de Puebla.
Al momento los manifestantes recorrieron a pie dos kilómetros para después abordar los autobuses y carros de la caravana.
Se prevé que se realice otro mitin en la carretera Atlixco-Puebla.
LA CNDH Y MORENO VALLE
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entonces encabezada por Raúl Plascencia Villanueva –a quién se le atribuyó una relación cercana con Rafael Moreno Valle– emitió en septiembre de 2014 once recomendaciones al Gobernador.
A la fecha, el mandatario estatal no las ha acatado, aseveraron familiares de personas que se encuentran detenidas tras el desalojo de la carretera el 9 de julio de 2014.
El defensor de los derechos de la infancia, Alan Jiménez, detalló que el organismo tampoco se ha pronunciado al respecto, sino que incluso “ha guardado silencio y por tanto es cómplice”.
El activista explicó que las recomendaciones constan en que se castigue a los responsables de la muerte de José Luis, y uno de los principales acusados es el Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, quien ordenó el operativo; que se realice una disculpa pública; libertad a los seis presos políticos; que se otorgue la reparación de daño; que se brinden condiciones de paz y seguridad en la entidad, entre otras.
“Queremos que asuma su culpa el estado de Puebla, que dé disculpas públicas a Elia donde estén presentes medios de comunicación y activistas y no solamente funcionarios y acarreados”, aseguró Alan Jiménez.
Los pobladores de Chalchihuapan denunciaron también que viven amenazados por el gobierno de Moreno Valle y han sido víctimas de intimidaciones, persecución y hostigamiento.
Frente a las puertas de la CNDH, en la Ciudad de México, donde ayer realizaron un mitin informaron que existe una campaña de desprestigio contra las acciones de protesta que se realizarán este mes durante todo julio.
El operativo policiaco de hace un año dejó un saldo de decenas de heridos, seis presos políticos y la muerte de un menor de edad. A un año de aquellos hechos, la situación en la que han vivido los habitantes de Chalchihuapan no hay cambiado mucho.
A la fecha no hay ni un sólo funcionario detenido por el desalojo.
AUTOR: SERGIO RINCÓN.
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