Está mañana, Duarte de Ochoa convocó a la prensa para asegurar que nunca existieron órdenes de aprehensión en contra de sus colaboradores por este concepto.
“Por las evidencias obtenidas, y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de este órgano autónomo del Estado hizo de mi conocimiento que las denuncias de hechos han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales señalados”, justificó.
El 12 de mayo, Apro tuvo acceso a seis denuncias que la dirección jurídica de la ASF interpuso ante la PGR en contra de colaboradores y exfuncionarios de las administraciones de Javier Duarte y Fidel Herrera por presunto desvío de recursos.
Las querellas orillaron a que el Senado emitiera un punto de acuerdo, elaborado por el panista Fernando Yunes, para “exhortar” a la PGR a deslindar responsabilidades y, de ser necesario, promover órdenes de aprehensión en contra de los involucrados.
Las denuncias incriminaban a los hoy diputados federales electos Edgar Spinoso (PVEM), Adolfo Mota (PRI) y Tareck Abdala (PRI), quienes según la ASF simularon el “resarcimiento de recursos” a la Federación para después “sacarlos de las cuentas bancarias” y darles otro destino.
“Simulaban regresar el recurso para obtener los documentos comprobatorios de la ASF de que resarcieron el daño y solventaron la irregularidad determinada; posteriormente volvían a retirar el dinero en dos transferencias”, exponían las denuncias en poder de Apro.
Este lunes, en la sala de banderas de Palacio de Gobierno y acompañando del fiscal general Luis Ángel Bravo, Duarte aseguró que en este caso se “tergiversó la realidad”.
“Se hicieron públicas denuncias de hechos que la Auditoría Superior de la Federación habría presentado ante la PGR, se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y sustracción indebida de recursos públicos federales para financiar campañas políticas, lo que resultó falso”, sentenció el gobernador.
No sólo eso, pues Duarte aseguró que se “dio puntual cumplimiento” en la prestación de los servicios de educación y la formación de maestros, conforme a lo previsto en las leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación, así como en el caso de las otras denuncias que involucran al Seguro Popular y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
“Los recursos fueron programados, calendarizados y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones al mismo, por lo que fueron ejercidos, quiero subrayarlo, en estricto apego a la normatividad”, argumentó.
Respecto del Seguro Popular, el gobernador explicó que “los recursos correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de 2 mil 104 millones de pesos, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en los términos de la normatividad correspondiente, como lo confirmó en su oportunidad el director general de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”.
No obstante, Duarte eludió comentar sobre las demandas que interpuso Intermercado en contra de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Sefiplan por un supuesto fraude de 10 millones de pesos, luego de que maestros del SNTE contrataron créditos y, aunque el gobierno estatal hacía descuentos vía nómina a los docentes, este recurso nunca fue reingresado a aquella empresa, razón por la que hay un estimado de 10 mil mentores boletinados en el Buró de Crédito.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario