Así, tal como se desprende de las estadísticas sobre incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en lo que va del gobierno del presidente Peña Nieto, el secuestro ha registrado un aumento de 52.7%.
Desgloce de datos
Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre septiembre de 2010 y noviembre de 2012 —los últimos 27 meses de gobierno del panista Felipe Calderón— se emprendieron tres mil 80 averiguaciones por secuestro en el fuero común, es decir, fueron casos cuya investigación quedó a cargo de las procuradurías de justicia de los estados en los que estos delitos se perpetraron.
A ellas, además, deben sumarse otras 152 averiguaciones por secuestro consignadas en el fuero federal durante 2011 —según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística—; y 297 casos más registrados a lo largo de 2012 por la PGR.
En total, en este último periodo de 27 meses del sexenio calderonista, en México se acumularon tres mil 529 casos de privación ilegal de la libertad.
En contraste, durante los primeros 27 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto, en México se tomó registro de tres mil 409 casos de secuestro en el fuero común, más otros mil 980 casos en el fuero federal, que dan un total de cinco mil 389 averiguaciones previas emprendidas por este delito, es decir, mil 860 más que con Calderón.
Fuentes consultadas
El número total de averiguaciones previas por secuestro iniciadas en el fuero federal, tanto del gobierno pasado como del actual, proviene de tres fuentes distintas y complementarias: por un lado, las 152 de 2011 están reportadas en la base de datos titulada “Estadística judicial en materia penal 2011″, del INEGI.
Además, aquellas relativas a los años 2012, 2013 y 2014, fueron proporcionadas a Animal Político por la PGR, a través del oficio 0001700071115 (fechado el pasado 12 de marzo). Para presentar este resultado, la Procuraduría divide divide estas averiguaciones federales en dos rubros: dos mil 71 averiguaciones por el delito de “privación ilegal de la libertad”, en los términos del artículo 364 del Código Penal Federal, y otras 122 averiguaciones por el delito de “secuestro”, en los términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, (correspondientes exclusivamente al año 2014).
El sello del crimen organizado
De estas estadísticas se desprende que mientras en los últimos 27 meses de gobierno de Felipe Calderón se emprendieron 449 averiguaciones por secuestro desde el campo federal (152 en 2011 y 297 en 2012), durante los primeros 27 meses de gestión de Peña Nieto, la cifra de secuestros que demandaron la intervención de las autoridades federales aumentó a mil 980 casos.
Si se comparan ambos periodos de gobierno sólo en lo que toca a secuestros que, por su complejidad o impacto social, demandan la atención federal, las estadísticas revelan que este tipo de delitos aumentó 341% desde que el presidente Peña Nieto asumió la conducción del país.
Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre los secuestros que persigue el fuero federal y aquellos que se combaten desde el fuero común? ¿Son más graves los federales?
Según la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los tipos de secuestro que toca perseguir al gobierno de la República –descritos por el Código Penal Federal y por la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro–, son aquellos en los que “tres o mas personas se organicen de hecho” para llevar a cabo la privación ilegal de la libertad, es decir, cuando el delito es cometido por una banda organizada; cuando los perpetradores “sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas, o (cuando) se ostenten como tales sin serlo”.
También toca a las autoridades federales investigar un secuestro cuando los perpetradores incurren en delitos federales durante el hecho, tales como el uso de armas de uso exclusivo del Ejército o, incluso, cuando la víctima es secuestrada con fines de trata de personas.
Un secuestro debe ser abordado desde el fuero federal cuando la víctima sufrió agresiones físicas graves durante su cautiverio, tales como “una lesión que perturbe para siempre la vista, o disminuya la facultad de oír, o entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, (así como) el uso de la palabra o de alguna de las facultades mentales”.
Igualmente, el tipo de secuestros que corresponde investigar al fuero federal es aquel en el que la víctima ha sido torturada a grado tal por sus captores, que sufre “la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pié, o de cualquier otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica; o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una deformidad incorregible”.
Por último, corresponde a la PGR investigar los secuestros en los que las lesiones infringidas “pongan en peligro la vida” del secuestrado, o cuando éste, de plano, fallezca en manos de sus secuestradores.
Estos son, entonces, los tipos de secuestro que han aumentado 341% en México, desde desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Los estados más afectados
Tal como revelan las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública —secuestro del fuero común— y de la Procuraduría General de la República —secuestro del fuero federal—, el estado que destaca por acumular el mayor número de casos de privación ilegal de la libertad es Tamaulipas, ya que, entre diciembre de 2012 y febrero de 2015, sumó 609 secuestros denunciados ante la autoridad.
En la lista de las entidades con más secuestros durante el gobierno de Peña Nieto siguen el Estado de México (420 casos), Guerrero (351), Michoacán (338), Veracruz (288), Morelos (283), Tabasco (219), Distrito Federal (157) y Jalisco (123).
Epílogo: cifras alegres
En enero pasado, el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, aseguró que durante el año pasado, los secuestros en México registraron un descenso de 18%, gracias a la implementación de un grupo élite para enfrentar este delito.
Para sostener esta afirmación, Sales Heredia presentó las estadísticas sobre secuestro del año 2013 —mil 698 casos—, en comparación con las de 2014 —mil 394 casos—, para destacar que el año pasado se habían dado 304 denuncias menos.
Sin embargo, estas cifras sólo estaban basadas en el secuestro del fuero común, es decir, se soslayaba la magnitud alcanzada en el país los secuestros del fuero federal.
Si se agregan estas estadísticas a las cuentas oficiales, los resultados indican que en 2013, el primer año de gobierno del presidente Peña Nieto, se denunciaron dos mil 654 secuestros, lo que representa un aumento de 44% en la comisión de este delito, en comparación con el último año de Calderón.
Luego, efectivamente, durante el año pasado la incidencia relativa al delito de secuestro registró una disminución, pero ésta fue de 14% —y no de 18% como afirmó Sales Heredia—, al bajar de dos mil 654 casos en 2013, a dos mil 277 casos en 2014.
No obstante, aún cuando hubo una disminución en la incidencia de los secuestros durante 2014, México cerró el año pasado con 23% más secuestros que al final del sexenio calderonista.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2015/03/el-secuestro-se-dispara-52-7-durante-la-gestion-de-pena-nieto/
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