Este miércoles se tenía previsto que la instancia resolviera en una audiencia pública el amparo 554/2013, que obligaría a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a reabrir el caso de Lima Buendía, a fin de corregir la investigación aplicando los más altos estándares en materia de muertes violentas de mujeres.
No obstante, luego de tres horas de espera, el proyecto se enlistó para ser discutido en otra sesión sin precisar alguna fecha.
Poco antes de las 11 de la mañana, Irinea Buendía llegó a la SCJN con la esperanza de que los ministros finalmente abrieran el tantas veces bloqueado camino a la justicia.
Con ella iban su esposo, Lauro Ignacio Lima Cervantes –de 85 años– y Rodolfo Domínguez Márquez, director de la organización civil Justicia, Derechos Humanos y Género, y abogado responsable –junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)– de que el caso del asesinato de Mariana Lima llegara hasta la máxima instancia de justicia del país.
Entre el silencio y la esperanza de la mujer de 62 años, estaban otros integrantes del OCNF, académicas como Lucía Melgar y Cynthia Galicia; defensoras de Derechos Humanos como Norma Andrade; representantes ciudadanos como Fernando Solís, y familiares de otras víctimas de feminicidio como Viviana Muciño, hermana de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004, y Conrado Sánchez, padre de Karen Joana Sánchez Gochi, ejecutada en 2012.
Todos hicieron suyas las escaleras y la estancia que anteceden a las salas de la SCJN.
Al paso del tiempo compartían el nerviosismo que mostraban las manos de Irinea, pues confiaban en que la eventual resolución de hoy pudiera abrir brecha para todas las mujeres, especialmente las mexiquenses, que desde hace años han sido víctimas de la violencia machista y torturadas por la impunidad.
Justicia que no llega
Entre los murales de José Clemente Orozco, Irinea Buendía Cortez–originaria del estado de Morelos– fingía no sentir el paso del tiempo. Daba abrazos a quienes llegaban y les decía que éste podría ser el gran día para las víctimas de feminicidio. Era la primera vez que los ministros de la Corte abordarían el tema.
“Lo único que espero de la SCJN es justicia y justicia, nada más”, dijo la madre de Mariana a esta agencia. Recordó que su lucha empezó la mañana del 28 de junio de 2010 cuando “Ballinas” –el presunto feminicida– le dijo por teléfono que la joven “se había suicidado”.
En un primer momento, ella no creyó lo que escuchaba porque en dos ocasiones previas su yerno le había hablado para decirle que iba a matar a Mariana, quien finalmente perdió la vida a los 25 años de edad; sólo dos años después de haberse convertido en licenciada en Derecho.
Tras esa fatídica llamada, Irinea se trasladó al municipio mexiquense de Chimalhuacán, donde encontró el cuerpo de su hija en la cama. Tenía rasguños en el cuello y golpes en la frente, la sien, el pómulo, el muslo derecho y de las rodillas para abajo; la mandíbula estaba como fuera de su lugar y tenía marcas en los tobillos “como si los hubiera tenido amarrados”.
La mujer también vio dentro de la casa dos maletas de “La Flaquita” –como le decía de cariño a su hija– con su ropa y libros. En el comedor había otra con ropa. Un día antes, Mariana estuvo en su casa y le dijo que estaba decidida a abandonar a su esposo, harta de la violencia doméstica que sufría.
Julio César Hernández Ballinas dijo a las autoridades judiciales que su esposa se había quitado la vida, que él retiró el cuerpo de donde se había colgado y lo colocó en la cama. Antes, agregó, le tomó fotografías para que la policía observara el cuerpo que pendía de una “armellita”, sujetado con un hilo de macramé de cinco milímetros de ancho.
Agentes de la PGJEM concluyeron la inspección ocular en 10 minutos. No acordonaron el lugar ni preservaron la evidencia; tampoco tomaron fotografías de toda la casa. En el colmo, durante las pesquisas nunca consideraron la violencia previa sufrida y denunciada por Mariana.
En todo momento, las autoridades creyeron la versión del judicial mexiquense, quien nunca fue detenido y, por el contrario, fue ascendido de rango dos años después del asesinato.
En septiembre de 2011, el Ministerio Público cerró el caso al concluir que no contaba con elementos para determinar la intervención de terceras personas en la muerte de la víctima.
Sin embargo, férrea en su lucha, se aprendió el expediente de su hija, acudió a todas las dependencias mexiquenses encargadas de procurar y administrar justicia, pero ninguna la ayudó.
El auxilio llegó –como en casi todos los casos de violaciones a los Derechos Humanos– de las organizaciones civiles. Fue así que pudo presentar todos los recursos jurídicos necesarios para lograr que se reabriera el caso y se consideraran todas aquellas diligencias que la misma PGJEM había omitido desde el inicio de la investigación.
En febrero de 2013, solicitaron a la SCJN la atracción del asunto y hasta septiembre del mismo año la Primera Sala admitió el caso por reunir los “requisitos necesarios de interés y trascendencia”.
Desde entonces, Irinea esperó con ansia este día. Pocos minutos después de las dos de la tarde, ella, su esposo y sus representantes legales entraron a la Primera Sala.
El corazón de la mujer que ahora se dedica a defender los derechos humanos se detenía por segundos al escuchar el número de proyecto que sería votado por los ministros. Finalmente el amparo 554/2013 fue turnado como “proyecto enlistado”, es decir, pospuesto.
Al principio sus ojos se entristecieron. No entendían lo que implicaba el término jurídico de “enlistado”. Su abogado, Rodolfo Domínguez, le explicó que la SCJN decidió resolver el amparo en otra sesión, aunque sin precisar fecha.
La madre salió al pasillo, a donde ya la esperaban –además de sus compañeras de lucha–, representantes de los medios de comunicación.
“No estoy triste, ni desilusionada, sigo esperando dos cosas de la SCJN: justicia y justicia”, dijo ante las cámaras y grabadoras.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ (REPORTAJE ESPECIAL).
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