miércoles, 11 de febrero de 2015

Van contra la favorita de Calderón

Los priistas en el Senado aseguran que a pesar de que existe evidencia de la construcción de trabajos inconclusos y con sobrecostos en Tradeco, no ha habido sanciones.

La bancada del PRI en el Senado presentará un segundo punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) brinde un informe que involucra a todas las dependencias que tuvieron tratos con Tradeco, la constructora más beneficiada en el sexenio de Felipe Calderón.

El grupo parlamentario del tricolor presentó la proposición para que la ASF informe sobre el estatus que tienen las observaciones realizadas a todas las dependencias y entidades federales que involucran a Grupo Tradeco, propiedad de Federico Martínez Urmeneta.

“Se ha dado a conocer la probable comisión de irregularidades en adjudicaciones directas y obras durante el periodo 2003 a 2012; asimismo, existe evidencia de la construcción de carreteras con fallas, trabajos inconclusos y con sobrecostos en los proyectos adjudicados

“No obstante la gravedad de los hechos, hasta el momento éstos no han derivado en ningún tipo de consecuencia jurídica, por lo cual tenemos la responsabilidad de exhortar a las autoridades conducentes para que lleven a cabo las investigaciones que permitan esclarecer el asunto y sancionar a quienes resulten responsables”, llamaron los legisladores priistas.

Fuentes del PRI confirmaron que se busca que avance la investigación contra Tradeco y sus aliados políticos del PAN para intentar contrarrestar el efecto de los escándalos de corrupción en el que se ha involucrado a miembros del Gobierno federal.

En el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, se establece que, “para dimensionar la magnitud de los hechos”, basta decir que entre el 2003 y el 2012, Grupo Tradeco fue beneficiado con contrataciones por adjudicación directa que le dieron ingresos de alrededor de 15 mil 143 millones de pesos.

Un momento emblemático de las irregularidades en la asignación de contratos a esta empresa fue cuando Federico Martínez Salas, padre de Martínez Urmeneta y fundador de la firma, se incorporó a Petróleos Mexicanos como director del Proyecto Cantarell y, desde ahí, otorgó a la empresa un contrato por 379 millones de pesos para “trabajos de modernización” de la refinería de Minatitlán.

Comenzaría ahí una serie de contratos con Petróleos Mexicanos y otras dependencias que incluiría desde la inspección y rehabilitación de ductos y poliductos hasta la construcción del Puente Baluarte, una de las más grandes obras de infraestructura en el sexenio calderonista.

Le fueron otorgados también varios contratos para la construcción o rehabilitación de infraestructura carretera que tuvo varias observaciones de la ASF.

Tradeco trabajó en varios proyectos de la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvo liderada por Genaro García Luna, mismos que le fueron otorgados a la empresa de forma directa por razones de “seguridad nacional”.

De los contratos otorgados a Tradeco, la ASF revisó 11 de los 95 contratos solo por ampliación en el plazo de entrega o el aumento en los costos.

Uno de esos casos fue la autopista Durango-Mazatlán, obra que presentó 45 observaciones entre las que se encontraba el haber incurrido en un sobrecosto superior al 30 por ciento.

La ASF determinó, también, observaciones por mil 616 millones de pesos ocurridas por diferencia de volúmenes, trabajos de mala calidad, error en la integración de precios, variación en las tasas de interés o intereses de pagos anticipados.

“Como vemos, hablar del Grupo Tradeco es hacer alusión a una conducción bajo el amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés, evasión de impuestos, incumplimiento de contratos en los términos pactados e incluso, de omisión del cumplimiento de la normatividad ambiental, situación que ha sido denunciada por la propia Profepa”, exponen los legisladores del tricolor.

Los senadores priistas argumentaron “ausencia de legalidad y ética” en las irregularidades del otorgamiento de contratos a Tradeco, sobre todo en la administración pasada, en la que “prevalecen actos de corrupción y tráfico de influencias”, sentenciaron en su petición.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.