martes, 10 de febrero de 2015

Secuestro, la incidencia real oculta

En Jalisco, el índice de la privación ilegal de la libertad es un 29 por ciento más alto del que difunde la autoridad local, revela la PGR. A nivel nacional, la cifra de secuestros es un 73 por ciento mayor que la reportada por las instancias estatales, al considerar también los casos investigados por el Ministerio Público Federal.

La cantidad real de secuestros ocurridos en Jalisco en un periodo que comprende del 2007 a noviembre del 2014 es un 29 por ciento más alta de la que ha informado la autoridad local, pues ésta ha omitido todos aquellos que fueron indagados en la entidad por la Procuraduría General de la República (PGR).

Registros de la PGR obtenidos por Reporte Indigo mediante un recurso resuelto por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) –debido a la reticencia que en un primer momento mostró la Procuraduría– revelan que en Jalisco, en ocho años, la cantidad de secuestros es mucho mayor que la reportada por el Gobierno estatal.

Mientras los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), o del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan 279 secuestros del fuero común entre 2007 y noviembre del año pasado, en realidad ocurrieron 81 más, de los cuales se hizo cargo la delegación de la PGR en Jalisco.

Hay casos emblemáticos de la actuación federal en este tipo de delitos que aquí suceden, como el del 21 de julio del 2012, cuando dos jovencitas de 14 y 15 años fueron secuestradas en el fraccionamiento Los Olivos, en Tlaquepaque, municipio del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las víctimas habían sido llevadas a una casa de seguridad, no muy lejos del lugar en donde habían sido privadas de la libertad, en la colonia Paseos del Prado; sólo nueve kilómetros de distancia separaban ambos puntos.

El caso llegó a elementos de la Policía Federal. Su investigación los condujo al segundo lugar; ahí encontraron a las adolescentes en el suelo, con las manos atadas y con señas de haber sido abusadas sexualmente. 

La banda detenida por ese secuestro estaba integrada por cinco individuos que exigían 500 mil pesos por cada joven, para dejarlas en libertad.

Esa averiguación previa no la llevó ni la cerró el Ministerio Público local, sino el federal, es decir, la PGR en su delegación Jalisco.

La medición de la incidencia del secuestro en Jalisco y en el país se ha basado tradicionalmente en los registros del fuero común, es decir, en los que proveen las fiscalías y procuradurías locales con sus indagatorias, pero éstas son insuficientes para describir el tamaño real de ese delito. 

Hay toda una arista que se ha mantenido fuera de las miradas.

La PGR elabora su propia estadística de incidencia del secuestro con base en los casos que toma en sus manos. 

Lo hace de esta manera porque tales privaciones de la libertad que atiende no son cometidas por rencillas personales o delincuentes primerizos, sino por grupos perfectamente estructurados que se dedican de lleno a este ilícito y a otros conexos, es decir, delincuencia organizada.

El daño a la sociedad es el mismo aunque el secuestro sea perseguido por la Fiscalía General del Estado o la PGR. 

En los ocho años mencionados ocurrió un total de 360 secuestros en Jalisco; es el dato más aproximado de la realidad, tomando en cuenta las cifras de la PGR (sin considerar los casos no denunciados, que no son del conocimiento de las autoridades).

A escala nacional las cosas cambian en un nivel incluso mayor. Los datos del SESNSP muestran una incidencia del secuestro en ese mismo periodo de 9 mil 671 delitos en el país, que fueron atendidos por autoridades estatales.

Pero en verdad, hubo un 73 por ciento más de estos ilícitos, es decir, 7 mil 91 que fueron responsabilidad de la PGR, y que casi hacen duplicar la cifra del fuero común. 

De esta forma, la suma total del SESNSP y la PGR es de 16 mil 762 secuestros en el país desde 2007 hasta noviembre del año pasado.

La otra parte

En su segundo informe de gobierno, el jefe del Ejecutivo local, Aristóteles Sandoval Díaz, asegura que “en 2014 se registraron 68.1 por ciento menos casos de secuestro en comparación con 2013”. 

La mención del mandatario no hace distinción entre una incidencia del fuero común y otra federal, es decir, entre la de la Fiscalía General y la PGR, como si la segunda no existiera; sin embargo, existe. 

Esa afirmación del Ejecutivo estatal se basa solamente en los indicadores del SESNSP que apunta que en 2013 se dieron 69 secuestros en Jalisco y 22 en 2014; pero hubo más, en el primero la PGR indagó otros 12 ilícitos por su parte, y en el segundo, nueve más.

Sí hubo una reducción importante del delito, pero fue del 61.7 por ciento –no del 68.1 como dijo el gobernante–, ya que pasó de 81 casos totales a 31. 

Por tanto, durante la actual administración estatal del PRI en Jalisco han ocurrido 112 secuestros en total: 91 investigados por la Fiscalía local, y 21 más por la PGR, esto es, casi una cuarta parte más (23 por ciento) de lo que informa el Gobierno estatal.

Mientras que en el sexenio anterior del exgobernador panista Emilio González Márquez, cuando la violencia ligada con el crimen organizado detonó en el Estado, sucedieron en verdad 248 secuestros, y no los 188 que muestran las estadísticas del SESNSP de 2007 al 2012, que sólo presenta las del fuero común. 

Esto se debe a que durante el mandato de González Márquez la PGR atendió 60 secuestros en el territorio estatal, lo que hace crecer esta incidencia casi una tercera parte más (en 31.9 por ciento exactamente) de la que se sabía hasta ahora. 

Ahora bien, a nivel federal esta perspectiva también debe modificarse. El 21 de enero pasado, el coordinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales, de la Secretaría de Gobernación, aseguró que este delito había bajado en el país un 18 por ciento de 2013 a 2014, al pasar de mil 698 averiguaciones a mil 394. 


Es correcto, pero de nuevo, solo mencionó las cifras del fuero común y omitió las labores de la PGR.

En 2013 y 2014, los primeros del Gobierno federal en manos del PRI, se dieron 3 mil 92 secuestros, de acuerdo con el SESNSP y las autoridades estatales, pero hay otros 2 mil 29 que investigó la PGR en esos dos años, es decir, un 65.6 por ciento más. 

Por tanto, son 5 mil 121 secuestros en total en ese par de años. Sí hubo una disminución en un años, pero fue del 15.5 por ciento, pues la cantidad pasó de 2 mil 777 en 2013 a 2 mil 344 en el 2014. 

Las limitantes

La información de la PGR tiene una limitante relevante: de los 7 mil 91 secuestros que investigó en el país del 2007 al 2014, únicamente 2 mil 834 (el 40 por ciento) puede desglosarlos por el estado donde se dio el ilícito, pues en su mayoría (4 mil 257, el 60 por ciento del total) fueron indagados por áreas centrales como la Subprocuraduría  Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). 


Por tanto, la incidencia por estado debe ser aún mayor. En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe), se estimó que sólo en 2012 ocurrieron 105 mil 682 secuestros en todo el país.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.