En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.
“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.
En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.
Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.
En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.
Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.
Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.
A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.
Niegan información Tlatlaya
En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.
El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.
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