En una mesa de análisis en MVS sobre dicha legislación -en la cual también participó la comisionada del Ifai, Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega-, el legislador indicó que “fracasó” un proyecto para construir una iniciativa plural, con la participación de la sociedad civil.
“Esto llevó a que no se dictaminara la ley en diciembre”, pues detectaron varias “regresiones”, propuestas por el PRI y el Partido Verde, por lo que se pospuso para el nuevo periodo de sesiones, que inició en febrero; con esto, “no se cumplió con el término constitucional que se estableció para publicar las leyes reglamentarias en materia de transparencia”, abundó Encinas.
Entre las propuestas de modificación planteadas por PRI-PVEM, a una iniciativa ya consensuada, el senador recordó ocho, que en general consisten en que “ya se ponen mayores restricciones a conocer información sobre violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde plantean que sea hasta que falle la autoridad competente cuando se pueda poner a disposición esa información”.
“¿Qué implicaría esto? Que resoluciones como las que ha tomado el Ifai, para conocer de los hechos de Tlatlaya, o las fotografías que el Ejército tomó a los muchachos de Ayotzinapa, no podría tenerse acceso, hasta que se diera por concluido el caso, por parte de la Procuraduría General de la República”, ejemplificó Encinas.
-¿O sea podría ser nunca?-, preguntó la periodista Carmen Aristegui.
“Exactamente. Y en ese nunca también amplía los plazos de reserva, así como los conceptos de información reservada en materia de seguridad nacional, riesgos a la economía, a la estabilidad financiera, a la estabilidad monetaria del país, amplía los plazos de reserva, estableciendo la posibilidad de una prórroga adicional. En términos concretos no solamente es ampliar hasta siete años la reserva de alguna información sino con las prórrogas, prácticamente serían prórrogas consecutivas, donde no se tendría en el conocimiento de la información vinculada con estos hechos”, detalló el legislador.
Además, se propone dejar solamente en manos del titular de la dependencia la conducción de toda la política en materia de acceso a la información, “con lo cual aumentaría enormemente la opacidad o la discrecionalidad”, consideró.
En la propuesta de priistas y verdes, también plantean eliminar la obligación de los sujetos obligados de acreditar la llamada “prueba de daño”, que presenta para argumentar que se debe reservar determinada información.
Además, se propone que el consejero jurídico de la Presidencia pueda presentar, cuando haya “riesgo a la seguridad nacional”, recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre determinada solicitud de información.
Por su parte, la comisionada Areli Cano dijo que confía en que el legislativo cumpla con una normatividad “de avanzada, progresista”.
Sin embargo, reconoció que hay preocupación en el Ifai sobre 2 temas: que se intente reservar información en casos de violaciones a derechos humanos o el hecho de que el consejero de la Presidencia pueda interponer recursos de revisión.
Cano mencionó que otro tema preocupante es el acceso restringido a la información, que se pretende. Y aseveró que las autoridades deben seguir fundando, motivando y explicando las razones por las cuales deciden no otorgar información.
A su vez, Guillermo Noriega dijo que ha visto “propuestas regresivas”, sin nombre ni rostro.
Por ello, llamó a hacer públicos los dictámenes de esta legislación, pues actualmente hay una “parte nebulosa”.
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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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