Son los hallazgos hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras el análisis de desempeño de dos áreas clave en el combate al narcotráfico: la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), ambos de la Procuraduría General de la República (PGR).
En el caso de la SEIDO, la auditoría alertó sobre una baja sostenida de la eficacia para resolver los casos que se inician en los últimos años. De las siete mil 352 averiguaciones que se abrieron en el 2013, solo fueron resueltas dos mil 71, es decir el 28.2 por ciento de los casos.
Un año antes, el nivel de eficacia de la SEIDO para “despachar” las averiguaciones superaba el 30% según los auditores.
A lo anterior se suma el hecho de que de las 781 averiguaciones previas consignadas ante un juez, apenas el 19.5% de ellas terminó con sentencia condenatoria en un juzgado en el 2013.
Los jueces, añade la auditoría, negaron más del 35% de las 363 órdenes de aprehensión que la SEIDO solicitó en el 2013. Peor aún, es que de las 225 que si concedieron, fueron cumplimentadas apenas el 9.3 por ciento.
El tema más preocupante, según el documento, es que la PGR no tiene un indicador establecido para evaluar si el número de órdenes rechazadas es o no un problema.
La ASF emitió cinco recomendaciones a la subprocuraduría para corregir esta situación, las cuales van desde el análisis para identificar las causas en la caída de eficacia y establecer contra medidas, hasta el establecimiento de los indicadores de medición adecuados.
Poca inteligencia
Por separado, se aplicó una auditoría de desempeño al CENAPI, cuya responsabilidad es el análisis de datos y generación de inteligencia que facilite el combate al crimen organizado.
Los auditores concluyeron que en el 2013 el CENAPI generó 781 productos de inteligencia, cifra que apenas representa el 63 por ciento de la meta programada de generar mil 240 documentos de esta naturaleza en ese año.
“Se considera necesario que el CENAPI refuerce sus actividades relacionadas con la generación de productos de inteligencia para fortalecer el diseño de estrategias para desarticular a la delincuencia organizada” establecieron los auditores en su dictamen.
Por otro lado, la auditoría evidenció que de las 8 mil 705 solicitudes de información ordinarias que hizo el Ministerio Público Federal al CENAPI, mil 451 fueron respondidas después de siete días hábiles, situación contraria a la de los protocolos y que atenta en contra de la eficacia de las indagatorias.
Al respecto, el CENAPI informó a la ASF en un oficio fechado en octubre del año pasado, que sus oficinas serán desconcentradas en las 32 delegaciones estatales de la PGR, para que haya una operación más efectiva.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ÁNGEL.
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