viernes, 6 de febrero de 2015

6 meses del asesinato del hijo del director de la Radio de Luvianos: sin justicia

Hay dos menores de edad detenidos que declararon haber participado en el asesinato. Presuntamente son del cártel Guerreros Unidos. La familia Benítez aún no tiene las condiciones de seguridad para regresar al municipio.

Hace seis meses, un grupo armado atacó a Indalecio Benítez, el fundador y director de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, del municipio de Luvianos, en el Estado de México. Asesinaron a su hijo de 12 años, Juan Diego Benítez. El atentado se dio en el zaguán de su casa y sede de la radio. Era un grupo de al menos cuatro hombres armados con cuernos de chivo y con chaleco y pantalones de camuflaje, según recuerda Benítez.

Ahora sabe que fueron los Guerreros Unidos. Así lo declararon ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México dos menores de edad que están detenidos por haber participado en el ataque. Un tercero, señalado por ellos como el que disparó, habría muerto pocos días después del asesinato de Juan Diego en un enfrentamiento con miembros de La Familia. El cuarto, presuntamente también estaría muerto.

Los Guerreros Unidos disputan el municipio de Luvianos al cártel de La Familia, el grupo criminal fuerte en el municipio desde el 2010 cuando José María Chávez Magaña, alias “El Pony”, sometió a los narcos locales. Desde que “El Pony” fue detenido el pasado julio como el operador de La Familia en el Estado de México, los Guerreros Unidos aumentaron su presencia en Luvianos. Según las declaraciones de los detenidos, tenían el encargo de obligar a Indalecio Benítez a prestarles la radio periódicamente para emitir mensajes de su organización.
“En el pueblo hay mucha gente que le entra al crimen porque le obligan y no le queda de otra”, explica ahora Indalecio. Luvianos colinda con Michoacán y Guerrero y se inserta en el mismo corredor de Tierra Caliente que Tlatlaya, todavía en el Estado de México, Arcelia, en Guerrero e Iguala.

Indalecio Benítez y toda su familia ya rindieron declaración, la última vez ante la Fiscalía Especial para la Atención a los Derechos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que atrajo el caso. En la última ampliación de la declaración, hace apenas un par de semanas, Indalecio les entregó un casquillo que quedó en su propiedad pese al peritaje hecho por la Procuraduría de Justicia del Estado de México para iniciar la averiguación previa.

Los criminales habían disparado dos balas. Los investigadores solo se llevaron un casquillo. Dos días después, uno de los hijos de Indalecio se encontró el segundo. “La Procuraduría mexiquense hizo el levantamiento de pruebas en cinco minutos, como que se quería desentender”, se queja Benítez. La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso a las pocas semanas.

Ahora, los peritos de la FEADLE –dependiente de PGR– determinaron que ese casquillo es el de la bala que asesinó a Juan Diego, expansiva, que al impactar en el carro se dividió en seis ojivas, tres de las cuales penetraron el cuerpo del menor. El tipo de bala explica que en un primer momento Indalecio dijese que les habían rafagueado pese a que el vehículo en el que llegaban a su casa cuando recibieron el impacto tenía un solo agujero.

Como Animal Político explicó hace seis meses, Benítez y su familia regresaban de cenar pasada la medianoche del sábado 2 de agosto cuando al llegar a su casa cuatro hombres armados los esperaban. En un acto reflejo Indalecio decidió no detenerse y acelerar. Los hombres dispararon al vehículo y tres impactos penetraron por la espalda a su hijo Juan Diego, y le atravesaron el corazón.

Benítez condujo hasta la base de la Marina, a 700 metros de su casa, para resguardarse pero ya no pudieron salvar la vida del pequeño. Los criminales dieron media vuelta y regresaron a la casa de Benítez. Allí se encontraban su madre y dos tíos, todos mayores de 80 años, y el hijo más grande, de 17. Volvieron a disparar y entraron empuñando sus AK-47, los amenazaron, registraron la casa, y encañonaron al muchacho al que le pidieron el celular y le esculcaron hasta la mochila de la preparatoria. La Marina llegó a los 20 minutos, cuando ya se habían ido los criminales.

Después de cinco días, Indalecio Benítez y su familia decidieron dejar el municipio por temor a vivir más represalias. A raíz de su denuncia pública la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado mandó dos patrullas a vigilar la sede de la emisora, que ha seguido retransmitiendo en todo momento.

Una de las locutoras denunció a Animal Político haber recibido una amenaza en estos meses, justo un día que se fue la policía. Aunque los dichos no pasaron a más Indalecio Benítez y su familia no se atreven todavía a regresar. “Se está avanzando pero todavía no se ha hecho justicia. Tenemos que esperar. Estos chamacos han aportando algunos datos, pero son el eslabón más bajo de una organización y no saben muchas cosas”, reflexiona Benítez.

Su esposa dice que ya necesitan volver, que no pueden continuar en el limbo que es el exilio. “Mira, aquí estamos encerrados, no trabajamos, ya se nos acabó el dinero, luego pasa algo, como ahora al niño, que se rompió el pie y no tenemos ni a quién pedirle prestado para comprar las medicinas”, relata Lorena Benítez, esposa de Indalecio. Uno de sus otros cuatro hijos, con la pierna en alto, baja la mirada. Su hermano Juan Diego murió en sus brazos.

En Luvianos los enfrentamientos continúan. El 30 de octubre el Ejército, que tiene también base en tierras municipales, mató a cinco presuntos delincuentes en uno de sus parajes. Al menos desde el asesinato de Juan Diego, Indalecio cuenta tres asesinatos de vecinos.

También mataron a un edil del partido que gobierna, el PRD. Otros tantos han sido secuestrados. En una visita al municipio en noviembre un comerciante local decía: “Sin quererlo estamos en medio de sus conflictos (de ambos grupos). Uno saluda a todos, se la lleva tranquilo, pero no sabes si un día van a venir por ti”. Benítez asegura que la estrategia es que “con una mano se les saluda y con la otra se les retira”.


La FEADLE, que apoya al periodista y a su familia en el exilio, no quiso dar detalles de cómo podrían asegurar su regreso. “Las medidas cautelares funcionan en tanto son secretas”, espetó Alberto Peralta, Director General Adjunto de esta Fiscalía, quién aceptó la entrevista de este medio pero no contestó ninguna pregunta para no afectar la investigación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.

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