El Dragonario: 12/16/14

martes, 16 de diciembre de 2014

Marinos y policías federales, torturadores

MÉXICO, D.F: En torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, actas de la Procuraduría General de la República (PGR) prueban que al menos cinco de los supuestos integrantes de Guerreros Unidos detenidos y que declararon contra el exalcalde igualteco José Luis Abarca y contra las policías de Iguala y Cocula fueron previamente torturados por marinos y policías federales.

Sidronio Casarrubias, a quien la PGR señala como máximo líder de Guerreros Unidos, fue detenido el 15 de octubre entre las 21:00 y las 22:00 horas en un restaurante, aunque la procuraduría dijo que fue atrapado mientras circulaba por la carretera México-Toluca. Aceptó ser hermano de Mario Casarrubias, acusado de narcotráfico, pero negó pertenecer al grupo criminal.

La PGR usó su testimonio para decir que entre los estudiantes había miembros del grupo criminal Los Rojos y que estaban armados, así como que el alcalde de Iguala daba al grupo una cuota millonaria bimestral o mensualmente.

Según la dependencia fue Sidronio quien confirmó que los estudiantes estaban muertos, aunque no ofreció pruebas.

Raúl Núñez Salgado, quien tiene una carnicería en Iguala y se dedica a organizar bailes y jaripeos, fue detenido el 16 de octubre cuando salía de un centro comercial en Acapulco. La PGR lo acusa de ser operador financiero de Guerreros Unidos y afirma que “confesó” el pago de sobornos a la policía de Iguala y al alcalde.

En la “fe de integridad física” levantada en la PGR se asienta que antes de declarar, Núñez presentaba más de 30 tipos de lesiones, entre ellas hemorragia interna en los ojos, huellas de golpes en los oídos, moretones de 12 por ocho centímetros en la mejilla, marcas en el cuello y brazos y golpes en las costillas. Por esas contusiones presentó una queja contra los marinos que lo detuvieron.

Carlos Canto, El Pato, profesor de secundaria y propietario del bar La Perinola, fue detenido en Iguala el 22 de octubre a las 03:00 horas por la Marina y la Policía Federal (PF). La PGR lo acusa de delincuencia organizada y de la desaparición de los estudiantes. Fue obligado a declarar contra Núñez Salgado, contra profesores amigos suyos y contra Abarca. El 29 de octubre dijo en su declaración preparatoria que fue torturado con toques eléctricos y golpes por la Marina para declarar con base en una lista de nombres preparada por ellos.

El 7 de noviembre, durante la conferencia de prensa para informar acerca del presunto asesinato y cremación de los normalistas, el procurador general Jesús Murillo Karam presentó el testimonio de otro individuo igualmente apodado El Pato, Patricio Reyes Landa, visiblemente golpeado, quien supuestamente confesó que había matado y quemado a los estudiantes.

Insectos eléctricos

Francisco Lozano y Eury Flores fueron detenidos el 27 de octubre por la Marina en un departamento de Cuernavaca, Morelos, aunque según los marinos el arresto ocurrió a las 5:00 horas del día 28, cuando interceptaron su coche, donde supuestamente traían armas y cartuchos. Están acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que Núñez Salgado y Abarca también.

Según las constancias de integridad física de la PGR, Flores presentaba hematomas en las costillas, en un ojo y un labio, y dijo querer presentar denuncia contra quien lo golpeó. Lozano tenía una herida en el tórax y las muñecas amoratadas, “y en la parte trasera de la espalda, arriba de los glúteos, se aprecian picaduras, al parecer de algún insecto con terminación puntiforme”… huellas del arma eléctrica con la cual lo atormentaron. Lozano declaró al Ministerio Público que fue torturado por los marinos que lo detuvieron.

Néstor Napoleón Martínez, empleado de contabilidad e hijo de un funcionario de la Secretaría de Salud guerrerense, tuvo la misma suerte. Lo detuvo la PF el 27 de octubre en Iguala a las afueras del Centro Cristiano Nueva Vida. Cuando fue presentado en la PGR tenía al menos 10 lesiones, entre ellas un hematoma de 13.5 por seis centímetros en el vientre y cuatro heridas con costra en el muslo, cerca de la ingle. Acusó de las lesiones a los policías que lo detuvieron y se reservó su derecho a declarar.


La fuente de la PGR a la que recurrieron los reporteros se limitó a responder que esa institución “desconoce los hechos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER.

Texto de Proceso apunta a “crimen de Estado” en caso Iguala: general Gallardo

COLIMA, Col: La revelación aportada por la revista Proceso sobre la participación del Ejército y la Policía Federal (PF) en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa fortalece la hipótesis de que se trató de un crimen de Estado, por lo que “va a ser muy difícil que se aclare”, consideró el general José Francisco Gallardo Rodríguez.

No obstante, estimó que la presión internacional puede contribuir a la resolución de este caso, pues “al gobierno de la República, al Ejército y a todas las instituciones les conviene que este asunto se aclare y que los responsables se confronten ante la justicia; esa es la única solución, no hay otra”.

Gallardo, quien estuvo casi nueve años en una cárcel militar por haber propuesto un ombudsman para los miembros de las fuerzas armadas, dijo que desde antes de la aparición del reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher él había dicho muchas veces que “la única forma como se puede hacer un evento de esa magnitud (el operativo contra los estudiantes) es con la colusión y participación del Ejército, pues Guerrero es el estado más militarizado de la República, además de que hay una alta presencia de la Policía Federal”.

En entrevista con Apro, el militar retirado explica: “Era imposible que el Ejército no se diera cuenta; los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional tienen monitoreado cualquier movimiento que haga la disidencia, en este caso concreto los estudiantes de Ayotzinapa; el Ejército sabe en tiempo real a dónde van, si tomaron un autobús o no, y en un momento dado está en posibilidad el Ejército de haber evitado esta desaparición”.

También calificó como ilógico que a pesar de que los jóvenes fueron detenidos frente al cuartel, el titular de la Sedena dijo que esa institución no tenía conocimiento de esa acción.

“Ahora ya salió que sí tenían conocimiento y que había una comunicación estrecha, como la hay en toda la República, del Sistema Nacional de Seguridad Pública hacia los mandos militares o hacia los cuarteles; tan es así que el C4 estaba en comunicación directa con el comandante del 27 Batallón de Infantería”.

De acuerdo con el general Gallardo, lo que debe hacerse es romper el “manto de impunidad”, pues “aquí queda claro que hay una colusión por parte de las autoridades militares o civiles que permitieron que sucedieran estos hechos, sea por omisión o por acción”.

Las reformas que se hicieron al fuero de guerra en abril pasado, abundó, deben llevar a que el alto mando de la Sedena ponga a disposición de la autoridad civil a todos los militares involucrados en este asunto, porque en las reformas al artículo 13 de la Constitución quedó establecido que cualquier elemento castrense que viole derechos humanos, como es el caso, debe ser juzgado por la autoridad civil, pues de lo contrario podrían ser encubiertos por la autoridad militar.

Además, puntualizó, los mandos militares no pueden eximirse de responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer sus subordinados, ya que las leyes internas del Ejército señalan que el mando es responsable de la organización y la operación de sus tropas.

A juicio de Gallardo Rodríguez, a raíz de los hechos de Iguala se deben revisar las políticas encaminadas al sistema de seguridad pública en Guerrero y, por otro lado, revisar los procedimientos sistemáticos de operación que tiene el Ejército en torno a este tema, ya que está cumpliendo fuera de los cuarteles una función que es asunto de la exclusiva competencia de la autoridad civil.

“Se tiene que ver también cuáles son las órdenes que tiene el personal militar asentado en Guerrero, y a nivel nacional creo que es lo mismo, y cómo deben operar en una situación en la que estamos viviendo actualmente en México, especialmente Guerrero, debido a que esas políticas son elaboradas en el Estado Mayor de la Sedena y devienen de una información, concepción y operación de la seguridad pública a escala nacional”, expuso.


Para que no se repita una situación como la de Iguala, José Francisco Gallardo propuso una reforma legal para quitarle al Ejército la función de orden interno, pues el mexicano “es uno de los pocos ejércitos o el único en América Latina que tiene funciones de orden interno, es decir, de policía”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.

México no es visto como “narco Estado” en el exterior: Meade

MÉXICO, D.F: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade Kuribeña, presumió la “transparencia” de México y rechazó que el país sea visto como un “narco Estado” en el exterior, pese a que la violencia se ha colocado de nueva cuenta bajo el escrutinio mundial tras de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

En conferencia de prensa, el funcionario federal aseguró que México es un país valorado “que se reconoce por la capacidad y la vocación con la que se está transformando. Es un país globalmente importante en la métrica que se le quiera medir”, subrayó.

Al hacer un balance de la política exterior en 2014, Meade aseguró que el mundo no tiene ninguna duda de la capacidad de México para enfrentar y resolver sus retos tanto coyunturales como estructurales.

Sobre los hechos ocurridos en Guerrero, manifestó que hay una convicción en el mundo “de un México transparente, de un México que hace esfuerzos por transformarse, de un México que frente al reto puntual rinde cuentas claras; de un México que se hace acompañar para ese rendimiento de cuentas de lo mejor que ofrecen los espacios internacionales, y de un México que pone el mismo empeño en la necesidad de lograr transformaciones estructurales en el tema de seguridad”.

De acuerdo con el canciller, el gobierno mexicano ha acreditado ante el mundo plena transparencia y rendición de cuentas, primero frente a las familias de los normalistas desaparecidos, luego frente a la sociedad y por último frente al mundo.

Y destacó que el balance del trabajo diplomático del país en este año es positivo, tanto en lo multilateral en temas como migración, inclusión, pueblos indígenas y cambio climático, como en lo bilateral con Centroamérica, el Caribe, América Latina, China, Japón, Asia y el grupo informal MIKTA.

La segunda dimensión, dijo, es la cooperación, tanto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como con los gobiernos de Alemania, Argentina y Chile, que han ofrecido asistencia técnica y que México ha aceptado como parte de su responsabilidad global.

Luego de adelantar que en febrero próximo México comparecerá ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que todavía no hay fecha para que el país acepte la jurisdicción de este mecanismo en casos individuales.


Sobre las responsabilidades de México como un actor global, el titular de la SRE resaltó que el mundo percibe a nuestro país como una nación plenamente inserta y actuante en el esquema internacional, con plenos compromisos en varias materias.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

2014, el año más mortífero para migrantes; murieron casi 5 mil

Más de 540 migrantes fallecieron en la Bahía de Bengala y, por lo menos, otros 307 perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.

El director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lace Swing, exhortó a los estados a actuar con urgencia para salvar la vida de los migrantes ya que 2014 ha sido el año más mortífero con casi cinco mil muertes.

De cara al Día Internacional del Migrante que se conmemora el 18 de diciembre, Swing llamó también a implementar medidas para impedir que los traficantes sigan aprovechándose de su desesperación para extorsionarlos con enormes cantidades de dinero.

Los datos recabados por la OIM apuntan a que el número de migrantes que pierden la vida en peligrosas travesías emprendidas con la esperanza de encontrar mejores condiciones para sí mismos y sus familias, “no deja de aumentar”.

Según la OIM al menos cuatro mil 868 perdieron la vida este año en su travesía por vía marítima o en remotos desiertos y montañas, por lo que 2014 ha sido el año más mortífero ya que ha duplicado el número de muertes registradas el año pasado.

El número más elevado de muertes se produjo en el Mediterráneo, donde más de tres mil personas fallecieron ahogadas por hallarse en embarcaciones inadecuadas para la navegación.

Más de 540 migrantes fallecieron en la Bahía de Bengala y, por lo menos, otros 307 perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera terrestre entre México y Estados Unidos.

“Tenemos que encarar los factores que propician la migración por desesperación y actuar de manera concertada y coherente. Esta es una batalla que debemos librar conjuntamente”, llamó.

“Para ello, se requiere un mayor liderazgo político y la valentía de enfrentarse al preocupante aumento de la xenofobia”, dijo Swing en un mensaje dirigido a la prensa.

“Todos los países tienen la obligación internacional de salvar las vidas de quienes requieren ayuda. Cabe proseguir las operaciones de rescate en las aguas internacionales del Mediterráneo”, añadió.

La OIM teme que siga aumentando el número de muertes en alta mar si la Unión Europea no logra poner en marcha una operación de rescate exhaustiva y bien equipada en el Mediterráneo en reemplazo de la operación Mare Nostrum de Italia, que ha quedado suspendida.

“Los países también deben aprobar leyes para desmontar las redes de traficantes, en vez de atacar a los migrantes irregulares”, destacó el titular de la OIM.

“Los gobiernos deberían despenalizar a los migrantes irregulares a fin de que denuncien a los traficantes ante la policía para que sean enjuiciados y sancionados, contribuyendo así a los empeños en contra de las actividades delictivas transnacionales organizadas”, recomendó.

Asimismo, subrayó que al haber más de 33.3 millones de desplazados internos y 16.7 millones de refugiados en el mundo, las personas desplazadas por la violencia y por los conflictos alcanzan las cifras más altas desde la Segunda Guerra Mundial.

Señaló que el número sin precedentes de crisis ocasionadas por el hombre en el mundo, ya se trate de la República Árabe Siria, Irak, Libia, la República Centroafricana o el Sudán del Sur; el ébola que repercute en las economías de los países de África Occidental; el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, son todos factores que propician la migración y que es preciso abordar.

Para poder hacer frente a la “migración desesperada”, la OIM aboga por un mayor acceso a la “migración regular segura”.

Ello comprende la promoción de asociaciones para la migración laboral y la reunificación familiar; el suministro de información clara sobre los riesgos que entraña la migración irregular; y el apoyo con miras a la estabilización comunitaria y a los empeños de creación de empleos en los países de origen.

Por otra parte, según datos de la OIM alrededor de 232 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales.

Si bien el número de migrantes internacionales aumenta en cifras absolutas, la proporción de migrantes internacionales en la población mundial se mantiene constante, en torno al 3.0 por ciento, indicó.

“La migración no sólo es inevitable sino que además es necesaria y conveniente”, añadió Swing.

“En el Norte, las sociedades están envejeciendo, mientras que en el Sur aumenta la población juvenil”, indicó.

“El creciente sentimiento de rechazo hacia los migrantes es una cruel ironía en una época en que las sociedades que envejecen necesitan recurrir a la migración para obtener la mano de obra tan necesaria”, sostuvo.

“La comunidad internacional debe trabajar conjuntamente a efectos de cambiar la dialéctica migratoria vigente para que sea más positiva y se centre en la contribución que hacen los migrantes a las comunidades que los acogen”, observó


“Y también a sus comunidades de origen, que se benefician enormemente de las remesas que envían a sus hogares”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

CNDH pide a Peña aceptar intervención del Comité contra la Desaparición Forzada

La comisión nacional señala que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, "cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

La  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió al presidente Enrique Peña Nieto que acepte la intervención en el país del Comité contra la Desaparición  Forzada, “tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

En un comunicado, la comisión indica que las desapariciones forzadas son “un delito grave, complejo y pluriofensivo, en tanto que generalmente requiere para su realización de la participación de varias personas y supone la comisión de varios ilícitos”.

“Tras los vergonzosos hechos ocurridos con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y del legítimo reclamo de verdad y de justicia de los familiares de las víctimas, de la sociedad mexicana en su conjunto y de la comunidad internacional, con el fin de resolver estos oprobiosos casos, así como las desapariciones forzadas producidas en diversos estados de la República, esta Comisión Nacional recuerda que el Estado Mexicano está obligado a dar cumplimiento, cabal e integral, a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, indica.


“Por ello, se recuerda que México tiene pendiente dar cumplimiento a dos recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos que han solicitado que, sin demora, se acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, como son los casos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Mecanismo de Examen Periódico Universal”, establece.

Comunicado 348 2014 by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Hay que darle una checadita” al caso Apolo, dice Mancera; Rosales Gamboa niega nepotismo

El funcionario que ese encargó de la seguridad del DF tras la dimisión de Jesús Rodríguez Almeida defendió que su familia es de policías.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, aseguró que antes de determinar alguna sanción, “hay que darle una checadita” al caso de Luis Rosales Gamboa, exencargado de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, quien enfrenta un conflicto de interés por haber contratado a 10 de sus familiares en la dependencia.

Respecto a la investigación que Animal Político publicó este lunes 15 de diciembre, el funcionario capitalino aseguró que corresponderá al “Jefe Apolo” – como es conocido Rosales Gamboa– emitir un posicionamiento. “Habrá de contestar el señor secretario”, dijo Mancera, horas antes de que se oficializara el nombramiento de Hiram Almeida Estrada.

Mientras tanto, Rosales Gamboa dijo este martes 16 de diciembre que no ve conflicto de interés en que al menos 10 de sus familiares ocupen cargos directivos en la Secretaría de Seguridad Pública del DF, como reportó ayer Animal Político.

“Soy miembro de una familia dedicada al honorable orgullo de servir al cuerpo de policía, desde hace más de 64 años, mi padre fue policía por 36 años”, dijo Rosales Gamboa –que es conocido como el “jefe Apolo”– al periodista Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula.

El Jefe de Gobierno evitó dar un posicionamiento respecto a que Luis Rosales tiene a un hermano, cuatro sobrinos, cuatro primos y un yerno en puestos de dirección de la Subsecretaría de Operación Policial, que él dirige desde 2012, con sueldos que van de los 23 mil hasta 94 mil pesos y que en total significan una erogación de 463 mil 812 pesos.

Ambos funcionarios han coincidido en la administración de Marcelo Ebrard, pues mientras Rosales –con 42 años de antigüedad en la SSP DF– era jefe del Estado Mayor Policial, Miguel Ángel Mancera era procurador capitalino. Este último, al asumir la jefatura de Gobierno, nombró al “Jefe Apolo” como subsecretario de Operación Policial, el área más importante de la secretaría, toda vez que se encarga de dirigir a todos los agrupamientos policíacos y los operativos que se realizan en la ciudad.

Entrevistado luego de participar en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez y mientras caminaba hacia su camioneta, Mancera aseguró que todos los casos se investigan y este no será la excepción, aunque no dio detalles al respecto.

– ¿Sobre el caso de nepotismo en la SSPDF (…). Habrá alguna investigación al respecto?

– Se revisa permanentemente, las revisiones son permanentes, pero habrá de contestar el secretario.

– ¿Sobre en este caso en específico, tendrá algo qué decir?

– Este y todos.

– ¿Se llevará al órgano interno de control?

– Habrá qué ver. Hay que darle una checadita y te digo.

De acuerdo con el artículo Ocho, fracción XVIII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, todos los funcionarios tienen la obligación de “denunciar”ante la Secretaría o la contraloría interna, “los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad administrativa” en términos de la legislación, por lo que el Jefe de Gobierno, podría solicitar el inicio de una investigación sobre el caso.

También puede denunciar cualquier ciudadano presentando “datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público” ante “los contralores internos y los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y entidades”, según la Ley Federal.

En tanto, en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal se establece que al interior de cada dependencia, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, habrá una Contraloría Interna dependiente de la Contraloría General, cuya atribuciones son “conocer, investigar, iniciar, desahogar y resolver procedimientos administrativos disciplinarios sobre actos u omisiones respecto de servidores públicos adscritos orgánica o funcionalmente”.


El órgano interno de la SSP DF está a cargo de Jaime Becerril Becerril, mientras que la Contraloría General era ocupada hasta este miércoles, por Hiram Almeida Estrada, quien hoy es el nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

El PRI detiene la aprobación de la ley anticorrupción en el Congreso

Serás hasta el próximo año cuando los legisladores mexicanos continúen con la discusión de las propuestas del presidente Peña Nieto sobre corrupción y seguridad.

El presidente Enrique Peña Nieto presentó el 27 de noviembre pasado 10 propuestas para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en México, una de ellas fue su respaldo al Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, el periodo ordinario de sesiones terminó ayer sin su aprobación en el Congreso.

Los diputados no lograron acuerdo debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no aceptó dar más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar revisiones en “tiempo real”, de acuerdo con el diario Reforma.

En cuanto a las facultades de la ASF, “ahí todavía no hemos encontrado un consenso, pero, bueno, seguimos trabajando para encontrarlo”, dijo Fernando Rodríguez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN). Agregó que si en los próximos días se concreta la redacción de un dictamen, se podría convocar a un periodo extraordinario para enero o bien, llevar la discusión a febrero de 2015, cuando inicia el siguiente periodo ordinario.

Aunque la propuesta del PAN planteaba que el órgano de fiscalización pudiera hacer revisiones durante y después del ejercicio fiscal –lo cual fue exigido por organizaciones civiles–, los diputados priistas argumentaron que dar esa facultad a la ASF implicaría tener “paralizado” al gobierno federal, por estar permanentemente fiscalizado, detalló Reforma.

El legislador Rodríguez Doval explicó que el Sistema Anticorrupción la forman un conjunto de dependencias, de instancias que se coordinan entre sí para prevenir, combatir y erradicar y sancionar la corrupción. “No necesitan que haya un órgano que las gobierne. No necesitan que esté el Presidente de la República tirándoles líneas de cómo tiene que ser la lucha anticorrupción, por eso nosotros no estamos de acuerdo en que existe ningún órgano de gobierno”, dijo.

Durante la discusión, el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Agustín Miguel Alonso Raya, agregó: “del decálogo de Peña Nieto, la mayor parte, lo que tiene que ver con anticorrupción y lo de seguridad pública, no saldrá en este periodo”.

A su vez, el diputado priista Héctor Ramírez dijo que “el grupo parlamentario del PRI estuvo en el tema anticorrupción se emitiese en el periodo ordinario, nunca pensamos irnos más allá de él, lamentablemente no hubo los acercamientos debidos al final”.

Seguridad y corrupción, hasta febrero en el Senado 

La Junta de Coordinación Política del Senado acordó diferir hasta el periodo ordinario que iniciará el 1 de febrero, el análisis y la eventual aprobación del paquete de reformas enviadas por el presidente sobre seguridad y combate a la corrupción.

Los coordinadores de las fracciones priista, perredista y panista anunciaron que el Senado abrirá en enero audiencias públicas con el fin de debatir esas reformas, para lo cual serán invitados funcionarios federales, especialistas en esa materia y representantes de la sociedad.

En rueda de prensa destacaron que los temas que se empezarán a procesar legislativamente a partir de febrero son el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo modelo policial y la Ley Reglamentaria de la Fiscalía General, así como cambios en materia de procuración de justicia federal y local.

El coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, dio lectura al acuerdo que además señala se posterga para febrero la eventual aprobación de los cambios en el sistema de competencias en materias penal, de desaparición forzada y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Otros temas serán la “intervención federal el casos de crisis y seguridad por infiltración del crimen organizado, incluyendo blindaje de las instituciones políticas y los procesos electorales”.

Barbosa Huerta aseguró que el acuerdo de las fracciones políticas es que al inicio del periodo de sesiones, se presenten al pleno los dictámenes correspondientes a la brevedad posible.

Aunque manifestó su confianza en que la reforma política del Distrito Federal sea aprobada este lunes, reconoció que hay temas por resolver como si habrá una o dos Asambleas Legislativas para el tema de redacción de la Constitución para la capital, así como las atribuciones para las delegaciones políticas o nuevos ayuntamientos.

Aún hay posibilidades de que también en las próximas horas sea avalado el tema del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade), pero descartó algún acuerdo sobre el nuevo fiscal anticorrupción.

El líder de los panistas en San Lázaro, Jorge Luis Preciado, coincidió en que no se llegó a un acuerdo en ese tema debido a que el PRI en la Cámara de Diputados no legisló en la materia, por lo que no tendría facultades para un combate verdadero en ese tema.

Preciado Rodríguez destacó que el Partido Acción Nacional (PAN) comparte la preocupación del Ejecutivo federal en materia de seguridad.

“Las iniciativas del presidente de la República permiten caminar en la ruta de mejor impartición de justicia, pero por el tiempo no se lograron los consensos; pero ello no quita la posibilidad de avanzar en el tema del Mando Único”, entre otros rubros, añadió.


A nombre de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón confió en que la reforma del Distrito Federal pueda aprobarse en esta misma sesión; “haremos esfuerzos para que salga”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Jóvenes increpan al Gobernador de Chiapas; piden libertad a presos políticos

Ciudad de México, 15 de diciembre: El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, fue increpado por un grupo de jóvenes que le pidieron liberar a supuestos presos políticos en esa entidad.

“Libertad a los presos políticos de Chiapas”, gritaron los jóvenes mientras que el Gobernador se tomaba fotos con un grupo de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre la calle Donceles, al término de la ceremonia en que el Senado de la República otorgó la medalla Belisario Domínguez al escritor Eraclio Zepeda.

“Ya los escuchamos”, respondió el mandatario estatal a los jóvenes que desde la ventana de un edificio contiguo a la antigua sede del Senado de la República le gritaban al unísono: “libertad para los presos políticos de Chiapas”.

El Gobernador emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) levantó la mirada para responder a los jóvenes: “Con mucho gusto vamos a revisar de qué casos específicos se trata”.

En la sesión, el líder del Senado, Luis Miguel Barbosa Huerta, entregó la presea y un diploma a Zepeda Ramos, en reconocimiento a su trayectoria y “a los servicios que prestó a la Patria y a la humanidad”.

Al acto asistieron los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

También acudieron el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, y el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Faschnat, entre otros invitados especiales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-12-2014/1193885.

Gobierno Edomex torturó a testigos y manipuló pruebas en caso #Tlatlaya para encubrir al Ejército: CNDH

El gobernador Eruviel Ávila felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

El gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila, torturó a testigos y manipuló pruebas periciales para encubrir los rastros dejados por miembros del Batallón 102 del Ejército Mexicano sobre el asesinato de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, según consta en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitida sobre este caso.

En su investigación, la CNDH concluyó que el mandatario mexiquense y el procurador Alejandro Gómez Sánchez, no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos encontrados en esa localidad colindante con Guerrero cayeron durante un enfrentamiento con soldados, toda vez que  desde entonces había pruebas en el sentido de que algunos de ellos fueron asesinados ilegalmente.

El pasado 1 de julio, un día después de las ejecuciones extrajudiciales, el gobernador Eruviel Ávila, felicitó públicamente al Ejército Mexicano por liberar a tres víctimas de secuestradores y adelantó que los soldados actuaron en legítima defensa.

“El Ejército mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”, dijo el mandatario estatal.

De acuerdo con la investigación de la CNDH, el Ejército entregó a ministerios públicos estatales a tres presuntas víctimas de una banda de secuestradores, cuyos integrantes murieron en la bodega de Tlatlaya. Sus nombres, así como los de otros testigos no fueron hechos públicos por razones seguridad.

Se trataba  de tres mujeres que relataron que fueron llevadas a oficinas de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, en donde otros funcionarios las interrogaron en tono amenazante. En sus testimonios afirmaron que una persona calva, de alrededor de 35 años, les dijo que había una forma de hacerlas hablar sin que se les notaran los golpes. La intención era que reconocieran que formaban parte de la banda de secuestradores.

A dos de ellas, primero las sentaron sobre sillas y les pidieron sus contraseñas de Facebook para acosarlas con las fotografías que encontraron. Como aún no confesaban lo que ellos querían, la postraron a jalones sobre el piso. El hombre calvo  pateó a una de ellas en los costados y la amenazó con dañar a su familia. Luego la levantaron de los cabellos para ponerla de nuevo en una silla y lanzarle más preguntas.

Cada vez que una de ellas se negaba a responder a lo que ellos querían, a confesar ser parte de la banda de secuestradores, los funcionarios les pegaban en la cara y en la cabeza con los nudillos. Las torturas duraron 30 minutos aproximadamente. Luego les advirtieron que no debían contar lo ocurrido ahí dentro, o de lo contrario, sus hijas quedarían en un orfanato.

Entre golpes y amenazas, las víctimas contaron su versión, involucrando a soldados con la ejecución de los civiles. Los funcionarios les dijeron que esa no era la verdad de los hechos.

Una funcionaria llamó mentirosa a una de las mujeres. En la página 72, en el punto 316,  la CNDH dice lo siguiente:

“No obstante, la abogada que había visto antes en la bodega, la llama “mentirosa”, “que los militares no habían matado a nadie”, por lo que le ordenó a la persona que tomaba nota que borrara lo que había declarado”.

Por la madrugada, funcionarios de la Procuraduría local llevaron a las mujeres a un hotel. Tardaron 20 minutos en llegar.  Ahí continuaron los interrogatorios.

Por separado las metieron a un baño, en donde tres hombres las golpearon de nuevo, les jalonearon el cabello, las asfixiaron con bolsas de plástico y metieron sus cabezas en la taza del baño varias veces. Uno de ellos les advirtió lo siguiente: “Aquí, hasta los muertos hablan”.

Además de exigirles que se asumieran como parte de la banda de secuestradores, los funcionarios querían que declararan que las personas muertas en la bodega en Tlatlaya asesinaron a 10 de sus compañeros.

Este testimonio fue plasmado por la CNDH en su página 72 de la recomendación del caso Tlatlaya. Textualmente dice los siguiente:

“Le decían que tenía que decir que las personas que fallecieron “habían matado a diez”, a quienes pusieron en bolsas negras, y que ella daba de comer a los secuestrados”.

Entonces un hombre amenazó con violarlas. Hubo preguntas sexuales amenazantes. Un funcionario se bajó el pantalón y ordenó a una de ellas que se inclinara.  Fue en ese momento cuando aceptaron firmar una declaración, sin saber qué contenía.

La CNDH  concluyó que estas violaciones a las garantías individuales sirvieron para encubrir la actuación de los militares y también para que dos de estas mujeres terminaran en el penal federal de Tepic procesadas por delitos graves.

El 8 de julio, la agencia AP publicó un reportaje en el que sostenía que algunas víctimas en la bodega de Tlatlaya fueron puestas contra la pared y murieron de uno  o dos disparos a la altura del pecho.

El 17 de julio, durante una rueda de prensa, Noticias MVS preguntó al procurador mexiquense, Alejandro Gómez, qué explicación tenía ante lo publicado por la agencia AP en el sentido de que podría tratarse de un fusilamiento a manos del Ejército y no de un enfrentamiento como indicaba la versión oficial.

Gómez, quien asumió el cargo apenas el pasado  21 de mayo, aseguró que de las diligencias oficiales no había pruebas de que hubo una ejecución.

“De las diligencias practicadas por el Ministerio Público del fueron común no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga la pensar en la posible ejecución o el posible fusilamiento que usted hace referencia y se hace referencia en otros medios de comunicación”.

No obstante, la CNDH estableció que la procuraduría mexiquense actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, ni tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, lo que viola los protocolos establecidos en una investigación científica de este tipo.

Además detalla que el enfrentamiento entre militares y los civiles armados ocurrió alrededor de las 6:00 horas, pero los especialistas de la procuraduría local llegaron hasta las 12:30 horas.

Por otra parte, los peritos de la CNDH y PGR concluyeron que al menos tres cadáveres fueron movidos  de su posición original y se les colocaron armas para simular que cayeron en un enfrentamiento, lo cual no fue detectado por la procuraduría mexiquense aún cuando esto era evidente en sus propias fotografías.

En otra parte de la recomendación, la CNDH cuestionó los resultados de las necropcias realizadas a 22 cuerpos, toda vez que omitieron datos que permitieran tener mayor certeza sobre la forma en que sucedieron los hechos.

También destaca, por ejemplo,  que las víctimas refirieron la presencia de teléfonos celulares en la escena del crimen, pero la procuraduría mexiquense no registró ninguno como evidencia. Además, dentro de una camioneta se encontró un aparato de radiocomunicación que no quedó en manos de las autoridades.

La CNDH recibió mil 676 fotografías del lugar de los hechos y de las necropcias, pero en el caso de los cadáveres de cinco víctimas no se recibieron imágenes con detalle individual, sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona.

Sin embargo, imágenes con el nivel de detalle requerido fueron filtradas a medios de comunicación. Para los investigadores de la Comisión esto significa que las autoridades de Servicios Periciales del Estado de México obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos.

Este miércoles, el gobernador Eruviel Ávila dijo que el gobierno del estado aprovechará los 15 días que les da la ley para analizar si aceptan o no la recomendación.

“Así que vamos a atender lo que marca la comisión nacional, lo que marca de ley, habremos de esperar estos 15 días hábiles para, en su caso, emitir nuestra respuesta formal, si aceptamos o no aceptamos dicha recomendación”

De acuerdo al gobernador, su administración no había sido notificada formalmente de la recomendación, aunque serán respetuosos de los tiempos y formas que establece la ley.

VÍDEO:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Cita The Guardian a Proceso: “El gobierno federal supo en tiempo real del ataque a estudiantes”

MONTERREY, NL: El diario inglés The Guardian cita en su página de internet este martes el reportaje principal de la revista Proceso que revela que fuerzas federales participaron en el ataque contra normalistas en Ayotzinapa, Guerrero.

En la nota publicada hoy con la firma de Jo Tuckman, ubicada en la Ciudad de México, se precisa que la información basada en documentos confidenciales desató el enojo público ante la insistencia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de asegurar que las fuerzas federales no tienen responsabilidad por los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Hasta ahora, 79 personas han sido detenidas por el presunto homicidio masivo y todos están relacionados con una red de corrupción que involucra políticos y policías locales, así como miembros del cartel de la droga Guerreros Unidos, dice el reporte.

Padres de los estudiantes desaparecidos alegan de manera permanente que la policía debió saber lo que ocurrió durante el ataque y les reprochan su omisión al no defender a los normalistas procedentes de la comunidad de Ayotzinapa.

En su número 1989, Proceso publica el reportaje titulado “La otra noche de Iguala”, en el que los reporteros Anabel Hernández y Steve Fisher revelan, de acuerdo con documentos y testimonios presenciales, que la Policía Federal atacó a los normalistas, en complicidad con el Ejército.

The Guardian señala que los documentos publicados por Proceso dan cuenta detallada de los registros que llevó el centro de comando denominado C4 de los movimientos de los estudiantes, desde que dejaron la escuela en Tixtla y su travesía de dos horas a Iguala.
Según el semanario, el C4 informó al comando de la Policía Federal establecido en Iguala de la llegada de los jóvenes a la central de autobuses a las 9:22. Unos 20 minutos después, el C4 reportó del tiroteo, lo que desencadenaría la racha de violencia que duró horas.

De acuerdo con el reporte del diario británico, la periodista Hernández dijo a MVS Noticias: “Cuando vemos que el gobierno federal y estatal seguía am los estudiantes desde que dejaron la escuela en Ayotzinapa, se vuelve difícil pensar que todo lo demás que ocurrió fue un accidente”.

Según la nota de The Guardian, Enrique Galindo, comandante de la PF dijo que no hay evidencia que señale que los agentes participaron en los eventos del 26 de septiembre.

Los señalamientos de Proceso ocurren después de que un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México asegurara que es imposible que los cuerpos de los normalistas hayan sido calcinados de la forma en que lo describió el gobierno federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Por segundo día consecutivo, bloqueo en la Autopista del Sol en ambos sentidos

Manifestantes cerraron la vía a la altura de boulevard Chilpancingo, en el Parador Marques.

Un día después de que el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, aseguró que no se permitirán bloqueos en la Autopista del Sol –que comunica el centro del país con el puerto turístico de Acapulco– , manifestantes cerraron esta vía en ambos sentidos, a la altura de la entrada a Chilpancingo, la capital de Guerrero.

“Blvd.. Chilpancingo, Parador Marques, presencia de manifestantes. Cierre a la circulación en ambos sentidos. Tramo no operado por @CAPUFE”, tuiteó Caminos y Puentes Federales esta martes 16 de diciembre.


El diario mexicano Milenio informó que el bloqueo es realizado por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, quienes denuncian que cinco profesores se han negado a evaluarlos por participar en las protestas para exigir la presentación con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, tras un ataque policial en Iguala.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN

Desde 2005, el gobierno evaluó y aprobó anualmente las condiciones del albergue de “Mamá Rosa”

A través del Programa de Coinversión Social, Rosa Verduzco recibió recursos federales y estatales porque, según los reportes, su albergue cumplía con lo necesario para mejorar la vida de grupos vulnerables.

El albergue de Rosa Verduzco, “Mamá Rosa”, fue evaluado anualmente por el gobierno federal entre 2005 y 2013 para garantizar que en éste se impulsaran proyectos para mejorar la vida de grupos vulnerables.
A través del programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) el gobierno federal evaluó al albergue y le entregó recursos para diferentes proyectos que tenían el objetivo de dar una vida de “mayor confort” a los habitantes de la Gran Familia y que “pudieran ingresar de manera integral a la vida social de la que fueron excluidos”.

En ninguna de las evaluaciones realizadas en esos años —durante las gestiones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— el albergue obtuvo una calificación reprobatoria y más bien se consideró que en la Gran Familia se contribuía a “mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios y al cumplimiento de las metas del milenio”, así como a “evitar la discriminación y la exclusión”.

El 15 de julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) ingresó al albergue en el que vivían 438 niños y 158 adultos y detuvieron a Rosa Verduzco y a sus colaboradores por ser presuntos responsables de malos tratos, abuso sexual y privación de la libertad.


Tras el operativo —que incluyó la participación del Ejército— las imágenes que muestran las condiciones insalubres en las que vivían los habitantes de la Gran Familia dieron la vuelta al mundo.

Actualmente, seis de los ocho colaboradores de “Mamá Rosa” están presos y enfrentan cargos de secuestro y trata de personas. Y aunque la PGR declaró en julio de 2014 que no podía imputar cargos a Rosa Verduzco por padecer un trastorno senil, un año antes el Indesol consideró que tenía la capacidad de coordinar un proyecto para “incrementar y garantizar una mejor calidad de vida” de los habitantes de la Gran Familia.
Los recursos que “Mamá Rosa” recibió del programa de Coinversión Social como representante legal de la Gran Familia ascienden a un millón 182 mil 286 pesos de parte del gobierno federal y 193 mil 344 del gobierno de Michoacán.
Y para acceder a éstos, el albergue se sometió a evaluaciones previo a la entrega de los recursos y a otras más tras el ejercicio de éstos, pues Rosa Verduzco cada año presentó un reporte sobre cómo el gasto cumplió con su función de mejorar la vida de los habitantes de la Gran Familia.
La calificación promedio que obtuvo en el periodo 2005-2013 previo a la entrega de recursos fue de 82.2 puntos, en un máximo de 100 y cuando el mínimo para recibir el dinero es de 70.
Pero en el puntaje posterior, tras el ejercicio del monto, la calificación promedio de la Gran Familia ante Indesol es de 98.16 puntos, en una escala del 0 al 100.


Los proyectos que año a año presentó Rosa Verduzco para participar en este programa —que se caracteriza porque con recursos federales y estatales se complementa la inversión que hace una Asociación Civil en beneficio de grupos vulnerables— tenían como objetivo “ingresar de manera integral a la vida social” a los habitantes del albergue.

En 2007, por ejemplo, se presentó el proyecto, “Renovando las condiciones de vida en la Gran Familia” cuya descripción y objetivos cita “equipar los dormitorios, el comedor comunitario y las aulas destinadas para la realización de diversas tareas con la finalidad de que 549 miembros de la Gran Familia tengan un descanso placentero, mayor confort para que puedan desenvolver sus actividades diarias con mayor entusiasmo, promover y reforzar su dignidad, lo que les permitirá ingresar de manera integral a la vida social de la cuál fueron excluidos”.

Indesol decidió que el proyecto y la Asociación Civil —la Gran Familia— cumplían con las condiciones para mejorar la calidad de vida de los grupos que atendía y autorizó la entrega de 120 mil pesos de recursos federales y el gobierno de Michoacán entregó otros 30 mil.

El último año que el albergue de Rosa Verduzco fue evaluado y participó en el programa de Coinversión Social fue 2013, cuando recibió 160 mil pesos del gobierno federal para “Mejorar los bienes y servicios de los integrantes de la Gran Familia, con la finalidad de incrementar y garantizar una mejor calidad de vida, la cuál redundará en el mejoramiento de los índices educativos, artísticos y musicales que se ofrecen a 429 niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de la vulnerabilidad social”.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregados tras una solicitud de información pública, fuera del programa de Coinversión Social en 2014 se autorizaron 500 mil pesos para la construcción de dos aulas en el albergue, de los cuáles, hasta el ingreso de PGR, se había entregado el 50%.


Por su parte, la Secretaría de Educación Pública indicó que en los últimos quince años no realizó “donaciones, entregas ni presupuesto asignado como parte del algún programa federal en el que haya estado inscrita la casa hogar La Gran Familia”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVA.

Ante Peña Nieto, el senador Robledo pide a funcionarios transparentar bienes

El poder -dijo el senador perredista- no es patrimonio personal de los políticos, ni licencia de impunidad, ni patente de privilegios; habló durante la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Eraclio Zepeda.

La entrega de la medalla Belisario Domínguez, nombrada así por el prócer chiapaneco asesinado por no callarse ante Victoriano Huerta, fue el marco para que el presidente Enrique Peña Nieto escuchara la solicitud, indirecta, de transparentar sus bienes.

El solicitante fue el senador chiapaneco Zoé Robledo, quien demandó a los funcionarios de los tres niveles de gobierno presentar una declaración patrimonial en versión pública y una declaración de los impuestos pagados en los últimos cinco años.

(En una entrevista efectuada en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Edgardo Buscaglia señaló, a propósito del probable conflicto de interés en el caso de la “casa blanca” de las Lomas de Chapultepec: Un paso adelante sería “determinar toda la red patrimonial del presidente Peña Nieto; de él, familiares y asociados… en los últimos 10 años”).

-El poder no es patrimonio personal de los políticos, ni licencia de impunidad, ni patente de privilegios, dijo el senador Robledo tras de aludir a un cuento del escritor Eraclio Zepeda, quien recibió este año la medalla Belisario Domínguez.

“Empecemos ya, porque si no lo hacemos, abrimos la posibilidad de que las libertades sigan tutelando la impunidad y que la democracia se prostituya en el altar de las ganancias“, dijo, provocando los aplausos de las bancadas del PAN y PRD, y algunos del Presidente.

“Es hora de ponerle fin al fuero. Empecemos en nuestra casa, empecemos por los legisladores“, señaló.

El perredista hizo un llamado a sanear los mecanismos de acceso al poder para que no se haga política con dinero ni dinero con la política.


Robledo sostuvo que no puede haber democracia sin partidos políticos, pero no puede haber partidos sin la confianza ciudadana, sin representación efectiva y sin rendición de cuentas.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿Rivera acreditó el pago de 130 millones de pesos o nos vamos a quedar en su dicho?”

Luis Manuel Pérez de Acha, abogado fiscalista y profesor de la Escuela Libre de Derecho, y Darío Ramírez, director de la asociación Artículo 19, pidieron al SAT que confirme si es verdadera la información fiscal que se desprende de la declaración de impuestos, hecha pública por Angélica Rivera.


El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió una solicitud para que confirme si es verdadera la información fiscal que hizo pública la esposa Angélica Rivera, la cual señala que en 2010 recibió un pago -por parte de Televisa- de 130 millones de pesos, expuso Luis Manuel Pérez de Acha, abogado de Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM, uno de los solicitantes.

En Noticias MVS primera emisión, indicó que con ello busca “reabrir el tema que la Presidencia señaló que se trataba de un caso cerrado”.

Apuntó que el asunto central es que el SAT confirme si Rivera acreditó esos 130 millones, “¿o nos vamos a quedar en su mero dicho?”, preguntó de Acha, en referencia al video en el que la esposa de Peña explicó cómo adquirió la llamada “casa blanca”.

No podemos hablar que es un caso cerrado, sostuvo el abogado. Su esposo es funcionario público, por lo que la protección de datos personales no comprende este caso, aseguró.

Luis Manuel Pérez de Acha dijo que aún hay sospechas de tráfico de influencias y corrupción en la compra de la “casa blanca”, por lo que urgió al SAT a que se transparente el tema.

“No estamos pidiendo al SAT información de la señora Angélica Rivera, ella subió a internet su declaración de impuestos de 2010, no me puedes decir que es secreto lo que ahora es público… generó suspicacia que haya recibido 130 millones de pesos, por un contrato de exclusividad, (incluso) hubo escarnio en redes sobre cómo era posible que se le hubiera pagado esa cantidad, esa sospecha la traducimos al campo legal, fiscal, de los impuestos”, expuso. 

“Si ella recibió un pago de 130 millones de pesos, la empresa que los pagó tuvo que realizar retención de 13 millones de pesos, 10 por ciento de honorarios pagados… (hasta ahora) no muestra constancias de retención”, mencionó.

“¿Acreditó esos 130 millones o nos vamos a quedar en su mero dicho?, ese es el punto neurálgico, se escudó en ese pago para justificar el origen lícito de su riqueza”, sostuvo.

Lo único que piden al SAT es que diga si es correcto o no lo dicho por la señora, acotó.


El abogado refirió que “definitivamente no cuadra… que sea verdadero el pago de 130 millones”. Y señaló que Rivera puede demostrar que sí hubo tal pago, si muestra las constancias de retención por parte de la empresa.

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Comunicado de Prensa Solicitud SAT AR Final1:




Declaración 2010 AR:




Petición SAT Con Sello:




FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Auditor de la Federación explica porqué no investiga compra de la “casa blanca”

La Auditoría Superior de la Federación no cuenta con la competencia para fiscalizar la adquisición de la llamada "casa blanca", pues es una operación comercial "entre particulares", señala.

El auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, explicó los motivos por los que no puede investigar la compra de la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera.

En una carta dirigida a la periodista Carmen Aristegui, el funcionario precisa que la Auditoría Superior de la Federación se encarga de revisar la aplicación de los recursos públicos federales, por lo que “operaciones comerciales entre particulares no forman parte de nuestro ámbito de actuación”.

Portal estableció que ”mi opinión personal no puede orientar mis decisiones como funcionario público; éstas deben circunscribirse a lo que indica la ley…”.


La semana pasada, el auditor comentó que “hasta ahorita el tema de casa blanca es un asunto de particulares, quien le compró y quien le vendió, la señora no es servidora público, aunque maneja recursos, eh, pero en fin.Una vez que nosotros pudiéramos tener facultades para hacerlo, quizá pudiéramos revisar, quizá, el procedimiento de licitación para lo del tren y el conflicto de interés que se liga. Lo de la casa no salieron recursos públicos”.

Aristegui by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El ‘edén’ de Núñez

El actual gobernador perredista prometió acabar con los excesos de su antecesor Andrés Granier en la residencia oficial. Pero hoy en la Quinta Grijalva el séquito de empleados que atienden a la pareja sigue siendo excesivo y costoso.

Durante el mandato en Tabasco del priista Andrés Granier, la Quinta Grijalva fue el símbolo de la corrupción que imperó en su gobierno.

Ahora que el estado está en manos del perredista Arturo Núñez, la residencia sigue siendo un lugar en el que se despilfarran los recursos de Tabasco sin rendir cuentas a nadie.

Los gastos relacionados con la residencia oficial del gobierno de Tabasco en el sexenio de Granier, formaron parte de la acusación que de desvío de recursos públicos que tiene hoy encarcelado al exmandatario priista.

La administración de Granier gastó miles de pesos en velas aromáticas, banquetes, vinos, toallas y regalos, según documentó la asociación ecológica Santo Tomás.

En su momento se presentaron comprobantes por los cuales el gobierno de Tabasco pagó 100 pesos por un kilo de cebollas.

El mantenimiento de la Quinta Grijalva – que contaba con un zoológico de animales exóticos- rondaba por los 30 mil pesos diarios.

Con la llegada de Núñez al gobierno de Tabasco hace dos años se esperaba que estos excesos terminaran.

El primer militante del PRD en llegar al gobierno hizo un compromiso público para reducir los gastos referentes a la Quinta Grijalva.

“Definitivamente no necesitamos un séquito como el que se tenía antes. Se tendrá nada más lo necesario”, aseguró.

Fue entonces que el mandatario perredista ordenó llevar a cabo una reducción del personal que estaba asignado a la Quinta Grijalva.

En el primer año de su mandato, el personal que laboró en la mansión –de acuerdo a una información solicitada por transparencia– ascendió a 62 personas entre guardias, servidumbre y limpieza.

Con esa decisión, Núñez se desmarcaba de su antecesor el polémico Granier.

Pero este año inexplicablemente el personal que trabaja en la Quinta Grijalva se duplicó para pasar a 123 empleados, de acuerdo a la información que proporcionó la administración de Núñez.

En la residencia oficial del gobierno de Tabasco reside solamente el actual mandatario y su esposa Martha Lilia López Aguilera.

Los 123 empleados que tienen a su servicio no es muy diferente a los 150 que tuvo el priista Granier.

El séquito de la Quinta Grijalva regresó.

Opacidad en torno a la Quinta

¿Cuánto cuesta con Núñez el mantenimiento de la mansión oficial?

No se sabe.

Los gastos que implica la operación de la Quinta Grijalva, bajo la gestión del perredista Alfredo Núñez, no se pueden saber por la opacidad con la que el gobierno de Tabasco maneja esta información.

La Secretaría de Administración del estado contestó de manera incompleta dos solicitudes de información que requerían los gastos erogados por la administración de Núñez por la operación de la Quinta Grijalva.

La petición informativa solicitaba copias de los comprobantes fiscales que amparan el uso de la Quinta Grijalva durante los primeros dos años de Núñez.

La Secretaría de Administración, a cargo de Amet Ramos Troconis, un funcionario cercano a Núñez, solo entregó copias de los recibos de luz y agua que se pagaron por la Quinta Grijalva durante el año 2013.

La respuesta por los gastos requeridos en el 2014 solo incluyó el pago de los recibos por el suministro de energía eléctrica.

“Parece un gobernador muy eléctrico o muy corriente”, bromea José Manuel Arias, coordinador de la asociación Santo Tomás, que interpuso la solicitud de información sobre los gastos de la Quinta Grijalva.

Reporte Indigo publicó ayer que el gobierno del perredista Arturo Núñez ha sucumbido tras dos años de gestión por los escándalos de corrupción y la ola de inseguridad que azota esta entidad del sureste mexicano.

Falla el reto histórico

La gestión de Arturo Núñez no ha estado a la altura del reto histórico que representó en el 2012 la llegada del primer gobierno de izquierda al poder del estado natal de Andrés Manuel López Obrador, líder opositor en México.

Núñez tomó protesta hace dos años como gobernador en un ambiente de esperanza y de ilusión por parte de los habitantes de este estado cansados y hartos del saqueo que hubo en el sexenio del priista Andrés Granier, actualmente preso en la Ciudad de México acusado de desvío de recursos.

Pero hoy, dos años después de la llegada del PRD a Tabasco, lo que existe entre los tabasqueños es un arraigado sentimiento de decepción por el desempeño de Núñez como mandatario y el de sus colaboradores.

Casos como el de la Quinta Grijalva es un ejemplo.

Pero también la entrega de apoyos sociales que lleva a cabo el gobierno de Tabasco se lleva a cabo con sesgo político y partidista.

El Gobierno de Tabasco no entrega recursos a organizaciones de la sociedad civil, a excepción de las que son promovidas por sus amigos y aliados políticos.

En el 2015 -que será año electoral en Tabasco- la asociación civil Pobladores A.C. recibirá un donativo de 60 millones de pesos de parte del gobierno de Tabasco para la construcción de vivienda para personas que viven en marginación.

Un apoyo que no sería polémico si no fuera porque esta organización está vinculada con la diputada local del PRD y aspirante a la alcaldía de Macuspana, Verónica Castillo Reyes.

Gracias a sus gestiones, la legisladora perredista logró que la administración de Núñez incrementará el próximo año la partida de 12 millones de pesos que recibió este año para la construcción de viviendas en zonas marginales de Tabasco.

Con 60 millones de pesos, el plan para el 2015 es ampliar la entrega de apoyos para la construcción de vivienda de 3 a 14 municipios de Tabasco.


Los apoyos para la construcción de vivienda entregados a la asociación de la legisladora perredista se entregaron a pesar de que en Tabasco opera un Instituto para la Vivienda que se dedica a la construcción de casas.

Este año el gobierno de Tabasco firmó un convenio con esta asociación civil para canalizar estos recursos que son de partidas federales.

Los recursos son canalizados a través del programa Casa Amiga, que maneja la Secretaría de Desarrollo Social de Tabasco para entregar los subsidios federales en materia de vivienda.

“La Secretaría donará recursos hasta por un monto de 12 millones quinientos mil pesos a la asociación con el objetivo de llevar a cabo las 420 acciones, con una aportación de $29,762 por acción en los municipios de Tacotalpa, Jonuta y Centla, establecidos en el anexo de ejecución técnica”, señala el contrato del cual Reporte Indigo tiene una copia.

En el convenio se fija un plazo hasta el 31 de diciembre de este año para la aplicación de los recursos y para el cumplimiento del contrato.

Pobladores A.C. se presenta como una organización civil interesada en promover el desarrollo comunitario para la construcción de viviendas.

El convenio no está firmado por la diputada del PRD, Castillo Reyes, sino por Cristina Virginia Almazán Villalobos, quien en el documento aparece como representante legal de la organización desde el 27 de julio de 2012.

Sin embargo, la legisladora del Sol Azteca no tiene reparo en respaldar públicamente esta organización y ostentarse como representante en el estado de Tabasco.

Según el currículum de la legisladora, disponible en la página del Congreso, Castillo Reyes fue coordinadora de Pobladores A.C. entre el 2009 y 2011.

Por parte del Gobierno de Tabasco el convenio está firmado por la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza María Virginia Campero Calderón Gutiérrez.

Tabasco –a diferencia de otras entidades del país- no tiene una ley que regule la entrega de apoyos económicos a organizaciones no gubernamentales.

También carece de convocatorias públicas para que las Ongs presenten sus proyectos.

“Con Núñez queda demostrado que solo hay recursos para los amigos”, reclama Arias Rodríguez. “Imagínate esa señora (la diputada local del PRD) caminando entregando casas en pleno año electoral”.


En Tabasco no hay un fundamento legal para la entrega de recursos públicos a terceros, reclama el activista.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.