lunes, 15 de diciembre de 2014

Cárcel a despachos que intimiden a deudores: diputados

La Cámara de Diputados avaló con 338 sufragios a favor y 18 en 
contra, penas de cuatro años de cárcel y multas de hasta 300 mil pesos a los despachos que utilicen la intimidación y la violencia como manera de cobrar deudas mercantiles.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con reformas al Código Penal Federal, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó clasificar como delito el que los despachos realicen cobranzas extrajudiciales, con uso de violencia o intimidación, y establecieron sanciones que van de uno y hasta cuatro años de prisión y multas de 50 mil a hasta 300 mil pesos.

En un dictamen -aprobado con 338 votos a favor y sólo 18 en contra- los legisladores reformaron el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo y el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, a propuesta de la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Campeche.


El documento -que fue turnado al Senado para su ratificación- precisa que por "cobranza extrajudicial ilegal se entiende como el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos".

Dicho delito se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, indica. También señala que si como parte de la cobranza extrajudicial ilegal "se utilizan documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad". 

Plantea que, si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señaladas en el Código Penal Federal.

El dictamen señala que no se considerará como intimidación ilícita informar de las consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.

Explica que, "muchas veces, los despachos de cobranza incurren en medios ilícitos e ilegítimos como el engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación para el cobro de saldos vencidos, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho".

Asimismo, dispone que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".


“Para que la protección constitucional surta efectos en los hechos, la cobranza extrajudicial ilegal debe ser considerada delito mediante la existencia de un tipo penal respecto del cual se aplique la sanción respectiva por tratarse de una conducta típica, antijurídica y punible”, se precisa.

FUENTE: EL FINANCIERO.
AUTOR: VÍCTOR CHÁVEZ.

El informe del Ajusco (14 Diciembre 2014)

Mientras residentes denuncian la inseguridad y violencia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se basa en un informe interno para asegurar que las cifras de delitos de alto impacto han disminuido en esa zona este año, en comparación al 2013.

El reporte se titula “Tlalpan, delitos de alto impacto social”, contiene estadística pura de la incidencia delictiva en esta delegación y uno de sus apartados sostiene que en el Ajusco, lejos de incrementarse, los ilícitos han disminuido en esta zona integrada por los pueblos de San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco.

Luego de que las últimas semanas el Ajusco está en el ojo del huracán por casos de secuestro, homicidio e incluso la decapitación de un abogado, las dependencias encargadas de impartición de justicia en el Distrito Federal están contra la pared. 

A escasas horas de que la Policía Federal, la del Estado de México y del Distrito Federal inicien oficialmente el operativo en esta región de la zona sur de la capital, las versiones respecto a lo que ahí ocurre se contraponen: ciudadanos denuncian que el Ajusco está infestado de secuestradores y ladrones, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sostiene que de acuerdo a sus cifras, los delitos ahí van a la baja.

Pese a la polémica que despiertan esa aseveraciones, la PGJDF mantiene firme su postura de que la coordinación territorial TLP-2 (a la que pertenece el Ajusco) muestra una reducción del 5.7 por ciento; específicamente en el Ajusco (los pueblos de San Miguel y Santo Tomás) los delitos de alto impacto han disminuido en 15.16 por ciento en el 2014 respecto al 2013.

De acuerdo con el documento que posee Reporte Índigo, en ese lapso, el homicidio doloso bajó 21.9 por ciento; robo a transeúnte 29 por ciento; robo a casa habitación 63.6 por ciento; a transportista 87.9.

El robo con violencia a negocio bajó 63 por ciento; lesiones por arma de fuego 45.4, y el secuestro disminuyó 50 por ciento.

Pese a los números oficiales, el caso de los siete atletas y un asistente secuestrados el jueves 30 de octubre cuando realizaban una práctica en bicicleta en caminos del Ajusco reactivó la alerta roja de que en la zona operan bandas dedicadas al plagio.

Desde ese día, 30 de octubre de 2014, previo a la operación a corazón abierto a la que se sometió el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, que puso en crisis al gobierno central, el tema de la inseguridad en la parte alta del Ajusco no ha parado.

A dicho evento se sumó el crimen de una estudiante con excelencia de la Facultad de Química de la UNAM, Anayeli Bautista Tecpa, y del abogado retirado del Ejército Mexicano, Álvaro Ezequiel Sánchez, quien fue decapitado en su domicilio. El tema del Ajusco se incendió.

En medio del escándalo, la PGJDF mantiene su postura a partir de las cifras oficiales del Ministerio Público, de que no es tal la alarma en materia de secuestros y homicidios.

Respecto al delito de secuestro, la Procuraduría capitalina reporta que en el 2013 se registraron en toda la delegación Tlalpan seis casos de plagio, mientras que en este año que está a punto de terminar tan sólo tres, lo que a la luz de las cifras frías arroja una disminución del 50 por ciento.

Sin embargo, cabe precisar que se trata de casos de secuestros reportados y atendidos por la PGJDF y no se tiene un cruce de los plagios que fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), como el caso de la estudiante de la UNAM, cuyo cuerpo fue localizado en la zona boscosa del Ajusco.

En materia de cifras, por frío que suene, el secuestro de Anayeli Bautisca Tecpa contabilizó en el ámbito federal y el homicidio para el Distrito Federal. De ahí lo cuestionable de las estadísticas.

El plagio a nivel nacional reporta un crecimiento en promedio anual del 23 por ciento; en contraparte, en el Distrito Federal se registra una tasa promedio de menos 7 por ciento al mes de octubre de 2014, reporta a su favor la Procuraduría capitalina.

Homicidio, otro factor

En materia de homicidio, avala el informe de la PGJDF, el homicidio doloso representa una disminución en 2013 con respecto al 2012 de 3.59 por ciento. Para el periodo de enero a noviembre del 2014 con relación al 2013, la merma es de 2.24 por ciento.

De manera histórica, el promedio diario de averiguaciones previas que se inician en la capital por homicidio doloso es de dos casos al día. 


En este rubro, las cinco delegaciones que concentran la cifra roja en materia de homicidios son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. En la lista no aparece la delegación Tlalpan (Ajusco) como uno de los factores de riesgo a tomarse en cuenta.

Señalan a talamontes

Pese al “no pasa nada” de la Procuraduría capitalina, este miércoles arranca el operativo conjunto entre autoridades del Estado de México, Policía Federal y el Distrito Federal.

La semana pasada, elementos de la Policía de Investigación (PDI) fueron enviados a la zona para iniciar líneas de trabajo.

Encontraron que gran parte de los problemas los ocasionan grupos de talamontes provenientes del Estado de México, que se internan en la zona. 

Dichas bandas mantienen un pleito por 80 hectáreas de tierras de las que no se tiene definición si corresponden al DF o al Estado de México.

Según esta versión, estos grupos se encargan de sembrar el terror en los pueblos del Ajusco a fin de distraer la atención de lo que ocurre en las partes más altas, de donde bajan toneladas de madera cortada de manera ilegal.


Mientras esto ocurre, el jefe de Gobierno informó que en las próximas horas se instalaría un puesto de auxilio a la altura del kilómetro 22 de la carretera Picacho-Ajusco que conecta al DF con el Estado de México.

Otro operativo, más policías para la parte alta del DF mientras baja la marea roja que tiene al Ajusco en el centro de los reflectores.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Normalistas de Oaxaca repudian agresión de la PF en Chilpancingo

OAXACA, Oax: Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE) bloquearon la carretera 190, precisamente en el Cerro del Fortín, en repudio al enfrentamiento que se registró la víspera entre elementos de la Policía Federal (PF) y docentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Cerca de la una de la tarde los normalistas bloquearon el Cerro del Fortín, precisamente en el crucero que forman la avenida Venus y Crespo con la calzada Niños Héroes, mientras que los maestros de la Sección 22 del sector de Valles Centrales realizaron su relevo en el plantón que mantiene el magisterio desde hace cinco meses en demanda de la aprobación de la ley estatal de educación.

Previo a ello, los inconformes retuvieron cuatro autobuses del transporte público y un camión de la empresa Bimbo, unidades que utilizaron para realizar el bloqueo carretero.

Tanto profesores como normalistas condenaron la agresión policiaca registrada el domingo 14 en Chilpancingo, al tiempo que exigieron la presentación con vida de los 42 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero.

Los normalistas, quienes cumplieron más de dos meses en paro indefinido, también bloquearon algunas calles del centro histórico, acción que generó caos vial.


Mientras que los maestros de la región de Valles Centrales, al relevar a los profesores de la Sierra y Mixteca, ampliaron el plantón a otras calles.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

El renacer del SME

MÉXICO, D.F: El pasado 14 de diciembre, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cumplió 100 años de existencia, y está a punto de iniciar una nueva etapa: negocian con la Secretaría de Gobernación la posibilidad de operar las 34 plantas de generación de electricidad que tenía la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), incluidas sus fábricas y talleres.

En entrevista con Apro, Martín Esparza, secretario general del SME, hace un recuento de la lucha que han mantenido desde el 11 de octubre de 2009, cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC a la fecha.

“Creo que lo hemos logrado. Contamos con una toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas, fue entregada el 2 de octubre de este año. Logramos que en este proceso de la lucha liberaran a 12 compañeros que teníamos en la cárcel.

“Avanzamos en el reconocimiento de la antigüedad de 996 trabajadores que tenían 23 o más años para obtener su pensión vitalicia y hoy estamos en la mesa de negociación con Gobernación para alcanzar un acuerdo que permita reinsertar laboralmente a los trabajadores”, apuntó.

Esparza comenta que la generación de energía eléctrica dejó der ser una función estratégica con la aprobación de la reforma y de sus leyes secundarias, igual que la distribución y la comercialización.

El gobierno, dice, creó un organismo a través del Centro Nacional de Control de Energía para la Red Nacional de Transmisión y los trabajadores serían empleados de confianza sin derecho a prestaciones laborales.

Esa es, subraya, la nueva cultura laboral de este país.

Y ante ese escenario, prosigue, creemos que podemos alcanzar una negociación parcial.

–¿En qué consiste esa negociación?, se le pregunta.

–Tiene que ver con una combinación de empresas público-privadas. Capital social que es del SME. Decimos que las 34 plantas de generación de Luz y Fuerza podemos recuperarlas mediante una empresa de generación eléctrica, que pueda ser operada por los trabajadores.

Martín Esparza recuerda que 15 mil electricistas no aceptaron la liquidación y se mantienen en lucha después de cinco años.

“Todas las fábricas y talleres son áreas de oportunidades para abastecer el mercado nacional e internacional de productos y servicios. En este esquema que nos plantean (las autoridades) de una cooperativa se puedan incorporar actividades como la distribución, transmisión y comercialización. Si bien se van las van a concesionar a empresas privadas, podemos pujar por una concesión a partir de que tenemos un Registro Nacional de Industria”, dice.

Con ello, sostiene, el SME puede firmar con estas empresas contratos colectivos de trabajo en cualquier parte del país y con cualquier empresa del ramo. En este caso, compartió el nombre del europeo Consorcio Fénix, como una de las empresas con las que podrían llegar a un acuerdo.

El dirigente del SME confió en que antes de su asamblea por su primer centenario de vida puedan concretar la constitución de un esquema de empresa de generación eléctrica, incluida Necaxa, y con cooperativas en fábricas y talleres.

A la distancia, Esparza tiene claro que, con la extinción de LyFC, el gobierno “buscó acabar con las conquistas históricas de los trabajadores.

Es más, asegura que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha sabido manejar a la extinta compañía, en parte por las corruptelas. Puso como ejemplo la zona centro del Distrito Federal, donde invirtieron mil 200 millones de pesos para cambiar la red eléctrica, pero aclara que es disfuncional.

“Tenían presupuestada una inversión de 300 millones de pesos en la red subterránea del Centro Histórico, pero tuvieron que invertirle mil 200 millones”.

Sobre lo que viene, el líder sindical cuenta que la Secretaría de Gobernación les presentó un esquema que evaluaron con la asamblea general y esperan próximas reuniones para alcanzar acuerdos concretos. La siguiente asamblea es el próximo miércoles 17

La extinción

El 11 de octubre de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón decretó la extinción de LyFC. El procedimiento no fue el adecuado: debió iniciarse con una mesa de negociación entre el gobierno y el sindicato sobre la decisión de liquidar; luego, terminar las relaciones laborales y comenzar el proceso de liquidación. Posteriormente, publicar el decreto y, en caso de que los trabajadores no estuvieran de acuerdo, resguardar las instalaciones.

Pero se hizo todo en orden inverso: en primer lugar, la policía intervino las instalaciones; luego, el gobierno publicó el decreto de extinción y comenzó a liquidar a los sindicalizados y a negociar con el SME, y, finalmente, dio por terminada la relación laboral con éste.

Por eso, el sindicato comenzó a desplegar acciones de resistencia, a las que se sumaron decenas de organizaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Frente Sindical Mexicano, el PRD, campesinos, maestros, estudiantes y obreros.

El origen del conflicto

Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del SME en 2009– estuvo la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro (LFC), para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.

El plan se fraguó en julio de 1999: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.

En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.

Desde el 2000, el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: 2003, 2005 y 2007. Finalmente, el 16 de mayo de 2008 comenzaron los trabajos para la instalación de la red, pero el SME lo impidió.

El 30 de junio de 2009 el entonces director de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), Jorge Gutiérrez Vera, y Esparza, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones. Presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LyFC cuenta con capacidad para operar la red.

El documento proponía un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.

En ese entonces, Esparza comentó que la utilización de este sistema con la infraestructura de LyFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LyFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.

Sin embargo, afirmó, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista, Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. (Proceso 1719).

El saldo de la extinción

Martín Esparza afirma que en los últimos cinco años muchos de los trabajadores liquidados han sufrido una merma en su calidad de vida y la de sus familias, unos porque han tenido que laborar en el sector informal y otros porque han enfermado. También tienen registros de extrabajadores con depresión y seis suicidios.

“A partir de que te quitan el único patrimonio que tienes, que es tu trabajo, con un nivel de vida que te permitía si no vivir holgadamente, sí con estabilidad”, dice.

Incluso cuenta que tras la extinción los trabajadores fueron “boletinados”. Cuando buscaban emplearse en otra empresa y ésta veía que se trataba de un extrabajador de LyFC lo descartaban.

“Ha sido una lucha de más de cinco años muy difícil. No enfrentamos a una empresa, sino a un gobierno. A un gobierno que no obedece a los intereses de los trabajadores ni de los mexicanos, que está obsesionado con acabar con los derechos humanos fundamentales de los electricistas, mineros, pilotos y sobrecargos de Mexicana, de todo mundo”.


En la actualidad, dice, todos los mexicanos tenemos al mismo enemigo: Una clase política gobernante que no tiene cultura y que obedece a los intereses de las multinacionales. Un escenario similar al de hace cien años, cuando nació el SME.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.

Oportunidad para la oposición

MÉXICO, D.F: Desde el inicio de la crisis de inseguridad detonada en diciembre de 2006, la receta ha sido exactamente la misma: concentración de atribuciones en las autoridades federales y uso de la fuerza pública; lo único que se modificó, con el cambio de sexenio y la alternancia en el Ejecutivo federal, fue el alcance de las iniciativas y la capacidad de sacarlas adelante.

Ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto entienden que la creciente violencia e inseguridad es la manifestación más estrujante y cruel de la crisis del Estado mexicano, no su causa, y, por lo tanto, las soluciones a la misma no pueden concentrarse en el fortalecimiento de los aparatos de seguridad, pues los eventuales avances (como sucede con la depuración de las policías municipales y estatales) son insuficientes y endebles.

A pesar de que la incidencia delictiva mantiene una tendencia alcista desde diciembre de 2006, como lo reconoce la misma iniciativa presidencial, cada vez que un evento especialmente grotesco y estrujante sacude a la opinión pública se recurre al mismo ritual: envío masivo de fuerzas federales a la entidad afectada, revisión de la legislación en la materia y presencia física intensiva del presidente y los miembros de su gabinete o, al menos, de estos últimos. Así ocurrió en Ciudad Juárez, tras la masacre de Villas de Salvárcar; en Monterrey, luego del incendio del casino Royale; en Michoacán, tras el surgimiento de las autodefensas; y, ahora, en Guerrero, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aunque en el discurso se reconoce la necesidad de una intervención integral que permita reconstruir el tejido social y se anuncian cuantiosos recursos públicos para atender las más urgentes necesidades, los esfuerzos se centran en las fuerzas de seguridad, incluyendo desde luego el envío de elementos del Ejército y la Marina para realizar funciones policiacas. En ocasiones la incidencia delictiva muestra algunas señales positivas; en otras, no. Pero lo que es invariable es que de inmediato la violencia se exacerba en algún otro lugar, y los índices delictivos mantienen su tendencia alcista invariable.

La iniciativa de reforma constitucional que anunció el presidente el 27 de noviembre y que envió al Senado el 1 de diciembre va exactamente en la misma dirección: desaparición de las policías municipales; redistribución de las competencias en materia penal (nuevo eufemismo utilizado para continuar con el proceso de concentración de atribuciones en el gobierno federal), y hasta la posibilidad de desaparecer ayuntamientos y asumir directamente sus funciones por parte del gobierno federal (haciendo a un lado incluso a los gobiernos estatales).

Aunque los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión ya se comprometieron a trabajar intensamente para dictaminar y votar la iniciativa en el presente periodo de sesiones, lo cierto es que no parece muy claro que se pueda cumplir con dicho propósito, dado que las voces que se oponen a las medidas anunciadas son múltiples y todo indica que también determinantes para obstaculizar la aprobación de una reforma constitucional.

Ante la profundización de la crisis y las evidencias de su gran responsabilidad personal (por la clara violación de diversas disposiciones legales en materia de transparencia y responsabilidades administrativas, por lo menos), el presidente Enrique Peña Nieto decidió variar sustancialmente su forma de operar: En lugar de buscar el consenso previo, optó por presentar la iniciativa, presentarla como de su única autoría y buscar, una vez que se hizo pública, los votos necesarios para conseguir su aprobación en el Congreso de la Unión.

En el mismo acto en el que pronunció su mensaje se escucharon reacciones adversas a sus planteamientos y, una vez que se conoció el proyecto de reforma constitucional, las críticas crecieron. La oposición a la desaparición de las policías municipales y de los ayuntamientos ha sido casi unánime tanto de los actores políticos como de la sociedad civil. Sin embargo, todo parece indicar que el presidente y su equipo persisten en su intención.

Como se ha documentado ampliamente en Proceso (1968 y 1969), otra de las prácticas comunes para obtener los votos necesarios en el Congreso ha sido la compra de voluntades a través del otorgamiento de subvenciones ordinarias, extraordinarias y especiales, lo que permite a diputados y senadores más que duplicar sus ingresos. También ha sido evidente, aunque está menos documentado, el intercambio de favores con las cúpulas directivas de los principales partidos políticos de oposición, particularmente PAN y PRD.

Si el PRI y el presidente quieren lograr la aprobación de la reforma constitucional en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 15 de diciembre, seguramente tendrán que pagar un costo más alto que en el pasado, entre otras razones por la oposición que despertó, por la severidad de la crisis y por la necesidad que tiene el gobierno de concretar sus propuestas mediáticas.

Por méritos propios la iniciativa carece de viabilidad, en la medida en que muchas de sus propuestas no tienen suficiente sustento (más allá de algún ejemplo de aplicación en algún país europeo, cuyas características son totalmente diferentes a las nuestras) e intenta solucionar sólo una de las manifestaciones de la profunda crisis en la que se encuentra sumido el Estado mexicano.

En estas condiciones, seguramente el gobierno de Peña Nieto estará dispuesto a pagar cualquier costo. Hoy la oposición tiene la palabra, pero lamentablemente ellos también son corresponsables de la grave crisis del Estado mexicano, en la medida en que han visto su apoyo electoral como una oportunidad de consolidar sus privilegios, prerrogativas y financiamiento.


El momento es crucial y determinante para el futuro político de México. Los legisladores y dirigentes de los partidos políticos de oposición tienen la posibilidad de asumir su responsabilidad histórica y obligar al gobierno a una auténtica reforma de Estado, que bien podría concretarse aprovechando la elección del próximo año para elegir a un Congreso Constituyente que revise integralmente la Constitución; o aprovecharse de su momento para seguir incrementando sus rendimientos económicos y partidistas, aunque esto los condene a su desaparición en un futuro.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.

Retornan actividades en escuelas del área médico-biológicas del IPN

México, DF. Esta mañana alrededor de 12 mil de estudiantes de las escuelas del área médico-biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como 4 mil docentes y trabajadores administrativos retornaron a las actividades luego del paro de labores mantenido por el movimiento estudiantil.

Los alumnos de las escuelas Nacional de Medicina y Homeopatía y Superior de Medicina, ubicadas en las zonas Ticomán y Zacatenco, respectivamente, así como del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpa Alta, regresaron a las aulas este lunes.

Asimismo, antes del mediodía de este lunes se hizo la entrega-recepción de las instalaciones de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia. El acta fue suscrita por la directora del plantel Angela Ediberta González Juárez, maestra en Ciencias, quien realizó el primer recorrido por las instalaciones junto con los integrantes del consejo técnico consultivo escolar.

En esta primera revisión no se reportó ningún incidente y los salones se encontraban sellados. Esta escuela se encuentra ubicada dentro de la unidad del casco de Santo Tomás.

Todavía a las 19 horas, las autoridades del IPN y sus abogados esperaban que las escuelas Superior de Comercio y Administración, ubicadas en el Casco de Santo Tomás y en Tepepan fueran entregadas por la representación estudiantil.

Se prevé que esto ocurra en el transcurso de las próximas horas, según informaron en el IPN.

La entrega formal de las instalaciones la harían representantes estudiantiles de cada uno de los planteles, a un abogado designado por el Instituto, tras lo cual se realizaría un recorrido por las unidades.

Con estas dos que todavía están pendientes se llegaría a la totalidad de las 41 escuelas que estuvieron en paro por más de nueve semanas.

En tanto, los alumnos que hoy reiniciaron labores llegaron ataviados con sus batas blancas con escudos del IPN. Aseguraron sentirse "raros" tras 76 días de inactividad.

Señalaron que el retorno será "pesado" debido a la acumulación de materias y trabajos para ponerse al día. Sin embargo, apuntaron que el paro fue necesario para alcanzar los objetivos y demandas del movimiento.

El resto de las escuelas del IPN regresarán a clases del ciclo escolar que se vio interrumpido por el paro de labores el próximo 7 de enero.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Emir Olivares Alonso y José Antonio Román.

Reciben en México a Adán Cortés, expulsado de Noruega

México, DF. Familiares y simpatizantes de Adán Cortés recibieron en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al joven mexicano expulsado este lunes de Noruega tras manifestarse por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Al llegar a la ciudad de México, poco antes de las 20 horas, Adán Cortés señaló que "Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso".

Entre los presentes para recibir a Adán Cortés se encontraban sus padres y su hermano. Asimismo, jóvenes que llegaron con pancartas de apoyo al universitario con leyendas como la etiqueta #YaMeCansé y "El peor crimen es el silencio".

Adán Cortés padre y Mónica Salas, madre del joven manifestante universitario, dijeron que su hijo "levantó la cara por mucha gente" de México y sólo desean verlo y abrazarlo.

"Ha sido muy claro con sus declaraciones, siempre lo dijo, lo importante no somos nosotros, es el país", aseguró su papá.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: César Arellano García

Ayotzinapa ‘visibilizó’ alza en agresiones a mujeres activistas: ONG

MÉXICO, D.F: Activistas denunciaron un incremento de la violencia hacia mujeres defensoras de derechos humanos durante la administración de Enrique Peña Nieto, situación que ha sido visibilizada a partir de las movilizaciones de apoyo a familiares de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

En el marco de la presentación del reporte “Análisis de la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos en la República Mexicana”, Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM),  destacó que el caso Ayotzinapa “puso más al descubierto la situación de represión de las defensoras y las periodistas al momento de realizar su trabajo”.

García Quintanilla puntualizó que además del aumento de las agresiones, la administración de Peña Nieto se distingue por “obstaculizar las investigaciones de los casos registrados con anterioridad, pues se criminaliza con mayor énfasis a las mujeres, no se atienden como se debería las recomendaciones de protección ni las medidas provisionales o cautelares, dejando a las activistas y periodistas en la indefensión”.

Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos-México (RNDDHM), sostuvo que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el panista Felipe Calderón, puso en mayor riesgo a las mujeres que se encargan de defender a víctimas de abusos.

“El incremento de la violencia es tal magnitud, que es la explicación por la que surge la Red, lo cual no significa que las agresiones no hayan existido antes, pero ahora la labor de las defensoras no es sólo de acompañamiento a las víctimas, sino que también somos objeto de agresión sobre todo de agentes del Estado”.

Ávila destacó que los casos de mayor violencia contra las mujeres que trabajan con víctimas y en defensa de las comunidades se registran en Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Veracruz y, recientemente, en el Distrito Federal, donde “hay preocupación por la agresiones y la criminalización de la protesta social”.

Paloma Estrada Muñoz, de la CIDHM, detalló que el informe de la violencia que sufren las mujeres defensoras incluye casos registrados en los últimos 14 años, en los que se reportaron 34 feminicidios, de los que ocho ocurrieron en Guerrero, siete en Chihuahua y cinco en la Ciudad de México.

Escobar Muñoz apuntó que, según encuestas aplicadas a defensoras en 13 estados del país, la principal fuente de agresión “la identifican como el Estado mexicano, seguido de cacicazgos, narcotráfico y paramilitarismo”.

Luego de señalar que las mujeres defensoras desarrollan su trabajo en ambientes de violencia en la comunidad e intrafamiliar, la activista apuntó que de las 66 acciones cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a personas en 16 entidades del país, “29 de las medidas son la protección de 87 mujeres”, 40 de ellas radicadas en Chihuahua, 14 en Chiapas y 10 en Oaxaca.

La investigadora señaló que 49% de las defensoras encuestadas admitió haber sufrido algún tipo de violencia, con 39.4% violencia psicológica; 27.5% difamación, 23.3% hostigamiento y 22.1% amenazas.

En el caso de las activistas que declararon haber sufrido intimidación gubernamental, en 16.3% registró persecución; 12.8% intimidación caciquil, 7% identificó a poderes fácticos, 5.8% a grupos de poder económico y 4.7% hostigamiento laboral.

Cabe destacar que 1.2% denunció el secuestro, tortura, desaparición forzada y desaparición forzada de un familiar.

El reporte presenta 17 recomendaciones, tres de ellas dirigidas a organizaciones, a la sociedad y a medios de comunicación, y el resto al Estado mexicano, destacando la primera en la que se exige a éste “agotar las investigaciones de las agresiones contra defensoras, que se mantienen en la impunidad”.


El informe, explicó la defensora, contó con el apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y el respaldo del Fondo Noruego de Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

México, sexto lugar entre países con más periodistas asesinados

MÉXICO, D.F: Con ocho ejecuciones, México se colocó en el sexto lugar entre países con el mayor número de periodistas asesinados en 2014, apenas antecedido por Israel, Siria, Pakistán, Irak y Ucrania.

De acuerdo con el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC), Israel ha sido el país donde se ha producido el mayor número de víctimas, con un total de 16 periodistas asesinados durante la ofensiva militar en Gaza.

Siria se sitúa en segundo lugar por el número de víctimas, con 13 periodistas asesinados, y Pakistán está en tercera posición, con 12 víctimas, la mayoría de ellas en las zonas tribales próximas a Afganistán.

La cuarta posición entre los países con mayor peligrosidad la ocupa Irak, donde 10 periodistas fueron asesinados, muchos de ellos como consecuencia de la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico, y en quinto lugar aparece Ucrania, con nueve.

“El año que finaliza ha sido terrible para los periodistas. Un nuevo conflicto mortífero para los trabajadores de los medios se ha abierto en Ucrania, la ofensiva israelí lanzada este verano en Gaza ha causado numerosas víctimas, mientras que en Siria el terror ha alcanzado niveles extraordinarios con la decapitación de periodistas en público”, declaró el secretario general de la PEC, Blaise Lempen.

El informe de la PEC destaca que detrás de México se encuentran: Afganistán, con seis asesinatos, y Honduras y Somalia, con cinco periodistas victimados cada uno.

Dos países, la República Centroafricana y Brasil, comparten el décimo lugar, con un registro de cuatro asesinados en cada uno, en tanto que tres comunicadores fueron ejecutados en cada uno de los siguientes países: Camboya, Guinea Conakri, Paraguay y Filipinas.

Dos periodistas fueron asesinados en Bangladesh, en Colombia, en la India, en Libia, en Perú, en Turquía y en Yemen. Finalmente, un periodista fue asesinado en los 10 países siguientes: Arabia Saudí, Birmania, Egipto, Líbano, Nigeria, Panamá, República Democrática del Congo, República Dominicana, Rusia, y El Salvador.

Por regiones, Oriente Medio es la región más violenta, con 46 periodistas asesinados, por delante de Asia (31), América Latina (27), África subsahariana (14) y Europa (10).

Desde que la PEC inició el registro de periodistas asesinados en 2006, mil 038 comunicadores han sido asesinados. Sólo el año pasado perdieron la vida 129.

En el transcurso de los últimos cinco años, de 2010 a 2014, en total 614 periodistas fueron asesinados, o sea 123 por año, lo que es igual a una media de 2.4 por semana.

Los cinco países de mayor peligrosidad en el curso de los últimos cinco años han sido Siria, con 69 asesinados; Pakistán, con 63; México, con 50; Irak, con 44, y Somalia, con 39 asesinados.

En orden decreciente les siguen Brasil (31 asesinados), Honduras (30), Filipinas (29), India (21) y los territorios palestinos ocupados (21).

“Estos saldos tan elevados están claramente vinculados a los conflictos armados violentos que perduran y que no encuentran una solución política”, subrayó Lempen.

Ante esta realidad, la PEC reclama un instrumento internacional que supla los déficits de justicia en la mayoría de los países donde sucedieron los asesinatos.


“Los problemas de acceso a las zonas de conflicto siguen siendo agudos. Muchos medios renuncian a enviar periodistas ya que los riesgos son muy grandes. Pero, de hecho, la cobertura de los conflictos disminuye en los medios, y con ello la presión de la opinión pública para resolver y financiar la indispensable ayuda humanitaria”, concluyó Lempen.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dólar sigue al alza y llega a $15.10; Bolsa y crudo mexicano, a la baja

MÉXICO, D.F: La caída del precio del petróleo y las expectativas de los inversionistas sobre una posible alza en la tasa de interés en Estados Unidos, siguen afectando el tipo de cambio en México.

Al cierre de esta jornada el dólar se vendió hasta en 15.10 pesos en ventanillas bancarias, mientras que el dólar se apreció 0.68%, a 14.7635 unidades por billete verde. Es decir, retrocedió 5.25 centavos, equivalente a 0.36% al último día hábil que fue el pasado jueves 11 de diciembre.

De hecho, ese día el Banco de México (Banxico) se vio obligado a intervenir en el mercado subastando 200 millones de dólares (mdd) para proveer liquidez y detener el desplome del peso mexicano, que lleva más de dos semanas en plena depreciación.

Hoy el gobernador del banco central, Agustín Carstens, aseguró que el tipo de cambio “se empieza a estabilizar” y que por lo pronto no planea incrementar el monto subastado en el mecanismo que utiliza para contrarrestar la volatilidad.

Luego de la entrega al Banxico del Certificado de Industria Limpia, en la que también estuvo presente el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, Carstens explicó que “son semanas un tanto atípicas porque ya hay muchos participantes en el mercado que no están operando, entonces hay que ver cómo opera este mecanismo en diciembre y también en las semanas subsecuentes, al inicio del año entrante”.

El funcionario se mostró optimista y adelantó que durante las primeras semanas de enero la inflación –que también podría ser afectada por la depreciación del peso, según el Banxico— volverá a sus niveles cercanos al 3%.

BMV inicia semana con pérdidas

Lo cierto es que la incertidumbre de la economía mundial, la caída de los precios del petróleo y la tensión de los inversionistas, respecto al anuncio de política monetaria que hará la Reserva Federal (Fed) en los próximos días, está pegando también a la BMV.

Esta tarde el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se desplomó 3.31% al registrar 40 mil  334 puntos, lo que significó una caída de mil 379 unidades respecto a la última sesión que fue el pasado jueves 11 de diciembre.

Las empresas más afectadas fueron las minera Peñoles, la industrial Alfa; así como TV Azteca, y las financieras Value, Cultiba, entre otros.

De esta forma, la BMV cerró en línea con Wall Street, donde el promedio industrial Dow Jones perdió 0.58%, el índice tecnológico Nasdaq retrocedió 1.04% y el Standard and Poor’s 500 bajó 0.63%.

Precio de la mezcla mexicana se desploma

Uno de los principales motivos de volatilidad en los mercados financieros es el desplome en el precio del petróleo. En el caso de la mezcla mexicana, inició la semana con pérdidas, acercándose a los 50 dólares por barril, lo que no ocurre desde mayo de 2009, año de la crisis económica internacional.

La mezcla finalizó en 50.26 dólares, una caída de 2.6% o 1.36 dólares respecto al precio de cierre del viernes, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La baja de este lunes fue provocada por la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de no reducir la producción pese a un exceso de suministro.


En lo que va de 2014, el petróleo mexicano ha caído 45.6%. En tanto que en el mercado internacional, el petróleo en Estados Unidos cerró con una baja de 1.90 dólares por barril, para cotizarse en 55.91 dólares. Mientras que el Brent concluyó la sesión con una caída de 79 centavos por barril, es decir, un 1.3%, y se vendió en 61.6 dólares por barril.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRAS ARAIZAGA.

Congreso sólo hará “observaciones” a deudas de los estados

Quedará en manos de los diputados locales la responsabilidad de autorizar pasivos a sus gobernadores.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda avalaron por 12 votos a favor y uno en contra, la minuta de la Cámara de Diputados, que reforma la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

El proyecto de dictamen reforma el párrafo cuarto de la fracción octava, del artículo 73 constitucional, en el cual se considera la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, con atribución para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado de la Unión al gobierno federal.

La propuesta considera que la integralidad del sistema propuesto en materia de atribuciones en el ámbito federal y de los estados, requiere la intervención de una Comisión Bicamaral del Congreso.

Se precisó que este es el único artículo a discusión, debido a que el resto de la propuesta ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, dijo que a través de esta reforma se plantea que sea una Comisión Bicamaral la que tenga a su cargo el segmento de estudio y análisis de este tema, para lo cual podrá solicitar información, hacer recomendaciones y formular observaciones.

Explicó que el proyecto –inicialmente analizado, discutido y votado en la Cámara de Senadores– se remitió a la Cámara de Diputados, en donde se dio la reserva de un solo artículo, del cual se acaba de dar cuenta.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna expresó que la reforma es positiva porque establece como principio que el Estado mexicano debe respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera. Indicó que amplía las facultades del Congreso para legislar la forma como el Ejecutivo otorgará garantías a los estados y municipios, “ya no de forma discrecional”.

También se faculta al Congreso para establecer las bases de cómo los estados, municipios y el Distrito Federal puedan endeudarse y se ponen límites para comprometer un porcentaje determinado de participaciones federales en deudas u otro tipo de obligaciones, y se instaura un sistema de alertas para enviar señales de sobre endeudamiento en algún municipio o entidad.

El presidente de la Comisión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que es importante fortalecer la facultad de fiscalización del Congreso, a través de esta Comisión Bicameral integrada de manera paritaria, donde sean los legisladores quienes hagan el seguimiento de los manejos indebidos o irregulares de las deudas en estados y municipios.

Estamos llegando a un buen término y esperemos que ahora sí esta Comisión Bicameral cumpla la función fundamental de vigilar la fiscalización, el seguimiento del manejo de los recursos públicos que se contratan como deuda, los términos de su contratación y el destino de estos recursos, que en todo caso deben ser única y exclusivamente para inversión productiva y de ninguna manera para gasto corriente, concluyó.

En tanto, el senador de Acción Nacional, Luis Fernando Salazar Fernández manifestó que esta facultad concedida al Congreso para legislar en materia de endeudamiento de estados y municipios, “no resulta suficiente”, pues era necesario que a través de la Comisión Bicameral no sólo se objetara, sino que también sancionara a los estados.

Sin embargo, existen grandes avances en relación a la rendición, transparencia, y a los proceso de endeudamiento; “que finalmente le van a dar claridad a las finanzas del país”.

El también senador del PAN, José María Martínez Martínez dijo que esta es una Comisión Bicamaral “sin dientes y de mera opinión, pues no contiene lo que se ha planteado por algunos de nosotros, con motivo del endeudamiento”.

Vamos a seguir insistiendo en que debemos perfeccionar esta minuta para poder darle dientes al Congreso de la Unión y que sí haya verdaderamente una responsabilidad, no solo en la parte legislativa, sino también en la parte financiera por parte de los estados y municipios de la federación, manifestó.

El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz dijo que la solución a este problema no es de corrupción y ni de las coincidencias electorales y políticas, sino que se encuentra en el federalismo fiscal, en distribuir los recursos adecuadamente “y no estarle echando a los estados toda la carga, para después ayudarlos”.

Creo que es una medida brutalmente antifederalista y pone en riesgo a los estados de la República, porque implica una interferencia absoluta a los estados, puntualizó.

Algunos cambios:

-El Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal vigilarán la deuda que contraten las entidades federativas y los municipios, con el fin de evitar la generación de crisis financieras que impacten al resto del país.

-Incluyen un Sistema de Alertas, la supervisión de una Comisión bicamaral y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito.

-La reforma prohíbe a los estados y municipios contratar deuda a tasas caras o destinarla al gasto corriente.

-Se ordena a la Cámara de Diputados y al Senado crear leyes que formen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios y responsabiliza a los servidores públicos por el manejo de recursos y la deuda pública.

-El “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.

-Plantea que el Congreso también tendrá facultades para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, “que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal”.

-Advierte que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante emergencia declarada por el Presidente de la República”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Temo volver a México: Adán Cortés, joven que irrumpió en ceremonia del Nobel

En entrevista para CNN, dijo estar preocupado por su seguridad "porque he visto cómo se resuelven las cosas en México".

Adán Cortés, el estudiante mexicano que irrumpió la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, dijo que tiene miedo de volver a México y está preocupado por su seguridad.

En entrevista con Claudia Rebaza en CNN, Cortés comentó que no se arrepiente de haber protestado en el Nobel, y describió  lo ocurrido como un reflejo de la actual situación de nuestro país, en referencia a la bandera manchada de rojo.

Señaló que su motivación para interrumpir la ceremonia, con una bandera mexicana en mano, fue en solidaridad con lo que acontece en México, especialmente con la desaparición “y posible asesinato” de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

“Estoy cansado de tantas injusticias que hemos vivido en México”, enfatizó.

El joven, que regresará al país este lunes, explicó que ingresó a la ceremonia por la puerta de invitados y que “si alguien me hubiera pedido identificación, no hubiera mentido. Pero nadie me detuvo”.

“Pensé que esta era mi oportunidad de alzar la voz por todos quienes sufren en México”, dijo Cortés, quien añadió que nunca tuvo la intención de hacer daño.

“Agradezco la atención, pero prefiero que la atención esté sobre la realidad mexicana”, mencionó sobre el interés en su persona por parte de diferentes medios del mundo.

“Sé que no era la manera adecuada y que fue desesperada, pero así  es como estamos en México”, aceptó.

Dijo estar preocupado por su seguridad “porque he visto cómo se resuelven las cosas en México”.

“No voy a regresar a un lugar donde sé que mi propia seguridad corre riesgo. No quiero ser un estudiante más que desaparezca y que luego aparezca muerto y que el gobierno diga que fue el crimen organizado”, agregó.


El mexicano fue deportado esta mañana de Noruega hacia la Ciudad de México, donde lo expulsaron, después de que el Servicio de Migración (UDI), rechazara su aplicación de asilo político al considerar que carecía de fundamento.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

Reforma política en el DF: se llamará Ciudad de México, tendrá Constitución y habrá alcaldes

A finales de marzo 2015 o en abril, quedaría aprobada la reforma política, confía el senador Mario Delgado.


Mario Delgado, presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, detalló en qué consiste la reforma política del DF que, consideró, podría quedar aprobada en marzo o abril del próximo año, luego de ser revisada en febrero por la Cámara de Diputados y pasar por los congresos locales.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, refirió que aunque prácticamente sería un “estado 32″, remarcó que la Ciudad de México “no se convierte en un estado porque no habrá régimen municipal”.

No es idéntico a los estados de la república, pero sí es una entidad que goza con autonomía, apuntó.

Este lunes “está la mesa puesta para que hoy sea aprobada en Senado”, comentó. De ahí pasará a la Cámara de Diputados y posteriormente a legislaturas estatales, expuso.

Con esta reforma, habrá diferentes cambios:

-La ALDF se va a convertir en congreso local.
-Vamos a tener que hacer una Constitución para la Ciudad de México.
-Las delegaciones políticas se convierten en alcaldías y, además, tendrán concejales (que desempeñarán un papel similar al de los síndicos en los municipios).
-Plena autonomía a las alcaldías.
-Habrá una ley de coordinación entre la federación y la Ciudad de México, que defina las atribuciones y facultades de cada una.
-Se va a seguir llamando Jefe de Gobierno y no gobernador, pero será “Jefe de Gobierno de la Ciudad de México” no “Jefe de Gobierno del DF”.
-En las elecciones se votaría por alcaldes y planilla de concejales.

Delgado expuso que hay temas que no están completamente definidos. Por ejemplo, la asamblea que hará la constitución del DF. Mientras unos aprueban que los constituyentes sean los que serán elegidos el próximo año, otros impulsan que haya una “asamblea ex profeso” para legislar al respecto.

“Esta es una ciudad que le dio nombre al país… se hace un barrido para cambiar artículos donde dice ‘Distrito Federal’ por ‘Ciudad de México’”, indicó.

Expuso que hubo un proceso de maduración de esta reforma que fue propuesta desde la administración de Marcelo Ebrard.


“Durante muchos años se pensaba que era la reforma del PRD, ya los partidos entendieron que no es una reforma para un partido, es quitarle una camisa de fuerza para la ciudad, que no hay posibilidades de que un partido saque ventaja”, indicó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

El EZLN invita a padres de normalistas a participar en el Festival Mundial de las Resistencias

MÉXICO, D.F: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cedió su espacio a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo que se realizará del 21 de diciembre al 3 de enero del año entrante, y los convocó a la celebración del aniversario del grupo armado en la comunidad de Oventic, Chiapas este fin de año.

En un largo comunicado firmado por el subcomandante Moisés, los zapatistas destacan la importancia de que se siga escuchando la voz de los familiares de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero a manos de policías municipales, en complicidad, ahora se sabe, con fuerzas federales.

“Nosotras, nosotros, zapatistas del EZLN, pensamos que es tan importante lograr que retomen su lugar las voces de los familiares y compañeros de los asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa”, dice Moisés en su texto luego de anunciar su decisión de no participar en las actividades previstas en San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México; Temoac, Morelos, Candelaria, Campeche, y la ciudad de México.

Los zapatistas pidieron a los organizadores del Congreso Nacional Indígena (CNI) y a quienes se han organizado para transportar a la delegación zapatista y darle alojamiento, alimentación, seguridad y salud, que hagan lo mismo para con los familiares y estudiantes de los Normalistas de Ayotzinapa.

“Por eso pedimos que los atiendan, escuchen y les hablen como si fueran cualquiera de l@s 20 zapatistas, 10 mujeres y 10 hombres, que formarían nuestra delegación”, señala Moisés.

Piden los zapatistas a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa que acepten su invitación y nombren una delegación de 20 personas  –10 mujeres y 10 hombres–, para que participen como invitados de honor en el Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo que se efectuará del 21 de diciembre al 3 de enero del 2015.

“Para nosotros, nosotras las zapatistas fue muy importante escucharlos directamente. Creemos que será muy bueno que todas las personas que asistan al festival tengan el mismo honor que nos concedieron. Y creemos también que a ustedes les aportará mucho el conocer otras resistencias y rebeldías hermanas en México y el mundo. Podrán ver entonces lo grande y extendido que es el “no están solos”, sostiene el representante del EZLN.

Por otro lado, los zapatistas hacen una serie de cuestionamientos a quienes han señalado a los “anarquistas” como responsables de la violencia en las últimas marchas en la Ciudad de México de apoyo a los normalistas de Ayotzinapa.

“En las recientes movilizaciones por la verdad y la justicia para los normalistas de Ayotzinapa, se ha repetido la disputa por imponer el carácter de las movilizaciones, ahora llegando a la criminalización de quienes coinciden con un estereotipo trabajado: jóvenes, con el rostro cubierto, vestidos de negro, y que son o parecen anarquistas. En suma, son mal portados. Y como tales deben ser expulsados, señalados, detenidos, amarrados, entregados a la policía o a la justa ira de los sectores progresistas.

A esto se ha llegado con reacciones coincidentes o cercanas a la histeria en algunos casos, y a la esquizofrenia en otros, impidiendo una argumentación razonada y un debate necesario”, señala el representante del EZLN.

“¿Quién es quién para decir que esas demandas, que son las de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, tienen que expresarse de tal o cual forma? ¿Quién escribe el “manual de buenos y malos modos” para expresar el dolor, la rabia, la inconformidad?”, cuestiona Moisés en un largo comunicado.

Insiste: “Entonces, ¿quién ha otorgado los cargos de comisarios del buen comportamiento para el apoyo y la solidaridad? ¿De dónde viene ese alegre señalar a unos y a otras como “agentes gubernamentales”, “infiltrad@s” y, ¡horror de horrores!, “anarquistas”?”.


Los zapatistas inquieren que no por traer el rostro oculto, actuar violentamente y destrozar negocios son “infiltrados” del gobierno, pues muchos de estos últimos no necesitan ocultar su rostro para incrustarse en los movimientos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Maestros actuaron con saña contra la Policía Federal: Comisionado

MÉXICO, D.F: El comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, se quejó de que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) actuaron con saña contra las agentes de esa corporación durante los incidentes registrados ayer en Chilpancingo, Guerrero.

Además, aseguró que la PF actuó con apego a los derechos humanos, pese a las versiones que indican que los uniformados fueron los que detonaron la violencia.

“Creo que actuamos muy bien, apegados a derechos humanos, e insisto que el dato característico con el que concluye esta confrontación fue el dialogo y terminó la confrontación”, manifestó en entrevista con Primero Noticias.

Sobre las agresiones que sufrieron los agentes, Galindo aseguró que los maestros de la CETEG actuaron con saña y eso, dijo, refleja una “animadversión fuerte contra los compañeros”.
“Es el extremo. Es dañar por dañar, con una saña que no entendemos. Insisto: deben ser personas que ni siquiera estén preocupadas por las manifestaciones […]. En las camionetas en que se transportaban este tipo de personas traían petardos, cohetones, armas blancas. Y el azote, el maltrato de este tipo, habla de que ya no es sola una agresión ordinaria, sino que hay un grado de animadversión fuerte contra los compañeros”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

Según Galindo, la PF ha respetado “las manifestaciones de maestros y de alumnos, con su derecho a la manifestación legítimo, y nos toca y nos corresponde ser respetuosos, pero siempre hay algún grupo que se emboza, se cubren la cara, los que usan armas blancas”.

Aseguró que por los hechos violentos de ayer fueron detenidas tres personas, “pero no acreditamos que estuvieran participando o que hubieran lesionado a alguien y fueron puestas en libertad”.

De acuerdo con Galindo, en los hechos de ayer resultaron heridos siete policías federales y “entiendo que de maestros, manifestantes, tenemos 14 personas lesionadas por aquella parte”.

Sobre el estado de salud de los mandos policiacos, mencionó que “los siete compañeros tuvieron que ser ingresados a centros hospitalarios, en primera instancia en Chilpancingo, y ante la gravedad de tres tomamos la decisión de traerlos a una intervención a hospitales en la ciudad de México”.

Explicó que el policía federal que fue intervenido quirúrgicamente ayer por un traumatismo craneoencefálico se encuentra grave y los otros dos mandos policiacos fueron trasladados a hospitales para suturar lesiones profundas en la espalda.

Al menos dos uniformados más, dijo, presentaban lesiones parecidas a latigazos, y que uno de los mandos policiacos tenía entre 14 y 16 de estas heridas en la espalda.

El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, también se pronunció sobre los hechos registrados ayer en Chilpancingo y dijo que a nadie conviene la violencia ni la confrontación, “pues sólo dañan y tensan más el ambiente social y, en consecuencia, enturbian el ánimo para la búsqueda de soluciones y de la conciliación”.

Ortega solicitó a las autoridades federales una “ágil y clara investigación” para deslindar responsabilidades, y exhortó a los ciudadanos que participan en las movilizaciones “a evitar la beligerancia y la violencia que han marcado diversos acontecimientos en los que descargan su ira contra personas e instituciones”.

Además, advirtió a los líderes del movimiento que su gobierno será respetuoso de la libertad de manifestación, sin ánimo de recurrir a la fuerza para disuadir y contener las expresiones de descontento.

En un desplegado difundido en diarios nacionales, el gobernador de Guerrero reiteró la invitación a familiares de las víctimas de la Normal de Ayotzinapa “para el diálogo y el acuerdo con el gobierno del estado a fin de buscar soluciones”.


Remató: “La tolerancia, el diálogo, la concordia y la búsqueda de reconciliación son las líneas del gobierno del estado, y en éstas mantendrá todos sus esfuerzos y capacidades”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juez ordena liberar a dos mujeres presas por caso Tlatlaya

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales decretó el sobreseimiento del proceso penal porque el agente del Ministerio Público presentó conclusiones no acusatorias en favor de las dos mujeres.

Un juez federal ordenó la inmediata liberación de dos mujeres que fueron detenidas por el Ejército mexicano en junio pasado, durante los hechos ocurridos en en una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en donde 22 personas perdieron la vida.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Lo anterior, en virtud de que durante la audiencia final, el Agente del Ministerio Público de la Federación presentó conclusiones no acusatorias en favor de ambas, mismas que fueron ratificadas en la propia diligencia”, indica una nota informativa dada a conocer este lunes 15 de diciembre.

Actualmente, ambas mujeres se encuentran en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social  en Tepic, Nayarit, por lo que el Juzgado le giró la orden “a la autoridad penitenciaria y exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en turno, a efecto de que sean puestas en libertad”.

De acuerdo con el juez federal, ambas mujeres estuvieron presentes en los hechos ocurridos en junio pasado, en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.

En noviembre pasado, el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró que las dos mujeres son inocentes, puesto que no eran parte del presunto grupo criminal al que pertenecían los 22 muertos en una bodega de Tlatlaya, en el Estado de México.

Dijo que, de acuerdo con una investigación realizada por la CNDH, las dos mujeres fueron torturadas y agredidas sexualmente por funcionarios estatales para que validaran una versión falsa dada por el Ejército en el sentido de que hubo un enfrentamiento.


Hasta ahora, siete soldados del Ejército mexicano cuentan con auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, encubrimiento y abuso de autoridad, debido a que las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.

Nota informativa:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusan que el DIF se desentiende de los jóvenes del albergue de Mamá Rosa

Esta es la historia de Adriana y su hija Sofía, que padece Síndrome de Down. Después de que las autoridades clausuraron el albergue de Rosa Verduzco, no recibiero apoyo del DIF.

Solo tiene un año y nueve meses y está luchando por sobrevivir. Sofía, como la llamaremos, nació en el albergue La Gran Familia –que dirigía Rosa Verduzco– y tiene Síndrome de Down. Cerca de la mitad de los niños con estas características tienen defectos congénitos en el corazón,m pero Sofía nunca recibió una atención médica adecuada ni la rehabilitación que se le debería dar.
Cuando el pasado 15 de julio la PGR desarticuló el internado de Verduzco, más conocida como Mamá Rosa, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hizo cargo de la custodia de las 536 personas que allí vivían. La mamá de Sofía, Adriana, fue reubicada con la bebé y su otra hija de seis años en una casa hogar para madres.

Adriana, de 29 años, no aguantó un nuevo encierro y decidió irse. Se refugió en Zamora con un antiguo compañero del internado que ya estaba fuera antes del operativo. Pero seguía en shock. Adriana había sido abandonada en el albergue a los 8 años y llevaba 21 años allí dentro. Quería hacerse cargo de su vida pero le faltaban las herramientas necesarias. Su bebé empezó a tener problemas respiratorios. Y la llevó al DIF estatal de Michoacán. En el DIF le diagnosticaron una cardiopatía y la internaron en una casa cuna. De tratamiento recibía un medicamento con las mismas sustancias que la viagra. A Adriana no le dieron apoyo ni acompañamiento. 

“El estado está rebasado, no han podido atender a las víctimas”, explica Areli Rojas, directora de Y quién habla por mi?, fundación que atiende a menores víctimas del delito y que se integró en una mesa interinstitucional con el gobierno y otras organizaciones para dar seguimiento al caso de La Gran Familia. En ella participan la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Sistema DIF y organizaciones de la sociedad civil que atienden a infancia.

“El DIF no ha cumplido, sus albergues están a reventar y no tiene la capacidad de atender a tantos niños. A los que tenían familias les reubicó pero no les da seguimiento, y de los discapacitados se despreocupó. La CEAV solo actúa en horario de oficina, como si las víctimas tuvieran horario. Todo es atención de la sociedad civil y de funcionarios particulares que se implicaron fuera de su mandato”, critica Rojas.

Rojas descubrió la situación de Adriana y sus hijas a través de una de estas funcionarias y se le acercó. Gracias al apoyo de otras organizaciones y activistas por los derechos de las personas con discapacidad como Katia D’Artigues, pudo ubicar a Adriana con sus dos hijas en la Casa de la Mamá Soltera –que manejan religiosas en el Distrito Federal– y darle una revisión médica adecuada a Sofía. Cuando Sofía llegó al hospital pensaban que se iba a morir. Presentaba una cardiopatía congénita a la que se le había sumado una infección en el hígado y en las vías urinarias dado el tratamiento inadecuado para su corta edad. Lleva un mes ingresada en el Instituto Nacional de Pediatría. “Si se les llega a morir la bebé hubiera sido responsabilidad del Estado”, señala Rojas.

Esta activista no entiende porqué la CEAV no hizo estudios para diagnosticar a Sofía, ni porqué no aplican la ley de víctimas. Los internos de La Gran Familia entran en calidad de víctimas como establece la Ley General de Víctimas y por tanto requieren la restitución y reparación del daño, así como medidas especiales de apoyo físico y psicológico de seguimiento que asegure la no repetición. Esta misma legislación supone, por ejemplo, que cualquier víctima puede acceder a servicios de salud gratuitos, pero aún así Rojas tuvo que presionar a la CEAV para que lo tramitase. El patrón se repite con otros casos.

Mariamar Estrada, directora de Ayuda y Solidaridad coincide con Rojas: “No hubo apoyo gubernamental, ni del DIF, ni de la Junta de asistencia privada, al menos con los cerca de 60 que llegaron al Distrito Federal. Por ejemplo si el niño es del Zamora, el DIF del DF no lo puede recibir, no puede ser así de fracturado”, espeta.   

Ayuda y Solidaridad participó al inicio del operativo en el diagnóstico de los niños. Atendieron a 150 niños en el internado. Después les asignaron 47 niños que trasladaron al DF. Otra decena, abandonados a su suerte, fueron llegando por su propio pie. Ayuda y Solidaridad es un albergue para chicas de la calle donde viven 98 mujeres. Ahora además viven otras 4 chicas procedentes de la Gran Familia. Tres son adolescentes, la cuarta tiene 19 años y una pequeña discapacidad.

El DIF no se hace cargo de mayores de edad, aún y cuando presenten alguna discapacidad. “Cumpliendo 18 están metidos en un problema más grave. Y si es adulto y discapacitado de cualquier tipo más difícil todavía, no hay nada, no hay planeado nada en México para ellos”, denuncia Estrada. Es sábado y va a haber una comida de navidad para reagrupar lúdicamente al medio centenar de ex hijos de Mamá Rosa que están en el Distrito Federal.

Cristina irrumpe en el despacho. Le trae una fragancia a Mariamar para darle las gracias. Se funden en abrazos. Estrada chulea lo bien que luce Cristina, que no se llama así. Pasó 9 años en la Gran Familia, junto a su hermano gemelo. Cuando salieron su padre los reclamó pero al regresar a la casa familiar también regresó la violencia. A las semanas se escapó. Regresó a Ayuda y Solidaridad donde la habían remitido mientras se tramitaba la petición de su padre. Dos meses después, Cristina trabaja de mesera en una cafetería de Tlalpan, a pocas cuadras de su residencia con las Hermanas Trinitarias. En enero regresa a retomar su preparatoria. Tiene 19 años y muchas ganas de salir adelante.

“Se trata de eso, de darles herramientas para salir adelante. No solo que no vuelvan a vivir condiciones como las de donde los sacamos, sino de enseñarles a pescar. Pero no hay un proyecto gubernamental para eso, no hay nada”, concluye Estrada. Mientras Areli Rojas, de ¿Y quién habla por mi?, exige que se cree y que, en el caso de Sofía, al menos se le de seguimiento cuando salga del hospital, y se le ponga una cuidadora para que Adriana pueda trabajar y hacerse cargo de su otra hija, de seis años.


La  Presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados, la perredista Verónica Juárez, asume que se está fallando con las obligaciones del Estado. “No es un asunto de humanidad sino de restitución de los derechos de los menores y adultos que allí se encontraban. Hay que darles seguimiento”, considera Juárez quién reconoce que su propia Comisión descuidó el tema ante la discusión sobre la recién promulgada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MAJO SISCAR.