El Dragonario: 11/24/14

lunes, 24 de noviembre de 2014

'Anarcos' vs. GDF: Se declara la guerra

En el marco de la megamarcha del jueves pasado, el Tribunal de Justicia del DF dio a conocer la sentencia en contra de siete hombres detenidos el 10 de junio del 2013 por causar disturbios.

“Un alcalde y su esposa asesinan a seis estudiantes, desaparecen a 43 y solamente son arraigados, 11 jóvenes se manifiestan contra eso y son consignados a penales de máxima seguridad. El país está de cabeza”.

Con esta frase grupos de apoyo a los detenidos durante la manifestación del pasado 20 de noviembre reclaman al Gobierno local y federal el envío a penales federales de Veracruz y Nayarit a 11 detenidos durante los disturbios de ese día.

Es la segunda ocasión que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, está en el centro de la polémica y se le acusa de permitir detenciones arbitrarias durante protestas efectuadas en la capital.

Mancera y su administración quedaron marcados luego de las masivas detenciones del 1 de diciembre de 2012 durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

La inconformidad arreció ayer luego que la Procuraduría General de la República (PGR) aplicó mano dura en contra de 11 de los detenidos, a quienes acusó y consignó por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, razón por la cual fueron trasladados a penales federales.

Cuatro detenidos más fueron enviados a reclusorios locales por delitos del fueron común.

“Organizaciones de la sociedad civil exigen al Gobierno federal no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta. Además que se lleven a cabo las investigaciones conforme a derechos humanos y las garantías del debido proceso”, manifestó el grupo que apoya a los detenidos. 

Más de 100 organizaciones pro derechos humanos de todo el país, exigieron que se garanticen derechos fundamentales como la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como la libre expresión durante las marchas.

Además pidieron que no se permitan abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que se apliquen las sanciones correspondientes.

Y es que tres días de la mega marcha nacional del 20 de noviembre para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, existen dudas no aclaradas de la supuesta participación de militares vestidos de civil infiltrados en la movilización.

Nadie ha aclarado las fotografías con las que se pudo comparar a hombres vestidos de civiles que fueron captados en vehículos militares la mañana del viernes, con otras imágenes donde presuntamente aparecen provocando y causando destrozos durante las protestas.

La falsa alarma

A través de las redes sociales (por donde principalmente se comunican los llamados anarquistas) se difundió una sentencia condenatoria contra un grupo de siete detenidos desde junio de 2013 por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad, entre ellos Carlos Esteban Jiménez Martínez, promotor de Andrés Manuel López Obrador y dirigente de juventudes del Partido del Trabajo (PT).

El 19 de noviembre, horas antes de la mega marcha nacional, circuló un documento con la sentencia en contra de estos siete hombres que fueron detenidos el 10 de junio del año pasado por causar disturbios durante la marcha por conmemoración al llamado “halconazo” de 1971.

De acuerdo con ese documento, el juzgado que llevó el caso determinó que Diego Mora Cardoso o Diego Morán Alonso, Fredy Rosete Arizpe, Diego Jacob Rodríguez Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez, Jorge Alejandro Velázquez Picazo, Carlos Vázquez Martínez y Luis Siddhartha Barrera Fuentes son “penalmente responsables de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad en pandilla y daños a la propiedad diversos”.

Debido a lo anterior, les dictó una pena de cuatro años, cuatro meses y tres días de prisión, la suspensión de sus derechos políticos por un año y una multa de 116 días de salario mínimo.

Además de obligarlos a la reparación del daño derivado del delito de daño a la propiedad doloso, cometido en agravio del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la cantidad de 3 mil pesos y de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, por la cantidad de 8 mil 300 pesos.

La sentencia cayó como bomba entre el grupo de familiares y amigos, algunos de los cuales son señalados como parte del grupo de anarquistas que continuamente se confrontan con granaderos y preventivos de la SSPDF.

En el grupo de los sentenciados está, Carlos Esteban Jiménez Martínez, quien fue ubicado durante el 2013 como uno de los principales activistas que encabezaba las provocaciones y encontronazos con los uniformados.

Jiménez Martínez fue dirigente de la Juventudes del PT pero también uno de los principales promotores entorno a la figura de Andrés Manuel López Obrador.

Fue a partir de que las autoridades capitalinas comenzaron a rastrear las actividades del llamado “Bloque Negro” que se logró la identificación de este joven en las movilizaciones violentas y de protesta en el DF.

Al difundirse la de la supuesta sentencia, horas antes de la movilización del 20 de noviembre que terminó en el encontronazo entre policías y encapuchados, un grupo de los considerados “anarquistas” juró vengar a sus presos durante la movilización.

Sin embargo, el documento que circuló y que encendió los ánimos no aclaraba que pese a dicha sentencia el grupo logró salir de prisión mediante fianza.

Carlos Esteban Jiménez efectivamente fue procesado por ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad; sin embargo, el 17 de junio de 2013 salió provisionalmente bajo fianza.

La historia se repite

De nueva cuenta Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto enfrentan la acusación de permitir las detenciones arbitrarias.

En este ambiente de convulsión, defensores de derechos humanos, anarquistas y políticos piden que el Estado Mexicano revise las aprehensiones y libere a los jóvenes.


Mientras, los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa amagan: si no aparecen…tomarán las armas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Denuncia a funcionario por tortura

El director del Instituto Jalisciense de la Juventud, Ramón Morales Sánchez, enfrenta acusaciones ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una familia lo señala de haber enviado a policías de la Fuerza Única para torturarla.

Desde el 24 de octubre pasado el nieto de Vidal, un hombre entrado en los 60 años, dice que no puede dormir.

“No puedo dormir, papá, no puedo dormir, ¿la policía va a venir a matarme?”,  pregunta cada noche el niño a su abuelo.

No llega ni a los cinco años y el pequeño sabe pronunciar “Fuerza Única”, el cuerpo policial de élite creado por el Gobierno de Jalisco para combatir al crimen organizado. Hace la seña de una pistola con los dedos de la mano y dice que ahí, en la frente, es donde trae grabado aquel momento de octubre pasado.

Las manecillas del reloj marcaban cerca de las 16:00 horas del 24 de octubre del 2014 en la casa de Vidal, ubicada en un barrio del oriente de Guadalajara. 

En la planta baja del inmueble estaba la abuela con la nieta de seis años y otro nieto de 12. Arriba, Vidal se disponía a tomar una siesta con el más pequeño, cuando un golpe estruendoso le quitó el sueño.

El abuelo salió y antes de bajar las escaleras se topó con un hombre enfundado en un traje negro que le apuntaba y le decía: “Negro, ¡chingas a tu madre! ¡Ya te cargó la chingada!”. 

Encima de él, una sombra más se apareció desde uno de los domos de la casa. Era otro policía que le apuntaba con el cañón de un arma larga. Quién sabe de dónde apareció otro agente. Entre los tres esposaron a Vidal y lo condujeron a la cochera.

Entraron entonces uno, dos, tres, hasta 15 policías en la casa. Ocho de ellos, divididos en cuatro parejas que se turnaban, comenzaron a tundirlo. Primero fue en los oídos, para aturdirlo. Luego le golpearon la cabeza y le patearon las costillas.

El último par de uniformados fue el más cruel. Aquellos policías agregaron al repertorio de golpes una bolsa de plástico en la cabeza. Vidal sentía que en cualquier momento se desvanecería para siempre.

“El gran problema fue con las últimas dos personas. Ellos me patearon las costillas y me pusieron la bolsa en cuatro ocasiones. Antes de la cuarta, uno de los policías me pone la pistola en la bolsa, me escupe en la cara y me dice que vea bien quién va a venir a matar a tu familia.

“‘Grábatelo, yo soy quien va a venir a matar a tu familia’, me dijo. La verdad sí lo tengo, tatuado en mi pensamiento, porque es el más cruel de todos ellos”, dice Vidal.

El parque de la discordia

A unos pasos de la casa de Vidal hay un parque que antes era un tiradero; le era fácil a los vecinos tirar basura y hasta animales muertos en ese sitio.

Hace más de 10 años, los colonos propusieron que el lugar se convirtiera en un espacio público. 

Para ello debían escoger entre convertirlo en un parque o en una cancha de futbol. Optaron por la primera opción.

Vidal ha regado desde hace 11 años el parque que hoy cuenta con pasto y varios árboles. Ha tenido que enfrentarse a la indiferencia de vecinos cuando él les pide que cuiden el espacio. 

A unas casas del sitio vive una familia con la que el hombre ha tenido rencillas por el mantenimiento del lugar.

Se trata de familiares de Sara Morales, tía de Ramón Morales Sánchez, director del Instituto Jalisciense de la Juventud, una dependencia que en este 2014 le fue asignado un presupuesto mayor a los 13 millones de pesos.

Vidal relata que ocho días antes de que la Fuerza Única irrumpiera en su hogar, Ramón Morales Sánchez lo amenazó directamente. Y según él, el motivo fue el parque.

“Los policías siempre le estaban reportando a una persona lo que hacían. Era a Ramón Morales Sánchez.

“Él ya me había amenazado una semana antes, dijo que me iba a arrepentir de esto, porque yo cuido un espacio público y al señor no le parece que su familia, que vive en la esquina, hay actividades que no se pueden hacer en ese espacio, como tirar basura, pero ellos siempre lo hacen, todas las cosas que desechan de sus casas van y las avientan”, describe Vidal.

Y añade: “los policías le decían, ‘Ramón, ya lo tenemos, no aguanta nada, se está orinando’. Él me había amenazado antes, y después de esto, su tía lo estuvo divulgando, diciendo que le iba a pasar lo mismo que a mí, a quien se quisiera pasar con ellos”.

Ramón Morales Sánchez es además miembro de la agrupación MAS por Jalisco, siglas que significan Movimiento Aristóteles Sandoval, en relación al nombre del gobernador de la entidad.

MAS por Jalisco es comandada por Leonel Sandoval, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y padre del mandatario priista, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

El funcionario del Instituto Jalisciense de la Juventud aparece en varias de las fotografías del portal de MAS por Jalisco (www.masporjalisco.com). 

De acuerdo con Vidal, el día de la presunta amenaza, Morales le presumió sus vínculos con el padre del gobernante.

“Fuimos a hablar con don Leonel y dijo que a él no lo metan, que iba a parar las cosas, que conmigo no se iban a volver a meter. 

“Nosotros hemos estado en sus campañas, mis niños estuvieron pegando propaganda del gobernador”, dice el hombre al mismo tiempo que señala una calcomanía de la campaña de Aristóteles Sandoval en el 2012, pegada sobre la puerta de su casa.

Robo, quejas, denuncias

En aquella tarde de octubre, a Vidal lo culparon, primero, de tener armas y luego, en la Fiscalía General del Estado (FGE), de ser narcomenudista. 

A su esposa la señalaron de secuestradora. Y a los niños, los oficiales les amenazaron que si no decían que sus abuelos los tenían secuestrados, los iban a matar.


Por si fuera poco, los hombres de negro se llevaron 23 mil pesos de la abuela y mil 500 pesos que había ahorrado el nieto más grande para comprar un videojuego.

Todo eso ha quedado asentado en la denuncia hecha por la familia ante el área de la Visitaduría de la Fiscalía estatal, responsable de investigar los atropellos de sus funcionarios. 

En la misma FGE, las víctimas han presentado una denuncia por amenazas contra Morales Sánchez.

También ha sido plasmado en la queja 11041/14/I presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, en contra del director del IJJ, el coordinador del área especializada de narcomenudeo de la FGE y del comisariado de Seguridad Pública de Jalisco, Alejandro Solorio Aréchiga. 

Hasta octubre pasado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco había registrado 54 quejas en contra de policías de la Fuerza Única, un brazo policial con unos mil 800 efectivos preparados para hacerle frente a la delincuencia organizada en la entidad.

Allanamiento, cateos ilegales, lesiones y robos, son los principales señalamientos contra tales servidores públicos, los cuales encajan perfectamente en el caso de Vidal y su familia.

En octubre, la misma Fiscalía detuvo a tres agentes de la Fuerza Única, señalados de extorsión.

“Tengo 63 años para que me hagan esto, si soy culpable lo pago, con gusto, pero si fuera culpable, trajera un arma y hubiera hecho algo. No tengo miedo, soy honesto, siempre he ido con mi cabeza arriba y ellos vienen a humillar, a arrastrar a uno, no es correcto lo que hacen”, concluye Vidal. 

Señalado

> En la queja 11041/14/I presentada ante la CEDHJ, las víctimas señalaron a Ramón Morales, titular del Instituto Jalisciense de la Juventud, de orquestar actos de tortura cometidas hacia ellas por oficiales de la Fuerza Única.

> Ramón Morales dirige una dependencia cuyo presupuesto es superior a los 13 millones de pesos en este 2014.


> El funcionario pertenece a la agrupación MAS por Jalisco, que promueve la imagen del gobernador de la entidad, el priista Aristóteles Sandoval Díaz.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MAURICIO FERRER

#20NovMX: No era manifestante, pero la policía lo detuvo, torturó y abandonó inconsciente en la calle

Un hombre que iba a pasear con su esposa al Zócalo fue golpeado por granaderos, quienes incluso le aplicaron choques eléctricos.

José Alberto y Tamara tienen 21 años y están casados. El pasado 20 de noviembre se encontraban en el Centro Histórico porque José Alberto es ejecutivo en uno de los negocios de la zona, y Tamara lo había ido a recoger, sin saber ninguno que quedarían atrapados en el operativo policiaco realizado en conjunto por autoridades federales y locales para desalojar por la fuerza a los miles de manifestantes que, esa noche, reclamaban la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos por la policía de Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.

Tamara, con cuatro meses de embarazo, resultó con una ceja abierta y un chichón en la cabeza, al ser agredida por un granadero que la golpeó con el canto de su escudo apenas a un centímetro del ojo, pero José Alberto no corrió con la misma suerte: al intentar cubrir de los golpes a su esposa, él fue jalado por los granaderos, golpeado en al menos tres ocasiones por una decena de uniformados, y luego torturado con choques eléctricos en la calle de Corregidora, donde finalmente fue abandonado por la policía, inconsciente.
“Yo me encontraba laborando cerca del Centro Histórico –narra José Alberto, dos días después de abandonar el hospital donde fue atendido–, y me quedé de ver en el Zócalo con mi esposa, porque queríamos ir por el Día de la Revolución, queríamos pasear“.

Al llegar al Zócalo, sin embargo, la pareja se percató de que la manifestación ciudadana convocada para ese día continuaba y que no había ningún otro tipo de acto conmemorativo por el 20 de Noviembre, por lo que decidieron retirarse, pero “en un momento la plaza quedó completamente rodeada –recuerda José Alberto–, y se veían salir granaderos detrás de Catedral y de los edificios aledaños a la plancha del Zócalo, iban replegando a la gente, y entonces un grupo de policías se acercó a nosotros, y uno de ellos quiso golpear a mi mujer, y yo lo único que hice fue ponerme enfrente de ella, para que los golpes me tocaran a mi, no a ella, y lo que sucedió fue que los granaderos me jalaron, me metieron a una bola de policías y me empezaron a golpear, eran aproximadamente 10 granaderos, que me golpearon hasta que quedé yo mal, hasta que ya no me pude levantar… entonces me jalaron a otra bola de policías, y en esa segunda bola me arrebataron mi mochila y el bolso de mi mujer, que yo le venía cargando, y nuevamente me siguieron pegando, ese segundo grupo también era de unos 10 granaderos…”

José Alberto fue golpeado en todo el cuerpo, pero mantenía su rostro cubierto con sus brazos, por lo que “ellos me pedían que me descubrieran la cara y que con eso ahí quedaba, ‘descúbrete la cara y ahí le dejamos’, me decían, pero sus intenciones eran estrellarme la cara en un tubo, y no me dejé, sólo quedé con un golpe en la frente y en la nariz… ya que ese segundo grupo de policías se cansó de golpearme, dos o tres granaderos me obligaron a levantarme, primero venían casi arrastrándome, porque yo estaba ya muy golpeado, pero aún así me obligaron a correr no sé cuanto, tal vez dos o tres cuadras, y me llevaron hasta donde estaba un camión de la policía, azul, de los que usan para transportar granaderos, y ahí me tiraron, me hicieron que me hincara y empezaron a darme toques eléctricos con un aparato, a partir de ahí, la verdad, ya no recuerdo mucho…”

A la medianoche del 20 de noviembre, José Alberto fue localizado en la calle Corregidora, junto con un grupo de cinco personas más que, como él, habían sido detenidas poco antes durante el operativo para desalojar por la fuerza el Zócalo capitalino. Todos estaban tan severamente golpeados que, al ser encontrados, se hallaban inconscientes.

–¿Quién encontró a José Alberto? ¿Quién te notificó a ti que había sido localizado? –se pregunta a Tamara, su esposa.

–En el momento en el que a él lo jalaron –describe la joven– un granadero me pegó en la cara con el costado de su escudo, y en ese momento yo me hice para atrás, y ahí me contuvo una persona, un muchacho, porque yo quise correr nuevamente hacia los policías, para ayudar a José Alberto, porque ya lo estaban golpeando… pero como no pude hacer nada, entré en shock, y una persona me encontró, con la herida en la cara, y me llevó con unos brigadistas paramédicos, de la agrupación Marabunta, y ellos me atendieron, ahí una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me pidió mis datos, y luego la gente de Marabunta me llevó hasta mi casa… pues bien, como a las 3:30 del día siguiente, 21 de noviembre, fue una persona de la CNDH la que se comunicó conmigo, y me informaron que a Alberto lo habían encontrado en la calle de Corregidora, inconsciente, de todos los golpes que le habían dado, y que estaba junto a otras seis o siete personas que estaban en las mismas condiciones…

–¿Quién te llevó al hospital? –se pregunta al joven ejecutivo.

–La verdad, recuerdo poco… desde la primera vez que me golpearon quedé noqueado, luego me pegó un segundo grupo de policías, luego me hicieron correr hasta el camión, y ahí me dieron diez o quince descargas eléctricas, y siempre golpeándome, y de hecho, el último golpe, con el que perdí el conocimiento, fue con el aparato de descargas, porque le aumentaron la potencia y con eso me quedé tirado… después, únicamente me acuerdo de que varias personas me empezaron a tomar datos, unas me tomaron fotografías, y lo siguiente que recuerdo es que estaban subiéndome a una ambulancia, y me llevaron después al hospital Magdalena de las Salinas…

–¿Con qué lesiones resultaste, qué te dijeron en el hospital?

–Me tomaron tomografías y rayos X, pero el diagnóstico sólo dice que fui “policontundido”… Tengo marcas en lo que es el costado del cuerpo, de las quemaduras del aparato de descargas, y además todo el cuerpo lo tengo lleno de moretones rojos, moretones morados, en algunas partes la piel medio abierta, tengo toda la espalda lastimada, el cuello y la cabeza, y tengo una lesión en la frente y otra en la nariz…

Ante el temor de sufrir represalias, ya que sus documentos personales fueron robados por los policías que detuvieron y golpearon a José Alberto, esta pareja de jóvenes aún no ha decidido si presentarán denuncia formal por la agresión que sufrieron a manos de los granaderos de la Policía Federal y de la Policía Auxiliar del DF, el pasado 20 de noviembre, y hoy Tamara y José Alberto se resienten de sus lesiones solos, apoyados únicamente por sus familias.

Tamara no sufrió, aparentemente, afectaciones en su embarazo y José Alberto, aún con todas sus lesiones, este domingo 22 de noviembre se preparaba para ir al trabajo, ya que “no me dieron incapacidad, y eso me indigna… resulta que como no le pedí al primer médico que me atendió que me extendiera una incapacidad, pues no me la dieron, y yo me pregunto, ¿cómo querían que hiciera yo esa solicitud al ‘médico de primer contacto’, como le dicen ellos, si yo llegué inconsciente al hospital?”.

Epílogo: el recuerdo…

Antes de concluir la plática, ya entre las despedidas, José Alberto recuerda un detalle que es, afirma, “muy importante no dejar fuera: por los golpes no recuerdo bien toda la secuencia de los hechos, pero hay algo que sí recuerdo con exactitud, y es que en el momento en que yo llegué al camión de granaderos donde me hincaron, habían ahí cerca de 15 personas más, vestidas de civil. De ellas, cinco estaban siendo golpeadas, como yo, pero otras diez estaban ahí, entre los policías, sentados, descansando… a mi parecer, ellos eran los que había provocado los alborotos…

-¿Crees que había infiltrados en la manifestación, y que estaban ahí, descansando en el camión, en el momento en que tú fuiste llevado hasta este vehículo?


-Sí –responde con absoluta seguridad–, y creo que eran bastantes…

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

Bejarano propone “coalición de izquierdas”, para desmarcarse de ‘Los Chuchos’

Indicó que la coalición también ayudaría a evitar una alianza electoral con el PAN, como la que promueve la corriente de Nueva Izquierda.

El líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional, René Bejarano, propuso la conformación de una coalición de izquierdas, “más allá” del PRD, la cual sea encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas.

Esto, luego del rechazo de Carlos Navarrete a renunciar a la presidencia del partido.

Bejarano dijo que la conformación de la coalición serviría para desmarcarse de la corriente Nueva Izquierda, la cual gobierna actualmente al PRD, a la cual tachó de ser la única cómplice del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

“Si no quiere renunciar, que se quede con su cargo, pero conformemos una coalición de izquierdas”, indicó.

Refirió que la postulación de José Luis Abarca a la alcaldía de Iguala, no es responsabilidad de todo el PRD, sino sólo de la corriente Nueva Izquierda, de la que formaba parte Lázaro Mazón, quien ahora es miembro de Morena.

“No fue el PRD, fue la Nueva Izquierda.  No tenemos que cargar nosotros con esa responsabilidad”, dijo Bejarano.


“Se pudo evitar la tragedia. Hubo omisiones, complicidad y negligencia en toda esta etapa”. En el caso del PRD, “hay complicidades claras de la Nueva Izquierda y no se puede evadir esa responsabilidad y pese a todo no han querido tocar ni con el pétalo de una crítica al procurador”, agregó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Marina descarta que extranjeros participen en operaciones tácticas

No obstante, reconoce estrecha colaboración entre personal naval mexicano y autoridades de las agencias estadounidenses que se da a través de transferencia de información operativa, así como de apoyo en adiestramiento y entrenamiento del personal.

La Secretaría de Marina (Semar) negó categóricamente que autoridades americanas o de cualquier otro país hayan participado con personal de la Armada de México en operaciones tácticas en campo contra de la delincuencia organizada, utilizando uniformes y armamento mexicano.

En un comunicado, la dependencia se refirió a las diversas versiones publicadas “en medios de comunicación que tienen como base un artículo de Wall Street Journal, titulado ‘U.S. Marshals Service Personnel Dressed as Mexican Marines Pursue Cartel Bosses’”.

En ese sentido, reconoció la estrecha colaboración entre personal naval mexicano y autoridades de las agencias estadounidenses que se da a través de transferencia de información operativa, así como de apoyo en adiestramiento y entrenamiento del personal.

“Nuestra institución adquiere constantemente equipo sensible de alta tecnología del Gobierno Americano, lo cual requiere de instrucción en campo y que usualmente es impartida por elementos, entre otros, del servicio Marshal”, explicó la secretaría.

Precisó que en el incidente referido en la prensa, donde se manifiesta que un agente del servicio Marshal fue herido en un enfrentamiento en el estado de Sinaloa, “se confirma la veracidad de la citada información, con la particularidad de que dicho incidente ocurrió en una sesión de entrenamiento al personal de la Armada de México.

“Dicho agente herido, posterior a su atención médica local fue canalizado a los servicios médicos de su país, donde continuó con su recuperación”, agregó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Televisa debe responder si pagó o no 130 millones de pesos a Rivera: Dresser

La rendición de cuentas no es una concesión, es una obligación, aseveró la politóloga.

La politóloga Denise Dresser sostuvo que, pese a la explicación oficial, aún hay preguntas no respondidas sobre la casa blanca.

En la Mesa Política de MVS, sostuvo que Televisa debe responder si pagó o no la cantidad de 130 millones de pesos, a Angélica Rivera, por un contrato de exclusividad.

La empresa, señaló, “ha guardado silencio y genera suspicacia que lo haga, tiene que dar un sencillo sí o no”.

Además, sostuvo que si la primera dama “realmente no tiene nada qué esconder, pues que lo pruebe y no sólo con una actuación de 7 minutos vía un video”.

“Es imperativo que exhiba ante la opinión pública los siguientes documentos: en primer lugar, la declaración normal, correspondiente a ese año; en segundo lugar, el contrato de exclusividad con Televisa, que derivó en el pago de 130 millones de pesos; en tercer lugar, las constancias de retención del 10 por ciento del ISR que efectuaron Televisa, Televisa Talento, y el banco, todo ello para constatar los pagos a los que alude”, remarcó la doctora.


“Esa es la información que el Presidente y su cónyuge y la empresa, para la cual trabajó tan arduamente, necesitan proporcionar para disipar las dudas que aún persisten, para enfrentar la crisis en la cual están, para la cual no hay otra salida más que la transparencia total, aunado a una disculpa pública por el error de juicio que fue construir una casa así y en esas condiciones; acompañado de la remoción del Secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza), por avalar la licitación amañada del tren México-Querétaro en favor del Grupo Higa; aunado a la prohibición del Grupo Higa de participar en cualquier licitación pública, en el resto del sexenio; acompañado de la donación del dinero producto de la venta de la casa a alguna buena causa, y más allá de estas acciones, la principal: el reconocimiento por parte de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, que la rendición de cuentas no es una concesión, es una obligación”, aseveró Dresser.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

‘Hay dos Méxicos’

Para la embajadora de Noruega en México, Merethe Nergaard, el país vive dos realidades.

En entrevista con Reporte Indigo, Nergaard lamentó que la nación tuviese una crisis de derechos humanos, como la ocasionada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, mientras existe la promesa de que las reformas traerán prosperidad. 

“Mi impresión de México es que hay dos Méxicos”, manifestó la diplomática, “es el México con mucha promesa, con muchas oportunidades, con muchos recursos, que ha hecho muchas reformas prometedoras, donde se podría hacer muchas cosas.

“Y ahora con la crisis que está pasando en el país, muy claramente el caso de Iguala, muestra otro México, un México muy complicado, con influencia del crimen organizado. Es una lástima, pero es un reto también.  

“Es algo que México tendría que afrontar de una manera u otra, y yo creo que, con México, compartimos el deseo que haya un respeto de los derechos humanos”.

Nergaard indicó que el desarrollo económico que traigan consigo las reformas deben acompañarse dentro del respeto a la ley y a los derechos humanos.

“Es bastante importante que el progreso económico se haga, pero dentro del marco de un Estado de derecho”, enfatizó, “yo pienso que México va a desarrollarse para un Estado de derecho, pero es que necesita tiempo. 

“Las leyes están ahí, es cuestión de que haya una implementación, haya un control, haya una confianza, pero no se hace de un día a otro, es algo de largo plazo. 

“Ojalá que se pueda resolver, es muy triste ver este otro México, pero con el México positivo se puede cumplir, con más educación, con más respeto a los derechos humanos”. 

La embajadora admitió que resolver la crisis es difícil, pero advirtió que impulsar la educación y combatir la desigualdad serían algunas de las claves. 

Aplaude energética, pero sugiere transparencia

Desde la perspectiva de Noruega, un país con uno de los modelos energéticos más destacados del mundo, Merethe Nergaard celebró la reforma energética, pues podría traer cooperaciones más estrechas entre ambos países.

“Estamos muy impresionados por las reformas que han sido adoptadas durante este año, son muy ambiciosas y muy prometedoras y nos da mucho gusto que algunas ideas se han tomado de Noruega”, expuso la diplomática. 

Sin embargo, la embajadora subrayó que es indispensable que las licitaciones sean transparentes y que los recursos obtenidos del petróleo se distribuyan de forma equitativa entre los ciudadanos, como fue el caso de su país.

“Ahora falta la implementación”, destacó, “para Noruega ha sido muy importante que los procesos sean transparentes, que no haya ninguna tolerancia para la corrupción. Y sería muy importante que las licitaciones se hagan de una manera muy  transparente, que se sepa lo que se está haciendo.

“Y después, para los noruegos la producción petrolera ha sido de un gran beneficio para el pueblo, que los recursos sean repartidos después”. 


Además del petróleo y gas, Nergaard ve importantes oportunidades de cooperación bilateral en cuestiones de energía renovable, informática, nanotecnología y asuntos marítimos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PEDRO PABLO CORTÉS.

Meade se reúne con padre de Lawrence Maxwell, detenido el #20NovMx

El secretario de Relaciones Exteriores aseguró que Maxwell está recibiendo “toda la atención y todas las garantías de la justicia mexicana”.

Durante su visita a Chile, José Antonio Meade se reunió en privado con el padre del estudiante chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, detenido durante los hechos violentos ocurridos en el Zócalo de la ciudad de México el 20 de noviembre, para informar sobre la situación jurídica y el procedimiento que se lleva a cabo.

Al respecto, en entrevista con los medios, el canciller aseguró que el estudiante chileno recibe la atención y las garantías de la justicia mexicana, con el apoyo “comprometido, puntual y cercano del gobierno chileno”.

Reconoció que para todos los gobiernos, el hecho de que uno de sus connacionales esté sujeto a proceso fuera de su país, es un tema importante.

En este caso, dijo, México está consciente de esa preocupación de Chile y por ello, “en un diálogo permanente con el canciller (de Chile), se han dado todas las posibilidades para que el gobierno chileno y sus instancias consulares estén en comunicación con su connacional”.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que el estudiante está sujeto a proceso frente a un juez que determinará dentro del plazo legal su situación.

Agregó que en todo caso, “hemos acordado mantener un diálogo permanente, constante, transparente y darle todo el apoyo al gobierno chileno, a través de su embajada y de sus estancias consulares, para que acompañe en este proceso”.


El joven se encuentra recluido en un penal de Veracruz acusado de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio; sus compañeros de la UNAM denunciaron que se trató de una detención arbitraria

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Más fosas en Iguala

Sin la ayuda del gobierno, familiares de desaparecidos desde hace años encontraron restos óseos en el municipio de Iguala, Guerrero.

Personas que desde hace varios años tienen a algún familiar desaparecido, apoyados por miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), localizaron ayer siete fosas clandestinas en un sitio conocido como La Laguna, en Iguala. 

Según reportó Reforma, en dichas fosas se encontraron huesos y cráneos, aunque aún falta que peritos forenses determinen si los restos hallados son humanos. 

Dado que el descubrimiento se realizó sin el apoyo de autoridades y expertos forenses, los familiares de personas desaparecidas solamente marcaron con banderines los puntos donde se encontraron los restos.

Se espera que la Procuraduría General de la República (PGR) acepte la propuesta de la UPOEG para llevar a cabo las labores de exhumación de las fosas.

La UPOEG acordó realizar en los cerros de Iguala una segunda etapa de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, a petición de familiares de las víctimas.

No solo Ayotzinapa

Según Bruno Plácido Valerio, integrante de la Unión, estos trabajos de búsqueda no son solamente para localizar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sino también a otras personas desaparecidas desde hace años, informó el diario. 

Asimismo, Valerio afirmó que la organización Ciencia Forense Ciudadana va a apoyar con equipo técnico para la identificación del ADN de los cuerpos que encuentren en fosas clandestinas. 

De acuerdo con la organización forense civil, hasta el momento unas 150 personas han acudido para entregar información y hacerse pruebas de ADN con el objetivo de hallar a sus familiares, reportó El Universal.


Según el testimonio de un vecino de la localidad citado por Milenio, “los mañosos venían a diario a tirar sus cadáveres, a veces en carros, o hasta en motos”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Milicias Populares acusan a Peña de embestida contra manifestantes

MÉXICO, D.F: Las Milicias Populares “Basta Ya” (MPBY) que el pasado 6 de octubre irrumpieron en la escena pública con una condena por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, acusaron al gobierno de Enrique Peña Nieto de ‘infiltrar’ las manifestaciones y de orquestar una campaña de desprestigio en contra del movimiento social que apoya a los familiares de los normalistas.

En un comunicado y en un video entregado a esta agencia, el movimiento del que no se tenía mayor información hasta ahora, precisa que no proviene de ninguna otra agrupación guerrillera, como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias- Liberación del Pueblo (FAR-LP).


“Desde nuestra aparición se nos ha querido ligar o relacionar con otras organizaciones como el ERPI, el EZLN, el EPR y las FAR-LP, aclaramos no somos rama o parte de alguna de estas organizaciones u otra. Ni siquiera tenemos coordinación con ellas. El Estado mafioso intenta ocultar el accionar de nuestra organización y a la vez monta escenas vandálicas con agentes infiltrados para justificar la represión. Viola la autonomía universitaria buscando guerrilleros mientras niega nuestra existencia. Todo es parte de la guerra asimétrica, contrainsurgente, de cuarta generación, que tiene como ingrediente fundamental la manipulación propagandística”, sostiene.



Las Milicias Populares también hicieron llegar un video en el que aparecen tres de sus integrantes, los cuales se hacen llamar “Cecilia”, Rodolfo” y “Martín”. Los tres aparecen con el rostro cubierto, lo mismo que las manos y cualquier parte del cuerpo que los pudiese identificar. En el video, envían un mensaje en el que denuncian las acciones emprendidas por el gobierno de Peña en contra del movimiento social y de las nuevas agrupaciones guerrilleras.

En dicha grabación –la primera en la que se da a conocer una imagen suya– las MPBY reiteran su decisión por la lucha armada y acusan al gobierno federal de militarizar la vida nacional, criminalizar la protesta social para descalificarla y hacer uso de la infiltración de las manifestaciones y el uso de sicarios para reprimir el movimiento gestado en torno de los normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa.

Las Milicias Populares vuelven a reivindicarse la explosión en la tienda Soriana ubicada en Valle de Aragón, municipio de Ecatepec, Estado de México, el pasado 12 de noviembre.

Hasta ahora, el grupo sedicioso sólo se había dado a conocer por dos comunicados difundidos el 6 y 10 de octubre último en el estado de Guerrero. En ambos reportes, acusan al Ejército de complicidad en el ataque y desaparición de los normalistas rurales y aseguran que esta acción muestra que el Estado mexicano “creó desarrolló y protege a su propia delincuencia organizada y la usa o desecha según sus propias necesidades económicas y políticas”.

En el nuevo comunicado y en el mensaje grabado que hicieron llegar a Apro, el nuevo grupo guerrillero sostiene que “ante el auge de la insurgencia cívica popular y la reorganización y surgimiento de nuevas organizaciones revolucionarias clandestinas el estado enfila toda su fuerza en varias direcciones”.

Entre ellas, señala, el “bombardeo mediático” con el que intenta “que la rebeldía de los de abajo adopte los puntos de vista de los de arriba”, al mismo tiempo que promueve la no violencia y el pacifismo a ultranza que la militarización, la infiltración y el uso de sicarios.

Señala sobre todo que se está haciendo uso de la “infiltración por lo cual el nuevo reto es “identificar a los agentes gubernamentales disfrazados de activistas”.

Con fecha del 20 de noviembre, el día que se realizaron diversas marchas en el extranjero y en varios estados del país exigiendo justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, que en la ciudad de México terminó con la represión policiaca en el Zócalo tras la incitación de provocadores embozados, las milicias sostienen en sus partes informativos que estas “maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas”.

En este sentido, sostienen que esta estrategia de infiltración “busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de los límites controlables por el sistema y califican de provocadores a todos los que no se limitan a la protesta pacífica permitida y hacen eco de los argumentos exaltantes de un pacifismo y una violencia de los de abajo”.

Precisan en el comunicado: “Los infiltrados, existen y han existido, tanto en las organizaciones de masas, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, por ejemplo, Graco Ramírez, el gobernador perredista de Morelos fue infiltrado en el 68. Algunos son “rojísimos” y otros “nadan de muertito”. Las maniobras de infiltración han sido claves para dividir, encarcelar y cooptar al interior de diferentes organizaciones de masas y clandestinas.

“La infiltración busca anular la efectividad política de las organizaciones de abajo, busca justificar la represión, busca desprestigiar a las diferentes formas de lucha popular y en el caso actual busca mantener las protestas dentro de límites controlables por el sistema. El gobierno estadunidense pide calma y nos exhorta a los mexicanos a no violentarnos. La embestida de las televisoras contra la combatividad popular es infame”.

Recuerda la agrupación que tanto el primero de diciembre de 2012 cuando Peña Nieto tomó posesión, como el día de la quema de la puerta de Palacio Nacional “hubo agentes encubiertos y lo hicieron de manera notoria para luego, intentar hacer creer que la combatividad es indicadora de que se trata de infiltrados, provocadores y de esa manera sembrar desconfianza y desunión al interior de la insurgencia cívica-popular”.

El nuevo grupo guerrillero, que se suma a los cinco ya existentes en varias zonas del país, justifican la lucha armadas.

“La violencia desde abajo siempre ha sido respuesta necesaria cuando ya no queda de otra ante la violencia de los explotadores. Esta violencia no es un fin sino un medio, pasajero y que, dependiendo de la movilización popular organizada y combativa se convierte en un elemento menos importante aunque imprescindible en la resistencia anticapitalista”.

Limitarse a las vías electorales o legales, advierte, sólo beneficiaran a los grupos gobernante, empresariales y militares que han creado un “Estado mafioso”.

Finalmente hacen un llamado a la organización y rechazan la versión del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas fueron incinerados por el crimen organizado.


“Quieren engatusarnos diciéndonos que los 43 desaparecidos son cenizas que el agua se llevó. Lo que en verdad buscan diluir es nuestra indignación. Estén donde estén mantengámoslos vivos, sigamos buscándolos, hagamos que nuestro dolor y coraje se vuelvan lucha organizada, no abandonemos la movilización combativa de masas. Es el momento de arrancarle al Estado la liberación de todos los presos políticos del país y el respeto a las distintas formas de autodefensa con que los pueblos decidan enfrentar a la delincuencia organizada de Estado”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

La ley y el orden de Peña Nieto

MÉXICO, D.F: Cuando el presidente Enrique Peña Nieto, arropado por militares, habló el jueves de ley y orden, anticipó lo que horas después ocurriría en el Zócalo de la Ciudad de México: una cargada de la Policía Federal y del DF, propiciada por encapuchados, al final de la manifestación pacífica por la presentación de los 43 normalistas detenidos desaparecidos de Ayotzinapa.

“Lo que los mexicanos demandan es que la ley se cumpla (y) que prevalezca el orden”, dijo Peña en un elogioso discurso a las Fuerzas Armadas en el campo militar Marte, en donde tuvo que celebrar el CIV aniversario de la Revolución Mexicana porque el Zócalo de la ciudad de México esperaba la llegada, como fue, de miles de personas que le exigen a su gobierno la presentación con vida de los estudiantes.

Aunque dijo que rechazaba la violencia cualquiera que fuera su origen, la arremetida policial, que dejó numerosos heridos, entre ellos el fotoreportero de la revista Proceso Eduardo Miranda, así como decenas de detenciones arbitrarias, exhibirá más la incapacidad de su gobierno para enfrentar la crisis humanitaria en la que está sumido el país.

Si lo que se pretendía con el operativo iniciado por los encapuchados al final de la manifestación era vincular con la violencia a quienes exigen la presentación con vida de los normalistas, lo único que logró fue evidenciar ante el mundo la agudización de la crisis porque esta manifestación, que confluyó desde tres puntos de la ciudad y después de una jornada mundial de solidaridad, era seguida puntualmente por la prensa internacional.

Son casi ya dos meses desde que agentes del Estado mexicano, representado por policías municipales de Iguala y Cocula, Guerrero, desaparecieron a los estudiantes, supuestamente con el apoyo de un grupo de delincuencia organizada. La indignación no cesa, ni en México ni en el mundo, y la violencia policial la exacerba aún más.

Los anarquistas deben estar también indignados por la usurpación, pues en las redes sociales circularon imágenes de encapuchados en camiones militares o conversando con policías del Distrito Federal, en donde el jefe de Gobierno, el expolicía Miguel Ángel Mancera, no representa ninguna diferencia de fondo respecto del gobierno federal.

Después de la quema de la puerta del Palacio Nacional, el pasado día 9, también al final de una manifestación pacífica por Ayotzinapa, Peña Nieto ha centrado su discurso en la violencia, que le ha servido de pretexto para sugerir, incluso, que hay un intento de desestabilizar a su gobierno.

El presidente se victimiza y advierte también que hay un propósito de “atentar contra las instituciones”, como dijo en su discurso ante los militares. Lo que hay detrás es una justificación del uso de la fuerza.

Es lo peor que puede hacer, fiscalizado como está por la comunidad internacional, ante la exigencia de esclarecer de forma fehaciente lo ocurrido con los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Una respuesta tan extraviada como su decisión de romper lanzas a favor del Ejército ante las críticas, también mundiales, por la ejecución sumaria de presuntos delincuentes por parte de efectivos militares en Tlatlaya, Estado de México, y que es otra de las expresiones de la crisis humanitaria que tiene en la incertidumbre a México.


Aunque se ha dicho que Ayotzinapa es una reedición de la masacre de Tlatelolco, una respuesta autoritaria como la que ocurrió en 1968 sería la más grave torpeza política desde entonces, pues condenaría por siempre a su gobierno, que de por sí parece en picada apenas transcurrido su primer tercio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Un estudiante chileno, entre los 11 detenidos del #20NovMx; exigen su liberación

MÉXICO, D.F: El músico y escritor chileno Lawrence Maxwell Ilabaca, de 47 años, es el único extranjero de los 11 detenidos tras las manifestaciones del pasado jueves 20 de noviembre en el Zócalo, quienes fueron trasladados a penales de Veracruz y Nayarit.

Según el portal chileno Cooperativa, Ilabaca estudia un doctorado en Letras en la UNAM y tras su detención quedó a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las autoridades mexicanas señalaron que el chileno fue uno de los “más violentos” durante los incidentes, lo cual fue refutado en distintas redes sociales por amigos y políticos que han dado su apoyo al músico y buscan conocer más detalles de su paradero y las pruebas en su contra.

En octubre de 2003 Maxwell Ilabaca obtuvo una beca como escritor novel, como autor de “Daño Estructural”, libro que fue editado en 2005 en Chile.

La PGR lo investiga junto con otros 10 detenidos por asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín, aunque por el momento no hay reportes sobre su estado físico.

Este sábado el canciller chileno Heraldo Muñoz afirmó que Maxwell Ilabaca no tuvo participación alguna en los enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines en al Zócalo.

El chileno sostuvo que efectivamente fue a la marcha, en bicicleta, pero negó haber participado en los choques que desataron los policías, según publica el diario La Jornada.

Muñoz indicó que el cónsul de Chile estaba con este detenido para prestarle el apoyo que se le brinda a cualquier chileno que está en dificultades en el exterior. A través de nuestra dirección consular y hemos estado en contacto desde el momento mismo de la detención.

En un video publicado en YouTube, el Comité de Enlace de la Asamblea General de Posgrado de la UNAM asegura que Maxwell se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución cuando fue detenido y golpeado “en circunstancias irregulares”, pero que no participó en los hechos ya que sólo iba como observador.

Aproximadamente 80 personas se manifestaron frente a la Embajada de México en Santiago para exigir la liberación del escritor y músico.


La Embajada de México en Chile dijo que los 11 detenidos gozan de las garantías que la ley mexicana otorga a toda persona sujeta a proceso jurídico, e indicó que las autoridades consulares chilenas fueron debidamente notificadas de la detención de un ciudadano de ese país.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juventud en tiempos de crisis

Como en cada sexenio, los estudiantes de las universidades públicas más importantes de México están manifestándose.

José Vasconcelos, rector de la Universidad de México en 1920, dijo en 1929: 

“La actual huelga de estudiantes viene a demostrar la fuerza del poder que ejercen estos en la opinión pública”. 

Han pasado 85 años y su frase sigue siendo actual.   

Los presidentes de México y los rectores de la UNAM y el IPN tratan con cautela los conflictos estudiantiles y esto se ha comprobado múltiples veces después de las palabras de Vasconcelos, y hasta hoy, cualquier medida tomada para reprimir estudiantes continúa causando un impacto negativo en la opinión pública. 

Esto se demuestra con los 43 normalistas desaparecidos que resultaron más trascendentes que los más de 20 mil mexicanos reportados en el sexenio de Calderón. 

Y de nuevo los estudiantes de las universidades públicas más importantes de la Ciudad de México están manifestándose, rebelándose y retando al gobierno, que no se atreve a reprimir sus reacciones en solidaridad con los 43 desaparecidos.   

Vasconcelos lanzó su advertencia después de la primera huelga universitaria, en 1929. Y aunque el presidente Emilio Portes Gil quiso ser radical y no aceptar las peticiones de los alumnos, después de una revuelta estudiantil y 68 días de paro, se otorga la autonomía a la Universidad de México. 

Pero la peleada autonomía era parcial. 

Sí habría libertad de cátedra, pero el rector sería elegido por el Consejo Universitario de una tercia enviada por el Ejecutivo. Se debería de informar a la Federación sobre el uso del presupuesto de 2 millones 500 mil pesos y el presidente tenía el poder de veto sobre las decisiones del Consejo. 

Probablemente el año más critico para la UNAM fue 1933, cuando al tratar de aplicar los principios de educación socialista se impuso la Ley Bassols que suprimía el presupuesto federal a la institución, convirtiéndola en privada y en cambio le otorga un subsidio para subsistir mientras podía mantenerse con las cuotas. 

Primera Autonomía y la huelga más larga 

La autonomía de la UNAM concedida por  Emilio Portes Gil en 1929, tenía reglas que quedaron un poco flojas, con muchas lagunas y amplios márgenes para la intervención del gobierno.  

La primera huelga de poco más de dos meses inició con un incidente menor: incorporar un examen escrito como requisito de graduación para los abogados, además de los tres orales y tradicionales, lo que no aceptaron. 

En respuesta,  el secretario de Educación amenazó con cerrar Derecho y hacer más carreras politécnicas, eso fue suficiente para que en tres días los 10 mil alumnos de todas las carreras estuvieran organizados para la rebelión y la huelga. 

Con el tiempo y después de varias memorables revueltas, la fuerza estudiantil logró definir una autonomía más real en 1954.

Autogobierno, independencia ante el Estado y los presidentes de la República, el manejo independiente del presupuesto otorgado por la federación, la extraterritorialidad, (en la práctica es prohibición de que entrara la policía o el Ejército a CU) libertad de cátedra e investigación, libertad de expresión, posibilidad de que maestros o alumnos participaran en política, la tolerancia al vandalismo dentro de los campus y la espacios en el ámbito político, de considerarlo necesario. 

Los estudiantes descubrieron su fuerza y poder de intimidar a los gobernantes y siguieron exigiendo. 

Entonces se volvió requisito para el perfil del rector un poder de negociación extraordinario, valores académicos, identificación y complicidad con los estudiantes y sobre todo, lo más difícil: aprender a trabajar con Dios y con el Diablo. Conceder al gobierno y conceder al sindicato, al estudiantado y al cuerpo docente. 

Hubo muchas huelgas, las más largas de un mes y otras tan cortas que cumplían solo horas. Nuevas leyes orgánicas, más presupuesto, más prerrogativas y más y más autonomía. 

Así hasta el triste, trágico y mal administrado octubre de 1968.  Año convulso en el que los estudiantes fueron protagonistas y también carne de cañón ante intereses políticos que a la vez que formaban conciencias, exigían renunciar a viejos paradigmas.

Paz y guerra en la UNAM

Juan Ramón de la Fuente aprendió a hablar con Dios y con el Diablo y logró uno de los mejores periodos de la UNAM en paz y con importantes logros académicos. 

También ayudó una inyección de dinero que amainó los ánimos al dar marcha atrás al aumento de cuotas que fue la excusa de la huelga, todo debido a la política de austeridad impuesta por Ernesto Zedillo.

Regresó a la simbólica suma de 20 centavos de inscripción.

La UNAM vivió uno de sus mejores periodos y se consolidó como la mejor institución entre los países hispánicos.

Ahora Narro, ante la amenaza de huelga por solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa, no tuvo más remedio que solidarizarse con los estudiantes que protestan ante la afrenta que se ha convertido en un símbolo sangriento y actual de la victimización a estudiantes. 

Y todo se complicó aún más cuando un contingente policiaco ingresó a CU atendiendo la supuesta denuncia del extravió de un teléfono celular y abrió fuego contra estudiantes. 

Ahora piden la renuncia de Narro y han pospuesto la decisión de un paro universitario en solidaridad con los desaparecidos. 


Ya no tienen nada más que pedir respecto a su autonomía, pero defienden su extraterritorialidad, no protestan aumentos de cuotas ni abogan por los rechazados.

Sin embargo piden la renuncia del rector, que no parece solidario, aunque la actitud ahora podría ser  diferente pérdida de clases después de su consolidación como una de las mejores universidades del mundo con el lugar 44 entre las 200 punteadas, superando a la Universidad de Madrid y la de Sao Paulo. 

Una ‘elite’ de buenos estudiantes 

La revocación del pase automático desde los 90 hizo que la entrada a la UNAM se volviera difícil. Actualmente solo ingresa el 8.6 por ciento de quienes aplican a las 100 carreras. 

En el último examen de admisión presentaron 126 mil 753 estudiantes y lograron entrar solamente 10 mil 916. 

Este filtro ha logrado aplicar métodos de excelencia en los 337 mil 763 alumnos, lo que ha resultado en mejor calificación internacional.  

Según la página Web la cuota anual es de 60 a 200 pesos, según la carrera, mil pesos por el examen profesional y 200 pesos de inscripción. Sin embargo muchos de los estudiantes, demostrando su capacidad económica limitada, consiguen beca. 

Nunca se ha llegado a igualar la propuesta de Barnes que causó la huelga del 99, que proponía un cobro anual en licenciatura a 2 mil 40 pesos. 

Ahora no han tenido más provocación a su estabilidad que la solidaridad con los 43 normalistas legalmente aún desaparecidos. 

Amenazan con otra huelga y alegan también, violación a su regla de extraterritorialidad, que según escribía en 2004 Carlos Monsiváis en Letras Libres respecto a la autonomía que incluye la extraterritorialidad de su espacio: 

“Se viola la Autonomía no sólo porque la policía y el Ejército proceden con extrema violencia, sino por la ilegalidad multiplicada de las operaciones “relámpago”. Al tiempo que se viola la Autonomía se viola la Constitución de la República”

El poder de las huelgas

Los presidentes y su respuesta a las mayores huelgas 

Presidente: Emilio Portes Gil  
Rector: Ignacio García Téllez 
Concedió la autonomía después de una huelga de 68 días 

Presidente: Gustavo Díaz Ordaz
Rector: Javier Barrios Sierra 
Reprimió el movimiento estudiantil con la masacre de la Plaza de Tlatelolco. El paro que había iniciado el 30 de julio termina el 25 de noviembre con la promesa de defensa de su autonomía la UNAM organiza su propia policía y ninguna otra puede entrar a CU

Presidente: Ernesto Zedillo 
Rector: Francisco Barnés de Castro 

Se derogó el aumento a las cuotas después de un año de huelga y haber intervenido la policía dentro del campus y apresado a 700 estudiantes que luego fueron exonerados.

Concierto solidario

Al coro de ‘justicia’, el grupo puertorriqueño Calle 13 expresó su solidaridad con Ayotzinapa e invitó a siete personas del lugar a hablar en el escenario.

Esta vez no fue el número 13 el protagonista de la noche, sino el 43. 

Durante su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, la galardonada banda Calle 13 mostró su solidaridad con los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. 

“Obviamente no soy de acá y por más que quiera decir cosas los apoyo de todo corazón (…). Siempre vamos a defender las causas sociales porque así nos criamos desde chiquitos. Yo quiero traer a gente de Ayotzinapa que hable porque ellos son de aquí”, dijo René “Residente” Pérez, vocalista del grupo, antes de pasar al escenario a siete personas que señalaron la responsabilidad del gobierno en el caso.

Varias veces, los asistentes al evento hicieron el ya reconocido conteo del 1 al 43, para terminar con la consigna “¡justicia!”.


Asimismo, el invitado de la agrupación puertorriqueña, el guitarrista de la banda Rage Against The Machine, Tom Morello, dedicó un solo de guitarra a Ayotzinapa, dado que en su guitarra se apreció el número 43.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: STAFF

Reclamo en el Senado: el presidente debe ser investigado judicialmente

Senadores de oposición, indignados por el escándalo de la Casa Blanca, señalan que Enrique Peña Nieto “de entrada” violó la ley al no incluir ese inmueble en su declaración patrimonial y demandan la creación de una comisión especial del Senado que investigue todo lo relativo a las finanzas del presidente y su esposa.  La indagación propuesta sería amplia: incluiría entre otras cosas las ganancias de Angélica Rivera desde cuando actuaba para Televisa y los contratos obtenidos por el Grupo Higa en el Estado de México y en el resto del país.

MÉXICO, D.F: En medio del escándalo sobre la residencia de Sierra Gorda 150 y los vínculos entre el presidente Enrique Peña Nieto y el Grupo Higa, contratista privilegiado desde que aquél gobernaba el Estado de México, senadores del PAN y del PRD sostienen que la violación a la ley de servidores públicos es del mandatario y no de su esposa, por no incorporar la propiedad del inmueble conocido como Casa Blanca a su declaración patrimonial original y señalan: “Existen claros elementos de conflicto de interés”, “tráfico de influencias” e “inconsistencias” los cuales deben ser investigados por una comisión especial del Senado.

A esta conclusión llegan los senadores Dolores Padierna, del PRD, y Javier Corral y Laura Rojas, del PAN, entrevistados por Proceso en torno al debate legislativo sobre el escándalo por la revelación de la propiedad de la primera dama, Angélica Rivera, su anuncio de que va a ceder los derechos de propiedad de la residencia y la ampliación de la declaración patrimonial de Peña Nieto el miércoles 19.

“De entrada Peña Nieto violó la ley al no declarar la propiedad de su esposa. Y eso ya convierte a la propiedad y al propio mandatario en sujeto de una investigación judicial”, afirma Corral. Rivera “no puede vender o traspasar los derechos de esa casa porque es materia de una investigación sobre un ilícito”, abunda el senador.

El legislador subraya que el artículo 43 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ordena de la siguiente manera la obligación de declarar los bienes de los cónyuges:

“Las dependencias, entidades e instituciones públicas están obligadas a proporcionar a la Secretaría (de la Función Pública), la información fiscal, inmobiliaria o de cualquier otro tipo, relacionada con los servidores públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la autoridad verifique la evolución patrimonial de aquéllos”.

Al mismo tiempo, advierte Corral, el artículo 8 en su fracción XII de la misma ley impone límites y restricciones a los beneficios y regalos que reciban los servidores públicos y establece claramente la figura de “conflicto de interés” en este terreno.

Este artículo establece que los servidores públicos deben “abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles e inmuebles mediante la enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos cargos o comisiones para sí”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1986, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.