El Dragonario: 11/14/14

viernes, 14 de noviembre de 2014

Maestros de Oaxaca toman ocho plazas comerciales en solidaridad con normalistas

OAXACA, Oax: Con el bloqueo a por lo menos ocho plazas comerciales en esta capital, el sector magisterial del estado emprendió su boicot al “Buen Fin”, respaldado por el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial.

Los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) iniciaron sus acciones de protesta este viernes a partir a las ocho de la mañana.

Los docentes del sector Etla tomaron la Bodega Aurrera en Santa Rosa, mientras que el sector estatales impidió las actividades comerciales en Plaza del Valle.

Maestros del sector ciudad tomaron los centros comerciales de Plaza Bella; el sector Miahuatlán impidió actividades en Walmart y Suburbia en San Antonio de la Cal; los profesores de Tlacolula se apostaron en Plaza Oaxaca, donde se encuentra Fábricas de Francia, Soriana y Coppel.

También tomaron la Macroplaza, donde se encuentran Toks, Office Depot, Suburbia, Walmart y Cinemex. El sector Istmo se encargó de bloquear Home Depot y las regiones de Istmo, Sierra, Cañada y periferia bloquearan crucero de beisbol.

El boicot se realizará del 14 al 17 de noviembre para exigir al gobierno la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.

PEF: ¿Botín electoral para el 2015?

Los diputados aprobaron ayer el Presupuesto de Egresos 2015, recursos públicos que serán determinantes en las elecciones del próximo año.

En el reparto de los recursos públicos para el 2015, los diputados federales no tuvieron empacho en meter las manos para asignar recursos que les ayuden a ganar apoyos en el proceso electoral del año siguiente.

Durante las negociaciones para la asignación de recursos para obras en estados y municipios, los legisladores ampliaron rubros que son susceptibles de ejercer en obras que les den notoriedad en sus comunidades.

Las principales ampliaciones presupuestales ocurrieron en el Ramo 23, de Provisiones Salariales y Económicas, donde se contienen varios fondos con incidencia directa en las comunidades.

Los legisladores decidieron hacer ampliaciones por 34 mil 862 millones de pesos, por lo que el monto final a ejercer será de 127 mil 305 millones de pesos.

En este ramo, donde se encuentran contenidos los fondos de Pavimentación, de Cultura y de Infraestructura Deportiva, están las obras para las que cada uno de los diputados etiquetó 10 millones de pesos.

Originalmente, el Fondo de Pavimentación contaba con 2 mil millones de pesos propuestos por el Gobierno federal.

Sin embargo, al ser uno de los rubros donde los legisladores etiquetan directamente recursos a las obras que ellos decidan, se amplió a 5 mil millones.

Aunque se dijo que la etiquetación de estos recursos sería hecha con total transparencia, en el decreto aprobado por los legisladores no se especifican las obras a las que irá ese dinero, pues solo se encuentra distribuido por estados y municipios.

Lo mismo ocurre con el Fondo de Infraestructura Deportiva, mismo que había desaparecido del Proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo. Para estas obras, los diputados asignaron 3 mil 420 millones de pesos.

En el decreto no se encuentran especificadas, y solo se establece a qué municipio será direccionado el monto.

En el caso del Fondo de Cultura, los diputados etiquetaron 2 mil 237 millones de pesos en obras como la ampliación y mejoramiento de Casas de la Cultura, bibliotecas comunitarias o construcción de aulas.

En ese caso, los proyectos sí se encuentran definidos en el decreto aprobado. Pero también se sabe que puede haber un uso de promoción personal o de partido con el ejercicio de estos recursos.

Un caso es el de Silvano Aureoles Conejo, diputado del PRD y quien actualmente ocupa la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Baja.

Aureoles Conejo ha expresado su interés de participar como candidato a la gubernatura de Michoacán en las elecciones del 2015; y durante este año ha acudido varias veces a la inauguración de casas de cultura en la entidad.

Uno de esos eventos ocurrió en agosto pasado,  fecha en que Aureoles acudió al municipio de Tingambato para inaugurar una sala de conciertos con su nombre. 

Ahí, el alcalde del municipio, José Guadalupe Aguilera, le agradeció ser el mayor gestor de recursos para Michoacán.

Justo a tiempo

El próximo año habrá elecciones en 17 entidades del país. En nueve de ellas se elegirá a un nuevo gobernador.

De los estados donde habrá elecciones para renovar la gubernatura, el PRI mantiene el control sobre seis: Campeche, Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. El PAN, en dos: Baja California Sur y Sonora. Y el PRD, una: Guerrero.

Los diputados del PRI, PAN y PRD lograron un acuerdo para que los recursos destinados a estas obras lleguen antes del verano del 2015, para que durante las campañas electorales se encuentren ya en construcción las obras en los municipios.

La intención es que la Federación no retenga los recursos para ninguna fuerza política. 

Ministros a la alza

De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), los más altos representantes del Poder Judicial en el país tendrán ingresos por 6 millones 760 mil 998 pesos durante el 2015.

417,538 pesos
será el aumento de los ministros de la SCJN, los magistrados del Trife y los consejeros del CJF en el 2015

6,434,460 pesos
fue la percepción total en el 2014 de estos servidores públicos

4,594,460 pesos
recibirá de ingreso bruto por salarios y sueldos cada uno de los ministros de la SCJN y del Trife

651,241 pesos mensuales
es el sueldo base de esos funcionarios de primer nivel

2,785,374 pesos
es lo que reciben por concepto de compensación garantizada

3,100  pesos
reciben los ministros, magistrados y consejeros como ayuda para comprar anteojos

+6.7 millones de pesos

será el ingreso de ocho de los 11 ministros de la SCJN, los siete magistrados del Trife y cuatro consejeros del CJF

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

Zetas-CDG: Se asoma la vieja escuela

En la nueva alianza Cártel del Golfo-Zetas se acordó frenar la extorsión y el secuestro en Tamaulipas; solo faltaría que el Cártel Nueva Generación acepte trabajar con ellos.

Durante 10 años el Cártel del Golfo y Los Zetas han sostenido una guerra encarnizada por la disputa del territorio de Tamaulipas.

Pero ahora las cosas pueden dar un giro inesperado por el anuncio de “La Nueva Alianza de la Paz”, que ambas organizaciones distribuyeron en panfletos en ciudades tamaulipecas.

Y con esta alianza CDG-Zetas llega la “vieja escuela del narcotráfico” con sus tres códigos: respetar a la población civil, a las familias de los narcos y el territorio.

Este pacto da esperanza a los tamaulipecos, quienes por años han vivido un calvario por la guerra entre golfos y zetas.

Sin embargo, solo faltaría que el Cártel del Golfo Nueva Generación, que opera en Matamoros, acepte también fusionarse.

Rogelio González Pizaña “El Kelin”, desertor del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, y Juan Reyes Mejía González, “El R1”, líder de Los Rojos del CDG, habrían llegado a un acuerdo para no pelear entre sí.

Habrían sostenido una reunión en la “Frontera Chica” de la entidad, para llegar a una alianza denominada por ellos mismos “La Nueva Alianza de la Paz”. 

No obstante, fuentes federales habrían informado que la junta se había realizado en la ciudad de Reynosa.

En el encuentro, ambos cárteles acordaron realizar un reacomodo de personal entre ambas organizaciones, para frenar la extorsión, el secuestro y el derecho de piso que afectan a la población civil tamaulipeca, dice un panfleto.

“Ya no cometeremos errores y vamos a depurar a nuestra gente que está en nuestras filas, que quieren andar de panocheos y mentiras”, cita el documento.

Aparentemente, ‘El Kelin’ o también conocido como el ‘Z-2’, recién salió libre del penal del Altiplano el 30 de agosto de 2014.

Fue absuelto de los delitos de delincuencia organizada y de homicidio simple, en grado de tentativa incluido en la causa penal 56/2004, revelaron fuentes de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este lugarteniente que militó en ambas organizaciones, decidió llegar a un acuerdo de fusión con “El R1”, para bajar la violencia y abuso a los ciudadanos.

Amigos y rivales

Con esta alianza, según el comunicado, llegará la vieja escuela del narcotráfico que inició el Cártel del Golfo, liderado por Juan García Ábrego, capturado en 1996 en Nuevo León.

García Ábrego habría posicionado al Cártel del Golfo a la par del Cártel de Sinaloa y Cártel de Ciudad Juárez.

Aprovechando que los puertos marítimos de Tampico, Matamoros y San Fernando son esenciales para el tráfico de droga, Ábrego consolidó al Cártel del Golfo y comenzó a transportar grandes cantidades de mariguana y cocaína.

Al ser apresado, Osiel Cárdenas Guillén tomó las riendas de este cártel en 1998, y formó su brazo armado llamado Los Zetas.

Y es que existía la amenaza de que Cártel de Sinaloa se quedara con la plaza de Tamaulipas.

Pero su captura, en marzo de 2003, originó que Los Zetas rompieran la relación con el Cártel del Golfo y comenzó la disputa por la plaza de Tamaulipas, guerra que se extendió hasta los estados de Nuevo León y Coahuila.


Aparentemente esta fusión podría llegar a estos estados fronterizos, en donde históricamente operan ambas organizaciones y que durante siete años sostuvieron una encarnizada batalla.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JESÚS PADILLA.

Echan a madre de Tehuatlie de Congreso Internacional sobre infancia

PUEBLA, Pue: Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie Tamayo –quien perdió la vida tras el desalojo violento de pobladores en la autopista Puebla-Atlixco, el pasado 9 de julio– fue echada del Centro Expositor donde se realiza el Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Al percatarse de lo ocurrido, representantes de la Organización de las Naciones Unidas de Argentina, Colombia, Alemania, España y Venezuela abandonaron el foro y llevaron a Tamayo a otro lugar para escuchar su denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Moreno Valle, que costaron la vida a su hijo.

De acuerdo con Misraim Hernández Fernández, líder de Contingente Puebla, la madre de José Luis había sido invitada al evento por representantes de organizaciones internacionales que trabajan a favor de los derechos de los niños, con el fin de sostener una reunión privada con ella.

No obstante, cuando llegó al Centro Expositor, acompañada de sus hijas y otros habitantes de Chalchihuapan que llevaban una foto del menor asesinado, personal de seguridad le pidió que se retirara.

Varias de las personas que se percataron del hecho tomaron fotografías de Tamayo cuando salía del lugar con una de sus hijas en brazos y las subieron a Twitter, lo que desató comentarios de indignación en las redes sociales.

El Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia fue inaugurado la víspera por el gobernador Rafael Moreno Valle, quien en su discurso resaltó la labor de su gobierno para proteger los derechos de los niños y los adolescentes.

En tanto, la prensa local destacó que en el arranque del encuentro con organizaciones no gubernamentales se omitió mencionar lo ocurrido el 9 de julio, cuando el niño José Luis resultó mortalmente herido después de que policías estatales recibieron la orden de desalojar con violencia a los pobladores de Chalchihuapan.

En un boletín difundido esta tarde, el gobierno de Puebla aseguró que Elia Tamayo no fue desalojada del Centro Expositor; sin embargo, activistas de Alemania, Colombia y Venezuela que estaban en el sitio atestiguaron el hecho, aseguró el líder de Contingente Puebla.

Hernández Fernández informó que entre las personas que abandonaron el acto en solidaridad con Tamayo y le ofrecieron su respaldo estaba Manfred Liebel, director del Instituto de Estudios Internacionales en Niñez y Juventud de la Universidad Libre de Berlín y coordinador de la Red Europea de Maestrías sobre Derechos de la Infancia.

En tanto, en su página web el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs) confirmó que buscaron contacto con la madre del niño José Luis.

“En el marco de la presencia de la delegación del MOLACNATs en el VI Congreso Mundial de Infancia que se desarrolla en Puebla-México, tomamos contacto con familiares de José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, estudiante y trabajador (pertenece a una comunidad indígena) quien fuera asesinado en una manifestación de una comunidad en Puebla”, señaló la organización.

Y agregó que durante su estadía en Puebla sostuvo dos reuniones con la madre del niño asesinado y buscan estrategias para visibilizar la “grave” situación del caso y la que atraviesan los pobladores de Chalchihuapan.


Señaló, asimismo, que entre las peticiones de los pobladores destaca la reparación a las víctimas y familiares por parte del Estado mexicano, castigo a los culpables directos de los hechos en Chalchihuapan y a quien dirigió el operativo, además del cese a la represión y hostigamiento a los pobladores.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Reclamos por Ayotzinapa “no justifican violencia”, advierte la Segob

MéXICO, D.F: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió hoy que nadie puede exigir justicia violando la ley.

Al aludir a los hechos de violencia registrados en entidades como Guerrero, Distrito Federal y Michoacán, en protesta por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Osorio Chong planteó que “en la violencia jamás encontraremos la solución”.

En el marco de la clausura en Morelos de la VIII Reunión Nacional de Órganos Implementadores de la Reforma Penal, Osorio Chong reconoció que la justicia, como reclaman los mexicanos, no debe hacerse esperar. “Y que no quepa duda, en eso estamos trabajando”.

Luego hizo un llamado a las autoridades, poderes y sociedad en general a sumar esfuerzos para que en todos los ayuntamientos impere la ley y el respeto a los derechos humanos.

La justa demanda de la sociedad, planteó, debe ser motor de cambio para perfeccionar a las instituciones y consolidar el estado de derecho.

“Hay que unirnos para cerrar la puerta a la injusticia, poner punto final a la impunidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus autoridades”, expresó.

Osorio Chong también aseguró que el gobierno del Enrique Peña Nieto trabaja para que en las 32 entidades y a nivel federal se haga justicia con total diligencia.

Ante el gobernador Graco Ramírez y representantes de todo el país, el titular de la Segob dijo que, para lograrlo, la justicia no sólo debe cambiar de forma, sino de fondo.

“Trabajamos para que juicios y sentencias no se demoren, para que las pruebas sean debidamente validadas y haya certeza en las resoluciones”, sostuvo.

El funcionario federal reconoció que es impostergable que la justicia también sea pronta, expedita y transparente, y que quien atente contra la sociedad sea castigado con toda la fuerza de la ley.

La demanda de los mexicanos, admitió, es que haya seguridad, que se respete la integridad de las personas y que se acabe con la impunidad.


Los ciudadanos también exigen, abundó, que las instituciones y los cuerpos de seguridad sean honestos y eficaces, y que éstos nunca traicionen la confianza ciudadana.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El discurso oficial en el exterior: el país está en paz; Iguala es un caso aislado

Ciudad de México, 13 de noviembre: El Gobierno federal envió al Embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, un documento con instrucciones para declarar que la desaparición de 43 estudiantes en Iguala es un caso aislado que contrasta con la situación de “paz e instituciones fuertes y confiables” que se vive en la mayor parte de México.

“Esta no es una situación generalizada en el país. La mayoría de las regiones de México viven en paz y tienen instituciones fuertes y confiables. Sin embargo, hay lugares donde el crimen organizado se ha infiltrado en las autoridades municipales. Aunque es un tema focalizado, es inaceptable, ya que las consecuencias pueden ser, como en este caso [en Iguala], devastadoras”, dice un documento -en poder de SinEmbargo- enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la representación de México en la capital norteamericana.

“La reacción de la ciudadanía no sólo es comprensible, sino que también la comparte el Gobierno mexicano en su totalidad. Estamos indignados, estamos devastados. Esta es una tragedia y el Gobierno federal está actuando y seguirá actuando en consecuencia”, agrega el párrafo con la instrucción.

El documento se titula “Ficha con respecto a la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, y la seguridad en México” y tiene fecha del pasado miércoles 12 de noviembre, justo cuando la vocera del Departamento de Estado norteamericano, Jen Psaki, llamó a las partes en conflicto a mantener la calma y al Gobierno mexicano a procurar justicia para las 43 víctimas.

El documento incluye también una serie que llama “Posibles preguntas y preguntas”, en las que se instruye al Embajador Medina Mora responder, entre otros cuestionamientos, por qué el Gobierno mexicano descarta que el caso de Iguala sea “un crimen de Estado”, como lo han llamado los manifestantes en diversos puntos del país, y también por qué no fue posible que el Ejército interviniera durante el ataque contra los civiles.

Y, en ese sentido, la respuesta es que los militares “no pudieron” intervenir y que, de haberlo hecho, hubiera sido a favor de los policías. “Hay una base militar en la región de Iguala, pero la única información disponible ese día fue que había una confrontación entre la policía local y un grupo de civiles. Legalmente, si el Ejército o la Policía Federal hubieran intervenido, hubiera sido en defensa de la autoridad local, la cual en este caso era la que estaba actuando en contra de los civiles. Al calor del momento era imposible saberlo. Legalmente, las fuerzas federales sólo pueden intervenir cuando una autoridad local le pide apoyo o cuando se está cometiendo un crimen de carácter federal”.

Las primeras de las “Posibles preguntas y respuestas” son si el de Iguala fue un crimen de Estado o si en México existe una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, ante lo cual la instrucción para Medina Mora es responder que “absolutamente no. Lo que vemos en Iguala son autoridades locales que abusan de su poder para cometer crímenes, pero también vemos que el Estado está actuando contra ellos. Tengan en cuenta que prácticamente cada autoridad local implicada en el caso de Iguala ha sido detenido o está siendo buscada”.

Otra pregunta posible cuya respuesta fue redactada desde la Ciudad de México es “por qué el Gobierno federal permitió que lo Ayotzinapa ocurriera”, o “por qué le tomó tanto tiempo a las autoridades federales intervenir”, ante lo que la contestación es que no es así.

“Desde el principio, las autoridades competentes tomaron acciones. México tiene un sistema federal con Gobiernos municipales y estatales. Desde el día uno, el Gobierno de Guerrero inició una investigación con la asistencia del Gobierno federal. Con la primera evidencia de que el crimen organizado estaba implicado, la Procuraduría General de la República tomó el caso”, dice.

También, sobre la pregunta de “por qué el Presidente Enrique Peña Nieto se fue a China”, la respuesta ordenada para Medina Mora es que “el Presidente debe estar donde más se le necesite. Como padre, él hubiera preferido quedarse en México. Como Presidente, tenía que honrar los compromisos globales de México, mientras se asegura que el Gobierno federal continúa su esfuerzo incansable para encontrar a los estudiantes. Es importante clarificar que el Presidente decidió acortar el viaje. El foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) es una reunión menos estructurada de jefes de Estado, lo cual permite conversaciones abiertas y sustanciales sobre asuntos de urgencia inmediata que no se permiten en otros foros”.

El documento también instruye al Embajador para que, en caso de que se le pregunte “¿por qué estos estudiantes?”, responder que los normalistas son víctimas inocentes y, en general, reproducir lo que ha sido la versión de los hechos planteada por la Procuraduría General de la República: “Eran estudiantes inocentes preparándose para ser maestros. Fueron llevados a Iguala en su camino a la Ciudad de México, donde participarían en una manifestación para recordar la masacre de estudiantes de 1968. Ese día en Iguala, la esposa del Alcalde estaba dando un discurso. Ahora sabemos que el Alcalde, su esposa y la policía local tenían vínculos con el crimen organizado. Cuando los estudiantes llegaron a Iguala, la policía local pensó que iban a irrumpir en el evento del Alcalde. Éste dio entonces la orden a la policía de capturar a los estudiantes. Durante la confrontación, seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron secuestrados y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos. En ese punto, el líder de Guerreros Unidos recibió un mensaje que le indicó que los estudiantes capturados eran miembros de un grupo rival, llamado Los Rojos, y que estaban tratando de entrar en territorio de Iguala. El líder de Guerreros Unidos dio entonces la orden de que se procediera contra ellos. Esto es lo que sabemos hasta el momento”.

“MEXICO NO TIENE PROBLEMAS DE TRAFICO DE DROGAS”

Otra de las instrucciones giradas por el Gobierno federal mexicano al Embajador en Estados Unidos es que, al poner el caso de Iguala en un contexto más amplio sobre los problemas de seguridad en México, afirme que el país no tiene un problema de tráfico de drogas, sino de seguridad pública.

“Contrario a lo que dice la creencia popular o las narrativas públicas, México no tiene un problema de tráfico de drogas. Más bien, tiene un problema de seguridad pública que ha sido grandemente amplificado por el tráfico de drogas”, dice el documento.

“Puesto en otros términos, los problemas de seguridad pública en México no son el resultado directo de la evolución del crimen organizado ni se limitan a los efectos, tamaño y dinámicas de las organizaciones criminales. Por el contrario, la violencia relacionada con el crimen organizado no es resultado directo de las deficiencias de México en materia de seguridad, ya que el crimen organizado sigue sus propias lógicas y dinámicas. Lo que es cierto, sin embargo, es que el crimen organizado ha tomado ventaja de las debilidades de las instituciones de seguridad pública de México para expandir su influencia, y las organizaciones criminales han engrandecido el problema de seguridad en México”, agrega el texto.

En el apartado de contexto, el documento presenta un análisis sobre la problemática de la inseguridad en México en la que, básicamente, relata cómo la descentralización de poder que se empezó a dar en el país a partir de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría del Congreso de la Unión y, tres años después, la presidencia de la República, generó una constante transferencia de poderes hacia los gobiernos estatales y municipales que, en algunos casos, no estaban preparados para enfrentar ni fiscalizar las nuevas responsabilidades.

“Todo esto puede ayudar a explicar por qué el crimen organizado ha ampliado el problema de seguridad pública en México: en un paisaje institucionalmente dividido, con fuerzas de seguridad atomizadas y con enorme diversidad de recursos, entrenamiento y habilidades, y frecuentemente con incentivos pervertidos y confrontados entre niveles de gobierno con pocos mecanismos de rendición de cuentas, y con la capacidad corruptora del crimen organizado, es más fácil para una organización criminal encontrar a presidentes municipales qué cooptar porque son débiles o corruptos o enfocados en sus cálculos políticos y económicos súper locales, y no en las implicaciones institucionales mayores”, dice.

El texto plantea luego que las organizaciones criminales han llevado el problema estructural de seguridad pública a su actual “dimensión” gracias a la demanda de drogas ilegales en Estados Unidos, y al abasto de armas de alto poder procedentes también de ese país.

“Dicho esto, México no enfrenta una crisis de seguridad nacional. Más bien, enfrenta un problema de seguridad pública con diferentes niveles de intensidad en diferentes regiones y estados”, dice.

Luego se refiere a los casos de Ciudad Juárez y de Tijuana para mencionar casos “exitosos” de superación de crisis en la materia.

“También hay ejemplos exitosos a nivel local y estatal, donde la acción decisiva de los tres niveles de gobierno, con la activa participación de la sociedad civil, ha superado momentos temporales de crisis. Los recientes ejemplos de Tijuana y Ciudad Juárez muestran cómo ciudades que fueron críticamente afectadas por el crimen organizado, pero en las que hubo una amplia colaboración entre los Gobiernos estatal, federal, municipal, ciudadanos locales, sector privado y organizaciones de la sociedad civil alteraron el panorama radicalmente, poniendo a las dos ciudades en un camino virtuoso y positivo”.

También en el contexto, el documento explica que el problema de seguridad pública de México tiene sus raíces en “tres elementos estructurales de la configuración institucional del país que fueron útiles en el momento histórico en el que fueron implementados, pero que han dejado de ser apropiados a medida que el país evoluciona”.

El primero de ellos, dice, es el “origen político de las fuerzas de seguridad del país”, las cuales fueron diseñadas, desde la Revolución Mexicana, para proteger la estabilidad política, no la seguridad pública.

Los otros elementos estructurales del problema de seguridad, explica el texto, son el proceso de democratización del país y sus efectos de debilitamiento del poder Ejecutivo, y la descentralización del poder.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

De gobernador a inversionista

Confirma Banco Progreso Chihuahua que el gobernador de Chihuahua, César Duarte invirtió 65 millones de pesos al fideicomiso del capital bancario como aportante.

”El nuevo rico de la entidad”, así llamó hace unos días el senador panista Javier Corral al gobernador de Chihuahua, César Duarte.

Y no era el único indignado por el presunto enriquecimiento ilícito del mandatario, 30 legisladores de todos los partidos exigieron a la PGR y a la Secretaria de Hacienda que se investigue una aportación millonaria de Duarte en el Banco Unión Progreso.

Pero fue hasta ayer que la institución financiera, recién creada en la entidad fronteriza, confirmó que el gobernador invirtió 65 millones de pesos al fideicomiso del capital bancario como aportante.

Banco Progreso Chihuahua, que aún no opera, es una fusión entre la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Akala, la Unión de Crédito Progreso y la Casa de Cambio Única.

Según reportó Proceso, el gerente general de la institución financiera, Sergio Becerra Rodríguez, afirmó que no hay delito ni conflicto de intereses porque los aportantes son personas físicas y empresas medianas.

Sin embargo, admitió que el Gobierno estatal invirtió por concepto de nómina más de 800 millones de pesos.


Duarte, quien analiza la posibilidad de denunciar legalmente a sus demandantes por daño moral, también ha sido acusado por ser “dueño de ranchos y hoteles”. 

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

La rifa del tigre

Luis Raúl González Pérez es el nuevo titular de la CNDH. La designación llega justo en el momento en organizaciones internacionales lanzan severas critican a la actuación de la Comisión.

Luis Raúl González Pérez se ganó la rifa del tigre.

En la designación para el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no hubo sorpresas y tal como se vislumbró desde horas antes, el abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue elegido ayer por el Senado para ocupar el puesto.

La encomienda no se antoja sencilla.

Su nombramiento llega justo cuando México atraviesa una severa crisis en materia de derechos humanos, lo cual lo tiene en la mira de organismos nacionales e internacionales, quienes han criticado la actuación de la Comisión, particularmente en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.

En el informe preliminar de su visita a México, el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, Juan Méndez, advirtió de manera tajante que la CNDH ha fallado en su misión de proteger a los mexicanos contra la tortura, al ser incapaz de presionar a las autoridades para terminar con la práctica atroz.

“(…) la CNDH ha fallado en su misión de proteger contra estas prácticas, así como investigarlas y sancionarlas. En muchas ocasiones, ni siquiera aplica el Protocolo de Estambul o alude de formas inexactas o matizadas a los actos de tortura”, destacó el visitador en el documento entregado a la Cámara de Diputados el pasado lunes 10 de noviembre.

Sin embargo, para el nuevo titular de la Comisión la labor al frente de los derechos humanos no le es ajena. Ya fue director general administrativo, secretario técnico y visitador general de la propia CNDH.

González Pérez también fue fiscal especial en el homicidio de Luis Donaldo Colosio y dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.

En este su segundo intento por para presidir la Comisión, su nombramiento fue aprobado por 97 votos, más del 66 por ciento requerido y se impuso en la terna compuesta por Mauricio Farah e Irene Herrerías.

Durante su comparecencia ante comisiones del Senado González Pérez destacó su participación en el programa de desaparecidos de los años 70, denominado “La Guerra Sucia”

“Me tocó trabajar casos sensibles: en 60 días emitimos la recomendación de Aguas Blancas, un caso paradigmático, un caso difícil, un caso complejo; con un equipo de trabajo al que le reconozco, con el que se colaboró. Y ahí están las recomendaciones”, señaló.

También reconoció su labor en materia de defensa de derechos de periodistas y recordó su propuesta de impulsar la federalización de los delitos en materia de libertad de prensa.

El triunfo cantado

Horas antes de la designación oficial de Luis González Pérez como nuevo titular de la CNDH, la noticia ya estaba en todos lados.

Desde muy temprano, los portales reportaban al abogado general de la UNAM como el ganador de la terna.

Joaquín López Dóriga incluso lo puso en su Twitter ligado a una nota en la que explicaba que González Pérez tomaría posesión de su cargo el próximo domingo.

Aún así, los senadores emitieron sus posturas sobre los candidatos durante más de dos horas. Después, pasaron uno a uno con su papelito en la mano para dejar su voto.

Durante su intervención en la tribuna, la senadora del Partido del Trabajo, Layda Sansores, acusó de simulación discutir un dictamen cuando la decisión de que fuera González Pérez ya estaba tomada.

“Díganme si no hay esquizofrenia política en el Senado, primero se sabe quien es el elegido y después se hace la discusión de la terna (…) como quien dice primero se determina el vencedor y luego se simula la competencia. Me irrita la imposición pero lo que más revela es la simulación”, precisó la senadora.

Las propuestas del nuevo titular

> Atender de manera diligente y sensible a las víctimas de violaciones a derechos humanos como centro del quehacer institucional. 

> Realizar una revisión integral de contenidos, fines y alcances de los programas específicos de la CNDH.

> Mejorar la recepción de quejas, la atención y acompañamiento a las víctimas, así como la difusión de los derechos humanos para que los ciudadanos los conozcan.

> Fortalecer la política de comunicación con organismos públicos nacionales e internacionales y con organizaciones civiles de derechos humanos.

> Crear un programa nacional de prevención de violaciones a derechos humanos y reforzar las políticas públicas de capacitación de servidores públicos.

> Ejercer una actuación inmediata y proactiva ante casos de violaciones graves de derechos humanos.

> Establecer una relación respetuosa y firme con autoridades públicas; y consolidar la política de transparencia y rendición de cuentas.

Tres casos emblemáticos

1995 a 1996
Fue visitador general de la CNDH. Durante ese periodo dirigió la investigación de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, la cual derivó en la recomendación de la destitución del entonces procurador de justicia estatal, Antonio Alcocer Salazar.

1996 a 2001
Fue subprocurador especial de la PGR para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio. La investigación se cerró tras aceptar la hipótesis de que Mario Aburto fue el “asesino solitario”.

2013

Entregó el documento que terminó con la toma de la Torre de Rectoría de la CCH. Un día después de la entrega de la misiva, las instalaciones fueron liberadas.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Desmantelan narcolaboratorio de los Beltrán Leyva en Naucalpan

MÉXICO, D.F: La Procuraduría General de la República (PGR) anunció la desarticulación de una banda de tráfico de cocaína y marihuana que tenía su centro de operación en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó que luego de catear tres inmuebles en la entidad mexiquense y el Distrito Federal, se localizó un narcolaboratorio para cocinar cocaína, diversas armas de fuego, dinero en efectivo y documentos, presuntamente relacionados con el cártel de los Beltrán Leyva.

En conferencia, informó que en los cateos realizados entre la semana pasada y ayer 12 de noviembre, fueron detenidas siete personas, a quienes les aseguraron dinero en efectivo, 366 paquetes de cocaína, tres inmuebles y un narcolaboratorio.

El pasado 5 de noviembre, elementos de la Secretaría de Marina realizaron un operativo en Ciudad Satélite y se desató una balacera. Un día después, en Lomas Verdes, arrestaron a dos delincuentes más, entre ellos un colombiano.

Luego de esa acción, agentes de la PGR catearon un inmueble, detuvieron a una persona y decomisaron 50 paquetes de cocaína; el cateo sumó 53 kilos del alcaloide y 17 mil 244 dólares.

En el aseguramiento de otro inmueble en Naucalpan se incautaron 300 paquetes de cocaína –unos 315 kilogramos—y cuatro vehículos con compartimentos para esconder drogas y dinero.

Zerón de Lucio agregó que se catearon dos inmuebles más en el Estado de México y uno en el Distrito Federal, en los que se localizaron armas y un narcolaboratorio; sin embargo, no especificó el lugar exacto.


Las personas detenidas, dijo, están arraigadas como parte de la averiguación que integra la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso Ayotzinapa afectará inversión y empleo, admite Videgaray

MÉXICO, D.F: El país puede perder inversiones y empleos, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reconoció el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

En entrevista con Grupo Fórmula, el funcionario federal dijo que “estos hechos le han dado la vuelta al mundo y han, sin duda, marcado la opinión que se tiene de México, fuera de México y dentro de México. Y por supuesto puede haber decisiones de inversión, decisiones de contratación de empleos que se vean afectados. Sería una ingenuidad decir que no tendrá un efecto en la economía”.

El encargado de las finanzas públicas del país aseguró que “lo más importante es que hay 43 jóvenes que hoy están desaparecidos y que hay un proceso de carácter penal que encabeza la PGR que indica que el país ha vivido una de sus más grandes tragedias en la historia”.

A Luis Videgaray no le quedó de otra que aceptar el impacto de la violencia persistente en el país sobre la economía.

De hecho, la semana pasada en un foro organizado por The Economist, enfatizó que los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, cambiaron la percepción sobre México “no sólo de los extranjeros, la percepción de los propios mexicanos sobre las condiciones en nuestro país”.

En efecto, la noticia permeó a las más altas esferas financieras del orbe. Es el caso de Bank of America Merrill Lynch (BofAML), banco de inversión que advirtió: “La inseguridad creciente que se vive en el país es ya el principal factor que detiene el crecimiento de la economía mexicana”.

En su informe mensual sobre los mercados emergentes globales, cuyo apartado sobre el país titula “México: una recuperación más débil de lo esperado”, la semana pasada el banco advirtió:

“En las últimas semanas, las preocupaciones sobre la inseguridad han regresado a los reflectores como el principal factor que detiene el crecimiento económico. La inseguridad encabeza las preocupaciones (de los analistas) por encima de la política fiscal, la volatilidad financiera y la debilidad externa de los mercados”.


En México, la cúpula empresarial de plano soltó que sin seguridad y sin condiciones sociales, el futuro económico del país estaba perdido, con todo y las reformas estructurales. Mientras que los especialistas encuestados por el Banco de México (Banxico) consideraron que la inseguridad es la principal limitante para la economía nacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Lluvia en Cocula e Iguala pone en duda versión de la PGR sobre incineración

MÉXICO, D.F: Durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, Cocula e Iguala registraron una pertinaz lluvia, hecho que pone en duda la versión de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, de que los estudiantes normalistas fueron incinerados en una gran fogata al aire libre.

Esta y otras interrogantes surgieron entre la comisión especial de legisladores encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de un encuentro de tres horas que tuvieron con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Lizbeth Rosas, diputada por el PRD, cuestionó al titular de la Sedena luego de que éste mostrara a los legisladores fotografías de lo ocurrido ese sábado de septiembre; por ello, advirtió, todo apunta a que se realizó “un montaje” de las autoridades.

Momentos posteriores a la agresión contra los normalistas, diversos medios de comunicación, entre ellos Milenio y Cadena 3, entrevistaron en el lugar de los hechos a algunos de los sobrevivientes, y en las imágenes se observa un escenario lluvioso, por lo que sería imposible generar una hoguera de las dimensiones que Murillo Karam describió para apuntalar su versión de que fueron incinerados los cuerpos de “una cuarentena de personas”, alertó la diputada.

Durante el encuentro con legisladores, el secretario de la Defensa señaló que, según los reportes remitidos por el 27 Batallón, los militares hablaron con el secretario de Seguridad Pública de Iguala, y éste les dijo que “era mentira, que no había sucedido nada, que no había habido enfrentamientos y que todo estaba en paz. Incluso que el titular de Seguridad comentó: ‘Yo no sé nada y solamente voy a intervenir cuando así me lo pidan”, narró la diputada del PT, Lilia Aguilar.

Respecto del auxilio negado a los jóvenes, el general Cienfuegos aseguró a los legisladores que los elementos de la Sedena sí dieron el apoyo, e incluso fueron ellos los que llamaron a las ambulancias, pero que ello ocurrió posterior al encuentro con los estudiantes en los hospitales. Los que sí acudieron al cuartel por ayuda fueron los integrantes del equipo de futbol, aclaró.

El titular de la Sedena inició su encuentro con los diputados federales mostrándoles una bitácora de lo sucedido esa noche; puntualizó que en el cuartel, que está a tres kilómetros de Iguala, están asignados 130 elementos, pero que esa noche la mayoría estaba “franco” y, quienes no, habían acudido a atender una volcadura, razón por la que regresaron muy noche a las instalaciones militares. Además, aseguró Cienfuegos, los militares nunca escucharon disparos ni supieron de enfrentamiento alguno.

“Ellos no oyeron detonaciones ni balazos, no se tiene registrado que les pidieran auxilio, como nos había dicho el procurador; el secretario dijo que no tienen registrado en ningún momento que les pidieran auxilio”, relató Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del MC.

Además, puso en duda que el 27 Batallón cuente con “inteligencia militar”, como lo sostuvo en todo momento el general Cienfuegos, “pues resulta extraño que con tanta inteligencia que dicen tener no oyeron disparos, no vieron nada extraño, no se percataron de la humareda de una supuesta quemazón de jóvenes, no vieron nada”.

Ricardo Mejía, Lilia Aguilar y Lizbeth Rosas preguntaron al secretario de la Defensa si durante el trayecto de la volcadura a los hospitales escucharon o no disparos, “y nos aseguró que no”.

Además, el general Cienfuegos detalló a los legisladores que el 27 Batallón está compuesto por 564 elementos, de los que cinco son jefes y 43 oficiales, todos ellos distribuidos en 10 municipios, y al menos 130 para Iguala.

“Pero ese día estaban francos la mayoría, y sólo había una fuerza de reacción de 21 elementos que fue la que se constituyó en los hospitales y más tarde se integraron 12 más”, dijo Mejía que informó el general secretario.

También aclaró a los diputados que cuando llegaron al hospital privado “sí les tomaron los nombres” a los estudiantes, pero que en ningún momento los torturaron, agredieron o violentaron sus derechos humanos.

Otra de las revelaciones que hizo el secretario de la Defensa fue que “la PGR no les ha requerido información” sobre qué hicieron, vieron o escucharon los militares durante la noche del 26 y la madrugada y tarde del 27 de septiembre.

Al valorar la reunión con la Sedena, Mejía Berdeja dijo que por los dichos del titular, “el Ejército no tiene elementos de inteligencia, pues no visualizaron, no se percataron, no oyeron e incluso intervinieron tardíamente”.

La diputada Aguilar comentó que también se le inquirió al secretario de la Defensa una probable cercanía de los militares del batallón con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.


“Negó cualquier relación cercana más allá de la oficial, y que lo que se sabía de Abarca Velázquez era lo que vox populi se decía”, resaltó la petista Lilia Aguilar.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Normalistas rechazan la tregua propuesta por empresarios de Acapulco durante el puente

Los estudiantes y los familiares de los desparecidos anunciaron caravanas informativas que partirán a varios estados del país.



Luego de que los empresarios del puerto turístico de Acapulco pidieran a los normalistas una tregua para evitar la realización de protestas durante el puente de este fin de semana, la sociedad de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos rechazaron el acuerdo, e incluso anunciaron una campaña de caravanas informativas hacia diferentes partes del país.

De acuerdo con un reporte del diario Milenio, este jueves 13 de noviembre los estudiantes saldrán de un plantel ubicado en  la cabecera municipal de Tixtla las caravanas dirigidas, en una primera etapa, a Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán; la segunda etapa recorrerá Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala; y la tercera, que inicia el sábado 14 de noviembre, a comunidades de Guerrero, como Tlapa, San Luis Zacatlán, Ayutla, Zihuatanejo, Atoyac y Acapulco.

El plan de los normalistas y los padres es que el próximo 20 de noviembre las tres brigadas se encuentren en la Ciudad de México, donde se realizará otra marcha para exigir la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre, luego de un ataque de la policía municipal de Iguala, Guerrero.

Para el 20 de noviembre, en redes sociales ha circulado la convocatoria para vestir de negro en protesta por el caso de los normalistas.

La violencia y las protestas sociales derivadas de la desaparición de 43 estudiantes en septiembre en el sur del país provocaron la cancelación de más del 60% de las reservas de cuartos de hotel en el balneario de Acapulco para el puente festivo del próximo fin de semana.

“Esa cifra enfoca la cadena de valor del turismo formal en cuartos de hotel y su derrama. Para este puente se reporta una ocupación del 20% de un nivel de reservas que se estimaba en torno al 85%” dijo a The Associated Press Joaquín Badillo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de Guerrero, donde se encuentra Acapulco.


De acuerdo con la información oficial, hay “indicios” de que los normalistas fueron asesinados y quemados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, a quienes fueron entregados tras su detención por policías de Iguala y Cocula. Las autoridades mexicanas han informado que el ataque fue ordenado por el exalcalde de Iguala, José Luis Acarca —actualmente preso en un penal de máxima seguridad—, para evitar un boicot a un evento de su esposa María de los Ángeles Pineda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Inflados

Las afiliaciones masivas del PAN contrastan con la crisis que se vive al interior del partido debido a sus escándalos de corrupción. En menos de un año el padrón de militantes panistas en el país se ha duplicado.

El Partido Acción Nacional (PAN) vive una de sus peores épocas a nivel nacional, pero su padrón de militantes registra un sospechoso boom gracias a las afiliaciones masivas de militantes promovidas por los grupos panistas de cara al 2015.

La decadencia que enfrenta el panismo en la sociedad por sus escándalos de corrupción contrasta con una inédita “efervescencia” que se vive dentro de las filas de este partido político.

En la elección presidencial del 2012, el PAN quedó reducido a la tercera fuerza electoral en México, después de ocupar por 12 años la Presidencia de México.

Sin embargo, hoy el padrón de militantes panistas se ha duplicado en menos de un año.

A mediados del 2014 el padrón albiazul, publicado en la página de Internet del Registro Nacional de Miembros, ascendía a 220 mil simpatizantes activos.

Pero este número se duplicó en menos de un año para llegar a 473 mil panistas en todo el país.

El Distrito Federal, Sonora y Nuevo León fueron los estados donde el número de panista creció más - desde un 200 hasta un 300 por ciento- entre el año pasado y en lo que va del 2014.

Esto de acuerdo al Registro Nacional de Miembros, que está a cargo de Carmen Segura Rangel, designada por Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN con licencia desde hace dos meses.

En el PAN el control y manipulación de los padrones de simpatizantes es clave para la selección de candidatos de elección popular: desde la gubernatura hasta diputaciones locales, federales y alcaldías.

También será determinante para la elección del próximo dirigente nacional, una vez que termine el periodo de Gustavo Madero que hoy cumple de manera interina Ricardo Anaya.

Operación levadura

En el abultamiento del padrón panista se ve la operación que realizaron gobernadores albiazules como Rafael Moreno Valle, en Puebla, y Guillermo Padrés Elías, en Sonora.

Estas entidades -junto con el Distrito Federal y Nuevo León- son las que presentaron en términos porcentuales el mayor incremento en el número de simpatizantes.

El Distrito Federal fue la entidad que presentó el mayor crecimientos de seguidores: un 303 por ciento.

En mayo de este año el PAN capitalino tenía apenas 8 mil 177 militantes.

Hoy, seis meses después, el padrón se disparó hasta llegar a los 32 mil 996 activos que tendrán derecho a voto en las elecciones internas que se llevarán a cabo a principios del próximo año.

El mayor número de afiliaciones se le atribuyen a Jorge Romero, delegado de la Benito Juárez, la única delegación que gobierna Acción Nacional en la Ciudad de México.

Después de la Ciudad de México, Sonora es el estado donde creció más en términos porcentuales el padrón de militantes panistas.

Hace un año el número de albiazules se ubicaba en los 6 mil 822.

Pero hoy el padrón se infló hasta llegar a los 24 mil 705 activos, lo que representa un aumento del 262 por ciento.

En Sonora la afiliación estuvo a cargo de los grupos afines al gobernador Guillermo Padrés Elías buscando controlar el proceso de designación del próximo candidato panista a la gubernatura.

La División del Norte

En Nuevo León, donde el próximo año se disputará elecciones para elegir a gobernador, alcaldes y diputados, el polémico padrón panista creció un 204 por ciento.

En menos de un año pasó de 11 mil 587 militantes, que había hasta el cierre del año pasado, a 35 mil simpatizantes.

El mayor número de afiliaciones fueron llevadas a cabo por el grupo de La División del Norte, que encabeza José Serrano e Iván Garza, panistas afines al exdirigente nacional Gustavo Madero.

Incluso Iván Garza, quien hoy es uno de los aspirantes a la candidatura panista por la Alcaldía de Monterrey, hace tres años estuvo al frente del Registro Nacional de Miembros.

También se sabe que el Grupo San Nicolás, que encabeza el exdelegado de la SCT, Zeferino Salgado, y el exalcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, operaron para aumentar el padrón albiazul en Nuevo León y su influencia en los procesos internos.

También la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, utilizó su cargo para aumentar su fuerza en el padrón panista de la capital de Nuevo León, que será clave en sus aspiraciones por la gubernatura del Estado.

En Nuevo León existe el antecedente de la elección del 2009 en la que el CEN albiazul canceló los procesos internos de selección de candidatos y llevó a cabo designaciones directas porque no existía confianza en el padrón de militantes.

El excandidato a la gubernatura de Nuevo León, el expanista Fernando Elizondo, se refería como la “afiliación perversa” a la operación que realizaron los grupos para hacerse del control de las votaciones.

Un Estado pintado de azul

El Estado de México se convertirá en la entidad con el mayor número de albiazules registrados en México.

De acuerdo al Registro Nacional de Miembros, Edomex tiene en la actualidad 42 mil 384 militantes registrados que tendrán derecho a votar en los próximos procesos internos para elegir candidatos.

El padrón albiazul en el Estado de México –donde el PAN como en el DF es la tercera fuerza electoral- en un año creció un 177 por ciento.

Después del Estado de México, los panistas de Veracruz serán los que tendrán mayor fuerza en la estructura panista.

En el último año el número de panistas creció en este estado un 146 por ciento.

Hace unos meses el padrón albiazul veracruzano llegaba apenas a 16 mil 849 militantes.

Hoy esa cifra alcanza los 41 mil 523 simpatizantes.


El operador detrás de este insólito incremento se llama Miguel Ángel Yunes, excandidato del PAN a la Gubernatura de Veracruz, que controla a través de su hijo la Alcaldía de Boca del Río.

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, también está operando en el padrón poblano ya su proyecto político para convertirse en el aspirante albiazul a la Presidencia de México en el 2018.

El número de panistas registrados en Puebla pasó de 13 mil 461 militantes que existían hace un año a 35 mil 911 simpatizantes que serán un factor tanto en la elección por la dirigencia nacional el próximo año como por la candidatura presidencial en el 2018.

Los panistas de Puebla, junto con Edomex, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, representarán la mitad del padrón nacional del PAN con la actual configuración.

El bastión de Calderón

En Michoacán el padrón albiazul creció un 98 por ciento: pasó de 8 mil 349 a 16 mil 506 militantes activos.

Este incremento supone un riesgo para la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón y aspirante a la candidatura albiazul por la gubernatura de este estado.

“La Cocoa” cree tener asegurada la candidatura albiazul, pero con este abultamiento de la estructura panista en Michoacán la fuerza interna pudo haber cambiado y beneficiado a otro aspirante.

Querétaro es otro de los estados, junto con Baja California, donde se presentó un aumento importante en el padrón albiazul.

En Querétaro la base de simpatizantes se infló un 90 por ciento. De 6 mil 961 pasó, en menos de un año, a 13 mil 224 militantes panistas, que serán los que elegirán al próximo candidato del PAN a la gubernatura.

Este estado es importante para el actual dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, quien se perfila como el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, gobernado por el priista José Calzada.

En la reconfiguración panista de cara al 2015 el estado de Jalisco se consolida como una de las entidades con mayor número de panistas registrados.

Hace un año la militancia en ese estado se ubicó en 20 mil 731 militantes, tras el programa de refrendo que realizó el CEN a nivel nacional.

Hoy –de acuerdo al RNM- en Jalisco existen 37 mil 261 simpatizantes, lo que significó un 80 por ciento de aumento.


En Jalisco el control de la militancia es repartido entre varios grupos entre ellos el que encabeza el diputado federal Isaías Cortés Berumen y su hermano el legislador local, Hernán Cortés, expresidente del PAN en ese estado.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

La frágil democracia en llamas

MÉXICO, D.F: El 7 de julio de 2015 habrá elecciones en 16 estados. En nueve de ellos se elegirá gobernador, diputados locales y presidentes municipales, y los dos últimos puestos en las otras siete entidades, además de que a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados.

Pero visto desde las circunstancias actuales, el proceso electoral tendrá serios problemas por la crisis de gobernabilidad que hoy padecemos.

Desde ahora se ha comenzado a detectar que la frágil democracia mexicana está en riesgo por la ausencia de justicia, los altos niveles de violencia y los indicios de una clara fusión de políticos y miembros del crimen organizado, ávidos de instalarse en las posiciones de gobierno.

Los escandalosos casos de simbiosis entre narcotraficantes y políticos –como ocurrió en Guerrero con el presidente de Iguala, José Luis Abarca, y el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quienes protegían al grupo Guerrero Unidos, o en Michoacán con los exgobernadores Fausto Vallejo y Jesús Reyna, que recibieron dinero de los Caballeros Templarios– son los ejemplos más claros y recientes del poder del narcotráfico en las elecciones.

La incipiente democracia mexicana también está en peligro porque las instituciones que la soportan no responden a los intereses ciudadanos, sino a grupos políticos, a emporios económicos –como las grandes empresas de medios– y al propio gobierno federal emanado del PRI, que pretende perpetuarse en el poder a como dé lugar.

Con el fracaso de la transición a la democracia con los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón devino un proceso de debilitamiento en todas las estructuras e instituciones de gobierno, judiciales y legislativas, y con ello la oportunidad para que el crimen organizado se posicionara erigiéndose en cogobierno o en narco- Estado en algunas regiones del país, donde los grupos criminales son los que controlan el territorio y establecen su ley de terror y violencia.

No hay nada que garantice que las próximas elecciones estén blindadas del poder del crimen organizado, cuando recientemente hemos visto a gobernadores, presidentes municipales, senadores y diputados locales y federales involucrados con algunas bandas criminales.

La falta de justicia, esto es, el reino de la impunidad, permite que los criminales y sus socios políticos establezcan nuevos pactos o alianzas en algunas de las entidades donde habrá elecciones, como Sonora, Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México, donde hoy se ven con mayor poder.

En su ambición por alcanzar más espacios, los partidos políticos no han establecido los filtros y diques necesarios para impedir que lleguen miembros de grupos del crimen organizado interesados en cotos de poder como no los tenían antes en el gobierno.

La corrupción entre la clase política es el terreno más fértil para que el narco-Estado expanda sus redes y tentáculos por otras regiones del país que son propicias para el negocio del tráfico de drogas o las nuevas vertientes económicas del crimen organizado: extorsión, secuestro, cobro de impuestos y control del mercado informal.

Pero también lo es la impunidad. El caso de Ayotzinapa, Guerrero, donde ha habido una clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y colusión entre crimen organizado y grupos políticos, ha prendido la mecha de una llamarada que ya alcanzó las puertas del Palacio Nacional y las sedes del gobierno y del Congreso local.

Esta rabia contenida también se ha reflejado en las agresiones a los perredistas Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas y Jesús Zambrano, que bien podrían replicarse hacia miembros de otros partidos políticos, pues la gente, el ciudadano de a pie, ha comenzado a manifestar su hartazgo en agresiones. La ministra Olga Sánchez Cordero fue interpelada en un foro en Veracruz bajo el grito de “asquerosa ladrona”, por un joven que le reclamó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de impedir la consulta a la reforma energética.


La inconformidad social traducida en violencia crece conforme salen más escándalos, como la casa de 7 millones de dólares que construye la esposa de Enrique Peña Nieto con sus “ahorros” como actriz, según argumentó el vocero del gobierno federal. Y no se descarta que llegue hasta las elecciones del año que viene, pues lo más probable es que sigan saliendo nuevos escándalos de corrupción, impunidad, injusticia y colusión de narcos y políticos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS (ANÁLISIS)