miércoles, 12 de noviembre de 2014

El gobierno mexicano “ha fracasado”: The New York Times

En el editorial 'Ley y Orden en México', el diario estadounidense criticó la "impunidad" ante casos como el de Ayotzinapa y Tlatlaya.

En su más reciente editorial sobre México, el diario estadounidense The New York Times criticó este martes 11 de noviembre el “fracaso” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tiene a “los mexicanos comprensiblemente indignados”.

El New York Times hizo referencia a la protestas que han ocurrido en el país para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado: el lunes 10 de noviembre, normalistas y familiares de los estudiantes tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional del puerto turístico de Acapulco, luego de un fin de semana de protestas en la Ciudad de México, después de que el viernes pasado el procurador Jesús Murillo Karam infomara que “hay indicios” de que los jóvenes fueron asesinados y luego incinerados. 

“Los mexicanos están comprensiblemente indignados con un gobierno que ha fracasado en dar seguridad, respetar el estado de derecho, lograr que los criminales respondan por sus actos y garantizar que haya justicia para las víctimas y sus familias”, indicó el diario en el editorial titulado Law and Orden in Mexico (Ley y Orden en México).

“Cuando los miembros de las bandas del crimen organizado o de las fuerzas de seguridad cometen un asesinato, saben que hay muchas probabilidades de que los casos queden en la impunidad“, agregó.

Asimismo, el diario también criticó el caso ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, donde en junio pasado militares asesinaron a 22 civiles; siete fueron consignados. “Se trata de dos de las mayores atrocidades que se han cometido en México en los últimos años”, indica el editorial citando al director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco.

Acerca del mensaje de Murillo Karam, el Times dijo que a pesar de los avances en la investigación aún quedan preguntas sin responder, por ejemplo: “¿Siguen con vida algunos de los estudiantes desaparecidos?“, y en este sentido también criticó la reacción tardía de las autoridades para investigar la desaparición de los normalistas.


La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso 10 días después de las desapariciones forzadas, debido a que la Fiscalía de Guerrero cedió la investigación tras determinar la participación del grupo delictivo Guerreros Unidos, explicó Murillo Karam el viernes pasado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Implicaciones legales por no concluir contratación del Tren México-Querétaro

Este es un texto elaborado por Mónica Barrera, la testigo social del proceso de licitación del nuevo operador del sistema de telepeaje, quien aborda la revocación de la licitación del nuevo tren de alta velocidad.

La Licitación Pública Internacional Abierta No. LO-009000988-I55-2014, para el otorgamiento de un contrato mixto de obra pública para elaborar el Proyecto Ejecutivo definitivo, la construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento de: (i) una vía férrea, (ii) material rodante, (iii) equipos y sistemas y demás componentes del proyecto del Tren de Alta Velocidad México, D.F.- Santiago de Querétaro, Querétaro, concluyó con la emisión del fallo el pasado lunes 3 de noviembre.

Sólo tres días después, el pasado jueves 6 de noviembre, en la noche, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el comunicado 310, mediante el cual se señala que el Presidente de la República instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México Querétaro.

Esta determinación implica la no formalización del contrato entre la SCT y el consorcio  ganador de la licitación, integrado por las ocho empresas siguientes: Constructora y Edificadora GIA+A, S.A. de C.V.; Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.; Constructora TEYA, S. A. de C.V.; GHP Infraestructura Mexicana S.A.P.I. de C.V.; China Railway  Construction Corporation Limited; China Railway Construction Corporation (International) Limited; China Railway Construction México, S.A. de C.V.; y CSR Corporation Limited.

La no firma del contrato, determinada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tiene, en principio, la implicación legal del pago de los denominados gastos no recuperables, conforme a lo estipulado por el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, a partir de este momento, Ley de Obras Públicas,  así como por el artículo  82 de su Reglamento.

Estas disposiciones determinan que la SCT, a solicitud escrita del consorcio ganador, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el consorcio  para preparar y elaborar su proposición, que se limitará a los siguientes conceptos: costo de pasajes y hospedaje del personal que haya asistido a los diversos eventos del proceso licitatorio; y al costo de la preparación e integración de la proposición, que exclusivamente corresponderá al pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que haya participado en forma directa, el costo de los materiales de oficina utilizados, el pago por el uso del equipo de oficina y fotocopiado, y el costo por la impresión de planos, siempre que los costos y gastos cumplan con estas tres condicionantes: sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

El consorcio tiene tres meses para solicitar por escrito a la SCT, a partir de la notificación al consorcio de la resolución de la SCT de no formalizar el contrato, el pago de los gastos no recuperables. La SCT tendrá un término que no podrá exceder de 45 días posteriores a la solicitud fundada y documentada del consorcio, para pagar los gastos no recuperables que procedan. 

En suma, la motivación y fundamentación que haya utilizado la SCT en esta notificación de la resolución de no formalizar el contrato adjudicado podrá dar origen, en el mejor de los casos, al pago de gastos no recuperables, y si así lo determina el consorcio ganador, a la presentación de una inconformidad ante el órgano Interno de Control de la SCT o ante la propia Secretaría de la Función Pública.

Conforme al artículo 83 de la Ley de Obras Públicas, fracción V,  relativa a que por resolución de SCT se impidió la formalización del contrato, el consorcio ganador podrá presentar una inconformidad dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido  para la firma del contrato que es, conforme al acta de fallo de fecha 3 de noviembre de 2014,  el 2 de diciembre de 2014. Así el consorcio ganador tiene como plazo para presentar la inconformidad el 10 de diciembre de 2014.

La inconformidad podrá ser procedente si y sólo sí es promovida por los ocho integrantes del consorcio ganador.

Se desconoce si se podrán de acuerdo los ocho integrantes del consorcio para presentar una inconformidad y si la autoridad competente, en este caso la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control de la SCT, toda vez la instrucción del titular del ejecutivo federal, vaya a considerar procedente la inconformidad.

En caso de que la autoridad competente no considere procedente la inconformidad, el consorcio podrá ampararse ante el Poder Judicial Federal y puede en este caso ser favorecido por la suspensión; adicionalmente, el consorcio pudiera  combatir la decisión de la no procedencia de la inconformidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que también depende del Ejecutivo Federal. Una vez agotada esta instancia en el Ejecutivo Federal  y si el consorcio no es favorecido con la decisión de este Tribunal Administrativo del Ejecutivo Federal, las empresas podrán acudir a la siguiente instancia que se desahoga en el Poder Judicial Federal e incluso, de acuerdo a lo alegado, pudieran llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

La presentación de la inconformidad se considera poco probable, dado que las empresas del consorcio volverán a participar en la próxima licitación.

En el peor de los casos para la SCT, y por ende para el Estado mexicano,  el consorcio, fundando y motivando conducta irregular de la autoridad, puede conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, solicitar que se le cubran los daños que le hubiere ocasionado la conducta de la autoridad (aquí pudieran incluirse las pérdidas en el valor accionario de las empresas del consorcio que cotizan en Bolsa y que a raíz del comunicado 310 de la SCT, se suscitaron)  e incluso pudiera demandar el consorcio, con base en esta legislación, perjuicio directo que corresponde a las cantidades que el consorcio debió ganar.   El perjuicio directo pudiera ser planteado como la ganancia de los $50, 820’ 264, 042. 82 pesos, sin incluir IVA, que el consorcio dejó de percibir por la presunta conducta irregular de la autoridad. Hasta podrían demandar daño moral que equivale al 5% del daño ocasionado. Cabe señalar que se considera difícil que en un Estado de Derecho, la autoridad judicial pudiera conceder el pago de este perjuicio directo, pero es un escenario. En caso de probarse la responsabilidad patrimonial del Estado, podrían proceder también, responsabilidades administrativas significativas para los servidores públicos involucrados en la conducta demandada de la autoridad y otro tipo de responsabilidades, dependiendo del nivel jerárquico de los servidores públicos a los que se haya probado conducta irregular. Las implicaciones legales también pudieran rebasar el ámbito administrativo.

Este último escenario se considera muy poco probable, dada la relación con China y la política internacional entre ambas naciones; además de que las empresas del consorcio volverán a participar en la siguiente licitación del Tren rápido.

Todo esto dependerá de las decisiones, así como de la motivación, fundamentación y pruebas que aporte cada una de las partes.  


Se recomienda que en la convocatoria que se publicará a fin de mes, se cambien de una vez condiciones de la convocatoria de la licitación que motivó el fallo del pasado 3 de noviembre y que aseguren todavía más y mejores condiciones para el Estado Mexicano, toda vez que conforme a la Ley de Obras Públicas, motivaría y fundamentaría mayormente el actuar de la SCT en cuanto a la no formalización del contrato adjudicado al consorcio ganador y minimizaría las implicaciones legales de esta decisión.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Casa blanca muestra fragilidad del régimen de transparencia en el país: Pulido

La residencia se compró gracias a un mecanismo de financiamiento que tiene una "arquitectura de sofisticación muy compleja", señaló el director de Fundar.

La investigación sobre la casa blanca en Las Lomas de Chapultepec, propiedad de Angélica Rivera -según informó la Presidencia de la República-, sirve para poner de una vez por todas un golpe en la mesa y mostrar la fragilidad de nuestro régimen de transparencia, afirmó Miguel pulido, director de Fundar, centro de análisis e investigación.

En entrevista para Aristegui CNN, apuntó que en México falta una doctrina sobre lo que es el interés público y, asimismo, falta un compromiso serio de los servidores públicos de entender que están sujetos a un estándar de fiscalización superior.

Sobre la casa de Rivera, consideró que podría afirmar que hay un conflicto de interés, el cual está regulado y tipificado en la Ley General de Responsabilidades de la Administración Pública por lo que el tercer actor que está llamado a dar explicaciones serias y contundentes es la Secretaria de la Función Pública.

Pulido llamó “a pensar en el interés público, a la noción de lo público en el sentido de que nos pertenece a todos, que tiene que ver con el criterio en función de los cuales los servidores públicos toman decisiones o dejan de tomar decisiones y que de eso se trata la regulación del conflicto de interés como una medida de prevención de afectaciones de lo que nos pertenece a todos”.

Indicó que es de suma relevancia lo que expuso la investigación sobre la casa blanca y, sobre todo, la reacción de la propia oficina de la Presidencia, quien reconoció un mecanismo de financiamiento que tiene una “arquitectura de sofisticación muy compleja y esto hay que señalarlo”, en referencia a que fue adquirida a una empresa (Ingeniería Inmobiliaria del Centro) sigue a nombre de ella, y Rivera hace abonos a la propia empresa para terminar de pagarla.

“Vayamos con profundidad a las medidas preventivas de corrupción, por ejemplo (el tema) conflicto de interés, ahí si les tiembla la mano y por eso es que no podemos conocer lo que tienen y por eso es que es de tanto escándalo internacional lo que ha salido a la luz, primero como un asunto de interés periodístico pero me parece que hoy más que nada es un asunto de debate jurídico y un asunto de debate de carácter público en el sentido gubernamental”, subrayó Pulido.

Por otra parte Guillermo Ávila, investigador de Fundar -también en entrevista en CNN-, señaló que vale la pena hacer notar los límites y las fallas que hay en la regulación de las declaraciones patrimoniales y los conflictos de interés, en el sentido de la rendición de cuentas.

Además, indicó que en este caso se trata de la cónyuge de un servidor público (el Presidente de la República), quien tiene la mayor notoriedad dentro de la administración pública en el país, y está obligado a presentar la declaración patrimonial tanto de él como de ella, pero no tenemos acceso público a esa información, señaló, en referencia a cuáles son todos los bienes de Angélica Rivera.

VÍDEO:


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Confirma Televisa que transfirió la primera casa de Rivera; es un “incentivo” por contrato

“Las operaciones están documentadas y un tercero, el fiduciario, otorga el uso y goce a los artistas respectivos... en términos del contrato de exclusividad correspondiente”, informaron a CNN fuentes de la televisora.

Luego de que Aristegui Noticias publicara que, en 2010, Televisa Talento S.A. de C.V. transfirió a Angélica Rivera su casa de Paseo de las Palmas 1325, en la colonia Lomas de Chapultepec, la cual está conectada a la casa blanca que la actriz adquirió en 2012, CNN dio a conocer que -según fuentes de la televisora- un “centenar de profesionales” han obtenido, desde hace más de una década, los beneficios de este esquema de incentivos.

“Las operaciones están documentadas y un tercero, el fiduciario, otorga el uso y goce a los artistas respectivos y eventualmente la transmisión de la propiedad del inmueble en su favor, en términos del contrato de exclusividad correspondiente”, puntualizaron “fuentes” de Televisa, consultados por CNN.

Además,informaron que sus actores, actrices -como es el caso de Rivera-, productores, escritores y directores, cuando laboran para la empresa “tienen como parte de su respectivo contrato un derecho para adquirir inmuebles en los términos establecidos en el mismo, así como para recibir, en su momento, una terminación”.

“Este derecho busca incentivar y retener talento en el largo plazo y favorecer la generación de un patrimonio. La señora Angélica Rivera firmó diversos contratos bajo este esquema, siendo el último que firmó en el año 2004. Al amparo del mismo recibió una primera propiedad en ese año y otra en 2010, misma que eligió en 2008. Esta última, ubicada en Paseo de las Palmas”, refirieron.

Sin embargo, oficialmente, Televisa no ha informado nada sobre este tema.

La transacción a favor de la hoy esposa de Enrique Peña Nieto ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México. 

Dicho inmueble transferido por Televisa, y ubicado sobre Paseo de las Palmas 1325, fue valuado en 27 millones 651,744 pesos. La otra casa -denominada “la casa blanca”- que colinda con la primera, y está ubicada sobre la calle Sierra Gorda,  está valuada en 7 millones de dólares (unos 86 millones de pesos). 

Angélica Rivera trabajó para Televisa, sobre todo en telenovelas, desde 1989; la última la protagonizó en 2007, “Destilando Amor”, donde interpretó a “La Gaviota”. En 2008, inició su relación con Peña Nieto, y en 2009 se mudó a la residencia de Paseo de las Palmas, según la entrevista que concedió ese año a la revista Quién.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

El amargo 'Crunch'

El ofensivo tuit desde la cuenta de Nestlé, a causa de un hackeo, generó indignación a nivel mundial. Pero la marca no es la primera que es condenada por este tipo de ‘mala publicidad’ respecto a situaciones delicadas.

El fin de semana, México y el mundo "ardieron" junto con las protestas y manifestaciones que piden justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y es que este hecho ha conmocionado, enfurecido y encendido a la sociedad y al mundo entero.

En las redes sociales se ha inundado de sed de justicia, dolor y hasta indignación por parte de los mexicanos, los padres de los normalistas y de ciudadanos de otras naciones que se han solidarizado con nuestro país.

Por ello, cuando se publicó vía el sitio de microblogging Twitter, desde la cuenta para México de Crunch, producto de la marca Nestlé, que “a los de Ayotzinapa les dieron Crunch”, la gran mayoría reprimió esta falta de tacto, respeto y humanidad.

El mensaje fue Trending Topic a nivel mundial y, como era de esperarse, a las pocas horas Nestlé dio a conocer que se trataba de una broma de mal gusto. Después, publicó que todo era producto de un hackeo a su cuenta oficial.

A su vez, Nestlé lamentó el hecho, ofreció disculpas y se solidarizó con las familias de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre.

Sin embargo, para algunos usuarios el hecho de primero expresar que fue una mala broma y después decir que se trataba de un hackeo, solamente exhibió que probablemente la compañía utilizó esa lamentable estrategia para causar revuelo en dicha red social.

Y es que, de haber sido una desagradable estrategia “publicitaria”, la respuesta del público consumidor fue sin duda la contraria, pues con igual viralidad se extendió en redes sociales (no solo en Twitter), una campaña con la que se boicoteaba al producto, y en la que miles de usuarios expresaron que no volverían a comprar el chocolate.

No fue el único

Nestlé no es la única compañía que ha cometido graves errores a través de las redes sociales que, por naturaleza, pueden ser de doble filo. Otras marcas que han encendido la furia de la Red son la cadena de pizzerías 50 Friends, Honda, Epicurious y AT&T.

La cadena de pizzerías 50 Friends publicó también en Twitter el siguiente mensaje: "#AccionGlobalporAyotzinapa ustedes esperan a sus hijos, nosotros esperamos llevar comida a los nuestros, dejen de cerrarnos negocios…”. A diferencia de Nestlé, esta empresa descartó que este tuit se tratara de un hackeo, y expresó que fue un error, pues se compartió la clave de Twitter a un cajero de la sucursal ubicada en Paseo de la Reforma.

Otro ejemplo de indignación en redes sociales fue el del sitio de comida Epicurious, que tras los atentados con bombas en el maratón de Boston, en el 2013, tuiteó: "Boston, nuestros corazones están con ustedes. Este es un tazón de desayuno energético que todos podemos usar para comenzar hoy", a su vez publicó "En honor de Boston y Nueva Inglaterra, le sugerimos: bollos de arándanos de grano entero". Los usuarios del sitio de microblogging calificaron a Epicurious como "insensible", por lo que este se disculpó a nivel masivo, y de manera pública.

En el 2011, la compañía automovilística, Honda, lanzó una convocatoria vía Facebook para que el público (usuarios) dejaran sus opiniones y puntos de vista sobre el Accord Crosstour. La mayoría criticó severa y negativamente al auto, a excepción de un internauta cuya identidad era Eddie Okubo.

Eddie le "echó flores" al producto, pero fue descubierto por otro usuario, quien lo identificó como el Gestor de Planeación de Productos de Honda. La compañía eliminó los comentarios de Eddie y expresó que se habían borrado debido a que Okubo no dio a conocer quién era, ni estableció su relación con la empresa.

Y como olvidar el error de AT&T y el 11 de septiembre. La compañía se tuvo que disculpar después de publicar, en Twitter y Facebook el 11 de septiembre de 2013, una imagen en la que aparecía una mano sosteniendo un teléfono inteligente, y en el fondo se mostraban las que fueran las Torres Gemelas, acompañadas de la insignia “Never forget” ("Nunca olvides", en español).

El público de la Red amenazó con cambiar de operador telefónico y calificó este mensaje como desagradable. 

En consecuencia, la compañía AT&T lo eliminó de toda red social y señaló: “Nos disculpamos con cualquiera que sienta que nuestra publicación fue de mal gusto. La imagen sólo quería rendir tributo a los afectados por la tragedia del 11 de septiembre”.


Y es que el problema de un hackeo pone en riesgo no solo la integridad de las marcas y/o productos, también pone en tela de juicio la credibilidad y seriedad de los mismos. Además, un error de ese índole puede costarle muy caro a una marca o compañía , sobre todo si se trata de situaciones delicadas y lamentables, como la desaparición de los 43 normalistas y la repercusión que este hecho tiene a nivel político y social.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: MARÍA ALESANDRA PÁMANES

Falta capacitación en el INM para atender a niños migrantes que viajan solos: ACNUR

MÉXICO, D.F: El representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Hamdi Bukhari, alertó sobre la falta de capacitación de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) para atender a miles de menores centroamericanos que cruzan, solos, el país, expulsados por la violencia endémica en sus lugares de origen.

Durante la presentación del informe “Arrancados de raíz. Causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional”, Bukhari recordó que “asegurar la protección, el acceso al procedimiento a los niños que entran a México es una responsabilidad y es un derecho no es un favor que se hace a estos niños”.

En su estudio, la ACNUR encontró que 75% de los niños detenidos no recibieron información por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre su derecho a solicitar refugio ante las condiciones de violencia de sus países de origen.

El representante de la ACNUR resaltó en la presentación de los resultados del informe la urgente necesidad de “capacitar y sensibilizar” a personal del INM a fin de identificar a menores de edad que cumplen con lineamientos internacionales para acceder a un proceso legal que les permita obtener la condición de refugiado.

Bukhari admitió que esto es un reto mayúsculo cuando muchos de los 272 niños, niñas y adolescentes encuestados “banalizan la violencia”, a pesar de que han sido víctimas desde sus países de origen o en el tránsito por México.

El informe coordinado por el investigador Abdel Camargo revela que 48.6% de los niños entrevistados en grupos de discusión y de forma individual, habían salido de sus países de origen, Honduras, El Salvador y Guatemala, por “una situación asociada a algún tipo de violencia –golpes, amenazas, intimidación e inseguridad— (…) evidenciando el grave nivel de desprotección en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en esta región del mundo”.

De acuerdo con el investigador, de octubre a diciembre de 2013  fueron entrevistados en las estaciones migratorias de Tapachula, Chiapas, y la de Iztapalapa, en el Distrito Federal,  124 menores guatemaltecos, 109 hondureños y 39 salvadoreños, lo que permitió identificar la prevalencia de una violencia generalizada en la región, tanto en su entorno social como familiar, y la ausencia de la protección de sus gobiernos para atenderlos como orígenes de la búsqueda de nuevas oportunidades.

El informe de la ACNUR da cuenta de que 60% de los niños de Honduras identificaron a la violencia como la causa de expulsión, en tanto que esa condición se aprecia en 40% de los niños guatemaltecos y 33.3% en los salvadoreños.

En su exposición, Camargo  resaltó que la mayor parte de los adolescentes y los niños describieron situaciones de “amenazas, inseguridad e intimidación” provenientes del entorno social, es decir, de grupos de delincuencia organizada y pandillas que buscan reclutar a menores varones de entre 13 y 17 años.

En el caso de las adolescentes y las niñas, apuntó el investigador, la violencia descrita tiene que ver con “golpes y maltratos”, originados del entorno familiar, sobre todo entre menores de 12 años.

Las otras causas de migración descritas por los niños son la búsqueda reunificación familiar, siendo el principal motivo de migración para 40% de los menores salvadoreños; 20%; para los hondureños y 15% para los guatemaltecos;  en tanto que los motivos económicos movieron a 50% de los niños guatemaltecos entrevistados, y a los hondureños y salvadoreños, en 20%  respectivamente.

La investigación de Camargo detectó que el 95% de los aseguramientos de los menores ocurren en Chiapas, y que el 70% de los agentes aprehensores son funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) que no informan a los niños de sus derechos y por el contrario, orientan a que renuncien a ellos.

A partir de las entrevistas, el consultor de ACNUR detectó que la policía federal es señalada mayormente como la principal fuente de extorsión, con 9.6%. Le siguen el Ejército, con 5.6%, la Marina, con 1.4% y la policía estatal, con el mismo porcentaje.

En la presentación del documento, el jefe de la Unidad de Protección de ACNUR, José Francisco Sieber, puntualizó que para México el “gran desafío que tenemos es la gran invisibilidad de estos niños”.


“Se  requiere de capacitación, de una especificidad profesional técnica, no sólo de los OPi´s.  sino todo oficial de migración, el oficial de policía desde, la municipal, estatal federal, tienen que tener esta sensibilidad de tomar la decisión sobre quién es o no un niño sujeto a ser refugiado y por lo tanto a recibir protección internacional, en México a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), tiene que haber sensibilidad para que, frente a las circunstancias y los relatos, se canalice al niño, niña o adolescente a esa dependencia y no su expulsión inmediata”, puntualizó Sieber.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Exige Morena la renuncia de Murillo Karam por caso Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: El presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, exigió la renuncia del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por “inconsistencias” en las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

La actuación de Murillo Karam, advirtió, “amerita que salga inmediatamente de la dependencia por omisión, encubrimiento, obstrucción de la justicia y manipulación política de este tema”.

Batres agregó en rueda de prensa que la conducta del titular de la PGR “ha dificultado la resolución del caso, la localización de los normalistas de Ayotzinapa y la detención de todos los responsables”.

No sólo eso, pues Murillo Karam “tuvo conocimiento de conductas delictivas del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, desde el 3 de julio de 2013, cuando recibió la averiguación previa relacionada con los homicidios de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Bandera Román”.

El 18 de marzo anterior, abundó Batres, la PGR fue informada nuevamente de este caso. Y de nuevo el 1 de mayo pasado. Es decir, “en tres ocasiones en el periodo en el que ha sido procurador Jesús Murillo Karam”.

Martí Batres sostuvo que, durante los hechos violentos registrados en Iguala los días 26 y 27 de septiembre, la PGR “se mantuvo totalmente pasiva y una vez que se tuvo conocimiento de los seis homicidios y 43 desapariciones, se abstuvo de atraer el caso”.

Y es hasta el 6 de octubre, 11 días después, acotó Batres, “que la Procuraduría anuncia que encabezará las investigaciones”.

También destacó que la búsqueda de los 43 normalistas se ha orientado a buscar muertos y no vivos.

“No hay información alguna de las pesquisas en casas de seguridad, cárceles clandestinas u otros espacios donde pudieran encontrarse con vida los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa”, resaltó.


Es por ello que en Morena, advirtió Batres, “rechazamos la versión del procurador sobre el destino de los normalistas. La lucha por su presentación con vida debe continuar por la vía pacífica. Insistimos en realizar una investigación independiente a través de una comisión de la verdad que pueda dar con el paradero de los estudiantes y con todos los responsables”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Se alían Cártel del Golfo y Los Zetas

Los grupos criminales anuncian en un comunicado una alianza en Tamaulipas con la que llegará la vieja escuela del narcotráfico, que inició el Cártel del Golfo.

A una semana del asesinato del general Ricardo César Niño Villarreal, responsable de seguridad en Tamaulipas, el Cártel del Golfo y Los Zetas anunciaron una alianza en la entidad.

Según un comunicado conjunto difundido ayer por el Blog del Narco, estos dos grupos criminales ya no están peleando entre sí. 

“Estamos más unidos que nunca queremos la Paz para Tamaulipas”, señala el documento firmado por Juan Reyes Mejía González, alias “El R1” y líder de Los Rojos del CDG, así como por el fundador de Los Zetas Rogelio González Pizaña, “El Kelin”.

Con esta alianza, según el comunicado, llegará la vieja escuela del narcotráfico que inició el Cártel del Golfo, liderado por Juan García Abrego, capturado en 1996 en una finca en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Al ser apresado, llegó Osiel Cárdenas Guillén, un expolicía federal que tomó las riendas de este cartel en 1998, y formó su brazo armado llamado Los Zetas.

Pero su captura, en marzo de 2003, originó que Los Zetas rompieran la relación con el Cártel del Golfo y comenzó la disputa encarnizada por la plaza de Tamaulipas, guerra que se extendió hasta los estados de Nuevo León y Coahuila.

La vieja escuela del narcotráfico tiene como fundamento tres leyes: no meterse con la población civil, respetar a las familias de los narcotraficantes y el territorio.

“NO SE PREOCUPEN, NO SEAN PARANOICOS ESTO PRONTO SE VA ACABAR.


ESTO UN REACOMODO, PRONTO SE VAN ACABAR LAS EXTORSIONES, SECUESTROS, DERECHO DE PISO HABRA PAZ ZETAS X CDG= SE VIVIRA EN PAZ (sic)”, advierte el panfleto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Reclaman al Tec por carrera de periodismo

Indigna a padres de familia, a estudiantes y a egresados de la carrera de periodismo del Tec, la posibilidad de que la institución cierre esta licenciatura.

Ante la posibilidad de que el Tecnológico de Monterrey cierre la Licenciatura en Periodismo y Medios de Información (LMI), más de cien personas reclaman hoy a los directivos de la institución.

Mediante una carta abierta, con más de 100 firmas, decenas de padres de familia, estudiantes y egresados de esta carrera exigen al presidente del Tec, Salvador Alva, y al rector, David Noel Ramírez Padilla, respetar la esencia del programa académico.

“Es evidente que la situación actual que afronta nuestro país requiere de un periodismo cada vez más profesionalizado”, establece la misiva. “El periodismo libre es indispensable para la construcción de una sociedad libre y democrática.

“Los periodistas profesionales contribuyen a una sociedad más justa, a un gobierno más transparente y a empresas más comprometidas con la sociedad.

“Sería irónico que una institución como el Tecnológico de Monterrey, que presume como uno de sus mayores valores el ‘sentido humano’, eliminase una de las carreras que más vinculan al sector gubernamental y empresarial con la sociedad”.

Esta reacción ocurre tras la circulación de información interna que señala que LMI está en riesgo de cerrar por “falta de quórum”.

Incluso, en agosto, Salvador Alva concedió una entrevista a CNN Expansión en la que expresó que las carreras con menos de 30 alumnos no tienen por qué abrirse, a pesar de que asegura que la casa de estudios busca crecer en calidad y no en cantidad.

“Es fuerte decirlo, pero hoy las carreras son desechables, se pueden ir al bote de la basura, pues mucho de lo aprendido, al salir es totalmente obsoleto”, manifestó entonces el presidente del Tec.

Ante estas declaraciones, destaca la reacción de los padres de familia, quienes expresan en la carta su inconformidad con la filosofía de Alva.

“Es importante subrayar que nuestros padres de familia se encuentran indignados ante la posibilidad de que el programa cierre o que sufra cambios que alteren su esencia”, estipula el escrito.

“¿Qué educación están pagando?, se cuestionan. ¿Es justo invertir en un programa educativo del Tec de Monterrey para luego toparse con la noticia que cerrará porque fue considerado ‘desechable’, ‘obsoleto’ o ‘prescindible’?.

“¿Acaso la ‘utilidad’ o importancia de una carrera se mide en número de matrículas por semestre?”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PABLO CORTES.

Más de 8 mil homicidios dolosos en primer semestre del año: Segob

MÉXICO, DF: Tan sólo en el primer semestre del año se registraron más de 8 mil homicidios dolosos en el país, 6 mil 664 delitos sexuales, 75 mil 875 lesiones dolosas, 307 mil 856 robos con y sin violencia y un total de 811 secuestros, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) enviado al Senado.

En un oficio donde Gobernación expuso los avances del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, también destacó la elaboración de un diagnóstico a partir de la información estadística disponible, e informó que se determinaron 16 estrategias y 97 líneas de carácter nacional.

En su breve reporte, la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong resaltó que busca “de manera coordinada con las entidades federales y municipales” que se articulen diferentes programas de prevención social que se financian total o parcialmente con recursos federales.

Entre esos programas, mencionó el destinado a erradicar la violencia contra las mujeres. Así, informó que se atendió a 17 mil 607 de ellas en 11 centros de justicia de Campeche, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mérida, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca y Puebla.

Además, la Comisión Nacional de Seguridad logró “promover cambios de percepción ciudadana sobre las autoridades policiales” al realizar “eventos de proximidad social en localidades como Pachuca, Campeche, Morelia, Querétaro y Hermosillo “impactando a 38 mil 694 habitantes”.

La Secretaría de Hacienda, abundó, ha destinado mil 100 millones de pesos en créditos para micros, pequeñas y medianas empresas en el marco de este programa.

El mismo programa ha atendido en Chihuahua a 230 colonias con un presupuesto de 159.1 millones de pesos; en Coahuila a 70 colonias con 87.2 millones; en el Distrito Federal se dio atención a 39 colonias con un monto de 130.9 millones de pesos, y en el Estado de México, 56 colonias con 129.3 millones.


En Guerrero, 95 colonias con un monto de 149.5 millones de pesos; en Michoacán, 248 colonias con 86.2 millones; en Morelos, 42 colonias, con 88.5 millones, y en Tamaulipas, 128 colonias a las que se destinaron 88.2 millones de pesos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

México, en escenario de convulsión social

Cuatro exguerrilleros advierten que la no presentación con vida de los normalistas desparecidos activará en México “un escenario crítico del movimiento social”. Más aún, refieren, es posible que ante el hartazgo de la población y la represión que sobrevendría, la actividad guerrillera escale en el país. Recuerdan al respecto que el Estado mexicano suele aliarse con delincuentes para hacer el trabajo sucio, como lo han demostrado las matanzas de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Un día antes de que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, diera a conocer que, según declaraciones de tres detenidos, los cuerpos de los normalistas desaparecidos fueron calcinados en Cocula, Guerrero, cuatro exguerrilleros advirtieron que, si los estudiantes no eran presentados vivos, México ingresaría a “un escenario crítico del movimiento social”, que el hartazgo de la población incide en las actividades guerrilleras y que ante una escalada de represión también es posible que escale la guerrilla.

Entrevistados por Proceso el pasado jueves 6 en la Ciudad de México, los exguerrilleros, que operaron en el estado de Guerrero, señalaron que, en caso de que los normalistas fueran encontrados muertos, podría sobrevenir una represión de los miembros de la Asamblea Nacional Popular (APN), organización que aglutina a los movimientos sociales de Guerrero que exigen la aparición con vida de los estudiantes de primer año de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Niegan que organizaciones armadas estén detrás de la APN, como han registrado informes de inteligencia de la administración de Enrique Peña Nieto, y que en algún momento ellos hayan sido intermediarios con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), como los presentó el gobierno de Felipe Calderón (Proceso 1983).

Ambas acusaciones preludian que, después de la movilización social en el país y la presión internacional por la detención y desaparición de los estudiantes, “pueden venir por nosotros”, dicen cuatro exintegrantes del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp): Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Ítalo Díaz Díaz, Hermenegildo Torres Cruz y David Cabañas Barrientos…


Fragmento de las entrevistas que se publican en la edición 1984 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Argentinos dan aliento a padres

En la reunión de ayer con el procurador, peritos de Argentina informaron a los padres de los normalistas que los cuerpos de las primeras fosas no son de sus hijos.

En el helipuerto de Chilpancingo, Guerrero, padres de los 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa se reunieron ayer con el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Al encuentro también acudió el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encargado de analizar los cuerpos encontrados en una fosa localizada en Cierro Viejo.

El equipo forense le hizo saber a los familiares de los normalistas que ya obtuvo resultados genéticos del Laboratorio The Bode Technology Group, ubicado en Estados Unidos, sobre 24 de 30 restos recuperados, y que ninguno mostró probabilidad de parentesco biológico con los estudiantes. 

El vocero de los familiares dijo que la noticia mantiene viva la esperanza de recuperar con vida a sus hijos. “Viene a dar un aliento y una seguridad de que siguen vivos”, aseguró Felipe de la Cruz.

Además de discutir estos resultados, se acordó la creación de una comisión mixta que evaluará las investigaciones por el caso Iguala. Esta será encabezada por Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

Nuevo alcalde

Silviano Mendiola Pérez estará desde hoy al frente de Iguala. Su designación ocurrió horas después de que el gobernador interino Rogelio Ortega enviara una terna con los tres nombres de candidatos para la alcaldía.  Esto debido a que Luis Mazón Alonso, suplente de José Luis Abarca, renunció horas después de rendir protesta.


Mendiola Pérez era magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de la localidad.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Alerta Amber: En luz roja

Desde que el Gobierno de Jalisco adoptó en el 2013 este protocolo de búsqueda de menores, ha tenido conocimiento de cientos de niñas y niños desaparecidos, pero sólo lo ha activado en nueve ocasiones. La CEDHJ y organizaciones señalan omisiones en su implementación.

La aplicación de la Alerta Amber en Jalisco para la búsqueda inmediata de niñas y niños desaparecidos, a través de los medios de comunicación masiva, es hasta ahora un privilegio para muy pocos en el estado.

El Gobierno de Jalisco adoptó el protocolo de la Alerta Amber el 29 de abril del 2013 y sólo la ha puesto en funcionamiento en nueve casos. 

No obstante, desde esa fecha hasta la actualidad, 141 menores de edad de la entidad se reportaron desaparecidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped), y de ellos nada se ha sabido.

La cantidad de veces que se echó a andar la alerta desde el año pasado en Jalisco, con relación al número de desapariciones de niñas y niños del que ha tenido conocimiento la autoridad estatal desde entonces, representa apenas el 6 por ciento de los casos registrados ante el Registro.

El registro oficial indica que en Jalisco hay 2 mil 113 desaparecidos, de los cuales un 14 por ciento está compuesto por menores de edad (293). 

De esa cantidad, más de la mitad, unos 152, ocurrieron durante la actual administración estatal. Y de ese número, 141 desaparecieron en Jalisco ya con la Alerta Amber vigente.

Las horas críticas

¿Por qué si la autoridad supo de cientos de menores desaparecidos usó en tan pocas ocasiones la alerta? 

La Fiscalía General del Estado (FGE), responsable de la activación y de proporcionar datos al Registro de Personas Desaparecidas, ha justificado anteriormente su inacción en los requisitos mismos del protocolo de Alerta Amber, que contemplan, además de la minoría de edad del desaparecido:

“Que se encuentre en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional. 

“Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente como: datos de las circunstancias del hecho, nombre, edad, sexo, media filiación, señas particulares, padecimientos o discapacidades, vestimenta, lugar, personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y otra información que se considere relevante”.

Esa es la versión oficial. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha evidenciado una descoordinación entre municipios y la Fiscalía, y una falta de capacitación en el personal de investigación, que provocaron que la Alerta no se activara en casos de menores que desaparecieron y que luego fueron encontrados muertos.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) ha señalado desapariciones en las que la FGE no recurre a la alerta en un primer momento, pero luego termina haciéndolo por la presión social que se genera en su contra.

Tal es el caso de Daniela Isabel Magaña Castellanos, de 17 años, cuya desaparición ocurrió el 12 de septiembre de 2014, en Zapotiltic. 

Fue hasta siete días después, el 19 de septiembre del 2014, que la Fiscalía activó la Alerta. Ese mismo día, unas mil 500 personas del municipio, que ronda los 29 mil habitantes, marcharon para exigir una respuesta sobre el paradero de la joven, que continúa desaparecida.

El mismo protocolo indica que “la activación de la Alerta será de manera inmediata, sin dilación alguna con previa evaluación de las circunstancias del caso que se trate”. 

Las primeras tres horas de una desaparición se consideran “críticas” para encontrar a la víctima, apunta la CEDHJ. En el caso de Daniela, la Fiscalía dejó pasar 144 horas; mucho peor que antes, cuando la Alerta no existía, y las autoridades determinaban hasta 72 horas para iniciar la búsqueda. 

Alerta denegada

“Eso nos dice un perfil de algo que está ocurriendo (…) Zapotiltic nos vuelve a decir el rostro de esta joven que desaparece y que hay una Alerta Amber declarada por una gran presión social de la gente de Zapotiltic, pero tienes el caso de una niña de Lagos donde ni siquiera hubo Alerta Amber”, dice Francisco Macías Medina, de Cepad.

Se refiere a la niña Isabel Veloz, de 12 años, quien desapareció en Lagos de Moreno cuando salió a entregar unos documentos a unas cuadras de su casa. A pesar de la denuncia de sus padres, la Alerta no fue activada.

El 1 de julio pasado los padres ratificaron la queja 7178/14-V ante la CEDHJ contra la Fiscalía por negarse a reforzar la búsqueda de su hija mediante la Alerta. 

Por este caso, y el de José Ángel Zermeño, un niño de ocho años de Tonalá que desapareció el 2 de junio pasado, del que tampoco se activó la Alerta y luego fue encontrado muerto entre escombros, la CEDHJ dictó medidas cautelares para que la FGE garantice una respuesta adecuada a las víctimas.

Un hecho similar fue el de Alexis Daniel Rosales, de cinco años de edad, quien desapareció el 25 de mayo del 2013 en Puerto Vallarta cuando salió a la tortillería. El 27 de mayo se halló sin vida “cubierto con restos al parecer de escombro y cemento”, según la fe ministerial. 

La CEDHJ confirmó en la recomendación 10/2014, que ni la FGE ni la Policía municipal recurrieron a la Alerta Amber en el caso de Alexis. 

“Es inaceptable que personal del área de seguridad pública del Ayuntamiento de Puerto Vallarta no haya aplicado dicho protocolo, por lo que se considera que incurrió en responsabilidad al no otorgarle a sus elementos policiales la capacitación y capacidad de organización para responder ante circunstancias apremiantes”, dijo la Comisión Estatal. 


En la recomendación, la madre narró que cuando ella acudió al Ministerio Público para pedir que buscaran a su hijo, la burocracia fue un obstáculo.

“Ahí estaba cerrado y tocamos por varios minutos hasta que por el vidrio de las ventanas de la puerta principal un sujeto vestido de civil, sin abrir la puerta ni decir quién era o qué cargo tenía, dijo que ahí no se iba a resolver de momento nada porque no había personal”. 

Según la mujer, en otro MP “abrió la puerta un hombre, al parecer dormido, y al explicarle lo que ocurría me pasó y pidió que me sentara para que le pudiera platicar cómo habían sucedido las cosas y empezó a escribir (…) me dio a firmar un acta y fue todo”.

“No me informó qué iba a pasar o cómo le iban a hacer para encontrarlo (...) inclusive yo le pregunté que si eso era suficiente para que me ayudaran a encontrarlo y dijo que sí”. 

En todos los casos anteriores, la Alerta Amber ye estaba vigente en Jalisco. Reporte Indigo solicitó entrevista sobre el tema a la Fiscalía estatal, pero hasta ahora no ha habido respuesta.

Macías concluye: “Los diversos casos que se han venido dando y que han salido a la opinión pública, hablan de que son protocolos que están intentando cambiar las formas, pero que en las prácticas las fiscalías siguen operando exactamente igual”. 

Menores sin rastro
Las 11 entidades con más infantes desaparecidos, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas

> Tamaulipas: 2,050
> Baja California: 609
> DF: 548
> México: 478
> Guanajuato: 446
> Coahuila: 344
> Nuevo León: 340
> Sinaloa: 315
> Michoacán: 299
> Puebla: 297
> Jalisco: 293

En honor a Amber

La alerta Amber es un sistema de notificación para la búsqueda de menores desaparecidos, instaurada en 1996, año en que Amber Hagerman, una niña de 9 años de edad, fue secuestrada y después localizada sin vida en el estado de Texas, Estados Unidos.

La Alerta Amber también es el acrónimo en inglés de America’s Missing: Broadcast Emergency Response.

México la adoptó en el 2011; fue el primer país en Latinoamérica en instaurar este sistema de búsqueda.

Al considerarse que las primeras horas son críticas cuando desaparece un menor, la Alerta Amber debe activarse con la difusión en medios de comunicación de un formato único con datos y fotografía del menor de edad reportado.

El Gobierno Federal, a través de la Procuraduría General de la República, es el que activa la Alerta. 

Para ello puede coordinarse con autoridades federales o, en su caso, pedir apoyo internacional para la localización de un menor desaparecido.


Para solicitar la Alerta puede marcarse al 01 800-00-854-00.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA

Exhiben a diputado panista de Querétaro en fiesta privada con mujeres

MÉXICO, D.F Un video que circula en las redes sociales exhibe a Alejandro Delgado Oscoy, diputado local del PAN y aspirante a candidato a la presidencia municipal de Querétaro, en una fiesta privada donde baila y se besa con varias mujeres.

La grabación se suma a los ataques políticos más recientes como parte de la llamada “guerra sucia” que ha tenido como plataforma videos y audios anónimos difundidos en las redes sociales.

Titulado “Lecciones del Diputado Alejandro Delgado”, el video de 57 segundos fue publicado desde ayer por la noche en la cuenta llamada Troll Pérez de YouTube y ha sido replicado en Facebook y Twitter.



De entrada, se muestra una foto del también presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso queretano, vestido de traje y corbata, con unos papeles en la mano y la frase “Lecciones de fiesta: con el diputado Alejandro Delgado Oscoy”.

El primero, titulado “Calentar el ambiente” muestra al legislador junto a una mujer que viste blusa roja. Las voces de al menos dos mujeres más le gritan “beso, beso” y éste accede.

En el paso dos, llamado “Bailar pegadito con una”, muestra al panista bailando con una mujer de blusa negra. La voz de la dama que graba grita: “Agasájate Helen”,

“Y con otra”, es la tercera “lección”, misma que presenta al candidato bailando con la mujer a la que antes besó. En la edición aparece el paso cuatro “Haciéndola de stripper” y se observa al legislador moviéndose con las manos en la cabeza frente a las dos chicas sentadas que le aplauden y lo tocan.

En el quinto y último paso, “Prender totalmente la noche”, se ve al aspirante a alcalde besando y abrazando a la mujer vestida de negro, mientras que la de rojo grita “asquerosos puercos”.

En las imágenes se observa una mesa con latas de cerveza y un plato con botanas; durante todo el tiempo se escucha música de banda.

La difusión del video se dio luego de que el legislador, junto con la diputada federal del mismo partido, Raquel Jiménez, exigieron a la dirigencia estatal del PAN no utilizar la designación directa como método de elección interna de candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral local de 2015, cuando se elegirán gobernador, 18 presidentes municipales y 25 diputados locales.

Alejandro Delgado rehusó hablar del tema, pero José Luis Araujo, su secretario particular, informó que este miércoles ofrecerá una conferencia al respecto.

La difusión de esas imágenes ocurre después de la firma de un “Pacto de Civilidad” que realizaron representantes de partidos políticos el pasado 31 de octubre.

Con el inicio del proceso electoral en el estado en octubre pasado, arreció la llamada “guerra sucia” que ha tenido como plataforma videos y audios anónimos difundidos en las redes sociales.

En días recientes también han sido distribuidas en Querétaro papeletas que exhiben una supuesta división entre panistas en contra del llamado “dedazo” por parte de la dirigencia panista.

Las primeras grabaciones difundidas evidenciaron las llamadas telefónicas entre el secretario de Gobierno, Jorge López Portillo Tostado, y el coordinador de Comunicación Social, Abel Ernesto Magaña Álvarez.

El contenido de las grabaciones mostró la incidencia desde el Poder Ejecutivo en la línea editorial de los medios de comunicación; por ejemplo, al acordar “romperle la madre” a un comunicador por hablar de la inseguridad en el estado.

Tras la difusión de las llamadas, el secretario de Gobierno admitió ser el autor de esa orden y dijo que se interpusieron denuncias por la intervención telefónica.

Otra grabación difundida con el título: “Parte 1”, dio cuenta de una llamada entre el director del diario local Plaza de Armas, Sergio Arturo Venegas Alarcón, y la secretaria de la Juventud, Mariana Ortiz, en la cual hablan de difundir imágenes de la funcionaria en la zona “VIP” del medio.

Ese mismo diario presentó imágenes de uno de los candidatos a alcalde en el pasado proceso electoral, durante una fiesta privada, en la que aparece con una mujer en sus piernas.

Los queretanos elegirán el próximo 2015 a su gobernador, 18 presidentes municipales y 25 diputados, 15 de representación proporcional y 10 plurinominales.

Cuestión privada: PAN Querétaro

El presidente del PAN en Querétaro, José Baéz Guerrero, consideró que el video del diputado Alejandro Delgado Oscoy, es una cuestión personal, no política, en la que el partido no puede intervenir, juzgar u opinar.

“Es otro ámbito, no tiene nada que ver con ámbitos políticos del partido, son aspectos del ámbito privado, y no me atrevo a opinar al respecto”, aseguró.

El líder estatal panista comentó que no tiene elementos para afirmar el origen de la filtración del video. Y defendió a Delgado Oscoy al decir que los funcionarios no se deben calificar por los actos expuestos en un video, sino por los resultados en sus cargos públicos. Dijo que el diputado en cuestión “ha realizado trabajos óptimos dentro el ámbito legislativo”.

Luego, llamó a los panistas a ser cuidadosos en sus acciones y reiteró su rechazo a la “guerra sucia” que se genera en la política de esa entidad.

“Los asuntos de la vida privada competen exclusivamente a ese ámbito, es algo que más allá de la política, todos debemos de procurar tener cuidado”, dijo.

Este no es el primer escándalo de fiestas privadas protagonizadas por legisladores panistas. El pasado 11 de agosto, se difundió un video en el que varios diputados del PAN participaron en una fiesta con bailarinas de table dance en una lujosa mansión de Puerto Vallarta, Jalisco, donde realizaron su reunión plenaria.


Entre los participantes del convivio estuvo Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados panistas en San Lázaro, quien a los dos días fue removido del cargo por el entonces presidente nacional del partido, Gustavo Madero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERIC PACHECO.

Desalojan San Lázaro por protesta

Desalojan a cinco mil trabajadores del Palacio Legislativo de San Lázaro por precaución, ante la posibilidad de que acudieran grupos violentos a la reunión.


Más de cinco mil trabajadores de la Cámara de Diputados fueron desalojados del Palacio Legislativo de San Lázaro luego de que se reportara que una manifestación se realizaría en las afueras del recinto.

Dicha concentración formaba parte de la convocatoria que se hizo en redes sociales para participar en un movimiento denominado “11.11 Luz para México”, en el que se invitaba a ciudadanos a encender velas y formar una cadena humana en repudio a la violencia que se vive en el país, y específicamente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Sin embargo, la Mesa Directiva de San Lázaro y la secretaría general aprobaron el desalojo por la posibilidad de que acudieran grupos violentos a la reunión.

Los trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo a partir de las 17:00 horas, dos horas antes de su horario de salida.

Alarmante historial

Desde la mañana de este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal alertó sobre esta concentración que se realizaría en la Cámara de Diputados a las 19:00 horas.

El personal de la Cámara Baja decidió llevar a cabo el desalojo del Palacio Legislativo luego de los hechos que ocurrieron el sábado pasado, en los que un grupo de jóvenes identificados como anarquistas incendiara la puerta principal del Palacio Nacional.

Al interior de San Lázaro, las labores de seguridad fueron tomadas por más de 200 elementos de la Policía Federal, además del personal de resguardo, bomberos y urgencias médicas.

Al exterior, el cerco de seguridad corrió a cargo de elementos del Cuerpo de Granaderos de la Policía capitalina.

El esperado ataque de los grupos violentos no llegó. Solo algunas personas con velas hicieron acto de presencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo.


El 19 de agosto de 2013 un grupo de maestros irrumpió en el Palacio Legislativo, causando destrozos en autos y mobiliario, y que dejó a varios policías heridos. Los daños fueron valuados en 4.5 millones de pesos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF

Más de lo mismo: gobierno ofrece continuar investigación y búsqueda de normalistas

CHILPANCINGO, Gro: El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se reunieron con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y les informaron que siguen abiertas las líneas de investigación del caso.

Además, los funcionarios federales se comprometieron a firmar el convenio para que un equipo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coadyuve en la búsqueda de los estudiantes.

Asimismo, continuar la búsqueda de los normalistas y establecer una comisión mixta de información que será encabezada por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, y el comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Cevallos, con el propósito de evaluar la investigación en marcha.

Lo anterior, durante una reunión privada llevada a cabo en el hangar del gobierno estatal que se ubica en la aeropista de esta capital, donde aparte de Osorio Chong y Murillo Karam, estuvo el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, y la subsecretaria de Derechos Humanos de Segob, Lía Limón.

Entre los acuerdos también destaca el compromiso de las autoridades federales de otorgar las facilidades para que los peritos argentinos continúen con los trabajos de identificación de los restos encontrados en el basurero de Cocula, donde la PGR resaltó que tenía indicios de que en ese sitio los jóvenes habrían sido asesinados, calcinados sus restos y luego arrojados éstos al río en bolsas de basura.

A pesar de que no hay avances en la investigación, los padres de las víctimas expresaron su satisfacción por los resultados emitidos por los peritos argentinos, quienes determinaron que los restos humanos recuperados en las primeras fosas encontradas en Iguala no corresponden a los normalistas.

Este hecho reafirmó su esperanza de que los estudiantes se encuentren con vida, indicó el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, al término del encuentro con autoridades federales.


La reunión con funcionarios federales comenzó a las 16:30 y concluyó dos horas después, en un ambiente de crispación social luego de que este día miembros del magisterio disidente incendiaron la sede estatal del PRI y se enfrentaron con policías al sur de la capital guerrerense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Los ánimos (y los edificios) encendidos

Las manifestaciones por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos han derivado en la quema de los símbolos de gobierno a todos los niveles.

El caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre no solo ha encendido los ánimos de la sociedad. 

La falta de respuestas que convenzan a los familiares de sobre el paradero de sus hijos ha derivado en la quema de los símbolos de gobierno a todos los niveles.

Primero fueron las oficinas del PRD en Guerrero, el partido de donde salieron el ahora exgobernador del estado, Ángel Aguirre y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora preso en Almoloya de Juárez.

Las manifestaciones de inconformidad por el manejo de las investigaciones por parte de las autoridades escalaron y los indignados pasaron de incendiar una pequeña alcaldía a prenderle fuego a una puerta de Palacio Nacional.

> 21 de octubre

Oficinas del PRD Estatal
Alrededor de 500 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) incendian las oficinas del PRD en Guerrero. 

Exigen la renuncia de Ángel Aguirre, la presentación con vida de los 43 alumnos de Ayotzinapa y el castigo para José Luis Abarca.

> 22 de octubre

Alcaldía de Iguala
Maestros de la Ceteg, la Asamblea Nacional Popular, normalistas y ciudadanos irrumpen en el ayuntamiento de Iguala. Los inconformes lanzan piedras a los vidrios del inmueble y prenden fuego al edificio con gasolina.

> 29 de octubre

Casa Guerrero
Maestros adheridos a la Ceteg derrumban la puerta principal de Casa Guerrero en protesta por la reunión del nuevo gobernador, Rogelio Ortega, con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Acusan a Ortega de “rendirse”.

> 8 de noviembre

Palacio de Gobierno de Guerrero
Personas encapuchadas incendian camionetas de empresas nacionales y transnacionales, una patrulla de la Policía Federal, y al menos cinco vehículos particulares que estaban en el estacionamiento del Palacio de Gobierno de Guerrero.

Palacio Nacional
Un grupo de radicales incendian la puerta del Palacio Nacional durante la protesta para exigir justicia a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Los manifestantes prenden fuego, lanzan piedras y cohetones, hacen pintas y golpean la puerta con una de las vallas que resguardan el recinto donde despacha el Ejecutivo Federal.

> 11 de noviembre

Oficinas del PRI en Guerrero

Hombres encapuchados toman las oficinas estatales del PRI y las incendian, como parte de sus acciones de protesta para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Exentos de la ley

En los últimos 7 años en Michoacán no se han dado decomisos económicos considerables pese a lo intenso del combate al narcotráfico y sus células operantes y la existencia de la Ley Federal de Extinción de Dominio.

Cuando el expresidente Felipe Calderón inició su combate al crimen organizado, una de las estrategias que presumió fue que golpearía las estructuras financieras de estos grupos.

Sin embargo, al menos en Michoacán, esos nunca pasó. En el estado, ni un solo bien inmueble o cuenta bancaria fue incautado a los cárteles que se buscó desarticular.

El 29 de mayo del 2009, Calderón promulgó la Ley Federal de Extinción de Dominio, con la que prometió que se debilitaría la estructura financiera del crimen organizado. 

En Michoacán, el tercer estado más violento por la presencia del crimen organizado, con el segundo despliegue de Fuerzas Federales más importante del país, esa ley nunca se aplicó como herramienta en el combate al narcotráfico. No hay decomisos considerables de dinero y propiedades a los líderes abatidos del crimen organizado.

Un informe emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) -solicitado por Reporte Indigo- revela que durante el sexenio de Calderón no se registró enajenación alguna de bienes inmuebles a ningún cártel ubicado en este estado.

Nada que se haya puesto a disposición de la SHCP por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) o en su caso, por el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo al oficio número UE/341/14, emitido en respuesta a la solicitud de información con folio 0681200043114.

La Ley se ha convertido en discrecional. Se aplica a juicio de la PGR, aun en este sexenio. en su libro “El Chapo Estrategia y Traición” (Grijalbo 2014), el periodista José Reveles detalla que dicha ley tampoco ha sido ejecutada por el Gobierno Federal, ni siquiera en casos como el Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

A pesar de ser considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos, Guzmán Loera no ha sido tocado por la Ley de Extinción de Dominio, refiere Reveles.

A la fecha, ninguna de las propiedades que se presume tiene el narcotraficante mexicano ha sido incautada. Así como el caso de “El Chapo”, en Michoacán se han respetado las propiedades del crimen organizado al que, en el discurso, se combatía. 

Bisutería y enchufes eléctricos

En los primeros cinco meses del 2005, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtuvo más de 21 millones de pesos por concepto de decomiso de dinero (pesos y dólares) y la venta de bienes provenientes de delitos penales federales.

De acuerdo al SAE, entre los golpes dados a la estructura financiera de los cárteles en Michoacán durante el gobierno pasado se encuentra la incautación de un anillo desgastado de bisutería para dama, con valor aproximado de 886 pesos; un anillo -al parecer de oro de 10 kilates- con figuras de hojas, dos piedras rojas y una blanca, con valor estimado en 138 pesos, y anillo de oro amarillo –presuntamente de 14 kilates- con una figura de crucifijo al frente, que se valuó en 87 pesos.

Como parte del debilitamiento de la infraestructura financiera de la delincuencia en Michoacán, la administración de Calderón incautó también dos hieleras, marca Coleman e Igloo, cotizadas en 536 pesos las dos; una licuadora marca Hamilton Beach con un valor estimado en los 27 pesos con 22 centavos, así como dos floreros de vidrio soplado, uno azul y otro transparente, con valor de 55 pesos.

El listado de bienes muebles que incautó el Gobierno Federal a miembros del crimen organizado en el estado, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluye algunas joyas que estaban en propiedad de delincuentes.

Entre ellas, un reloj con extensibles de piel color café, Citizen; un reloj plateado con vivos dorados y carátula color azul, marca Q&Q; un reloj con extensibles de piel color café, marca Roca; y un reloj plateado con vivos dorados Titanium, con valor estimado de 20 pesos con 14 centavos cada uno.

El informe de la SAE informa que también se decomisó “un vehículo no apto para circular, marca Chrysler, tipo 300m, sedan, color rojo, cuatro puertas, con placas de circulación CEK1987 del estado de Michigan, Estados Unidos, con número de serie 2C3HE66G41H576963, modelo 2001, con un valor comercial de 4 mil 197 pesos con 53 centavos”.

Sin daños a la infraestructura

Informes solicitados al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la incautación de inmuebles y dinero a miembros del crimen organizado establecen que durante los primeros años de la actual gestión federal no se han hecho decomisos importantes a la infraestructura financiera de los cárteles que operan en Michoacán.

Durante el 2012, se incautaron vehículos de carga y algunos autos de lujo, los que se valuaron hasta en 230 mil pesos cada uno. Durante ese periodo, se realizaron un total de 69  aseguramientos que fueron informados a la Secretaría de Hacienda por parte de la PGR.

Ninguno de esos aseguramientos incluyó cuentas bancarias, dinero o bienes inmuebles utilizados por el crimen organizado.

En 2013 se hicieron 272 aseguramientos, pero solo el 70 por ciento fue en relación a vehículos. La mayor parte de lo asegurado al crimen organizado tiene que ver con bienes muebles con valor de entre los 20 a los 120 mil pesos. En su mayoría son insumos eléctricos, bisutería, relojes de poca monta y vehículos considerados como chatarra, a decir de la valuación económica otorgada.

En la reseña del SAE no se refieren armas de ningún de tipo. Tampoco se menciona el lugar ni a la persona a la que le fueron incautados los bienes que pasaron a ser propiedad de la nación y que algunos de ellos fueron subastados. 

El Gobierno Federal solo remite fecha de la incautación y valor estimado de lo enajenado a la delincuencia organizada.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.