jueves, 6 de noviembre de 2014

Zedillo a Peña: “estamos mal, muy mal, en materia de estado de derecho”

MÉXICO, D.F: En México “estamos mal, muy mal, en materia de estado de derecho”, aseguró hoy el expresidente Ernesto Zedillo.

En el combate a la inseguridad y a la impunidad, agregó, “algunos golpes efectistas, espectaculares, posiblemente pueden servir de algo”. También pueden ser “un primer paso”, loables, los llamados a un “Pacto por la legalidad y la seguridad”.

Pero nunca son suficientes, dijo Zedillo, porque “al final de cuentas lo que cuenta, lo que vale, lo que perdura, lo que es sostenible, es la construcción de instituciones, de instituciones que funcionen”.

Nunca se refirió abiertamente el expresidente –que gobernó al país de diciembre de 1994 a noviembre de 2000– a la llamativa y mediática aprehensión, el martes 4, de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y su esposa –implicados en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa–, ni al llamado del presidente Enrique Peña Nieto, un día antes, a un pacto por la seguridad y la vigencia del estado de derecho en el país.

Pero la alusión era obvia.

Ernesto Zedillo participó este miércoles, junto con Alan García y Sebastián Piñera, expresidentes de Perú y Chile, respectivamente, en el panel “Productividad, clave para el desarrollo sostenible”, dentro de la “Sesión Plenaria 2014” del Consejo General de Banorte, en donde participaron consejeros regionales, todo el cuerpo directivo, accionistas y clientes relevantes del grupo financiero.

El panel iba a girar sobre temas económicos, como su nombre indicaba, pero derivó en temas de seguridad y estado de derecho.

Fue Alan García, dos veces presidente de Perú, quien desvió el tema. Al hablar sobre México, dijo que según “las informaciones mundiales” uno se entera de “este sobresalto (que vive México), que llega a todos los hogares, respecto de la seguridad y al costo de la inseguridad y la violencia”.

Entonces fue cuando dijo que lo que hacía falta en México era “hacer una fuerte demostración de autoridad democrática”, que el gobierno “debe mostrar al pueblo medidas fuertes que quiten esa sensación térmica que obstaculiza la ilusión del futuro a través de las reformas económicas”.

Más llano: la inseguridad y la violencia obnubilan y hacen ver pequeñas a las reformas que ha emprendido el gobierno de Peña Nieto.

Abundó el peruano en que “la autoridad democrática –no el autoritarismo– debe ser ejercida con toda la fuerza de la ley”.

Más: “Este es –en México y en nuestros países– un momento extraordinario para demostrar autoridad democrática y hacer una ruptura de paradigma: cuando el federalismo se vuelve invertebrado o fragmenta a la nación, cuando las familias sospechan de las autoridades, le toca a quien conduce (el gobierno) dar un fuerte golpe”.

A partir de lo dicho por García, fue cuando Zedillo Ponce de León subestimó los “los golpes efectistas y espectaculares” y los llamados a un pacto por la seguridad, que pueden servir de algo, pero que son insuficientes.

Abonó en la discusión el moderador del panel, el presentador estrella de Televisa, Joaquín López Dóriga, cuando dijo que “la corrupción es un aspecto fundamental que corroe a todos nuestros países”.

Y Zedillo volvió a la carga. Dijo que es un error considerar a la corrupción como el único problema o el problema fundamental de México y muchos países de América Latina.

Ojalá, dijo, “que nada más fuera la corrupción el problema del país. Pero la corrupción es sólo un aspecto de nuestra enfermedad más grande, que es la debilidad de nuestro estado de derecho”.

“Porque –explicó–, por definición, si tenemos leyes y hacemos valer esas leyes, y hacemos valer el principio de igualdad ante la ley, los corruptos estarían donde deben estar: en la cárcel.

“Pero no están en la cárcel, primero, porque en buena medida han tenido la capacidad de capturar ciertos aspectos del sistema económico y del sistema político, violando ciertos principios del estado de derecho.

“Y segundo, aun cuando no hayan capturado eso, tienen (los corruptos) la oportunidad de hacerlo, porque sabemos –que no es el caso privativo de nuestro país, desgraciadamente es en muchos países— que cuando el estado de derecho es débil, pues la justicia tiene un precio, y eso es una tragedia. Pero el gran tema es el estado de derecho”.

Reiteró que “mostrar la autoridad a través de una acción o un conjunto de acciones efectivas — como sugería el expresidente peruano–, puede ayudar, pero francamente el problema es mucho mayor”.

Dijo: “El problema, insisto, es un tema de construcción institucional, es un tema de reconstrucción de una cultura de apego al estado de derecho por parte de la autoridad y por parte de la ciudadanía; es un tema de formación de recursos humanos; es un tema de marcarse metas muy específicas.

“Si hoy sabemos que equis porcentaje de los delitos que se cometen en nuestro país no se denuncian porque simplemente la gente piensa que es inútil que se denuncien; si hoy sabemos que un altísimo porcentaje de los delitos que se denuncian en nuestro país no son castigados…

“Bueno, pues tenemos que tener metas, así como en cualquier otro ejercicio importante para la vida de un país o de una empresa, pues tenemos que ser congruentes entre las metas y los instrumentos que tenemos para alcanzar esos objetivos. Entonces yo sería un poco cuidadoso en simplificar esta tarea, porque no es un problema únicamente de voluntad.”

Dijo Zedillo no dudar de que “mi presidente y quienes nos representan en el Congreso de la Unión quieren tener un estado de derecho en nuestro país; no lo dudo, pero se tiene que hacer mucho para lograr eso”.

Tenemos que admitir, autoridades y ciudadanos, que lograr una mejor justicia “cuesta”, advirtió.

“Pero estaremos tomando en serio el tema, y lograremos una mejor justicia cuando estemos dispuestos a invertir lo que se tiene que invertir –que son varios puntos del PIB– para hacer esa construcción institucional, esa construcción de ese capital humano, esa construcción que nos permita realmente hacer valer las leyes y lograr ese verdadero estado de derecho”.


Y en un verdadero estado de derecho, concluyó, el “elemento fundamental es la igualdad ante la ley: que el pobre tenga la misma oportunidad que el rico cuando acude ante la justicia para ser protegido por ese estado de derecho”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.

Liberan a víctima de la narcoguerra de Calderón… siete años después

MÉXICO, D.F: Belinda Garza Melo, una víctima más de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón, recuperó su libertad después de siete años de permanecer en prisión, acusada de formar parte del Cártel de Golfo.

Integrada a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, impulsada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Garza Melo fue detenida en julio de 2007 por efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Torreón, Coahuila, “quienes por más de 40 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente”.

De acuerdo con un comunicado del Centro Prodh, los uniformados la pusieron a disposición de las autoridades judiciales tres meses después de su detención donde fue sometida a dos procesos penales federales por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro en los juzgados de distrito primero y tercero, en Toluca, Estado de México.

Interna en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, Belinda fue liberada el pasado 23 de octubre, sin que se le permitiera hacer ninguna llamada a sus defensores o familiares y sólo se le entregó “dinero justo para el transporte”.

De los dos procesos penales que se le seguían fue absuelta de uno de ellos, en tanto que de otro purgó la pena que le fue impuesta por el juez primero de distrito.

En el comunicado la organización no gubernamental destaca que una vez fuera del Centro de Federal de Reintegración Social (Cefereso) 4, y en un lugar seguro se comunicó con el Centro Prodh para reafirmar su compromiso de participar en la campaña “Rompiendo el silencio”, y buscar justicia.

“Todo lo que pasé es una injusticia, estoy muy marcada y soy inocente, perdí a mi familia. Hoy con la cabeza muy en alto voy a enfrentar a quienes me torturaron, encarcelaron y ensuciaron mi nombre”, dijo Belinda Garza.

En junio de 2014, Belinda se integró a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” que tiene como objetivo “visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos en la supuesta protección que debería proveer a la sociedad”.

La campaña pretende evidenciar a la tortura y la represión como “mecanismos de control del Estado”, que incluyen la “sujeción a procesos penales injustos”, como es el caso de Belinda.


En “Rompiendo el silencio” también participan Claudia Medina Tamariz, torturada por marinos en Veracruz; Verónica Razo, violentada por la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como Miriam López, abusadas sexualmente por militares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Ayotzinapa tumba imagen de Peña; cae 23 lugares en lista de líderes más poderosos del mundo

MÉXICO, D.F: El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos terminó de derrumbar la imagen que el presidente Enrique Peña Nieto se empeñó en construir desde el comienzo de su gestión con el llamado Pacto por México como punta de lanza.

En el ranking de los hombres más poderosos del planeta elaborado por la revista Forbes en su más reciente edición, el mandatario mexicano descendió 23 lugares en relación con el año anterior. Peña se colocó en el lugar 60 de los 72 líderes mundiales.

La razón del declive lo da la propia revista: “la crisis política y social, detonada por la desaparición de 43 estudiantes a manos de la policía municipal de Iguala, presuntamente patrocinada por el crimen organizado, despertó serias dudas sobre la capacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto de hacer frente al problema de violencia en el país”.

En la edición mexicana de Forbes se consigna también que “la probable participación del exalcalde de Iguala”, José Luis Abarca, detenido el pasado martes en una casucha de la delegación Iztapalapa, “y el descubrimiento de fosas comunes”, “ha enfurecido a los mexicanos, lo que provocó una campaña masiva exigiendo la renuncia del presidente”.

El texto añade que “Peña Nieto prometió poner fin a la guerra contra las bandas criminales y revitalizar la economía” y durante 2013 “su gobierno propuso su agenda de reformas estructurales, que fueron aprobadas en el Congreso, para aumentar la competencia en diversos sectores y para atraer la inversión privada en petróleo y electricidad.

“Pero el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela normalista del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, más el de la ejecución de civiles presuntamente a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, desataron la crisis política más aguda que ha enfrentado hasta ahora en sus dos años de mandato”, dice.

Por segundo año consecutivo, el presidente ruso Vladimir Putin se alzó como el hombre más poderoso del mundo según el ranking de Forbes.

De nuevo el segundo sitio fue para el presidente estadunidense Barack Obama, que ahora tendrá que gobernar con una mayoría republicana en el Congreso y el Senado.

Entre los 72 líderes mundiales que integran la lista figuran sólo dos mexicanos: el magnate Carlos Slim, en el puesto 14, y el presidente Enrique Peña Nieto en el lugar 60. La reelecta presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, se encuentra 29 puestos arriba de su par mexicano al ocupar el sitio 31 de la lista.

Al referirse al primer sitio de la lista, Forbes señala que “nadie podría llamar a Putin un buen tipo”. Lo considera un “impredecible líder que no rinde cuentas de un Estado nuclear rico en energía”, que el año pasado se “anotó” más puntos que cualquier otro líder.

Putin, añade, es más poderoso que “el maniatado líder del país más dominante en el mundo”, es decir, el estadunidense, Barack Obama que el martes pasado perdió el control del Congreso.

A esos Putin y Obama siguen en la lista: el presidente chino, Xi Jinping; el Papa Francisco; la canciller alemana Angela Merkel (quien encabeza la lista de las mujeres más poderosas del mundo); y la directora del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen.

Le siguen el fundador y dueño de Microsoft, Bill Gates; el presidente del Banco central Europeo, Mario Draghi en octavo lugar;


Sergey Brin y Larry Page, creadores de Google, en noveno, y el Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron, en décimo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Investigan conexión Cuetzala-Teloloapan

Una denuncia anónima integrada al expediente de los sucesos en Iguala revela que los normalistas podrían haber sido trasladados a esos municipios, que comparten un escenario de desolación y alcaldes bajo el dominio del crimen organizado.

Rogelio Ortega, gobernador interino de Guerrero, destapó una línea de investigación que el exprocurador Iñaky Blanco había reservado respecto al paradero de los 43 normalistas: Teloloapan y Cuetzala del Progreso.

En el expediente que integra las declaraciones de sobrevivientes de la matanza de Iguala y de policías municipales de esa ciudad, existe una denuncia anónima que refiere que los sicarios de Guerreros Unidos habrían trasladado a los normalistas a estas comunidades, primero Teloloapan y luego a Cuetzala.

Según esta información los habrían bajado de las camionetas y obligado a cruzar un pequeño río para llegar a una pequeña ranchería conocida como “La Comunidad” en el municipio de San Miguel Totolapan, en la que habitan poco más de 300 habitantes.

El gobernador interino que sustituyó al perredista Ángel Aguirre dijo que esta información mantiene la esperanza de encontrarlos aún con vida.

Cuetzala del Progreso y Teloloapan son dos de los municipios más devastados por las luchas entre grupos organizados relacionados con el narcotráfico.

El alcalde secuestrado en Teloloapan

En ambos territorios, localizados al norte del estado de Guerrero, casi límites con el Estado de México, los Guerreros Unidos y la Familia Michoacana han dejado a su paso constantes balaceras, decapitados, ejecuciones, secuestros y extorsiones.

Esta violencia ha propiciado la aparición de pueblos fantasmas debido a la migración de sus habitantes, que dejan sus viviendas huyendo de la inseguridad.

En Teloloapan, el presidente municipal Ignacio de Jesús Valladares Salgado fue víctima de un secuestro atribuido a Felipe Viveros García, el “F”, de la Familia Michoacana.

Durante ese evento el perredista fue grabado cuando se comprometía a colocar a un secretario de Seguridad Pública que sirviera a los intereses de ese grupo delincuencial.

El alcalde preso de Cuetzala 

Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue capturado en abril de este año por elementos de la Policía Federal Ministerial por su presunta relación con los grupos de la delincuencia organizada.

El también militante del PRD había supuestamente sobrevivido al menos a cuatro ataques por parte del crimen organizado.

Antes de ser detenido por supuestos delitos contra la salud, el edil había denunciado públicamente que Cuetzala del Progreso atravesaba por una crisis de violencia debido a que integrantes del crimen se habían apoderado de las calles.

Así las cosas, desde finales del 2013 y principios de este año el ayuntamiento no tiene policías municipales debido a que algunos fueron emboscados y asesinados, y muchos de los que sobrevivieron renunciaron.

La seguridad en Cuetzala está a cargo de la Policía Federal, estatal y elementos del Ejército que esporádicamente realizan rondines en aquellos apartados lugares de Guerrero.

En abril pasado, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, informó en conferencia nacional que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Feliciano Álvarez por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

 “Información de inteligencia señala que Feliciano Álvarez Mecino mantuvo, desde su campaña a la presidencia municipal, relación y apoyo de la organización prevaleciente en la zona dedicada al secuestro, extorsión y el tráfico de drogas”, señaló Zerón.

También dio a conocer que existían declaraciones en contra de Feliciano Álvarez que lo acusaban de proteger a dicha organización (sin dar un nombre específico) a la que alertaba cuando se desarrollaba un operativo federal en la región dirigido a la captura de los criminales.

Detalló que las áreas de influencia del grupo criminal se extendían desde Cuetzala del Progreso, Apaxtla, Arcelia, Cocula, Teloloapan y Tecpan.


Justo en esta región de Guerrero es donde se supone podrían haber sido trasladados algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

De paraíso a infierno

Tan solo el municipio de Acapulco tiene más homicidios que cualquier estado del país.

Hace medio siglo, pocas cosas eran tan glamorosas como ir a Acapulco. La reina de las playas mexicanas vivía engalanada con las visitas del jet set internacional.

En “Come fly with me” Frank Sinatra describió al puerto como el destino ideal para una luna de miel. John Kennedy y Jackie Onassis lo comprobaron.

Cientos de artistas, millonarios y sociliatés visitaban las playas de la Perla del Pacífico.

Hoy, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013, Acapulco tiene más homicidios que la suma de cada una de las entidades federativas de manera individual.

El paraíso se volvió un infierno.

Apenas el año pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal señaló a Acapulco como la segunda ciudad más violenta del mundo con un promedio de 142.88 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Guerrero es el estado que más municipios tiene en el listado de los lugares más violentos en México. Le sigue Colima, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.

En febrero de este año, la agencia norteamericana de seguridad Stratfor, advirtió a los Springbreakers sobre los riesgos de viajar a México, particularmente al puerto guerrerense.

“Acapulco se ha convertido en una de las ciudades más violentas de México, con 143 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2012, además de que ocupó el tercer lugar en el mundo por homicidios por habitante, en 2013, con 113 por 100 mil”, destacó la agencia.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

Tlatlaya, “paradigma de violencia e impunidad militar”: ONU-DH

MÉXICO, D.F: Tlatlaya es el “paradigma de la violencia, impunidad y violación a derechos humanos” por parte de las fuerzas armadas en México, sostuvo Javier Hernández Valencia, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

El representante de la ONU-DH sostuvo, al tomar como referencia el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que los hechos ocurridos el 30 de junio en San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya y donde 22 civiles murieron a manos del Ejército, “sintetizan” en un solo evento todos los momentos de mayor violencia y muerte del país.

“Tlatlaya es un caso que nosotros llamamos paradigmático. Paradigmático significa que el caso sintetiza y tal vez nos da la oportunidad de encontrar no sólo la línea roja en la cual el delito y los responsables puedan ser identificados, sino las fallas que probablemente varios institutos intervinientes han reflejado.

“Y, si vamos más allá, diría (que sintetiza) los tiempos especiales en los cuales en México son los números altos de muertos, son los números altos de incidente. En una sola ocasión capturan la atención y el trabajo de la opinión pública”.

El alto comisionado de ONU-DH dijo luego que la impunidad en México se acumula y los casos se suceden uno tras otro, y por esta razón habla no sólo de Tlatlaya sino de varios eventos en que se han visto involucradas fuerzas del Estado, como el Ejército o policías.

–¿Por qué cuando habla de Tlatlaya hace referencia a otros casos y, a partir de esto, cuál es la percepción de los derechos humanos aquí en México?

–Creo que hay una cosa que en el trabajo de nuestra oficina ha sido permanente, que es el de buscar, primero, el que las víctimas sean reconocidas, visibilizadas, dignificadas y merezcan la atención de las instituciones.

“Yo no haría referencia a los dos jóvenes regiomontanos, no haría referencia a las familias de los 11 cazadores, no haría referencia a doña Guadalupe Fernández, que me envió desesperada un mail diciendo: ‘¿Y mi desaparecido ¿Por qué no se busca con la intensidad con la que se busca a los 43 muchachos de Ayotzinapa?’ Y no haría referencia al caso Ayotzinapa si no fuera porque los casos se suceden y se acumulan sin que resolvamos el nudo de impunidad”, fustigó.

También alertó sobre el desinterés que causa un hecho de grave violación a los derechos humanos cuando surge otro nuevo evento, en referencia a Tlatlaya y, tres meses después, a Ayotzinapa.

Pero también llama la atención, prosiguió, a la forma en que un acontecimiento se da a conocer de manera “escueta” sin generar reacción entre la sociedad, como no sea entre los medios de información.

“Y que cuando avanzamos, y está bien que se avance en los casos paradigmáticos, demos por clausurado el trabajo en los otros casos pendientes y, peor aún, nos topemos con la reacción social de que cuando las noticias son dadas de manera escueta y dentro de una dinámica o un parámetro, bueno, ese es el resultado, y no haya resorte social más que el de los profesionales de la prensa que se pregunten: ‘¿Es eso posible y cómo es que es posible?’”

Hernández Valencia subrayó que el caso Tlatlaya es paradigmático porque sintetiza o muestra un patrón de comportamiento de elementos del Ejército mexicano.

“Y en ese espacio (de Tlatlaya), las familias de un desaparecido, las familias de, por ejemplo, los dos estudiantes del Tec de Monterrey que murieron, también ya hay una recomendación que así lo señala y señala responsabilidades del Ejército.

“Esas familias deben hoy estar tan profundamente dolidas del silencio y el olvido de sus casos, el silencio y la falta de reacción e interés por sus casos, como el de las familias de los 11 cazadores desaparecidos en Zacatecas, también tomados y capturados por las policías”.

Y nuestro problemas, deploró, “es que no logramos producir los cambios institucionales para prevenir que esto siga sucediendo y para sancionar a los responsables cuando los encontramos.

“Hablar de Tlatlaya es obviamente importante, pero sólo tiene sentido si hablamos de Tlatlaya en un contexto más amplio”, alertó Hernández Valencia, quien se reunió con el grupo de trabajo de legisladores que da seguimiento a la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales a manos de elementos del Ejército en una bodega de San Pedro Limón, en Tlatlaya.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en donde informa que, a partir de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano para el caso Tlatlaya, autoridades de Segob, Relaciones Exteriores, OGR y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se reunieron con “los representantes y la víctima beneficiaria de dichas medidas”.

En esta reunión, detalló, “se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación. En este contexto, el Estado reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral”.


El comunicado sólo reconoce a “una” víctima, la cual no identifica pero se presupone que se trata de la madre de la joven de 15 años ejecutada en Tlatlaya. Nada dice de las esposas o familiares de los otros 21 masacrados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Unión y fuerza fuera de las aulas: escuelas y universidades en paro nacional por Ayotzinapa

MÉXICO, D.F: Por tercera ocasión desde la desaparición forzada de 43 normalistas de la escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa cientos de miles de universitarios realizaron paros activos y totales en esta ciudad y en la mayoría de los estados del país para exigir la aparición con vida de sus “compañeros” y castigo a los culpables.

Las actividades de la tercera jornada de acción nacional por Ayotzinapa, que incluyeron bloqueos carreteros, tomas de establecimientos mercantiles, marchas, manifestaciones artísticas se desarrollaron, en su mayoría, de forma pacífica.


Sólo en Xalapa estudiantes normalistas, de la Universidad Veracruzana, anarquistas y activistas que salieron a marchar por las calles de la capital del estado, prendieron fuego con palos y bolas de trapo con gasolina a la puerta de la entrada principal del Palacio de Gobierno donde despacha Javier Duarte.

Ahí, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mitigaron el fuego con cubetas de agua y extinguidores. No hubo daños, ni heridos, tampoco hubo detenidos.

Las protestas en el estado por la desaparición de 43 normalistas y el asesinato de 6 personas en Iguala, Guerrero, han ido en aumento, con mayor número de participantes y más radicales.

En su recorrido, los manifestantes gritaban consignas como: “No somos frutsis, no somos pingüinos, somos estudiantes desaparecidos” y “no somos todos, nos faltan 43”.

En Puebla, alrededor de cinco mil estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de la Universidad Iberoamericana (UIA), de la Universidad Tecnológica y de la Normal Rural Carmen Serdán también marcharon para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los jóvenes salieron desde Ciudad Universitaria y se concentraron en el zócalo para realizar un mitin en el que participaron estudiantes normalistas de Ayotzinapa que dieron su testimonio sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre cuando desaparecieron los 43 estudiantes y otros seis perdieron la vida.


En la Ibero campus Puebla, el rector Fernando Fernández Font participó en un acto en el que la institución se solidarizó con la comunidad estudiantil de Ayotzinapa ante la presencia de dos estudiantes procedentes de esa comunidad, que estuvieron presentes en los hechos del 26 de septiembre.

Fernández Font dijo que  México es un “país hipócrita que sólo sirve a las clases en el poder y le da la espalda a los que realmente necesitan ayuda.

“Me disculpo a nombre de todos los mayores por el mundo tan deformado y devastado que les hemos entregado, pero confío en que ustedes lograrán hacer de este país un lugar mejor para vivir”, sentenció.

El rector dijo a los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos que en breve se les hará llegar donativos económicos y en especie que se han recolectado en la institución.

“Sigan adelante que el miedo no sea lo que los reprima, que el camino de lucha sea la esperanza y en ésta nosotros estamos con ustedes”, declaró.

El estudiante de Ayotzinapa, Camilo, quien por motivos de seguridad no quiso dar sus apellidos, narró a los alumnos y académicos de la Ibero lo que vivieron el 26 de septiembre, cuando fueron interceptados y rafagueados por la policía municipal de Iguala cuando regresaban de un día de boteo en dicha comunidad.

“Hoy estamos aquí porque no queremos que nuestra historia se repita en este país”, dijo.

Otro de los jóvenes que se identificó como Joel, pidió el apoyo de la comunidad académica y estudiantil de Puebla para demostrarle al Estado que no están solos. “Seguimos en pie de lucha y por ello les pedimos su apoyo con contingentes, despensas básicas o con dinero para que esto no pare hasta que sea resuelto”, expresó.

En Chiapas, miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) adheridos a la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron un bloqueo de seis horas en diferentes cruceros del estado.

A las nueve de la mañana, los maestros se apostaron en el tramo conocido como La Pochota en la salida poniente de Tuxtla, ahí se dieron cita maestros de las regiones Centro, Cuxtepeques y Fraylesca).

En San Cristóbal de Las Casas, los maestros de las regiones Zoque, Altos e Itzantun, bloquearon la entrada de la autopista que comunica a esa ciudad con Tuxtla. En Pichucalco, los maestros de la región petrolera bloquearon el crucero cercano a esa ciudad.

En el crucero de Playas de Catazajá, se concentraron docentes de las regiones Sierra Norte, Pakalkin, Selva–Ocosingo, Bachajón, Cafetalera, Selva Bonampak, Maya y Chol). En Comitán se plantaron maestros de la región Tojolbala, Lagos y región Cañera.

En el crucero de Ciudad Cuauhtémoc, que comunica con La Mesillla, zona limítrofe con Guatemala, se movilizaron los maestros de la Sierra Madre y la Frontera Sur. En el puente internacional de Suchiate, se dieron cita maestros de la Costa Grande y Soconusco. Y al Crucero La Gloria, llegaron los maestros de la zona Valle y Costa Chica.

A las 15:00 horas los docentes realizaron una marcha protesta por los desaparecidos de Ayotzinapa y también a manera de protesta, limpiaron las calles de la ciudad de toda propaganda política y promoción de imagen funcionarios en sus tres niveles.

En Guanajuato, alumnos y profesores de la Universidad del estado participaron en el paro nacional con un programa denominado “la UG en las calles”, mediante el que se impartieron cátedras en varias plazas de la ciudad.

En la plaza Allende, por ejemplo, frente a las esculturas en bronce de Don Quijote y Sancho Panza, estudiantes de Filosofía asistieron a sus clases con profesores que se adhirieron al paro.

“Este es un segundo momento reflexivo; el primero fue de reacción –con las marchas–, éste es de acción por parte de los estudiantes, algo muy poco visto, inédito, en Guanajuato”, dijo el catedrático Genaro Martell, coordinador de la Maestría en Filosofía.

A unos metros, en la plazuela del Ropero, alumnos de bachillerato eran asistidos por la profesora de Español Rosa Amelia García Mendoza, mientras elaboraban carteles que colocaron alrededor de la fuente y ante el monumento a Jorge Negrete, en esta plaza donde se ubica la casa en que nació.

La maestra les pidió informarse a través de medios serios sobre lo sucedido en Iguala el 26 de septiembre y con base en ello elaborar sus carteles. Su idea, dijo, es que los estudiantes comiencen a ser reflexivos y críticos.

Igual ocurrió con las divisiones de Derecho, Artes, Ciencias Sociales y otras áreas del campus. En la plazuela de San Roque, escenario de los Entremeses Cervantinos, la doctora Vanessa Góngora impartió el taller de Legislación en Derechos Humanos a alumnos de Ciencias Políticas, mientras en otras plazas, varios estudiantes invitaban a los transeúntes a informarse y solidarizarse sobre la desaparición forzada de los normalistas y las violaciones de derechos humanos por el Estado.

En León, el campus de la UG también se incorporó al movimiento mediante una toma simbólica de la sede San Carlos, en la que durante el día se llevaron a cabo actividades académicas y por la tarde se programó música, poesía, performance y otras actividades culturales.

Mientras que en respuesta a la convocatoria estudiantil, el rector de la Universidad Iberoamericana en León, Felipe Espinosa Torres, se pronunció por respaldar el paro activo.

En Sonora, estudiantes de la Asamblea General de Estudiantes de la Universidad del estado, decidieron de manera unánime sumarse al Día de Acción Global por Ayotzinapa, con un paro de actividades de las 07:00 a las 19:00 horas de este miércoles.

Estudiantes de Querétaro también salieron a las calles para exigir la localización de los normalistas desaparecidos y reclamaron a los medios de comunicación, en particular a Televisa, que no hayan reportado las movilizaciones que han realizado con anterioridad.


Otras universidades del país que se unieron al paro nacional fueron: la Universidad Veracruzana, el Instituto Superior de Irapuato; de Zacatecas, la Universidad de Zacatecas, la Universidad Tecnológica de Zacatecas (Utzac), del Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos.

También la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el posgrado del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCHS), de la Universidad de Guadalajara; la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la Escuela Normal de Cuautla y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Trabajadores y catedráticos del Colegio de Bachilleres, del Conalep y del CECYT de Oaxaca también se unieron al paro nacional, lo mismo que el Instituto Tecnológico de Mérida (ITM) y otras universidades públicas y privadas de ese estado.

En Monterrey, un grupo de unos 400 universitarios marchó esta noche por las calles del centro de la ciudad para demandar justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa.

El contingente salió de la plaza La Purísima a las 19:00 horas e hizo escala en el edificio de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, frente al cual los jóvenes expresaron su solidaridad con las víctimas y demandaron su regreso con vida.

Los estudiantes de universidades públicas y privadas de la localidad corearon en el recorrido “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Ayotzinapa vive!”.


Al contingente se unieron organismos civiles que luchan por encontrar a sus desaparecidos en la entidad.

En Quintana Roo, la convocatoria al paro de labores de 72 horas tuvo una tibia respuesta. En la Riviera Maya, estudiantes de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), campus Playa del Carmen, se unieron a la interrupción de clases.

Dirigentes universitarios adelantaron que se realizarán marchas matutinas y vespertinas en estos tres días en Playa del Carmen.

También se llevarán a cabo diferentes visitas a las escuelas de nivel medio y superior para buscar un mayor número de simpatizantes a esta causa, agregaron.


En Cancún, medio centenar de activistas, desde maestros hasta grupo de artistas alternativos, realizaron un mitin por la noche en el parque “Nuevos Horizontes”, conocido como “El Crucero”, en el antiguo centro de la ciudad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

“¿Dónde están los 43?”: Miles se hacen oír en el DF y mandan mensaje a gobierno “criminal”

MÉXICO, D.F: Una vez más, decenas de miles de estudiantes tomaron las calles de la capital del país para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y castigo a los culpables de su ausencia y la de seis personas asesinadas en el operativo perpetrado por autoridades de gobierno en sociedad con grupos criminales.

Esta vez, los jóvenes decidieron hacerse oír, de viva voz, por el ejecutivo del gobierno federal.

Se los impidieron. Llegaron hasta donde el Estado levantó una muralla de vayas metálicas, resguardadas por filas inamovibles de granaderos y el Estado Mayor Presidencial, en cada camino que llega a Los Pinos.

En la avenida Chivatito, casi al cruce con Paseo de la Reforma, los estudiantes dejaron sus primeros mensajes para un gobierno que consideran “criminal”.

Dibujaron siluetas de cuerpos sin vida apuntando a la residencia oficial y las leyendas: “Fue el Estado”, “Peña, asesino, fuera de Los Pinos”, “Da la cara, cobarde”.

Para las cinco de la tarde, una hora después de la cita, los estudiantes representados por jóvenes de todo el país, de escuelas públicas y privadas, iniciaron la marcha llenos de indignación, de rabia, de hartazgo, de arte con pancartas de colores y caras pintadas y música con bailes.

Con la protesta volvieron también las preguntas: ¿Dónde están los 43? ¿Por qué nos asesinan?

“Que el sufrimiento y la angustia de los familiares de los asesinados y desaparecidos se convierta en convicción de lucha, que nos permita alcanzar la meta de un país diferente”, decía un volante que repudiaba el “terrorismo de Estado”.


Como eco, iba y venía el nombre de los normalistas de la Rural de Ayotzinapa, pases de lista para recordar que no están y que estos miles, hasta encontrarlos, no dejarán de estar.

“Pasan los días, ya van 40, y lo único que aparecen son fosas clandestinas llenas de cadáveres sin nombre. ¿Éste es el país que merecemos? Nosotros decimos que no”. La voz era de estudiantes que lanzaban flores blancas al aire.

“Se solicita sangre tipo Zapata”, decían con ánimos revolucionarios chicos preparatorianos. Continuaban:

“Somos los de abajo y vamos por los de arriba”, “El enemigo del gobierno es el pueblo que piensa. Pero no nos pueden meter a todos en fosas”, repetían escoltando a un grupo de normalistas y sus familiares, que a su vez cantaban:

“Normales, rurales, nos quieren desaparecer. Con lucha y sangre, nos vamos a defender”.

Hombres y mujeres encapuchados, iban y venían pintando en donde podían su indignación, acompañada siempre por la “A” de la anarquía:

“Indignaos. Vengaremos a nuestros hermanos”, “Muerte al gobierno. Vida al pueblo”, “Somos pólvora detonada por el gobierno terrorista”.

Al caer el sol, 06:28 de la tarde, alcanzaron el Ángel de la Independencia, iluminado de un azul que contrastaba con el rojo pintado en las calles.

Doce minutos más tarde aterrizó un helicóptero en la cima del edificio de la PGR, al que el movimiento estudiantil piensa cercar desde las ocho de la mañana del jueves y durante seis horas.

“Esos son, esos son, los que chingan la nación”, cantó el colectivo apuntando a la aeronave oficial.

Con la noche llegaron los primeros contingentes a la Plaza de la Constitución. Y seguirían llegando por larguísimos minutos.

En un sencillo templete, con nada más que las fotografías de los que les arrebataron, los esperaban familiares y compañeros de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Frente a Palacio Nacional, reclamaron:

“Si el gobierno se los llevó no entendemos por qué no nos los quiere regresar. Pero si no nos los entrega, que se atenga a las consecuencias. Vamos a hacer justicia”.

A los medios de comunicación les pidieron que “no jueguen con los padres de familia de los compañeros. Sienten un dolor muy grande cada que alguien dice que están muertos. ¡Vivos se los llevarnos, vivos los queremos!”.

A su voz se unió la de Jody Williams, Premio Nobel de La Paz:

“El pueblo ya no aguanta el matrimonio del gobierno, el ejército y la policía con narcos”, dijo la estadunidense, para luego remarcar:

“Cuando aparezcan estos 43, van a ser símbolo del cambio de país que se necesita. Fuera el gobierno corrupto. Todos somos Ayotzinapa”.

En entrevista, a un costado de los familiares de los normalistas, entre el clamor por justicia, la Nobel condenó la partida de Enrique Peña Nieto rumbo a China en estos momentos.


“No debe viajar a China. Tiene la obligación de estar con las familias (de los normalistas desaparecidos) y buscar un cambio de sistema. Pero sabemos que eso no va a pasar”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

A la ley del metal

Las mineras en Michoacán armaron sus propias guardias de seguridad para defenderse del crimen organizado, sin embargo, vecinos de las poblaciones aledañas los califican como ‘guardias blancas’.

En Michoacán las empresas mineras que explotan el subsuelo en las regiones de la Costa, Sierra Nahua y Tierra Caliente continúan creando sus propias “guardias blancas” para garantizar la seguridad de sus intereses económicos.

Más de 2 mil hombres armados están al servicio de las empresas trasnacionales asentadas en Michoacán, en aras de salvaguardar sus intereses.

Todos ellos reciben adiestramiento por parte del personal de la misma empresa, el cual es traído  de sus países de origen. 

La inseguridad pública que prevalece en la entidad es el mejor pretexto para las mineras extranjeras asentadas en la región.

Al menos 9 de las 12 empresas internacionales que existen en la zona de Tierra Caliente y de la Costa Sierra Nahua mantienen de manera abierta la operación de grupos de civiles armados, los que tienen la encomienda de repeler la presencia de las células del crimen organizado, además de garantizar seguridad a los directivos de las mineras.

Entre las empresas que ha trascendido mantienen “guardias blancas” están Arcelor Mittal, Shenzhen Golden E-Fast Technology Co. Ltd., Zhejiang Losun Holding Group Co. Ltd., Sunju Mining & Resources S.A. de C.V. y Liming Heavy Industry.

También las empresas chinas, Zhong Ning México y Mining Investment, de las más importantes en la explotación minera de Michoacán, son señaladas de organizar a grupos de civiles -en su mayoría traídos de otras partes del país- a los que se les da capacitación policial, instrucción de tiro y se les dota de armamento de grueso calibre para que resguarden la seguridad de las instalaciones.

La minera Ternium, asentada en el municipio de Aquila, es la que mayor número de “guardias blancas” ha integrado para la seguridad de sus minas, no solo en el estado de Michoacán, sino también en Colima y Jalisco, en donde mantienen en operación otras yacimientos de minerales. 

La mayoría los elementos que armó y capacitó Ternium hace tres años, hoy se encuentran conformando los cuerpos de la Policía Rural Estatal, luego de haber sido parte de los grupos de autodefensa que se alzaron contra el crimen organizado en toda la región de Tierra Caliente.

Aquila, un caso especial

La empresa Ternium se asentó en Michoacán desde hace más de una década luego que en el municipio de Aquila se encontraron bancos minerales con reservas probadas para la explotación de hierro por más de 30 años.

La empresa logró la concesión Federal para la explotación del subsuelo, pero los vecinos de la comunidad se opusieron. Argumentaron el inminente deterioro ambiental en la zona.

Frente a ese panorama, Ternium integró su propio grupo de seguridad privada, el que tuvo como fin evitar la presencia de manifestantes y quejosos dentro de las áreas de extracción de mineral. Muy pronto, el cuerpo de seguridad de Ternium comenzó a apoyar a la Policía de Aquila en la vigilancia del municipio, -con el respaldo del gobierno local- para garantizar la tranquilidad del lugar.

El grupo armado que formó Ternium inicialmente era un comando de 10 personas, pero en menos de dos meses ya eran más de 50 hombres armados. Los guardias de Ternium iniciaron amenazas contra los que se oponían a la explotación del subsuelo.

Para encarar a guardias de la minera, los vecinos de la comunidad de Aquila se integraron en una agrupación de comuneros, a fin de solicitar una negociación con la empresa Ternium, a la que le requirieron un pago por persona -a manera de regalías- por la explotación del subsuelo.

En marzo del 2013, Ternium comenzó a pagar en forma mensual las regalías para los 401 comuneros. Paga en promedio mensual 13 millones de pesos por la explotación del hierro de Aquila.

El líder de los comuneros que lograron regalías de minera Ternium era Octavio Villanueva Magaña, quien después fue señalado por los propios comuneros de haber desviado para su beneficio la suma de 14 millones de pesos.

El gobierno estatal,  en base a señalamientos hechos contra el exlíder comunal de Aquila, atendió una orden de aprehensión girada por un juez en contra de Villanueva Magaña, quien recluido en la cárcel estatal de Morelia.

Grupos armados en función de policías

La mayoría de los grupos armados al servicio de las mineras trasnacionales en Michoacán se sumaron a las acciones que realizaron inicialmente los grupos de autodefensa que integró José Manuel Mireles Valverde. 

A muchos de esos grupos se les asignó la seguridad pública de algunos poblados.

Al disminuir el movimiento de resistencia social, los “guardias blancas” regresaron a la vigilancia perimetral de las minas, empresas y bancos de minerales de las firmas internacionales a las que se deben. Muchos de esos elementos se sumaron ya a los cuerpos de la Policía Rural que integró el comisionado federal, Alfredo Castillo.

A la fecha, en las poblaciones de Lázaro Cárdenas, Aquila, La Huacana y Huetamo, las “guardias blancas” de las mineras realizan labores de vigilancia en forma permanente.

En algunos casos, estos grupos se identifican ante la población como parte de los grupos de autodefensa que continúan a la espera del regreso de Mireles. En otros casos se les confunde con células del crimen organizado.

Oficialmente las “guardias blancas” de las mineras asentadas en Michoacán no existen.

El misterio de las armas

Dentro las empresas a las que pertenecen los guardias mineros se le registra como personal de seguridad o de vigilancia perimetral. Algunas de las armas que utilizan son registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque  -señalan algunas fuentes- gran parte de las armas provienen de las células criminales que ellos mismos combaten.

A veces las compran,  a veces las decomisan.

Las guardias blancas

Los municipios de Michoacán que cuentan con presencia de Guardias Blancas de las mineras son:

> Lázaro Cárdenas

> Aquila

> Huetamo

> La Huacana

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.

En el Congreso... ¿cuál crisis?

Mientras el país se aprieta el cinturón por recesiones como la de los precios petroleros, los legisladores abren la cartera. Para el 2015 pretenden incrementar el presupuesto de gasto del Congreso en un 123 por ciento.

Los mexicanos deben de enfrentar diariamente las crisis financieras y la recesión económica, pero hay unos mexicanos que están excentos de esas problemáticas: los diputados y senadores.

Contrario a lo que ocurre en la vida cotidiana de los mexicanos, que han perdido su poder adquisitivo por la inflación, los diputados y senadores han visto incrementar sus partidas presupuestarias.

En los últimos 10 años, el presupuesto que se autorizan los propios legisladores para el gasto del Congreso de la Unión se ha duplicado… a diferencia de lo que ocurre en la economía nacional que ha decrecido en ese periodo.

De 2004 a la fecha, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional ha caído del 4.4 por ciento registrado en ese año, a apenas el 1.7 por ciento alcanzado en lo que va del 2014.

Pero esto no ocurre con los recursos públicos que maneja el Poder Legislativo de México.

En el mismo periodo de tiempo, el presupuesto autorizado para la Cámara de Diputados y de Senadores se ha aumentado en un 102 por ciento.

Y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que se discute en la Cámara de Diputados, los legisladores pretenden incrementarlo hasta un 123 por ciento para el 2015.

Los diputados

En los últimos 10 años el presupuesto de la Cámara de Diputados aumentó en un 114.6 por ciento.

La partida legislativa –que ha sido señalada por su manejo opaco y discrecional- pasó de 3 mil 165 millones de pesos en el 2004, a 6 mil 795 millones en el 2014.

Para el 2015, la Cámara Baja busca conseguir recursos por 7 mil 339 millones de pesos.

Si los diputados autorizan en esos términos el PEF 2015, el crecimiento del presupuesto legislativo será de 131.8 por ciento respecto al aprobado hace 10 años en el 2004.

Los senadores

En el caso del Senado, su presupuesto pasó de 2 mil 320 millones de pesos, en el 2004, a 3 mil 722 millones de pesos, para el 2014.

El incremento registrado es de un 60 por ciento.

Pero si se compara con el gasto proyectado para el 2015, el aumento será del 84 por ciento.

El presupuesto legislativo se autorizará en los próximos días como parte del Proyecto de Egresos de la Federación 2015, que actualmente es discutido en la Comisión de Presupuesto que encabeza el diputado priista Pedro Pablo Treviño.

Opaco, pero en aumento

Este aumento constante a los recursos de ambas Cámaras ocurre a pesar de la opacidad con la que se ejercen por parte de los legisladores.

Del total del dinero del que disponen, tanto el Senado como la Cámara de Diputados entregan entre un 20 y 25 por ciento a los grupos parlamentarios en la forma de subvenciones.

De esos recursos, las bancadas no están obligadas a entregar ni un solo comprobante.

Para las consultoras Integralia y Borde Político, ambas dedicadas a la evaluación y seguimiento de las tareas del Poder Legislativo en el país, la opacidad en el manejo del dinero público es uno de los más graves problemas del Congreso.

“Durante los primeros 24 meses de la LXII Legislatura (2012-2015) los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados recibieron 2 mil 478 millones de pesos constantes en subvenciones sin dar cuenta de su uso y destino; solo se conoce el monto por partido.

“Este monto representa un incremento de 56 por ciento en términos reales con respecto a los primeros 24 meses de la Legislatura anterior, cuando los grupos parlamentarios recibieron mil 586 millones de pesos constantes de 2014.

“La gravedad del problema radica en que las subvenciones de los grupos parlamentarios son un gasto no comprobable”, señalan ambas consultoras en su informe Opacidad Presupuestaria, el Gasto Legislativo en México.

Más para ellos que para seguridad

El crecimiento del presupuesto de la Cámara de Diputados se ubica por encima de varios programas de seguridad, sociales y de infraestructura.

Por ejemplo, en el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social, el crecimiento entre el 2004 y el proyecto del 2015 es de apenas 100 por ciento.

Y la Cámara de Diputados tiene más recursos proyectados para el próximo año (7 mil 339 millones de pesos) que este Fondo (7 mil 006 millones).

Lo mismo ocurre con el Fondo Regional, que atiende a las 10 entidades con menor nivel de desarrollo.

Para el 2015, dicho Fondo atenderá a los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí.

Sin embargo, contará con 6 mil 976 millones de pesos. Unos 363 millones de pesos menos que la Cámara de Diputados.

Además los recursos que se ejercerán en San Lázaro serán mayores que los del Fondo de Infraestructura Social Estatal.

De aprobarse como se encuentra en el Proyecto de Presupuesto de Egresos, este Fondo ejercerá un total de 7 mil 076 millones de pesos; 333 millones de pesos menos que la Cámara baja.

Y más aún: los diputados federales ejercerán apenas 851 millones de pesos menos que lo que la Federación destina al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, del que depende el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que podría ejercer 8 mil 190 millones de pesos en el 2015.

El presupuesto que se gastarán los legisladores el próximo año es casi tres veces más que el monto autorizado para el Programa Nacional para la Prevención del Delito, que contará con una partida de 2 mil 683 millones de pesos.

También supera en un 30 por ciento a los recursos que se planean asignar para el Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), que el próximo año recibirá 4 mil 893 millones de pesos, una bolsa que se tendrá que repartir entre 225 municipios.


Menos diputados, menos dinero

En los últimos años una idea que se ha analizado para bajar los costos del Congreso federal es la reducción del número de diputados y senadores.

Un año antes de que terminara su sexenio, el expresidente Felipe Calderón propuso –como parte de su reforma política- la reducción de los diputados y senadores elegidos por la vía plurinominal.

La reelección en los alcaldes y las candidaturas independientes fueron aprobadas, pero no la disminución de los legisladores.

La iniciativa fue retomada luego por el PRI, que ahora pretende reducir el Congreso federal con la desaparición de 100 de los 200 diputados y de los 32 senadores que son elegidos por la vía plurinominal.

Los priistas pretendían llevar a cabo una consulta popular en las elecciones del 2015 para proponer esta propuesta a los votantes.

Sin embargo, esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente esta iniciativa que es una de las promesas de campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.

El aumento de los dineros que manejan los diputados ha coincidido también con una ola de acusaciones y denuncias de corrupción en contra de los legisladores.

El año pasado se ventilaron denuncias de “moches” en contra del Grupo Parlamentario del PAN, entonces encabezado por el diputado albiazul Luis Alberto Villarreal, quien tuvo que renunciar a su cargo por el escándalo por la fiesta organizada con bailarinas de table dance en Puerto Vallarta.


Hasta el senador Ernesto Cordero, aspirante a la presidencia del PAN, denunció este tipo de prácticas que llevan a cabo los legisladores para repartir los fondos públicos.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: IMELDA GARCÍA.

40 días de agonía e indignación por sus hijos desaparecidos

MÉXICO, D.F: Quince días pasaron desde la marcha anterior, pero la imagen es la misma: sentados en el templete, los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos agarraron con las dos manos las mantas en las que aparecían los rostros de sus hijos y detrás de las cuales caminaron hoy desde Los Pinos hasta el Zócalo capitalino.

“Llenos de rabia y de cansancio” en el día 40 “de agonía”, padres y normalistas se sucedieron para denunciar la falta de eficiencia del gobierno federal en la búsqueda de sus cercanos e indignarse de que el presidente Enrique Peña Nieto saldrá de gira internacional por Asia el próximo domingo.

Un estudiante de Ayotzinapa convocó a “los miles de inconformes y atropellados en el país” a reunirse en una “Caravana de las Indignaciones” con la intención de crear un movimiento nacional.

“Mejor que no regrese (Peña Nieto de su gira), porque cuando regrese va a encontrar otro país”, aseveró el estudiante, al observar que “es tiempo para una nueva legalidad, ésta ya no funciona y no podemos permitir que hechos tan atroces se repitan”.

El estudiante precisó: “A los 7 años vi cómo una persona mató a otra persona. Nos parecía normal ver bandas en sus camionetotas, con cuernos de chivo. Hasta queríamos ser como ellos. Pero en la Normal nos dimos cuenta que esto era un problema social”.

“Siempre supimos, pero nunca hemos dicho nada porque teníamos miedo. Pero ahora decimos al gobierno y a los narcos que ya no tenemos miedo”, insistió.

Mientras que se sucedían los discursos, otro normalista acudió al templete para anunciar que en Tixtla, un municipio guerrerense ubicado a 20 kilómetros de Ayotzinapa, un grupo de “sicarios” vino a golpear y amenazar a otros estudiantes quienes iban de compras más temprano en el día. Aseveró que los delincuentes les advirtieron que le “bajaran de huevos”.


Y aseguró que cuando disminuya la atención sobre el caso Ayotzinapa, “van a venir por nosotros”. No confiarán en las garantías que pueda aportarles el Estado, ya que éste “limitó la tarea de la policía comunitaria y metió a la cárcel a sus líderes como criminales”, denunció.


“No nos dejen solos”

Según un padre de familia, durante su gira Peña Nieto sostendrá a sus interlocutores que México está seguro y listo para recibir inversiones. “¡Pero aquí hay más de 100 mil gargantas que exigen justicia!”, exhortó.

Y añadió que ya no creen en el gobierno, que anunció en varias ocasiones haber encontrado a los normalistas muertos. Los padres seguirán considerando que sus hijos están vivos hasta que los peritos argentinos demuestren lo contrario, precisó.

Estimó que los 3 mil agentes desplegados en Iguala “no sirven para nada”, y que hasta el gobierno reconoce que no avanzó en sus investigaciones.

“No nos interesa el dinero que nos ofrecieron”, abundó, en referencia a la tentativa de soborno a los padres que realizó el gobierno de Guerrero a los 15 días de la desaparición de los estudiantes y que denunciaron los familiares.

Una “madre más de un hijo desaparecido” aseveró que no aceptará que el gobierno federal cierre el caso. Ante la opinión nacional e internacional, imploró: “No nos dejen solos”.

Durante la reunión que sostuvieron ayer con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, éste se felicitó de la detención de la pareja Abarca. Asimismo, un padre señaló que el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, considera como “un triunfo” el arresto del exalcalde y de su esposa.


“Pero ¡que no se haga tonto! El triunfo será al recuperar los 43 vivos”, exhortó.


Torrente humano

Desde las cuatro de la tarde, enfrente del Auditorio Nacional, una muchedumbre impresionante –los organizadores estiman que acudieron 120 mil personas– llenó el Paseo de la Reforma de sus lemas, cantos y protestas, bajo los aplausos de un gran número de personas aglutinadas sobre las banquetas. Hasta una comitiva de manifestantes en bicicleta, convocada por las redes sociales, se sumó al contingente.

Varios de los estudiantes se pintaron la huella roja de una mano en la cara, otros sólo se escribieron un sobrio pero asombroso “43” en las mejillas.

En los diferentes letreros se podía leer: “Mamá, ve cavando mi tumba porque sigo pensando” o “¿Qué cosecha un país que siembra muertos?”, mientras que en miles de pancartas aparecían los rostros de los desaparecidos.

Los padres de los desaparecidos encabezaron la marcha, arropados por una cadena humana de voluntarios, quienes se agarraron de las manos, de las mochilas o de su ropa cuando la cuerda que utilizaron para evitar las intrusiones les quedó corta.

Desde el Ángel de la Independencia parecía que del Bosque de Chapultepec salía un torrente humano, bajo un cielo rosado por el atardecer que, más tarde, lució sobre la nieve del volcán Iztaccíhuatl.


En cada glorieta aguardaban centenares de personas, quienes esperaban que los padres y los normalistas los rebasaran para poder incorporarse a la marcha. Debido a la ausencia de policías, la movilización transcurrió sin incidentes.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

Recluyen a exalcalde de Iguala en penal del Altiplano; a su esposa la arraigan

MÉXICO, D.F: El expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1 del Altiplano, en el Estado de México, por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, en cumplimento a la orden de aprehensión librada en su contra el pasado 24 de octubre.

En el caso de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, un juez federal especializado le impuso la medida cautelar de arraigo por 40 días.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha dado a conocer el contenido de las declaraciones de la pareja sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, presuntamente por órdenes de Abarca Velázquez, quien pretendía evitar que los estudiantes llegaran a un evento presidido por su esposa.

La dependencia tampoco informó que durante los operativos montados la madrugada del 4 de octubre en la delegación Iztapalapa para realizar las detenciones, Yazareth Abarca Pineda, hija de ese  matrimonio, fue detenida junto con Noemí Berumen Rodríguez, a quien acusan de encubrir a la pareja.

Yazareth Abarca, fue llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), donde rindió su declaración. Una vez que concluyó, fue puesta en libertad.

Según el periódico Excélsior, la hija de los Abarca se encargaba de ir por la comida para que sus padres no salieran del domicilio donde se escondían.

En un comunicado, la PGR informó que el traslado del exalcalde de Iguala se realizó este miércoles a las 17:10 horas. Agregó que quedó a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros.

Sin embargo, aclaró que este proceso es independiente del resultado de las investigaciones que continúa la Procuraduría sobre Abarca Velázquez.

El matrimonio Abarca-Pineda fue detenido a las 2:30 de la mañana del pasado martes en un operativo simultáneo con la Policía Federal en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La casa en la que se encontró a la pareja parecía abandonada y la razón por la que comenzaron las sospechas contra Noemí Berumen Rodríguez fue que, sin motivo aparente, parecía entrar a una casa inhabitada.

La noche de este miércoles, Gabriela Berumen, hermana de Noemí, negó en entrevista para Milenio Televisión, que su familia tenga nexos con la pareja.

Ayer, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, informó que el exalcalde de Iguala y su esposa se ocultaban en una casa que aparentaba estar deshabitada y que les prestó Noemí Berumen Rodríguez, amiga de su hija.

Gabriela Berumen admitió que la hija de los Abarca, es amiga de ella y su hermana desde que fueron compañeras en la Universidad Anáhuac del Sur. La amistad se reforzó cuando las hermanas Berumen donaron sangre para Yazareth Abarca Pineda.

“La mamá se acercó a darnos gracias. Nada más. En realidad mis papás y los papás de ella nunca se juntaron que yo sepa”, señaló.

De acuerdo con la PGR, Abarca y Pineda son los operadores en Iguala del grupo delictivo Guerreros Unidos, al que presuntamente fueron entregados los 43 normalistas por parte de agentes de policía municipal de Cocula, cómplices de los acusados.

El portal sinembargo.mx publicó que José Luis Abarca Velázquez obtuvo un amparo que impidió a policías federales que lo detuvieran durante un acto político de campaña por la alcaldía en abril de 2012, por el delito de evasión fiscal.

La solicitud de amparo indica que el 20 de abril de 2012, ocho efectivos federales intentaron ejecutar la orden de aprehensión: “Encontrándome en un acto público político masivo, dadas las próximas elecciones municipales en el municipio de Iguala (sic), Guerrero, el día 20 de abril del año en curso (2012), aproximadamente a las 11 horas, se presentaron ocho personas, tres mujeres y cinco hombres, quienes dijeron ser agentes de la Policía Federal con residencia en esta ciudad de Iguala, sin identificarse ni mostrar orden escrita alguna, dijeron a los compañeros que participaban en el acto público, que traían orden de detenerme para presentarme ante el Ministerio Público federal de Iguala”.

Según el documento, dada la naturaleza del acto público y la oposición de los concurrentes, “los policías se quedaron a los alrededores, pero con una actitud de realizar la detención, por lo cual me dirigí a la casa de una conocida, en el número 15-bis de la calle Jacarandas de la colonia La Floresta, código postal 40090, de esta ciudad, donde fuera del lugar se han apostado personas por demás significativas del carácter de policías, por lo que me encuentro en peligro de perder mi libertad, de la que siempre he gozado”.

La suspensión provisional se solicitó ante el juzgado noveno de distrito con sede en esta ciudad en contra de la PGR, la SEIDO, el director general de investigación policial de la PGR, el director general de control de averiguaciones previas, el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el delegado y el subdelegado de la PGR en Guerrero, el titular de la jefatura regional de la AFI, el Agente del Ministerio Público Federal y el comandante de la Agencia Federal de Investigaciones con residencia en Iguala.


A mediados de junio de 2013 Abarca, su esposa y el exsecretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez –actualmente prófugo– se habían amparado ante el juzgado noveno de distrito con sede en Iguala, señalados por la desaparición y asesinato del dirigente de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, así como de Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.