lunes, 27 de octubre de 2014

Ordena juez a Borge Angulo frenar actos de infamia contra diputada panista

CANCÚN, Q. Roo: El Juzgado Séptimo de Distrito radicado en esta ciudad ordenó al gobernador Roberto Borge Angulo y otros dos funcionarios del gobierno, frenar los actos de infamia contra la diputada federal panista Alicia Ricalde Magaña.

Dentro del mismo proceso se exigió a dos funcionarios más, uno de ellos del Poder Judicial del Estado, que dejen de enviar mensajes vía Twitter contra la legisladora.

Con esta última suman tres las órdenes emitidas al gobernador para cesar los actos de infamia contra ciudadanos quintanarroenses. Anteriormente el juez otorgó suspensiones a los periodistas Noma Madero y Agustín Ambriz, presidenta y director del semanario Luces del Siglo, respectivamente.

El juez Séptimo de Distrito de Quintana Roo, Darío Alejandro Villa Arnaiz, otorgó “por oficio y de plano” la suspensión de actos de infamia contra Alicia Ricalde, como parte de la demanda de amparo indirecto presentada por la diputada panista contra el gobernador Roberto Borge y otros cuatro funcionarios.

“Al tomar en cuenta que la promovente (Alicia Ricalde) señala como acto reclamado la pena de infamia, de la que afirma es objeto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se decreta de oficio de plano la suspensión para que ésta cese de inmediato”, determinó el juez en la demanda de amparo 1186/2014-V.

De acuerdo con el fallo, debe cesar “cualquier acto de intimidación o molestia a la quejosa en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia”.

La legisladora, hermana del expresidente municipal perredista de Benito Juárez, Julián Ricalde, refirió que por órdenes del gobernador y con el uso de los convenios de publicidad, ha sido atacada en la mayoría  de los impresos editados en la entidad.

En relación con las agresiones en los medios impresos, el juez ordenó finalizar esos actos de infamia a Borge Angulo; al secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti, y al director de la Unidad del Vocero, Rangel Rosado.

Asimismo, ordenó al director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del estado, Lino Magos, y al diputado local y presidente estatal del PRI, Pedro Flota, que cesen “la emisión de mensajes e imágenes infamantes a través de medios electrónicos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.

Asesinan a jefe de policía en Guerrero

El director de Seguridad Pública de Cuajinicuilapa, Guerrero, Honorio Martínez Rodríguez, fue asesinado en lo que se presume fue una emboscada.

El director de Seguridad Pública de Cuajinicuilapa, Guerrero, Honorio Martínez Rodríguez, fue asesinado este 27 de octubre en lo que se presume fue una emboscada sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional.

En los hechos también habrían muerto también dos policías municipales.
Los atacantes lograron escapar en un automóvil gris después del ataque alrededor de las 9:30 horas.

Autoridades ministeriales  iniciaron las investigaciones correspondientes.


Martínez Rodríguez había sido amenazado de muerte y atacado en dos ocasiones.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Perredistas denuncian al Procurador por omisión

Los perredistas denuncian que el funcionario no investigó el asesinato del perredista y líder social Arturo Hernández Cardona, presuntamente asesinado por el ex presidente municipal de iguala, Guerrero, José Luis Abarca.

El procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, fue denunciado ante la Secretaría de la Función Pública por integrantes de la fracción del PRD Izquierda Democrática. Los perredistas denuncian que el funcionario no investigó el asesinato del perredista y líder social Arturo Hernández Cardona, presuntamente asesinado por el ex presidente municipal de iguala, Guerrero, José Luis Abarca, hoy prófugo ante la desaparición de 43 estudiantes normalistas.
Según informa el diario Milenio, el diputado federal Alejandro Sánchez Camacho, el asambleísta Jorge Zepeda y el secretario general del partido en el DF, Enrique Vargas Anaya, presentaron una denuncia en la ventanilla de atención ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, que asienta que Murillo Karam no hizo ninguna averiguación a pesar de que tenía testimonios de que presuntamente Abarca cometió el asesinato.

“Esto evitó acciones legales contra José Luis Abarca y por consecuencia no pudo ser aprehendido oportunamente y permaneció en la impunidad sobre el delito denunciado y esto permitió, facilitó o dio la oportunidad para que cometiera ilícitos diversos”, expuso Sánchez Camacho, de acuerdo con el periódico Reforma.


Antes de ingresar a la Secretaría de la Función Pública, el también ex secretario general del Partido afirmó que también presentarán la demanda contra Murillo en la PGR.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

…Y ¿quién es Rogelio Ortega, el nuevo gobernador de Guerrero?

A sus 59 años, el domingo asumió el cargo, tras la salida de Ángel Aguirre. Estableció como prioridad el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala.

Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador sustituto de Guerrero, nació en Taxco, Guerrero el 26 de julio de 1955, estudió la Licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).

Obtuvo un grado académico de Maestría en Estudios Iberoaméricanos otorgado por la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente un Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología en la misma institución.

Además, cuenta con una especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de la UAG y un diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana de México.

Ocupaba el cargo de secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero desde 2010.

Ha desempeñado diversos puestos en esta máxima casa de estudios como académico, profesor-investigador del Centro Interuniversitario para la Integración Americana (CIPIA), coordinador del Cuerpo Académico en Consolidación UAGRO-CA-148 Instituciones, Democracia y Cambio Político, DES Ciencias Sociales y Políticas.

En autoría y coautoría con otros investigadores, ha publicado libros y diversos artículos, ensayos en revistas y periódicos.

En cuanto a cargos político-administrativos, ha sido Jefe del departamento de Asuntos Estudiantiles de la UAG; director de Extensión Universitaria, de la misma; director Fundador del Centro Interuniversitario para la Integración Americana (CIPIA).

Así como consejero universitario de esta institución educativa en el periodo 1999-2001 y en el 2004-2006, durante el rectorado de Florentino Cruz Ramírez y Nelson Valle López, respectivamente, y coordinador de Asesores del Rector de la UAG.

Asimismo, director del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano del 7 de junio de 2006 al 13 de noviembre de 2009.

El domingo, ante integrantes de la LX legislatura del Congreso local, Ortega Martínez dijo que su prioridad es atender el reclamo para que se haga justicia ante el asesinato de seis personas, entre ellos tres normalistas, y 43 jóvenes desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre.

“No podemos llegar a enero a una crisis de ingobernabilidad, en enero inicia el proceso de cambio de todos los municipios y el ejecutivo, tenemos que llegar en armonía”, aseveró. 

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

IPN responde a la SEP: el diálogo será el jueves y en el ‘Poli’

Piden que estén presentes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Educación, Emilio Chuayffet, y de Hacienda, Luis Videgaray.

La Asamblea General Politécnica propuso que la mesa de diálogo con el gobierno federal se realice el jueves 30 de octubre -y no este martes 28-, por lo que se espera una respuesta de la SEP.

En una conferencia de prensa, el domingo, los estudiantes politécnicos dieron a conocer que el diálogo está programado para las 15:00 horas y la organización y seguridad quedará a cargo de los integrantes del movimiento.

La sede de la reunión será el auditorio Alejo Peralta del centro cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en la Unidad Zacatenco.

“La comunidad desea que la resolutiva se lleve a cabo dentro de nuestra alma mater”, indicaron.


Los representantes de los estudiantes se darían a conocer este martes. Mientras que los representantes del gobierno federal invitados a la mesa son: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de Educación, Emilio Chuayffet, y de Hacienda, Luis Videgaray. En la mesa estará presente un “moderador”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Caso de la Guardería ABC llega a la Comisión Interamericana de DH

Los padres esperan encontrar una respuesta favorable, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.

Cinco años después de la muerte de 49 niños en la guardería ABC en Sonora sin haber encontrado justicia en las instituciones mexicanas, padres integrantes del “Movimiento 5 de junio” acudirán hoy lunes 27 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las omisiones del Estado mexicano.
Al menos cuatro de los padres de los menores fallecidos acudirán a una reunión con los comisionados de la CIDH James Cavallaro, Rosa María Ortiz y el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, como parte de las audiencias en el 153 periodo ordinario de sesiones en Washington.

Harán la petición formal para que el organismo internacional evalúe la admisibilidad y pueda atraer el caso para su análisis. De confirmar las violaciones a derechos humanos, la Comisión podría emitir un informe con las recomendaciones y señalamientos al Estado mexicano.

Este lunes a las 11:00 de la mañana, hora de México, los padres presentarán un video de lo sucedido en la guardería ABC el 5 de junio de 2009 y expondrán sus argumentos sobre la presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por el Estado en una de las tragedias más dolorosos en el país.

Los temas sobre los que se finca esta petición es “la falta de acceso a la verdad, a la justicia y a reparación del daño entendida como la garantía de no repetición”, explica Sthephanie Erin Brewer, integrante del equipo legal del Centro Miguel Agustín Pro Juárez que acompaña a los padres.

Tanto en las investigaciones como en los procesos penales e incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha argumentado que lo ocurrido en la guardería fue producto de la negligencia de “unas cuantas personas con puestos de bajo rango” en Hermosillo, Sonora; pero “en la realidad la guardería es un ejemplo paradigmático de la situación de inseguridad, incumplimientos e irregularidades que prevalecían en prácticamente todas las guarderías subrogadas por el IMSS en el país”, explica Brewer.

En entrevista, asegura que la muerte de 49 menores es responsabilidad es de “toda una estructura, de una decisión tomada desde los más altos niveles en el IMSS de subrogar guarderías a particulares en una lógica de mercado, convirtiéndolas en un negocio lucrativo y a los niños y niñas en una oportunidad de ganar dinero gastando lo menos posible”.

Después de estos años no ha habido un reconocimiento de ese nexo con el incendio. Por eso, las investigaciones tampoco se han enfocado en la posible responsabilidad de altos mandos a nivel federal y estatal, afirma la abogada.

Después de agotar todas las instancias legales en México y sin encontrar la reparación del daño con la garantía de no repetición, ni castigo a toda la línea de responsables, las víctimas pueden acudir a los organismos internacionales, según los instrumentos de protección de los derechos humanos.

La última instancia

La muerte de 43 niños y niñas ha quedado impune, según han denunciado los padres, toda vez que no hay ningún responsable en la cárcel.
Y es que la cadena de responsabilidad, aseguran las víctimas, debía alcanzar al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el ex director del IMSS, Daniel Karam Toumeh; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.

La Suprema Corté de Justicia de la Nación atrajo el caso en 2009 y un año después, en votación dividida, los ministros concluyeron que sólo funcionarios medios de los niveles federal, estatal y municipal tuvieron alguna responsabilidad.

El fallo de la Corte era una esperanza de los padres para encontrar justicia y aunque la conclusión no los satisfizo, las sentencias del máximo órgano legal no pueden ser impugnadas por alguna otra instancia.

Al agotar las instancias legales en el país, se cumple con uno de los requisitos para que la solicitud ante la CIDH sea aceptada.

Otro de los preceptos es que no se ha alcanzado ningún compromiso del Estado para la no repetición. Aunque gracias al activismo de los padres se promulgó la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil conocida como “Ley 5 de junio” en 2011, los estados no la están aplicando.

La legislación pretende garantizar la seguridad de los niños y niñas en guarderías, pero sólo Jalisco ha concluido con la promulgación de ley y el reglamento correspondiente.

Aunque los estados estaban obligados a adecuar sus leyes locales en el año siguiente a la publicación sólo algunas lo han hecho. Se trata de Sonora, el Estado de México, Puebla, Colima, Baja California y Yucatán, pero faltan sus leyes secundarias.

Los padres esperan encontrar una respuesta favorable en la CIDH, sin embargo, no hay tiempo estimado para que el organismo resuelva aceptarlo, lo que podría llevar años.


Después, en caso de darle entrada, vendría el litigio sobre la responsabilidad del Estado y al final, la publicación de un informe.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELIROLDÁN

¿Por qué fueron los normalistas a Iguala, a dos horas de su plantel?

Al cumplirse un mes desde la detención y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, cerca de 300 alumnos de esta casa de estudios reclamaron la presentación con vida de sus compañeros, con un cierre total de la Autopista del Sol, que por ocho horas dejó varados en la carretera a turistas, habitantes de la región y transportistas.

Este domingo, 26 de octubre, se cumplió el primer mes desde que la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, asesinó a tres normalistas (así como a tres transeúntes) y detuvo y desapareció de manera forzada a otros 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, tiempo que no ha sido suficiente para los hechos ocurridos ese viernes 26 de septiembre queden aún del todo claros. ¿Por qué fueron los normalistas a Iguala, distante a dos horas de su plantel? ¿Por qué fueron ese viernes y por qué lo hicieron por la noche?

Tal como denunciaron los padres de los desaparecidos la semana pasada, la principal hipótesis de la Procuraduría General de la República es que el ataque a los normalistas fue consecuencia de que éstos acudieran a Iguala –supuestamente manipulados por el cártel Los Rojos– para boicotear el informe de labores de María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, cónyuge del alcalde José Luis Abarca y hermana de los líderes del cártel Guerreros Unidos, que controla dicha localidad. Sin embargo, uno de los sobrevivientes de la emboscada policíaca perpetrada hace un mes niega la versión oficial y aclara el verdadero objetivo de los normalistas para acudir a Iguala: capturar tres autobuses de pasajeros, que se usarían en los días siguientes para llevar estudiantes hacia los poblados donde realizarían sus prácticas de observación, y que también se emplearían para llevar una delegación estudiantil a la Ciudad de México, el 2 de octubre, para participar en la marcha conmemorativa de la Matanza de Tlatelolco.
Felipe es uno de los estudiantes de primer año de la licenciatura de educación primaria que el 26 de septiembre salieron de Ayotzinapa en dos autobuses, alrededor de las 18:00 horas, y, según su narración, para las 20:00 ya estaban a pocos kilómetros de Iguala, por lo que descendieron de los autobuses sobre la carretera y tomaron el primer vehículo de pasajeros que se topó con ellos, de la empresa Estrella Roja.

Sin embargo, afirma, “se necesitaban dos autobuses más para los compañeros que iban a ir el día lunes a la Costa Chica y a la Costa Grande del estado para realizar sus prácticas docentes (…) posterior a ello, ya platicando con los choferes se iba a llegar al acuerdo de que los autobuses serían utilizados para la marcha del 2 de octubre (en la Ciudad de México)”.

Por ello, el camión con normalistas que aún permanecía en la caseta carretera de Iguala, boteando, fue designado para entrar a la ciudad y capturar, en la Terminal de Autobuses, los dos vehículos que aún les hacían falta.

Para las 21:00 horas estaban ya en la terminal, “no nos tardamos mucho ahí” y en la ruta de vuelta a la carretera pasaron por el zócalo de Iguala, donde se realizaban festividades por el informe de la presidenta del DIF, pero, aclara, “no sabíamos eso, nos seguimos derecho por la calle Álvarez” y fue unas cuadras más allá de la plaza central del municipio que se escucharon los primeros disparos.

Felipe no sólo es parte de los jóvenes que sobrevivieron a la emboscada y secuestro masivo orquestado en los minutos siguientes por la Policía Municipal. Él es, además, parte del pequeño grupo que intentó defenderse primero de los agentes que los atacaban desde atrás de los vehículos, y luego fue parte de los jóvenes que trataron de retirar la patrulla que, por la parte frontal, fue atravesada en el camino para obligarlos a detenerse, poco antes de que la calle Álvarez desembocara en Periférico.

Es, también, sobreviviente del segundo ataque perpetrado, alrededor de las 00:00 horas del 27 de septiembre. Fue el primer normalista en responder al llamado de reagruparse en la Fiscalía de Iguala y, por ello, fue a quien tocó la “dolorosa” labor de reconocer a los tres normalistas asesinados en ambos ataques.


Éste es su testimonio:



Un mes…


Al cumplirse un mes desde la detención y desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, cerca de 300 alumnos de esta casa de estudios –acompañados por normalistas de otras entidades y miembros del movimiento magisterial– reclamaron ayer 26 de octubre la presentación con vida de sus compañeros, con un cierre total de la Autopista del Sol, que por ocho horas dejó varados en la carretera a turistas, habitantes de la región y transportistas.













































El lugar elegido tiene un significado especial: la salida de Chilpancingo hacia la autopista, el mismo sitio donde el 12 de diciembre de 2011 fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa, por policías federales que intentaban retirar un bloqueo carretero similar al de este domingo, aunque esta vez ninguna autoridad intentó siquiera acercarse a la protesta.

Y el momento elegido tuvo también un significado: hacer presencia en la capital de Guerrero al mismo tiempo que el nuevo gobernador interino, Salvador Rogelio Ortega Martínez, asumía el cargo, para de esta forma reiterar la exigencia reiterada de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

La protesta, no obstante, generó molestia entre algunos de los automovilistas que quedaron varados en la carretera, mientras otros tantos expresaron su solidaridad con los normalistas, y su respaldo a las acciones de protesta que se requieran para presionar a las autoridades.



De forma paralela, pero en Ayotzinapa, el padre Alejandro Solalinde hizo acto de presencia, con el objetivo de rendir una oración por los 43 jóvenes desaparecidos, junto con sus papás y mamás, los cuales, sin embargo, le impidieron realizar el acto religioso, por no haberlo acordado previamente con ellos, y por la molestia que suscitaron las versiones difundidas por el cura, acerca de que los normalistas secuestrados ya están muertos.

Aunque a Solalinde se le permitió el acceso a la Normal, los padres y madres de los desaparecidos prefirieron sostener una charla con él, para exigirle que, si efectivamente conoce el paradero de los normalistas, lo revelara, lo cual no pudo cumplir, por lo que terminó abandonando el plantel educativo, no sin antes aclarar que nunca tuvo la intención de pasar por encima de los voceros y representantes tanto de los estudiantes, como de los familiares.


En cambio, en donde sí se permitió realizar un acto religioso fue en el tramo carretero de la Autopista del Sol que mantenían tomado los estudiantes, hasta donde fue conducido un ministro extraordinario, quien encabezó la oración no sólo por los desaparecidos, sino también por los dos normalistas asesinados en ese lugar en 2011, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, en cuyo honor, además, fueron colocadas dos cruces junto a la carretera, luego de lo cual se dio por concluido el bloqueo y se permitió el paso de los vehículos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

SCT niega “favoritismo” en licitación de Tren México-Querétaro

"Este gobierno tiene prisa", refirió Gerardo Ruiz Esparza, sobre el proceso en el que sólo participa un competidor.

Para construir el Tren México-Querétaro hay prisa, pero no favoritismo, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, reconoció que en las empresas constructoras siempre “tendrán un nombre” que lleve a pensar que se les favoreció por ello, pero no es este el caso, sostuvo.

“Las (empresas) que hubieran sido, siempre tendrán un nombre que pueda generar algún favoritismo”, aseveró.

Comentó, por ejemplo, que en la construcción del nuevo aeropuerto se habló de cierta amistad con uno de los empresarios, lo cual rechazó, y también de que uno es yerno de Carlos Slim, lo que es cierto, pero no fue por ello que se le involucró en el mismo.

En en el caso del nuevo tren, indicó, “es un proyecto que piensa en el ciudadano”, pues va a permitir que en lugar de pasar 3 horas en carretera, “lleguemos en 58 minutos”.

“Si no lo hiciéramos, tendríamos que ampliar la autopista México-Querétaro”, refirió.

El tren es uno de los 8 proyectos de transporte masivo que tiene en mente en el gobierno federal, apuntó.

En este caso, se disculparon 16 empresas por no poder participar; la SCT  no podía esperar dos años “a que los señores estén en condiciones de presentar un proyecto”, pues eso va contra el proyecto y el presupuesto, anotó el funcionario.

La dependencia, señaló ejerce el 100 por ciento de su presupuesto cada mes.

La ganadora de la licitación fue “la empresa más importante de China, asociada con el operador de trenes más importante del mundo que es francés”, en referencia al único participante en la licitación, conformado por China Railway, GIA+A, Constructora Teya, Prodemex y GHP Infraestructura.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Noticias MVS primera emisión ha dado un amplio seguimiento a este caso; la semana pasada reveló que las empresas nacionales y extranjeras que abandonaron la licitación del tren de alta velocidad advirtieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,  que la falta de tiempo para elaborar las propuestas inhibiría la competencia y provocaría que se presentaran proyectos deficientes. También señaló los vínculos de las empresas que resultaron ganadoras, con políticos mexicanos y con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México.

Al respecto, Ruiz Esparza sostuvo que fueron “dos gigantes los que están presentando la oferta, asociadas con 3 empresas mexicanas”; respecto a estas últimas, puntualizó que desde “hace más de 30 años” hacen obras para estados y el gobierno federal e internacionalmente.

Aseguró que en “todas las empresas vas a encontrar nombres…”, eso no quiere decir que haya favoritismo, “estamos tratando de hacer las cosas lo más apegado a la ley”.

Desde noviembre del año pasado se invitó a las empresas para que se prepararan, dimos oportunidad de que presentaran sus proyectos; “tenemos prisa”, reconoció, por lo que “no vamos a dar ampliación de plazos”.

“Yo no me voy a detener, si tengo una oferta o dos ofertas las voy a tomar si son buenas”, agregó.

“Si estuviéramos haciendo chapuza, cosas indebidas, no seríamos tan tontos como para ponerlas a revisión”, mencionó, en el sentido de que la oferta del consorcio ganador será revisada.

“La empresa más grande del mundo destinó 200 ingenieros en México para presentar su propuesta, no supe de nada más que lo hiciera”, añadió.

“Hace como 6 meses me reuní con empresa china como con todas las demás, fue una reunión pública… Tenemos a una empresa grande de talla internacional y a un testigo social revisando la oferta”, continuó.

“Ellos son los que nos van a decir si la empresa técnicamente cumple y si estuvo apegado a la ley el procedimiento”, estableció.

Además, el secretario sostuvo que la oferta que presentan está por debajo -”550 y tantos millones”-, de lo que estimaban por el proyecto.

“Es una oferta válida desde el punto de vista económica mientras no se detecte ninguna falla”, apuntó.


La prisa que tiene el gobierno, dijo, “es una prisa responsable, que nos lleva a que estos proyectos se lleven con rapidez para que rindan sus frutos a la economía mexicana“.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

A mi hijo lo robaron, no traía su mochila ni su celular: madre de Ricardo

"Es mentira que hayamos aceptado lo que nos dijeron", comentó Rosa María, sobre la versión de la Procuraduría de Guanajuato, que negó la participación de policías y señaló que el joven cayó de una barda y murió.

A mi hijo lo tachan o lo etiquetaron como un muchacho ladrón, que perdió la vida al tratar de robar; mi hijo muestra lo contrario, a mi hijo lo robaron, no traía su mochila… ni su celular, afirma Rosa María Villegas, mamá de Ricardo de Jesús Esparza Villegas, fallecido en Guanajuato, a donde asistió por el Festival Cervantino.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, dijo que no confía en la versión de las autoridades estatales, quienes desvinculan a policías de la muerte de Ricardo y señalan que murió al caer de una barda.

“Desde luego que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no hemos quedado conformes porque todavía no se define nada… no nos han dicho de qué manera subió, no pudo haber subido solo a ese lugar”, aseveró.

“¿Cómo es posible que se diga que no hubo intervención policiaca cuando está la versión del compañero que vio que se llevaron a mi hijo?”, preguntó.

“No es posible que traten de cubrir evidencias palpables porque hay un testigo principal… él afirma que vio cuando se llevaban a su hijo, incluso le gritó que a dónde se lo llevaban… hubo una segunda intervención de policías, el otro chico dice que vio cuando a mi hijo se lo llevaban, y hay versiones de que mi hijo pedía que lo ayudaran”, expuso.

La versión más contundente, señaló, es la de un compañero de Ricardo, quien afirma que se lo llevaron policías “que tenían 4 letras en su uniforme”.

“Mi hijo apareció sin su celular, sin las llaves del departamento donde habitaba… a mí me duele mucho toda esta especulación para difamar el nombre de mi hijo, no necesitaba hacer cosas malas”, dijo la madre.

“Puedo comprobar la honestidad de mi hijo con la opinión de compañeros”, refirió sobre la versión de que Ricardo buscó robar una casa.

Reconoció que es “muy extraño” que su hijo deambulara solo por las calles, pero señaló que cuando una persona comete una falta -como orinar en una casa- la policía no te lleva a pedir disculpas al dueño, sino que se paga una multa.

“No es lo correcto que lo hayan llevado nada más a pedir disculpas… ese no es el proceder de la policía”, afirmó Rosa María.

“Puedo decir con la fuerza de mi corazón que no es verdad”, agregó sobre la versión oficial que señala que los policías invitaron a Ricardo a disculparse con el dueño de una casa, por haber orinado en la propiedad privada.

Además, la señora pidió el rastreo de las llamadas de celular.

“Pido que se aclare cómo fue que mi hijo subió, escaló esa barda para después caer al vacío… mi hijo llevaba una mochila, tampoco apareció su mochila, tal lo muestran en los videos, donde sí reconozco que es mi hijo, ahí llevaba su mochila, mi hijo no llevaba ningún envase que mostrara que iba tomando ni ningún vaso donde fuera ingiriendo bebidas, no niego que mi hijo llegara a tomar pero en el video no se ve”, mencionó.


Rosa María Villegas exigió que se aclaren los hechos ocurridos entre el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre en Guanajuato.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dictan formal prisión a líder de “Guerreros Unidos”

Sidronio Casarrubias Salgado, a quien se considera el líder máximo de la organización criminal que opera en Guerrero, fue detenido el pasado 17 de octubre.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales dictó formal prisión a Sidronio Casarrubias Salgado, líder de un grupo criminal en Guerrero, y a Norman Isai Alarcón Mejía, por delitos de delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior dentro de la causa penal 84/2014 que se inició en contra de los dos presuntos delincuentes, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a través de una nota informativa.

Sidronio Casarrubias o Santiago Jaurer Cadena y Norman Isai Alarcón se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sidronio Casarrubias Salgado, a quien se considera el líder máximo de la organización criminal que opera en Guerrero, fue detenido el pasado 17 de octubre junto con Alarcón Mejía, uno de sus principales operadores.

El 22 de octubre, el procurador general de justicia, Jesús Murillo Karam, involucró a Sidronio en los hechos del pasado 26 de septiembre.

“Se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo (Guerreros Unidos), de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula; se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias a las elementos; se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial; se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada, además se están concluyendo diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada”, dijo el funcionario.

El líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, se encuentra recluido en el CEFERESO número 1 del Altiplano.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Nuevo ‘Ángel’ para Guerrero

Ortega Martínez concluirá el periodo 2014-2015 como gobernador del estado, en sustitución de Ángel Aguirre.

La incertidumbre solo duró tres días: Rogelio Ortega Martínez es el nuevo gobernador de Guerrero. 

El catedrático rindió protesta ayer, y concluirá el periodo 2014-2015 en sustitución de Ángel Aguirre Rivero, quien el pasado jueves solicitó licencia para separarse del cargo.

La misión principal para Ortega Martínez será encontrar con vida a los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y garantizar que los crímenes cometidos el pasado 26 de septiembre en Iguala no queden impunes.

El ex secretario General de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) fue elegido por diputados del Congreso local son 39 votos a favor y seis en contra.

‘Genocidas’ en la mira

Ante los congresistas, el ahora gobernador sustituto Rogelio Ortega dijo que su prioridad es atender el reclamo para que se haga justicia ante el asesinato de seis personas, entre ellos tres normalistas, y 43 jóvenes desaparecidos en Iguala.

El mandatario solicitó ayuda al presidente Enrique Peña Nieto para llevar a cabo la investigación y anunció que a la brevedad presentará a los diputados locales una propuesta para integrar una comisión que investigue a fondo los hechos ocurridos en Iguala.


“Para que podamos nosotros no hacer linchamientos pero sí indagar la verdad, para que se aplique la justicia, no podemos nosotros transitar con la frente en alto si no encontramos a los responsables materiales e intelectuales de ese genocidio”, dijo el nuevo mandatario estatal.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Comunitarios toman fuerza

La crisis en Guerrero por el caso de los estudiantes de Ayotzinapa es el pretexto perfecto para el resurgimiento de las autodefensas. Sin embargo, estos grupos también viven sus propias tormentas.

Las policías comunitarias en Guerrero -acusadas de imponer su ley a través de las armas, encarcelamientos, secuestros y extorsiones- emergen con más fuerza para asumir el control en medio de la crisis que atraviesa el estado.

Con el caso de los 43 normalistas desaparecidos aún sin resolver y la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero, los “comunitarios” aprovecharon para reclamar su derecho a gobernar y fungir como autoridad.

La indignación social que surgió por el crimen de seis jóvenes y la desaparición de los otros 43, fue el detonante perfecto para que la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estados de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) reaparecieran con toda su fuerza.

Las organizaciones comunitarias buscan hacer válidas sus banderas de lucha social y liderazgo, aunque detrás estos grupos armados se acumulen denuncias penales por extorsión y secuestro.

El informe “Organizaciones de seguridad y justicia comunitaria en Guerrero” -elaborado por autoridades del estado y entregado a la Secretaría de Gobernación- advierte que desde el 2013, tanto la OPOEG como la CRAC desarrollaron una intensa campaña de propaganda ampliar su presencia en la región.

Así fue que pasaron de tener presencia en 11 a 37 municipios de las regiones Montaña, Costa Chica, Centro y Norte.

“Nuevas comunidades muestran interés en adherirse a ese sistema comunitario; la UPOEG ha iniciado trabajos para posicionarse en zonas relevantes del estado como Chilpancingo (El Ocotito) y Acapulco (Xaltianguis). 

“La CRAC y la UPOEG comienzan a tratar de asumir el control total de los territorios donde operan: prohíben el acceso a las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina y cuerpos de seguridad estatales), critican a funcionarios municipales, mantienen una actitud de abierta confrontación hacia la autoridad y no respetan los acuerdos para operar solo en sus comunidades y no salir armados a otras zonas”, puntualiza el documento.

Asumen un rol estelar

En agosto, Gobierno del Estado dio a conocer que varios líderes de la UPOEG contaban con denuncias y órdenes de aprehensión en su contra.

Incluso la Federación tomó el caso por el bloqueo que esta organización hizo en la Autopista del Sol y la carretera federal Acapulco-México. 

En esas mismas fechas, las autoridades estatales retiraron al personal de seguridad que se le había asignado al dirigente de las autodefensas, Bruno Plácido Valerio, pues contaba con dos órdenes de aprehensión.

A pesar de estos señalamientos, la Procuraduría General de la República (PGR) no hizo nada.

Plácido Valerio es uno de los dirigentes que encabeza la UPOEG y junto con su hermano Cirin, tienen gran influencia dentro de la CRAC. 

Ahora que el caso Ayotzinapa pone de manifiesto la falta de gobernabilidad en el estado, los integrantes de la UPOEG han asumido un rol estelar en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. 

El viernes, en entrevista para MVS, el dirigente de la UPOEG consideró que los restos de las nueve fosas localizadas el jueves en Iguala son recientes porque había “carne semiroja”, lapiceros y mochilas.

Sin embargo, Plácido Valerio indicó que el gobierno debe realizar el trabajo profesional para la identificación de los restos por lo que buscaron a la Policía Federal.

Señaló que el objetivo principal de la UPOEG es buscar a los 43 normalistas y otros desaparecidos del estado.

Un líder bajo la mira

El 20 de junio de 2013, integrantes de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido A.C., que encabeza Leopoldo Soberanis Hernández, establecieron retenes en las comunidades Nuxco, El Llano y en la colonia 20 de noviembre de Tecpan de Galeana. Pedían seguridad.

Además, anunciaron la creación de grupos de “Protección Ciudadana” en ese municipio, en rechazo a las extorsiones que sufrían por parte de la delincuencia organizada.

Dos días después, mantas fueron colocadas en tres municipios de la región de la Costa Grande de Guerrero - Petatlán, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez- presuntamente firmadas por Los Caballeros Templarios, las cuales acusaban a Soberanis de tener nexos con un cártel rival.

El grupo delictivo afirmó que Soberanis estaba al servicio de la pandilla conocida como “Los Granados”, un remanente del extinto cártel de los Beltrán Leyva.

“No vamos a permitir que sigan usando al pueblo y a las autoridades, formando autodefensa que están al servicio de Chava Granados, le pedimos al gobierno que no se metan, que nos dejen acabar con esas lacras que ya están siendo acorralados por nuestra fuerza templaria”

El caso de Néstora

En la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG) existen más de 50 averiguaciones previas por diversos ilícitos en contra de integrantes de la CRAC.

En tres de estas indagatorias se logró la detención de 29 integrantes de la denominada Policía Comunitaria, los cuales fueron puestos a disposición y se rescataron a 59 personas que se encontraban privadas de su libertad en supuestas casas de seguridad.

El nombre de Néstora Salgado salió a la luz.

En contra de la comandanta hubo varios testimonios.

Reporte Índigo publicó declaraciones de ciudadanos que aseguraron ser víctimas de la Policía Comunitaria al mando de Néstora.

Las presuntos afectados denunciaron que la comandanta fue una creación del ahora exgobernador Ángel Aguirre, con la ayuda del senador perredista, Sofío Ramírez Hernández, y Luisa Ayala Mondragón, exregidora de Olinalá.


Detallaron que esos funcionaios la habrían empoderado con patrullas y recursos, hasta que se les salió de control.

Con este respaldo, los comunitarios de Néstora se dedicaron a detener a supuestos delincuentes y a encarcelarlos en “casas de justicia”, obligándolos a trabajos forzados y sin permitirles contacto con familiar alguno, acusaron los denunciantes. 

En mayo de 2014, cuando Aguirre intentó promover una Ley de Amnistía que permitiera liberar a Néstora, la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, solicitó a la Federación intervenir en el caso.


La comandanta actualmente se encuentra sujeta a proceso y recluida en el penal de máxima seguridad de Tepic.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

Destapando el Circo Político: #TodosSomosPolitécnico

Ya desde hace mucho tiempo, los sindicatos en la educación, se han otorgado privilegios, remesas y puestos administrativos.

El Instituto Politécnico Nacional no era la excepción, un claro ejemplo, es el profesor José Bernardo Quezada Salas, de la sección 60 del SNTE, perteneciente al IPN, la cual, tiene su bastión en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA).

Tratos millonarios a base de las finanzas del IPN, permitiendo el tráfico de influencias, en asociación con sin fin de empresas y partidos políticos, como el PANAL, así como políticos, como Montiel.

Links directos.

Entrega el pliego petitorio Sección 60 a autoridades del IPN (Febrero 2014): 
http://www.snte.org.mx/vernoticias.ph...

Perderían 170 mil alumnos el semestre (Octubre 2014):
http://www.elfinanciero.com.mx/socied...

Elba abrió puerta de SNTE a prestamistas (Noviembre 2013):
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-...

RECAUDACIÓN FISCAL EN MÉXICO:

Formato de la cámara de diputados:
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia...

Dinero en Imagen:
http://www.dineroenimagen.com/2014-01...

Aristegui Noticias: 
http://aristeguinoticias.com/1012/mex...

Formato OCDE:
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Me...

AMLO pudo apresar a Elba Esther en 2005, pero archivó la denuncia: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?arti...

Elba Esther detenida. El PAN y AMLO, de luto:
http://www.sdpnoticias.com/columnas/2...

AMLO afirma que EPN pondrá a ELba Esther en la SEP:
http://noticias.terra.com.mx/mexico/p... 

AMLO y ELba Esther contra la Reforma Educativa: 
http://www.razon.com.mx/spip.php?page...

Miren, chavos. El tiempo te hace aprender. Peña Nieto no dejará de ser el corrupto, asesino y ladrón que es. Pero el hecho de enfrentarse a la mafia sindical más poderosa de México, muestra cierto rumbo político al que se comienza dirigir.

Claramente, Peña Nieto ha traicionado a los intereses que lo llevaron al poder, estos intereses ahora se están defendiendo.

NO LO HACE POR BUENO, lo hace por política. Yo lo dije hace mucho: "Si el PRI quiere conservarse en el poder, deberá trabajar bien". Lo hace por conservarse, por esa simple razón. Pero como dicen en mi tierra:


"Honor a quien honor merece". Era necesario tocar YA a esas sanguijuelas. Saludos y espero sus mentadas. Bye.

VÍDEO:



CANAL/ FUENTE: CuauteRock.

La defenestración de Aguirre, paso a paso

Ángel Aguirre literalmente se vio forzado a pedir licencia como gobernador de Guerrero. Pese a que él mismo y Los Chuchos –grupo que lo apoyaba– se resistieron durante casi un mes a tomar esa medida, la presión del Ejecutivo federal y de numerosas corrientes perredistas fue determinante. Después de haberlo defendido a raíz de los trágicos eventos del 26 de septiembre en Iguala, Nueva Izquierda decidió zafarse del mandatario guerrerense, quien en su caída amenazaba con dividir aún más al PRD.

MÉXICO, D.F: La noche del miércoles 22, Cuernavaca fue sede de una reunión de unos pocos miembros de la corriente perredista Nueva Izquierda (Los Chuchos) en la cual participaron al menos el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. El tema fue la negociación de la salida del mandatario de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Ahí se acordó que el jueves 23 a las 18:00 horas Navarrete anunciaría que el gobernador pediría licencia y después el propio Aguirre se manifestaría al respecto. Pero éste rompió el acuerdo y se le adelantó 11 minutos al presidente perredista en una improvisada conferencia de prensa en Chilpancingo.

Ni Aguirre ni Navarrete mencionaron ninguna responsabilidad federal en la crisis de gobernabilidad del estado, en coincidencia con la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de circunscribir los hechos de Ayotzinapa a un problema local.

La renuncia de Aguirre Rivero era una demanda que no quería asumir la recién estrenada dirigencia del PRD tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre pasado, hecho en el cual participaron en complicidad la policía y el crimen organizado.

En el documento perredista de 13 puntos –que pese a todo Navarrete leyó en su conferencia de prensa– se pidió una investigación de resultados rápidos: “Para facilitar lo anterior, la mayoría del CEN del PRD ha demandado al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, que presente de inmediato al Congreso del estado la licencia para separarse del cargo, y pedimos a los diputados guerrerenses de todos los partidos el nombramiento de una persona que asuma el Poder Ejecutivo, reorganice al gobierno del estado, abra canales de diálogo con la sociedad guerrerense y se sume a las investigaciones para encontrar a los jóvenes y fincar responsabilidades”.

La mañana del viernes 24, en el noticiero de Carmen Aristegui, Navarrete contó cómo le pidió a Aguirre dejar el cargo. Citó sus palabras: “No es que a ti se te acuse de ser culpable, pero hay una sensación de que el gobierno de Guerrero no hizo lo suficiente, no atendió el tema a tiempo. Se lo pedí a nombre del comité del partido antier por la tarde. Ayer se concretó”.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1982, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA Y JENARO VILLAMIL (REPORTAJE ESPECIAL)

Peña y su gobierno: equívocos, omisiones, ausencias…

El gobierno de Peña Nieto hace lo que puede para desmarcarse de responsabilidades en el caso Ayotzinapa. Ante la tragedia, su conducta  se encuentra marcada por un antecedente de omisiones. Varias versiones coinciden en que fue avisado con suficiente anticipación de lo que estaba ocurriendo en Iguala –la connivencia entre policías, políticos locales y sicarios del narcotráfico–, pero no hizo nada a pesar de que tanto el Ejecutivo federal como su gabinete de seguridad están de sobra facultados por la Constitución para tomar medidas en casos como ese. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dio una clara muestra de indolencia cuando turnó la atención de la crisis a la ventanilla del ámbito “local”.

MÉXICO, D.F: En la apoteosis por encarar a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y concederles todo –“la neta, como ustedes digan”–, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, sólo tuvo desdén para la tragedia en Guerrero: No era competencia federal.

–¿Por qué la PGR no ha atraído lo de Ayotzinapa?

–Porque tiene que ver con el ámbito local –respondió tras bajar del templete que mandó instalar junto a la Secretaría de Gobernación para anunciar, entre aplausos y vítores, que la directora del IPN, Yoloxóchitl Bustamante, había sido despedida.

Era el viernes 3 de octubre, un día después del 46 aniversario de la matanza de Tlatelolco. Se cumplía una semana del asesinato de seis jóvenes y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, cerca de la 27 Zona Militar, presuntamente a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos.

El gobierno de Enrique Peña Nieto –insistió Osorio– sólo apoyaría en la búsqueda y lo demás era asunto local: “En lo que estamos ayudando es en la coadyuvancia (sic) para encontrar a los chavos. Hay averiguaciones contra presuntos responsables (en Guerrero), hay que esperar entonces”.

La estrategia del gobierno de Peña Nieto de encapsular la tragedia en sólo Guerrero e Iguala se ha mantenido desde entonces. Y aunque la presión mundial forzó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), ésta identifica sólo como responsables a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

Sin embargo, pese a esta estrategia, no hay modo de que Peña Nieto evada su responsabilidad en los hechos ni el secretario de Gobernación, quien tras plantarse ante los politécnicos, y que le valió críticas palaciegas, prácticamente suspendió sus apariciones públicas.

(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1982, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO.

Prueba el PRD de su propia dosis

Aunque en su momento a ellos les dio resultado, a los perredistas no les agradan las tácticas de Graciela Martínez Ortega para afiliar a los capitalinos al PRI a través de programas sociales. Denuncian que esos recursos provienen de la Secretaría de Desarrollo Social.

En la víspera de que los partidos políticos definan los nombres de sus candidaturas a jefes delegacionales y diputados locales, hay una mujer que tiene en alerta máxima al PRD: Graciela Martínez Ortega.

Se trata de la principal operadora que tiene el PRI en el Distrito Federal. Y que a cambio de afiliar gente al tricolor otorga programas sociales provenientes del Gobierno Federal.

De su modus operandi ya dieron cuenta algunos medios de comunicación, pero lejos de que alguna autoridad acote su margen de acción, cada día tiene alcances en más demarcaciones.

Primero comenzó operaciones en la delegación Coyoacán, luego se extendió a Tlalpan, Venustiano Carranza y  por último a Iztapalapa, territorio en el que amplió su cobertura en los últimos días.

De acuerdo con la información oficial, Graciela Martínez Ortega es presidenta de la Confederación  Nacional de Asociaciones Civiles, ligada al Partido Revolucionario Institucional. 

Tanto, que en diversos actos públicos aparece con dirigentes del PRI-DF, líderes del Comité Ejecutivo Nacional, con la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y hasta el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Y es de la Sedesol de donde provienen todos los apoyos que ofrece para que los habitantes de esta ciudad capital se afilien a cambio de una remuneración que oscila en los 200 pesos.

Debido a que en el PRI-DF nadie atendió las quejas de las bases perredistas, el entonces dirigente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano, y el diputado federal Julio César Moreno presentaron una denuncia.

Aún así ella sigue operando, actualmente en la delegación más poblada del Distrito Federal: Iztapalapa, donde entrega tinacos y boilers a los vecinos de las zonas de mayor marginación.

Por esa razón, el diputado local, Arturo Santana –de expresión perredista– presentará un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa del DF para exigir a la titular de la Sedesol cuál es la relación que tiene con Graciela.

En la edición del 15 de octubre, Reporte Indigo publicó bajo el título “El plan del PRI” que la dirigencia local está coptada por personajes que tienen capacidad para bajar programas sociales del Gobierno Federal.

Y que esa fórmula, utilizada por el PRD para adueñarse de la Ciudad de México durante las últimas tres administraciones, es replicada por el tricolor a través de una exintegrante del sol azteca: Rosario Robles.

¿Quién es Graciela?

A través de videos y fotografías que se pueden observar en su página de Facebook, así como con información de páginas oficiales, se sabe del vínculo entre el PRI y Graciela de cara al proceso electoral 2015.  

No sólo es la presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones, sino que es una participante activa de eventos organizados por la cúpula priista y la Secretaría de Desarrollo Social.   

En un acto público del 2012, tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, Graciela Martínez dijo que el trabajo de las asociaciones civiles adherentes al partido permitiría atender territorialmente a todos aquellos que demanden mejor educación y servicios públicos. 

Y que debían estar pendientes de que los programas que comprometió la presidencia para que lleguen a todos los habitantes. 

Ahí, en compañía de Gustavo Cárdenas Monrroy, pidió a los nuevos militantes tricolores convertirse en promotores en la Ciudad de México, con el objetivo de incrementar la presencia del PRI en cada una de sus colonias. 

Es así como inició la operación de programas sociales en diversos puntos de la capital del país y enmedio de las constantes quejas que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho públicas.

También aparece en el portal de Internet del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), como integrante del Comité Ejecutivo Nacional, en donde se desempeña como Coordinadora de Servidoras Públicas de Durango.

La última queja

Tan sólo en Iztapalapa hay brigadas que todos los días están recorriendo las colonias San francisco Apolocalco, San Miguel Teotongo, Campestre Potrero, Miguel de la Madrid, Ixtlahuacán, Reforma Política y Lomas de Santa Cruz.

Así lo denunció el diputado Arturo Santana, quien afirma que ofreciéndoles 200 pesos afilian a los habitantes de la demarcación a programas sociales de la Sedesol y hasta les dan tinacos y boilers.

“Con los antecedentes antes descritos se demuestra que existe un vínculo entre Graciela Martínez, Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Social, y el Partido Revolucionario Institucional”, dijo Santana.

“Y también se demuestra el mal manejo que se está haciendo de los Programas Sociales por parte de la secretaría de Desarrollo Social Federal. Por ello es importante que el PRI y la Sedesol den una explicación de la relación que sostienen con la Graciela.

“Consideramos que es injusto que además de que se lucre con la necesidad de la gente se haga para fines partidistas, porque como servidores públicos tenemos la obligación en todo momento de garantizar y proteger el debido uso de los recursos públicos”, añadió.

Esta petición se formalizará mediante un punto de acuerdo que el legislador presentará ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en esta semana.


Adicionalmente, los perredistas planean cerrar filas y endurecer las protestas contra la operación del tricolor en el bastión más importante de la izquierda: la Ciudad de México.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JONATHAN VILLANUEVA.

Cero y van seis

José Luis Madrigal, alcalde de Numarán acusado de financiar a Los Caballeros Templarios con recursos públicos de los programas de combate a la pobreza, se convirtió ayer en el sexto presidente municipal de la entidad en ser procesado por vínculos con el crimen organizado.

El alcalde de Numarán, Michoacán, el perredista José Luis Madrigal Figueroa, se convirtió en el sexto presidente municipal sujeto a proceso por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.  Este domingo fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de que se le investigue por la relación que mantenía con células del crimen organizado que operan en la zona del Bajío.

El caso de Numarán es una de las 237 averiguaciones sobre funcionarios públicos llevadas a cabo actualmente por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), en forma conjunta con la PGR, como parte de las acciones del Gobierno federal para el restablecimiento del orden jurídico en la entidad.

Madrigal Figueroa, desde que asumió el cargo –según se establece en las averiguaciones que inició la Procuraduría de Justicia de Michoacán– estuvo en contacto con una célula criminal, a la que ofreció y puso a su disposición el aparato de seguridad pública para alertar a los criminales sobre operativos de las fuerzas federales en la zona limítrofe de Michoacán y Guanajuato.

Por esa razón, junto con el alcalde fueron detenidos su hermano Edwin Madrigal Figueroa, quien era el secretario de Desarrollo Social de la administración local, así como el jefe de la policía municipal Jaime Daniel Solís Villegas, además de otros dos policías cuyos datos se reservaron las autoridades investigadoras.

El alcalde y sus cuatro colaboradores fueron llevados a la cárcel de Zamora, de donde podrían ser trasladados a una cárcel federal en el transcurso de la semana, si se logra el auto de formal prisión.

Según la procuraduría de Michoacán, el alcalde de Numarán era colaborador del cártel de Los Caballeros Templarios, a los que financió mediante el otorgamiento de recursos públicos, sustraídos de los programas de combate a la pobreza y alimentación. Además ponía a su disposición la operatividad de la policía municipal, a fin de permitir el libre tránsito de los grupos criminales en la zona.

Nada nuevo

Cabe recordar que desde hace dos años el munícipe José Luis Madrigal Figueroa ya era señalado por malos manejos. Una comisión de regidores venía exigiendo que el edil esclareciera el gasto de más de tres millones de pesos que tenía por comprobar en los fondos de combate a la pobreza y seguridad pública. El entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, sepultó los reclamos de los regidores.

Madrigal Figueroa fue escándalo nacional cuando en el 2012 pagó con fondos del combate a la pobreza un baile para conmemorar la Independencia. La fiesta –que costó 340 mil pesos– fue un evento privado al cual solo asistieron los amigos y familiares del hoy presidente municipal procesado.   

Paralelamente, la PGJE también logró desarticular una red de policías municipales en Zacapu que,  se presume, estaba coludida con el cártel de los Templarios, a los que no solo informaban de las actividades de vigilancia que hacían fuerzas federales en la zona, sino que prestaban sus servicios para secuestrar y extorsionar a empresarios de los municipios cercanos. La red estaba conformada por 10 policías cuyos nombres se mantienen en reserva.

El “Michoacanazo” que sigue en proceso, ya ha logrado la detención de seis ediles acusados de estar al servicio del crimen organizado. Antes que el alcalde de Numarán, ya estaban encarcelados los presidentes Uriel Chávez Mendoza, de Apatzingán; Arquímedes Oseguera Solorio, de Lázaro Cárdenas; Jesús Cruz Valencia, de Aguililla;  Dalia Santana Pineda de Huetamo y Salma Karrúm Cervantes, de Pátzcuaro. El alcalde de Tacámbaro Noé Octavio Aburto Inclán se encuentra también procesado, pero libre gracias a un amparo.


Con el encarcelamiento del alcalde de Numarán y sus cuatro colaboradores, ya son 175 funcionarios estatales y municipales los que actualmente se encuentran sometidos a proceso penal por su probable participación con el crimen organizado. Son 113 los que están en cárceles federales de máxima seguridad mientras que 62 están procesados en cárceles estatales de mínima seguridad.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.