jueves, 16 de octubre de 2014

La Corte da la razón a pacientes con VIH que quieren edificio para enfermos

La Segunda Sala determina que para brindar tratamiento médico apropiado a pacientes con VIH, se debe remodelar edificio o bien construir un nuevo pabellón hospitalario.

La “Construcción y Equipamiento del Servicio Clínico para pacientes con VIH/SIDA y Co-infección por Enfermedades de Transmisión Aérea”, conocido como el “Pabellón 13”, propuesto por el propio INER, y frenado en los últimos meses por la misma institución, motivó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que reclamaron que se les impedía el acceso al goce del más alto nivel posible de salud porque las autoridades no habían destinado el máximo de los recursos que disponen; además consideraron que se violaba el derecho a la vida.

La Segunda Sala de la Corte resolvió ayer que ”la atención medica que les ha sido proporcionada a los quejosos, no resultan apegadas al derecho humano del nivel más alto posible a la salud, pues en el juicio se encuentra comprobada la necesidad de que se realicen las obras necesarias a efecto de que la atención médica pueda ser considerada de calidad, previniendo, en la medida de lo posible, que los pacientes con VIH/SIDA padezcan otras infecciones, enfermedades y trastornos concomitantes de diversos tipos que repercuten en el tratamiento y la atención que reciben, y que inclusive, pueden poner en riesgo su vida”.

Determinó que “la adecuación a la infraestructura del INER se encuentra comprendida dentro de las obligaciones que los artículos 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, imponen al Estado mexicano, pues éste debe contar con establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud”.

La Segunda Sala sostuvo que cuando el Estado mexicano incumpla con la plena realización del derecho al nivel más alto a la salud, aduciendo una falta de recursos, corresponderá no sólo a éste comprobar dicha situación, sino además debe acreditar que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición para lograr ese objetivo; indicó que “no basta la simple afirmación de limitación presupuestaria para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga el Estado para lograr la plena realización del señalado derecho humano”.

Ante ello, la Corte concedió el amparo para el efecto de que las autoridades tomen todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos. Además, la sentencia de amparo implica la posibilidad de que las autoridades responsables consideren qué medida resulta más adecuada para poder brindar a los quejosos un tratamiento médico apropiado a su padecimiento, ya sea mediante remodelación del Servicio Clínico 4, en donde actualmente son tratados; o bien mediante la construcción de un nuevo pabellón hospitalario.

Al respecto, en Noticias MVS primera emisión, la abogada de Fundar, María Sánchez de Tagle, señaló que la decisión de la Corte es un “precedente importante” que abona a los derechos sociales.

Indicó que en este caso no deben ser tolerados pretextos del sector salud, por lo que pidió que las autoridades se comporten a la altura de la sentencia. Señaló que “no podrán alegar que no tienen recursos”, pues por ejemplo el sector gastó, en 2012, 2 mil millones de pesos en publicidad en 2012, pese a que sólo tenían autorizados 200 millones.

En tanto, el paciente Rubén Valdez expuso que el proceso cumple ya 7 años y que “esta batalla sigue hasta que se construya este pabellón 13″. 

Recordó que “fueron las propias autoridades las que determinaron esta construcción” y después las mismas lo frenaron.

Valdez confió en que en lugar de una remodelación se haga una nueva construcción, “queremos una verdadera infraestructura hospitalaria”.


“Vamos a ver la segunda parte, que esto se lleve a cabo en la manera más breve que se pueda”, agregó.

El comunicado de la Corte sobre este caso:

COMUNICADO_172_2014_OCT_AMPARA PRIMERA SALA A QUEJOSOS QUE DEMANDAN CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN PARA QUIENES… by Aristegui Noticias:



VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Anuncia Paisano la cancelación del Parque de las Siete Culturas

En un revés al gobierno de Rafael Moreno Valle, el alcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, confirmó en este momento la cancelación del parque de las siete culturas en el parque arqueológico de la región.

La declaración se dio en estos momentos en una entrevista atropellada donde el gobierno municipal despeja los 300 años de la declaratoria de Ciudad de Indios de San Andrés.

Paisano Arias, evitó hablar sobre la situación legal de los detenidos acusado por policías municipales de San Andrés Cholula, pues dijo que será la Procuraduría de Justicia del Estado la que decidirá el tema.

Paralelamente, por lo menos un millar de pobladores marchan rumbo a la pirámide de Cholula para exigir la liberación, de Adán y Paul Xicale y los hermanos Tlachi.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE
AUTOR: Yadira Llaven Anzures

Jamás se va acabar el crimen organizado pero se puede controlar: Bailey

En EU esperan ver qué tanto esfuerzo pone el Estado en el caso de Iguala, para mostrar cómo es que funcionan esas redes de conexiones entre grupos criminales y los gobiernos, dijo el autor de "Crimen e impunidad: Las trampas de la inseguridad en México".

El crimen organizado es como un árbol, ves una parte arriba que es grande y fuerte pero hay una parte subterránea, sus raíces, formadas por la sociedad, que da cobijo político o acceso a la economía informal y formal, para lavar su dinero; entonces, hay una parte subterránea y jamás se va acabar con el crimen organizado porque es parte de la economía y la realidad, pero se puede controlar para que no sea tan violenta, comentó John Bailey, profesor investigador y académico de la Universidad de Georgetown, en Washington, autor del libro Crimen e impunidad: Las trampas de la inseguridad en México.

En entrevista con Aristegui CNN, Bailey dijo que lo que marca la región de América Latina es el problema de un Estado de derecho débil; México es parte de ese contexto, “me interesa más la gobernanza democrática, en la región ha llegado a ser un problema muy profundo la cuestión de la cultura de la legalidad y problemas de delitos y cada país tiene su perfil, es la segunda región más violenta del mundo y el problema de delito e impunidad es un problema en casi todos los países, México es parte de un problema regional”, señaló.

El libro es la síntesis del trabajo realizado en muchos años -como 23 años de estudio-, “he hecho varios libros sobre crimen organizado y delito. He aprendido mucho de los expertos que me han dado su tiempo”, contó.

Trampas de inseguridad, término usado en el libro, es una metáfora, significa un equilibrio bajo en que esas fuerzas de impunidad, crimen, violencia y corrupción, tienen más fuerza que los esfuerzos por parte del Estado y la sociedad para imponer un Estado de derecho; y como lo digo en el libro, es parte de la transición democrática porque hay una lucha constante entre grupos positivos que están intentando imponer o hacer crecer un Estado de derecho contra otras fuerzas negativas, corruptas, violentas; “lo veo como un proceso de largo plazo en que el resultado no se puede conocer, es algo abierto. Soy optimista de que las fuerzas optimistas tienen buen chance”, explicó el autor.

Tambien recordó que Felipe Calderón cuando era presidente dio una entrevista a The New York Times y ante la pregunta sobre si pudiera hacer de nuevo su esfuerzo contra la delincuencia, ¿qué haría de diferente?, respondió que empezaría con los estados y municipios, que están muy débiles.

Por lo que estamos viendo en Guerrero y en Michoacán y en otros estados es un grado de deterioro de las instituciones públicas entonces en la agenda de urgencia hay que atender a los niveles de los estados y municipios y fortalecer esas instituciones para que no pase este tipo de escándalos, refirió sobre los hechos violentos en Iguala y Tlatlaya. 

El proceso de evolución del crimen organizado es muy dinámico, cambia  a través del tiempo. En México las organizaciones del crimen organizado han cambiado y se apoderan de diferentes estados, apuntó.

“Hago un análisis del crimen organizado, y los hay de distintos niveles. Cada país tiene  problemas de crimen organizado, lo más importante es fortalecer las instituciones de procuración de justicia”, subrayó.

Respecto a los casos de Tlatlaya e Iguala dijo que e el presidente Enrique Peña Nieto ha usado un discurso muy fuerte, que tope donde tope, va hasta las últimas consecuencias y para nosotros en Estados Unidos la duda es ¿qué va a pasar?, si habrá realmente resultados; “ese es el trance que tiene el presidente para demostrar que realmente hay un esfuerzo para controlar al crimen organizado en sus expresiones más feas y violentas, es un punto crucial”.


Recordó que el presidente ha elevado mucho las expectativas, por lo que “estamos esperando qué tanto esfuerzo se pone en el caso de Iguala, el caso de Tlatlaya, para mostrar cómo es que funcionan esas redes de conexiones entre grupos criminales y los gobiernos, para que sepamos nosotros hasta qué grado ha llegado”, aseveró.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de familia toman tres ayuntamientos de Guerrero

Integrantes de la Asamblea Nacional Popular ofrecieron una rueda de prensa para fijar su postura y anunciar las acciones que emprenderán para exigir la aparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Chilpancingo, Gro. Maestros y padres de familia tomaron esta mañana los Ayuntamientos de Huamuxtitlán, Tlapa, Chilapa y continúa tomado el de Chilpancingo desde el martes pasado, en demanda de la presentación con vida de los 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

El convenio de la toma de los Ayuntamientos se acordó ayer durante la Asamblea Nacional Popular. En el caso de los Ayuntamientos de Iguala, Copalillo y Atenango del Río, Tixtla y Zumpango del Río, trabajadores sacaron desde temprano la documentación y el mobiliario para resguardarlos.

Por su parte contingentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del estado de Guerrero (Ceteg) se trasladan a la caseta de cobro de Palo Bnaco con la finalidad de botear y recabar recursos para su movimiento.


Entre tanto contingentes de estudiantes normalistas realizan labores de limpieza en algunas calles de la capital para mostrar una “buena imagen”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.

Seguirá el diálogo con el IPN, el movimiento es legítimo: Gobernación

El gobierno federal tendrá la paciencia necesaria para dialogar con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) porque su movimiento es “legítimo”, aseveró el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.

“Tenemos qué tener (paciencia), nuestra función es dialogar, no imponer. Nos falta todavía dialogar en torno a algunos puntos fundamentales”, dijo a La Jornada.

Entrevistado al término de una reunión con normalistas de Guerrero y, minutos más tarde, con el gobernador de Michoacán, el subsecretario subrayó que seguirá “trabajando, platicando, dialogando” con los estudiantes del IPN.

“No vamos a descansar hasta que tengamos un consenso mutuo entre la comunidad politécnica y la Secretaría de Educación Pública”, subrayó.

Respecto de las manifestaciones de los días recientes, en apoyo a los estudiantes del IPN en paro y para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre, en Iguala, Miranda Nava pidió no confundir los conflictos.

Uno deriva, dijo, de un problema estudiantil generado por la falta de consensos en un reglamento y que es legítimo, y el otro es un acto de barbarie, imperdonable que no puede pasar inadvertido para la justicia mexicana.

“Entonces, estamos resolviendo cada uno en su propia dinámica”, comentó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Obtiene PGR orden de aprehensión contra José Luis Abarca

México, DF. La Procuraduría General de la República consignó ante un juez federal y obtuvo de él una orden de aprehensión en contra de José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, y contra de quien fuera su jefe de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, por delitos relacionados con la delincuencia organizada, informaron este jueves funcionarios ministeriales.

Aunque se reservaron el juzgado que libró las medidas cautelares indicaron que Abarca y Flores ya son considerados prófugos de la justicia y en las próximas horas se emitirá una ficha roja de la Interpol para que proceda su búsqueda y localización en más de 180 países.

En tanto la PGR inició una averiguación previa en contra de quien resulte responsable por los daños que sufrieron las instalaciones de esa dependencia el pasado miércoles durante un mitin que realizaron jóvenes cubiertos del rostro, quienes lanzaron piedras y otros objetos contra el inmueble y destrozaron algunos cristales.

Sobre el caso de Abarca, los funcionarios consultados indicaron que agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fueron quienes ejercitaron acción penal contra el alcalde con licencia y su jefe de la policía de Iguala.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

México continúa negociando tratado sobre propiedad intelectual en internet: WikiLeaks

Uno de los puntos del borrador que generó mayor oposición fue el que establecía que los proveedores de servicio de internet sean obligados a quitar contenido que el autor considere que viola sus derechos de autor.

La Jornada difunde un cable de WikiLeaks en el que refiere que el gobierno de México continúa negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP o TPP, por sus siglas en inglés), con otros 11 países, que condicionaría los derechos de propiedad intelectual en los rubros de internet, medicamentos y recursos genéticos.

Según el  borrador relativo a l TPP, fechado el 16 de mayo de 2014,  el acuerdo entre México, Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam se negocia en secreto.
En noviembre del año pasado, Wikileaks filtró un borrador de este mismo capítulo y, comparando el documento con la filtración pasada, “al menos en aspectos de derechos de autor, el texto ha tenido muy pocos cambios”, refiere el diario.

Uno de los puntos del borrador que generó mayor oposición fue el que establecía que los proveedores de servicio de internet sean obligados a quitar contenido que el autor considere que viola sus derechos de autor.


El ATP abarca, además del tema de los derechos de propiedad intelectual, medio ambiente, agricultura, servicios, compras de gobierno y regulación.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Valor por Tamaulipas denuncia el asesinato de una de sus administradoras

La colaboradora de las cuentas de Facebook "Valor por Tamaulipas" y "Responsabilidad por Tamaulipas" fue asesinada el miércoles por la noche y, presuntamente, sus asesinos usurparon su cuenta de Twitter para publicar fotos del homicidio.

La cuenta de Facebook “Valor por Tamaulipas” denunció la mañana de este 16 de octubre el asesinato de una de sus administradoras, ocurrido ayer,  luego de que fuese secuestrada. Identificada solamente como María del Rosario Fuentes Rubio, y con la cuenta de Twitter @Miut3, la periodista ciudadana también fue objeto de usurpación en esa red social, puesto que en la cuenta se tuitearon fotos de su propio asesinato.

Animal Político buscó a personal de comunicación de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; sin embargo, en ambas dependencias descartaron tener información al respecto.


Alrededor de las 14 horas. la cuenta @Miut3 fue suspendida de la red social Twitter:

“Valor por Tamaulipas”, junto con la cuenta aliada “Responsabilidad por Tamaulipas”, son un canal informativo por el que los ciudadanos reportan puntos y situaciones de riesgo en la entidad. En la primera, Rosario era colaboradora. En la segunda, administradora.

La última publicación de “Valor por Tamaulipas” denuncia que desde la cuenta @Miut3 fueron publicados mensajes y fotos de la muerte de Rosario, a quien describe como “un ángel que dio todo, su vida, su futuro, su seguridad y su tranquilidad (…) por la gente de bien del estado”.


“Lo que los delincuentes no saben, es que @Miut3 está en nuestra alma y  ella nunca nos dejaría rendirnos ante el crimen organizado”, afirma la publicación”.

Entre las 5:04 y las 5:11 de la mañana, de la cuenta @Miut3 salieron cuatro mensajes. Uno de ellos, con dos fotografías donde se observaba muerta a Rosario. Alrededor de las 14 horas de este 16 de octubre, la cuenta fue suspendida.

En abril de 2013, las cuentas en redes sociales de “Valor por Tamaulipas” que difundían información para alertar sobre las situaciones de riesgo que se registran en las diversas ciudades del estado, desaparecieron.

En febrero de ese año comenzó a circular un volante en el que un grupo criminal, aún no identificado, ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para aquella persona que aportara datos exactos para la localización del creador y administrador de “Valor por Tamaulipas” con el objetivo de “callarle el hocico”.


“Valor por Tamaulipas” nació en 2012 y contaba con más de 150 mil seguidores en las redes sociales. A partir de esta campaña salieron otras con el mismo fin como “Valor por Michoacán”, “Valor por Reynosa” y “Valor por Tijuana” que se dedican a informar a la ciudadanía.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La masacre de El Charco, en Guerrero, antecedente de la tragedia de Iguala

MÉXICO, D.F: En junio de 1998, con Angel Aguirre Rivero como gobernador sustituto de Guerrero, ocurrió la matanza de El Charco: 11 jóvenes, supuestos guerrilleros, fueron ejecutados por soldados… como en Tlatlaya.

Proceso en su edición 1128, del 13 de junio de 1998, publicó un reportaje sobre la masacre de El Charco que, por su antecedente con lo ocurrido en Iguala y Tlatlaya, consideramos pertinente sea recordado.

A continuación, el texto íntegro, escrito por los reporteros Álvaro Delgado y Gloria Leticia Díaz:

AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. (Proceso).– Un grito que brotó de la oscuridad rompió la quietud de una madrugada salpicada por una leve llovizna:

—¡Salgan, perros muertos de hambre!

Dentro de los salones de la escuela “Caritino Maldonado Pérez”, sitiada por centenares de soldados, el miedo se apoderó de las 42 personas que sólo habían suspendido, para dormir, una asamblea en la comunidad de El Charco, convocada con propósitos de adoctrinamiento por un grupo de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que se produjo por pugnas internas el 4 de marzo último.

Después de haber lanzado lacrimógenos y disparado intermitentes ráfagas de fusilería, la voz del militar tronó otra vez, impositiva, a través del megáfono: “¡Salgan, putos entreguen las armas!”.

Desde uno de los salones, alguien gritó que eran campesinos humildes y que estaban desarmados “¡No tiren, por favor!”, clamó otro.

Transcurrieron unos 20 minutos, con disparos esporádicos que rompían los cristales de las ventanas Después, se produjeron varias ráfagas; las paredes de los salones del plantel quedaron llenas de hoyos.

Volvió la aparente calma y tras de unas dos horas de intermitentes disparos, los soldados volvieron a la ofensiva.

La mayor parte de los pobladores próximos al plantel se marcharon hacia el monte para buscar refugio Otros, como el indígena mixteco Narciso Santiago Morales, de 60 años de edad, prefirió que su familia huyera y él se quedó resguardando en su casa, hecha con bagazo de caña y techo de lámina de cartón “Duraron varias horas los balazos”, dice.

Amanecía, cuando unos 30 civiles desarmados salieron de uno de los salones; los soldados los rodearon de inmediato y les ordenaron que se tendieran sobre la cancha de basquetbol Según los testimonios obtenidos por los reporteros, dos fueron asesinados a mansalva.

Después salieron los miembros del ERPI Los rebeldes se rindieron; algunos estaban heridos Y también fueron ejecutados, afirman en entrevista con Proceso los testigos que fueron liberados el jueves 11.

Cerca de las 10 de la mañana del domingo 7 de junio, el operativo había concluido: murieron once personas, cinco resultaron heridas y 22 fueron detenidas.

Después siguió el saqueo.

Fuera de las casas sus moradores, los soldados entraron a hurgar. Según quejas recogidas por los reporteros, robaron alimentos y enseres domésticos, se apoderaron de documentos particulares, como actas de nacimiento, y se llevaron el poco dinero que los indígenas habían dejado.

Los soldados inclusive mataron —de cuatro disparos— a una res. La llegada de periodistas y autoridades municipales al lugar impidió que destazaran el animal. Y los perros, que temporalmente se quedaron sin dueño, tuvieron su festín.

Las evidencias sobre la acción del Ejército se esfumaron apenas 72 horas después. El albañil Sergio Ramos Aguilar, con tres ayudantes, resanó con yeso las paredes de los salones, horadadas por centenares de disparos; desmontó las ventanas rotas y las sustituyó con nuevas, de aluminio y hierro. Y con pintura blanca ocultó la sangre que manchaba las paredes.

Antes de que las cubriera la pintura, en una de las paredes se podían observar las huellas ensangrentadas de dos manos en la pared, a un lado de la puerta de uno de los salones, como si alguien hubiera estado arrodillado. Debajo de las manos, una bala se incrustó a unos 20 centímetros del piso y otra en la unión de éste con la pared. “Aquí ejecutaron a uno”, dice el maestro bilingüe Moisés González Rodríguez, director de la escuela de la comunidad de Ocote Amarillo, donde —en diciembre último— los soldados irrumpieron cuando se celebraba un novenario, para obligar a los indígenas a que revelaran la identidad de guerrilleros en la zona.

Miseria ancestral

El Charco es una comunidad formada por unos 300 indígenas mixtecos, que habitan en caseríos dispersos, encaramados en varios cerros, contrastantes entre sí por la verde vegetación y las parcelas que prometen una buena cosecha si continúan las lluvias.

Distante 35 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, aquí se llega por una accidentada brecha de terracería, peligrosa no sólo por los abundantes desfiladeros —que en época de lluvias se hace casi intransitable—, sino por las bandas de gavilleros que suelen cometer toda suerte de delitos.

Integrado por 67 comunidades, la mayoría de la etnia mixteca, Ayutla es un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se ubica en los límites de la Baja Montaña y la Costa Chica, región de enorme riqueza natural, pero con una población que se mantiene en el atraso ancestral.

Situado a 175 kilómetros de la capital, Chilpancingo, y 140 de Acapulco, Ayutla es uno de los 10 municipios con mayor pobreza y marginación social de los 76 que integran el estado, y la mayoría de sus 25,000 habitantes carece de luz eléctrica, agua potable y teléfono.

Las comunidades, como El Charco y su vecina de Ocote Amarillo, sobreviven con apuros mediante el cultivo de maíz, frijol, caña de azúcar, jamaica, mango, aguacate y otros productos que suelen comercializar en la cabecera municipal, que en ocasiones sólo les deja una mínima ganancia tras pagar el pasaje.

A raíz de que el 28 de julio de 1996 hizo su aparición pública el EPR en el vado cercano a Aguas Blancas —donde un año antes fueron acribillados por policías 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del sur (OCSS)—, en Ayutla comenzaron a aparecer encapuchados Y eso atrajo al Ejército.

Desde diciembre del año pasado, los patrullajes son constantes. Y sus abusos, también. A principios de este año, pobladores de Ocote Amarillo, comunidad ubicada a dos kilómetros de El Charco, presentaron dos denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el cerco y los abusos que sufrieron por parte de los soldados.

Esas, como otras comunidades, solían votar por el PRI En las elecciones de octubre de 1996 decidieron experimentar un cambio, y le dieron el triunfo al PRD. Hoy, los priístas afirman que el PRD y el EPR son la misma cosa Del ERPI todavía no saben qué pensar, fresca aún la confesión de Erika Zamora Pardo —detenida el domingo 7—, quien confirmó la escisión del EPR.

La diputada local priísta por el distrito que comprende Ayutla, Olivia García Martínez, asegura que hay una vinculación orgánica del PRD con el EPR “Los del EPR merodean por estas comunidades, que son del PRD Y cuando llegan las autoridades, los encapuchados desaparecen Son las comunidades donde hay perredistas”.

—¿Qué pruebas tiene de eso?

—Todo el mundo lo sabe, hasta los maestros bilingües, que influyen mucho en las comunidades, están a favor de los guerrilleros.

“Estos brotes son cotidianos Ojalá viniera con más frecuencia el Ejército No estoy de acuerdo con lo que pasó, ni por parte del Ejército ni por parte del EPR El Ejército debe ser más mesurado, pero también los del PRD Los que murieron y los detenidos son indígenas que no saben lo que están haciendo”.

El profesor bilingüe González Rodríguez, dirigente magisterial en la zona, comenta al respecto:


“Es una vil calumnia culparnos de eso Que diga qué bases tiene para culparnos Ella es una mestiza a la que no le interesan los indígenas Es racista ¿Qué ha hecho como diputada del PRI? Sólo cobrar 25,000 pesos mensuales”.

El sitio de El Charco

En El Charco suelen realizarse asambleas para analizar las gestiones que se harán ante el ayuntamiento, de modo que el aviso del comisario de la comunidad, Pánfilo Santiago Hernández, para celebrar una reunión llamó la atención de los lugareños.

El sábado 6, sin que los tres maestros bilingües de la escuela estuvieran presentes ni el propio comisario municipal, comenzaron a llegar al lugar numerosos indígenas, entre ellos los doce o catorce que más tarde fueron identificados como miembros del ERPI.

Los asistentes a la reunión, organizada con el propósito de formar el “ejército del pueblo” mediante la “Asamblea Popular Insurgente”, provenían de varias comunidades de Ayutla y otros municipios del estado, como Cruz Grande, de donde es otro de los consignados, Efrén Gómez Chávez.

Antes de comenzar la asamblea, los anfitriones de El Charco prepararon el almuerzo y la comida en una tina de acero y escucharon lo que los visitantes exponían sobre la necesidad de organizarse para mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, aunque no necesariamente los convocaron a incorporarse a la guerrilla.

Inclusive, varios testimonios de los indígenas indican que vieron llegar desarmados a los visitantes, ya que solamente portaban bolsas en las que guardaban ropa “No vimos que trajeran armas”, dicen.

Al caer la noche, varios de los habitantes de El Charco se retiraron a sus casas a dormir, mientras que los visitantes, 38, pernoctaron en la escuela, refugiándose de una lluvia ligera Aparentemente, no colocaron vigías.

Escampaba pasada la medianoche, cuando pobladores de Coapinola, una comunidad distante a unos cuatro kilómetros de El Charco, escucharon el ruido que producían los vehículos tipo Hummer y los Torton del Ejército Luego de pasar por San Pedro Coxcatlán y Coxcatlán Candelaria, se detuvieron en Ocote Amarillo, a dos kilómetros de la escuela bilingüe “Caritino Maldonado Pérez”
Y de ahí caminaron hacia la escuela y la rodearon.

Muchos de los indígenas de las comunidades por donde pasó el convoy militar, huyeron con sus familias hacia el monte, antes de que se escucharan los primeros disparos.

Mientras, unos 300 soldados, al mando del general Juan Manuel Oropeza Guernica, comandante de la 27 Zona Militar —resultó herido en el enfrentamiento con el EPR el 24 de mayo de 1997 en El Guanábano, Atoyac de Alvarez—, tomaron posiciones alrededor de la escuela, en la que imparten primaria completa los jóvenes profesores Celestino Maximino Rojas, Juan José Morales y Valentín Zavala Ortega, este último encargado de la dirección.

La escuela se encuentra casi en las faldas de un cerro, al que le arrancaron terreno para construirla. Cuenta con seis salones Dos, utilizados como jardín de niños, están separados del resto por la cancha de basquetbol. El conjunto ocupa unos 500 metros cuadrados.

Una vez sitiada la escuela, uno de los oficiales, mediante un megáfono exigió la rendición de quienes se encontraban en su interior.

“Empezó a gritar: ‘¡Sálganse, perros muertos de hambre!’ Y al ratito gritaba otra vez: ‘¡Sálganse, putos!\’”, cuenta Narciso Santiago Morales, quien ordenó a su mujer e hijos buscar refugio en el monte, mientras se quedaba encerrado en su casa, situada a unos 30 metros de la escuela.

—Los que estaban dentro, ¿respondían?
—Sí, decían que ellos no tenían nada que ver, que no traían armas “Somos gente humilde”, gritaban Pero los soldados seguían gritando.


Después, comenzaron a lanzar granadas de gas lacrimógeno y a disparar ráfagas de ametralladora, en intervalos de cinco minutos.

Ejecuciones y torturas

Ante el acoso casi constantes, los 30 indígenas que habían asistido a la reunión, que se encontraban en uno de los salones —en otro estaban los milicianos del ERPI—, gritaron a los soldados que dejaran de disparar, que se rendían.

Clareaba cuando traspasaron la puerta de la escuela con las manos en alto Un oficial les ordenó que se acostaran sobre la cancha de basquetbol. Dos de ellos, Bernardino García Francisco y Porfirio Hernández Francisco, apenas podían caminar por las heridas que tenían en las piernas.

Tendidos en el piso de concreto, oyeron que un soldado decía: “Querían su chilate, su café y su carnita, ¿no? Aquí se las traemos”, y disparó contra Honorio García Lorenzo y Mauro Feliciano Morales Castro, de la comunidad del Ahuacachahue.

Atrincherados en el salón, donde apilaron pupitres, los milicianos del ERPI esporádicamente disparaban contra los soldados. Cerca de las 9 de la mañana gritaron que se rendían.

Los soldados entraron al salón, mientras los civiles eran arrastrados hacia los vehículos militares. Se escuchó que un guerrillero pidió perdón, antes de ser ejecutado con varios disparos.

Varios de los indígenas pudieron observar cómo algunos milicianos eran sacados de la escuela sin armas y con las manos en alto. También los condujeron a la cancha, donde los soldados los tendieron boca abajo y dispararon. Después los volvieron boca arriba y volvieron a disparar.

Otros milicianos, al parecer Martín Macario Salazar, Francisco Cristino Crescencio y Eugenio Edudosio Trinidad permanecían heridos dentro del salón.

En helicópteros, 22 de los detenidos fueron transportados a las instalaciones del 48 Batallón de Infantería, en Cruz Grande, donde permanecieron algunas horas antes de ser conducidos a la IX Región Militar, con sede en Acapulco.

En Cruz Grande, los militares interrogaron y torturaron a Erika Zamora Pardo En Acapulco, los 22 detenidos aseguran que les colocaron cables en el cuello y los amenazaron con colgarlos para que se declararan culpables. A los menores de edad, los abofetearon por no entender el español.
Uno de ellos comenta que, “gracias a Dios”, no lo golpearon. “A otros sí, porque decían los soldados que estábamos diciendo mentiras. Nos aconsejaban que dijéramos que llevábamos armas y que éramos encapuchados, pero les dijimos que no era cierto. Fuimos a la reunión para hablar de la pobreza y de que todos queremos que nuestros hijos crezcan mejor, y eso no es malo”.

En el campo militar de Acapulco, los obligaron a firmar papeles que no leyeron y a poner las huellas digitales de los dedos de pies y manos, mientras que oían los gritos de Zamora Pardo y Cortés Chávez.


Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, el lunes 8.

Huellas borradas

Los once cadáveres fueron conducidos a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Acapulco, donde una delegación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la reportera estuvieron el viernes 12.

Los cuerpos estaban amontonados, sin señas que los identificaran; no estaban embalsamados. Nos muestran las cicatrices que quedan después de las autopsias. Pero son evidentes los impactos de bala en el tórax, la cara y la espalda, cubiertos con tatuajes de pólvora.

De los once, cuatro corresponden a personas de entre 25 y 30 años; los demás tienen edades menores.

Antes de ser liberados la tarde del jueves, los 22 indígenas que reconstruyeron en entrevistas con Proceso lo sucedido en El Charco escucharon una orden de un agente del Ministerio Público Federal:

“Corran y no digan nada, o los volvemos a encerrar”.

A la calle salieron a toda prisa y, en efecto, corrieron unos 250 metros, hasta que Carmen Padrazini, Magdalena Sánchez, Aurora Muñoz, Hilda Navarrete, del Centro Agustín Pro, y Lilia Moreno, del CEN del PRD, los alcanzaron para acompañarlos hasta Ayutla Y de ahí se marcharon a sus comunidades, mediante transportes que les proporcionó el alcalde perredista de Ayutla, Odilón Romero Gutiérrez.

En el Charco, en tanto, el albañil Sergio Ramos Aguilar casi terminaba el trabajo para el que fue contratado por las autoridades educativas del estado. Recogió huaraches, libros destrozados por las balas, lápices de colores, pizarrones.


Resanó los centenares de orificios de bala y cambió puertas y ventanas de las dos aulas Y bajo la pintura blanca quedó una evidencia de la desesperación: Las huellas ensangrentadas de dos manos sobre la pared en uno de los salones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO Y GLORIA LETICIA DÍAZ

Ofrecerá la PGR “fuertes” recompensas por funcionarios de Iguala

MÉXICO, D.F: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que, en el caso de la muerte de 22 jóvenes en el municipio mexiquense de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército, “tenía conciencia y constancia de que había hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba”.

Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y adelantó que sólo esperan el informe de la CNDH en el que se destaque que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, para que la comisión contacte y atienda a las víctimas.

La presencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano desconcentrado de la administración federal, fue desdeñada por los legisladores, pues de 27 integrantes de la comisión ordinaria sólo asistieron tres diputados: los perredistas Elena Tapia Fonllen y Juan Muñoz Soria, así como la priista y presidenta Miriam Cárdenas Cantú.

Transcurrida la primera hora llegaron dos legisladores más, el priista Rodimiro Barrera Estrada, de Michoacán, y el panista Juan Aquino Calvo, de Chiapas. Minutos más tarde acudió la también priista Esther Garza Moreno, de Guanajuato.

Los temas centrales de la comparecencia fueron el caso Tlatlaya y el ataque, desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

En el primer caso, Rochín del Rincón comentó que en cuanto se enteraron del suceso “hablamos a la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, preguntamos cómo veían el asunto y, desde el primer momento, nos dijeron que se iría al ámbito civil y que la secretaría no iba a proteger ni a defender a nadie”.

Más aún, abundó, “nos comentaron que (el caso) ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, y nos señalaron que sí, que ellos tenían conciencia y constancia de que había, digamos, hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba, que de eso ellos se encargaban de la parte administrativa, pero que de la parte penal ellos no iban a intervenir para defender a nadie”.

El presidente de la CEAV dijo que no han acudido a Tlatlaya porque su función inicia cuando un organismo establece que hay violaciones a los derechos humanos, pero que ya están listos para intervenir y atender a las víctimas de los hechos violentos.

“Nosotros estamos esperando que la CNDH defina, pues ellos informaron en su momento que habían abierto una investigación y que iban a dar una determinación posiblemente como violaciones graves, entonces estamos esperando que haya esa determinación para poder nosotros entrar a operar”, detalló Jaime Rochín, quien aclaró que la comisión “no tiene facultades de investigación”, y “sólo cuando alguien determine que ahí hay una violación a derechos humanos o un delito, entramos”.

También explicó que el comisionado Adrián Franco Zevada fue el primero en analizar el tema a nivel escrito, pero que una vez que se presente la declaratoria de la CNDH y haya una declaratoria de “víctima”, la comisión entrará en acción, pues serían “violaciones gravísimas y esa es una situación intolerable”.

Rochín del Rincón informó que no ha hablado del tema con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y adelantó que podrían entrar en contacto con las organizaciones de derechos humanos para abordar el tema.

FUENTE: PROCESO. 15 OCTUBRE 2014
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Atrapan a operador financiero de “Guerreros Unidos”; daba 600 mil pesos a policías

Fuerzas federales lo capturan en un centro comercial de Acapulco.

Raúl Núñez Salgado, presunto operador financiero del grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, fue detenido, informó el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio.

En entrevista antes de ingresar a un edificio de la PGR, señaló que la captura se concretó cuando Núñez Salgado salía de un centro comercial ubicado en Acapulco, Guerrero, y posteriormente fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica.

En sus primeras declaraciones, el detenido afirmó que entregaba 600 mil pesos mensuales al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien se encuentra prófugo por los hechos ocurridos el 26 de septiembre pasado en ese municipio.

“Él está vinculado con Guerreros Unidos, hoy ya en declaraciones nos está refiriendo que hacia un pago de 600 mil pesos mensuales, que entregaba a Francisco Salgado Valladares, quién era el subdirector de seguridad pública de Iguala, el cual hoy se encuentra en calidad de prófugo”, mencionó


Zerón de Lucio precisó que entre las 46 personas arrestadas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, no se encuentra Salomón Pineda Villa, cuñado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Organizaciones explican porqué la ONU pide al gobierno no donar al Teletón

"Causa gran preocupación y extrañeza las descalificaciones emitidas por el Sr. Fernando Landeros, Presidente de la Fundación Teletón" a las recomendaciones hechas por el Comité de la ONU, señalan.

Organizaciones dedicadas a atender a personas con discapacidad explicaron el proceso que siguió el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes de sugerir al gobierno mexicano no destinar fondos públicos al Teletón.

Textualmente, la ONU lo manifestó así: “Al Comité le preocupa que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado Parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón. Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad. El Comité insta al Estado Parte a establecer una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Disability Rights International; Documenta, análisis y acción para la justicia social; Centro Estratégico de Impacto Social, CEIS; Colectivo Chuhcan; y COAMEX, Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad; expusieron que desde 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el instrumento que otorga mayor protección a este grupo de la población y rompe con el “hasta entonces persistente modelo médico, caritativo y asistencialista dela discapacidad”.

Indicaron que ellos como otras organizaciones de la sociedad entregaron informes, basados “en experiencias de vida y laborales”, respecto a lo que ocurre en México.

“Desde la perspectiva de la sociedad civil, causa gran preocupación y extrañeza las descalificaciones emitidas por el Sr. Fernando Landeros, Presidente de la Fundación Teletón, con relación a las recomendaciones formuladas a México por parte del Comité (se exponen al final de esta nota), por el hecho de estar basadas en comentarios de algunas asociaciones civiles”, indicó.

Landeros también descalificó al organismo internacional por no haber solicitado información al Teletón, antes de emitir el informe sobre personas con discapacidad.

Las organizaciones consideraron “desafortunado que se demerite nuestro trabajo sin que exista una revisión previa y cuidadosa del mismo”, en referencia a lo expresado por Landeros.

“Hacemos un llamado urgente: A todas las instancias del gobierno, en todos sus niveles, a atender las Recomendaciones emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


“Al Teletón, a adoptar los principios y preceptos de la Convención sobre los Derechos de lasPersonas con Discapacidad, e imprimir en su objeto el enfoque de derechos humanos”, pidió.

La postura de las referidas organizaciones:

posicionamiento 14Oct.2014.pdf by Aristegui Noticias:



Recomendaciones del comité de la ONU:

241899362-Informe-ONU-Me-xico-discapacidad-pdf.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

Estudiantes del IPN continuarán en paro; rechazan propuesta de la SEP

"Tomando en cuenta conflictos y movimientos estudiantiles históricos mantenemos una posición crítica en cuanto a la contestación de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación", señalaron los alumnos.

Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se mantienen en paro y analizan la permanencia de este movimiento estudiantil, luego de considerar insatisfactoria la respuesta que ha dado la Secretaría de Educación Pública a sus demandas.

Representantes de 44 escuelas superiores y vocacionales del IPN se reunieron en Asamblea General, donde discutieron y analizaron la respuesta a sus 10 demandas del pliego petitorio, por parte de la SEP.

Adelantaron que el paro de actividades continúa, ya que consideran que la respuesta no resuelve el conflicto.

Señalaron que “Tomando en cuenta conflictos y movimientos estudiantiles históricos mantenemos una posición crítica en cuanto a la contestación de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Gobernación”.

Reclamaron la disparidad en una mesa de diálogo propuesta por la SEP, que incluiría a 10 representantes del gobierno y a 10 alumnos del IPN, cuando la comunidad estudiantil es de más de 150 mil integrantes.

“Las mesas de diálogo deben tener una composición representativa, es decir, que se conforme en su mayoría por la comunidad politécnica, designados por la asamblea (docentes, alumnos y personal administrativo) y que se permita la participación de la totalidad de las escuelas”, indicaron.

Agregaron que “la asamblea general politécnica exhorta a la comunidad a que cada unidad académica analice pertinentemente la situación del movimiento estudiantil”.

Los alumnos también acusaron que en el nivel medio superior se presentan grupos de choque, los que generan hostigamiento, agresión y presión con el objetivo de desintegrar el movimiento.


Esta es la respuesta que la SEP dio a los alumnos:

SEP-IPN.pdf by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

¿Quién busca a los normalistas?

Son 43 los estudiantes desaparecidos y hasta hoy no hay rastro de ellos. Pero siguen los esfuerzos de policías, guardias y hasta perros para localizarlos.

Los ojos del mundo están fijos en Iguala desde el pasado 26 de septiembre. Son 43 los estudiantes desaparecidos y hasta hoy no hay rastro de ellos. Mientras familiares, universidades, organismos internacionales y ciudadanos comunes exigen la presentación con vida de los alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, estos son los esfuerzos que se han hecho para localizarlos:

1. Policía Federal

Hasta ayer, la Policía Federal había realizado 324 recorridos en Iguala, Guerrero, algunos de ellos acompañados de familiares y estudiantes. En la zona hay 900 policías federales; aunque la Gendarmería realiza labores de seguridad pública, también ha cooperado en la búsqueda.

2. Guardias comunitarios

Alrededor de 600 policías comunitarios (desarmados) de la Costa Chica de Guerrero llegaron el 8 de octubre al municipio para contribuir a encontrar vivos a los 43 estudiantes. El grupo, integrado principalmente por campesinos e indígenas, es conocido como Sistema de Seguridad de Justicia Ciudadana.

3. Forenses

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó ayer que los 28 cuerpos encontrados en seis fosas clandestinas en Iguala, Guerrero, no corresponden a ninguno de los 43 estudiantes; sin embargo, el procurador dijo que forenses siguen haciendo pruebas a los demás restos encontrados.

4. Perros y caballos

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero informó ayer en un comunicado que a la búsqueda en la zona rural de Iguala se sumaron policías a caballo para entrar a lugares de difícil acceso. También se incorporó a un número no revelado de perros de rastreo.

5. Otras entidades


Además, la dependencia estatal solicitó el pasado martes la colaboración a sus homologas en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Estado de México, Morelos y DF para dar con el paradero de los normalistas. Ayer fueron enviados a estos estados materiales impresos con las imágenes de los jóvenes para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

Reprueban a Jalisco en combate a la trata

El estado fue uno de los peor evaluados a nivel nacional por la CNDH ante su ‘apatía’ y ‘tolerancia’ a la explotación de personas. El Ejecutivo se dio tiempo de crear una Unidad Especializada de Protección Animal, antes que la fiscalía exclusiva contra la esclavitud moderna a la que obliga la ley.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reprobó al Gobierno de Jalisco en materia de combate a la trata de personas por el poco interés institucional que muestra en ello, calificándolo de omiso y señalando, incluso, una tolerancia al ilícito ante sus pobres resultados. 

Los incumplimientos del Ejecutivo a la Ley Estatal para Prevenir, Combatir y Erradicar la Trata de Personas, y su impacto en la impunidad sobre estas formas de explotación (sexual y laboral principalmente), fueron evidenciados por la CNDH. 

Así, mientras los gobiernos de Chiapas, Puebla, Baja California y el Distrito Federal destacan por los casos investigados (166, 107, 68 y 60 respectivamente) de 2009 al 2013 (a marzo), el Gobierno de Jalisco no le pudo enterar de uno solo a la CNDH, mucho menos alguna consignación o sentencia condenatoria. 

Por eso concluye la CNDH en su Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, expuesto el 27 de agosto:

“Destaca que las autoridades de Jalisco, entidad que ha sido señalada por autoridades federales e internacionales como de alta incidencia, no reportaron una sola averiguación previa durante el periodo 2009 a 2013 (primer trimestre), lo cual hace presumir una deficiente capacidad de las autoridades locales para perseguir el delito de manera eficaz”. 

Jalisco, Baja California Sur y San Luis Potosí, “en un lapso de cuatro años fueron omisas en reportar una sola averiguación previa por el delito de trata de personas”. 

La CNDH marca entre las principales zonas de incidencia de trata del país a Guadalajara y Puerto Vallarta, señalado otra vez en 2014 por el Departamento de Estado estadounidense como uno de los sitios con más turismo sexual infantil, otra cara del ilícito.  

“En diversas entidades las autoridades reportaron no contar con datos respecto de la incidencia delictiva, o bien fueron omisas en proporcionar información, lo que manifiesta desconocimiento o apatía, cuando menos, o incluso tolerancia al delito.

“Esta Comisión considera que la falta de registro de casos y de víctimas, lejos de significar que el delito no ocurra, debe constituirse en un llamado de atención a las autoridades locales para redoblar esfuerzos dirigidos a la detección de las víctimas y la persecución del delito”, detalla la CNDH. 

Si bien el lapso evaluado en averiguaciones está aún en la anterior gestión estatal, el combate sigue siendo hoy incipiente. La Fiscalía General del Estado (FGE) suma durante 2013 y 2014 sólo seis indagatorias. El Diagnóstico ayuda a entenderlo.  

Desde diciembre del 2012, por ley, el Ejecutivo debió reforzarse con una Fiscalía Especializada contra la trata, pero nunca lo hizo, lo que contrasta con la próxima designación de un fiscal exclusivo para lo electoral, y la creación el 11 de octubre de la Unidad Especializada de Protección Animal que dispone de dos agencias de la FGE, con nueve elementos cada una. 

La CNDH cita experiencias que demuestran que los cuerpos especializados sí ayudan a perseguir y visibilizar la trata, como el Estado de México, que carecía de indagatorias: 

“La creación de una Fiscalía Especial el 29 de junio de 2012 ha contribuido a un incremento en el número de carpetas de investigación iniciadas por esa autoridad (46)”. 

Y aúna: “Otro factor relacionado con el exiguo número de procesos y sentencias se relaciona con la falta de unidades especializadas para la persecución de casos de trata, que permitan a su vez la especialización del personal responsable de la procuración de justicia”

Los otros gobiernos con estas áreas son Baja California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,  Zacatecas y el DF. 

La confusión

La falta de capacitación que halló la CNDH tiene muestras palpables en Jalisco: 

“El número reducido de averiguaciones es atribuible en gran medida al desconocimiento que subsiste en torno al tema. No es extraño que el operador jurídico confunda la trata con el lenocinio u otros delitos. Con frecuencia, los agentes ministeriales carecen de elementos para identificar el delito y desconocen su mecánica”. 

Ejemplo: el 31 de enero de 2014 la FGE informa que consignó a un entrenador de un equipo de futbol en Acatlán que producía con los infantes material pornográfico. Lo acusó de abuso sexual infantil, corrupción de menores, prostitución y pornografía infantil, pero no de trata, pese a que las dos últimas son de sus modalidades. 

“Les prometía comprarles uniformes y zapatos para jugar, o bien, los amenazaba con golpearlos y agredirlos con una navaja. Admitió que a algunos de ellos les pagó entre 10 y 30 pesos por dejarse tomar fotos sin ropa, las cuales guardó en la memoria de su celular; la memoria tenía 549 fotos con contenido pornográfico.”

Las penas para la trata de infantes son mucho más altas, van de los 15 a los 30 años (con una mitad más si hay uso de una posición de confianza), mientras que las de la prostitución y pornografía infantil son de siete a 14 años. 

En cambio, la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso del sujeto que organizaba campamentos para niños y que poseía pornografía infantil –detenido el 8 de septiembre en Zapopan-, sí lo acusó de trata según la ley.  


Hay otras inercias negativas: “Se han denunciado actitudes prejuiciosas y prácticas discriminatorias por parte de la autoridad (‘se fue con el novio’, ‘está ahí porque quiere’) que, de facto, retrasan u obstaculizan la persecución del delito (…) se ha advertido insensibilidad ante la problemática, lo que se traduce en apatía y negligencia en la actuación de la autoridad”. 

El titular de la FGE, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, fue cuestionado por asociaciones el 6 de octubre, cuando ante los diputados desestimó la desaparición de mujeres (hay 384 en ese estatus en la entidad), pese a que pueden ser víctimas de trata. 

“Y nos damos cuenta que muchas de las mujeres que se dicen desaparecidas, se sustraen de sus domicilios por temas familiares, por otro tipo de temas”, dijo sin aportar más datos. 

Las víctimas

A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo estima que hay 14.2 millones de víctimas de explotación laboral y otras 4.5 millones de tipo sexual. En Jalisco, sin embargo, el problema no termina por visibilizarse y pareciera no existir. 

La trata por explotación sexual, como la prostitución forzada, dice la CNDH, se da a través de diversas prácticas y espacios:

“Ya sea en la calle o en casas de masajes, a domicilio (call girls) o servicios de acompañamiento (escorts), table dance, pornografía adulta e infantil (incluyendo el abuso sexual de niños), turismo sexual, lenocinio, explotación sexual comercial infantil, y puede llevarse a cabo casi en cualquier sitio”. 

La explotación sexual causó el 82 por ciento de las 334 averiguaciones por trata que la PGR reportó en ese lapso, y el 89.1 de las 767 en los estados. 

La PGR supo de 441 víctimas de trata, y los estados de mil 427. El 82.9 por ciento fueron mujeres, 13.7 por ciento, hombres, y 63 casos sin definir. En  el rango de edades,  el 42.1 por ciento eran adultos, y el 39.8 por ciento menores (un 18.1 sin definir).

En Jalisco, además del Fondo de Ayuda de la Ley de Atención a Víctimas que debió crearse el 3 de mayo pasado, debería existir otra bolsa con fines similares prevista en la ley contra la trata desde noviembre de 2012. 


En el estado tampoco hay campañas para desalentar la demanda de servicios sexuales, aunque la ley penaliza al cliente-explotador si sabe que la víctima es tratada, y mientras en otras entidades ya hay sentencias con reparación del daño (en DF hay 10), aquí nunca ha sucedido.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: LUIS HERRERA.

Gobierno de Aguirre utiliza a narcotaxistas como grupo de choque contra estudiantes

CHILPANCINGO, Gro: El gobierno estatal utiliza a organizaciones de transportistas vinculadas con el narco como grupos de choque para resguardar edificios oficiales y contener protestas de normalistas de Ayotzinapa.

Los funcionarios estatales y dirigentes transportistas Mario Torres Cerecero y Marco Antonio Oropeza Astudillo convocaron a choferes de esta capital para asumir funciones ajenas a su actividad.

“La orden es partirle su madre a los ayotzinapos si regresan a hacer desmadre”, dijo un chofer a Apro.

Torres Cerecero y Oropeza Astudillo han sido señalados públicamente por sus presuntos nexos con la delincuencia y de permitir que circulen taxis administrados por el narco en ‎las principales ciudades de la entidad.

Autoridades estatales y dirigentes sociales han reconocido que en Chilpancingo circulan ‘narco-taxis’ y la característica principal es que la numeración de estas unidades va del 520 en adelante.

Los transportistas convocados por los líderes de las organizaciones Grupo Élite y Nuevo Horizonte para Guerrero arribaron a las 10:00 horas a la explanada del edificio ‎que este lunes 13 fue destrozado por normalistas de Ayotzinapa y miembros del magisterio disidente para exigir la presentación con vida de 43 estudiantes y castigo a los responsables de la masacre de Iguala.

Los choferes ocuparon las calles aledañas a la sede del gobierno estatal, vestidos de civil, como se los ordenaron sus jefes, y a bordo de unidades de transporte público.

El medallón de taxis y vehículos tipo Van exhibían leyendas que condenan las protestas de los normalistas: “La violencia afecta la economía del estado”, y paradójicamente tenían marcada la campaña impulsada por el gobierno estatal para localizar a los normalistas desaparecidos.

Algunas de estas unidades son consideradas como “pirata” y señaladas de ser utilizadas por la delincuencia organizada para cometer crímenes y realizar funciones de “halconeo”‎ en esta capital.

A pesar de que las autoridades han informado que policías municipales de Iguala y sicarios al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos atacaron a estudiantes, futbolistas y civiles, y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa, ahora el gobierno de Ángel Aguirre Rivero utiliza a transportistas ligados a la delincuencia para contener las protestas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.