miércoles, 15 de octubre de 2014

Rompen cristales de PGR en protesta por normalistas desparecidos de Ayotzinapa

Arreciaron sus protestas y uno de los manifestantes subió a una de las barreras metálicas y roja realizó pintas con aerosol rojo, como muestra de repudio a la institución federal.

Grupos radicales que exigen la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, reventaron varios cristales de la fachada del edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR) y no conformes con los daños, arrojaron bombas molotov.

Arreciaron sus protestas y uno de los manifestantes subió a una de las barreras metálicas y roja realizó pintas con aerosol rojo, como muestra de repudio a la institución federal.

Mientras, otros individuos lanzaron insultos a reporteros de diferentes medios de comunicación, incluso los confinaron con una cinta plástica similar a las que se utilizan para acordonar zonas de riesgo.

Otros realizaron un perfomance como parte de la protesta, por lo que una mujer se desprendió de la blusa y el sostén, se hizo pintas en rojo en el pecho, mientras que un sujeto vestido con uniforme camuflage, tipo militar, sacó un arma aparentemente de fuego, sin realizar disparos.

Cabe la pena señalar que no hay presencia de elementos de seguridad pública y los servicios de vigilancia de la PGR cerraron todos los accesos para evitar que los rijosos irrumpan en el inmueble.

De hecho, algunos funcionarios fueron evacuados en helicópteros para evitar salir por los costados o la puerta principal de la dependencia.

Fotografías y nombres de los normalistas desaparecidos y de los seis que perdieron la vida a manos de policías municipales de Iguala, Guerrero, quedaron pegadas en los cristales de la fachada de la PGR, como muestra de indignación por los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre.

Los carriles centrales del Paseo de la Reforma, entre Insurgentes y Niza, permanecen cerrados por la presencia de manifestantes que ocupan ambos sentidos de esa vialidad.


Debido a que la protesta subió de nivel, policías de diversos agrupamientos fueron requeridos para contener a los manifestantes que arremetieron contra instalaciones de la dependencia encargada de las investigaciones del caso Iguala.

FUENTE: NOTICIAS MVS
AUTOR: REDACCIÓN.

Los primeros 28 cuerpos hallados en fosas no son de normalistas: PGR

Murillo Karam confirma implíctamente declaraciones del gobernador guerrerense; capturan a 14 personas que entregaron a los normalistas al narco.

Sin mencionarlo expresamente, Jesús Murillo Karam confirmó la declaración sabatina del gobernador guerrerense, Ángel Aguirre: no todos los cuerpos hallados en la fosas clandestinas son de normalistas.

Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que los cuerpos hallados en las primeras fosas en Iguala no corresponden al ADN de los familiares de los normalistas. En esas primeras fosas se encontraron 28 cuerpos calcinados, los cuales, según el procurador, no sería de los estudiantes desaparecidos.

En conferencia de prensa conjunta, Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, señaló que fueron capturadas 14 personas por la desaparición de normalistas en Iguala. Dijo que los capturados recibieron a los estudiantes y los entregaron entre Iguala y Cocula a Guerreros Unidos y que se investiga la participación de policías de los municipios de Cocula e Iguala.

Murillo sostuvo que, hasta el momento, hay 24 detenidos confesos de haber participado en detención y entrega de normalistas al narco.

Por su parte, el comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido, dijo que hay 896 elementos de la PF en Iguala, de los cuales 300 se dedican a la búsqueda de normalistas.

El sábado 11 de octubre, Aguirre informó que, de acuerdo con los  avances de los peritajes en materia forense, “algunos de los cuerpos no corresponden a los jóvenes de Ayotzinapa”.

Por su parte, aunque afirmó que no confirmaba ni desmentía lo dicho por el gobernador, Murillo Karam comentó:


“No se han terminado las pruebas, no sé en qué se base (Aguirre Rivero); cuando yo les dé información, será porque tengo la certeza de que así fue, y además con los padres de familia que ya son coadyuvantes”, dijo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

La policía de Cocula, como la de Iguala, también servía a “Guerreros Unidos”

Confesaron su participación en los hechos del 26 de septiembre; aceptaron que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron en los límites entre los municipios de Iguala y de Cocula, al grupo delincuencial de la zona.

A 15 minutos de Iguala, la policía municipal de Cocula también servía al grupo criminal Guerreros Unidos. 

El martes, fueron detenidos 14 elementos de dicha corporación, quienes confesaron haber participado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre.

Asimismo, el alcalde de ese municipio César Miguel Peñaloza declaró en calidad de testigo, al igual que el director de Seguridad Pública de esa localidad.

Otro detenido ayer es un empleado administrativo de la policía de Cocula, quien falsificó las bitácoras de las patrullas para ocultar que los elementos habían ido a Iguala; para ello cambió la cromática de los números a los vehículos oficiales para que no fueran identificados.

Con las recientes detenciones, suman casi 50 detenidos por los hechos del 26 de septiembre; 22 de ellos policías de Iguala y 14 de Cocula, así como el referido empleado de este último municipio.

“Independientemente de tener ya cerca de 50 detenidos, lo que tenemos hasta este momento son: los operadores que se encargaron de la detención y del traslado hasta entregarlos al grupo delictivo… se dicen Guerreros Unidos. La intención de la procuraduría es consignarlos, porque la ley nos obliga a hacerlo de inmediato, y continuar con la averiguación para detener a los que nos falten de autores materiales o participantes en la operación pero fundamentalmente a los que son los autores intelectuales. Las líneas de investigación que nos abren estas detenciones nos acercan mucho más a esta posibilidad. El propósito central y fundamental es encontrar a los hoy desaparecidos, pero junto con esto y de manera importante se trata de encontrar también a los autores intelectuales de un acto que nos lastima a todos”, dijo el procurador Jesús Murillo Karam.

“Yo creo que aquí y esa es la idea por la que estamos consignando por delincuencia organizada a estos policías hay una conjunción, vamos a determinar si es coordinación, si es de subordinación, el tipo de relación existente, pero para mí es claro que trabajaron conjuntamente”, agregó.

Por su parte, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, detalló: “Se identificó a más participantes de estos hechos, logrando en el transcurso de este día (martes) la detención de 14 personas, mismas que han confesado su participación en estos hechos, al aceptar que recibieron al grupo de estudiantes y posteriormente los entregaron entre los límites entre los municipios de Iguala y de Cocula, al grupo delincuencial que opera en la zona y que se autodenomina Guerreros Unidos.

“En este momento se están realizando las labores de investigación y seguimiento por parte de las corporaciones federales con el fin de lograr la detención de nuevos objetivos ya identificados y vinculados directamente a dicho evento. Al momento de estas detenciones se abrieron nuevas líneas de investigación, las cuales están siendo utilizadas para dar con el paradero de los hoy no localizados, así como de los demás restantes responsables y sobre todo de los autores intelectuales. Como resultado de las labores de inteligencia se logró acreditar la intervención de policías del municipio de Cocula, mismos que comparecieron a declarar en su calidad de indiciados y después de confesar su participación dentro del evento, además de otros elementos, se logró comprobar su participación, por los cuales serán consignados en las próximas horas”, adelantó.

Las primeras investigaciones arrojaron que la policía de Iguala era una especie de brazo operativo -”halcones”- del grupo de Guerreros Unidos.


Guerreros Unidos es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva y mantienen una disputa por el control territorial de Guerrero con el grupo conocido como Los Rojos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comité Ejecutivo del PAN, a favor de discutir salida de Aguirre

Este partido apoyó a Ángel Aguirre para que se convirtiera en gobernador del estado; ahora llama a discutir si continúa o no en su cargo, tras la violencia en Iguala.

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés -acompañado por los coordinadores en la Cámara de Senadores, Jorge Luis Preciado; de Diputados, José Isabel Trejo; el secretario general Fernando Álvarez Monje; y el secretario de Acción de Gobierno, Marco Antonio Adame-, indicó que tras un proceso de deliberación, el Comité Ejecutivo Nacional de su partido “está de acuerdo en que se discuta la permanencia o no del gobernador (Ángel Aguirre) en el cargo, en los términos previstos en la Constitución”. 

“Lo que busca el Partido Acción Nacional es dar un cauce institucional a esta demanda de miles de ciudadanos, que exigen la separación del cargo del gobernador”, comentó.

En tanto, agregó que este miércoles estará en el Senado el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en comparecencia; “estamos convencidos de que la información que aporte podría abrir un espacio para que el Grupo Parlamentario del PAN valore su posición”. Esto último matiza lo dicho primero por senadores, respecto a que le retiraban su respaldo a Murillo, debido a que no actuó contra el alcalde de Iguala, pese a que existían denuncias en su contra el año pasado.

“Esperaremos a que ocurra la comparecencia del Procurador, que la información sea aportada y que a partir de ello los senadores determinen en qué términos es de fijarse su posición final”, agregó.

-¿Nada más saber si fue unánime el respaldo?-, se le preguntó.

“Sí, el acuerdo que acabo de dar es unánime”, dijo Anaya.


Cabe señalar que el PAN apoyó a Ángel Aguirre para que llegara al gobierno de Guerrero.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Ayotzinapa: Deslegitimación del Estado mexicano

En Chetumal, para exigir que termine la impunidad
del gobierno responsable de
la desaparición forzada de los 43 normalistas. 
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano. Ese secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al Estado. Una vez deslegitimado, éste pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente.

El nivel de gobierno ejecutor de este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo al principio de subsidiariedad administrativa la responsabilidad corresponde escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la responsabilidad escala al nivel federal. Así pues, los dieciocho días transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de Estado.

La única ruta para que el Estado mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las siguientes acciones:


  1. Aprehender y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala.
  2. Aprehender y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que intervinieron en el secuestro de los estudiantes.
  3. Obtener la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre con el fin de que no interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador.
  4. Procesar y en su caso encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que resultara responsable.
  5. Investigar todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de fincar las responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de esta dependencia por su posible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de Iguala, al gobernador de Guerrero y a demás autoridades señaladas de colusión con el crimen organizado.
  6. La PGR debe inmediatamente llamar a cuentas –lo que hace tiempo se tenía que haber hecho-, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio nacional –y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad de elementos desplegados desde los años sesenta; desde hace décadas, difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos –y no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios no revelen información significativa, aún en ese caso deben haber fuertes consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia pública en radio y televisión abierta en cadena nacional a fin de minimizar el riesgo de extorsiones dentro del proceso.

Cualquier cosa que haga el Estado mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. El caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país (y las desapariciones cesaron) hasta que se enjuició a los militares responsables de la guerra sucia de los años setenta y ochenta.

Esta deslegitimación del Estado mexicano no sólo está teniendo lugar ante los ojos del Pueblo de México, sino que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado mexicano ante este crimen de Estado también demuestra al mundo que México sigue sin tener la voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial internacional de “Un México que ha decidido cambiar” se convierte a partir de ahora en una farsa más. Nuevamente, estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin estado de derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable a todos los niveles.

La reciente proposición del presidente Peña –secundada por el Senado- de que fuerzas militares mexicanas participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas como cascos azules se torna ahora inoportuna. Si bien es cierto que la eventual participación de nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras fuerzas armadas en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a los derechos humanos, también es cierto que éste no es el mejor momento para esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en Ayotzinapa.

Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pues tenemos[2]: i) un conflicto bélico real (el Pueblo bajo ataque de un Estado cómplice del crimen organizado); ii) las instituciones del Estado son incapaces de solucionar el conflicto (pues se ha roto la confianza en el ejército mexicano, los cuerpos policiacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia), y; iii) existe una sistemática violación a los derechos humanos de la población civil.

En caso de que el Estado mexicano no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que la sociedad civil, por medio de organizaciones y grandes personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: Sergio O. Saldaña Zorrilla.
LINK: http://www.losangelespress.org/ayotzinapa-deslegitimacion-del-estado-mexicano/

Se suman la UAM y varias facultades de la UNAM al paro por Ayotzinapa

México, DF. Estudiantes de varios planteles de instituciones de educación superior han decidido sumarse al paro de labores convocado por diversas organizaciones sociales para manifestar apoyo y solidaridad con los jóvenes de la Normal Rura de Ayotzinapa, Guerrero, quienes el pasado 26 de septiembre fueron atacados a balazos por policías municipales de Iguala, dejando un saldo de tres normalistas asesinados y 43 más desaparecidos.

Este martes amanecieron tomadas las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales y de Estudios Superiores Zaragoza, y la Escuela Nacional de Trabajo Social, todas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además de la Universidad Pedagógica Nacional.

Pero en el transcurso del día, en asambleas estudiantiles por escuela, facultad o unidad, se ha aprobado sumarse a esa acción en planteles de diversas instituciones de educación superior.

Hasta ahora, se ha reportado que en la UNAM los jóvenes de las facultades de Economía, de Ciencias, de Artes y Diseño, Arquitectura, Psicología y las de Estudios Superiores Aragón y Acatlán, así como la Escuela Nacional Preparatoria 5, se sumarán al paro de labores de 48, que concluye mañana por la noche.

Estudiantes de las unidades Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa de la UAM anunciaron también que esta noche, alrededor de las 21 horas, tomarán las instalaciones de estos planteles para ser parte de estas acciones, y los entregarían 48 horas después. En la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también se han aprobado paros.

Las asambleas estudiantiles de los planteles Centro Histórico, Del Valle, San Lorenzo Tezonco y Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, decidieron realizar un paro de labores en solidaridad con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala Guerrero.

De esta manera, los tres últimos estarán cerrados durante este miércoles, mientras que en el primero el cierre se extenderá hasta el jueves. Sólo en el caso de Casa Libertad, la asamblea determinó tener actividades de manera normal.

A lo largo de la jornada, en las escuelas que se han sumado al paro, se han realizado acciones de difusión y brigadeo para informar tanto a las comunidades universitarias, como a las comunidades cercanas a estos planteles, sobre la situación “de riesgo y violencia” en Ayotzinapa y en el resto del país.

Además, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia realizaron un bloqueo esta tarde en Insurgentes y Periférico.

Mientras que los universitarios de la UPN, donde se había aprobado en principio que el paro sólo sería de 24 horas, acordaron extenderlo un día más y también convocaron a la sociedad civil a participar con la donación de víveres para los familiares de los 43 alumnos desaparecidos.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinó continuar con las acciones de solidaridad con los jóvenes normalistas, por lo que mañana a las 8 de la mañana saldrá una caravana motorizada de la sección 22 desde el zócalo de la ciudad de Oaxaca hacia la sede de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, mientras que en Michoacán continuarán las acciones de protesta.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Emir Olivares, Laura Poy, Arturo Sánchez y Alejandro Cruz

Padre Solalinde promueve la renuncia de Aguirre por caso Ayotzinapa

MÉXICO, DF.- El sacerdote mexicano Alejandro Solalinde lanzó una petición de firmas bajo la plataforma internacional Change.org para exigir la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, por la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y nueve personas más asesinadas por la Policía municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre.

Solalinde calificó de “cómplice y criminal” en la petición al gobierno de Aguirre, por las diferentes evidencias ya públicas de su colaboración con grupos narcotraficantes del Estado, entre estos, el cártel de Arturo Beltrán Leyva que habría financiado su campaña como Senador y luego como gobernador. Otras de los vínculos que se han denunciado de Aguirre es con el Cártel independiente de Acapulco que lidera su primo, y con Guerreros Unidos, que lideran el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa, actualmente prófugos por el caso de los normalistas.

La convocatoria del sacerdote ha logrado más de 36 mil firmas en cinco días. Y está difundiéndose por las redes sociales y medios digitales. También ha participado en diferentes foros públicos para denunciar la masacre a los estudiantes y las violaciones de derechos humanos del gobierno de Guerrero. "Sin embargo, no basta la renuncia del gobernador, hace falta también una investigación sobre la cadena de mandos. Es necesario que nos movamos en esa incidencia, incluso es necesario la revocación de mandato, no sólo para el gobernador, sino para Peña Nieto, y para todo aquel que gobierno sólo con sus intereses", dijo Solalinde.

 Petición:

Ángel Aguirre debe renunciar a la gubernatura de Guerrero. El horror que hoy se vive en ese estado es producto de años en los que su gobierno ha dejado que la delincuencia organizada cometa atrocidades. La última de ellas ha dejado ríos enteros de dolor e indignación en todo el mundo: la masacre y desaparición de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El gobierno de Ángel Aguirre ha sido, en el mejor de los casos, inepto e ineficiente; en el peor, cómplice y criminal.

Aguirre ha dicho que está dispuesto a irse si la gente así lo pide. Ayúdame a demostrarle a través de esta petición que somos miles los que nos oponemos a que continúe en su cargo y, con ello, a que la tragedia en Ayotzinapa no tenga consecuencias políticas.

Su antecesor, Rubén Figueroa Alcocer, tuvo que renunciar a la gubernatura por la masacre de 17 personas en Aguas Blancas. ¿Qué mensaje estaremos dejando si permitimos que Aguirre concluya su mandato habiendo la cantidad de desaparecidos y de muertos durante su período?

e pido que firmes esta petición y la compartas lo más ampliamente posible con sus amigos, familiares, compañeros. No podemos guardar silencio en este momento. Debemos alzar la voz y evitar la impunidad.

FUENTE: LOS ANGELES PRESS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.losangelespress.org/padre-solalinde-promueve-la-renuncia-de-aguirre-por-caso-ayotzinapa/.

Sólo 4 de cada 10 mexicanos culpan al crimen organizado de las desapariciones forzadas

Mientras que una encuesta hecha por Parametría señala también que nueve de cada diez dice que en México hay desapariciones forzadas de personas.


De acuerdo con la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, en agosto de este año, 40% de los mexicanos cuestionados señaló a las organizaciones criminales como responsables de las desapariciones forzadas de personas en el país, 14% dijo que la responsabilidad es del gobierno y el 41%, “de forma espontánea”, dijo que tanto el gobierno como las organizaciones criminales eran los responsables de dichos actos.

Llama la atención las respuestas, pues por definición —según Amnistía Internacional— se le llamará desaparición forzada “cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley”.


Con esto podríamos concluir que la respuesta de ese 41% a la pregunta “¿quién considera que es el principal responsable de las desapariciones forzadas en México: el gobierno o las organizaciones criminales?” es ocasionada por la experiencia, pues en México las desapariciones forzadas suelen involucrar una cooperación entre integrantes del gobierno en cooperación con integrantes del crimen organizado.

Pero, a la pregunta “¿quién podía ser acusado de la desaparición forzada de personas?”, más del 90 % señaló a los cárteles del narcotráfico y a la delincuencia organizada. Ocho de cada diez dijo que “cualquier persona que actúe fuera de la ley o la delincuencia común”. Más del 50 % dijo que la policía (66 %), cualquier grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado (65 %), el Estado (61 %), los grupos paramilitares (58 %), el Ejército (50 %) y la Marina (37%).

El tema cobra relevancia después de que el 26 de septiembre desaparecieran 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Hecho que ha provocado diversas manifestaciones en el país y en el extranjero; Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y Amnistía Internacional mostraron su preocupación por las violaciones a derechos humanos e hicieron recomendaciones en ese tenor al gobierno mexicano. Pero aclaremos: los mexicanos no desconocemos este tipo de prácticas y, de hecho, el conocimiento de este tipo de prácticas ha aumentado en la población. En una encuesta de Parametría realizada el pasado agosto, siete de cada diez dijeron conocer el concepto de desaparición forzada; mientras que “de abril de 2012 a la fecha, aumentó diez puntos el porcentaje de aquellos que señalan estar al tanto de esta práctica”, según el estudio de Parametría.

¿Usted diría que en México hay desapariciones forzadas de personas?

R= Nueve de cada diez mexicanos dijo que hay desapariciones forzadas de personas. Sólo el 3% consideró que dichas prácticas no se realizan y el 10% no supo o no contestó.

El resultado, comparado con los de la encuesta de abril de 2012, registra un aumento de cinco puntos respecto a los encuestados que dicen que en México sí existen las desapariciones forzadas de personas. Según el estudio de Parametría “estas opiniones pueden estar fundadas en la información difundida por diferentes medios de comunicación, o bien por la socialización de casos de desaparecidos a manos del gobierno, ya sea municipal, local o federal”.


De los 22 mil casos documentados de desapariciones forzadas, más de 12 mil correspoden a la administración de Felipe Calderón, mientras que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se reportan más de 9 mil desapariciones forzadas de personas, informó la investigadora del Centro de Análisis Fundar, Ximena Antillón, el pasado 30 de agosto —Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas—.

De acuerdo con la encuesta de Parametría, los más vulnerables a padecer una desaparición contra su voluntad son los niñ@s (36%), en segundo lugar se ubica “cualquier mexican@” (25%) —que hace dos años ocupaba el primer lugar con el 43%—; mientras el 20% de las menciones fue para las mujeres.


Un 7% considera que los que corren más peligro, en este tipo de casos, son los que “se oponen o critican al gobierno”; Un 6% considera que l@s periodist@s corren más peligro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

En los 90, Aguirre me pidió que acusara a normalistas de guerrilleros: empresario

Pioquinto Damián Huato habla de hechos pasados y recientes; supone que la orden de atacar a los estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, fue del gobernador que, acusó, tiene un "odio enfermizo a los muchachos".

El empresario Pioquinto Damián Huato acusó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de tener un “odio enfermizo” a los normalistas de Ayotzinapa.

Incluso, supuso -sin aportar ningún elemento- que la orden de atacar a los estudiantes el pasado 26 de septiembre, en Iguala, salió de Casa Guerrero.

Denunció que en los años 90, cuando se desempeñó como secretario de Educación en el estado mientras Aguirre era gobernador interino, el mandatario le pidió acusar a los normalistas de formar parte de la guerrilla.

Ángel Aguirre fue gobernador interino de Guerrero por el PRI, de marzo de 1996 a marzo de 1999, luego de que sustituyó al entonces gobernador, Rubén Figueroa.

“El gobernador (en los años 90) me pidió que yo acusara ante la Procuraduría del estado de que los jóvenes eran guerrilleros del EPR y los encarcelara y que les fundara delitos, pero yo siempre conviví bien con ellos, ese odio lo ha permeado a toda la sociedad en una campaña mediática”, señaló en entrevista para Noticias MVS primera emisión.

“Conozco un odio que tiene el gobernador a los muchachos”, subrayó. ”A mí me lo pidió personalmente… le dije que no había ningún fundamento para eso”.

Incluso, deslizó la posibilidad de que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sólo haya recibido una instrucción. “Si lo dejaron ir es porque sabe muchísimo”, sentenció. 

Actualmente el edil no se encuentra localizable y las investigaciones federales lo señalan como posible autor intelectual de los ataques a los normalistas.

Pioquinto calificó como “grotesco” que no lo hayan detenido cuando era posible hacerlo, pues durante la semana después de los ataques, todavía despachó en el Ayuntamiento y alcanzó a pedir licencia al cargo.

“José Luis Abarca seguramente recibió la orden y la ejecutó”, consideró. ”Mi hipótesis es que el presidente municipal recibió la orden… no había ninguna posibilidad de que se les pudiera escapar”, continuó.

“Si son miembros de un cartel no hacen nada si no reciben la indicación, por eso lo dejaron escapar, estaba en el palacio municipal y se les escapa”, expuso.


Recordó otros hechos en Iguala, Guerrero, como el asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la organización Unidad Popular, a quien “lo matan un día después de que presenta una denuncia”.

Reconoce apoyo

Pioquinto reconoció que su familia recibió apoyo del gobierno del estado, tras el asesinato de su nuera, en un atentado dirigido contra él, en enero de este año.

“Jamás busqué yo al señor gobernador, nunca toqué sus puertas, no voté por él… no me dio dinero ni le pedí ni se me ocurrió… me dice él que se va a encargar el pago de gastos hospitalarios y funerarios… a mi hijo le entregaron 100 mil pesos, fue lo que erogó el gobierno del estado para cubrir los gastos”, expuso.


Además, negó que esté haciendo mal uso de las escoltas que le proporcionó el gobierno del estado y anunció que interpondrá, ante la PGR, una denuncia contra el alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, por delincuencia organizada.

Vídeo:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aguirre debe evaluar si permanece en su cargo: PRD

Él tiene responsabilidades con el pueblo de Guerrero, él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el estado, "espero que en estas horas esté evaluando las circunstancia de su gobierno de manera puntual”, dijo Carlos Navarrete.

El PRD pide al gobernador que postuló, Ángel Aguirre, que evalúe la permanencia en su puesto.

“Es una evaluación que el propio gobernador tiene que estar haciendo ahora, ahora, sin duda alguna. Él tiene responsabilidades con el pueblo de Guerrero, él sabe perfectamente lo que está ocurriendo en el estado y en el país y espero que en estas horas esté evaluando las circunstancia de su gobierno de manera puntual”, dijo el martes Carlos Navarrete.

“En el PRD no cerramos los ojos ni los oídos”, agregó.

Por la noche, el dirigente perredista tuvo una reunión con líderes de su partido, para evaluar alternativas de gobierno en Guerrero.

En las últimas semanas, la demanda de que renuncie el gobernador ha ido creciendo, debido a los hechos violentos en Iguala, y porque no actuó en su momento contra el alcalde de ese municipio.

Sin embargo, Aguirre ha dicho que no va a “claudicar”.


En los últimos días, ha habido diferentes protestas en Chilpancingo; en una de ellas, se incendió el Palacio de Gobierno donde despacha el gobernador.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

A la baja, el precio de los barriles de petróleo que venderá México: diputado

"Bajamos el precio de 82 dólares a 81 dólares por barril", dijo el diputado del PRI, Javier Treviño.

El diputado Javier Treviño, secretario de la Comisión de Hacienda, indicó que ajustaron de 82 a 81 dólares el precio del barril de petróleo para el próximo año.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, dijo que la Ley de Ingresos 2015 que presentó el Ejecutivo estableció una cotización de 82 dólares para la mezcla mexicana de exportación.

Sin embargo, en los meses recientes se observó un descenso en la demanda del crudo ante un aumento de la oferta, así como falta de crecimiento económico a nivel mundial.

Explicó que pese al ajuste a la baja en la cotización del crudo mexicano, los ingresos estimados para el próximo año serán de 4.7 billones de pesos.

El legislador agregó que también ajustarán el tipo de cambio de 13.0 a 13.4 pesos por dólar, considerando la volatilidad en el mercado cambiario.

Apuntó que ña meta de crecimiento económico de 3.7 por ciento se mantiene sin cambios, al igual que la inflación, en 3.0 por ciento.

Sobre el aumento en la oferta del petróleo mundial, expuso que Arabia Saudita está produciendo poco más de 9 millones de barriles de petróleo diarios, mientras que paralelamente Estados Unidos comienza a producir más.

“Arabia Saudita no puede permitir que baje su producción si no quiere perder presencia”, señaló.

Una vez concluidas las negociaciones, este tema será analizado desde este miércoles en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que posiblemente el jueves sea votado por el pleno de 500 legisladores.

Aceptó que antes de lo ocurrido en los últimos meses, había voces que decían que había que aumentarlo a 90 dólares, pero se hizo un “análisis de lo que está pasando en el mundo”.


“La mezcla mexicana estaría entre 72 y 81 dólares por barril“, anotó.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Costó 1.2 mdp al gobierno de Puebla el patrocinio de Cumbre Educativa

El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa, la cual organizó la cumbre, es una asociación privada, sin reconocimiento oficial de ningún gobierno u organismo internacional, fundada en 2001 en Lima, Perú, y que en los años siguientes fue acusada de realizar cumbres fraudulentas, a través de las cuales se venden premios, certificados y títulos.

El gobierno del estado de Puebla pagó un millón 220 mil pesos para la realización en Puebla de la XV Cumbre Iberoamericana de Educación, un evento que se llevó a cabo a finales de agosto pasado organizado por el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE), una agrupación privada de origen peruano, que promueve un modelo de “educación integral” basado en “la admiración, el amor, el respeto y el temor al Ser Supremo”, tal como se afirma en la página oficial del encuentro.

La administración de Rafael Moreno Valle quedó registrada en ese evento, que fue inaugurado por el mandatario estatal como el principal patrocinador, a cambio, el CIHCE le entregó al gobernador panista un premio “por su compromiso con la educación y los logros obtenidos durante su administración”, según se lee en el boletín oficial y recibió el Máster en Ciencias de la Educación y el nombramiento de “Ilustrísimo Caballero de la Educación, medalla internacional de excelencia educativa, capa, birrete, espada y guantes, además de la medalla del doctor Honoris Causa de Summa Cum Laude, toga y birrete”, según quedó consignado en medios de comunicación locales como El Sol de Puebla o el sitio Puebla Noticias, que forma parte del sistema de información estatal Puebla Comunicaciones.
El CIHCE es una asociación privada, sin reconocimiento oficial de ningún gobierno u organismo internacional, fundada en 2001 en Lima, Perú, y que en los años siguientes fue acusada de realizar cumbres fraudulentas, a través de las cuales se venden premios, certificados y títulos tanto a profesionistas como a “líderes supremos de la educación”.

Sobre el CIHCE pesa el señalamiento del Ministerio de Educación del Gobierno de Ecuador, hecho público en el 2008, de que dicha organización plagió el nombre de esta institución gubernamental para publicitar la Cumbre Iberoamericana de Educación que ese año realizarían en la ciudad de Guayaquil.

El gobierno de Ecuador aclaró entonces que “el Ministerio de Educación no ha otorgado ningún auspicio o aval para la realización del evento en mención”, y añadió que “consideramos inadecuado el procedimiento que utiliza el CIHCE para seleccionar a las instituciones y personas postulantes y otorgarles los premios o reconocimientos“.

A la par, sobre el director Ejecutivo del CIHCE pesa una condena por defraudación tributaria y falsificación de documentos que se dictó en el 2008 en Perú tras una investigación a la empresa de la que era directivo, y que quedó firme con la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de ese país el 3 de octubre de 2012.

Patrocinio millonario

Fue la Secretaría de Educación Pública del estado, quien tras una solicitud de información que presentó este reportero al amparo de la Ley de Transparencia, dio a conocer la erogación de 1.2 millones de pesos para la realización del evento en territorio poblano.

Así, la SEP reveló que se destinaron 119 mil 900 pesos para el pago de viáticos de los dirigentes del CIHCE y se pagaron un millón cien mil pesos por la renta del espacio utilizado en el Centro Expositor entre el 26 y el 29 de agosto pasado, así como que de ninguno de los dos gastos hay contrato alguno, pues la normativa estatal no los obliga a generar ese tipo de documento.

Lo que la SEP no hizo público, e incluso omitió mencionar en la respuesta que entregó –solicitud folio 00346914—, es el contrato de patrocinio que el gobierno del estado firmó o debió firmar con el CIHCE en donde deberá estar especificado a qué se comprometió la administración de Moreno Valle y qué recibiría a cambio de dicho patrocinio.

Y aunque la solicitud se planteó también a la oficina de la Gubernatura, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas y Administración, ambas entidades gubernamentales remitieron a la SEP como única responsable del gasto.


Sobre los alcances del patrocinio, lo único claro es lo que plantea la página oficial de la XV Cumbre Iberoamericana de la Educación que, quien adquiere la “membresía”, además de participar en el encuentro de pedagogía religiosa, también obtiene un “Certificado de Calidad CIHCE 10020″, un “Certificado de Miembro de Honor del CIHCE por un año”, así como la inclusión de su fotografía a un tercio de página en el libro Líderes Supremos de la Educación en Iberoamérica y tres ejemplares del mismo, además del derecho a dos personas a participar en el evento y a la cena de premiación del mismo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Ernesto Aroche Aguilar.

Oceanografía: una venta que se hundió

La intención de compra de la empresa naviera de parte de la familia Alemán, se cayó. Las causas apuntan, entre otras cosas, al aumento inexplicable de la deuda con Banamex.

Apenas una semana se sostuvo el acuerdo previo firmado la noche del martes 7 entre Amado Yáñez y la familia Alemán para la compra de sus acciones en Oceanografía. 

El punto medular en el quiebre de la intención de compra fue Banamex, a quien el conciliador del concurso mercantil le reconoció más deuda de lo que habían previsto los equipos de Yáñez y Alemán en las negociaciones preliminares.

Una fuente gubernamental dijo a Reporte Indigo que la matriz de Citigroup en Estados Unidos hizo saber al gobierno de Enrique Peña Nieto que el banco estaba “extrañado” con la decisión, que favorecería al autor de un supuesto fraude en su contra.

La compra de la mayoría accionaria fue valuada en un inicio en 400 millones de dólares, que irían a la inyección de capital a la operación de la empresa, cuyo regreso generaría los recursos para ir pagando a los acreedores. 

Hasta la mañana de ayer todo iba viento en popa, al menos al interior de la negociación, dijo una fuente cercana al proceso,  quien pidió anonimato. 

Sólo media hora antes de hacerlo público en una entrevista de Radio Fórmula, el equipo de Amado Yáñez supo que la “intención de compra” daría marcha atrás.

Salida anunciada

“Fue un balde de agua fría. Dijeron lo mismo que luego declararon en la entrevista, que la deuda era más alta de lo que habíamos hablado y que su Consejo no les había autorizado a seguir con el proceso”, relató la fuente.

Pero los indicios de que algo no iba bien para los intereses de Yáñez no fueron pocos. 

Apenas unas horas antes el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaró que el gobierno federal “no avala ninguna información que apareció en los medios” sobre la venta del paquete accionario a Grupo Alemán.

Tampoco se hizo público el monto final de acreedores desde el viernes 10, como se había pronosticado, y Pemex, principal contratista de la compañía, no hizo ningún pronunciamiento a favor de la venta. 

El diario El Universal publicó que el martes se realizaría una reunión entre el secretario Luis Videgaray, el procurador Jesús Murillo Karam, el director general del SAE, Héctor Orozco y Pemex, para abordar el caso. 

El mismo día en que tendría lugar este encuentro se anunció que el Grupo Alemán se desistía.

Era el tercer indicio. 

El jueves 9 el presidente de Interjet, Miguel Alemán Magnani, dijo en una entrevista con Radio Fórmula que “no estaríamos entrando en una sociedad (con Amado Yáñez). Él estaría completamente fuera del negocio”.

Aunque aceptó que se había firmado un documento de intención de compra, lo supeditó a que comenzarían “a revisar una serie de cosas. No hemos podido llegar a fondo a ver los números y otra serie de factores, porque está en un concurso mercantil y debemos hacer una serie de análisis”.

La fuente consultada por este medio, sin embargo, aseguró que durante meses el equipo de la familia Alemán ha revisado la situación bancaria. 

“Presumo que no quieren entrar en un conflicto con Banamex”, dijo. 

Alemán Magnani había dicho en Radio Fórmula el jueves que “si por alguna razón hay algo que no está bien, o el gobierno decide que no debe ser así por alguna situación, nosotros no tenemos interés en cambiar una serie de factores.

“Si el señor Amado nos puede vender la totalidad de sus acciones y no participar en la empresa, si legalmente todo se cuadra (…) estaremos y trataremos de recuperar Oceanografía”.

Desde el inicio se perfilaban 

La familia Alemán apareció como posible compradora. Alemán Magnani aseguró a los trabajadores que serían recontratados al aceptar un finiquito.  

2014
1 de junio 
> Miguel Alemán Magnani, probable comprador de Oceanografía se reunió con trabajadores y les aseguró que serán recontratados.

3 de junio
> El juez penal de ámbito federal en el caso dictó auto de formal prisión contra Amado Yáñez, imputándole la posible responsabilidad de 55 millones de dólares.Paga una fianza por 87 millones de pesos.

11 de junio
> Yáñez acusa a su principal socio, Martín Díaz Álvarez, del fraude cometido contra Citi. Dice que era el operador. 

24 de junio
> La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deslindó de responsabilidades a Martín Díaz Álvarez.

30 de junio
> Trabajadores de alrededor de la república han llegado a Ciudad del Carmen a protestar por la incertidumbre laboral y exigir sus salarios caídos.

1 de julio
> Se intensifican las protestas de los acreedores de Oceanografía. El SAE asegura que pagará 200 liquidaciones y saldos caídos por semana,  La primera semana solo paga a 73.

3 de octubre 
> Sale Javier Arrigunaga de la dirección de Banamex-Citi, se maneja en medios que la causa fue el descuido del manejo del préstamo a Oceanografía.

9 de octubre 
> Trasciende que finalmente la familia Alemán, propietaria de Interjet, compra Oceanografía, lo que inyectaría capital a la naviera.

14 de octubre
> Miguel Alemán Magnani anuncia que su familia retira la oferta para adquirir la naviera.


¿Compradores favoritos?

Aún con la salida de Alemán, la empresa se encuentra en negociaciones con tres fiadoras “que ya han puesto ofertas” y podrían ayudar a la capitalización.

También los tres principales acreedores, que poseen el 60 por ciento de la deuda, Moneda, Ice Canyon y Ashmor, tenedores de unos bonos de la compañía para un crédito que vencía en 2015, “van a seguir adelante, tienen el dinero listo. Esto ya no es un problema de dinero”.

Si el equipo de Yáñez logra conseguir las fianzas y que los acreedores coloquen fondos en la capitalización de la empresa, aún puede salvarse de la quiebra.

De lo contrario, el primer beneficiado sería el empresario Carlos Hank Rhon, quien ya se ha manifestado interesado en comprar nueve de los barcos más grandes de Oceanografía, de acuerdo con una fuente de Pemex. 

El anuncio final de cuántos acreedores tenía la proveedora de Pemex, y a cuánto ascendía el total de la deuda, se pospuso en principio para el viernes 10 y luego para el lunes 13.

Una fuente cercana a la negociación dijo a este diario que el conciliador contratado por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), José Antonio de Anda Turati, aumentó la deuda a los acreedores y “sin fundamentos le dio la razón a Banamex y le sumó 5 mil millones de pesos más a la deuda total”.

Citigroup solicitaba que se le acreditara una deuda de 7 mil 700 millones de pesos por servicios de cobro de contratos que Oceanografía había endosado a Banamex, y que se suministraban por una línea de préstamos tramitada por la división fiduciaria del banco. 

Pero el conciliador dejó fuera 2 mil millones de este monto, de acuerdo con una fuente confidencial citada ayer por el diario Reforma. 

“El acuerdo previo estaba esperando que se avalara con los tenedores de bonos y que Pemex renovara los contratos (a Oceanografía), aún faltaba mucho por concretar. 

“Pemex no dijo sí ni no. El proceso había sido muy transparente, ahora (los Alemán) valoraron que ya no”, añadió a este diario la fuente que participó en las negociaciones. 

La petrolera también ganó un amparo en contra de la petición de Oceanografía para que le devolvieran 500 millones de pesos de penas convencionales que les retuvieron desde la última semana de febrero. 

Ello aunque el juez había determinado en la declaratoria de concurso mercantil que la retención de dichos montos frenaría la capitalización de la empresa y su posibilidad de salir adelante en el juicio mercantil. 

El oscuro Banamex, bajo la lupa de Citi

En medio de la negociación con los acreedores y luego de la salida de Javier Arrigunaga de la dirección general de Banamex, la matriz de Citigroup sigue bajo acusaciones de fraude, avaladas en el informe sobre el caso elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Aunado a eso, este martes Citigroup anunció en Nueva York que había concluido una investigación de las actividades de una unidad de Banamex que proporcionaba servicios de seguridad personal.

La investigación se inició en julio pasado y fue encargada a una firma de abogados para investigar “una unidad de Banamex que proporcionaba servicios de seguridad personal en México”. 

Después de realizar entrevistas, revisar expedientes electrónicos y físicos y hacer análisis forense de medios computarizados y electrónicos, concluyeron que existía un fraude por 15 millones de dólares (201.5 millones de pesos) que consistieron en “la prestación de servicios de seguridad no autorizados a terceros y el uso de telecomunicaciones interceptadas”. 

El banco informó que estaban disolviendo la unidad y “los servicios de seguridad serán proporcionados por la función de seguridad global de Citi”. 

La investigación ahora se lleva ante instancias policiacas y de reguladores en Estados Unidos y México. 

Aunque el caso no se vincula directamente con Oceanografía, según lo informado hasta el momento, el director general de Citi, Michael Corbat, declaró: 

“Durante los últimos meses, hemos estado revisando nuestra franquicia en México y hemos hecho cambios significativos para fortalecer nuestros procesos y controles. 


“Continuaremos tomando los pasos que sean necesarios para asegurar que cada parte integrante de nuestra franquicia global cumpla con nuestros estándares”.Continuaremos tomando los pasos necesarios para asegurar que cada parte de nuestra franquicia global cumpla con nuestros estándares”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

La narcofosa del Mexican Moment

MEXICO, D.F. (apro).- Ahora sí se cumplieron los sueños de los promotores del gobierno que ha “movido a México”. El gobierno de Enrique Peña Nieto está en todas las primeras planas de los periódicos internacionales. Las columnas más importantes señalan a nuestro país. Cientos de corresponsales están pendientes de los sucesos nacionales. Las principales cadenas de televisión han desplazado a sus corresponsales y sus equipos.

Lástima que tanto interés no sea por las “reformas estructurales” y el relato épico de cómo Peña Nieto logró “mover a México”.

El interés son las fosas y los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre. Las narcofosas. Las tumbas clandestinas que no paran de encontrarse, tan sólo en un perímetro muy corto que rodea al municipio de Iguala, hoy epicentro de la descomposición política, como hace 10 meses lo fue Apatzingán, en Michoacán y como, tal vez, después se convierta Ecatepec, en el Estado de México. Ahí han vuelto a encontrar 21 restos de algo que el gobierno de Eruviel Ávila niega que sean de cuerpos humanos.

El procurador general Jesús Murillo Karam hoy volvió a concentrar la atención de los medios: afirmó que de los 28 cuerpos exhumados en las cinco primeras fosas encontradas en los alrededores de Iguala ninguno pertenece a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

¿Entonces de quiénes son? ¿A quiénes asesinaron, desollaron y arrojaron en esos sitios donde se está escribiendo el rostro más horroroso de un México en guerra?

Horas antes del anuncio del procurador Murillo Karam, en las inmediaciones del municipio de La Parota, también cercano a Iguala, se hallaron otras cuatro fosas clandestinas. Estas fueron encontradas a través de los familiares de las víctimas y con la ayuda de los cuerpos de autodefensa comunitaria que han entrado en acción para localizar a estos jóvenes.

¿Desde el principio se dieron pistas falsas sobre las fosas para desviar la atención? ¿Por qué ni todo el Ejército, ni la Gendarmería, ni las policías ministeriales estatal y federal pudieron dar antes con estas otras cuatro fosas donde presuntamente deben estar otros cuerpos, quizá otros jóvenes que fueron arrojados a la muerte por esta especie de narcocleptocracia que gobierna Guerrero?

El problema mayúsculo ya no son sólo los 43 normalistas desaparecidos. Ellos humanizaron el horror. Han generado una conmoción nacional e internacional como no se había visto ni siquiera en la masacre de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas.

Encontrar a los 43 normalistas constituye una luz de esperanza en medio de estas tinieblas que no dejan ver. Ellos son la causa más clara ante el juego de poder que trae el inefable de Angel Aguirre, sus cómplices de la dirigencia del PRD, sus vínculos con Peña Nieto y sus negocios con el nieto de Rubén Figueroa.

Encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa se está convirtiendo en un viaje dantesco. En menos de 10 días se han encontrado nueve fosas en los alrededores de Iguala. No menos de 40 cuerpos deben estar enterrados en esos sitios. No son las únicas. Van a encontrar más.

¿Qué se preguntará la opinión pública internacional? ¿Lástima que han pasado dos semanas y los jóvenes normalistas continúan desaparecidos? ¿Lanzarán bravos al gobierno de Peña Nieto que “valientemente” sacrifica su capital político ante un gobernador desacreditado para acabar con la impunidad, al menos discursivamente?

Las preguntas más lógicas y comunes desde la prensa internacional serán: ¿Desde cuándo se sabe que existen tales “cementerios de narcos” en los municipios de Guerrero, del Estado de México y seguramente de Michoacán y Tamaulipas? ¿Cuántos hay? ¿Quién está investigando? ¿Cuántos muertos invisibilizados, no contabilizados, prescindibles han sido olvidados por el Estado mexicano?

Estamos en la antesala de la peor pesadilla para el régimen y para la sociedad mexicana. Y la prensa internacional quizá no quite el dedo del renglón por una razón muy sencilla: este es el Mexican Moment.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

“Control” de inflación hasta mediados de 2015: Carstens

MÉXICO, D.F. (apro).- La inflación alcanzará su meta de 3% hasta mediados del próximo año, aseguró este martes el gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

Durante su participación en el seminario Las cambiantes características de los sistemas de pago, el exsecretario de Hacienda aclaró que esa meta se pretendía alcanzar en los primeros meses de 2015, pero el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) ha mermado por el alza de algunos productos agropecuarios, lo que afecta la previsión del banco central.

De hecho, 2014 ha sido un año de altibajos: en enero la inflación se ubicó en 4.48% anual y un mes después en 4.23%, mientras que en marzo se redujo a 3.76%, y en abril y mayo a 3.5%, pero volvió a subir en junio a 3.75%. En julio se elevó de nueva cuenta a 4.07%, en agosto a 4.15% y en septiembre se colocó en 4.22%.

Así, la inflación ha estado por arriba de la meta de 3% (+/- un punto porcentual) durante los últimos tres meses consecutivos.

Para el gobernador del Banco de México, el fin del alza mensual de la gasolina será determinante para alcanzar la  convergencia en la meta de la inflación.

Por otra parte, celebró que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se percatara de la presunta colusión entre una cadena de autoservicio y un productor del limón, quienes acordaron subir el costo del cítrico a principios de año, hecho que tuvo un impacto negativo sobre la inflación.

Carstens señaló que “si la Profeco ya lo descubrió y está actuando, pues nos da mucho gusto. (…) Eso es materia de la Profeco y de la Comisión Federal de Competencia (Cofece). Al fin del día la Profeco se dedica a proteger al consumidor y qué bueno que están actuando en esa medida”.

Añadió: “La Cofece lo que debe de buscar es el buen funcionamiento de los mercados, mercados competitivos, entonces, pues esa es materia de esas agencias y nosotros aplaudimos lo que puedan hacer en ese sentido, pues va a redundar en menores precios”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.

Acepta gobierno federal instalación de un Congreso Nacional Politécnico

MÉXICO, D.F. (apro).- En respuesta a los señalamientos del movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que había descalificado las propuestas oficiales por considerarlas “imprecisas” e “incompletas”, el gobierno federal admitió su incompetencia para resolver las exigencias de abrogar el Reglamento Interno y cancelar definitivamente los planes y programas de estudio de la institución, génesis del conflicto, y aceptó la instalación de un Congreso Nacional Politécnico propuesta por el colectivo.

Así lo explica el documento de ocho cuartillas que elaboró la Secretaría de Educación Pública (SEP), entregado este mediodía a representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) por parte de los subsecretarios de Gobierno, Luis Enrique Miranda, y de Educación Superior, Fernando Serrano.

“Reconocemos el apego al principio de legalidad en el documento entregado por la asamblea, en el sentido de que la SEP por sí misma no puede cancelar el Reglamento Interno de fecha 24 de septiembre de 2014 (…) El apego a la legalidad de la Asamblea permite reconocer que son las instancias competentes del IPN las que acuerden respecto a la vigencia de los planes y programas”, se lee en los dos primeros puntos del documento que revalida como vigente el Reglamento Interno publicado en 1998 y reformado en 2004.

Así, y con el objetivo de generar “consensos” y “propuestas” que “conduzcan” a la solución del conflicto, explica, el gobierno propone la integración de una mesa de diálogo público que tenga como fin la instalación del Congreso Nacional demandado por los politécnicos.

La mesa de diálogo, dicen las autoridades, sesionaría públicamente con la participación de 10 representantes del gobierno y 10 elegidos por la AGP, que podrían ser rotados cada sesión. Las reglas se pactarían en el primer encuentro y la difusión estaría a cargo del canal 11.

Entre otras cosas, se establecerían ahí las vías para concretar la cancelación de los planes y programas de estudio “cuestionados”, incluyendo el nivel medio superior, entre otras demandas del pliego petitorio.

Lo que el gobierno aún no ha concedido es lo que el movimiento llamó la “democratización” del IPN, donde advirtió que desconocería a cualquier director interino que no fuera elegido mediante el voto universal, libre, secreto y directo de toda la comunidad politécnica.

“En apego al principio de legalidad, el director y el secretario generales deben ser nombrados conforme a los preceptos de la ley vigente. En su caso, puede considerarse la designación de un director que durará hasta la conclusión del Congreso Nacional Politécnico”, apunta el gobierno, argumentando que “no puede dejarse de lado la inmediata atención” a las propias demandas del movimiento, que corresponde tomar a las máximas autoridades del Instituto.

Sobre las exigencias de elevar a 8% del Producto Interno Bruto el presupuesto para la educación pública en el ejercicio 2015, así como a 2% del PIB lo destinado para investigación, ciencia y tecnología, el gobierno federal, a través de la SEP, respondió:

“La Mesa de Diálogo Público podrá analizar los caminos y los procedimientos para someter a las instancias competentes las solicitudes respectivas. El gobierno de la República continuará, como lo ha venido haciendo, proponiendo incrementos presupuestales para fortalecer la calidad de la educación y de la investigación que imparte el IPN”, apunta el párrafo dedicado al tema.

Por último, el gobierno niega que el Instituto Tecnológico Nacional de México, anunciado este año por Enrique Peña Nieto, se vincule en sus atribuciones con el IPN, según el documento que será discutido desde hoy en las distintas asambleas del IPN, para después determinar en la AGP si se levanta o continúa el paro indefinido del Politécnico.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Cabildea permanencia

El comisionado Alfredo Castillo divide las voces en Michoacán. Algunos abogan por que permanezca en la entidad hasta que concluya su encomienda, mientras que otros claman su salida.

Mientras por un lado las señales más recientes apuntan hacia un pronto retiro de Michoacán, por otro, el comisionado Federal Alfredo Castillo hace cabildeo con diversos grupos sociales para valorar su presencia en la entidad. 

Pero entre las voces que reclaman la salida del comisionado se encuentra la del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien considera a Castillo “un riesgo para las próximas elecciones”.

No hay ocasión pública que no aproveche para exigir la salida del comisionado.

También algunos líderes de los grupos de autodefensas se han manifestado abiertamente a favor de la salida del comisionado. El argumento es que no se ha mejorado la condición de seguridad en la entidad, incluso aseguran que la escalda en la violencia que se vive en la entidad continua a la alza.

En una reunión con empresarios de diversos ramos, el comisionado habló claro.

Manifestó la incomodidad personal que le provoca el cuestionamiento de sus presencia en la entidad.

Ante el principal jerarca de la Iglesia Católica en la entidad, arzobispo Alberto Suarez Inda, Castillo lamentó las críticas de las que ha sido objeto, aunque aseguró que no le importan. 

“No venimos a ser populares ni por aplausos, ni a vanagloriarnos, o a presumir o a jactarnos; estamos aquí para poner orden, para asumir costos y, sobre todo, para dar certeza a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia”, dijo.

Los empresarios michoacanos agrupados en la Coparmex y en la Canaco no han dudado en dar su respaldo al enviado del presidente para que continúe poniendo orden al desgobierno que se generalizó en Michoacán desde el inicio de la administración de Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García.

Pero, sobre Castillo pende un acuerdo entre senadores michoacanos y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que se estableció el compromiso para retirar al comisionado antes del inicio del proceso electoral del 2015.

El proceso ya se comenzó a organizar y la versión dada a conocer sobre ese acuerdo, por parte del senador del PRD Raúl Morón Orozco, apunta a la retirada del comisionado federal para antes de que concluya el mes de octubre.

Firman para que se quede

Tras escuchar un informe general de los avances logrados por la comisión para el desarrollo y la seguridad de Michoacán, los 160 empresarios convocados al evento firmaron una declaración en donde solicitaron al enviado del presidente Peña Nieto que se mantenga en la entidad bajo el argumento de que aún no está concluida la encomienda para la que fue asignado. 

Reconocieron tácitamente la debilidad de las instituciones y de la figura del gobernador sustituto Salvador Jara.

A la propuesta de los empresarios, representados por Adrián Huerta Leal, de Coparmex y Pedro Plancarte Andrade, de la Canaco, se sumó la del líder de los grupos de autodefensa de La Ruana, Hipólito Mora. 

El hoy comandante de la Policía Rural Estatal destacó que la permanencia de Castillo en Michoacán es imperiosa.

También los legisladores locales del PRI, Daniela de los Santos Torres y Olivio López Mújica, han hablado por toda la bancada de su partido en el congreso local para pedir que la presencia de Castillo en la entidad continúe. 

¿Comienza la desbandada?

Una señal de lo que podría ser la salida de Michoacán del comisionado Alfredo Castillo fue el retiro de su jefe de prensa, Rodrigo Gallardi. 

El comunicador se ha reincorporado a la Presidencia de la República dejando al comisionado sin apoyo en medios informativos. Gallardi era quien tenía la relación con los medios locales de comunicación más importantes.

También salió el periodista Víctor Americano, encargado de prensa de la Secretaria de Seguridad Pública. 

Americano fue colocado al frente de la jefatura informativa de una cadena radiofónica local, pero su llegada fue denunciada como una imposición.

El hecho disparó un debate sobre la injerencia de la comisión de seguridad en los medios de comunicación.

Violencia a la alza

En las últimas horas se han registrado 15 ejecuciones en el estado, que apuntan hacia una escalada de violencia. La totalidad de los asesinatos registrados en las últimas horas revelan la disputa de territorios por bandas delincuenciales.

Estos han sido los días más violentos en Michoacán desde hace más de 2 meses, a pesar de la llegada de 300 elementos de la gendarmería nacional a suelo michoacano.


Los municipios en donde el índice de violencia se ha disparado son La Piedad, Charo, Morelia, Lázaro Cárdenas, en donde se han presentado la mayoría de los hechos violentos, en donde se han registrado al menos otras cinco personas lesionadas con arma de fuego, producto de atentados en la vía pública.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JÉSUS LEMUS.