jueves, 9 de octubre de 2014

Gobierno de Moreno Valle no aprendió con caso Chalchihuapan: activistas

PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales advirtieron que la administración de Rafael Moreno Valle no adquirió algún aprendizaje del caso Chalchihuapan y sigue con su política de represión contra las movilizaciones sociales, con lo que agrava el estado de ingobernabilidad que priva en la entidad.

Agrupados en el Frente de Organizaciones Sociales contra la Represión y en Defensa de los Derechos Sociales en Puebla, los activistas y políticos manifestaron su solidaridad con el Círculo de Defensa de Cholula, cuyos integrantes fueron desalojados la madrugada del martes 7 de un plantón que llevaban a cabo frente a la alcaldía de San Andrés Cholula.

La detención de Adán Xicale, el abogado que encabeza la defensa contra el parque que pretende construir Moreno Valle en las inmediaciones de la Gran Pirámide, así como de su hijo Paul, de Albino, Primo Manuel y Odilón Tlachi, señalaron los grupos sociales, es parte de la estrategia que ha mantenido el gobierno para criminalizar la lucha social en lugar de escuchar las demandas de las comunidades.

En la conferencia de prensa cerraron filas la diputada federal del PRD Roxana Luna Porquillo; Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, de la 28 de Octubre; Abraham Cordero Calderón, del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada; Marco Mazatle y Arnulfo Hernández, del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

Asimismo, estuvieron Isaías Cruz, del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup); Dora Luz Sánchez y Jorge Méndez, de Izquierda Democrática Nacional, y Javier Montes Bautista, de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), quienes exigieron la liberación inmediata de los cinco detenidos en Cholula, considerados presos políticos.

La diputada Roxana Luna dijo que el gobierno estatal mantiene su postura de utilizar las vías de la represión, en lugar del diálogo y la negociación para atender las demandas de grupos sociales.

Mencionó lo ocurrido un día antes en Cholula, donde un representante del gobierno fue a dialogar con los grupos inconformes por el desalojo, firma con ellos puntos de acuerdo y horas después éstos son desmentidos en un boletín oficial. “Es una burla hacia las organizaciones”, reclamó.

En su oportunidad, Mazatle adelantó que en la primera quincena de noviembre realizarán una marcha al Senado y a la Secretaría de Gobernación federal para manifestar  su rechazo a las políticas de represión de Moreno Valle.

Javier Montes, edil auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, dijo que Moreno Valle parece no haber aprendido nada con lo ocurrido en su comunidad, cuando mandó un operativo policiaco a desalojar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco y resultó muerto el niño José Luis Tehuatlie y ocho pobladores más heridos.

“Si lo que está pensando es que con eso la lucha va a acabar está equivocado, lejos de que la población lo vea como una manera de intimidarse, lo ve como una provocación y eso genera más conflicto”, reclamó.

También dijo que entre las comunidades hay mucho descontento por lo ocurrido la madrugada del martes, pues no sólo se detuvo a dirigentes del movimiento, sino que se golpeó a señoras de edad avanzada que se habían quedado en el campamento para cuidar la toma de la alcaldía.

El abogado Vladimir Luna Porquillo, quien lleva la defensa legal de los detenidos, dijo que las autoridades han incurrido en múltiples irregularidades, como que no se mostró orden de aprehensión, se modificó el escenario del supuesto delito, se incomunicó a los detenidos y se les sometió a golpes.

Especialmente se comentó el caso de Odilón Tlachi, que hasta ayer se desconocía que estaba detenido porque fue golpeado por los policías, que incluso tuvieron que llamar una ambulancia para que fuera atendido, y a la defensa sólo les reportaron que “ya le habían dado una pastillita” para atenderlo.

El abogado indicó que hasta ahora los cargos contra los cinco detenidos son por motín, pero se espera que se cumpla el plazo legal para saber si se ampliarán los cargos o se les dictará auto de libertad.

Integrantes del Círculo de Defensa Cholula indicaron que los trabajadores del ayuntamiento de San Andrés fueron llevados a declarar a la Procuraduría en contra de los detenidos, por lo que se presume que se les buscará fincar responsabilidades por “secuestro”, para evitar que puedan salir bajo fianza.

Por la mañana, los pobladores llevaron a cabo una asamblea en Tlaxcalancingo en la que determinaron trasladarse a Casa Aguayo para realizar un plantón, que mantuvieron hasta alrededor de las seis de la tarde, y luego se trasladaron hacia las instalaciones de la PGJE para realizar otra protesta.

Los manifestantes esperan que se cumpla el plazo legal de 72 horas para que se defina la situación de los detenidos, en el entendido de que existe un acuerdo con el gobierno estatal de que se les dictará auto de libertad.

En caso de que la Procuraduría estatal consigne a los cinco activistas, la asamblea acordó que incrementarán las acciones de protesta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.

Las fosas mejor planeadas de Iguala

IGUALA, Gro: Nunca vi nada así, se le escucha decir al nervioso policía apostado en la punta del monte, el rifle atento. A unos pasos la tierra cortada; hay seis hoyos bien trazados, son seis fosas que escondían los fragmentos de 23 cuerpos calcinados.

Bajo la arena retirada a golpes de pala se logran ver troncos de árboles chamuscados, ramas marchitas manoseadas por el fuego. Un pedazo de pantalón de mezclilla. Banderines rojos que marcan el terreno y una cinta amarilla desmayada con el rótulo “Escena del crimen”.

“¿Te imaginas todo lo que pensaron mientras llegaban acá?”, suelta una fotógrafa jovencita, la mirada de tristeza. El silencio que se impone.

La identidad de esos cuerpos no está confirmada, pero nadie puede espantar de la mente el testimonio de los dos detenidos que declararon a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero que ahí asesinaron y enterraron a 17 de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; los que fueron arrestados por policías municipales y entregados a sicarios de la narcomafia local Guerreros Unidos.

El pesado silencio queda ahogado por un zumbido: es el concierto de las moscas.

Un reportero local lanza como telegrama los que imagina fueron últimos momentos de los condenados a muerte: “Los obligaron a subir caminando. Los ejecutaron. Pusieron una cama de troncos. Los quemaron. Ahí mismo los enterraron. A ellos mismos les hicieron cavar sus tumbas”.

La fragancia de la muerte impregna el monte. Ese olor cada vez más frecuente en esta interminable fosa común en la que se ha convertido México. El mismo lodo podrido, con mezcla de masa orgánica, que se pisa en Tijuana, en los terrenos regados con ácidos con los que los cadáveres son disueltos. El mismo olor que despiden las fosas donde quisieron ser reducidos a nada los migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas. El mismo que se hace presente, cada vez con más frecuencia, en episodios que por comunes pasan desapercibidos para la prensa.

Es un olor dulzón y rancio que hace nido en las fosas nasales, asfixia la garganta, se atenaza en el cerebro. No se quita por más que te bañes o recurras a los perfumes. Es un recordatorio que deja el sufrimiento de un ser humano que se niega a ser desaparecido, enterrado a escondidas martirizado.

Una mariposa negra y amarilla aletea al borde del corte de la tierra. Avanza y retrocede. Testigo de primera fila. Centímetros abajo agua de lluvia que al contacto con la tierra se convirtió en un caldo pútrido, un charco estancado, con nata en la superficie que impide cualquier reflejo.

Para subir a las fosas de Iguala hay que salir de esta ciudad –la tercera más importante de Guerrero– y dirigirse a la periferia, donde la ciudad se convierte en campo. Hay que guiarse por un cerro con pelo verde, andar por calles sin pavimento, preguntar por Jardín Pueblo Viejo, luego por la vereda a La Parota.

Derecho por la vereda formada por piedras hay que seguir el camino marcado por las pisadas pioneras. Es un sendero paralelo a un maizal del que se va perdiendo la perspectiva porque a lo largo se extiende una bóveda de ramas y arbustos que hacen pensar en la entrada a una selva.

No hay pérdida si se sigue la vía marcada por los cubrebocas azules colgados de los matorrales, tirados en el piso, aventados en la cuneta, como en una urgencia de quienes querían desprenderse pronto de la peste. Para más referencias se pueden buscar las marcas que dejó en algunos arbustos el enviado de una televisora deseando que nadie se perdiera.

Impresas en el lodo del suelo se notan huellas de distintos tamaños, de botas, de tenis, de huaraches. Son las huellas de la gente que ha subido a ese cerro. Me pregunto si alguna de ellas será de los asesinados, si sabrían que ese iba a ser su destino, que ese es monte sería su cementerio. Pocas, casi ninguna huella van en sentido contrario. Claro, ellos no bajaron. Ellos se quedaron arriba.

Caminar. Subir. El único ruido es el de la propia respiración y la orquesta de insectos. Hasta que se llega al lugar marcado por las moscas, el inconfundible sitio de la muerte. El lugar que condensa el horror de la narcopolítica mexicana. La presentida confirmación de la identidad que nadie desea. ¿Asesinaron aquí a los estudiantes normalistas rapados durante la novatada que les hicieron en su escuela que ni siquiera habían cumplido los 20 años? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes? ¿Por qué así?

Sólo queda lanzar en silencio un rezo en este espacio de muerte y pedir que (sea quien sea) quien murió aquí encuentre la paz, que sus restos regresen a su casa.

A unos metros del área marcada, en un claro aplanado se ven un montículo formado por ropa, basura, plásticos, cobijas. Es fácil pensar que esa era una guarida de los dueños de estos caminos prohibidos. Donde descansaban porque las masacres implican trabajo.

El camino de regreso a la ciudad lo marca el botadero de bolsas de basura de plástico rojo con signos que indican toxicidad. Y más cubrebocas, decenas de ellas, guantes de látex, botas de plástico, empaques de geles o desinfectantes tiradas a lo largo del camino, como si quienes participaron en las exhumaciones hubieran querido quitarse de encima el horror aferrado en la piel. Como si quisieran dejar atrás la pesadilla.

Un reportero local dice que este horror no es peor que el de las fosas de los 18 turistas michoacanos enterrados en una huerta de coco en Acapulco y exhumados un mes después de sus asesinatos. Su error fue haber viajado juntos a bordo de un autobús que llevaba placas del lugar equivocado, de su estado natal que engendró también un cártel rival a los de Guerrero.

Estos duelen distinto porque las declaraciones apuntan a que aquí quedaron puros estudiantes, los mejores de sus pueblos, los que se inscribieron a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa porque desafiaron su destino y quisieron ser alguien.

Iguala es tierra fértil para la siembra cadáveres.

Según el Departamento Municipal de Panteones, 76 personas no identificadas han sido enviadas a fosa común del cementerio durante la administración interrumpida del alcalde perredista prófugo José Luis Abarca (quien gobernó dos años).

Los cuerpos de desconocidos provienen de diferentes hallazgos.

En mayo de 2013, en San Miguelito, parte trasera del Cerro de La Parota, fueron desenterradas 33 osamentas. Hace cuatro meses, de camino al municipio vecino de Taxco, en Mezcaltepec, se descubrieron 17 cuerpos (el sexenio pasado encontraron a 55 adentro de un pozo). Ahora la tierra engendró cadáveres en La Parota, ese cementerio clandestino que algunos funcionarios locales dicen que era usado desde hace más de un año para eliminar seres humanos.

Esto ocurre en Iguala, la cuna de la bandera nacional. La ciudad que se ufana de tener el lienzo tricolor más grande del país enarbolada desde uno de sus cerros. Por toda la ciudad se ven bardas ilustradas con episodios de la Independencia que se comenzó a esbozar aquí hace 200 años, aunque al día de hoy la gente vive como esclava, sometida por el crimen organizado que de día impone su ley y en las noches su toque de queda.

Antes de subir a La Parota un reportero local que acudió a la despedida de los policías municipales enviados voluntariamente-a la fuerza a reeducarse en una academia de policía en Tlaxcala me mostró una fotografía que lleva en su celular: tirados sobre el piso se encuentran seis cuerpos inflados, brillosos, tapizados por arena café.

El reportero aseguraba que corresponden a los cuerpos recuperados de esa fosa, que son la prueba de que los exhumados no son los de los normalistas. “No son los estudiantes –afirmaba mientras agrandaba con sus dedos la fotografía en su celular–, estos cuerpos son de adultos, no son de jóvenes. Este cinturón de cuero no es del que usan gente como los normalistas”.

Yo veo bultos inertes. No sé distinguirles la humanidad, salvo por la silueta. No sé qué cinturones usan los estudiantes más pobres de México, los que buscan superarse estudiando la carrera de maestro en una escuela normal.

Más tarde un forense que participó en las exhumaciones corregirá la información sobre esa foto de los cadáveres inflados que se publica en un diario de nota roja.

Asegura que las personas enterradas en La Parota podrían haber sido asesinadas ocho días antes. Los restos recuperados no estaban completos. Estaban podridos. Quemados. Fragmentados.

“Quién hizo esto trató de no dejar huella, fue como una cremación. Sabía. Trataba de borrar rastros”, explicaría el especialista bajo la condición del anonimato.

Según se rumora, la noche que cavaron su propia tumba en La Parota, después de que fueron asesinados una lluvia impidió que esos cadáveres rociados con diesel y prendidos con lumbre quedaran reducidos a cenizas. Como si la naturaleza se hubiera resistido a destruir la evidencia. Como si ella también esperara a que en México algún día se haga justicia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI.

Bejarano ofrece a la PGR más pruebas de vínculos de edil de Iguala con el narco

MÉXICO, D.F. (apro).- El dirigente de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano, ofreció hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) aportar más pruebas sobre los presuntos vínculos del alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, con el crimen organizado.

En declaraciones a Noticias MVS, reveló que se trata de otros testimonios de testigos del secuestro y asesinato del líder del Frente Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, y de dos personas más en mayo del año pasado, así como de versiones obtenidas por él mismo durante su trabajo político en Guerrero.

Lo único que pide a cambio es garantizar la seguridad de sus informantes y la de él y la de su familia.

Los testigos, dijo, saben más cosas de lo sucedido el 26 y 27 de septiembre con los normalistas de Ayotzinapa.

“Me han hablado de toda la red delincuencial, de las personas que existen, de los nombres, de la historia que han conocido, de los delitos que se han venido ejerciendo, de la red de complicidad que existen, de las causas por las cuales presumiblemente ejecutaron… desaparecieron… mataron a seis (en Ayotzinpa) y desaparecieron a otros.

–¿Cuáles serían esas causas presumibles René?—preguntó la periodista Carmen Aristegui.

–Pues al parecer, según ellos, como hay una pugna, una disputa entre “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, les hicieron creer a los policías, que también son integrantes del grupo de la delincuencia organizada, que eran del otro grupo delictivo y ellos explican que por eso la saña con la que trataron a los muchachos, por eso desollaron a uno, como para escarmentarlo, como si se tratara de otros delincuentes.

“Quizás, quienes le dieron la orden a esos policías delincuentes les hicieron creer que eran de otro cártel que compite en el mismo lugar, que se conoce como ‘Los Rojos’, que por eso es que hicieron lo que hicieron y no se sabe de los otros 43.

“Hablaron de muchas cosas, pero yo quiero pedir comprensión de que no puedo, mientras no obren en una declaración, decir muchas cosas. Quiero solicitar garantías pues claramente con respecto a estos testigos, a estas víctimas, de que se les proteja, claro, que habrá que buscarlos y presentarlos, pero no es así de fácil.

“Tiene que haber seguridad para ellos. Y, bueno, pues yo estoy también dispuesto a declarar. A mí me constan muchas cosas también y si es necesario, yo también declaro. Pero también quiero pedir protección”, refirió el perredista.

En la entrevista, Bejarano reiteró que la PGR y la Secretaría de Gobernación pudieron haber evitado la tragedia en Iguala de actuar con prontitud.

Dijo que al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, le dio datos, nombres, fechas, ubicaciones, y “no hizo nada, pudo detenerlo”.

A través del Cisen, agregó, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien también acudió, puedo haber investigado pero igual que Murillo Karam hizo caso omiso.

“No hubo la respuesta que se necesitaba, ahora estamos ante una tragedia mayor. Si autoridades hubieran actuado no habría seis asesinatos más ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar para que finalmente se decidieran a intervenir? ¿Por qué no hicieron caso a las declaraciones ante el notarios y los medios?”, cuestionó Bejarano Martínez.

“En pocas palabras desde el primer momento se hicieron las denuncias, tengo anotado todo y puedo recordar algunas fechas”.

Con base en sus apuntes personales, dijo que el 2 de junio de 2013, denunció públicamente desde Acapulco que José Luis Abarca estaba detrás del asesinato del líder del Frente Unidad Popular, porque había amenazas previas.

Dichas amenazas, siguió, fueron denunciadas ante autoridades estatales por uno de los dos hombres que fueron asesinados el mismo día de Hernández Cardona. No se ratificó la denuncia el 30 de mayo de 2013 porque ese mismo día miembros de la UP fueron “levantados”.

El 3 de junio fueron encontrados los cuerpos de tres de secuestrados, entre ellos el del líder de la UP, y dos días después la senadora Dolores Padierna presentó un punto de acuerdo ante la comisión permanente del Congreso de la Unión, para que el Comisionado Nacional de Seguridad diera un informe sobre lo ocurrido en Iguala.

Posteriormente, contó Bejarano, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la PGR que ejerciera su facultad de atracción para aclarar los hechos y el gobernador, Ángel Aguirre Rivero hizo lo propio de manera oficial porque se presumían de carácter federal. Nada ocurrió.

Un mes después, siguió Bejarano, logró una cita con el procurador General. El encuentro fue –dijo—el martes 2 de julio de 2013, a las ocho de la mañana y se extendió hasta las 9:30 horas.

Según el líder de IDN en esa reunión participó la subprocuradora Mariana Benítez, una diputada y él, y “se señalaron indicios fundados” de múltiples delitos de carácter federal. Tampoco hubo respuesta.

El 5 de julio, sin conseguir respuesta hasta ese día, Nicolás Villa, quien fue testigo del asesinato de Hernández Cardona y dos hombres más, aceptó declarar contra el alcalde de Iguala y su testimonio fue notariado el 7 de agosto.

Una semana después, el 15 de agosto, en Acapulco, Murillo Karam habló finalmente sobre el tema pero dijo que los delitos eran del fuero común y declinó atraer el caso. La declaración quedó consignada en el periódico El Sur.

El mismo mes el sacerdote Raúl vera denunció públicamente al alcalde de Iguala pero nada sucedió, la mentó Bejarano, a pesar de que el caso implicaba uso exclusivo de armas para el Ejército, desaparición forzada, secuestro, tortura, asesinato, presunción de delincuencia organizada y lavado de dinero, todos ellos considerados delitos del fuero federal.

El 14 de noviembre de 2013, Bejarano acudió a unas oficinas alternas en Polanco para reunirse con el secretario de Gobernación para solicitarle realizar una investigación a través del Cisen pero tampoco obtuvo respuesta.

En marzo de este año, siguió, se turnó un desglose a la PGR pero nada sucedió.

“Quizá (si hubiera atendido la denuncia) no hubiera pasado lo de Iguala”, lamentó el perredista.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acusan a edil de Iguala de omisión, lesiones y desaparición forzada

MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Guerrero fincó hoy los primeros cargos formales contra el alcalde con licencia de Iguala y prófugo de la justicia, el perredista José Luis Abarca, por los hechos registrados el pasado 26 y 27 de septiembre: omisiones, lesiones y desaparición forzada.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Iñaki Blanco Cabrera, explicó también que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, y el director de la corporación, Francisco Salgado Valladares, fueron acusados de los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones agravadas y desaparición forzada.

De acuerdo con el funcionario estatal, el alcalde de Iguala fue omiso en su responsabilidad de preservar los derechos de los estudiantes y de la población en general. “Prefirió seguir en un baile que investigar lo que estaba pasando con los normalistas”, subrayó.

Y confirmó que promoverán un juicio contra Abarca por “violación a las garantías de la población”, pues se le imputan seis homicidios y 43 desapariciones correspondientes a los normalistas.

Hasta ahora, agregó, se ha vinculado a 30 personas con los hechos ocurridos en Iguala, de las cuales se ha ejercido acción contra 22, y detalló que entre ellas hay 26 policías y cuatro miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Sobre los 22 policías consignados, reveló que fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 4, ubicado en Tepic, Nayarit, como una “medida especial de seguridad para ellos”.

También confirmó que son seis las fosas halladas, en las cuales se encontraron 28 cuerpos, pero insistió que no puede asegurar que pertenezcan a los normalistas desaparecidos hasta que se realicen los peritajes correspondientes, que tardarían entre 15 días y dos meses.

Para ello, apuntó, intervienen la policía científica de la Policía Federal; la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su coordinación General de Servicios Periciales, y peritos externos argentinos.

Blanco Cabrera comentó que de acuerdo con las versiones, los normalistas estaban boteando y habían ido por unos autobuses en los que viajarían a distintos puntos para las manifestaciones por el 2 de octubre, día en que se conmemora la masacre de Tlatelolco.

Asimismo, destacó que en el caso de la esposa del alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda, presidenta del DIF municipal, no existe una investigación o señalamientos en su contra.

No hay una denuncia formal, pues nadie ha acudido a la PGJE a denunciar hechos en ese sentido, “estaríamos hablando de aspectos ligados a delincuencia organizada, se habla de hechos relacionados con los hermanos de la señora, pero en la dependencia no hay una denuncia al respecto hasta ahora”, dijo.

Sobre la detención de Abarca, Iñaki Cabrera manifestó que no se le podía aprehender por el fuero que lo ampara, aunque recordó que para ello ejercieron un juicio de procedencia.

El procurador detalló que el pasado lunes 6 la fiscalía general presentó ante el Congreso de Guerrero la solicitud de declaración de procedencia, que tiene como propósito que se retire el fuero constitucional al alcalde con licencia de Iguala.

“José Luis Abarca debe responder a los señalamientos en su contra como probable responsable de diversos ilícitos como homicidio, lesiones y desaparición forzada”, puntualizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

ERPI crea brigada para enfrentar a “Guerreros Unidos” y llama “cómplices” a “Los Chuchos”

MÉXICO, D.F. (apro).- En respuesta a la falta de acciones por parte de los gobiernos federal y estatal para frenar a grupos delictivos en Guerrero, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) anunció la creación de una brigada para enfrentar a los presuntos responsables de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa: Guerreros Unidos.

El grupo guerrillero, que acusó de “cómplice” a la corriente Nueva Izquierda del PRD por los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, señaló que la “Brigada de Ajusticiamiento 26 de Septiembre” enfrentará por la vías política y militar a la banda delictiva.

En un comunicado con fecha 6 de octubre, el ERPI manifiesta su dolor por la “detención y desaparición” de “compañeros normalistas” y el “vil asesinato” de otras personas en Iguala y hace una declaración de tres puntos.



En primer lugar, convoca “al interior de nuestras filas y al pueblo en general a la conformación de la Brigada Popular de Ajusticiamiento 26 de Septiembre”’, expresamente fundada para enfrentar en aspectos político-militares esta nueva afrenta del narcoestado mexicano y, particularmente, al cártel de sicarios del Estado, mal llamado Guerreros Unidos”.

Como segunda vía de acción, instruye a sus elementos para que recaben toda la información disponible sobre efectivos, propiedades y demás intereses del grupo delictivo y proporcionen los datos por vías públicas o secretas.

Finalmente, el ERPI declara a la corriente Nueva Izquierda del PRD como cómplice de los hechos ocurridos en Iguala.


El ERPI –una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que hizo su primera aparición pública en 1998– es una fuerza subversiva con capacidad de fuego y concentrada prioritariamente en Guerrero, según datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Las relaciones del operador financiero de “El H” alcanzaron al gobernador de Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Un video de 44 segundos muestra al gobernador de Querétaro, José Eduardo Calzada Rovirosa, promoviendo en San Miguel de Allende, Guanajuato, el fraccionamiento “Otomí Lake and Villas”, del que aparece como socio Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero de Héctor Beltrán Leyva, “EL H”.

El video fue subido a Youtube el 14 de noviembre de 2010, por el usuario José Luis Miranda, con el título: “Otomi Lake and Villas gobernador Querétaro”, en el que se ve al mandatario queretano acompañado de su esposa, Sandra Albarrán, hablando de las bondades del fraccionamiento de Goyeneche.

“Me gusta mucho que haya empresarios que confíen en nuestra tierra, que estén dispuestos a invertir y generar progreso y el concepto de Otomí Lake la verdad es que nos tiene impresionados”, dijo sobre el fraccionamiento ubicado en territorio guanajuatense.

En el video, el mandatario queretano José Calzada, incluso reconoció a los inversionistas como sus amigos.

“Felicitar a los inversionistas, a nuestros amigos, a Daniel, a todo el equipo que acompañó esta gran inversión, felicitarlos, porque hicieron algo de verdad, de primer nivel”, expuso el mandatario.

El semanario Libertad de Palabra de Querétaro informó que los socios de Centurión Real States and Resorts S. de R.L. de C.V., empresa que edificó “Otomí Lake Villas” son: Germán Goyeneche Ortega (20% de acciones), Daniel Rihan Sallum (40% de acciones) y Eduardo León Escalante (40% de acciones), según acta constitutiva con escritura pública 21462, del 3 de septiembre de 2007.

Con anterioridad el gobernador de Querétaro había distinguido a Goyeneche por ser un buen forcado, pero esta vez también reconoció el fraccionamiento –así suele hacerlo con las inversiones en Querétaro–, que impulsó el presunto operador de “EL H”, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

El video es uno de varios, en que diversos personajes, principalmente de Guanajuato, hablan de las bondades de “Otomí Lake and Villas”.

Por ejemplo, en uno se muestra a la entonces presidenta municipal, Luz María Núñez Flores, felicitando de la misma manera a Daniel Rihan y Germán Goyeneche por el fraccionamiento “Otomí Lake and Villas”.

“Antes que nada una felicitación grande para Daniel Rinah y para Germán Goyeneche, un par de guerreros, un par de luchadores que creyeron en su sueño y que finalmente ya es realidad”, expuso Núñez Flores en el video.

La alcaldesa además de destacar las bondades del lugar, detalló que los empresarios tardaron tres años en presentar la documentación para aprobar los cambios de uso de suelo, por lo que les agradeció su paciencia.

“Gracias otra vez por no desesperarse y que entiendan que la certeza jurídica que se les estaba pidiendo en el municipio con la entrega de todos sus documentos, finalmente era para protegerlos a ellos mismos, a los posibles compradores y también para proteger al municipio de San Miguel de Allende, las cosas se pueden hacer con orden y con responsabilidad”.

Goyeneche fue detenido junto con Héctor Beltrán Leyva el pasado miércoles 1 cuando comían en un restaurante de San Miguel de Allende. Ambos, según la Procuraduría General de la República (PGR), portaban armas exclusivas del Ejército.

El empresario y El H fueron puestos a disposición de la justicia en el penal de Puente Grande, Jalisco, y en el Penal del Altiplano, en el Estado de México, respectivamente, dentro de la causa penal 79/2014.

FUENTE: PROCESO.

Aguirre propone someterse a consulta para definir si se va o se queda

"Yo no me voy a ir por los 'opinotecnócratas', quienes desconocen nuestra realidad", responde el gobernador de Guerrero a quienes exigen su renuncia. Anuncia que buscará al INE para realizar consulta.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, planteó una consulta en la que los guerrerenses decidan si se va o se queda en el cargo, luego de la violencia desatada en Iguala.

“Agradezco el apoyo de los miles de guerrerenses que me han expresado su apoyo, a ellos me sujeto, repito, a ellos les digo: estoy en esa disposición, ábrase un proceso de consulta en Guerrero, que marcaría  un parteaguas en la historia del País y la Nación, hagamos la consulta, y que (a través de) esa consulta, invocando el 35 constitucional, y con la participación de un organismo imparcial, sean los guerrerenses los que decidan si Aguirre se va o se queda”, dijo.

Pero advirtió: “Yo no me voy a ir por los opinotecnócratas, quienes desconocen nuestra realidad”. 

Dijo que está dispuesto a que el Instituto Nacional Electoral organice la consulta, que él propone, invocando el Artículo 35 constitucional.

Además, Rivero rechazó haber ordenado la muerte y desaparición de normalistas en Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre pasado en Iguala.

El mandatario estatal pidió a organismos internacionales indagar los hechos que ya están en manos de la Federación.

El gobernador dijo que en su momento no se detuvo al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, porque contaba con fuero; aunque reconoció que en varios municipios “sabemos se encuentran cooptados por la delincuencia organizada”.

“Ahí le consta al delegado de la PGR y al de la Cisen que una y mil veces dijimos que era necesario que se actuara con determinación no sólo en Iguala sino en varios municipios que sabemos se encuentran cooptados por la delincuencia organizada”, abundó.

“Nosotros con nuestras limitaciones hemos enfrentado el problema”, sostuvo.


“No voy a estarme escondiendo de nada”, atajó la ola de críticas en su contra.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Iguala, crimen de lesa humanidad: Hernández Navarro

En la medida en que el país se hunde, nadie grita auxilio, y aquellos que deberían de tener la voz más fuerte, y tienen la capacidad de hacerse oír con mayor profundidad, están silenciosos, dijo por su parte Hugo Aboites.

Los asesinatos de jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, son un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad; ahora hay una voz que se levanta en toda la sociedad mexicana que exige que se presente con vida a los 43 jóvenes desaparecidos, una voz que también exige que haya castigo para los culpables y que no haya más impunidad, aseveró Luis Hernández Navarro de La Jornada.

En entrevista para Aristegui CNN, dijo que la marcha realizada en el DF y 29 estados del miércoles, para exigir justicia, es un grito combinado de dolor e ira; es el reclamo de impunidad que existe en la clase política mexicana y que llevó a que estos muchachos fueran desaparecidos, a que los partidos estén negociando entre ellos el arreglo del problema de manera inescrupulosa.

El  grito que se dio en las calles dice que ese pacto de impunidad política tiene que acabar, señaló Hernández.

“Los mataron por ser normalistas rurales, los desaparecieron por ser normalistas rurales, por ser pobres, por no tener elementos de cómo defenderse y cómo enfrentar este eetado delincuencial que se puede sostener a partir de un pacto de impunidad política entre actores muy poderosos”, comentó.

Por su parte el rector de la Universidad Autonoma de la Ciudad de México, Hugo Aboites, indicó que una marcha de jóvenes, de universitarios, tiene un sentido profundo de solidaridad.

Muchos de los  jóvenes dirían que exactamente lo mismo les podría haber pasado a ellos, señaló.

En la medida en que el país se hunde, nadie grita auxilio, y aquellos que deberían de tener la voz más fuerte y tienen la capacidad de hacerse oír con mayor profundidad, están silenciosos, expuso.

En la marcha sí éramos muchas voces -contó Aboites- pero faltaron muchísimos más; esta marcha puede considerarse como el principio de un cambio importante en la conciencia nacional, si no ocurre esto es que ya pocas cosas pueden suceder que logren que las cosas realmente cambien, consideró.


Además, dijo que estamos lo que se les ofrece a los jóvenes, más que la represión abierta, sanguinaria y sin ningún limite, ni siquiera el de decir los ponemos en la cárcel, les abrimos un proceso, ya es la ejecución directa, sentenció. 

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.

Estudiantes del IPN dicen que darán un sí al gobierno; le ponen de plazo el 14 de octubre

Marcharán hacia las 15 horas de mañana de la Estela de Luz hacia la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

Georgina Sánchez Cervantes, estudiante de la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señaló que le darán un sí al gobierno federal pero condicionado y que, a partir de una respuesta concreta, decidirán cuándo levantar el paro.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la estudiante, quien salió ayer 8 de octubre a leer un comunicado mediante el cual convocaron a una marcha para mañana, sostuvo que la respuesta es “sí”, pero con ciertas condiciones, entre ellas fechas específicas.

“Se le está diciendo que sí, pero nosotros queremos acordar bien las fechas y los términos para que sea verídico“, dijo.
En el mismo programa radiofónico se adelantó parte de la respuesta de los alumnos al gobierno federal, en la que señalan que “decidir cualquier cuestión referida a la autonomía del IPN corresponde a la comunidad politécnica en su conjunto”.

Asimismo que esperan la respuesta del gobierno federal “por escrito, debidamente fundada y motivada. Teniendo como plazo el martes 14 de octubre del presente año“.

En la entrevista, Sánchez Cervantes explicó que entonces estarían en espera de una nueva respuesta por parte del gobierno para convocar de nuevo una asamblea general y determinar si levantan los paros.

La estudiante explicó además que este viernes 10 de octubre no marcharán a la Secretaría de Gobernación, sino que saldrán a las 15 horas de la Estela de Luz hacia la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.


Ayer, pasadas las 23 horas y una vez concluida una asamblea, los estudiantes llamaron a las escuelas que quieran sumarse a la marcha y anunciaron que ahí se entregará la respuesta al gobierno federal, aunque no precisaron el formato en que entregarán el documento.

ENTREVISTA:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

85 empresas de 33 pueblos originarios crean la Confederación Empresarial Indígena de México

Conformada por 85 empresas de 22 estados del país y con integrantes de 33 pueblos indígenas, este miércoles 8 de octubre dio inicio en el Distrito Federal la Asamblea Constitutiva de la Confederación Empresarial Indígena de México (COEIM).

Conformada por 85 empresas de 22 estados del país y con integrantes de 33 pueblos indígenas, este miércoles 8 de octubre dio inicio en el Distrito Federal la Asamblea Constitutiva de la Confederación Empresarial Indígena de México (COEIM).


La COEIM surge como una iniciativa de la Red Indígena de Turismo de México (RITA), una organización que reúne a decenas de empresas de servicios turísticos.

En entrevista con Animal Político, Cecilio Solís Librado, fundador de RITA y promotor principal de la naciente COEIM, explicó que desde la Red Indígena de Turismo se detectó la necesidad de crear algún tipo de organización que aglutinara no solamente a las empresas indígenas de turismo, sino también a las dedicadas a otras actividades.

Con esa intención, durante cinco años realizaron varios recorridos por las distintas regiones indígenas del país, donde llevaron a cabo un sinnúmero de reuniones con diversas organizaciones productoras, consiguiendo sumar cada vez más empresas, hasta que reunieron las 85 que firmarán este jueves 9 de octubre el acta constitutiva de la COEIM.

Entre los negocios que se han sumado, se incluyen purificadoras de agua, productoras y comercializadoras de sal, consultores independientes, artesanos, fabricantes de bebidas alcohólicas como mezcal y ron, hoteles, restaurantes, cultivadores de café, jamaica y diversos productos agrícolas, aserraderos y otros.

Entre los socios que tendrá la COEIM, destaca la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, a donde en días recientes realizó una visita Animal Político.

Esta comunidad posee ocho empresas que generan mil 500 empleos: 950 permanentes, 200 eventuales y 350 indirectos. Además, cuentan con un programa agropecuario del que se benefician más de la mitad de los mil 254 integrantes de la comunidad y sus familias, que en conjunto tienen 18 mil 138 hectáreas y constituyen alrededor del 36% de los 14 mil 772 habitantes del pueblo de Nuevo San Juan Parangaricutiro, que se localiza muy cerca de la ciudad de Uruapan, en la entrada a la Tierra Caliente michoacana.

Francisco López Rodríguez, encargado de ventas de la empresa de ecoturismo, quien acompañó a esta reportera en el recorrido por las distintas instalaciones, explicó que la primera empresa formada por la comunidad fue la de aprovechamiento forestal, que inició en 1983 con un aserradero y ahora cuenta además con una astilladora, una destiladora de resinas y una fábrica de molduras.

En este complejo industrial maderero, se fabrican cantidad de productos: tablas de distintos tamaños y calidades, duelas, cajas para empaque, tarimas, molduras, celulosa, brea, aguarrás, bastones para escobas, madera estufada y composta. La mayoría se comercializa dentro del estado de Michoacán y algunos en otras zonas del país.

López explicó que no se desperdicia ni una hoja de cada árbol talado y agregó que cuentan con un área técnica forestal, “que es un logro, pues somos la primera comunidad indígena a nivel nacional que recibe una concesión de servicios técnicos forestales”.

En este complejo industrial, el obrero que menos gana recibe 6 mil pesos mensuales y todas las prestaciones de ley. Asimismo, una de las características de esta comunidad es que solamente dan empleos directos a personas que forman parte de la misma, salvo que haya algún trabajo especializado que ninguno conozca. En ese caso, se contrata gente externa mientras los locales se capacitan en ello.

El pueblo de Nuevo San Juan se fundó en 1944, por gran parte de los habitantes que fueron desplazados de lo que era San Juan Parangaricutiro por el nacimiento y la erupción del volcán Paricutín. En esa época, la mayoría de los hombres se fueron a trabajar a Estados Unidos a través del Programa Bracero, pues por la devastación en la región no había fuentes de empleo.

De esta forma, quedaron en la comunidad prácticamente sólo mujeres, ancianos y niños. Según comentó Francisco López, “esto propició que los caciques, coludidos con la autoridad y diversas empresas, comenzaran a explotar el bosque de manera irracional; sin participación o beneficio para los verdaderos dueños, que eran los comuneros, y sin ninguna reinversión al bosque, por lo que cada vez estaba más degradado.”

“Al regresar nuestra gente de California, se encuentra con eso y entonces, en los años 70, comienza un fuerte movimiento social para recuperar el bosque y para que los beneficiarios de su explotación fueran los comuneros”, recordó. Fue así como nació el proyecto comunitario, cuando en 1979 obtuvieron el primer permiso de aprovechamiento forestal.

Paralelamente al desarrollo de la empresa de aprovechamiento forestal, surgieron la empresa de transporte y la tienda comunal. La primera, por la necesidad de traslado de los obreros al aserradero, que se localiza a las afueras del pueblo, y la segunda, según López, “por la necesidad de asegurarnos productos de la canasta básica a un precio justo, pues los comerciantes los acaparaban y no los soltaban hasta que subía el precio.

“Es entonces cuando comenzamos a traer productos para la venta exclusiva de los comuneros y después abrió la tienda al público en general. Esto reguló los precios dentro del pueblo”, relató López Rodríguez. Más adelante abrieron también una distribuidora de fertilizantes y una fábrica de muebles que vende a tiendas departamentales del país.

Después de varios años de solicitudes y trámites, la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro obtuvo la concesión de la televisión por cable del pueblo. Así, desde el 2000 sumaron esta empresa a las anteriores y proporcionan el servicio a toda la población a precios accesibles.

Actualmente cuentan con mil 859 suscriptores que reciben 75 canales a un costo de 170 pesos mensuales. Las antenas y las instalaciones de esta empresa están en la parte alta de la casa comunal, que es el edificio más alto del pueblo, en el que se encuentran la mayoría de las oficinas de las empresas.

Ahí se localiza la oficina de la purificadora de agua, una empresa que funciona en un contexto de elevados consumos de agua en temporada de sequía. “Al ver la mala calidad del agua que nos vendían y que teníamos manantiales, pusimos la purificadora (en 2004), pero para ello fuimos a visitar a la organización Pueblos Mancomunados de Oaxaca, que ya tenían una y así aprendimos de ellos para poner la nuestra”, explicó Francisco López.

Su marca es “itsi pura” (itzi significa agua en purépecha) y embotellan en presentaciones de medio litro, un litro, cuatro litros y garrafones.

La última empresa creada por la comunidad fue el Centro Ecoturístico Pantzingo, en 2007, aunque las primeras cabañas se construyeron desde 1996, cuando estudiantes y académicos del Departamento de Ecología de la UNAM estaban haciendo investigación en el bosque y les quedaba muy lejos transportarse diariamente desde el pueblo.

Poco después se estableció una unidad de manejo ambiental (UMA) de venado cola blanca y, una vez que terminó el proyecto de investigación de la UNAM, quedaron disponibles las cabañas y la UMA.

El centro turístico fue creciendo y funcionó como parte del Departamento de Desarrollo Integral de la comunidad hasta 2007, año en que se constituyó como una nueva empresa, la cual comenzó a brindar otros servicios turísticos como paseos a caballo, visitas guiadas al volcán y a las ruinas del pueblo viejo, y se construyeron una tirolesa, una pista de comandos y un campo de gotcha.

Actualmente el centro cuenta con varias cabañas de distintos tamaños, un albergue para 48 personas, un restaurante y un salón de usos múltiples. Además de lo anterior, tanto la energía eléctrica como los calentadores de agua, funcionan con un sistema de paneles solares.


Por su trabajo, la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos, destacan el Premio Ecuatorial, otorgado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por reducir la pobreza a través del uso sustentable de la biodiversidad y el Premio al Mérito Ecológico que otorga la SEMARNAT, ambos en 2004. Un año después, obtuvieron el Premio Alcan por sus aportes a la sostenibilidad económica, medioambiental y social.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Margarita Warnholtz

Sin planeación, costosas y tardadas, las obras de infraestructura en México

México Evalúa analizó proyectos de infraestructura y concluye que el gobierno mexicano necesita una mayor disciplina fiscal.

México construye infraestructura pero de manera deficiente. De 80 contratos auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 1999 y 2010, las obras fueron 36% más caras que en el presupuesto previsto y tardaron más del doble del tiempo estimado, lo que pone en evidencia pésima planeación de los proyectos.

De acuerdo con el estudio Por un presupuesto realista y sostenible. 5 puntos de atención urgente, elaborado por México Evalúa, el gasto de infraestructura “cuenta con una normatividad fragmentada, un historial de retrasos y de desajustes en los recursos y una mínima evaluación de resultados”, lo que impacta en la eficiencia del gasto.

Los análisis de los proyectos de infraestructura que incluyen a Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), aeropuertos y a los gobiernos locales, que tienen un círculo vicioso en común: mala planeación, excesiva flexibilidad (de montos y tiempos de construcción) y una rendición de cuentas débil.

Los investigadores también analizaron el comportamiento de la deuda en el país durante los últimos tres sexenios y entre los hallazgos está que el ritmo de crecimiento de la deuda en los primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto “es muy superior al de los sexenios anteriores”, toda vez que “la deuda está creciendo por encima de las tasas de crecimiento de la economía y a casi el doble de velocidad que en el sexenio anterior”.

Infraestructura cara y mal planeada


En los últimos seis años el presupuesto destinado a los proyectos de inversión en obra pública ha aumentado de manera significativa. De 1993 a 2013 el gasto capital para este rubro ha representado en promedio 15.5% del gasto, pero desde 2007 ha crecido más rápidamente hasta alcanzar 21%. Así, el monto pasó de 236 mil 29 millones de pesos en 1993 a 416 mil 373 millones de pesos en 2006. Luego aumentó de 504 mil 645 millones en 2007 a 858 mil 312 millones en 2013.

Sin embargo, los esfuerzos presupuestales no se traducen en una mejor calidad de vida para los ciudadanos ni se ha acelerado el desarrollo del país, pues México ocupó el lugar 49 de 59 naciones en el Índice Internacional de Infraestructura Pública en 2011.

Mariana Campos, coordinadora del estudio, advierte que los proyectos de inversión deberían responder a las necesidades del país para abatir el rezago, con materiales de buena calidad a precios justos; sin embargo, los ejemplos apuntan a la dirección contraria.

Uno de ellos es la Estela de Luz, un “elefante blanco” que costó al erario mil 139 millones de pesos, es decir 300% más de lo previsto, y el plazo de ejecución llegó a 743 días (195 por ciento más de lo previsto). Con ello, dice el estudio, se pudo haber construido o rehabilitado más de 200 escuelas.

Otro es la Línea 12 del metro en la Ciudad de México. “El chilazo” es quizá “el mayor fracaso en la historia de la obra pública en el país”, sostiene el estudio, pues a un año y medio de su inauguración, interrumpió servicio en más de la mitad de estaciones, afectando a 450 mil pasajeros y la erogación total de recursos aún no se determina.

La autopista Durango-Mazatlán es un ejemplo del “despilfarro”, pues la Auditoría Superior de la Federación detectó un sobrecosto de 30% en el presupuesto ejercido que ascendió a 28 mil 600 millones de pesos. Así, por ejemplo, el Puente Baluarte que había sido calculado inicialmente en 2007 con una necesidad de inversión de mil 113 millones de pesos, al final se invirtieron 2 mil 099 millones de pesos.

Esto pone en duda la calidad de la gestión pública y del manejo presupuestario de estas obras, pues “se diluyen los beneficios esperados de los proyectos de inversión, como son su aportación a la productividad, al crecimiento económico y al desarrollo social de nuestro país”, dice el estudio elaborado por el equipo de Programa de Gasto Público de México Evalúa integrado por Mariana Campos, Esther Ongay y Osvaldo Landaverde.

Otro ejemplo es lo encontrado por la ASF en su análisis sobre las irregularidades en las obras públicas con un presupuesto de al menos 100 millones de pesos entre 1999 y 2010. Entre los 80 contratos verificados, se encontró que 73% tuvo una planeación inadecuada o carecían del proyecto ejecutivo.

Esto explica que, por ejemplo, los proyectos de Pemex costaron casi 50% más del monto establecido para su ejecución. Los de la SCT costaron alrededor de 37% más y en el Senado hubo un aumento del monto de ejecución en 51%. Con respecto a los tiempos de ejecución, los 19 contratos a cargo de la SCT se desfasaron en promedio 100%, mientras que los 25 contratos de Pemex arrojaron un desfase promedio de 106%.

En el caso de Pemex, hasta 2013 el Gobierno Federal concentró su inversión en ese sector, al destinar cada año en promedio 50 por ciento de la inversión pública federal al desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del sector energético, hidrocarburos y electricidad, “lo cual equivalía a sembrar en rocas o ahorrar en un cochinito roto”, agrega el estudio.


Este régimen de inversión ineficiente, sin embargo, la coordinadora del estudio afirma en entrevista que aún es prematuro determinar si la reforma energética que otorga autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos consiga mayor competitividad, pues todo dependerá del reglamento.



Marina Campos advierte que no existe un marco normativo que obligue a las instancias gubernamentales a elaborar proyectos de planeación, lo que termina siendo un factor que “desmotiva la buena planeación”, aunado a la falta de mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas.

De ahí que México Evalúa propone elaborar un informe integral de la gestión de los proyectos; regular en ley la publicación de los desfases en tiempo de ejecución y en presupuesto que experimentan todos los proyectos de inversión y volver obligatoria la publicación de las evaluaciones ex-post que llevan a cabo las dependencias y entidades. 

La deuda crece

Aunque el manejo de la deuda ha sido eficiente tras las experiencias de la década de 1980 cuando los gobiernos llevaron al país a severas crisis, el panorama está cambiando con la nueva administración. El análisis destaca que la deuda está creciendo por encima de las tasas de crecimiento de la economía y a casi el doble de velocidad que en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuya deuda acumulada fue de 7.6% del PIB.


En cambio, en los tres primeros años de la administración de Peña Nieto ya se acumuló una deuda de 6.9% por ciento, por lo que “de seguir con este ritmo, añadiría a la deuda total un pasivo que representaría 13.8 por ciento del PIB al final de su sexenio”.

Aunque la normatividad actual permite un techo de endeudamiento que no necesariamente es consistente con el nivel de ingreso observado de la economía, sería pertinente reforzar los candados legales para que el Poder Ejecutivo no adquiera una mayor deuda durante el ejercicio sin antes solicitar una nueva aprobación del Congreso, recomienda el estudio.

Menos discurso, más fundamento

México Evalúa advierte que un tema pendiente en materia de rendición de cuentas son los estimados económicos y fiscales que el Ejecutivo entrega en el Paquete Económico al Congreso, pues el proceso presupuestal “no cuenta con controles institucionales para prevenir que dichos estimados se produzcan con base en sesgos políticos o de intereses particulares”. Por ello existe el riesgo de que la SHCP proponga previsiones de gasto, ingreso o deuda públicos poco realistas.


Hacer una proyección efectiva permite una mejor planeación y un uso eficiente del gasto y en caso contrario hay un desajuste en las estimaciones. Prueba de ello es que para 2014 se aprobó un endeudamiento por 616 mil 400 millones de pesos, tomando en cuenta que se estimaba un crecimiento del Producto Interno Bruto a una tasa de 3.9%, pero hasta la primera mitad de este año ha sido de 1.7%.



















Otra complicación es la falta de disciplina presupuestal, pues aunque el Congreso aprueba el presupuesto para las diversas áreas, al final hay ajustes considerables. Aunque eso en sí mismo no representa un problema, abre la posibilidad a la opacidad o desvío de recursos.

Un ejemplo de ello es el “Ramo General 23”, cuyo apartado “Contingencias económicas”, al que se le aprobó un presupuesto de 979 millones de pesos, lleva gastado al primer trimestre del año 12 mil millones, es decir, 11 veces más de lo aprobado. “Aunque el propio nombre del programa indica que puede responder a emergencias, esa flexibilidad debería compensarse con una mayor rendición de cuentas sobre el uso de sus recursos”, señala el análisis.

Además, los aumentos del gasto público no están acompañados por evaluaciones y mecanismos de transparencia que permitan mejorar su eficacia. La Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, aunque ha mostrado un ajuste razonable entre su gasto aprobado y ejercido, ha triplicado su tamaño desde la administración anterior y los resultados no llegan. “Desde 1994 sólo se ha abatido la pobreza en un punto porcentual. Surge entonces la duda de bajo qué criterios se aumenta y se asigna el gasto en México”.


El documento concluye que se necesitan cambios en la normatividad que fomenten una mayor disciplina fiscal, pues dado que el marco normativo actual deja espacios a la discrecionalidad, es indispensable mejorar los niveles de transparencia para que la ciudadanía pueda vigilar la gestión del gobierno.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN

Alcalde de Iguala, principal responsable de desaparición de normalistas: procurador de Guerrero

Aseveró que promoverá un juicio en contra José Luis Abarca por la “violación de garantías de la población.

José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, es el principal responsable de desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, señaló el procurador de Guerrero, Iñaky Blanco.

El fiscal dijo que Abarca fue omiso en su deber, además de que cometió múltiples conductas ilícitas. Dadas sus condiciones tuvo la obligación jurídica para evitar el resultado, indicó Blanco en conferencia de prensa

También aseveró que promoverá un juicio en contra de Abraca por la “violación de garantías de la población”.

Sobre la identificación de los 28 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, dijo que hasta el momento no se puede afirmar o negar que sean de los estudiantes.

“En el lugar se encontraron 6 fosas,  28 cadáveres, debemos esperar resultados periciales. Necesitamos soporte técnico… sería irresponsable decir que se trata o no de los normalistas”, expresó.

Confirmó que 22 policías municipales fueron trasladados al Cereso de Tepic e indicó que se ha vinculado a 30 personas con los hechos violentos, que derivaron en seis personas muertas y 25 heridas.

Indicó que hasta hoy no hay señalamientos ni denuncias ante la Procuraduría en contra de la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda Villa.


Enfatizó que existe una investigación abierta contra todos los presuntos involucrados.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Buscaglia ve colapso del Estado mexicano, tras masacre en Iguala

Si siguen ocurriendo hechos como los de Iguala, el sistema llegará a una crisis y habrá un levantamiento social, donde se para el país, sobre todo el sistema económico.

Triste y dolido por los recientes hechos en Iguala, Guerrero, el investigador Edgardo Buscaglia sostuvo que en México persiste el pacto de impunidad, y quien es hoy presidente del país “es uno más de los coordinadores del descontrol político”.

“Uno se espera estas cosas (hechos en Iguala) en países con las características institucionales de colapso de controles de Estado… México es un país cuyos controles del Estado han colapsado desde hace años, han colapsado a nivel municipal, han colapsado a nivel de Estado, de federativas, y por supuesto que han colapsado dentro del Gobierno Federal“, sostuvo.

“Lo que tú tienes hoy como Presidente es uno más de los coordinadores de este descontrol político que tú tienes allí, son coordinadores de este pacto de impunidad, son coordinadores, facilitadores de este… ahora es Peña Nieto antes era Calderón, básicamente cambiaron las caras pero es el mismo horror”, aseguró.

“Lamentablemente en países donde los controles colapsan surgen masacres, surgen grandes casos de desvíos de fondos, surgen embajadores que se dedican a hacer negocios en vez de representar a su país en Europa como en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo, surgen síntomas, chispas de corrupción, crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las masacres que tú has venido siguiendo desde que ocurrieron, lamentablemente hay que atender las causas”, expuso.

Al PRD -quien postuló al alcalde de Iguala- le pidió que sea útil en algo, “que haga algo más que reconocer que tengo razón y que se ponga a trabajar para que en su propio partido no exista la misma corrupción que existe en el PRI y en el PAN”.

“Yo le diría que más allá de reconocer, él (Carlos Navarrete, presidente del PRD) no es un espectador, él es un funcionario público… debería estar implementando los controles que yo recomiendo”, indicó.

“El problema es que no, no establecen estos controles porque es un gran negocio, es un gran negocio político, es un gran negocio empresarial continuar en México con estos colapsos institucionales de ausencia de control judicial, la ausencia de controles patrimoniales, ausencia de controles de la corrupción política, donde la ley electoral está diseñada para que sea penetrada por la delincuencia organizada, las campañas políticas“, acusó.

“Cuando lo que une a la clase política de un país, no importa el partido, no es un proyecto común de Estado y de sociedad, donde la izquierda puede tener un mecanismo de implementar ese proyecto diferente a la derecha, cuando no hay un proyecto en común entre la clase política y lo único que los une es el negocio, el negocio electoral, el negocio petrolero, el negocio de privatización de la electricidad, cuando lo único que los une es el negocio, el tráfico de influencias, el conflicto de interés dentro de la clase política a la cual pertenece el señor Navarrete”, señaló.

“Entonces tienes estas explosiones que sacuden la conciencia mundial, que sacuden la conciencia colectiva, que sacuden la conciencia de cualquier ser humano con un mínimo de decencia, pero un mínimo de decencia es lo que más escasea en un país como México, entre la clase política a la cual pertenece el señor Peña Nieto, el señor Navarrete, el señor Madero y todo esa fauna política que ustedes tienen ahí”, continuó. 

Buscaglia aseveró que hoy por hoy México es un exportador de delincuencia organizada y de inseguridad hemisférica.

“En México no hay reacción institucional, ese pacto de impunidad que con tanta soltura y con tanta frescura del señor Navarrete reconoce que yo tengo razón, hace que nadie sea procesado”, abundó.

“El Presidente de la República, por ejemplo, -comencemos de arriba- debería estar sometido a una investigación patrimonial para explicar toda su red de patrimonios que tiene a su alrededor, él, su familia, todas las relaciones comerciales que han tenido, debería comenzarse de arriba hacia abajo, así se trabaja en las democracias en serio”, agregó.

UNA SIMULACIÓN DE DEMOCRACIA

El investigador consideró que México es una simulación de democracia. Mientras que vienen de Estados Unidos, vienen los europeos, aquí les abren los mercados oligopólicos, les dan en el sector minero, el energético, les dan cuotas de mercado protegidas políticamente, y la comunidad internacional hace como si no pasase nada en el país. 

“Ahora obviamente están preocupados, están haciendo manifestaciones públicas en los países nórdicos, pero en pocos meses se va a terminar porque el dinero calla conciencias, el dinero calla las conciencias colectivas. Hoy tienes a la sociedad civil en las calles mexicanas haciendo un acto de asco, porque es un asco la situación mexicana hoy en día, pero en pocas semanas vas a tener a la sociedad civil mexicana comprada por el PRD o por el PAN o por el PRI en donde les empiezan a dar contratitos”, apuntó.

“Entonces tienes que existir un sistema en el cual se llega a una crisis como la que México va a llegar pronto en donde ya hay un levantamiento social como el que existió en Colombia, en Italia, en donde se les para el país, básicamente hay que pararles el sistema económico, hay que pararles la economía y hay que comenzar a implementar estas 26 reformas, entre otras, que están ahí en mi libro, en el último capítulo, para que estos crímenes de lesa humanidad como es el caso de Iguala y otros que ha sucedido en los últimos años, no continúen siendo la moneda corriente en México”, avizoró.


“Esa es la situación, yo estoy no solamente dolido por la situación mexicana, estoy ofendido, estoy asqueado por esta situación que yo desde aquí, entonces vamos a seguir conversando contigo seguramente, voy a seguir insistiendo, no hay que perder la esperanza y hay que seguir peleando estas cosas, pero mientras no implementen estas reformas gente como Navarrete y las empuje con la sociedad civil realmente atrás, puntualmente monitoreando la implementación de estas medidas, estas masacres y crímenes de lesa humanidad y megacorrupciones como las que se ven en México no van a frenar lamentablemente, esa es experiencia internacional”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Derechos universitarios

MÉXICO, D.F: La semana pasada se integró el Observatorio Ciudadano de los Derechos de los Universitarios (www.ocdu.org.mx) conformado por profesores e investigadores de la UNAM. Es un movimiento inédito en la Máxima casa de estudios por las razones siguientes:

Primero. No está compuesto por estudiantes, no reivindica ningún caso circunstancial, sus miembros no usan pasamontañas ni recurren a acciones que pueden bordar los márgenes de la ley en sentido formal.

Por el contrario, se trata de un grupo de profesores, todos con posgrado, maestría y/o doctorado que salen a la luz pública para fortalecer a la UNAM mediante la identificación, denuncia y seguimiento de casos de corrupción y/o violaciones de los derechos humanos de la comunidad universitaria.

Hace las veces de un contrapeso institucional que no busca – como siempre se trata de estigmatizar las movilizaciones que se hacen sin la orden o autorización de las autoridades- “desestabilizar” a la Universidad Nacional porque se hacen públicas acciones presuntamente ilícitas con pruebas o indicios razonables documentados en la mano.

El viejo refrán de que “la ropa sucia se lava en casa” es un llamado a la opacidad, a la resignación y a que corrupción y violación de derechos humanos se conviertan en un círculo vicioso porque gira sin cesar para que nadie se entere de lo que pasa intramuros. La UNAM es un organismo público paraestatal que depende del Ejecutivo Federal con autonomía legal únicamente para su régimen interno, pero quien paga su existencia es la sociedad entera.

“La ropa sucia se lava en casa” es una modalidad del adagio político mexicano de que en México “el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad”.

Segundo. Es natural que un movimiento como el Observatorio que apela a la Constitución, las leyes y la legislación universitaria como sus principales referentes de acción, genere incomodidad en las zonas de confort de quienes se han acostumbrado a suplir la ley por los usos y costumbres porque resulta más cómodo y se ha vuelto una subcultura de la simulación y porque como diría la frase clásica de Peña Nieto “la corrupción es una condición cultural”.

No creo que la corrupción sea un destino fatal de la sociedad y sólo quede entrar, si es posible, o ver con resignación cómo las instituciones se corrompen por estas prácticas como un cómplice silencioso y resignado.

En el Observatorio se busca, por una parte, dar voz a quien no la tiene, ser el canal de comunicación de la inmensa mayoría que no tiene acceso a los medios ni a las instancias para que denuncien casos de presunta violación de derechos humanos por autoridades, profesores o investigadores universitarios y sean rápidamente investigadas y, en su caso, debidamente castigadas.

En una palabra, se busca generar esperanza para esa gran parte de la comunidad que considera que acudir a las instituciones para denunciar lo que considera un atropello a sus derechos humanos es una pérdida de tiempo y, peor, causa de represalias y de una revictimización.

El silencio, todavía se piensa, es lo único que queda. Esto no se puede quedar así sin voces que digan: ¡No! Como lo hace el Observatorio que actúa con la Constitución y la ley en la mano y la voluntad de hacerlo pro bono (sin pago) en ayuda de quienes menos tienen.

Tercero. Las obligaciones de información de oficio que prevén el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia no son cumplidas por la mayor parte de Escuelas, Facultades, Institutos, Centros y otras dependencias de la Universidad, lo que impide a quien paga los sueldos de funcionarios y académicos conocer cómo, en qué, por qué y para qué se destinan recursos del pueblo, aceptando en el mejor de los casos los actos de fe, de que todo se hace bien y no hay de qué preocuparse, como si se trata de un asunto religioso donde el dogma de fe es piedra angular de su acción.

Eso no se puede apelar por quienes son servidores públicos. Si todo lo previsto en la ley se transparenta, la Universidad se fortalece y gana el apoyo social de que siga siendo una institución pública capaz de ejercer con responsabilidad y prudencia su autonomía.

Si se detectan algunos elementos que hacen mal uso del dinero de los mexicanos hay que identificarlo y sancionarlo. Es evidente que en ninguna parte del mundo hay cero corrupción. La enorme diferencia reside en que en las democracias avanzadas si es detectada se sanciona ejemplarmente, y en otras partes se deja que siga gozando de cabal salud, lo que genera incentivos para que sea un espacio donde no pasa nada.

Ese es el reto. No es nada fácil. Pero tampoco es imposible de que la ley y la conducta regulada transiten por un mismo sendero. Esa es la apuesta de este naciente Observatorio.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA.