lunes, 6 de octubre de 2014

Trasladan a 'El H' y Goyeneche a centros penitenciarios en Edomex y Jalisco

México, DF. Héctor Beltrán Leyva El H identificado por las autoridades mexicanas como heredero del liderazgo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, y su supuesto operador financiero, el militante del Partido Verde Ecologista, Germán Goyeneche, fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad ubicados en el estado de México y Jalisco, respectivamente.

En una tarjeta informativa el Consejo de la Judicatura Federal informó que las consignaciones de ambas personas, detenidas el pasado miércoles en un restaurante en San Miguel de Allende, Guanajuato, recayeron en el juzgado tercero de distrito con sede en Toluca, estado de México, por una acusación de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, las autoridades federales determinaron recluirlos en centros penitenciarios diversos, de tal forma que El H se encuentra en el interior del penal federal del Altiplano (en Almoloya de Juárez), mientras que Goyeneche fue internado en el penal federal de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

En las próximas horas se realizarán las audiencias constitucionales de declaración preparatoria para tomar las comparecencias de ambos detenidos y que el juez tercero de distrito esté en posibilidades de resolver su situación jurídica con auto de libertad o de forma prisión.

El delito de portación de armas no es el único que enfrenta Héctor Beltrán Leyva, ya que en las próximas horas será puesto a disposición de otros jueces que tienen ordenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.

Los Consejo de la Judicatura no son “superiores” de los jueces en amparos: SCJN

México, DF. Los Consejo de la Judicatura (Federal y locales) no son “superiores jerárquicos” de los jueces para efecto de juicios de amparo, por lo que las autoridades administrativas no pueden ordenarle a los juzgadores el cumplimiento de una sentencia judicial.

Así lo estableció el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, los cuales sostenían criterios encontrados respecto a si los jueces locales tenían o no superiores jerárquicos y si los Consejos estaban en condiciones de ejercer “poder o mando” sobres los juzgados para que éstos cumplieran sentencias de amparo.

Los ministros consideraron que, si bien el tema había surgido al analizar la facultades de los Consejos de la Judicatura de las entidades del país, por su trascendencia, el tema también era aplicable al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de ahí la importancia de adoptar un criterio definitivo sobre el asunto.

La resolución adoptada por mayoría, ante la enésima ausencia del ministro Sergio Valls por enfermedad, establece que los Consejos de la Judicatura “no son superiores jerárquicos” de los poderes judiciales locales porque su naturaleza es exclusivamente administrativa y no jurisdiccional.

Además de que los Consejos no están en condiciones de cumplir “por si mismos” una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, porque ello daría lugar a admitir que éstos pueden invadir la esfera jurisdiccional de los órganos judiciales.

Sin embargo, los ministros del máximo tribunal dejaron en claro que en otros aspectos, como la vigilancia, administración y disciplina, los Consejos de la Judicatura sí son superiores jerárquicos de los juzgadores.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.

Encabeza la PGR investigación sobre Iguala

México, DF. La Procuraduría General de la República reforzó el equipo de peritos, ministerios públicos y expertos en diversas materias que se encargarán de la investigación del caso de los más de 40 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala, Guerrero, ya que por el momento se cuenta con indicios suficientes para considerar que miembros del crimen organizado son los responsables de los hechos.

En conferencia de prensa Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, sostuvo que más allá de la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, los hechos de Ayotzinapa obligan a movilizar todo el aparato de investigación de las autoridades federales para garantizar, plenamente, “que en este tipo de cosas que son muy graves, no habrá impunidad”.

El titular de la PGR dijo que actualmente se encuentran en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada cuatro presuntos integrantes del crimen organizado quienes son interrogados por fiscales de esa institución, y añadió que en tanto no cuenten con el resultado de los exámenes de ADN que se realizan a los cuerpos hallados en fosas clandestinas localizadas el pasado fin de semana la dependencia no está en posibilidades de precisar si se trata de algunos de los normalistas desaparecidos.

Sobre el caso Tlatlaya que también ha generado críticas del actuar de las autoridades federales, principalmente del Ejército mexicano, Murillo Karam expuso que por el momento sólo se tiene plenamente acreditado que tres militares dispararon en contra de un grupo de presuntos secuestradores, después de que éstos ya se habían rendido, tras un enfrentamiento que no duró más allá de ocho minutos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Alfredo Méndez.

EL engaño de la Ley de Movilidad con Carlos Cárdenas

Coloquio realizado por el buzón ciudadano el día 4 de Octubre del 2014.

Primero negó ejecuciones en Tlatlaya y ahora no habla, ¿a quién encubre Eruviel?: HRW

Ciudad de México: El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo que su administración sólo proporcionará información entorno al caso de la matanza de 22 personas en Tlatlaya a las instituciones que investigan el caso y el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, cuestionó por qué o quién obligó al mandatario a manejar la versión oficial que señalaba “un enfrentamiento”.

Vivanco calificó de “lamentable” la actitud del mandatario. También dijo que es increíble incluso la nueva versión oficial: “Es difícil creer que tres soldados, actuando por cuenta propia, se encargaron de ejecutar a 22 personas, a vista y presencia de superiores jerárquicos”.

El día 1º de Octubre, el mandatario mexiquense fijo su posicionamiento sobre el tema desde el palacio de Gobierno de Toluca. Pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.

“Hoy reitero la disposición del gobierno del Estado de México, para atender cualquier requerimiento de las dependencias federales  y también en su caso, de los tribunales tanto militares, como tribunales civiles, en este caso los tribunales que correspondan al Poder Judicial de la Federación”, indicó Ávila Villegas.

Antes, el gobierno a su cargo decidió congelar toda la información relacionada al caso durante 9 años.

El día 2 de Octubre, en entrevista con Noticias MVS, el representante de HRW para las Américas, Vivanco, cuestionó la decisión del mandatario la que calificó como “lamentable”.

“¿Por qué se prestó él [Eruviel Ávila] o quién lo obligó a dar declaraciones que encubrían los hechos?”, dijo.

Horas después de lo ocurrido en Tlatlaya, las primeras declaraciones del mandatario fueron: “El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas; lamentablemente un militar resultó herido, pero el Ejército, en su legítima defensa, actúo y abatió a los delincuentes. Desde luego que cuando se pierde una vida, quién sea, es de lamentar, pero finalmente podemos ver que el Ejército Mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas y el Gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida, contundente”.

“Me parece lamentable que la máxima autoridad del Estado de México salga a decir mejor no hablemos más del asunto”, destacó. Además dejó en claro que si no fuera por los medios de comunicación, “estaríamos repitiendo la versión oficial”, la del enfrentamiento.

Vivanco aseveró que “sigue sorprendiendo lo que hace el gobierno mexicano para no llegar a la verdad de casos”.

Antes, en entrevista con el diario Reforma, Vivanco cuestionó el avance de la investigación de la PGR sobre el caso Tlatlaya. “Es difícil creer que tres soldados, actuando por cuenta propia, se encargaron de ejecutar a 22 personas, a vista y presencia de superiores jerárquicos, como quien dice, se habrían enloquecido y entrado en una carnicería de ejecuciones a personas rendidas”.

Y alertó: ”Da la impresión, hasta ahora, que estamos ante un segundo encubrimiento, donde se están haciendo esfuerzos para acotar, para reducir las responsabilidades penales a este puñado de tres soldados”.

Cabe recordar, que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría militar reconocieron, apenas hace unos días, que varios militares dispararon a mansalva contra civiles, presuntamente delincuentes, que nunca fueron juzgados. Fue una ejecución sumaria.

Ayer el Presidente Enrique Peña Nieto indicó que la Secretaría de la Sedena y la PGR realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso Tlataya.

En ese sentido, confió en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos y reafirmar el compromiso indeclinable del Estado mexicano con los derechos humanos, toda vez que “promover, respetar y proteger los derechos humanos es un deber irrenunciable”.

La PGR anunció este martes que consignará por homicidio calificado a tres de los ocho militares que participaron en un supuesto enfrentamiento con 22 presuntos delincuentes en San Pedro El Limón, Tlatlaya.

El pasa o 30 de septiembre el juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados, vinculados con la muerte de 22 jóvenes en el municipio de Tlatlaya.

El Juez militar con sede en el Campo Militar 1 determinó que existen pruebas suficientes para procesarlos por delitos previstos en el Código Militar relacionados con desobediencia e infracción de deberes.

La PGR agregó que tres militares que participaron en el operativo en Tlatlaya fueron acusados del delito de homicidio y solicitará orden de aprehensión contra ellos.

La PGR agregó que tres militares que participaron en el operativo en Tlatlaya fueron acusados del delito de homicidio y solicitará orden de aprehensión contra ellos.

En conferencia de prensa, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, indicó que la acusación es independiente al proceso que les sigue la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por desacato, fallas y desobediencia.

De igual forma precisó que aún se está analizando hasta dónde llegan las responsabilidades de los otros cinco militares detenidos.

Indicó que después del enfrentamiento con los presuntos delincuentes, tres militares ingresaron a la bodega y realizaron una nueva secuencia de disparos, lo que, dijo, “no tienen justificación alguna”.

FUENTE: SIN EMBARGO: 2 DE OCTUBRE 2014
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-10-2014/1132205.

Deuda pública llega a casi $7 billones en agosto; su mayor nivel en el siglo

México, DF. Convertido en el componente más dinámico de las finanzas gubernamentales durante 2014, el endeudamiento total del sector público mexicano ascendió a 6 billones 915 mil 925 millones de pesos al término de agosto, una cantidad equivalente a 40.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) de este año con la que alcanza su mayor altura en el transcurso del siglo XXI, indican informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ese nivel de endeudamiento seguirá en ascenso durante los últimos cuatro meses del año hasta llegar a 42.2 por ciento del PIB y cerrar en diciembre en alrededor de 7 billones 214 mil 600 millones de pesos, según las estimaciones del Ejecutivo federal enviadas al Congreso de la Unión. Esto significa que entre septiembre y diciembre, la deuda del sector público aumentará todavía unos 298 mil 700 millones de pesos más.

Así, nuevamente el endeudamiento del sector público reaparece en el escenario económico del país, después de que en 2000 su magnitud era equivalente a 30.5 por ciento del PIB, al término de 2006 se hallaba en 28.8 por ciento, en 2012 representaba 36.4 por ciento y se estima que al finalizar 2014, su monto representará 42.2 por ciento del valor de la producción nacional generada en el año.

Durante 2014 la dinámica de la deuda ha sido impulsada con préstamos internos que de enero a agosto registraron una tasa de incremento real en su monto de 218.3 por ciento y externos, que en ese lapso, aumentaron 179.1 por ciento respecto a los obtenidos en el mismo periodo de 2013.

Ambas vías sirvieron para financiar la insuficiencia de ingresos. En los ocho meses considerados de 2014 se obtuvieron 187 mil 290 millones de pesos en préstamos de fuentes financieras internas y 166 mil 151.5 millones de pesos en débitos conseguidos en el exterior.

Los recursos de ambos afluentes, por 353 mil 441.5 millones de pesos, sirvieron para financiar el déficit presupuestario y representaron 81.6 por ciento de los requerimientos financieros del sector público entre enero y agosto de este año, los cuales ascendieron a 433 mil 17.8 millones de pesos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Juan Antonio Zúñiga M.

VÍDEO: #TodosSomosAyotzinapa. Ni Vivos, Ni Muertos - Federico Mastrogiovanni

Coloquio del día 27 de Septiembre del 2014 sobre la figura de la desaparición forzada.

'Guerreros Unidos' exigen liberación de policías involucrados en caso Iguala

Chilpancingo, Gro. Esta mañana aparecieron en la ciudad de Iguala varias mantas en la zona del Periférico, atribuidas presuntamente al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes dan un plazo de 24 horas al gobierno del estado para liberar a los 22 policías municipales ―detenidos por estar presuntamente involucrados con los hechos violentos ocurridos el 26 de septiembre―, porque según dicen, “si no cumplen con su petición, darán a conocer los nombres de los políticos que los apoyan”.

Por su parte, en conferencia de prensa en la Normal de Ayotzinapa, los padres de familia nuevamente responsabilizaron al alcalde con licencia en Iguala José Luis Abarca y al gobernador Ángel Aguirre, de la desaparición de los 43 estudiantes de la normalistas.

Anunciaron que para el próximo miércoles paralizarán el país con una movilización en donde exigirán la presentación con vida de sus hijos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Veracruz “desaparece” presupuesto millonario para educación

De 2009 a 2011, la entidad tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos como parte del programa Habilidades Digitales para Todos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.

La Secretaría de Educación Pública erogó más de cinco mil millones de pesos a las entidades federativas durante cuatro años como parte del programa Habilidades Digitales para Todos (HDT) sin que alcanzaran las metas previstas y sin tener la certeza de que el dinero lo hayan gastado para el fin que fue etiquetado: equipar las escuelas con computadoras, proyectores y conexión a internet.
Veracruz es el caso más grave. De 2009 a 2011 tuvo en sus arcas 716 millones 334 mil 745 pesos, pero no existe ninguna prueba fiscal de cómo gastó 91 por ciento de ello, es decir 655 millones 782 mil 573 pesos.

Tan solo en 2011, un año después de que Javier Duarte asumiera la gubernatura del estado, la Federación le entregó 652 millones 210 mil pesos, el mayor monto asignado a alguna entidad para este programa no solo en ese ejercicio fiscal sino durante los tres años de operación de HDT. Incluso, es casi lo mismo que las 32 entidades gastaron en 2009 (779 millones 200 mil pesos), pero la entidad quedó sin comprobar el destino de la totalidad de ese dinero.

Este monto equivale a la instalación de 3 mil 623 aulas, tomando en cuenta que cada una tuvo un costo promedio de 180 mil pesos que incluía computadoras, proyector, pizarrón electrónico, impresora y conexión a internet. El monto también es equiparable al 35% de aulas instaladas en secundarias en todo el país, pues de acuerdo con estadísticas de la SEP, el acumulado de 2009 a 2011 fue de 10 mil 122 salones equipados. Incluso, con ese dinero se podrían comprar 361 mil 735 tabletas electrónicas para un igual número de alumnos, como parte de la nueva estrategia digital de la Federación.

De acuerdo con el “libro blanco” –informe financiero– del programa elaborado por los funcionarios de la dependencia en 2012 y entregada a la nueva administración encabezada por Emilio Chuayffet– esa fue la entidad fue la más irregular durante los ejercicios fiscales de 2009 a 2011.

 ¿Dónde quedó el dinero?

Aunque Veracruz recibió el mayor monto presupuestal durante 2011, al terminar el año no había realizado ninguna licitación, contrato o convenio para equipar y conectar las 3 mil 78  aulas a internet que se había comprometido y ni siquiera había fijado una fecha de entrega y tampoco envió los informes mensuales de la cuenta bancaria donde la SEP realizó el depósito de los recursos, según lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública.

La única justificación de los más de 652 millones de pesos se esboza en el primer informe de gobierno de Javier Duarte -2011-. En un párrafo se informa la instalación de 444 aulas telemáticas y la capacitación a mil docentes.

En el informa del siguiente año, la información es más ambigua: “se benefició a 306 mil 88 alumnos de 924 escuelas de educación básica y se incorporaron cinco escuelas de educación al programa (HDT) con la participación de UNETE”, sin aclarar cuántas aulas telemáticas se instalaron durante el año, pero menciona que entre los logros de HDT está la “preparación de 25 docentes como capacitadores-evaluadores de proyectos de aprendizajes con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Con base en estas irregularidades, la ASF solicitó a la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz una investigación y el inicio de procedimientos administrativos correspondientes “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron la aplicación de los recursos ministrados”, toda vez que esta falta constituye “un probable daño” al erario público.

Además, en 2009 cuando recibió 63 millones 829 mil pesos, dejó sin comprobar tres millones 397 mil 73 pesos; para el año siguiente, de los 295 mil 500 pesos, no hubo justificación de 175 mil 500 pesos y en 2011, recibió 652 millones 210 mil pesos, de lo que no comprobó un peso.

Por ello, la Secretaría de Educación Pública pidió al gobierno estatal el reintegro de ese dinero, como lo establece las reglas de operación del programa para los recursos no devengados. En el oficio con fecha 29 de mayo de 2012, dirigido a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Función Pública se explica que Veracruz “ha sido omiso en la atención de los requerimientos del cumplimiento a los compromisos y obligaciones previstos”,  referente a la comprobación del destino del gasto, por lo que se pide la intervención de la dependencia para “aclarar la utilización del recurso conforme a la norma o en su caso el reintegro del mismo”.

Otra solicitud en el mismo sentido fue dirigida al contralor general de Veracruz, Iván López Fernández el 19 de julio de 2012, para que “iniciar los procedimientos correspondientes y demás acciones legales”, pero hasta el momento no se ha hecho público nada de la investigación. Sin embargo, en marzo pasado hubo la destitución de Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado y el oficial mayor de la Secretaría de Educación de la entidad, Edgar Spinoso, sin que el gobierno estatal diera explicación sobre el motivo, pero sucedió unos días después de que el presidente de la organización Mexicanos Primero, Claudio X. González, acusara a Veracruz como “el número uno en irregularidades”.

A través de una solicitud de información, Animal Político pidió a la Secretaría de Educación de la entidad el gasto desglosado, copia de las facturas y contratos realizados en los ejercicios fisacales de 2009, 2010 y 2011 como parte del programa HDT. Además de la base de datos de las escuelas con aulas telemáticas, incluyendo clave de trabajo y dirección; sin embargo, no entregó la información.

La oficina de Acceso a la Información del estado respondió que se trata de “información reservada”, pues aunque se trate de un recurso entregado hace tres años, está en etapa de “solventación de observaciones ante las autoridades federales (…) En tanto no cause definitividad, no es posible atender la solicitud”.

Aunque este medio solicitó una entrevista con el titular de la dependencia, Adolfo Mota Hernández, no ha habido respuesta hasta el momento. Y es que lo ocurrido en el ejercicio fiscal de 2011 forma parte de su responsabilidad, toda vez que asumió el cargo en 2010, al inicio de la gubernatura de Javier Duarte, luego de ser subsecretario de Educación durante la administración de Fidel Herrera y presidente del comité directivo estatal del PRI y diputado federal por ese partido.

 Estados incumplidos

Los recursos a los estados eran asignados por la Subsecretaría de Educación Pública, cuyo titular era Fernando González yerno de Elba Esther Gordillo, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Sin embargo, los mecanismos de distribución carecían de claridad, según detectó la ASF por lo que realizó observaciones al respecto durante el análisis de la cuenta pública de 2010. Las reglas de operación “no se incluían los criterios de distribución, aplicación y comprobación que permitieran asegurar la transparencia de los recursos”, se explicó.

Los otros implicados en el programa y que distribuían los recursos y debían dar seguimiento a las metas del programa eran Juan José de la Mora, entonces coordinador nacional de HDT y la directora de Materiales Educativos, Edith Bernáldez, gente de confianza de Fernando González y Elba Esther Gordillo, y quien actualmente es titular de la Unidad de Vinculación, Fortalecimiento Educativo y Coordinación Paraestatal en la SEP de Puebla.

Sin embargo, ninguno de estos funcionarios lograron que HDT cumpliera con las expectativas. Al inicio del programa, la SEP planteó como meta la instalación de 208 mil aulas telemáticas en todo el país, para lo cual recibió un presupuesto de siete mil 22 millones 693 mil 470 pesos, de 2009 a 2011, de lo cual, cinco mil millones 490 mil pesos se otorgó a las entidades federativas. Sin embargo, al concluir dichos ejercicios fiscales solo lograron 10 mil 122 aulas telemáticas, según se informa en el libro blanco de la SEP.

Ahí se explica que tan solo en 2011 la meta de cumplimiento alcanzó 7.9 por ciento y se justifica que “el equipamiento de aulas se ha mantenido por debajo de la meta esperada debido a que el programa no contó con el recurso suficiente para el equipamiento y conectividad que se distribuye a las entidades, por lo que sólo fue posible atender a Secundarias Generales, Técnicas y Telesecundarias”.


En tanto, la ASF reportó que, aunque la federación otorgó recursos para este programa, no los aplicaron, por lo que Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas realizaron reintegros extemporáneos por 290 millones 519 mil pesos. Mientras que Jalisco tuvo que regresar 272 millones 278 mil pesos que no ejerció.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

Que se vaya el gobernador de Guerrero… pero también Eruviel y Egidio: Navarrete

"Todos los partidos podemos estar sujetos de que nuestros gobiernos sean penetrados por el narcotráfico o por la vía de dinero o por la vía de plomo", dijo el nuevo presidente del PRD.


Cuando hay toda una ofensiva diciendo que se vaya el gobernador (de Guerrero), yo digo no me opondría… si se va junto con Eruviel y el gobernador de Tamaulipas (Egidio Torre), atajó el nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión reconoció un problema “severo” en el estado, pero criticó que no le haya enviado el gobierno federal elementos de la Gendarmería Nacional.

Lo anterior, en contraste con el Estado de México, a quien “le mandan policía, le mandan Gendarmría, los casos los atrae PGR y todo tranquilo”.

Mientras que en Tamaulipas contó que recientemente no pudo salir de un hotel porque afuera estaban las balaceras.

Ante ello consideró que “es obligado una contraofensiva del gobierno mexicano”. Y adelantó que el PRD le propondrá eso al gobierno de Enrique Peña Nieto.

“No hay duda que el Estado mexicano pasa por una enorme crisis en materia de seguridad, está arrinconado en varias partes”, reconoció.

Se trata de crisis profundas que tiene causas, razones, como en el caso de Iguala, Guerrero.

Argumentó que “no es de un gobierno, de un color, de otro, el que el presidente Peña Nieto haya sacado de las primeras planas el tema de seguridad no ha contribuido a combatirla, no es solución a lo que estamos viviendo”.

“El crimen organizado por el dinero que maneja, y porque son asesinos fríos, penetra a los gobiernos de todos los partidos”, sostuvo.

“El crimen organizado no respetan banderas políticas”, aseguró. Lo mismo puede haber un diputado del PRI asesinado en Jalisco, que un miembro del Partido Verde sentado junto al narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, expuso.

Sobre lo ocurrido en Tlatlaya con la matanza de 22 personas, apuntó que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el presidente Enrique Peña Nieto.

“Todos los partidos podemos estar sujetos de que nuestros gobiernos sean penetrados por el narcotráfico o por la vía de dinero o por la vía de plomo”, aceptó.

Guerrero es pobreza, es marginación, abandono, son grupos armados, y hay omisiones del gobierno federal, estatal y gobiernos municipales, estos últimos complicidad y colusión, dijo Navarrete, quien el fin de semana se convirtió en el nuevo presidente del PRD.


“Guerrero nos muestra de lo que son capaces los delincuentes, son asesinos brutales”, agregó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En Guerrero no hay ningún control; policía asesina, la brutalidad como gobierno

¿Qué ha hecho el PRD ante las acusaciones contra el alcalde de Iguala?, preguntó Sergio Aguayo.

El gobierno de Peña Nieto está en una crisis severa en materia de seguridad, por lo ocurrido con la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y el ataque a normalistas de Ayotzinapa que deja hasta ahora 6 muertos y 28 cuerpos cuyas identidades están por confirmarse, señaló la politóloga Denise Dresser.

En la Mesa Política de los lunes en Noticias MVS primera emisión, refirió que “ambos asuntos revelan una violencia incontrolable, un Ejército que actúa al margen de la ley, y un estado, Guerrero, en el que no hay ningún control” tanto que hay “una policía que está asesinando”. 

Los temas tienen que ver con que hay un Ejército actuando a su libre albeldrío y uno se pregunta: “¿Quién está gobernando en México?“.

“Parecerían parcelas del poder autónomas: el Ejército que hace lo que quiere, simplemente decide ejecutar como parecería que ocurrió en Tlatlaya”, indicó.

Lo grave es que en el primer caso el Ejército trató de ocultar la matanza por 3 meses.

En el caso de Ayotzinapa, apuntó, ya se tenía información de perredistas involucrados con el crimen organizado; ahora un alcalde, el de Iguala, está prófugo, mientras el gobernador Ángel Aguirre “ahora está intentando lavarse las manos”, como si Guerrero no fuera en este momento una bomba a punto de explotar.

“Peña Nieto tendría que salir a decir qué va a hacer el gobierno”, consideró Denise.

Recordó que hay “tantas fosas que hemos ido encontrando en estos últimos años”.

Y señaló que la CNDH ha sido omisa en todos estos asuntos, a lo que se sumaría que el Ejército, la Policía, las alcaldías y un gobierno estatal no están funcionando correctamente.

“En el caso de Guerrero un gobernador al cual se le han salido las cosas de control y no hay posicionamiento del PRD con este gobernador, muestra un partido corrompido, cuarteado, infiltrado y que no ofrece una opción viable en este momento”, sostuvo.

“Todo México es una fosa clandestina”

Lorenzo Meyer retomó al padre Alejandro Solalinde, quien dice que “todo México es una fosa clandestina”, en referencia a una cadena interminable de sucesos de este tipo, en el que sólo unos son explicado.

“¿Cuál es la razón?, ¿qué es lo que se busca? Debe de haber alguna razón y a mí ya no me cabe la razón”, comentó.

“¿Quién gana con eso?, ¿qué podría ganar el presidente municipal de Iguala? Es demasiado”, abundó.

En el caso del Ejército y su actuación en Tlatlaya, indicó que éste trae una lógica desde el siglo XIX al siglo XXI.

Respecto a la normal rural, cuyos estudiantes fueron atacados en Iguala, preguntó si se ha aprendido algo de la historia.

Refirió que si a los guerrilleros de los 60 se les hubiera escuchado, negociado, otra historia sería, pero se agarraron a balazos.

“Eso hace que se radicalizaran porque no eran radicales, eran maestros con exigencias, y se fueron a la guerrilla”, expuso.

Ahora en Iguala cuál es la racionalidad, si hay actos de maldad pura. 

“¿Qué carambas se ganaba en Iguala con un acto tan cruel, brutal?”, preguntó y agregó que si lo que se pretende es establecer la brutalidad y terror como una forma de gobierno en el estado.

“No podemos quedarnos con la idea de: ¡qué brutos!, ¡qué bestias!, sino cuál es la razón”, y cómo evitamos esto otra vez.

Por su parte, el académico Sergio Aguayo coincidió en que los porqués son el clavo del asunto.

“Las atrocidades son cosa de cada día… nos preguntamos por qué”, dijo.

Criticó que en el PRD haya una vanalización de lo ocurrido en Guerrero y tolere la violencia.


“¿Qué hizo en el último año frente a acusaciones contra el alcalde (de Iguala)?”, preguntó. “Ninguna crítica, ningún señalamiento, ningún extrañamiento… silencio y tolerancia a estos hechos… hay trivialización de la corrupción“, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Alcalde de Iguala también es señalado por asesinato de líder guerrerense

Actualmente, el presidente municipal con licencia, José Luis Abarca, no se encuentra localizable y ya se giró una orden de presentación en su contra.


Sofía Mendoza, regidora y viuda de Arturo Hernández Cardona -líder perredista y dirigente de la organización Unidad Popular-, acusó que el alcalde con licencia de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, está vinculado al asesinato de su esposo.

El 4 de junio de 2013 fueron encontrados asesinados en Iguala, tres activistas del PRD que habían sido secuestrados 3 días antes; entre ellos Hernández Cardona. 

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Mendoza retomó lo sucedido, luego de lo ocurrido con los normalistas atacados por policías de Iguala, hecho por el que también se señala al presidente municipal.

“Lo que pasó el 26 de septiembre es muy lamentable, ahí es donde nos damos cuenta que no estábamos nosotros exagerando solo que no había quien nos escuchara”, comentó.

Refirió que activistas de la Unidad Popular desaparecidos el 30 de mayo de 2013 fueron hallados muertos el 3 de junio; 4 de los que habían sido levantados lograron escapar, de los cuales, sólo 1 quiso dar su testimonio.

Indicó que el 30 de mayo dichos activistas hicieron un bloqueo en la caseta Iguala-Cuernavaca. “Estaban pidiendo obras… era gestión social, llevaban varios meses intentando sensibilizar al que era presidente municipal (José Luis Abarca)”, expuso en MVS.

“Los buscamos y nadie sabía nada de ellos hasta el 3 de junio que aparecieron ya sin vida 3 de ellos”, apuntó.

“Teníamos la idea de que podía ser el presidente municipal… (porque) había amenazas… el sobreviviente da su versión y con eso presentamos juicio de revocación de mandato (contra el alcalde) ya pasó mucho tiempo y quedó ahí como congelado”, lamentó.

“El testigo que declaró que salió en los medios, donde dice que fue José Luis Abarca quien asesinó a Arturo, ha sido muy perseguido, se cambió de domicilio”, abundó.

En julio pasado se pidieron medidas cautelares para el testigo y  ”no nos han dado respuesta”, dijo Sofía.

La regidora de Ayuntamiento de Iguala comentó otros hechos en el municipio: los normalistas habían atacado el Palacio Municipal de Iguala, en protesta por el asesinato de los tres activistas; “yo no sé si por ahí venga el coraje que se les tenga a estos jóvenes”. 

Lo ocurrido recientemente con los normalistas agredidos, y la violencia que deja 6 muertos, y 28 cadáveres en proceso de identificación, “se siente muy feo, lastima mucho ver cómo la familia, los familiares sufren, eso ya lo vivimos”, dijo Sofía.

“Ojalá que no sean pero si no son, ¿dónde están los muchachos?”, preguntó.


Tras la muerte de los perredistas, el presidente municipal fue investigado por la Procuraduría de Guerrero, como presunto autor intelectual de los 3 activistas.  Abarca fue exonerado por la Procuraduría del estado.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Padres de desaparecidos de Ayotzinapa dicen que los cuerpos no son de sus hijos

Asimismo señalaron que no confían en la investigación del gobierno de Guerrero.

Los cuerpos hallados en las fosas de Palo Blanco en Iguala, Guerrero, no son los de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre en ese municipio, señalaron padres y alumnos de los jóvenes.

En conferencia de prensa, los padres de familia señalaron que los 28 cuerpos hallados en seis fosas clandestinas en diversos estados de descomposición, no son de sus hijos.
Asimismo señalaron que no confían en la investigación del gobierno de Guerrero.

Acusaron que ninguno de sus hijos tiene vínculos con la delincuencia y que sólo eran estudiantes: “Mi hijo es estudiante, no criminal”, dijo uno de los padres de familia, mientras que otro acusó que se llevaron a su hijo “como si fuera un delincuente, era estudiante”.

La mañana de este 6 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad a tomar acciones que permitan el debido esclarecimiento de los hechos registradoslos pasados 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, con un saldo de seis personas muertas, entre éstas tres estudiantes, 20 heridos y 43 desaparecidos.

El Procurador de Guerrero, Inaky Blanco, afirmó en conferencia de prensa la noche de ayer 5 de octubre que  las investigaciones en el caso de los normalistas desaparecidos revelaron que policías de Iguala habrían entregado a 17 normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos, quienes habrían sido asesinados.

En seis fosas de Palo Blanco, Iguala, fueron hallados 28 cuerpos en diversos estados de descomposición, aunque todos fueron incendiados antes de ser enterrados y su identidad se desconoce hasta ahora.

Las fosas clandestinas fueron halladas este sábado 4 de octubre con información obtenida de las declaraciones de policías municipales detenidos.

Estudiantes de la Escuela Normal Superior de México (ENSM) y de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) convocaron mañana, 7 de octubre, a una protesta frente a lacasa de la representación de Guerrero a las 17 horas.


Asimismo para el miércoles 8 de octubre hay una marcha convocada a lasa 16 horas del Ángel al Zócalo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Gobierno de Guerrero da a conocer acciones por violencia en el estado

La Fiscalía del estado ha informado del proceso legal que siguen para castigar a los responsables e identificar los cuerpos encontrados en una fosa.

El gobierno de Guerrero dio a conocer los detalles sobre los actos violentos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre pasado, en los que murieron seis personas y la fosa en la que se encontaron 28 cuerpos.


La Fiscalía precisa las investigaciones realizadas y el proceso que se sigue con los presuntos responsables y la identificación de los cuerpos.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

Policías de Iguala eran brazo armado de “Guerreros Unidos”

30 detenidos, entre ellos policías y criminales que participaron en operativo por el que murieron seis; está por confirmarse el número de los que fueron ejecutados y llevados a fosas. La orden del ataque fue del director de Seguridad del municipio.

La Procuraduría de Justicia de Guerrero avanza en las investigaciones sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero; primero por el operativo en el que murieron 6 personas y después el hallazgo de 28 cuerpos enterrados en fosas clandestinas; las identidades están por confirmarse.

Peritos realizan las pruebas para determinar si los cuerpos corresponden a la identidad de los estudiantes desaparecidos en Iguala. La identificación de cuerpos tardará entre 15 días y 2 meses y participarán peritos argentinos.

La fiscalía guerrerense estableció que el operativo que provocó 6 homicidios, fue ordenado por el director de seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien se encuentra prófugo de la justicia.

El procurador Iñaki Blanco señaló que hay 30 detenidos, entre ellos los policías municipales que, como “halcones”, colaboraban con un grupo del crimen organizado llamado “Guerreros Unidos”.

El fiscal indicó que 3 de los detenidos, un policía, un sicario y un “vendedor de narcóticos”, quienes señalaron que trabajan para el grupo delincuencial “Guerreros Unidos”, identificaron a un total de 30 efectivos de la policía municipal con nexos con la organización criminal.

“Además aceptaron haber participado en tráfico de drogas, secuestros y homicidios. (2 de los detenidos) manifestaron haber participado directamente en el homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, para lo cual les dieron seguimiento desde que llegaron a Iguala… les dieron seguimiento a bordo de dos camionetas… cerca del centro de dicha ciudad cuando accionaron sus armas en contra de los estudiantes, lograron que descendieran del autobús en el que se desplazaban algunos de ellos, procediendo a asegurar a 17, trasladándolos a la parte alta de un cerro de pueblo viejo, donde tienen fosas clandestinas, en donde indican que los ultimaron”.

En lo que respecta  a las fosas en iguala, el fiscal dijo que la orden de ultimar a las 28 personas encontradas en las fosas fue de un integrante de “Guerreros Unidos”, apodado “El Chucky”, cuyo nombre hasta ahora se desconoce.

La Procuraduría estatal prefirió mantener la cifra de 43 normalistas desaparecidos, hasta que se identifiquen los cuerpos hallados en las fosas, un proceso que tardará entre 15 días y 2 meses.


Sobre las fosas, Iñaki Blanco indicó: “El personal de la fiscalía del estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación. En tal sentido, conforme a la opinión de peritos en la materia, podemos señalar que en las fosas localizadas de Pueblo Viejo, se colocó una cama de ramas y troncos, sobre la cual se pusieron los cuerpos de las víctimas a quienes se les rozó una sustancia flamable… al parecer diesel, gasolina o petróleo”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

EPN: gobierno “mantendrá colaboración” con Guerrero para detener a los responsables

Son hechos "indignantes e inaceptables"; no habrá impunidad, ofrece. Ningún anuncio de acción concreta en el mensaje del Presidente.

El presidente Enrique Peña Nieto, “profundamente indignado”, aseguró que los hechos en Guerrero no quedarán impunes y su gabinete colaborará para dar con los responsables.

En un mensaje a medios de comunicación, dijo que la sociedad mexicana, los familiares de quienes “lamentablemente se encuentran desaparecidos”, demandan el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentrar a los responsbales de hechos de la violencia desatada en Iguala, “y no quepa impunidad alguna”.

“Como lo expresé hace apenas unos días, el gobierno mantendrá de manera institucional cooperación y colaboración con instancias de procuración y seguridad de Guerrero”, indicó.

Además, “he instruido a sus elementos (de sus dependencias) para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley”.

Peña Nieto se comprometió a “conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley de estos hechos indignantes, dolorosos e inaceptables”. 

La instrucción a su gabinete, detalló, es “que actuemos en el marco de nuestras atribuciones y demos con responsables y se aplique la ley de manera estricta”.

“En el estado de derecho no cabe el mínimo resquicio para la impunidad”, sostuvo.


“Mantendremos informada a la sociedad de nuestra actuación”, aseguró. Y prometió una “profunda investigación”.

COMUNICADO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR REDACCIÓN.

El colmillo que intenta desgarrar el movimiento del Poli

El gobierno federal desplegó una amplia baraja de estratagemas para desactivar la reciente manifestación politécnica: todo indica que desató una “guerra sucia” de baja intensidad para deslegitimar el movimiento, que preparó a conciencia la “aparición improvisada” de Miguel Ángel Osorio Chong en el mitin del 30 de septiembre y que la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante se había fraguado incluso antes de que los estudiantes entregaran el pliego petitorio. De hecho, la probable salida de la directora general le beneficia al gobierno, que ahora podrá colocar a un priista al frente del Poli.


MÉXICO, D.F: Una vez más, como lo hizo el movimiento #YoSoy132 en los tiempos en que se gestó el regreso del PRI a la Presidencia, la organización estudiantil consiguió desestabilizar al grupo de poder que encabeza Enrique Peña Nieto y activó el mecanismo de gobierno que ha intentado desmovilizarlo a toda costa.

Desencadenado por la aprobación de un reglamento interno que transgrede el proyecto fundacional del Instituto Politécnico Nacional (IPN), aprobado la madrugada del miércoles 24 de septiembre, en armonía con las reformas a sus planes y programas de estudio, el movimiento estudiantil se propagó en cuestión de horas. Desconocidos como alumnos por la directora de la institución, Yoloxóchitl Bustamante, los estudiantes se movilizaron en redes sociales bajo la etiqueta #TodosSomosPolitécnico. No hubo un tema más comentado en el ciberespacio del país.

La inconformidad estalló en las calles el jueves 25 con la participación más grande de politécnicos en casi 30 años. Comenzó a replicarse la historia del “viernes negro” de mayo de 2012 que, ante las protestas en su contra, llevó a Enrique Peña Nieto a ocultarse en los baños de la Universidad Iberoamericana y a los universitarios del país a unirse en la indignación.

La autoridad universitaria se vio obligada a retroceder y ofreció una solución parcial, aplazando la aplicación de los planes de estudio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), génesis del conflicto, pero éste la había rebasado. El IPN se fue a paro casi en su totalidad

La repercusión del estallido estudiantil fue tal que no habían pasado 24 horas cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se ofreció como mediador en el asunto académico, haciendo suya la agenda de la Secretaría de Educación Pública, dependencia a cargo de Emilio Chuayffet.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1979, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.

Amenazan a normalistas para que dejen de movilizarse, denuncian en mitin en Acapulco

Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), región Acapulco, demandaron al gobierno del estado esclarecimiento y justicia en el asesinato de los normalistas ocurrido el 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala; exigieron también que no haya más masacres en Guerrero ni represión, y se denunció que jóvenes normalistas han recibido amenazas de la delincuencia.

Antes del mitin en el Zócalo de Acapulco, en declaraciones a reporteros, un estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Ángel Castillo dio a conocer que han recibido amenazas vía telefónica de la delincuencia organizada para que dejen de movilizarse, pero que no harán caso y seguirán sus acciones y “si nos vamos a morir será en pie de lucha”.

En tanto el representante de la CETEG en Acapulco, Walter Emmanuel Añorve dijo que el próximo 8 de octubre van a realizar una marcha en Chilpancingo en demanda de la presentación con vida de los estudiantes y esclarecimiento de los hechos; dijo que sí vienen a Acapulco a marchar serán bien recibidos porque “no son delincuentes”.

Alrededor del kiosco colocaron mantas con las leyendas: “Juicio político para Aguirre, Abarca y colaboradores”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Gobernador cumple matando estudiantes”, “Gobernador asesino” y “Basta de impunidad”; y se gritaron consignas como: “Hombro con hombro, codo con codo, Ayotzi somos todos”.

Unas 100 personas se concentraron a las 4 de la tarde y se retiraron a las 6; portaban cartulinas con frases como: “Justicia para Ayotzi”, “El pueblo unido jamás será vencido”, “Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue” y “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, Ángel Castillo declaró que “como estudiantes hemos sufrido una gran represión por parte del gobierno que está coludido con el narco, el pasado 26 y 27 de septiembre como institución sufrimos un percance porque hay compañeros que están desparecidos y varios otros compañeros cayeron muertos”.

“Nosotros estamos exigiendo que nuestros compañeros que siguen desaparecidos se les haga justicia y que aparezcan con vida; solamente hay rumores que se han estado encontrado compañeros en fosas clandestinas, pero aún no se tiene confirmada esa versión”, dijo y agregó que esperan que las autoridades los encuentren con vida.

Respecto a si han recibido amenazas dijo “de parte del crimen organizado siempre se han tenido amenazas, nos han estado llamando, extorsionando vía telefónica, no sabemos de quién, nos han amenazado a nosotros, a nuestros familiares”; al preguntarle qué tipo de amenazas han recibido dijo: “que le bajemos porque nos va a cargar la chingada”.

Explicó que esas llamadas las han recibido algunos de sus compañeros desde los hechos ocurridos en Iguala; les llaman para amenazarlos e intimidarlos para que dejen las movilizaciones, pero indicó que van a continuar hasta que se haga justicia.

Sostuvo que a pesar que no ha habido resultados tras los hechos ocurridos en diciembre del 2011, “nosotros no tenemos una gran confianza, porque sabemos que siempre nos llevan a largas y no cumplen, pero tenemos que estar en pie de lucha para que las demandas que tenemos sean resueltas y que nuestros compañeros aparezcan con vida”.

De la recompensa que el gobierno ofrece por la búsqueda de los estudiantes, respondió que “son rumores para que la gente crea…y solo es para taparle el ojo al macho a la comunidad, sobre ese dinero no sé si será cierto o no” e indicó que el gobierno debió haber retenido al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; “sí el alcalde es de Iguala tiene que estar en Iguala, ha de estar escondido solamente”.

Por parte de la CETEG, Walter Emanuel Añorve dijo que hay solidaridad y respaldo hacia los jóvenes normalistas y que el próximo miércoles realizarán una marcha en la capital del estado para exigir el esclarecimiento de los hechos y que regresen con vida a los estudiantes normalistas desaparecidos; “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, insistió.

FUENTE: EL SUR (http://suracapulco.mx/)
AUTOR: AURORA HARRISON.

Respuesta de Osorio Chong es incompleta e imprecisa: alumnos IPN

Se espera que en la reunión de este lunes se defina la respuesta concreta para Gobernación y se defina la ruta que seguirá el movimiento estudiantil.

La respuesta del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a las peticiones de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional  está incompleta y sin precisión, expresaron los propios alumnos en sus asambleas por plantel realizadas el fin de semana de cara a la asamblea general programada para este lunes.

Los estudiantes denunciaron la tarde del domingo que en el documento que recibieron el viernes de manos del secretario no se precisan los tiempos ni soluciones concretas a los problemas que han estado indicando.

En cuanto a la suspensión de pensiones vitalicias para los ex directores generales del instituto, sería conveniente hacer una auditoría inmediata y completa, para conocer el destino de los recursos de la institución educativa, dijo un estudiante de contabilidad, de nombre Carlos.

“Tienen que hacer una revisión completa de los gastos del IPN, hay una parte del presupuesto que no se sabe en qué se gasta, es la que ocupan en las pensiones vitalicias, pero no nada más de directores generales, también de directores administrativos”, aseveró.

Otro punto que señalaron los estudiantes para hacerle mejoras es el de la reforma al plan de estudios, ya que en el documento de Gobernación no se aclara si se va a crear un comité para hacer un uno nuevo o se quedarán con los anteriores.

Un alumno del plantel de Santo Tomás, identificado como Andrés dijo que “la respuesta está muy mal hecha, no tiene congruencia. Hasta se nos entregó con errores de ortografía. Y no tiene nada concreto, dice que se va a subir el presupuesto, pero no dice cuánto; tampoco dice nada de la democratización. Y eso es delicado, porque no queremos una autonomía como la de la UNAM, los estudiantes ni siquiera escogen al rector”.

Para los alumnos del IPN es una prioridad reanudar clases lo antes posible, ya que actualmente se mantienen en paro.


Se espera que en la reunión de hoy se defina la respuesta concreta al gobierno federal y la ruta que seguirá el movimiento estudiantil.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobierno permite que a diario se vulneren derechos de los guerrerenses: CNDH

Luego de enviar a 30 visitadores para que recaben información en el estado de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró que continúan conformando un expediente con las “violaciones graves de derechos humanos” cometidas durante el ataque y desapariciones de los normalistas en Iguala.

La instancia ha informado que seguirán las investigaciones que los funcionarios públicos y los organismos pertinentes realizan, porque en el actual caso se violaron derechos consistentes con las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, atentados contra la integridad de las personas y omisiones en el cumplimiento de la función de seguridad pública.

Las dos primeras de estas violaciones son consideradas por la CNDH como las más graves a los derechos humanos, por lo que hizo un llamado al gobierno estatal para que proteja “los derechos de las víctimas, sus familiares y de los testigos de los hechos, especialmente para que ningún servidor público del estado realice actos de intimidación”.

Raúl Plascencia Villanueva, titular de la CNDH, informó que el pasado 27 de septiembre, fue enviado un grupo de trabajo conformado por 30 visitadores adjuntos, entre los que se encuentran abogados, médicos, psicólogos y criminalistas, quienes han realizado 233 diligencias, girado 10 requerimientos de información a distintas autoridades, y obtenido 24 expedientes clínicos y seis necropsias.

El organismo ha informado que el gobierno estatal ha efectuado acciones que permiten que “día con día se vulneren los derechos humanos de los guerrerenses” y que no existen estrategias adecuadas para combatir a la inseguridad.


Cabe señalar que es la segunda vez que la CNDH realiza las diligencias descritas en el estado de Guerrero por violaciones graves a los derechos humanos.

FUENTE: REVOLUCIÓN 3.0
AUTOR: REDACCIÓN.

¡Asesino!, le gritaron en tres ocasiones a Moreno Valle en la feria de Cuetzalan

Una fiesta tradicional como lo es la coronación de la reina del huipil en Cuetzalan se convirtió en un acto político encabezado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, hecho que provocó la apatía, el rechazo y el descontento de la mayoría de asistentes, quienes no se limitaron a mostrar su disgusto, sino que, en franca alusión a lo ocurrido en Chalchihuapan, gritaron por tres ocasiones la palabra “¡asesino!”.

El pasado sábado 4 de octubre, el día principal de la feria ya que se festeja al patrono San Francisco de Asís, el público que ocupó la plaza de este municipio serrano reprobó que una fiesta popular y de marcado acento indígena se tratara de convertir en un acto de promoción política del gobernador Moreno Valle.

En su edición 51, un festejo tradicional se convirtió en “algo desagradable” como señaló uno de los presentes, Álvaro Aguilar Ayón. Ello, apuntó, porque el acto que es encabezado por los ancianos de la comunidad, quienes se encargan de elegir a la reina del huipil, poseedora de conocimientos identitarios de su cultura, fueron desplazados por el representante del poder ejecutivo, quien trató de informar sobre las “bondades” de su política.

“Fue algo desagradable para nosotros y para los visitantes que vienen en busca de lo tradicional y no de asuntos políticos. La molestia comenzó desde que llegamos a la plaza cuando vimos las mantas en la que se aludía a la inversión en materia de salud que el gobierno del estado ha destinado a Cuetzalan”, dijo durante una entrevista.

Además de las mantas, Aguilar Ayón contó que la promoción se prolongó hacia los lados del escenario con la colocación de los motocultores que el gobernador entregó, pese a que labriegos han denunciado que estos aparatos no son efectivos para esta tarea, tanto por su tamaño, su motor y su ineficacia en terrenos de cultivo.

Agregó que tras la coronación de Dominga Xala Bautista, el gobernador Rafael Moreno Valle tomó el micrófono para hablar sobre las inversiones a la salud y al campo, acción que rompió con la tradición, pues el acto marca que el protagonismo recae en la reina del huipil y no en el funcionario en turno.

“Cuando la maestra de ceremonias pidió aplausos, en vez de eso hubo silencio, rumores y el grito de la palabra asesino, acciones con las que la gente mostró su inconformidad por la manera en que se había mezclado un acto cultural con propaganda”, mencionó Álvaro Aguilar.

Otro vecino de Cuetzalan que prefirió mantener su anonimato por temor a las represalias que el gobernador pudiera tomar en contra de los pobladores contó que “cuando Moreno Valle comenzó a dar su discurso y escuchó los abucheos y el grito de asesino que yo oí por lo menos tres veces, el presidente municipal –Óscar Paula Cruz– echó sus miradas para que los policías vestidos de civil identificaran de dónde provenían los gritos”.

FUENTE: LA JORNADA DE ORIENTE.
AUTOR: PAULA CARRIZOSA.

Batallón 102: un historial criminal

Los soldados sometidos a proceso a raíz de la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, pertenecen a un cuerpo militar que no sólo tiene diversos antecedentes criminales, sino que ha sido favorecido por Enrique Peña Nieto. El 102 Batallón de Infantería se estableció en 2010 en terrenos donados por el entonces gobernador, y este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo incorporó al Operativo “Seguridad Mexiquense” para combatir el narcotráfico. Esto, no obstante que desde 2011 miembros del mismo batallón que fueron procesados por delincuencia organizada aceptaron haber recibido dinero de un capo a cambio de información sobre los movimientos castrenses que se planeaban.

MÉXICO, D.F: Con antecedentes de ejecuciones extrajudiciales, el 102 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, al que pertenecen los militares acusados de asesinato en Tlatlaya, ha sido consentido por Enrique Peña Nieto.

Como gobernador del Estado de México, Peña Nieto inauguró las nuevas instalaciones de ese cuerpo militar en mayo de 2010, y a principios de  este año el comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo integró al Operativo “Seguridad Mexiquense” que puso en marcha.

Instalado al sur del Estado de México (Edomex) con la misión expresa de combatir al narcotráfico en la zona, el 102 Batallón de Infantería ya se había visto involucrado en otros asesinatos de civiles. Al menos una docena de elementos están siendo procesados por ejecuciones extrajudiciales de presuntos integrantes o protectores de la delincuencia organizada.

Medio año antes de la masacre en Tlatlaya, miembros de ese mismo batallón mataron a cuatro empleados del gobierno municipal de Arcelia, Guerrero, en la frontera con el municipio mexiquense.

Aunque el hecho se presentó inicialmente también como un “enfrentamiento”, el 6 de diciembre de 2013 mataron en el poblado de Palos Altos, Arcelia, a Mario Urióstegui Pérez, director de Tránsito Municipal del ayuntamiento.

Conocido como La Mona, Urióstegui era identificado por el propio Ejército como suegro de Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder del grupo delictivo La Familia en la región norte de Guerrero y sur del Edomex.


(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1979, ya en circulación)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

Resistencia tras las rejas

La mayoría de los primeros grupos de autodefensa en Michoacán se encuentran encarcelados acusados de delitos federales. Sin embargo, afuera, en Tierra Caliente, la lucha se mantiene viva.

A poco más de un año y siete meses de haber nacido el movimiento de autodefensas –para combatir la asfixiante e invasiva presencia del crimen organizado en Michoacán- la mayoría de los que formaron los primeros grupos de esta resistencia civil se encuentran encarcelados.

Hay 383 civiles, incluyendo al líder fundador del movimiento, José Manuel Mireles, que hoy siguen sujetos a procesos penales, enfrentando la posibilidad de una sentencia de 2 a 9 años en la cárcel.

La liberación de los autodefensas que defendían sus propiedades y su vida no se ha cumplido, pese a que fue un compromiso del Gobierno Federal, tras los acuerdos para que se sumarán a la policía estatal. 

La mayoría de los detenidos, acusados del delito federal de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, se encuentran recluidos en las cárceles estatales de Apatzingán y Morelia, en el estado de Michoacán, en tanto que al menos 139 de esos autodefensas están en las cárceles federales de Sonora, Nayarit y Veracruz.

Los reos, principalmente los que se encuentran en cárceles federales, insisten con sus familias sobre el trato inhumano que reciben de parte de los custodios de esas instituciones. 

Han señalado el riesgo en el que se encuentran sus vidas al estar encerrados en los mismos pasillos en donde la población mayoritaria es señalada de pertenecer al crimen organizado que ellos comenzaron a combatir.

El caso más evidente es el de Mireles. Al líder fundador se le mantiene segregado en el área de hospitalización ante la posibilidad de ser agredido por otros presos que formaron parte de células criminales como Los Zetas, el Cártel del Golfo, La Familia Michoacana o el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Versiones obtenidas desde el interior de la cárcel federal de Hermosillo indican que Mireles ha recibido diversas amenazas de muerte. Se ha ganado a pulso la enemistad de otros presos, no solo por el combate contra el crimen organizado que venía haciendo, sino por haber denunciado actos de corrupción al interior de la cárcel.

Movimiento que sigue 

La situación que afronta José Manuel Mireles no es distinta a la que la mayoría de sus seguidores tienen que encarar en las prisiones federales en las que se encuentran, dijeron a Reporte Indigo un grupo de mujeres que hicieron públicamente responsable al Gobierno Federal de lo que les pase a sus hijos y esposos. 

El grupo denominado Colectivo de Mujeres de Autodefensas aseguró que mientras sus hijos y esposos sigan en prisión, continuará la desobediencia civil en los municipios de Tierra Caliente.

Prueba de ellos es la intensa movilización ciudadana -de la que no dan cuenta los medios locales de comunicación y de la que el gobierno estatal de Salvador Jara no habla- pero que se realiza desde hace más de 2 meses, en los municipios de Aquila, Coalcomán, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. 

Una defensa difícil de llevar

El encarcelamiento de los autodefensas que se alzaron contra el crimen organizado en Michoacán es emblemático, no solo por la cantidad de detenidos acusados bajo el mismo delito, sino por el grado de peligrosidad con el que se les ha calificado al enviarlos a cárceles federales.

El 27 de junio del 2014,  al lado de José Manuel Mireles, fueron detenidos sus tres escoltas y otros 83 integrantes del movimiento de autodefensa de La Mira. 

Todos fueron integrados en un mismo proceso penal, el cual resulta difícil de atender por la dispersión de los integrantes del grupo, lo que ha imposibilitado llevar una defensa conjunta.

Al líder fundador del Consejo Nacional de Autodefensas se le envió al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, Sonora; a sus tres escoltas se les remitió al Cefereso número 4 de Tepic, Nayarit, en tanto que a los demás autodefensas se les trasladó al Centro de Reinserción Social (Cereso) “David Franco Rodríguez” en Charo, y al “Francisco J. Múgica”, de Morelia.

En este momento, las defensas de los civiles alzados que se encuentran en prisión están trabajando para demostrar ante el juez la razón de las 68 armas de fuego, 20 vehículos, cartuchos y cargadores que les fueron asegurados.

Una nueva Ley para los ‘alzados’

La movilización social que se ha gestado en Michoacán, ante el reclamo de libertad para 383 autodefensas presos ha llevado a que en el Senado de la República se geste la iniciativa de una Ley de Amnistía, que beneficie a los civiles alzados contra el crimen organizado.

La propuesta se le atribuye al senador Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN), aun cuando está siendo cabildeada por la abogada michoacana Talía Vásquez Alatorre, quien lleva la defensa jurídica de José Manuel Mireles y sus tres escoltas.

De aprobarse la Ley de Amnistía, esta sería la puerta de salida para todos los autodefensas michoacanos que están en prisión bajo las acusaciones de delitos del orden federal cometidos en el estado de Michoacán entre el 24 de febrero de 2013 y el 1 de septiembre de 2014.

Esto, siempre y cuando hayan sido detenidos entre el 7 de marzo de 2013 y el 1 de septiembre de 2014 y hayan argumentado pertenecer a grupos u organizaciones denominados autodefensas o policías comunitarias.

La propuesta ya está consensada entre las bancadas del PAN, PT y PRD, cuyos 64 senadores la llevarán a tribuna. 

El PRI no ha aceptado sumarse a esa iniciativa y en consecuencia podrían no hacerlo las fracciones del PVEM y PANAL, lo que podría resultar en 63 votos en contra. 

Se espera que la iniciativa se haga Ley y los autodefensas presos alcancen el perdón presidencial antes de que concluya el mes de octubre.


El cerco para atrapar a ‘La Tuta’

El Gobierno Federal asegura que el jefe del Cártel de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez “La Tuta” se encuentra cercado. 

“Pronto caerá”, dicen las declaraciones públicas de los funcionarios federales.

En la zona de Tierra Caliente se ha desplegado un operativo militar sin precedente. Ni siquiera cuando se buscó a Nazario Moreno Gonzalez, “El Chayo”, fundador de Los Caballeros Templarios, se había observado el despliegue de Fuerzas Federales que hoy cubre a por lo menos 12 municipios de la zona sur del estado. 

“No se le va a permitir escabullirse de nueva cuenta”, asegura el Comandante Cinco de Fuerza Rural de Michoacán.

La captura del líder templario se ha dado en una especie de augurio, luego de la detención de Jesús Tapia Sánchez, “El Zanate” uno de los hombres que conforman el círculo más cercano de Servando Gómez. 

“El Zanate” es señalado como uno de los responsables por el asesinato de 12 policías federales ocurrido en Arteaga, por quien la PGR ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos.


Las Fuerzas Federales han comenzado a cerrar el círculo entorno al jefe de Los Templarios, tanto así que en días pasados un hermano de Servando Gómez, un profesor identificado como Aquiles Gómez decidió suicidarse en la ciudad de Lázaro Cárdenas, cuando elementos de la Policía Federal intentaron detenerlo.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: J. JESÚS LEMUS.