viernes, 3 de octubre de 2014

“El H” y su presunto operador financiero inician defensa legal

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se encuentran recluidos desde el pasado miércoles 1, tras su intempestiva detención, Héctor Beltrán Leyva, El H, y su presunto operador financiero, Germán Goyeneche Ortega, iniciaron su defensa legal con la promoción de amparos contra actos de incomunicación y una detención al margen del procedimiento judicial.

Ambos recursos fueron tramitados en el Juzgado Noveno de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal, cuya titular, María Catalina de la Rosa Ortega, les dio entrada.

En el caso del último integrante del clan Beltrán Leyva que se encontraba en libertad concedió la suspensión de plano por la supuesta incomunicación y en el del empresario la otorgó de oficio, de acuerdo con los listados públicos del órgano jurisdiccional.

Para que las resoluciones tengan efecto legal, hace falta la ratificación de los promoventes, por lo que la juzgadora envió un actuario hasta las instalaciones de la SEIDO para que los detenidos suscriban los amparos.

El próximo domingo, el MPF definirá la situación jurídica de los detenidos.
La situación legal de Héctor Beltrán Leyva es más compleja porque todavía tiene pendientes tres órdenes de aprehensión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Héctor Beltrán Leyva y sus nexos con Televisa

MÉXICO, D.F: Héctor Beltrán Leyva “El H” no sólo infiltró a la sociedad de Querétaro y de San Miguel de Allende, Guanajuato: También tuvo una especial relación con el mundo de la farándula y, especialmente, con Televisa.

El personaje clave de esta relación fue Guillermo Francisco Ocaña Prandal, mejor conocido como “Memo” Ocaña, a quien las autoridades mexicanas consignaron dos veces y las españolas también como presunto lavador de dinero de “El H” a través de empresas dedicadas al espectáculo.

Telenovelas de Televisa fueron grabadas en predios que “Memo” Ocaña le ofreció a la empresa de Emilio Azcárraga Jean y que eran propiedad del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Fue el caso del predio ubicado en Aureliano Rivera 17, en San Angel Inn, donde fueron detenidos 11 sicarios de los Beltrán en 2008. Ahí se grabó la telenovela Cadenas de Amargura. En 2009 se grabó la telenovela Rubí en el predio Farallón 304, de Jardines del Pedregal, justo donde vivió un sicario de los Beltrán, Ever Villafaña Martínez.

El vínculo entre “Memo” Ocaña, Beltrán Leyva y Televisa es digno de un guión de telenovela. Ante la SIEDO, el exconductor y actor declaró que en 1968 se inició como actor infantil y en 1990 trabajó en fotonovelas como Cita y Chicas. A mediados de los años 80 fue representante de Ricardo Montaner, con quien sostuvo un litigio legal.

Entre 1993 y 1994 –los años del ocaso salinista- el futuro de “Memo” Ocaña cambió. Conoció a la Miss Sonora, Clara Elena Laborín Archuleta. Ella era la pareja sentimental de Héctor Beltrán Leyva. En 1997 ella le propuso dirigir su empresa Rotcheh Noticias y Espectáculos. Quiso impulsar a sus cuatro sobrinos en un grupo musical de vida efímera que se llamó Tequila Cuatro.

La plataforma sería la revista Jeans de Laborín, de la cual sólo salieron 2 ediciones.
Los contactos de Ocaña con el mundo de la farándula y de Televisa le permitieron a Beltrán Leyva entrar a los espectáculos como representante de varias cantantes y celebridades, entre ellas Alejandra Guzmán, Juan Gabriel y Tania Libertad.

El periódico Reforma publicó que el 18 de junio de 2010 Ocaña organizó una gran fiesta con más de 600 invitados en Acapulco, en un spa propiedad de Laborín Archuleto para recaudar fondos para el combate contra el VIH. A pesar de que ya se sospechaba de su vínculo con los Beltrán, a esa fiesta acudieron celebridades, el embajador de Francia, productores y cantantes.

En 2002 Ocaña fue a vivir unos años a España. Ahí funcionó como hombre clave de la colocación de Monex como parte del engranaje de Los Beltrán Leyva y la creación de empresas fantasma. El reportero Humberto Padgett, citando fuentes diplomáticas españolas, afirmó que Ocaña fundó sociedades en Barcelona para “lavar” más de 78 millones de euros que luego se transferían a tres casas de cambio: Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam (Emequis, 29 julio 2012). Las mismas que fueron mencionadas en el Monexgate de las elecciones presidenciales.

Para lograr sus objetivos en España, Ocaña siguió el mismo modelo que en México: montó la empresa Tops Time Production, que también organizaba espectáculos.

A final de cuentas, todo es un gran montaje en el mundo de la narcocultura y los grandes negocios televisivos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.

Desalojan y demuelen unas 60 casas de predio El Barco, en Texcoco

Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.

Texcoco, Méx. Más de 400 elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policía municipal y personal del Ayuntamiento municipal, llevan acabo un desalojo y demolición de unas 60 viviendas del predio conocido como El Barco, ubicado a la altura del kilómetro 12 de la autopista Peñón-Texcoco, en los ejidos de Tocuila.

Desde la madrugada, los elementos apoyados con maquinaria pesada, se desplazaron a la zona para comenzar el derribo de viviendas del predio, el cual, aseguran, está afuera del límite urbano y es irregular, a pesar de que las familias tienen entre diez y doce años residiendo en la zona, argumentando que la adquisición de sus predios la hicieron de forma legal.

Por la acción, los vecinos realizaron un bloqueo por alrededor de una hora en la autopista Peñón-Texcoco; sin embargo, efectivos policiacos desalojaron por la fuerza a los inconformes.

A lo largo de casi 2 km, a un costado de la autopista, se desplegaron efectivos para retirar de sus casas a las familias, mientras que personal del Ayuntamiento se dedica a sacar enseres y mobiliario de las viviendas. La mayoría de las casas ya cuentan con cimientos de concreto e incluso algunas son de dos pisos. Se informó que el pasado miércoles los colonos fueron notificados del desalojo, mientras los representantes legales de la Asociación de Vecinos aseguran que cuentan con un amparo, el cual no respetaron.

Los vecinos aseguraron que adquirieron esas viviendas desde hace cinco, diez y doce años, a los ejidatarios de Tocuila, entre ellos José Daniel Luis Ruiz, a quien pagaron entre 150 y 200 mil pesos; añadieron que cuentan con documentación que acredita su permanencia en el lugar. El secretario del Ayuntamiento, Nazario Gutiérrez Martínez, se negó a dar información sobre el desalojo.

Por la zona se observan a decenas de familias sacando sus cosas y rescatando sus enseres porque la policía esta dañando sus propiedades. También decenas de camiones de volteo trasladan el mobiliario de las casas hacía el acotamiento.


Hasta el momento se han registrado varios conatos de enfrentamiento ante la negativa de los vecinos de abandonar sus casas. Las familias se ubican dentro del límite y están en una zona dentro del polígono donde se proyecta la construcción del nuevo Aeropuerto, a un costado de donde se proyecta la ampliación a ocho carriles de la autopista Peñón-Texcoco, que serviría como principal vía de comunicación a la nueva terminal aérea “quieren construir aquí su pinche aeropuerto por eso nos desalojan. Nosotros compramos, no somos invasores, somos compradores y contamos con toda la documentación; quieren estos terrenos para su terminal aérea”, dijo una de las vecinas afectadas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JAVIER SALINAS

Ubican a presuntos responsables de homicidio de normalistas

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez.

El procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que mañana 4 de octubre se informará quiénes son los presuntos responsables del homicidio de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes murieron en Iguala el pasado 26 de septiembre.

En conferencia de prensa, Blanco dio a conocer que los responsables ya fueron ubicados.
En el mismo acto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciará ante el Congreso del estado un juicio de procedencia contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Este miércoles 1 de octubre, Aguirre Rivero había anunciado la emisión de una orden de presentación en contra de Abarca Velázquez, a quien se le acusa de delitos derivados de los hechos de violencia ocurridos el pasado viernes, en donde murieron seis personas y otras 17 resultaron heridas.


En relación con los operativos de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, el funcionario estatal confirmó que continuará “casa por casa”, en la cual participan elementos del Ejército, Marina, Policía Federal, estatal y mil 800 burócratas que se unieron este jueves 2 de octubre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Denuncian agresiones contra defensores de derechos humanos en Colima

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) denunció que durante el mes de septiembre se multiplicaron las agresiones en contra de los defensores de los derechos humanos y de la tierra en Zacualpan, municipio de Comala, en el estado de Colima, donde la Asamblea General de Comuneros declaró a la comunidad como territorio “libre de minería”, por lo que exigió que cesen los ataques contra la asociación Bios Iguana A.C., y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan.

En un comunicado, el M4 recordó que la Comunidad Indígena de Zacualpan, a través de su Asamblea General de Comuneros, logró destituir al presidente de bienes comunales Carlos Guzmán, quien apoya al empresario minero que intenta instalar la mina de oro Gabfer S.A. de C.V.

El 29 de septiembre la policía federal, cumpliendo con la orden del Tribunal Unitario Agrario, entró al Balneario Ojo de Agua y desalojó al grupo de Carlos Guzmán, entregándolo al Comisariado encabezado por Guadalupe Carpio, Epitacia Zamora y Olivia Teodoro. "Sin embargo -denunció- en cuanto la policía federal se retiró, el grupo destituido tomó la caseta de cobro y colocaron cadenas en la zona de acceso de los vehículos, impidiendo toda entrada o salida al sitio".

El M4 aseveró que agentes de la policía municipal presenciaron la citada agresión sin actuar, algo que, afirmó, ya había ocurrido el 24 de agosto anterior, perpetrado por el mismo grupo, dejando a una mujer de la tercera edad con una herida grave en la cabeza, y lamentó que ocho diputados del Congreso del Estado de Colima (tres del PRI, tres del PAN, uno del PRD y uno del Panal) "hayan tomado partido a favor del grupo del depuesto Carlos Guzmán, del saqueo ambiental y de la violación de derechos humanos".

Añadió que ese mismo grupo, el 19 de septiembre, exhortó al gobernador del estado Mario Anguiano, "para que la Secretaría de Seguridad Pública ´vigile que gente extraña a la comunidad no altere el orden ni la paz pública de dicho lugar´ en clara alusión a la organización Bios Iguana, criminalizando una vez más la lucha que se lleva junto con el Consejo Indígena".

Añadió que Alejandro Bueno Salazar, de Bios Iguana, A.C., recibió amenazas a través de la red social Facebook, con lo que la integridad física y moral de los defensores del territorio se ve gravemente amenazada.

El M4 responsabilizó de ello "a Carlos Guzmán y a sus seguidores, así como al gobierno de Colima, quienes continúan violando los derechos de los pueblos indígenas, y de los defensores de los derechos humanos, que les permite actuar en total impunidad en los actos cometidos", por lo que solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger la integridad de los miembros de Bios Iguana, A.C, así como de los miembros del Consejo indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y de todos los comuneros y comuneras que podrían ser atacados en el marco de esta lucha por la madre tierra en Zacualpan, así como una queja contra los citados diputados locales.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ROJAS.

Anuncia Osorio renuncia de Yoloxóchitl al IPN; “la neta, como ustedes digan”

Cancelado, el nuevo reglamento interno y echan para atrás el nuevo plan de estudios; esto es parte de la respuesta del secretario de Gobernación a peticiones de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional, Yoloxóchitl Bustamante, la cual fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto. 

“Informo que esta renuncia ha sido aceptada“, comentó.

Osorio apuntó que queda cancelado el nuevo plan de estudios, el cual ha causado inconformidad en la comunidad politécnica y se había postergado para 2015, así como el nuevo reglamento. 

Así respondió el gobierno federal, este viernes, al pliego petitorio de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, entregado el pasado martes, sobre la calle Bucareli, en las manos del secretario.

Por su parte, los estudiantes a su vez pidieron hacer una auditoría a la administración de Bustamante.

Además, Osorio refirió que la SEP prohibirá las pensiones vitalicias de ex directores del IPN. 

Sobre otro punto, el funcionario indicó que la policía bancaria dejará de prestar sus servicios en la institución, cuando se forme un nuevo servicio que garantice la seguridad de los estudiantes. 

Señaló que “este gobierno ha mantenido un diálogo permanente” con el Politécnico, “mantendremos juntos el orden institucional”.

Y soltó una frase: “la neta como ustedes digan”. “Ustedes pueden exigir y hacerlo con respeto”, agregó.


“¿Y los desaparecidos de Ayotzinapa?”, se escuchó un grito a lo lejos, de uno de los cientos de personas que presenciaron el diálogo público en la calle Bucareli.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Juicio por tierras en Allende, contra “operador financiero” de los Beltrán Leyva

Germán Goyeneche -detenido junto con Héctor Beltrán Leyva- era miembro del consejo directivo de "Otomí Lake Villas", unas casas de descanso en San Miguel de Allende, Guanajuato. Aquí la historia.


Roberto Trejo Castro enfrenta desde hace años un litigio por los terrenos donde se construyó Otomí Lake Villas, casas de descanso en San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Con quien se enfrentó, es el empresario Germán Goyeneche, detenido el miércoles pasado, mientras comía con Héctor Beltrán Leyva, en el referido pueblo mágico.

Según la PGR, Goyeneche es un “operador financiero” del cártel de los Beltrán Leyva.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, Trejo Castro aseguró que “este terreno se nos quitó con ayuda policiaca” -en referencia a la policía municipal de San Miguel de Allende- y corresponde a 8 mil 650 metros cuadrados, los cuales forman parte de la entrada del Otomí Lake Villas. 

“Llegaron con auxilio de la fuerza pública a tirar rejas y demás y no hubo mucho que se pudiera hacer”, acusó.

Reconoció que aunque “se trata simplemente de la entrada al fraccionamiento”, tienen documentos que muestran que es de su propiedad.

Trejo comentó sobre Goyeneche: “Sabía que se trataba de personas corruptas y con recursos pero no sabía (que era operador de narcotraficante)”.

“Ahora entiendo las irregularidades en el proceso pese a que demostramos pruebas”, comentó. 

Refirió que a Germán “la gente en San Miguel lo conoce bastante bien”, peso sólo como empresario.

RÉPLICA

Gabriel Ballesteros, abogado de Centurion Real State -operador del Otomí Lake Villas-, aseguró que “se ha demostrado en sentencias civiles” que no es de su propiedad lo que Trejo Castro reclama.

Sostuvo que existen las constancias judiciales que establecen “que no existe propiedad que no sean de Centurion“. 

Indicó que el terreno fue adquirido en un “remate”, en el año 2005.

“El inmueble se adquirió… y se ha determinado, se levantó, definió superficie… hubo una inconsistencia que derivó en una serie de demandas y réplicas”, consideró.

Abundó que este asunto “podría ser conveniente sacarlo a la luz con el ánimo de sacar más” sobre el empresario detenido con El H, pero sostuvo que “no tiene nada que ver ni tampoco es un asunto que esté vivo”. 

“En el año 2006 quien participó en proceso de adquisición fue Germán Goyeneche, estuvo en el inicio del desarrollo como miembro del consejo directivo y con algunas decisiones”, reconoció.

Pero agregó que “desde hace más de 4 años no toma decisiones de este desarrollo”, donde “no hay nada que ocultar”.

“No toma ya decisiones, no forma del consejo directivo”, remarcó.

Ballesteros dijo que escuchó asombrado que el empresario fue vinculado por la PGR a los Beltrán Leyva.


“Tendrá que verificarse, deberán apuntalar esa idea”, señaló. En su momento, aceptó, Goyeneche llegó a tener alrededor de un 20 por ciento de acciones en las casas de descanso en San Miguel de Allende. “Esta es una asociación que tiene capital extranjero, es un tema legal… me llama la atención que se involucre este asunto, la empresa es absolutamente legal”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Goyeneche, capturado junto al ‘H’, ¿hasta dónde llegan las ligas?

"Él en San Miguel de Allende y en Querétaro era una persona que todo mundo conocía como un empresario", refiere el diputado del PAN, Ricardo Villarreal.


Tanto Héctor Beltrán Leyva como su presunto operador financiero Germán Goyeneche, ambos detenidos el miércoles, infiltraron a la clase política y empresarial de Querétaro y San Miguel de Allende, en Guanajuato.

De acuerdo con el diario Reforma, ambos encabezaban desarrollos inmobiliarios como “Otomí Lakes and Villas”, un exclusivo complejo residencial hípico, construido dentro de un centro ceremonial prehispánico.

En Querétaro, Germán Goyeneche encabeza las empresas inmobiliarias Trinvest; Centurion Real Estates and Resorts; Inversiones Inmobiliarias y Construcción; Grupa Baresa; Concretos Premezclados del Río y la empresa minera Grupo Gallazo de Oro.

“Nos trastoca, nos incomoda, es sorprendente para nosotros (como familia); la verdad es que no había ninguna señal”, comentó su primo Fernando Goyeneche Villalobos, actual director de Inspección del municipio de Querétaro.

En el anuncio de la PGR, el miércoles, sobre la captura de “El H”, Tomás Zerón mencionó: “Beltrán Leyva, fue detenido en compañía de otra persona de nombre Germán Goyenechea (sic) Ortega, quien fungía como un operador financiero de su grupo. Ambos portaban armas cortas de uso exclusivo de las fuerzas armadas al momento de su detención. Los elementos de operaciones especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, lograron su detención de manera rápida y eficaz, sin realizar un solo disparo en el interior de un restaurant de mariscos”.  


Además de ser militante del PVEM -aunque el partido ya anunció su expulsión-, Goyeneche también tenía relación con políticos panistas, como el diputado federal Ricardo Villarreal, quien busca ser alcalde de San Miguel de Allende. El lunes pasado el empresario participó en primera fila en una reunión con Villarreal: 


Sobre el tema, Villarreal se deslindó: “El señor Germán Goyeneche fue invitado entiendo y supongo yo que por el Consejo Coordinador Empresarial, a la reunión. Él en San Miguel de Allende y en Querétaro era una persona que todo mundo conocía como un empresario. Al final del día si él tiene vínculos con Beltrán Leyva pues será un tema que tendrá que decidir la PGR... No, yo lo conozco simplemente como muchísimos otros empresarios, él es propietario o socio de un club… en San Miguel de Allende, de hecho esa foto la sacaron de mi Facebook, yo la publiqué como publico todos los eventos, era un evento público, no era reunión una secreta ni mucho menos, era un evento público con cerca de 80 empresarios del municipio”.

Y agregó: “En caso de ser cierto yo creo que es un tema terrible porque al final del día nosotros y la ley y sobre todo la PGR tiene que ir contra todos los empresarios que tienen vínculos con el narcotráfico, porque todo mundo sabemos, no solamente con el narcotráfico, con la delincuencia organizada en general, es un tema recurrente donde la delincuencia a través de empresas que parecen legítimas, lavan dinero, no sé si este sea el caso pero evidentemente la PGR tendrá que investigar y sancionar con todo el peso de la ley en caso de que así lo fuere”.

Al respecto, el líder del Verde en San Lázaro, Arturo Escobar, comentó: “En el caso del militante del Partido Verde que fue capturado con él, por supuesto lamentar muchísimo, yo te diría que ningún partido está exento a esto, no tenemos la posibilidad de conocer la vida privada de los militantes, tenemos muchísimos afiliados en este país, cerca de 750 mil afiliados del Partido Verde, y obviamente no somos Ministerio Público y no podemos conocer la vida privada de la gente. Pero hoy mismo hace un momento la comisión de Justicia del partido se reunió y ya le suspendió los derechos como militante a este señor, en espera que se resuelvan las cosas. Al final del día yo te diría que hoy todos los partidos políticos, toda la vida pública de nuestro país está inmersa a esto, está sujeta a estos riesgos”. 

Mientras que para el diputado priista Manlio Fabio Beltrones “el que obra mal algún día se sabe, de tal suerte que esto que ha salido a la publicidad, servirá para que no vuelva a suceder. Todos los partidos políticos están obligados a hacer un análisis e investigación de los cuadros que presentan a la población, buscando que sean votados”.

De acuerdo con Proceso, el empresario Goyeneche Ortega obtuvo su militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un acuerdo del Consejo Político Nacional, encabezado por Jorge Emilio González Martínez.

Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, una de las fundadoras del partido y expresidenta del mismo en la entidad, definió dicho acuerdo como una imposición.

“Fue una imposición total. De repente llegaron a una asamblea gente que no conocíamos, incluido Germán Goyeneche. En esa asamblea eligieron a Ricardo Astudillo Suárez como presidente”, aseguró.

El acuerdo CPN-3/2006, firmado por el Niño Verde incluye una lista de 93 militantes afiliados. En el número 47 figura Goyeneche Ortega, y también aparecen los nombres de Ana Jacqueline Goyeneche González y Elvira Goyeneche González.


Al respecto el Partido Verde envió esta carta en la que se deslinda del empresario:

CARTA DEL PARTIDO VERDE.docx by Aristegui Noticias:




FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

Pide Peña a todos los órdenes de gobierno profundizar transparencia de datos

El presidente Enrique Peña Nieto clausuró la Semana Nacional de la Transparencia 2014, organizada por el Ifai. En la imagen con el senador Miguel Barbosa y Ximena Puente, titular del instituto.

México, DF. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que un gobierno abierto es la "nueva frontera de la democracia", por lo que instruyó a todos los órdenes de gobierno a profundizar esta política nacional para la apertura de datos e información generada por las instituciones públicas del país.

Al encabezar la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia 2014, recordó que México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, que agrupa a 64 naciones en una tarea que, dijo, era impensable hasta hace unos años, pero que hoy es posible gracias a que se han alcanzado tres condiciones:

Una sociedad más democrática, así como una ciudadanía que no sólo participa en procesos electorales, sino que aporta su talento para la transparencia de las instituciones. A lo que se suma un "gobierno reformador, que da mejores respuestas a las demandas de la sociedad y rinde cuentas", además de los avances tecnológicos que permiten un uso generalizado de Internet.

Reunidos en la antigua sede del Senado de la República, Miguel Barbosa, presidente de la mesa directiva de la Cámara alta, reconoció que México "no termina de dar el gran paso para combatir la corrupción", y advirtió que ninguno de los cambios que se han dado en los pasados dos años en materia de transparencia y rendición de cuentas "tendrá futuro, sino se combate la corrupción".

En el acto, al que asistió la consejera presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Ximena Puente, se entregó el Premio a la Transparencia y la Innovación, en el que galardonaron trabajos de la administración federal, estatal y municipal, así como de organizaciones civiles.


El legislador perredista también solicitó al gobierno federal garantizar justicia en los casos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, pues señaló que el combate a la delincuencia organizada no puede "incluir la violación a los derechos humanos". Y agregó que "hacemos los mejores votos para que también se les dé una respuesta satisfactoria a las demandas de los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional".

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Rosa Elvira Vargas y Laura Poy.

Toman radiodifusoras en Chilpancingo; exigen presentación de 43 normalistas

Estudiantes, profesores e integrantes de la policía comunitaria de la CRAC en Tixtla, marcharon ayer en Chilpancingo y , bloquearon la autopista del Sol, para exigir justicia para los estudiantes asesinados en Iguala.

Chilpancingo, Gro. Desde el mediodía de hoy estudiantes y padres de familia realizaron diversas actividades en esta capital para presionar al gobierno para que presente con vida a los 43 estudiantes desaparecidos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pasados a manos de policías municipales de Iguala.

Las actividades comenzaron con la toma de dos radiodifusoras, ubicadas en el centro de Chilpancingo; otros contingentes se trasladaron a la caseta de Palo Blanco, ubicada a unos 10 km, en donde permiten el libre paso, previo a una cuota. Otra comisión se trasladó a la ciudad de México apara entrevistarse con funcionarios de la Segob.

Asimismo, continúan las brigadas “hasta encontrarlos” que implementa el gobierno del estado con servidores públicos. Esta mañana se trasladaron a los municipios de Huitzico y Tepecuacuilco, para buscar a los jóvenes.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SERGIO OCAMPO.

PGR, aún sin atraer caso de normalistas desaparecidos

México, DF. El gobierno federal se comprometió a reforzar la coadyuvancia para la localización de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Sin embargo, el apoyo no significa aún que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso.

“El subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, fue muy cuidadoso con sus palabras; dijo poco, no manifestó un compromiso para atraer la investigación, sólo para coadyuvar”, dijo uno de los integrantes del grupo de 18 personas que este medio día acudió al Palacio de Covián a entregar un documento.

Los familiares de los desaparecidos calificaron como “palos de ciego” o “taparle el ojo al macho” lo que ha hecho hasta el momento la Procuraduría de Justicia de Guerrero, tal como sacar a los empleados públicos a realizar una búsqueda que requeriría de un protocolo especializado para obtener avances.

Califican que los muertos en los hechos son “ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes”; ello aunado a la situación de los heridos y de los desparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad.

En el texto de seis cuartillas entregado al subsecretario Miranda, firmado por padres de familia y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa), hace un recuento de los hechos del 26 de septiembre y hacen seis peticiones:

1.-Compromiso político del Ejecutivo federal de intervenir para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los normalistas.

2.-Presentación con vida de los normalistas

3.-La conformación de un grupo multidisciplinario interinstitucional y de fuerzas especiales con amplia experiencia para que se avoque a la búsqueda inmediata de los jóvenes.

4.-Verdad justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición por las ejecuciones extrajudiciales de Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes y de todos los hechos del caso.

5.-Atención médica y rehabilitación integral de los estudiantes heridos (Aldo Gutiérrez Solano, Édgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez y Jonathan Maldonado Hernández).

6.-Garantías de seguridad para los estudiantes, sus familiares y representantes.

En el documento, firmado por nueve familiares de desaparecidos y dos representantes de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, se indica que a las nueve de la noche, cuando 80 estudiantes de la normal se dirigían a la ciudad de Chilpancingo, a bordo de tres autobuses, cuyo eje es la desaparición de 43 personas, pero sin que hasta el momento la procuraduría estatal haya clarificado los hechos.

“Los hechos evidencian por parte de la policía municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y de las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los estudiantes normalistas.

“Sin mediar palabra, los policías municipales (de Iguala) comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, municipio de Ayutla, Guerrero.

“Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando”.

Finalmente, se añade en la carta entregada en Gobernación, un elemento de la policía preventiva que se identificó como ‘Comandante’ se dirigió a los jóvenes estudiantes diciendo “dialoguemos chavos”, a lo que los estudiantes contestaron que sí, pero que les permitieran levantar a su compañero Aldo -que se encontraba tendido en el piso-, a lo que los policías respondieron negativamente, diciendo que de todas maneras ya se iban y que no había pasado nada. Al día de hoy, Aldo Gutierrez se encuentra internado en estado vegetativo”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.

Cassez quiere que se le reconozca como víctima de un “montaje grosero”: abogada

La captura de la ciudadana francesa, en 2005, ha dado un nuevo giro. Presentó denuncia para que se "identifique a los autores de esos 7 años y 2 meses que Florence pasó en la cárcel".

Sophie Thonon, abogada de Florence Cassez, explicó la querella interpuesta por su defendida, en Francia, con la cual busca “que se le reconozca a ella como víctima de un montaje grosero y otras violaciones”.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, expuso: “La pretensión de Florence Cassez es la siguiente: estaba pensando en esa querella desde los primeros días de su detención, ¿por qué una persona inocente es detenida en esas condiciones? Piensa en un día hacer valer sus derechos como víctima… tomó el tiempo de reacostumbrarse en Francia… armar una querella de semejante importancia no se puede hacer rápidamente, decidimos que era el momento de presentarla“.

Precisó que en el derecho francés una denuncia penal de este tipo se presenta contra “X”, para que ”se identifique a los autores de esos 7 años y 2 meses que Florence Cassez pasó en la cárcel”, “a menudo en situaciones inhumanas, en contradicción con los grandes textos internacionales que México firmó”.

El pedido a la fiscalía francesa será transmitido a un juez de instrucción, quien “tiene que investigar por su cuenta con la policía francesa o mandando exhortos a la justicia mexicana y determina el grado de responsabilidad de cada uno“, apuntó la abogada.

Reconoció que aportará como documento “central”, para la investigación que se realizará, la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que en 2013 determinó la libertad de Cassez.

Todo esto, apuntó Thonon, es en busca de “una reivindicación o aspiración muy fuerte que Florence Cassez tenía desde hace muchos años”, para que se le reconozca como víctima de un montaje.

“Un montaje que pasó a ser un acto de acusación e influyó en la opinión pública, en los jueces y una buena parte del público en Francia”, refirió.

Sostuvo que se debe reconocer que la detención fue un montaje, ella, una víctima y, además, mostrar quiénes son los responsables.


Agregó que desconoce el tiempo que llevará la investigación; “en los tiempos de la justicia no puedo hacer un pronóstico”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

“Educación y democracia”

Miles de jóvenes en la calle dicen hoy que ellos quieren decidir su futuro académico, a quién quieren para dirigir al IPN. Es claro que los estudiantes quieren más participación e injerencia al interior del instituto.

A la memoria de Raúl Álvarez Garín

El “momento de México”, idea que impulsa profusamente el gobierno mexicano, se contrapone al “otro momento de México”, que se enterca, contradice y contrapone a la narrativa oficial.

No había terminado Enrique Peña Nieto de anunciar que México ayudará con los Cascos Azules a preservar la paz, cuando estallaron simultáneamente los casos Tlatlaya y Ayotzinapa.

Ese otro “momento” de México incluye un factor de expresión social que no se había registrado con tanta fuerza desde hacía mucho tiempo.

De nuevo, miles de jóvenes politécnicos salieron a las calles para exigir ser tomados en cuenta, luchar por su educación y defender el destino de una institución fundada por Lázaro Cárdenas y creada para poner “La Técnica al Servicio de la Patria”.

Han salido por miles porque sienten su futuro amenazado. Han visto en riesgo su única posibilidad de movilidad social y la esperanza que les ofrece haber accedido a sus estudios superiores. No quieren que se degrade, y con razón, su formación académica. No quieren que, silenciosamente, a partir de modificaciones en los planes de estudio y reglamento interno se termine por convertirlos en mano de obra barata y tecnificada al servicio de otros que sí serán ingenieros procedentes de otras universidades.

En el punto 9 de su pliego exigen que se den a conocer “… todas las formas de injerencia del sector privado en el IPN, tanto en los planes de estudio, programas de investigación y proyectos de colaboración, de manera que sea posible valorar la subordinación…” que podría tener el diseño educativo puesto al servicio no de la Patria y el interés general, sino de los intereses privados y trasnacionales, agregan. Quieren educación no degradada, pero también quieren democracia. No usan la palabra autonomía pero exigen un cambio en el régimen de gobierno en el Politécnico.

Piden la destitución de la actual directora, pero también la “democratización del proceso de elección de un nuevo director o directora del IPN por parte de la comunidad politécnica”.
Si este viernes el secretario de Gobernación anuncia que el punto 3 y el punto 6 -donde piden participación para decidir quién debe dirigir al Instituto, además de una democratización más amplia- son concedidos, se estará dando un paso sin retorno que cambiaría el actual estatus jurídico del IPN con enormes implicaciones.

El artículo 2o. de la Ley Orgánica señala que el IPN es un órgano desconcentrado del Estado dependiente de la SEP. El nombramiento de su director se decide verticalmente. No es la comunidad politécnica o una junta de notables -como en la UNAM- quien decide, sino el presidente de la República en turno.

Si miles de jóvenes en la calle dicen hoy que ellos quieren decidir a quién quieren para dirigir su institución y el gobierno, para atemperar el “tsunami” juvenil, acepta la exigencia, tendría que abrirse un debate amplio sobre una nueva Ley Orgánica y un estatus jurídico nuevo para el IPN.

Es claro que los estudiantes quieren más participación e injerencia al interior del Instituto. Quieren que se inicie un proceso “… de representación equitativa de estudiantes, docentes, trabajadores de apoyo y autoridades en cada uno de los consejos de cada una de las escuelas, centros y unidades y en el Consejo General Consultivo para la toma de decisiones”. Lo que los muchachos dicen es que quieren democracia.

Y como el “horno no está para bollos”, se da por hecho que se anunciará la renuncia de la directora, Yoloxóchitl Bustamante, a quien se le adjudicará la responsabilidad de llevar mal un proceso que derivó en un paro y en movilizaciones insólitas para el Politécnico.

Lo que no está claro es cómo se dará la sucesión. ¿Por el método que piden los manifestantes mediante un mecanismo que hoy no existe o por lo que actualmente dice el ordenamiento jurídico del Instituto? ¿Al próximo director o directora lo nombrará Peña Nieto y sus asesores o darán paso a un proceso democrático? No tienen mucho tiempo para decidirlo.

Ante el riesgo de que la movilización politécnica se fortalezca y extienda hacia otros sectores de la sociedad, es de esperarse que los 10 puntos tengan una respuesta inmediata, tal como lo prometió el secretario Osorio Chong. Sin embargo, el proceso apenas empieza dada la naturaleza de las exigencias.

Los muchachos politécnicos lograron la insólita escena del funcionario que baja a la calle, da la cara y promete respuesta pronta.

Le pusieron cascabel al gato. Le dijeron que quieren educación, pero también democracia. La cita es este viernes 3 a las 3. Como dijeron los muchachos. En Bucareli.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS/REFORMA.
AUTOR: CARMEN ARISTEGUI

Organizaciones pedirán en Segob que Federación busque a normalistas desaparecidos

El gobierno de Guerrero confirmó que mil 800 servidores públicos recorrieron las ciudades de Iguala y Taxco, en donde tocaron puertas y solicitaron información relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre en el programa denominado "Hasta encontrarlos".


Un grupo de normalistas, representantes de organizaciones civiles y familiares de los desaparecidos tendrán una reunión con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la que le solicitarán que la federación asuma la búsqueda de los jóvenes, informó Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.

Ayer, 2 de octubre, el gobierno de Guerrero confirmó que mil 800 servidores públicos recorrieron las ciudades de Iguala y Taxco, en donde tocaron puertas y solicitaron información relacionada con los 43 estudiantes desaparecidos desde la noche del viernes 26 de septiembre en el programa denominado “Hasta encontrarlos”.
Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno en Guerrero, señaló que ayer, 2 de octubre, se realizaron 400 mil 300 visitas en colonias de ambos municipio.

Al respecto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Olivares señaló que la búsqueda casa por casa fue “una tomadura de pelo” en la que los burócratas sólo repartieron “volantitos”.

“Fue una tomadura de pelo porque no se está llevando a cabo con ningún protocolo. Se nota que el gobierno del estado no tiene una estrategia, no tiene nada, para poder dar con el paradero de los muchachos”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que a la reunión programada con el subsecretario de Gobernación asistirán nueve padres de familia, tres estudiantes de la normal y tres integrantes de organizaciones civiles y de derechos humanos.


“A esta reunión se va con tres peticiones, la principal es que la federación asuma la búsqueda de estos muchachos porque en Guerrero el gobierno del estado tiene poco interés“, dijo.

Entrevista:



Ayer, 2 de octubre, alrededor de 20 mil personas, entre padres y madres de los normalistas desaparecidos, estudiantes, maestros, activistas sociales, sindicalizados y ciudadanos marcharon en Chilpancingo y bloquearon durante seis horas la Autopista del Sol para exigir la aparición con vida de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y castigo a los asesinos materiales e intelectuales de tres jóvenes, un niño, un chofer de autobús y una mujer en Iguala.


El 28 de septiembre se desarrolló el primer operativo de búsqueda de los desaparecidos, participaron 26 padres de familia y 86 alumnos de Ayotzinapa.

Suprema Corte determina que partidos políticos podrán criticar a sus opositores

Nueve de los ministros de la Suprema Corte votaron a favor del proyecto por el cual los partidos podrán criticar a sus adversarios sin que esto sea motivo de sanciones que antes incluía hasta el retiro del registro.

En las futuras contiendas electorales, los partidos podrán criticar o “denigrar” a sus adversarios e instituciones durante las campañas, lo que garantiza la libertad de expresión prevista en la Constitución.

Así lo aprobó este jueves 2 de octubre el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la invalidez de un parte del artículo 69 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas que refiere como una obligación de los partidos políticos, “abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones”.

El ministro Arturo Zaldívar explicó que, de acuerdo a la reforma constitucional de febrero pasado, dicho precepto sólo protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, mas no así a “denigrar”. Además, “la prohibición no tiene cabida dentro de las limitaciones expresamente previstas en el artículo Sexto constitucional”, referente a la libertad de expresión.

Al sustentar su apoyo al proyecto, el ministro José Ramón Cossío consideró que “esto debe extenderse a calumniar a las personas. Me parece que se está generando de entrada un discurso prohibido, esto lo encuentro contrario al artículo 1° constitucional y al artículo 13 de la Convención”.

La sentencia de la corte indica que el ejercicio de la libertad de expresión “no sólo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno y apuntan a la necesidad de que las medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad”.

El único voto en contra fue del ministro Alberto Pérez Dayán, quien descartó que la legislación de Chiapas atente contra el artículo Sexto, toda vez que “si el parámetro para definir su inconstitucionalidad es restringir la libertad de expresión, no puede entender que dentro del concepto “libertad de expresión” pueda admitirse denigrar a las instituciones”.

En cambio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que el término “denigrar” a las instituciones está comprendido dentro de la libertad de expresión y esta es una de las libertades más amplias que debe tener una sociedad que busca libertad de ideas y de discurso.

En un breve debate, nueve de los ministros votaron a favor del proyecto por el cual los partidos podrán criticar a sus adversarios sin que esto sea motivo de sanciones que antes incluía hasta el retiro del registro.

Multas por “denigrar”

La campaña emprendida por el Partido Acción Nacional en la contienda presidencial de 2006 en la que señalaba a Andrés Manuel López Obrador como “un peligro para México”, fue uno de los aspectos que provocó debates y reclamos entre los partidos y legisladores y que derivó en una reforma electoral en 2007.

Además de prohibir la contratación de publicidad en televisión y radio tanto por partidos como por particulares, los legisladores elevaron a rango constitucional en el artículo 41 la prohibición de utilizar expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Con ello se pretendía dejar atrás las campañas negras durante las contiendas.

Sin embargo, dicha prohibición redujo el margen de crítica entre los opositores durante una contienda electoral y trajo consigo multas a los partidos que, según juzgó la autoridad electoral, denigraban a terceros.

Un ejemplo de ello fue la multa por casi un millón y medio de pesos al PRD, PT, y Movimiento Ciudadano por la transmisión del spot “Miles de pruebas”, al considerar que denigró y difamó al Partido Revolucionario Institucional y su candidato Enrique Peña Nieto y a las tiendas Soriana durante la contienda presidencial de 2012.


En el spot de 20 segundos aparecen las tarjetas de la tienda Soriana mientras se escucha de fondo: “Vote por el PRI y le damos su tarjeta”. “Con la tarjeta Monex hay indicios de lavado de dinero”. Y mientras aparecían leyendas como “La presidencia de México no se compra”, una voz en off dice: “Hemos aportado miles de pruebas, suficientes para invalidar la elección. El destino de México no tiene precio”.



En la contienda por la gubernatura de Baja California en 2013, el IFE multó al PRI por casi 500 mil pesos por la difusión de un spot en el que se insinuaba que el candidato del PAN, Francisco ‘Kiko’ Vega había robado terrenos en el municipio de Tijuana cuando fue alcalde de dicha localidad.



“De una apreciación integral a los promocionales mencionados, puede colegirse que las expresiones e imágenes (…) son lesivas a la dignidad y honra del Partido Acción Nacional y de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, pues a través de las mismas se formula una imputación clara, inequívoca e indubitable al último de los mencionados respecto de la comisión de un delito (el de robo), situación que soslaya los límites de la libertad de expresión e información”, señalaron los consejeros electorales al aprobar la multa.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: Nayeli Roldán

Después del 68, se “normalizó” la violencia: Aziz

Alberto Aziz Nassif y Ricardo Raphael analizan la actual situación del país, tocando temas como el reciente movimiento en el IPN o el asesinato de 6 personas en Iguala.

Actualmente, hay una gran resonancia del 68 y el 2 de octubre, “yo me preguntaba ¿por qué no se olvida el 2 de octubre?, ¿por qué no está cerrado ese expediente?, ¿por qué no se ha terminado con una suerte de reparación del daño de lo que pasó con una impartición de justicia?, ¿por qué vivimos esta impunidad que se ha ido prolongando? No se hizo una comisión de la verdad se hizo una fiscalía que no sirvió de nada y no podemos tener como en Chile un Museo de la Memoria diciendo esta fue la dictadura y fueron 3500 y fracción de muertos, aquí son cientos y cientos de muertos y todos los días se acumulan, pues es que pasamos del 68 a la guerra sucia y de la guerra sucia a la guerra contra el narcotráfico y de ahí la normalización de la violencia”, señaló el profesor Alberto Aziz Nassif.

En entrevista para Aristegui CNN, Aziz -junto con el periodista Ricardo Raphael- hizo un análisis de la actual situación  de nuestro país; indicó que es muy sorprendente cómo termina la etapa de las reformas, el momento mexicano, México en el extranjero visto desde el extranjero como un modernizador y sin embargo la apreciación de su presidente es bajísimo, por lo que considera que hay un problema de legitimidad, la gente ya no cree porque no lo ve en concreto cómo se está resolviendo.

Además dijo que hay muchos temas importantes, graves, de seriedad como para que empiece un movimiento social, que empiece a crecer y se conecte con los demás y entonces se haga un escenario más difícil de solucionar.

Por su parte, Raphael expresó que hay una distinción que hace el economista Fausto Hernández, “hay un mexiquito y un mexicote”; mexiquito es un lugar donde viven casi dos de cada ocho mexicanos, que es el de las grandes urbes, el Interlomas, el de Puerta de Hierro de Guadalajara, este lugar que se parece a Miami, a Houston, lugar muy productivo, crece todos los años paga buenos salarios. Por otro lado hay “un mexicote”, donde viven ocho de cada 10 mexicanos que es donde está Guerrero, es donde está Chiapas, Ayotzinapa, donde está la pugna entre la guerrilla y el narcotráfico en Iguala, curiosamente los mexicanos tenemos que estar viviendo como “dos vidas”. 

Y además tenemos un presidente que va a Nueva York, se echa un discurso sobre el mexiquito y al mismo tiempo tenemos en Iguala el asesinato de 6 muchachos; es difícil intelectualmente y anímicamente, estar viviendo estos dos elementos, aseveró.

“Fechas como la del 2 de octubre siempre nos remiten a estos dos Méxicos, que por cierto no empezaron ayer, llevan mucho tiempo andando”, enfatizó el periodista.

¿Para qué la pluralidad partidista?, preguntó Raphael. Y expuso que después de la alternancia del PAN en el poder, “un partido distinto al PRI”, y tras el regreso del PRI, están las cosas como antes.

“Hay la sensación de que desde el 97 para acá no ha cambiado tanto”, agregó.

En cuanto al actual conflicto del Instituto Politécnico Nacional indicó que “van a obtener satisfacción en la mayoría de los puntos y donde pusieron la clave es en cambiar la forma de gobernabilidad del IPN, el tema es cómo se asumen las decisiones en el Poli y claramente el Poli no puede seguir siendo tratado como si fuera la dirección general de publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, es un órgano universitario, que requiere órganos colegiados, democráticos, donde las decisiones se van tomando de tal manera que se construyen consensos para evitar que alguien pueda imponer un reglamento y luego tenga que andar renunciando porque lo impuso”.


Por lo que “esperaría del presidente (EPN) es que tracen ruta para democratizar la vida del IPN, creo que se lo merecen estos muchachos”.

El montaje del Ejército

MÉXICO, D.F. (apro).- El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pasó a la historia como un experto en montajes para hacer propaganda de una aparente eficacia policial. Lo mismo ha ocurrido con el Ejército mexicano en Tlatlaya.

Poco a poco, el montaje de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la actuación del Ejército en ese municipio mexiquense ha quedado en evidencia. Lo que presentó como una acción legal y legítima se está revelando cada vez más como una ejecución sumaria.

El silencio que el gobierno de Peña Nieto mantuvo durante tres meses se rompió en mal momento para el Ejército, en pleno recordatorio por el 46 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en hechos que involucraron directamente al Ejército y al Estado Mayor Presidencial (EMP), la guardia castrense del presidente.

Por las implicaciones políticas y el costo en la imagen internacional que ha tenido la violación grave de derechos humanos en Tlatlaya, las investigaciones han sido encaminadas hacia tres “soldados indisciplinados” que cometieron el delito de homicidio por “uso excesivo de fuerza”.

Acorde con la opacidad con la que ha actuado, la administración federal no ha querido informar cuántas personas habrían sido asesinadas de esa manera. Los testimonios refieren 21 de los 22 fallecidos. Por más que el presidente diga que el Ejército esclarecerá lo ocurrido, hasta ahora lo que ha prevalecido es el encubrimiento, ocultando cuántos militares y de qué grado pueden estar implicados.

Al reducir los hechos a una “indisciplina militar”, se evita que las responsabilidades sigan en la cadena de mando propia de todo Ejército: desde el encargado del grupo que actuó hasta los comandantes de guarnición, zona y región militares, que obedecen al Alto Mando del Ejército representado por el titular de la Sedena, quien obedece a su vez al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República.

El propósito es evitar la responsabilidad institucional. Para asegurar, como dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la Cámara de Diputados, el viernes 26 de septiembre, que se trató de “un hecho aislado” y no de una forma de actuar de las Fuerzas Armadas mexicanas.

Tlatlaya es una muestra más de que los militares no están entrenados para las funciones de seguridad pública. Lo suyo es la defensa nacional, la seguridad interior en casos de amenaza a la integridad del Estado mexicano y, en consecuencia, actúan para abatir al enemigo.

En esos términos se refirió la Sedena el mismo día de los hechos en Tlatlaya, el 30 de junio pasado. Informó que un grupo de efectivos de la 22ª Zona Militar “abatió” a 22 “secuestradores” durante un enfrentamiento. Aseguró que los militares patrullaban hacia las cinco y media de la mañana cuando fueron atacados cerca del poblado Cuadrilla Nueva, en ese municipio.

Si así lo reportó en su parte de novedades el teniente a cargo de la patrulla militar, así lo informó la comandancia de la zona militar y así lo comunicó oficialmente la Sedena a la opinión pública.

Ya con el escándalo encima, el viernes 19 de septiembre la Sedena insistió en que se trató de “un incidente” en donde la patrulla militar “repelió” la agresión de los civiles.

Conforme ha tenido que dar explicaciones, ha dejado en claro que sus hombres no están hechos para lidiar con la población civil, aun tratándose de delincuentes.

Si “los soldados indisciplinados” dispararon contra los civiles cuando el enfrentamiento ya había cesado, y dispararon “sin justificación alguna”, como aseguró el martes el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, es evidente que por más cursos de derechos humanos que pregona la Sedena no se va a cambiar la mentalidad de los militares y que en lugar del “comando de voz” que se da para la deposición de las armas, los soldados prefieren disparar que averiguar.

Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Michoacán y Morelos, por mencionar algunos, han dado cuenta en años recientes de la repetición de “incidentes” similares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Fusilamientos y desapariciones, la ingobernabilidad peñista

MÉXICO, D.F. (apro).- En cualquier gobierno, un muerto por violencia o un desaparecido por razones políticas o del narcotráfico debería de ser un escándalo y motivo de una campaña para exigir respuestas a las autoridades y la aplicación de la ley sin cortapisas. Sobre todo si se trata del fusilamiento de 22 personas y la desaparición de otras 57 en dos pueblos gobernados por el crimen organizado.

Hoy, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, la indolencia y la impunidad es la que impera. Al menos con Felipe Calderón la mayor parte de los medios llamaban la atención cuando ocurrían hechos de esta naturaleza y criticaban al gobierno panista por su incapacidad de gobernar.

Pero ahora con el priista mexiquense, recientemente premiado como el “estadista del año” por una organización de Estados Unidos, no hay reacciones de la magnitud de los hechos, a pesar de que se trata de actos que muestran visos de ingobernabilidad como el fusilamiento de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México; la desaparición de 58 estudiantes rurales en Iguala, Guerrero; la ejecución de seis más en Michoacán y en Chihuahua; el descubrimiento de una fosa clandestina con 32 cuerpos en Veracruz, o la muerte del diputado Gabriel Gómez Michel, inmolado junto con su chofer.

Ante la prensa domesticada por la publicidad y los intereses políticos, Peña Nieto ha dicho que los niveles de violencia y de muertes relacionadas con el crimen organizado han disminuido, pero los últimos hechos demuestran todo lo contrario. Y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó como un hecho aislado la matanza en Tlatlaya, Estado de México. Pero todo esto es completamente falso.

El sistema político mexicano fue diseñado para ser presidencialista. Durante los 12 años de administración panista, esta forma de gobierno no cambió, aunque con la derrota del PRI los gobernadores se convirtieron en virreyes y así siguen operando hasta ahora, con toda impunidad y complicidad del solaz comportamiento de Peña Nieto, inmerso en su narcisismo de mirarse únicamente en el espejo de las reformas constitucionales sin percatarse de la violencia que se sigue expresando en todo el país, poniendo en duda la gobernabilidad.

No hay uno solo de los gobernadores que no tenga una mancha negra en su expediente de gobernabilidad, y en muchos de ellos esa marca es un sello de corrupción y de negocios ilegales con el crimen organizado, como sucedió con Fausto Vallejo en Michoacán.

Ese es el estado donde Peña Nieto ha puesto más interés para combatir al crimen organizado, debido a las llamadas de atención de grupos empresariales extranjeros y del mismo gobierno de Estados Unidos, que puso una alerta al mencionar que se estaba formando un gobierno narcotraficante.

Pero además de Michoacán, otros estados donde quien gobierna es el grupo criminal de la zona son: Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Morelos. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.

No obstante, el fracaso de Michoacán ha traído más violencia en el mismo estado y en los colindantes, Guerrero, Estado de México y Morelos, que ha crecido debido a la indolencia y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre todo el federal, que constitucionalmente está obligado a combatir delitos federales como el narcotráfico y sus consecuencias: muertes, desapariciones, secuestros y extorsiones que sufren los habitantes de cada entidad.

Las acciones aparatosas de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, o de Nazario Moreno, El Chayo, no ha variado en lo mínimo la geografía de poder del crimen organizado en México, comprobando la afirmación de que nada vale cortar las cabezas de las bandas criminales porque saldrán otras nuevas.

Peña Nieto no ha sido capaz de ir a la raíz del problema que está en la parte política, en los gobernadores, legisladores, funcionarios públicos, militares, banqueros e inversionistas involucrados en las bandas criminales de manera directa o como lavadores de dinero.

Y mientras el Ejecutivo priista sigue vendiendo su imagen de triunfador y reformador de México, pueblos, comunidades y ciudades enteras continúan sufriendo el reino de terror impuesto por el crimen organizado, que sigue y seguirá creciendo en un terreno abonado por la corrupción y la impunidad del gobierno en turno.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.

Los políticos “estamos indefensos ante el narco”: líder del PAN en San Lázaro

MÉXICO, D.F. (apro).- Después de difundirse la fotografía en la que aparecen el empresario Germán Goyeneche Ortega, presunto operador financiero del capo Héctor Beltrán Leyva, y el diputado federal del PAN, Ricardo Villarreal García, el coordinador de los legisladores panistas, Isabel Trejo, sostuvo que “la criminalidad tiene un altísimo poder corruptor y penetrador de las instituciones públicas… y quienes andamos en cargos estamos indefensos”.

“Creo que todos los que estamos en la vida pública y andamos en cargos, como el del diputado federal, y que somos candidatos, estamos expuestos a que mucha gente esté en los eventos, acuda; es difícil que uno pueda a saber cuántas personas tienen una intención clara y cuántas personas no la tienen, y realmente uno está indefenso ante el ascenso o el acercamiento de personas que uno no conoce”, justificó Trejo luego de que el propio Villarreal aclarara que se trató de un acto público, y de ninguna manera un “encuentro privado” entre él y el operador de El H.

Isabel Trejo también dijo que Ricardo Villarreal explicará a su partido de forma “más detallada” el evento en el que participó y al que asistió el operador de “El H’.

“Ahí uno tiene que ser cuidadoso porque siempre está uno sujeto a presiones y a personas de todo tipo, que no conoce uno, y uno siempre actúa de buena fe. Sin embargo, cuando se entra a un cuadro y a un contexto de esta naturaleza, la autoridad es la que tiene que coadyuvar a conocer la verdad y las intenciones de estas personas”, añadió.

Isabel Trejo sustituyó en la coordinación del PAN a Luis Alberto Villarreal García (hermano de Ricardo) luego de que el segundo asistió a una fiesta en Puerto Vallarta, Jalisco, organizada por otro personaje vinculado al narco, Edelmiro Sánchez Hernández, encerrona a la que también asistió el actual líder de los panistas en San Lázaro.

Según el diario Reporte Índigo, medio que reveló la fiesta motivo del escándalo, Edelmiro Sánchez fue detenido por narcotráfico en 2004 e involucrado en el homicidio del panista Hernán Belden, perpetrado en 2012 en Nuevo León.

Del evento en el que participó Ricardo Villarreal García, el coordinador panista comentó: “Yo digo una cosa y la sostengo, la criminalidad tiene un altísimo poder corruptor y penetrador de las instituciones públicas, pero también de las vidas privadas y de las empresas, de la sociedad en su conjunto. Sus representantes son altamente corruptores y poderosos”.

Entonces, agregó, “muchos ciudadanos, políticos y empresarios, quedamos indefensos ante su iniciativa, porque no sabemos qué es lo que realmente tienen”.

Luego ejemplificó con el caso del perredista José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, quien solicitó licencia y ya se le investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado:

“Si el alcalde de Iguala también está siendo sometido presuntamente por la delincuencia y lo obligan a usted, con plata o con plomo, a incursionar, entonces sería muy injusto hacer un señalamiento a la acusación (de que está involucrado en el narcotráfico). Hay que ser muy cuidadoso, pero para eso están las instancias judiciales. Uno no puede investigar por sí mismo”, atajó.

A su vez, el diputado Ricardo Villarreal rechazó ser amigo de Germán Goyeneche, aunque sí aceptó que lo conoce, “como a todo empresario que invierte en San Miguel de Allende”, Guanajuato.

No obstante, dijo estar dispuesto a declarar antes las autoridades, pues el panista insistió en que la foto donde se le captó con el operador de El H se trató de une acto público.

El diputado del PAN detalló que la fotografía fue tomada el pasado lunes, y que él mismo la subió a su cuenta de Facebook, pues se trató de un evento de cámaras empresariales al que fue invitado como orador principal.

“Fue el pasado lunes a las siete de la noche. No era una reunión secreta sino un evento público con cerca de 80 empresarios del municipio”, abundó.

También destacó que el acto fue organizado por el Consejo Empresarial de San Miguel de Allende, “donde estaban distintos colegios, cámaras, empresarios, sobre todo de la construcción, y dueños de desarrollo inmobiliarios”.
Luego comentó que el empresario y también operador financiero de Héctor Beltrán Leyva es conocido tanto en San Miguel de Allende como en Querétaro.

“Es una persona que todo mundo conoce como un empresario, y si él tiene vínculos con Beltrán Leyva, pues será un tema que tendrá que decir ante la PGR”, reconoció Ricardo Villarreal.

Además dijo que Germán Goyeneche es “propietario o socio” del club hípico en San Miguel de Allende, que se llama Otomí; “de hecho, el club fue inaugurado por el presidente municipal Mauricio Trejo hace algunos meses, sobre todo porque hacen eventos ecuestres muy importantes a los que va gente de todo el país”.

Más aún, el diputado panista admitió que “lo conozco, como a muchos empresarios, pero no tengo una amistad con él en lo personal”.

Por cierto, el alcalde Mauricio Trejo llegó al cargo bajo las siglas de PRI y PVEM.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.