En un comunicado, subrayó que el Estado tiene la obligación esencial “de proporcionar paz y tranquilidad a todos los mexicanos”. No obstante, añadió, en los últimos años hemos visto en las manifestaciones muchas y variadas expresiones de violencia.
“Lo peor que puede ocurrirnos es acostumbrarnos a ese clima de inseguridad, pues el resultado nos llevaría a la ruptura del tejido social y a la anulación del estado de derecho”, apuntó un día después de la liberación de 11 personas detenidas el pasado 20 de noviembre, durante las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La CNDH demandó a las autoridades la rigurosa aplicación de las leyes. “Pero si sus cuerpos de seguridad se extralimitan, la actuación y decisiones de éstos pierden fuerza y caen en la ilegalidad. De ahí la necesidad de que estén debidamente capacitados y actúen siempre con la ley en la mano, para que no se repitan nunca más actos de anarquía y barbarie como los que se han presentado en tiempos recientes”.
Precisó que conocer y documentar los hechos ocurridos el pasado 20 de noviembre “es un paso importante para lograr que nunca más el ejercicio de la función pública vaya por un camino distinto al de la ética. No hay razón alguna, ni siquiera de Estado, que pueda estar por encima del estado de derecho”.
De acuerdo con el organismo, la violación de garantías jurídicas y el aplastamiento de los más elementales derechos no son la estrategia ni el camino para combatir la violencia, y tampoco puede aceptarse que quienes cometen atrocidades queden impunes.
“Existe en la sociedad un rechazo a la impunidad y a toda expresión de abuso de poder, independientemente de cuál sea su razón u origen. Y ello exige una respuesta clara, amplia y satisfactoria por parte del Estado”, sostuvo.
Asimismo, destacó que cuando la vida humana y la dignidad básica de las personas “son aplastadas y vulneradas, esgrimiendo el falso argumento de la seguridad de Estado, sólo el rescate de la ley y su correcta aplicación pueden devolver la confianza en las propias instituciones creadas a su amparo”.
Advirtió que la CNDH continúa la integración del expediente de queja por los hechos ocurridos el 20 de noviembre, “donde estuvo en todo momento al lado de las personas que fueron detenidas, a cuyos familiares les proporcionó orientación jurídica y acompañamiento.
También señaló que lleva a cabo la valoración de los informes de sus visitadores, así como de lo obtenido por sus abogados y peritos médicos que se entrevistaron con las personas remitidas a penales federales, y sus correspondientes declaraciones.
Ayer, el titular del juzgado 17 del Poder Judicial Federal, Juan Carlos Ramírez, dictó auto de libertad en favor de los 11 detenidos por la policía el 20 de noviembre, “por falta de elementos para procesarlos”.
A las 10:30 horas, los familiares y diplomáticos de Chile recibieron la resolución que determinó la libertad de los 10 mexicanos y un chileno “por pruebas insuficientes para acreditar en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de lesiones (y) asociación delictuosa”, de los que los acusó la Procuraduría General de la República (PGR).
El resolutivo benefició al chileno Laurence Maxwell Ilabaca y a los mexicanos Atzín Andrade González, Hugo Bautista Hernández, Juan Daniel López Dávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán (o Issac Domínguez Ayala). Asimismo, a Tania Damián Rojas, Hillary Analí González Olguín y Liliana Garduño Ortega. Estas últimas internadas en una prisión de alta seguridad en Tepic, Nayarit.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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