martes, 9 de diciembre de 2014

Defienden a Rosales

Organizaciones pro derechos humanos aseguran que el abogado de los normalistas ha sido fundamental para oponerse a la impunidad y el abuso de poder en la región.

Al menos 19 organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron que el Gobierno Federal utilice recursos públicos para debilitar el movimiento de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Ayer, Reporte Índigo publicó la información “Ficha Cisen a abogado de normalistas”, en la que se documenta una investigación que califica a Vidulfo Rosales y otros activistas como factores radicales del estado de Guerrero, debido a sus supuestos vínculos con grupos subversivos.

“En relación con la nota de Reporte Índigo (…) las organizaciones abajo firmantes lamentamos las acciones del Gobierno Federal a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para investigar a quienes defienden los derechos humanos y descalificar su trabajo tildándolos de peligrosos para la gobernabilidad”, puntualiza el comunicado.

El pronunciamiento destaca la trayectoria de Rosales como abogado y de Abel Barrera como director en la defensa de los derechos humanos.

“Ha sido fundamental en la región para oponerse a la impunidad y el abuso de poder desde hace años. Reprobamos el intento del Gobierno Federal para desacreditar y hostigar el trabajo de defensa en este contexto de profundo riesgo debido al acompañamiento a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014”, agrega.

El documento firmado por las organizaciones Artículo 19, Asociadas por lo Justo (JASS), Casa del Migrante de Saltillo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Fundar, entre otras.

Las organizaciones exigen al gobierno que esclarezca la información que se ha dado a conocer y que brinde garantías para que quienes integran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” puedan ejercer con absoluta seguridad y libertad el derecho a defender los derechos humanos. 

A decir de los activistas, desde hace un mes organizaciones de la sociedad civil denunciaron que las declaraciones del gobernador interino de Guerrero aumentaban los niveles de riesgo de los defensores de derechos humanos en ese estado y descalificaban el trabajo de la organización “Tlachinollan”.


De acuerdo con documentación en poder de Reporte Indigo, no solo los integrantes de “Tlachinollan” y otros activistas fueron fichados,  también se investigó a sacerdotes de la iglesia católica, según se dio a conocer en la edición “Predican la insurgencia”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: ICELA LAGUNAS.

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