lunes, 15 de diciembre de 2014

Congreso sólo hará “observaciones” a deudas de los estados

Quedará en manos de los diputados locales la responsabilidad de autorizar pasivos a sus gobernadores.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda avalaron por 12 votos a favor y uno en contra, la minuta de la Cámara de Diputados, que reforma la Constitución en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

El proyecto de dictamen reforma el párrafo cuarto de la fracción octava, del artículo 73 constitucional, en el cual se considera la intervención del Congreso de la Unión, a través de una Comisión Bicamaral, con atribución para analizar la situación de los estados que tengan una posición elevada de endeudamiento y requieran la garantía federal para contratar empréstitos, y a su vez emitir la opinión que estimen correspondiente con respecto a un plan de ajuste planteado por un estado de la Unión al gobierno federal.

La propuesta considera que la integralidad del sistema propuesto en materia de atribuciones en el ámbito federal y de los estados, requiere la intervención de una Comisión Bicamaral del Congreso.

Se precisó que este es el único artículo a discusión, debido a que el resto de la propuesta ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, dijo que a través de esta reforma se plantea que sea una Comisión Bicamaral la que tenga a su cargo el segmento de estudio y análisis de este tema, para lo cual podrá solicitar información, hacer recomendaciones y formular observaciones.

Explicó que el proyecto –inicialmente analizado, discutido y votado en la Cámara de Senadores– se remitió a la Cámara de Diputados, en donde se dio la reserva de un solo artículo, del cual se acaba de dar cuenta.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna expresó que la reforma es positiva porque establece como principio que el Estado mexicano debe respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera. Indicó que amplía las facultades del Congreso para legislar la forma como el Ejecutivo otorgará garantías a los estados y municipios, “ya no de forma discrecional”.

También se faculta al Congreso para establecer las bases de cómo los estados, municipios y el Distrito Federal puedan endeudarse y se ponen límites para comprometer un porcentaje determinado de participaciones federales en deudas u otro tipo de obligaciones, y se instaura un sistema de alertas para enviar señales de sobre endeudamiento en algún municipio o entidad.

El presidente de la Comisión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez, mencionó que es importante fortalecer la facultad de fiscalización del Congreso, a través de esta Comisión Bicameral integrada de manera paritaria, donde sean los legisladores quienes hagan el seguimiento de los manejos indebidos o irregulares de las deudas en estados y municipios.

Estamos llegando a un buen término y esperemos que ahora sí esta Comisión Bicameral cumpla la función fundamental de vigilar la fiscalización, el seguimiento del manejo de los recursos públicos que se contratan como deuda, los términos de su contratación y el destino de estos recursos, que en todo caso deben ser única y exclusivamente para inversión productiva y de ninguna manera para gasto corriente, concluyó.

En tanto, el senador de Acción Nacional, Luis Fernando Salazar Fernández manifestó que esta facultad concedida al Congreso para legislar en materia de endeudamiento de estados y municipios, “no resulta suficiente”, pues era necesario que a través de la Comisión Bicameral no sólo se objetara, sino que también sancionara a los estados.

Sin embargo, existen grandes avances en relación a la rendición, transparencia, y a los proceso de endeudamiento; “que finalmente le van a dar claridad a las finanzas del país”.

El también senador del PAN, José María Martínez Martínez dijo que esta es una Comisión Bicamaral “sin dientes y de mera opinión, pues no contiene lo que se ha planteado por algunos de nosotros, con motivo del endeudamiento”.

Vamos a seguir insistiendo en que debemos perfeccionar esta minuta para poder darle dientes al Congreso de la Unión y que sí haya verdaderamente una responsabilidad, no solo en la parte legislativa, sino también en la parte financiera por parte de los estados y municipios de la federación, manifestó.

El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz dijo que la solución a este problema no es de corrupción y ni de las coincidencias electorales y políticas, sino que se encuentra en el federalismo fiscal, en distribuir los recursos adecuadamente “y no estarle echando a los estados toda la carga, para después ayudarlos”.

Creo que es una medida brutalmente antifederalista y pone en riesgo a los estados de la República, porque implica una interferencia absoluta a los estados, puntualizó.

Algunos cambios:

-El Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal vigilarán la deuda que contraten las entidades federativas y los municipios, con el fin de evitar la generación de crisis financieras que impacten al resto del país.

-Incluyen un Sistema de Alertas, la supervisión de una Comisión bicamaral y la vigilancia de la Secretaría de Hacienda cuando la Federación respalde el empréstito.

-La reforma prohíbe a los estados y municipios contratar deuda a tasas caras o destinarla al gasto corriente.

-Se ordena a la Cámara de Diputados y al Senado crear leyes que formen el Registro Público Único de la deuda de estados y municipios y responsabiliza a los servidores públicos por el manejo de recursos y la deuda pública.

-El “Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”.

-Plantea que el Congreso también tendrá facultades para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, “que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal”.

-Advierte que “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante emergencia declarada por el Presidente de la República”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

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