MEXICO, D.F: Por mayoría de votos, y en medio de un agrio debate sobre la responsabilidad del gobierno federal en la crisis de Guerrero, el pleno del Senado declaró improcedente la petición de la desaparición de poderes en esa entidad, solicitada por el PAN, al considerar que no se reúnen los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76 de la Constitución.
El dictamen de la Comisión de Gobernación enunció las gestiones realizadas por el grupo de senadores designados para investigar las condiciones de la entidad.
Ese grupo fue integrado por Fernando Yunes Márquez, del PAN; Benjamín Robles Montoya, PRD; Carlos Puente, PVEM; la senadora Mónica Arriola, del Panal, y el priista Omar Fayad.
Durante el debate –que extrañamente no fue transmitido por la señal del Canal del Congreso– los legisladores derivaron la discusión sobre la situación generada tras la aprehensión del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la crisis nacional detonada por la desaparición de los 43 normalistas.
La senadora del PRD, Dolores Padierna, afirmó que la desaparición de los 43 normalistas y el asesinato de otras seis personas ese 26 de septiembre en Iguala se pudieron evitar, pero los gobiernos federal y estatal “no atendieron las señales de alarma que sus propias cifras les daban”.
“La impunidad fue el preámbulo de la barbarie en Iguala. Estamos frente al fracaso de un modelo que ha sometido al país al poder de los criminales”, afirmó la vicecoordinadora de la bancada perredista, quien también recriminó al presidente Enrique Peña Nieto que, “frente a la tragedia, siga ofreciendo montajes mediáticos con fotografías para un Pacto dos”.
La senadora del PT, Layda Sansores, exigió la renuncia de Peña Nieto e hizo un llamado para que no se desvíe la atención en el punto fundamental: la desaparición y localización de los 43 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos.
Sansores insistió en que la crisis de Guerrero no es un asunto solamente local. “Hay responsabilidades también de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, del Cisen, en suma, de todo el gabinete de seguridad, incluido el Ejército que conoce a milímetro el estado de Guerrero y sabe qué pasa en tiempo real”. “¿Para qué 130 mil millones de pesos al combate a la inseguridad?”, reprochó Sansores.
También el senador panista Javier Corral argumentó sobre la situación de Guerrero y criticó el dictamen de la Comisión de Gobernación, debido a que no sólo se trataba de verificar si los servidores públicos de esa entidad “se encuentran en sus despachos” sino que realicen el desempeño de las funciones, como lo señala la Constitución.
Corral afirmó que la violencia de Guerrero no es privativa de esa entidad. Está presente en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.
“La ola de violencia en el país es un tema de responsabilidad federal. Hay incompetencias y complicidades criminales en varias dependencias de la Federación”, sentenció.
La senadora del PRI, Graciela Ortiz, afirmó que la crisis de Guerrero no debe ser motivo “para tener un aprovechamiento de tipo político o electoral”, y consideró que estamos ante un hecho “que nos muestra con crudeza que la desigualdad en el país sigue siendo el origen de nuestros problemas”.
El senador por Morelos, Fidel Demédicis, del PRD, afirmó que el origen del problema es la pobreza y el hambre que enfrenta la población.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
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