En rueda de prensa para relatar la humillación de que fue víctima el jueves 13 cuando fue echada por órdenes de Moreno Valle de la sede del VI Congreso Mundial de Infancia, a pesar de ser invitada por congresistas de distintos países, Elia Tamayo exigió que el castigo para los responsables de la muerte de su hijo de 13 años no quede sólo en los policías que participaron en el operativo del 9 de julio, también que alcance a Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública de Puebla.
Con lágrimas, Tamayo Montes narró cómo fue expulsada del Centro Expositor y las agresiones que ha sufrido la comunidad de Chalchihuapan, donde “no podemos ni dormir” por el temor a las incursiones policiacas, como la registrada el 18 de octubre, cuando cinco residentes fueron violentamente capturados y acusados del homicidio de José Luis.
Tamayo Montes también reclamó que Moreno Valle “haya ido a la comunidad en busca de votos y ahora me haya arrebatado a mi hijo”, acción por la que continuará buscando el castigo a los responsables del crimen.
“Pido justicia contra Facundo Rosas porque no es posible que todo quede en una amonestación y regaño, cuando él lleva a inocentes a la cárcel, donde les imponen altas multas”, sostuvo la madre de José Luis.
Junto con sus representantes, Tamayo Montes respaldó los señalamientos de Misraím Hernández Fernández, dirigente del Contingente Puebla, quien pidió al ombudsman nacional revisar el cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 y utilizar las facultades de la CNDH para llamar a comparecer al gobernador Moreno Valle ante el Senado.
Luego de calificar de “tibio” el reporte emitido por el anterior ombudsman Raúl Plascencia, debido a que no identificó a fondo la responsabilidad de Rosas Rosas, Misraím Hernández destacó que no ha sido acatada la recomendación, por lo que urgió a González Pérez a presentar un reporte sobre el caso.
El representante de la familia Tehuatlie Tamayo y demás afectados por la represión del 9 de julio señaló que explorarán las vías jurídicas para que la reparación del daño se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos.
“Vamos a agotar todas las instancias locales y, de ser necesario, recurriremos a las instancias internacionales para alcanzar la justicia”, dijo Hernández Fernández, quien también fue expulsado del Congreso Mundial de la Infancia el jueves pasado.
Araceli Bautista, de la comunidad de Chalchihuapan, denunció que policías estatales acosan y hostigan a habitantes de su pueblo y que en la incursión del 18 de octubre varios niños resultaron heridos.
Al recordar que, de cinco detenidos, tres fueron liberados luego del pago de fianzas de más de 40 mil pesos, Bautista aseguró que en Chalchihuapan se vive un clima de terror y miedo, al grado de que en los noches los niños preguntan “¿a quién van a desaparecer ahora los policías?”.
A la conferencia acudieron los activistas Jesús Robles Malof, del Contingente MX, y Daniel Gershenson, de Alconsumidor, y Alan Jiménez, quienes dieron a conocer mensajes de apoyo de organizaciones internacionales y de expertos en derechos de la infancia.
Los activistas responsabilizaron a Moreno Valle de la seguridad de los denunciantes, después de asegurar que el gobernador se ha distinguido por sostener una política represiva contra luchadores sociales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
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