martes, 11 de noviembre de 2014

Pactan gobierno y politécnicos crear comisión redactora de acuerdos

MÉXICO, D.F: Entre fricciones, este lunes se reanudaron las mesas de diálogo entre el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el gobierno federal.

Al amanecer del encuentro, el subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano, anunció que el gobierno federal tenía propuestas de acuerdos para nueve de los once puntos a discutir para que fueran consultados por las asambleas locales del Politécnico.

En un recuento, los funcionarios dieron lectura de las iniciativas en los siguientes temas:


  1. No represalias contra los participantes del movimiento estudiantil del IPN y la instauración de una defensoría politécnica de derechos individuales y colectivos de la comunidad politécnica;
  2. La no incorporación al sistema nacional de bachillerato y la reforma integral de la educación media superior de las vocacionales del IPN, en lo presente y en lo posterior;
  3. Organización del Congreso Nacional Politécnico (CNP), que comprenda a toda la comunidad del instituto, cuyos representantes emanen de elecciones públicas mediante voto secreto en cada plantel, bajo su propio escrutinio;
  4. Que el titular del Ejecutivo federal incluya en la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 un incremento en el gasto a la educación pública correspondiente a 767.4 mil millones de pesos, lo que implicaría un incremento de 4.5% respecto del periodo 2014, con 88 mil millones para ciencia y tecnología;
  5. Que el Ejecutivo garantice jurídicamente y por escrito que no habrá injerencia del nuevo Instituto Tecnológico Nacional en el IPN;
  6. El gobierno federal se comprometió a presentar una investigación, denuncia pública y seguimiento respecto de los autores intelectuales y materiales de los grupos y organizaciones (porriles) que violenten y atenten en contra de la comunidad politécnica, así como la imagen e infraestructura del IPN;
  7. Sustitución de la Policía Bancaria dentro del Instituto por un órgano interno dependiente del sector administrativo del IPN con la única facultad de garantizar la seguridad de la comunidad politécnica y su patrimonio institucional;
  8. Cancelación de las remuneraciones vitalicias a los exdirectores generales del IPN y asignación de esos recursos a becas a favor de sus estudiantes;
  9. Recalendarización de clases para prorrogar trámites y actividades académicas que hayan sido afectados por la suspensión de actividades.


Luego de monopolizar la palabra, violación a los acuerdos de la mesa que exasperó a los estudiantes, los funcionarios dejaron pendiente la designación de un director general que diera cauce jurídico a las propuestas, y exigencia de los estudiantes, condicionada al levantamiento del paro y la reanudación de las clases.

En respuesta, la Asamblea General Politécnica (AGP) exhibió el incumplimiento de la palabra del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, reproduciendo en el sonido del auditorio Alejo Peralta el compromiso público que éste hizo en una comparecencia ante los medios de comunicación el jueves 23 de octubre:

Ante la mirada atónita de los funcionarios, se escuchó la voz del titular de la SEP: “Estamos en la posibilidad de nombrar al director el martes (28 de octubre), sentándonos en la mesa (de diálogo), de suerte que ya no haya pérdida en la realización de un sinnúmero de trámites que quedaron suspendidos en el IPN.

“Usted conoce por el documento los temas que vamos a tratar en la mesa. Algunos no se pueden llevar a cabo si no hay director. (…) Para ello es necesario el director. Si no hay director no puede pasar nada de esto”, dijo entonces el secretario Chuayffet respecto de la resolución del conflicto.

“Esa es la voz que él (Chuayffet) había mandado. No sabemos por qué no se respeta si es el jefe de la mayoría de ustedes”, argumentó el estudiante Enrique Hernández:

Los jóvenes insistieron en que hablar de recalendarización y planes y programas de estudios, temas torales del conflicto, no será posible sin la presentación del director general.

“¿Qué ocultan? ¿A qué le temen? ¿Por qué no hay director?”, preguntaron al gobierno.

La AGP prosiguió a leer sus propias propuestas, encontrando diferencias principalmente en los temas de violencia al interior del IPN, la no injerencia del Instituto Tecnológico Nacional y los ingresos de funcionarios en el instituto.

“Sabemos que las organizaciones porriles tienen vínculos con el gobierno y partidos políticos”, señaló César López, a lo que su compañero Juan Héctor Hernández complementaría en el rubro de las no represalias:

“Si han asegurado que no habrá represalias, entonces por qué varios de nosotros seguimos recibiendo amenazas telefónicas. Por qué todavía hay camionetas que nos rondan en las escuelas y nos siguen cada que salimos. Tenemos memoria histórica del 68, del 71 y del 99. Y debido a lo antes mencionado nuestra confianza hacia ustedes es incompleta. Porque no es posible que ni con toda la fuerza del Estado puedan encontrar a 43 compañeros estudiantes. No queremos ser el 44. Es por eso que exigimos la salida de estos porros inmediatamente”, dijo enfático.

Alejandro Osuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con las Entidades Federativas de Segob, rechazó, a nombre del gobierno federal, la participación de éste en el patrocinio de los porros, así como cualquier vinculación con los mismos.

Respondió el alumno Pedro Cruz: “Hace falta más que buena voluntad. Sabemos que es un gobierno que se ha valido del crimen organizado para amedrentar estudiantes. Por eso no confiamos”, dijo, para luego entregar evidencias de la organización de las agrupaciones porriles en la institución.

Los jóvenes reclamaron que nueve exdirectores del IPN percibieran pagos de 95 mil 354 pesos mensuales, cifras sin actualizar de 2011, mientras que la recién destituida Yoloxóchitl Bustamante tenía un sueldo de131 mil 959 pesos mensuales.

El funcionario de la SEP, Raúl Lara, respondió: “Ninguno de ellos está violando ninguna norma, porque es norma vigente. Sólo señalar mi pena, porque una comunidad que defenestra así a quienes en algún momento la hicieron, debe verse hacia adentro”.

Zamantha López lamentó la postura: “A lo mejor los funcionarios no lo saben pero un estudiante en el IPN aspira a una beca de 750 pesos mensuales, el 36% del salario mínimo. Alcanza para comer una vez al día en los comedores del IPN. La exigencia no es dinero para unos cuantos, es para toda la institución”, dijo la estudiante, para después solicitar una auditoría al IPN.


Al final, ambas partes acordaron formar una comisión de redacción que homologara en un documento las coincidencias en cada uno de los nueve temas abordados, que serán discutidos nuevamente el miércoles 12 a las diez de la mañana, para presentarlos ante la comunidad politécnica y continuar la mesa de diálogo el viernes 14, con la exigencia estudiantil de que esté presente el nuevo director del Instituto Politécnico Nacional.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SANTIAGO IGARTÚA.