En entrevista para Aristegui CNN, Eduardo Castillo, editor de la agencia de noticias AP, señala que “el punto no es si eran delincuentes o no, el punto es que necesitaban ser llevados a la justicia”.
El periodista contó que se decidió que fuera un equipo a entrevistar a personas en San Pedro Limón, donde “pudieron pasar a la bodega que no estaba resguardada por nadie”.
Allí, encontraron que la escena no mostraba elementos de una batalla prolongada.
“A falta de más información lo que se trató de hacer era describir lo que pasó ahí; boquetes en las paredes con manchas de sangre, eso fue lo que se reportó (AP) en un principio”, indicó.
“El Ejército no respondió nuestras solicitudes de información sobre las necropsias, donde tiene que estar detallado cómo es que mueren las personas; la Procuraduría del Estado de México reservó esa información por 9 años; la PGR dijo que no tenía esa información”, refirió.
Por su parte Pablo Ferri, reportero de Esquire, cuenta cómo llegó con Julia, una de las tres testigos de los hechos, en los que su hija fue asesinada.
El punto de partida para dicha revista fueron declaraciones del alcalde de Arcelia -junto a Tlatlaya- quien dice que uno de los muertos es una niña, que se llamaba Érika y por ahí siguieron las pistas.
“En el momento que nosotros conseguimos un par de contactos en la zona, viajamos… hablamos con gente del MP en Arcelia… damos con un vínculo directo con esta mujer, preguntamos: ¿creen que podamos hablar con ella?”, expuso.
Al llegar a Julia, da testimonio de que no ocurrió un enfrentamiento con militares en Tlatlaya, sino que hubo un enfrentamiento, pero en ese sólo murió 1 persona, y después “los fusilan a todos” (21 personas).
Ella da una naracción muy pormenorizada, lo que les dio mucha confianza en lo que estaba diciendo; “da tantos detalles que tienes que tenerlo en cuenta, describe el asesinato de su hija delante suyo, cómo dice que primero le alcanzan la pierna (a balazos) y cómo luego delante suyo, la voltean, le disparan, fin de la historia… 15 años cumplía en enero”.
Adelantó que en Esquire publicarán una reconstrucción del viaje del cuerpo de Érika, desde que muere el 30 de junio, hasta el viernes siguiente, y con ello darán los detalles del caso.
Ferri refirió que a las testigos las presionaron para que dieran una versión de los hechos que les convenía a los militares.
“Nos parecería sospechosa cualquier declaración que se filtre (de las testigos)… expresiones tipo ¿en qué habíamos quedado?, de una funcionaria de la Procuraduría del Estado de México, o eso no sirve“, le habría comentado a las testigos.
En tanto, Castillo puso en la mesa la reciente que información que difundió la agencia, dando seguimiento al tema.
Y es que los militares involucrados en esta matanza, pertenecen a un batallón con historial de incidentes, reveló la agencia AP.
El oficial y siete soldados pertenecen al 102 batallón de infantería de la 22 Zona Militar, en San Miguel Ixtapan, en el suroeste del Estado de México.
Aquí parte del historial, que recopiló AP:
-En diciembre 2013, algunos de los integrantes de dicho batallón balearon a cuatro empleados del municipio de Arcelia, Guerrero, incluido el director y el subdirector de transporte municipal, mientras conducían en un camino rural de regreso de un campo de tiro.
-Según documentos oficiales citados por el diario Reforma, durante 2010 y hasta principios de 2011, soldados del batallón fueron acusados de recibir dinero para que informaran a La familia de las operaciones de ese cuerpo militar. Seis elementos, incluidos dos oficiales, fueron acusados formalmente.
Eduardo Castillo apunta que aún hay dudas del caso, por ejemplo los nombres de los 22 ejecutados, “no sabemos oficialmente a qué grupo (delincuencial) pertenecían exactamente”.
“Yo digo que esta es un elemento clave de la política del gobierno actual en términos del compromiso de derechos humanos… el punto no es si eran delincuentes o no, el punto es que necesitaban ser llevados a la justicia”, concluyó Eduardo.
Ferri recordó el informe de la ONU en el que decía que el Ejército no debe hacer tareas de la policía; y que cualquier batallón vinculado a violaciones de derechos humanos debe ser juzgado por la autoridad civil, en este caso lo que está haciendo ya la PGR.
El martes, el procurador Jesús Murillo Karam -semanas después de lo publicado por AP y Esquire- habló sobre este caso: “Realizamos una serie de pruebas periciales; hemos hecho una serie de diligencias y de interrogatorios en los que nos queda claro que en un primer momento, efectivamente, como lo señalan prácticamente todos los participantes que pueden declarar, hubo un enfrentamiento entre el personal militar y un grupo de delincuentes, hoy podemos decirlo con toda claridad, que se encontraban al interior de la bodega, el cual duró aproximadamente de ocho a 10 minutos”.
“Sin embargo, al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres de los elementos militares, uno se quedó afuera porque estaba herido, el Teniente porque lo estaba asistiendo, el chofer, porque él lo era, y los otros tres entraron y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna. Ante ello, quiero decirles que la Procuraduría General de la República, ha tomado la determinación de culminar la averiguación previa con una acusación de homicidio en relación a los tres participantes que dispararon, según las pruebas periciales que hemos podido detectar, independientemente de que ya la Secretaría de la Defensa les está siguiendo los proceso militares que corresponden a los ocho por el desacato, las fallas a la Ley Militar, a la de disciplina y desobediencia”, abundó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.
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