Ocho integrantes de la organización Desarma México interpusieron una denuncia para que se investigue el operativo ‘Rápido y Furioso’, a través del cual se introdujeron armas a México desde EU; el tema sustancial es provocar que la PGR investigue este caso de forma seria, sólida, desde el punto de vista técnico-jurídico, con todas las condiciones del Ministerio Público; y se determine si funcionarios mexicanos del gobierno federal, en la administración de Felipe Calderón, tuvieron qué ver con la introducción de armas -con el fin de seguirles la pista a las bandas delincuenciales-, expuso el abogado Gonzalo Aguilar Zinzer.
En entrevista para Aristegui CNN, el miércoles por la noche, el litigante indicó que si se investiga, un número muy elevado de funcionarios que está seguro que estuvieron involucrados en esto, serán evidenciados y por lo tanto la sociedad civil habrá triunfado.
Explicó que Desarma México es un proyecto que surgió hace dos años, con el impulso del académico Sergio Aguayo, cuando “me desgarró la información sobre la operación” que partió en EU.
“Formamos un equipo específico para ello e investigamos el tema a profundidad, después de dos años de una investigación con mucho rigor, de la preparación de un tema con mucha estructura y del propósito no sólo para presentar una denuncia, sino para crear conciencia en la sociedad civil ante un tema como este”, apuntó.
Se trata, pues, de un grupo de intelectuales, amas de casa, padres de familia, artistas, profesionistas, que “nos reunimos y nos incorporamos en una sola unidad para crear Desarma…, un proyecto para analizar el fenómeno del creciente y exponencial nivel de uso de armas en México, y encontrar las causas que lo generan y encontrar los medios que estos grupos tienen para obtenerlas”.
Cuando se hace público, a través de Wikileaks, el programa Rápido y Furioso, inició una investigación en el Congreso de Estados Unidos, apuntó.
Allí comparecieron funcionarios del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) quienes juraron decir verdad en los hechos.
Ellos involucraron a funcionarios mexicanos, por ejemplo en reuniones con miembros del gobierno de los Estados Unidos; se trata de funcionarios mexicanos de Presidencia de la Republica, de la Secretaría de Gobernación, el Cisen, de la PGR, de la Marina, de la Sedena y de la SSP, agregó.
“Ya con muertos, heridos, secuestrados, enfrentados y demás debía haber un mapeo de los hechos a través de las diligencia del levantamiento de las armas, diligencias que se practican en la investigación de los hechos para identificar los números de serie de las armas y sellos y las claves que les pusieron desde los Estados Unidos y saber que pertenecían al programa Rápido y Furioso”, dijo sobre la operación.
Esa información es recogida a través de un procedimiento balístico, forense, a través de peritos, que levantan las armas, levantan los casquillos, que lo hace México o probablemente peritos que se trasladaron de los Estados Unidos.
Es decir, EU intervino en diligencias del Ministerio Público mexicano, en escenas del crimen, sólo con el propósito de levantar el mapeo del uso de las armas o, aún peor, que la autoridad mexicana obtuviera esa información balística y la remitiera a la autoridad de los Estados Unidos para el único propósito de seguir identificando las armas de Rápido y Furioso, comentó.
Del presidente Barack Obama para abajo y del presidente Calderón para abajo “no tenemos la menor duda de que hay funcionarios de altísimo nivel que tomaron la decisión, no te puedo decir qué funcionarios porque no sé pero la investigación nos lo va a proporcionar”, confió Zinzer.
La denuncia ante PGR:
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