martes, 7 de octubre de 2014

Caso Ayotzinapa: Ultimátum de la CIDH al gobierno de Peña Nieto

Activistas guerrerenses se encontraban en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aportar datos sobre el múltiple homicidio del 31 de mayo de 2013 en el que está implicado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, cuando policías municipales y un grupo armado arremetieron contras normalistas de Ayotzinapa y causaron seis muertes y la desaparición de 43 estudiantes. El viernes 3, una semana después de la agresión, el organismo interamericano emitió su resolución MC409-14, en la que da un plazo de 10 días al Estado mexicano para determinar la situación y paradero de esos estudiantes.

MÉXICO, D.F: Omisiones y complicidades graves de parte del gobierno del estado de Guerrero y del Congreso local, así como una criminalización sistemática de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, son algunos de los factores que derivaron en los ataques armados del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra los normalistas.

Así lo consideran los defensores de derechos humanos Vidulfo Rosales, Magdalena López y Éricka Zamora, además de la regidora igualteca Sofía Mendoza.

Las evidencias de que esos hechos graves –en los que intervinieron policías municipales y civiles fuertemente armados, con un saldo de seis muertos, una veintena de lesionados y 43 jóvenes desaparecidos– pudieron evitarse, provocaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El viernes 3, mientras el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava se reunía con 18 familiares de los estudiantes desaparecidos y sus abogados, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, notificó la decisión del organismo de atender la solicitud de protección urgente para los normalistas, formulada por organizaciones civiles el 30 de septiembre.

Sin notificación previa por considerar que los hechos son de suma gravedad –colocan a los estudiantes en “la máxima situación de irreparabilidad”–, en su resolución MC409-14 el organismo dio un plazo de 10 días al Estado mexicano para “determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal”, y para que “adopte las medidas necesarias” a fin de “proteger la vida e integridad de los estudiantes heridos” y presente avances la investigación del caso…

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1979 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ