El Dragonario: octubre 2014

viernes, 31 de octubre de 2014

Estas son las principales trabas que México pone a los migrantes que buscan refugio en el país

Falta de infraestructura y de personal cualificado en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), que no se garantice el debido proceso a los solicitantes de asilo, o el desconocimiento por parte de las mismas autoridades de la Ley sobre Refugiados, son algunas de las barreras que los migrantes que buscan refugio en México deben enfrentar.

La segunda vez que Arlen José huyó de Honduras guardaba en el bolsillo lo equivalente a mil pesos mexicanos y la cicatriz fresca de un balazo en el gemelo de su pierna izquierda.
Al momento de salir con lo puesto de San Pedro Sula, su ciudad natal, el hondureño de 18 años llevaba al menos dos meses recluido en su casa. Tenía pánico a dejarse ver por el vecindario, narra en entrevista con Animal Político en el albergue Tochán, en el DF, porque tras ser deportado de Estados Unidos –a donde migró en un primer intento- los mareros a los que había conseguido evadir unos meses antes para evitar ser reclutado a la fuerza lo esperaban para darle sentencia.

“A la Mara vos no le podés decir no”, dice el joven con una sonrisa cansada mientras se acaricia la aparatosa marca de la pierna, como si aún recordara el tacto frío del plomo abrasándole la piel.

Ahora Arlen está en México. Después de que en Estados Unidos le negaran ayuda para solicitar ante un juez la condición de refugiado –el abogado de oficio se encogió de hombros cuando el hondureño le argumentó que no podía ser deportado porque su vida corría peligro si regresaba a su país-, Arlen consiguió, gracias a la ayuda de activistas religiosos y a organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) le concediera asilo tras meses de trámites burocráticos.

Cuestionado si conocía las dificultades que enfrentan miles de centroamericanos para conseguir refugio, Arlen admite que es consciente de que su historia con un final feliz es una rara excepción en México, país que a pesar de su histórica imagen de lugar de asilo para las personas que huyen por algún motivo, no está abriendo la puerta. Al contrario, según las estadísticas de la COMAR, de las 4 mil 589 solicitudes recibidas en 2013 –la cifra se cuadriplicó en comparación con 2012, cuando se recibieron mil 296- sólo se aprobaron mil 134. Es decir, que apenas un 24.7% de las peticiones de refugio fueron aceptadas. El resto recibió la orden de ser expulsados de México y devueltos a las colonias de las que salieron huyendo.

“México está muy lejos de ese otro México de los años 80, cuando se hablaba de un país muy solidario con los refugiados. Ahora estamos viviendo retos muy fuertes de violencia, y sin embargo México no está a la altura. No está adoptando un grado de solidaridad mayor en relación a la violencia que se vive en Centroamérica, ni está teniendo en cuenta las necesidades de protección internacional que tienen tanto centroamericanos, como los mexicanos que migran a Estados Unidos”, expone en entrevista Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, organización de la sociedad civil que, junto con otras 150 organizaciones de 14 países de las Américas, presentó el pasado lunes 27 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento ‘Iniciativa Cartagena +30’; un estudio en el que las organizaciones exponen los avances y desafíos en materia de protección internacional en toda la región latinoamericana.

Cuestionada al respecto sobre cuáles son las principales trabas que enfrentan los migrantes para conseguir la condición de refugiado en México, Nancy Pérez resumen las siguientes:

1.- No se garantiza el debido proceso en los casos de solicitantes de asilo.

La directora de Sin Fronteras hace referencia a que, en muchas ocasiones, los solicitantes no tienen acceso a una entrevista cualificada para determinar si, en efecto, califica para poder optar a la condición de refugiado en México. Además, Pérez resalta la falta de intérpretes cualificados y la ausencia de abogados disponibles para brindar ayuda a los migrantes que, en su mayoría, acuden a las organizaciones de la sociedad civil como única alternativa.

Otra dificultad es que no se da atención adecuada o acompañamiento a las personas con discapacidades, o que tienen necesidad de atención psicológica.

“La falta de este tipo de atención durante el proceso de solicitud de asilo afecta la habilidad y confianza de la persona para contar su historia, y también puede impedir un buen conocimiento de las circunstancias del caso. Esto también está relacionado con el tipo de preguntas que se plantean en la entrevista, que no siempre permiten que la persona exprese todo su relato o se omiten situaciones de trauma y se desconoce la información del país de origen”, apunta la defensora de derechos humanos.

2.- Plazos cortos para solicitar asilo que dejan fuera a gente merecedora de protección internacional.

Las personas que solicitan asilo después de los 30 días hábiles, refiere la directora de Sin Fronteras, es muy difícil que accedan al procedimiento de refugio, ya que la COMAR les exige que justifiquen por qué no lo hicieron a tiempo. Y el hecho de que la persona diga que por desconocimiento, no se toma en cuenta.

3.- Falta de personal y de infraestructura en la COMAR.

En México solo existen 3 oficinas de la COMAR: en Tapachula (Chiapas), Acayucan (Veracruz), y en el DF.  “Sin duda, el personal que tiene la COMAR es insuficiente para la atención a este grupo de población, y eso se ve reflejado en el bajo número de solicitudes admitidas”, indica Pérez, que señala que además de que la COMAR tiene poca infraestructura, ésta se concentra en el DF, lo que obliga a los migrantes que están en el interior de la República a desplazarse a la capital para resolver su situación.

4.- Los migrantes desconocen que tienen derecho a solicitar asilo en México.

Para Nancy Pérez, el bajo número de solicitudes de asilo aceptadas por México también tiene mucho que ver con el desconocimiento de los migrantes de este derecho que México reconoce en el Capítulo 1, artículo cuatro, del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

“Hay que tener en cuenta que son muy pocas las personas que pueden acceder a este derecho, o que tiene contacto con alguna organización que le dice ‘mira, tú puedes solicitar asilo en el país’. El grueso de la población no lo conoce, porque las organizaciones tampoco pueden tener contacto con todos. Entonces, muchos se van con el flujo de tránsito sin saber que podían solicitar asilo en alguno de los países”, explica la activista.

5.- En el caso de menores migrantes no se garantiza el interés superior del niño, además hay agentes que no conocen la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

6.- No hay recursos de revisión efectivos, y se sigue deteniendo a las personas solicitantes en estaciones migratorias y eso desincentiva a la gente a permanecer en el trámite.

En cuanto a los recursos de revisión, Nancy Pérez señala la incongruencia de que sea la misma autoridad que niega el asilo -la COMAR- la que revise nuevamente el caso. Asimismo, recuerda que, de acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración de México, la presentación de un recurso administrativo o judicial contra la decisión de deportación o en este caso, de negativa de la condición de refugiado en primera instancia, trae como consecuencia la posibilidad de una privación indefinida de la libertad.

“Esto hace que las personas detenidas puedan estar hasta casi un año privadas de su libertad y que, a causa del encierro, procedan a desistir de su proceso de reconocimiento de la condición de refugiado por el impacto físico y emocional que tiene el encierro”, señala Pérez.


El discurso íntegro que la directora de Sin Fronteras ofreció en la sede de la CIDH en Washington, con motivo del 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, en el que presenta cuáles son los principales retos de México en materia de refugiados:

Palabras OSC Audiencia CIDH 2014 by http://www.animalpolitico.com:



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE.

El Estado se ha esforzado más en controlar a ciudadanos que a los policías: Álvarez Icaza

"Mientras más tiempo pasa es más grave", dijo el secretario de la CIDH sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero.

Además de que el Estado mexicano no quiere regular el uso de la fuerza, pone más esfuerzo por controlar a los ciudadanos que en tener control en sus policías, señaló el secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza. 

“Hay más esfuerzos del Estado mexicano por controlar a los ciudadanos a través de controlar las manifestaciones, que por controlar a las policías a través de leyes de uso de la fuerza”, dijo en entrevista para Noticias MVS primera emisión, en la que contó parte de lo sucedido en la primera audiencia de representantes del gobierno mexicano ante la CIDH, en Washington.

“Se habló por ejemplo, de la Fiscalía de la Pasado y cómo está pendiente todo el tema de los desaparecidos de la llamada Guerra Sucia; se habló de violaciones graves a los derechos humanos y los temas de impunidad, casos como las mujeres de Juárez, casos como los de Baja California, algunos otros; se habló de criminalización de la protesta, casos del Distrito Federal donde se han agredido incluso a defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o periodistas; en Puebla, lo que sucedió con la pérdida de vida de este joven, un niño de 13 años, y las limitaciones a las movilizaciones que se han hecho por una ley, o también en Quintana Roo, y también se habló del impacto de los temas en materia de la afectación al patrimonio biocultural de México por producto de los monocultivos como todo este tipo de temáticas”, abundó.

Expuso que en dicha reunión, surgió con mucha fuerza la voz de la sociedad civil; el momento que más cimbró fue cuando se pusieron de pie, “en un silencio que partía el ambiente, con letreros hacían saber su posición”, comentó en referencia a la protesta por los 43 estudiantes de Ayotzinapa que continúan desaparecidos.

Álvarez Icaza reconoció hechos dolorosos en el país, como lo sucedido en Iguala, pero también apuntó la masacre en Tlatlaya y lo ocurrido en Puebla, donde un niño perdió la vida por un proyectil de la policía.

“El tema tiene que ver justamente en cómo lograr que los procesos que tienen que ver con diseño del leyes o de gestión pública, enfrente esta herencia, o esta inercia, o estas prácticas tan dolorosas y que tanto desgarran el tejido social de nuestro país, que lo han llevado ya a un contexto de crisis de derechos humanos. Así se está viendo en el ámbito internacional”, indicó.

“Creo que no solamente en el ámbito internacional es visto así, me parece que en el ámbito nacional todos los focos rojos están prendidos en el tablero, porque lo que sucedió, y esa fue parte de mi presentación ayer, es que lo que sucede con estos casos, vincula con lo que sucedía en el sexenio anterior”, refirió.

“Habrá mucha indignación, habrá mucho dolor, pero tal vez no sorpresa. Ya se habían dado antecedentes de miles de desaparecidos, ya se había puesto en evidencia esa incapacidad para buscar a las personas, de manera que el reclamo de que esto sirva como un quiebre para que México despliegue la capacidad institucional, para evitar la desaparición forzada de personas, creo que surge con toda la fuerza en un reclamo de justicia y contra la impunidad“, consideró.

En 2011 -retrotrajo- policías estatales y federales dispararon contra estudiantes de Ayotzinapa. Todo esto en un contexto donde “no se regula el uso de la fuerza”.

Se debe “de poner un hasta aquí en este tipo de fenómenos que lleve de manera también muy principal a poner la lupa en los gobiernos estatales, porque ahí hay un enorme corresponsabilidad”, señaló.

“Una parte significativa de los atrasos pasa por los gobiernos estatales, las procuradurías locales, las policías municipales, y no veo honestamente que eso se esté atendiendo en la medida del agravio que pierde la población mexicana cuando servidores públicos locales cometen delitos como los que se han vivido en Iguala”, añadió. que sí hay que reforzar todas las capacidades y estrategias que está desarrollando el gobierno mexicano. Por supuesto se nos ha informado de los esfuerzos que están desplegando, no son pocos, y las detenciones que han hecho, las averiguaciones que han hecho, la cantidad de efectivos puestos, los peritos puestos, hay un ejercicio importante”, precisó.

El caso Iguala-Ayotzinapa es un momento de prueba para la capacidad del Estado; “mientras más tiempo pasa es más grave”, dijo. 

Por lo pronto la respuesta está en el aire: ¿dónde están los jóvenes?


Este fin de semana, la CIDH afinará la propuesta de asistencia técnica que dará al Estado mexicano en estos momentos.

VÍDEO:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Protesta en la sede de la Unión Europea por la desaparición de los 43 normalistas

Con retratos de normalistas desaparecidos, ciudadanos belgas y mexicanos, protestaron frente a las instalaciones de la Unión Europea (UE), en protesta por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala.

Con consignas de solidaridad y pancartas, los manifestantes colocaron una ofrenda de Día de Muertos.

En la protesta se leyó un manifiesto en el que denunciaron el contexto de violencia y la falta de compromiso de la UE con los derechos humanos en México y recordaron a las autoridades que en México no son sólo 43, sin o miles los desaparecidos.

También se exhibieron retratos gigantes con los rostros de los normalistas desaparecidos, realizados por el pintor Marcos Aranda, quien reside desde hace 20 años en Bélgica.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/31-10-2014/1156952.

Caso Ayotzinapa, sólo números y ningún avance en la investigación

La Presidencia de la República organizó una nueva conferencia de prensa en la que además de cifras dio detalles sobre la reunión que un día antes tuvo el presidente Peña Nieto con los padres de los normalistas. Destacaron dos: se dijo que el mandatario había sido "empático" con los padres y que era falso que sólo se les haya dado agua, porque "también hubo sándwiches".

La Presidencia de la República organizó este jueves 30 de octubre una nueva conferencia de prensa para presentar una larga lista de todo lo hecho en el caso Ayotzinapa, pero en la que no se reportó ningún avance en la investigación sobre el paradero de los normalistas ni se anunciaron nuevos arrestos.


Sólo hubo números: van 38 muertos en las fosas encontradas.

Y también detalles sobre la reunión que un día antes tuvo el presidente Peña Nieto con los padres de los normalistas. Destacaron dos: se dijo que el mandatario había sido “empático” con los padres y que era falso que sólo se les haya dado agua, porque “también hubo sándwiches”.
Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia, informó que el encuentro comenzó a la 1:45 pm y que habían participado, además de Peña Nieto, el titular de Segob, Miguel Osorio Chong; el Procurador Jesús Murillo Karam; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño: Monte Alejandro Rubido, titular del SNSP; Humberto Castillejos, consejero jurídico de Los Pinos; y Tomas Cerón, titular de la AIC, de la PGR.

A decir del vocero, durante el diálogo, Peña Nieto escuchó los reclamos y las preocupaciones de los familiares de los normalistas y respondió a cada una, resultando en “momentos particularmente duros”.

Sánchez Hernández confirmó que una segunda reunión con la comunidad de Ayotzinapa se llevará a cabo la próxima semana, cuando se tenga la nueva actualización informativa al respecto del caso.

La reunión que terminó durante la noche del miércoles se alargó por la redacción de la minuta de acuerdos.

Por su parte, Tomás Zerón Cerón de Lucio, titular de la AIC, dio un parte informativo de las investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas.

El titular de la AIC informó que para la búsqueda de 43 normalistas desaparecidos, se han desplegado 10 mil elementos y hasta el momento han sido detenidas 56 personas.

En conferencia de prensa indicó que, hasta el momento, no existe información de que los jóvenes pertenezcan a algún grupo subversivo y reiteró que la prioridad es encontrarlos y detener a los responsables de los hechos.

Para ello, detalló, han sido desplegados seis mil 800 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y 900 de la Marina, 110 peritos, 300 investigadores, mil 870 agentes de fuerzas federales y 50 del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR).

Zerón de Lucio detalló que el personal trabaja en cavernas, grutas, presas, cañadas y cuerpos de agua, recorre hospitales e incluso prisiones en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos hace 35 días.

Y hubo más números: han realizado más de mil recorridos y 142 vuelos, se han repartido 20 mil volantes y han revisado 110 lugares, labores en las que también participan binomios caninos y han utilizado georradares.

Zerón de Lucio recordó que la PGR ofrece una bolsa de 64.5 millones de pesos de recompensa a quien proporcione información fidedigna para ubicar a los normalistas y detener a los presuntos responsables del ataque a los alumnos y de su desaparición.

Como parte de estas acciones también han hecho 13 cateos, se han asegurado seis automóviles y giraron 26 órdenes de aprehensión, entre las que se encuentra la de José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala.

En la posterior sesión de preguntas y respuestas señaló que el secretario de Seguridad Pública de Guerrero y el fiscal de esa entidad se presentaron a declarar como testigos a la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), cuyas instalaciones abandonaron este jueves.

Respecto a los 38 cuerpos encontrados en diferentes fosas de Guerrero, refirió que han sido trasladados a las instalaciones de Servicios Periciales de la PGR para continuar con los procesos de identificación.


Zerón subrayó que en el tiradero de basura localizado en Cocula, personal especializado continúa laborando para conocer si hay algún cuerpo humano, pero hasta el momento no se han encontrado restos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

“Estoy dispuesto a declarar ante la PGR sobre Mazón y Abarca”: AMLO

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula dijo que se deben investigar los nexos de amistad que existen entre Mazón y Abarca.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula dijo que se deben investigar los nexos de amistad que existen entre Mazón y Abarca.
“Yo tengo autoridad moral y por eso he podido salir limpio, ahora sí que he podido salir de la calumnia ileso, si no ya me hubiesen destruido por completo”, dijo el tabasqueño.

Asimismo, el líder de Morena señaló que dicho partido deberá resolver la situación de Mazón con ese organismo político.

Además, reveló que no apoyó la candidatura de Ángel Aguirre, gobernador con licencia de Guerrero, porque no quiso dar apoyo a la normal de Ayotzinapa ni dar becas para los estudiantes, lo cual, dijo López Obrador, le propuso a cambio de apoyar su campaña, pero que Aguirre se habría negado a firmar.


Rechazó haber apoyado la candidatura de Abarca y dijo, sobre la fotografía con éste y su esposa: “No tengo ninguna relación y no me acordaba que me haya tomado una foto, porque me tomo foto con muchísima gente. No es vanidad pero me tomo 100 o 200 fotos diarias en todos los pueblos, termina el acto y me quedo porque me estoy tomando la foto con la gente y lo voy a seguir haciendo“, insistió.

ENTREVISTA:





FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Marchan en Acapulco por normalistas de Ayotzinapa

Exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


Al puerto llegaron decenas de estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, así como el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la Federación de Escuelas Normales Públicas y Profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores dela Educación de Guerrero (Ceteg).

A principios de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los 43 estudiantes desaparecidos, facultad de la Comisión para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.


Por el caso han sido detenidas 56 personas, en su mayoría policías de las municipalidades vecinas de Iguala y Cocula, así como el líder principal del supuesto gripo de narcotraficantes Guerreros Unidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

Ayotzinapa llega hasta Washington

Secretario ejecutivo de la CIDH, con sede en Washington, señaló que México está viviendo una grave crisis a raíz de los casos de Iguala y de Tlatlaya.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene su sede en Washington, pero los ojos están puestos en México.

Ayer, un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto se reuniera por primera vez con los padres de los normalistas desaparecidos hace más de un mes, el principal organismo de derechos humanos de la región alzó la voz.

Durante una audiencia realizada en la que representantes del gobierno mexicano y de ocho organizaciones de derechos humanos debatieron sobre el tema, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, señaló que México está viviendo una grave crisis a raíz de los casos de Iguala y de Tlatlaya.

El activista destacó que, además de lo dramático de los casos, lo preocupante es que son patrones que venían sucediendo antes. 

“Lo que pasó de policías de Iguala disparándole a los jóvenes es gravísimo. Y lamentablemente no son hechos nuevos, son sucesos recién presentados, pero obedecen a cosas que han sucedido en el pasado y esa es la enorme preocupación que existe en la Comisión”, destacó.

En la reunión María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, pidió un minuto de silencio por los estudiantes desaparecidos y por todos los desaparecidos o ejecutados en actos de violencia del crimen organizado en México los últimos años. 

“Hoy no estamos todos aquí, hoy nos faltan 43 estudiantes, por eso los mencionamos”, proclamó.

A su espalda, varios activistas denunciaban con pancartas la responsabilidad del Estado mexicano. 

“Fue el Estado, justicia, búsqueda, verdad”, se leía en carteles sostenidos por los representantes de organizaciones de derechos humanos, reveló El País.

La plana mayor


A la primera de las cinco audiencias programadas en la CIDH, acudió a Washington el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García; la encargada de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García, entre otros.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.

El ombudsman insiste...

Raúl Plascencia acudió al Senado para defender sus intenciones para dirigir un nuevo periodo que terminaría en el 2019, pero tiene fantasmas acechándolo.

Raúl Plascencia tiene casi cinco años al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y quiere la reelección.

Ayer, acudió al Senado para comparecer ante comisiones y defender sus intenciones para dirigir un nuevo periodo que terminaría en el 2019. 

El problema es que Plascencia tiene fantasmas acechándolo. 

Bajo su dirección, la CNDH quedó en entredicho por sus actuaciones en la masacre de migrantes en San Fernando, la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya y el menor muerto en Puebla luego de un operativo de la policía para replegar una manifestación, entre otras. ¿Serán suficientes sus razones?

Los argumentos de Plascencia

> Sus números

1,200,000 
personas ha capacitado la comisión para evitar que incurran en abusos u omisiones contra la ciudadanía 

24 
acciones de inconstitucionalidad se ha promovido contra leyes presuntamente violatorias de los derechos humanos
> Seguimiento  recomendaciones 
Durante su gestión, la CNDH ha dado un seguimiento claro y puntual a las recomendaciones que emite, con el propósito de verificar que las autoridades aludidas las cumplan. Para ello, en 2012 se creó la Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones.

> Confianza ciudadana 
La CNDH goza de confianza de parte de la ciudadanía. El 98 por ciento de las personas que acudió ante el organismo a pedir atención declaró haber recibido un trato bueno o excelente.

> Transparencia 
Se han realizado 180 auditorías o estudios de evaluación, ya sea por parte de la contraloría de la comisión o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no existe una sola observación pendiente de cumplirse. 

Los argumentos de las ONG

> Su casa

795 
metros cuadrados tiene el terreno en donde Raúl Plascencia Villanueva construye una residencia en la colonia Jardines del Pedregal

20 
millones de pesos es el valor estimado de la residencia, de acuerdo con Reforma  
> Falta de seguimiento
El seguimiento de algunos casos, como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, solo es de tipo “burocrático”, es decir, basado en los reportes de autoridades, sin profundizar en los casos y sin contactar a las víctimas.

El caso Tlatlaya, el niño asesinado en Puebla por la policía durante la dispersión de una manifestación, entre otros.

> Desconfianza ciudadana
Organizaciones como Artículo 19 o Fundar declaran tener desconfianza en la gestión de Plascencia y abiertamente han pedido a los senadores que no lo reelijan en el cargo, porque consideran que ha sido omiso en la protección de los ciudadanos.

> Problemas legales

Plascencia tiene una serie de procesos legales iniciados por defensores de derechos humanos y académicos que solicitaron un juicio político en su contra, así como el juicio de amparo iniciado por familiares de 72 migrantes asesinados en San Fernando, en 2010.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: STAFF.

México vulnerable

MÉXICO, D.F: Ni siquiera con el levantamiento zapatista contra el gobierno de Carlos Salinas, en enero de 1994, el Estado mexicano se proyectó al exterior tan vulnerable como ahora.

Aunque fue una declaración de guerra, aquella fue una crisis político militar concentrada en una región de la selva de Chiapas. Después de 12 días de represión militar, el levantamiento entró en un proceso de negociación política que lo empantanó y permitió al posterior gobierno de Ernesto Zedillo administrarlo en tanto ponía en marcha acciones contrainsurgentes.

Una de ellas fue la creación de grupos paramilitares para desestabilizar y reprimir al movimiento. Fue el caso de la matanza de 45 indígenas en Acteal, incluidos niños y mujeres embarazadas, el 22 de diciembre 1997.

Esa masacre, que ha perseguido a Zedillo incluso judicialmente, exhibió a México y lo colocó en el plano internacional, toda proporción guardada, junto con los crímenes de lesa humanidad que en ese momento ocurrían en Ruanda.

Sin solución hasta la fecha, el conflicto en Chiapas quedó acotado política y geográficamente, a pesar de su gran visibilidad internacional.

El presidente Enrique Peña Nieto vive una crisis peor que la de una declaración de guerra por parte de un ejército irregular con limitada capacidad de operación. No es ya ni siquiera una crisis de inseguridad. Es, en toda su extensión, una crisis humanitaria.

La decisión de su gobierno de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asistencia técnica para localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapan desaparecidos en Iguala desde el 26 de septiembre es un reconocimiento de que las instituciones del Estado mexicano encargadas de la investigación y procuración de justicia han sido rebasadas.

Los subsecretarios de Derechos Humanos, Lía Limón, de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez Robledo, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, así como la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Ileana García, tendrán que recordar su visita de este jueves a la CIDH, en Washington, como la de los funcionarios que mostraron ante la comunidad interamericana la vulnerabilidad del Estado mexicano.

Por más que Gómez Robledo diga que la asistencia de la CIDH será sólo un complemento para validar internacionalmente las acciones del gobierno mexicano, como representantes del Estado mexicano, no del gobierno de Peña Nieto, fueron obligados a guardar un minuto de silencio, en plena audiencia, por las víctimas de la inseguridad en México.

Enrique Peña Nieto pretendió que con el silencio iba a administrar la crisis de seguridad en México. Apostó a desvanecer el tema sacándolo de la discusión pública, en sentido contrario a lo hecho por su antecesor, Felipe Calderón, que sólo hablaba para exacerbarlo.

Pero por más apoyo mediático que compró, la realidad se impuso y terminó por exhibir ante el mundo la vulnerabilidad del Estado que encabeza, incapaz de cumplir con su razón de ser: Garantizar la integridad y bienes de sus ciudadanos.

La crisis del Estado mexicano va más allá de la seguridad pública. El México de la segunda década del siglo XXI es tan vulnerable como un país en guerra o cualquier nación con conflicto interno.

Iguala, Guerrero; San Fernando, Tamaulipas; o Allende, Coahuila y cuantas fosas aún están por conocerse en todo el país, demuestran al mundo la pérdida del control estatal en México, ya sea por masacres, desplazamientos, desapariciones, tortura o ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales, que por definición son crímenes contra la humanidad.

El poder o la vulnerabilidad de un país dependen de su capacidad militar, su fortaleza económica, la robustez de su sistema político y su imagen en el exterior. Son las cuatro condiciones que internacionalmente se reconocen para garantizar la seguridad y el desarrollo de un país y su población.


A partir de Ayotzinapa, pero no sólo por ello, el mundo hoy sabe que México tiene vulnerabilidades en cada una de ellas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA (ANÁLISIS)

Luis Téllez: El alfil de Peña al que se le perdona todo, hasta lo ilegal

Luis Téllez es un personaje carismático. Astuto. Ambicioso. Todos los defienden: lo mismo el presidente Enrique Peña Nieto que el titular de la Secretaría de Hacienda, Luis Videraray, y el PRI. También lo hacen las empresas donde ha trabajado y en las que aún labora, como Sempra y su filial Ienova. Y cuando algún diputado llama la atención sobre el conflicto de interés en que está incurriendo como consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, sus amigos dicen que no hay tal. ¡Claro!, es el alfil de Peña Nieto para sacar adelante la reforma energética.

MÉXICO, D.F: El pasado 10 de septiembre, el diputado mexiquense del PVEM, Domitilo Posadas, le preguntó al secretario de Hacienda, Luis Videgaray:

“¿Cuál es su opinión sobre el conflicto de intereses en que presumiblemente puede estar incurriendo el señor Luis Téllez Kuenzler, si fuera nombrado consejero independiente del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo?”

Y añadió: “Por el interés de la nación y el respeto a la legalidad, sería muy conveniente que se observara ésta última.”

Y Videgaray, quien comparecía en San Lázaro para detallar el programa económico de 2015 y hacer la glosa del II Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, respondió:

“Al enviar sus propuestas el Ejecutivo federal al Senado de la República, se cuidó que no existiera ninguna violación o conflicto de interés conforme a las labores que realizarán los integrantes del Comité Técnico. Y esto aplica para el caso al que usted se refiere, como para el resto de los otros tres integrantes que propone el Ejecutivo al Senado para integrar el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

“Estoy seguro que el Senado, que está ya trabajando en este proceso, habrá de examinar a detalle las implicaciones legales y la existencia de conflictos de interés, pero naturalmente es condición del Ejecutivo que en ningún caso, en ninguno de los nombramientos propuestos al Senado, existe la figura de conflicto de interés”.

La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en su artículo 9, fracción VI, señala expresamente que un requisito para ser miembro independiente del Comité Técnico de dicho fondo es “no ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de miembro independiente”.

Y la fracción VII del mismo artículo explicita lo anterior. Para ser miembro independiente, el postulado debe necesariamente “no haber sido accionista, socio o dueño, funcionario, directivo, representante legal o asesor importante de cualquier asignatario o contratista, en los dos años anteriores a su nombramiento, ni tener litigio pendiente con cualquier asignatario o contratista el día de la designación”.

El artículo 10, por si faltara, establece que los miembros independientes “no podrán realizar actividades o prestar servicios en el sector privado cuando ello implique un conflicto de interés”.

Pero resulta que Téllez Kuenzler no sólo es presidente del Consejo de Administración y director general de la Bolsa Mexicana de Valores –cargos que dejará el 1 de enero de 2015–, sino que forma parte, desde 2010, del consejo directivo, en calidad de director independiente, de Sempra Energy, una poderosa trasnacional estadunidense con matriz en San Diego, California, dedicada a la construcción de infraestructura energética y pionera en la explotación del gas shale (o de lutitas), que se obtiene mediante la fracturación hidráulica de rocas.

Apenas el 9 mayo pasado Téllez Kuenzler fue ratificado por la asamblea anual de accionistas de Sempra Energy, que se efectuó en el hotel Hyatt Regency de Newport Beach, en California.

Sus méritos, según los proponentes de la ratificación, son: su amplia experiencia y conocimientos de las actividades comerciales trasnacionales, de los mercados internacionales de energía y de los sectores normativos y financieros de México.

Todo eso hace de él, según el reporte enviado a la bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE), “un miembro valioso del Consejo, especialmente porque desarrollamos y operamos proyectos internacionales de energía”.

Es decir, Téllez será juez y parte en su calidad de miembro independiente del Comité Técnico del fondo, pues sirve y participa en empresas interesadas en el mercado energético nacional –Sempra y su filial Ienova, que ya están presentes en el país– y, a un mismo tiempo, tomará parte en las decisiones del fondo, que es, por ley, el que reciba y administre todos los ingresos que el Estado mexicano capte por la producción de petróleo, gas natural y demás hidrocarburos.

Una renuncia tardía

Luis Manuel Enrique Téllez Kuenzler, su nombre completo, volvió a la palestra la semana pasada. El martes 21 presentó su renuncia como presidente del Consejo de Administración y director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) –cargos que ocupaba desde 2009–, con efectos a partir del 1de enero de 2015; justo el mismo día en que empezó sus funciones el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED) que, según el artículo 1 de la ley correspondiente, son recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos.

También, como señala el artículo 7 de la misma ley, fracción II, el Comité Técnico del Fondo, del que forma parte Téllez, realizará “el cálculo de las contraprestaciones que, conforme a los contratos, correspondan a los contratistas respectivos, así como instruir el pago de las mismas”.

El anuncio de la renuncia de Téllez a la bolsa se hizo 24 horas después de que se instaló y tuvo su primera sesión ordinaria el Comité Técnico del fondo.

En esa instancia participan también como miembros independientes Arturo Manuel Fernández Pérez, rector del ITAM; Rafael Rangel Sostmann, exrector del sistema ITESM, y el politólogo y académico Federico Reyes Heroles González Garza.

Como representantes del Estado, en el comité figuran los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

La renuncia de Téllez a la BMV se hizo aparecer como lógica y necesaria, para evitar las prohibiciones de la Ley del FMPED, como la de no prestar servicios en el sector privado cuando ello implique conflicto de interés.

Y es que, como presidente y director de la BMV, Téllez –que de por sí ya es un servicio al sector privado– operó eficazmente para que Ienova, filial de Sempra Energy, se listara en la bolsa.

En su sitio electrónico, esta última se refiere así de su subsidiaria en México: “es líder en la industria de la infraestructura de energía en México. Hemos invertido más de 2 mil 400 millones de dólares en infraestructura de gas y electricidad y en los próximos tres años tenemos planes de invertir un monto adicional de mil 500 millones de dólares.

“Ienova lanzó con éxito una oferta pública inicial de 600 millones de dólares, convirtiéndose en la primera empresa privada de energía que aparece en la Bolsa Mexicana de Valores.”

También: “En Ienova, estamos convencidos de que la energía es un factor clave para el desarrollo de México.”

Y es una de las empresas que, apenas se mencionó al inicio del actual gobierno la reforma energética, estaban más que apuntadas.

Ienova es dirigida por Carlos Ruiz Sacristán, quien también es presidente de su consejo de administración. Fue compañero de Téllez en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo.

En el gobierno del primero tuvieron una carrera ascendente pero sólo llegaron a nivel de subsecretarios. Bueno, Ruiz Sacristán fue director de Pemex en el último año de Salinas de Gortari. Pero ya con Zedillo, mientras Téllez era el secretario de Energía, Ruiz Sacristán lo era de Comunicaciones y Transportes. Esta última secretaría fue encabezada por Téllez en el gobierno del panista Felipe Calderón.

Casualmente, Ruiz Sacristán también fue director independiente en Sempra Energy entre 2007 y 2012. Actualmente es director en Southern Copper Corporation, minera controlada por el Grupo México, de la familia Larrea. Depredador e impune son los calificativos que se ha ganado públicamente ese grupo.

Y entre muchas otras chambas, Ruiz Sacristán también integra la junta directiva de OHL Concesiones México, la constructora consentida de Enrique Peña Nieto –filial mexicana de la española OHL– desde que era gobernador del Estado de México.

Todos contentos

Pero la salida de Luis Téllez de la BMV no acaba con el conflicto de interés, por los servicios que presta a Sempra Energy, así sea como miembro independiente de su junta directiva, trabajo por el cual percibe ingresos, bonos, premios y diversas compensaciones.

De acuerdo con el reporte que llegó a manos de los accionistas de Sempra en su junta del 9 de mayo pasado, Téllez recibió en 2013, como director independiente, 85 mil 500 dólares por comisiones; 110 mil dólares por premios y bonos, y otros 110 mil dólares que cubren el valor de determinado número de acciones de diverso tipo. Total: 305 mil dólares.

Una piscachita de casi 4 millones de pesos.

Y a ese ingreso en efectivo, Téllez sumó 3 mil 582 acciones de Sempra Energy de diversa denominación y alcance.

Con todo y que es un ingreso muy superior al sueldo oficial del presidente Peña Nieto –que es de 3.1 millones anual neto–, lo que percibe Téllez es, sin embargo, apenas un pelo de gato para una trasnacional que reportó activos totales, al segundo trimestre de 2014, por 38 mil 307 millones de dólares y que tiene un valor de capitalización, en la bolsa neoyorkina, de 26 mil 200 millones de dólares.

Una empresa, además, que tiene más de 31 millones de consumidores en todo el mundo y cuenta con más de 17 mil empleados.

Por eso quiere tanto Sempra Energy a Téllez, quien –según la página web de aquella– participa en sus comités de gobierno corporativo, medio ambiente, salud, seguridad y tecnología y alianzas estratégicas.

Le sale barato y es mucho lo que le aporta de información privilegiada, toda vez que, como pocos, conoce las entrañas del gobierno mexicano, de las facilidades que da su sistema regulatorio. Y también, como pocos, conoce las finanzas públicas del país, tiene amplias relaciones e intereses en la iniciativa privada y se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios de la energía y las telecomunicaciones…

Eso, entre muchas otras ventajas que le ha dado su paso por la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Energía en la misma administración; por la vicepresidencia del Grupo DESC, una de las firmas industriales más poderosas del país; por Fomento Económico Mexicano (Femsa), el consorcio embotellador de Coca Cola más grande de América Latina, y dueño de la que fue segunda cervecera más grande del país; por la minera Grupo México; por The Carlyle Group, un potente conglomerado estadunidense de inversiones con presencia en todo el mundo; como secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón… y como presidente y director de la BMV.

Pero no sólo Sempra quiere a Téllez. También el presidente Peña Nieto, que lo postuló, y el secretario Videgaray, que lo defiende a capa y espada.

Y no es gratuito: Téllez será uno de los alfiles presidenciales para darle salida rápida a la reforma energética que, dicho sea de paso, oficialmente ya se reconoció que no dejará gran cosa, al menos durante lo que resta de esta administración y la próxima.

En efecto, el miércoles 22, la subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), María de Lourdes Melgar Palacios, les dijo a senadores en una reunión de trabajo que sólo en el caso de una implementación efectiva de la reforma Pemex podrá incrementar –gracias a las asociaciones que logre con empresas privadas– en apenas 500 mil barriles su producción diaria de crudo.

Que de 2.350 millones de barriles en 2014 podrá pasarse a una producción diaria de 2.850 millones en 2018, dijo.

Otra: que el primer barril de petróleo, producto ya de la reforma energética, se empezará a ver “hacia el 2016”.

Y, peor: “El primer barril de petróleo en aguas profundas, puede uno tardarse 10 años en verlo”, porque, dijo sabiamente la funcionaria de Sener, “los proyectos petroleros llevan cierto tiempo en su implementación; algunos llevan más tiempo que otros”.

Mientras tanto, Téllez –licenciado en Economía por el ITAM, maestro en administración por la Universidad de Harvard y doctor en economía por el Tecnológico de Massachussetts, pero que ejerce sin cédula profesional– está feliz.


Su sueño se hizo realidad. “Me cae que extraño al PRI”, dijo en 2009, siendo funcionario del gobierno panista de Felipe Calderón.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS ACOSTA CÓRDOVA.

Indaga Ombudsman a policías estatales por muerte de joven de la UdeG

GUANAJUATO, Gto. (apro).- El ombudsman estatal Gustavo Rodríguez Junquera informó que mantiene abierta la integración de un expediente de queja iniciado tras la muerte del estudiante jalisciense Ricardo de Jesús Esparza Villegas en esta ciudad, la que incluye una investigación a los dos agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado que lo abordaron y que, según su declaración, sólo amonestaron al muchacho por orinar en la vía pública.

La queja fue iniciada de manera oficiosa al publicarse, el martes 21, la primera nota periodística sobre el hallazgo del cuerpo del estudiante de la Universidad de Guadalajara en Lagos el 19 de octubre.

Posteriormente, personal de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH) se reunió con la madre y hermana de Ricardo de Jesús en Zapopan. Ambas ratificaron la queja.

“Estamos investigando todo. Estamos también en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, que nos pidió que acompañáramos a los jóvenes que viajaron con Ricardo mientras rendían su declaración ante el Ministerio Público enviado por la Procuraduría de Guanajuato a Jalisco hace unos días”, mencionó el ombudsman estatal.

Luego señaló que debido a que en un primer momento se ventiló que Ricardo había sido detenido por policías municipales, se solicitó un informe de hechos y los respectivos videos y partes a la Dirección de Seguridad Pública de la capital.

Pero posteriormente, cuando se precisó que quienes estaban en el lugar donde se encontraba Ricardo en la tarde del 18 de octubre eran Fuerzas de Seguridad del Estado, se solicitó un informe al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini.

“Pudimos saber que fueron dos los elementos de las FSPE que tuvieron algún contacto con Ricardo. Los tenemos plenamente identificados”, señaló Rodríguez Junquera.


También explicó que se obtuvieron “infinidad de testimonios” de compañeros de Ricardo de Jesús Esparza, con los cuales viajó a Guanajuato durante el Cervantino, pero aclaró que la PEDH, al igual que la PGJE, no ha concluido sus investigaciones, además de que los familiares del muchacho le solicitaron al organismo apoyarlos en algunas gestiones –que no detalló– “y por supuesto que lo haremos”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.

‘Triunfó la táctica Penchyna’

La Suprema Corte determinó que la reforma energética no debe consultarse. Así, resulta inconstitucional e improcedente lo promovido por Morena y el PRD.

"La Constitución dice que las materias de ingreso y gastos no son materia de plebiscito y el tema energético es un tema de ingresos", dijo David Penchyna el 10 de diciembre del año pasado, una semana antes de que la reforma constitucional energética fuera promulgada por Enrique Peña Nieto.

La entrevista de Penchyna con Carmen Aristegui en esa fecha resulta un adelanto, como bola de cristal respecto a lo que resolvió ayer la mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la reforma energética no debe consultarse.

El abogado constitucionalista René Sánchez Galindo, quien ha liderado la batalla legal contra el maíz transgénico con la organización Sin Maíz no hay País, dice que este triunfo de la “táctica Penchyna” puede ser un revés también para las petroleras. 

La Corte aprobó el proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos de declarar inconstitucional e improcedente la demanda de consulta popular que promovieron los partidos de la Revolución Democrática y Morena.

La base de la argumentación, explica Galindo, radica en que “toda la reforma es materia de ingresos”, con lo cual no puede someterse a consulta, ya que el artículo 35 constitucional indica que no pueden someterse a consulta popular “los ingresos y gastos del Estado”.

El abogado de Colectivas, A.C. considera que “la Resolución que toma la Corte es adversa a los ciudadanos y las posibles contratistas”, ya que al considerarse la reforma como materia de ingresos “Pemex deberá ganar todos los contratos”.

“Pemex que es el que le aporta ingresos pero no cobra utilidades, porque las que cobra son para el Estado mexicano. 

“Las utilidades de los privados no se convierten en ingresos. Si nos apegamos a lo que dijo la Corte no podría otorgarse ningún contrato a los particulares porque cualquier haría ganar menos que Pemex al Estado”, aseguró.

Los ciudadanos que promovieron una solicitud también a la Corte sobre la consulta popular, de quienes Sánchez Galindo fue consultor, ahora podrían promover una acción colectiva contra la reforma o solicitar amparos contrato por contrato. 

Sánchez Galindo afirma que “Es una corte salomónica, finalmente triunfa la táctica Penchyna, pero les va a salir el tiro por la culata. 


“En este momento ya no hay un argumento de izquierda, es sólo cuestión de cantidades de dinero. Para nosotros, en Morena, la pregunta era más sobre el control del estado sobre los hidrocarburos. Ya que la corte dijo que ingresos permea toda la reforma, toca pelear todos los contratos y Pemex debe ganar todas las licitaciones”, adelanta el también integrante del Consejo Nacional de Morena.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.

Una injusticia por vender juguete

Gilberto Lugo fue detenido, presentado públicamente como criminal, torturado y preso, porque vendió una pistola de postas a un excompañero de secundaria que resultó asaltante. Hoy es un empleado ejemplar y estudia Derecho.

En medio de la etapa más cruda del narcotráfico en Nuevo León, Gilberto Lugo vivió dos años encerrado en el Topo Chico por un crimen que no cometió.

Siendo inocente, en el penal tuvo que presenciar desde granadazos hasta motines

Pero hoy ya se prepara para recibirse de abogado.  

Gilberto es un joven de 25 años, con un semblante tranquilo y sereno que contrasta con su elevada estatura. 

Después de que su padre falleciera, Gilberto heredó el negocio familiar que consistía en un puesto ambulante de juguetes, el cual instalaba cada día de la semana en un mercado diferente en su colonia.

A los 22 años, Gilberto tuvo que dejar los estudios para dedicarse de lleno al trabajo y apoyar a su viuda madre. 

Sin embargo, el destino le tenía preparada una mala jugada.

A finales de noviembre del 2011, cuatro unidades de la Policía Ministerial llegaron al hogar de Gilberto.

A empujones y golpes lo sacaron de su habitación.

Gilberto refiere que en ningún momento mostraron una orden de aprehensión o de cateo, ni siquiera le decían el motivo de la detención.

Sólo repetían una y otra vez “¿Dónde están los carros?”, “¿Dónde los tienes escondidos?”, “¿Para quién trabajas?”, “Si no nos dices, te vamos a aventar a un río”. 

En medio de forcejeos, los ministeriales se lo llevaron a la Agencia Estatal de Investigaciones, ubicada en Gonzalitos, donde para sorpresa de Gilberto, se encontró a un viejo compañero de la secundaria que vivía a unas cuadras de su casa.

El viejo conocido estaba detenido junto a otras cuatro personas. 

Los oficiales argumentaron que el joven reconocía a Gilberto, por lo que éste era culpable de lo que se le imputaba, delito que hasta ese momento desconocía. 

“Me muestran a mi compañero (de secundaria) y a tres personas más, dos mujeres, y le preguntan a él si me conoce y les dice: ‘no pues que sí’, y me dicen ‘ya ves, ahí andabas, andabas con ellos’.

“Después comenzaron a torturarme, me pusieron una bolsa (en la cabeza), me dieron de toques, con el bate, fue una tortura fuerte”, recuerda Gilberto.

Al joven lo relacionaron con una banda delictiva porque en junio del 2011, su excompañero de secundaria le compró una pistola de postas en el puesto de juguetes que manejaba.

Y después esa pistola fue utilizada para asaltos y robos por el excompañero de Gilberto, un hombre y dos mujeres más.

Sin embargo, la detención de Gilberto no se dió hasta cinco meses después de la transacción. 

“Todos ya se habían firmado confesos, pero yo no y bajaban a torturarme, querían que yo firmara que era el cabecilla de la banda, yo no me fui confeso.

“Al día siguiente nos presentan ante los medios, luego nos llevaron al CEDECO y para el 3 o 4 de diciembre yo ya estaba internado en el Topo Chico”. 

Gilberto expresa que desde ese momento comenzó un nuevo calvario, pues los internos pertenecientes a un grupo delictivo controlaban el penal y le pedían una cuota de 50 mil pesos para poder utilizar las áreas comúnes.

Además, debido a la sobrepoblación tenía que dormir en un pasillo, pues no había celdas suficientes. 

“Llegas y ahí se maneja la justicia de los que autogobiernan adentro del cereso, gracias a dios se me da la oportunidad de ser asesor de computación, para dedicar mi tiempo en algo que me ayudara a despejar mi mente, porque cuando llegué estaba en shock, jamás había sido detenido ni por la Policía, jamás había estado ni en una demarcación”. 

Gilberto ocupó el puesto de asesor de computación, en donde recuerda que su mayor alegría es que realmente los internos sí aprendían y le daban el reconocimiento como profesor. 

Después de un año Gilberto entró como capturista en el departamento laboral, donde convivía directamente con personal externo.

El joveno recuerda que en su etapa en el penal le tocó vivir desde motines hasta granadazos, inclusive, una de esas granadas cayó en su dormitorio, pero él se encontraba en la iglesia. Sus compañeros de celda resultaron heridos por las esquirlas. 

“Se maneja mucho la extorsión, vi muchos asesinatos, los presencié, no puedes vivir, no puedes ni dormir porque no sabes si puedes amanecer al siguiente día.

“De hecho ahí finalizar un día es ganancia y amanecer otro día es una bendición”. 

La familia de Gilberto se acercó a la institución Renace, organización civil que facilita el acceso a la justicia a víctimas y acusados, quienes le asignaron una abogada que le consiguió la libertad. 

Al principio condenaron por robo calificado a Gilberto, por lo que le aplicaron una sentencia de seis años, sin embargo la abogada reunió las pruebas para demostrar la inocencia de su cliente y las injusticias en su proceso penal. 

Tramitaron un amparo indirecto contra el auto de formal prisión, pero les fue rechazado.Luego procedieron a una apelación en donde a los seis años de condena sólo le quitaron seis meses. 

La última opción de Gilberto fue un amparo directo, el cual fue aceptado, pero tocó en la misma sala que le negó el primer amparo y la apelación.

“Ya después de unos seis meses, yo estaba en el snack, eran como las 8 de la noche y me hablan me dicen ‘ven vámonos, ve a tu ambulatorio por lo que te vas a llevar, ya te vas’, me puse hasta chinito”, recuerda. 


Gilberto salió libre el 31 de octubre del año pasado. Hoy es auxiliar de seguridad en Soriana, donde trabaja desde enero del 2014, ha subido varios puestos y estudia por medio de la empresa la carrera en Derecho.

Después de dos años de convivir entre violadores, asesinos y narcotraficantes en condiciones insalubres y por un delito que no cometió, Gilberto reflexiona: “Ese trago amargo ya no me atormenta como al principio, que no me podía adaptar, sin Renace yo no estaría aquí, pelearon por demostrar mi inocencia.

“Cambié demasiado, ahora soy más apegado a mi familia, tengo mi pareja y cambié mi vida, ya sólo veo por la comodidad de mi familia y me dedico al trabajo”, finaliza Gilberto.

Inocente, pasó dos años en prisión

Gilberto Lugo fue torturado y preso por vender una pistola de postas en un mercado ambulante.

> Junio 2011
Gilberto le vende una pistola de postas a un excompañero de la secundiaria y vecino de la colonia, en el negocio familiar de venta de juguetes en mercados rodantes. 

> Noviembre 2011
Policías ministeriales llegan a casa de Gilberto y mediante empujones y golpes, lo llevan a la Agencia Estatal de Investigaciones en Gonzalitos. Lo torturan para obligarlo a confesar. 

> Diciembre 2011
Sin declararse culpable, presentan a Gilberto y a la pandilla de ladrones de la que era integrante su excompañero de secundaria ante los medios. Una semana después lo internan en el Penal del Topo Chico. 

> Octubre 2013
Gracias a la organización Renace y al apoyo de su abogada, Gilberto sale libre el 31 de octubre, luego de dos años en prisión. 

> Enero 2014

Gilberto entra a laborar como elemento de seguridad en Soriana. En la actualidad ha ascendido varios puestos y ahora es auxiliar, también estudia por medio de la empresa la carrera en Derecho.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: GIZÉH JIMÉNEZ.

Aquella noche de terror en que el Ejército se negó a ayudar a los normalistas

IGUALA, Gro: El maestro oaxaqueño Nicolás Andrés Juan relató afuera del Hospital General de esta ciudad, lo que pudo saber sobre la suerte que corrió su hijo Edgar Andrés Vargas, quien resultó herido en el rostro durante la cacería de policías a estudiantes normalistas de Ayotzinapa y a quien el ejército le negó el apoyo.

Esa noche conoció también al maestro de la CETEG que salvó la vida de su hijo que a punto estuvo de morir por asfixia.

“Cuando recibí la llamada a las dos de la mañana del teléfono de mi hijo pensé que era él pero fue que me enteré a grandes rasgos que estaba herido y no lo querían atender en una clínica y no había taxis para llevarlo. No entiendo cómo llegó la Marina, el Ejército, y no permitían que se llevaran a mi muchacho, también lo intimidaban”, dijo el padre frustrado en la entrevista realizada el martes 7 de octubre.

Para esa fecha el hombre pedía no ser identificado por su nombre, por temor a represalias. Ayer miércoles, habló ante el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete en la reunión que tuvo con normalistas y padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

El maestro (quien pidió el anonimato) guió a Edgar que se desangraba y a otros estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre para escapar de la muerte. Intentaron parar tres taxis en las calles, pero ninguno quiso apoyarlo.

El grupo caminó al Hospital Cristina, una clínica privada de dos pisos, que estaba cerrando. Los estudiantes intentaban frenar el sangrado de Andrés poniéndole una playera como torniquete.

A la clínica llegó el médico Ricardo Herrera quien no quiso atender al herido por ser estudiante de Ayotzinapa. El llamó a la policía municipal para que detuvieran a los jóvenes (la autoridad que persiguió a los estudiantes hasta matar a seis y herir a 25), pero en su lugar llegó una veintena de soldados.

El ejército se había mantenido omiso, adentro de la región militar, durante las tres horas que duró la cacería de normalistas. No acudió a pesar de que las instalaciones castrenses están a menos de tres kilómetros de donde ocurrieron los dos episodios con balaceras.

“Se acerca el ejército”, gritó alguno de los estudiantes. Todos se escondieron. Entre varios subieron a Andrés al segundo piso, le limpiaron la sangre de la boca.

Los militares llegaron al hospital y apuntando con sus armas sacaron a los 26 de sus escondites, los regañaron por dedicarse a la delincuencia y amagaron con llevarlos detenidos.

“Se metieron a un hospital privado, es allanamiento, es un delito, vamos a llevar a los municipales para que se los lleve”, advirtió el que iba al mando de los soldados, según lo que recuerda el maestro.

“Si llaman a los municipales nos van a entregar para asesinar porque ellos son los que balacearon a todos”, respondió el profesor.

Le pidieron que se identificara y cuando dijo que era profesor le reclamaron: “¿Y esto es lo que les enseña?”; él les respondió que enseña en Iguala pero acudió a ayudarlos.

Los militares salieron un momento a hablar entre ellos. Al regresar regañaron al grupo, reclamaron al maestro que les enseña a ser revoltosos, regañaron a los jóvenes por no aprovechar la oportunidad que les dan sus padres para que estudien, los regañaron por problemáticos, les tomaron foto a uno por uno, les pidieron sus nombres, y se fueron. Antes les aseguraron que pronto pasaría una ambulancia por el herido. Pero no llegó. Los estudiantes se fueron en un taxi que accedió a subirlos porque escondieron al herido.

“El ejército ya tomó la zona, ya están seguros”. Fue lo último que dijo el que iba al mando.

En aquella entrevista en el hospital el papá Nicolás Andrés Juan dijo a Proceso que su hijo estaba por cumplir los 20 años.

“Cuando llegamos a Iguala y vimos al médico nos dijo que estaba a punto de morir por asfixia porque estuvo mucho tiempo sin atención, esta parte la tenía inflamada, cerrada –se tocó la garganta–, le hicieron una traqueotomía, por eso salvó la vida, si hubiera tardado más estaría muerto”, narró.

Durante los primeros días en los que estuvo internado en el hospital, Andrés tuvo pesadillas, lo durmieron con sedantes. Perdió la voz y una parte de la cara. Tenía inflamado el rostro, se comunicaba a través de la escritura.
Sus familiares no querían que recordara nada. Al día siguiente fue trasladado al DF, al hospital Gea González, para someterlo a cirugías.

“Mi hijo tenía trazado un proyecto de vida estable, tener licenciatura, ejercer su profesión, tener una familia, poder vivir. Desafortunadamente no sabemos cómo va a ser después ni qué secuela pueda tener. La ciencia ha avanzado pero va a quedar distinto, inclusive la voz. Nos ponemos a pensar qué va a ser de él, a lo mejor no va a poder ejercer una docencia, estar frente a los alumnos, cómo va a quedar. Uno trata de darle una mejor herencia a los hijos”, dijo triste.

Ayer narró esta historia ante el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete de seguridad, y reclamó otra vez que el ejército no ayudó a su hijo.

El día de la entrevista, en el hospital estaba el hermano de Aldo Solano Gutiérrez el estudiante herido que sigue en coma. El reporte que dio su familiar es que no se movía, estaba conectado por ventilador, lo poco que movía del cuerpo era a causa de reflejos. No pudieron trasladarlo a un hospital de alta especialidad porque requería estar conectado y su cerebro estaba inflamado.

Aldo, el herido, tiene 19 años. Es jugador de futbol y proviene de Ayutla. Fue herido en la primera balacera del 26 en la noche, cuando la policía municipal bloqueó el paso de su camión en el periférico y les disparó mientras los jóvenes estaban intentando mover la patrulla que obstaculizaba la salida.

“Todos en la familia estuvimos muy felices cuando supimos que pasó el examen para entrar a la Normal porque él quería ser algo en la vida, seguir estudiando, tener carrera y apoyar a mis papás que son de bajos recursos y la única escuela para campesinos es Ayotzinapa. Su sueño era estudiar, ser maestro. Eso es su sueño”, dijo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTAJE ESPECIAL)