viernes, 29 de agosto de 2014

Tribunales exhiben a juez

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: JAVIER ESTRADA.

Magistrados federales de dos instancias contradicen al titular del Juzgado Segundo de lo Penal en el Estado, Raymundo Martínez, quien mantiene en prisión a los dueños originales del disputado casino La Fortuna.

Dos tribunales colegiados, un magistrado estatal y hasta el Ministerio Público de la Federación, exhiben a un juez penal de Nuevo León que mantiene en la cárcel a los dueños del disputado casino La Fortuna.

Existen resoluciones en segunda instancia e investigaciones ministeriales que niegan la representación legal que ostenta un grupo de despojadores encabezado por el juez suspendido, Luis Armando Jerezano Treviño, para apropiarse del centro de apuestas.

Sin embargo, el titular del Juzgado Segundo de lo Penal, Raymundo Martínez González, no ha tomado en cuenta esos argumentos y se ha empeñado en mantener en el penal de Cadereyta a los casineros Arturo y Pedro Cardona Calderón, y Jesús Andrés González González.



Dos abogados que operan con Jerezano Treviño y uno de sus cómplices han promovido quejas para intentar tumbar sentencias de jueces de Distrito, que cuestionan la personalidad jurídica que el grupo ostenta sobre la operadora del casino.

Pero los magistrados federales de dos instancias diferentes resolvieron el pasado 11 de julio a favor de los casineros presos.

En primer lugar, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nuevo León, declaró infundada una queja de Jerónimo Garza Chaib, uno de los operadores de Jerezano Treviño.

El recurso fue interpuesto para revocar la sentencia interlocutoria de un incidente de falta de personalidad jurídica, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en el juicio de amparo 623/2012.

El cómplice del juzgador impugnó la resolución del recurso presentado contra Jesús Andrés González González, uno de los representantes legítimos de Recreaciones de Habilidad y Destreza, S.A. de C.V.

Para acreditar su personalidad, el empresario mostró la escritura pública número 17 mil 208, en la que se le nombra como apoderado general.

En cambio, la contraparte exhibió la escritura pública número 15 mil 91, que mostraba el acta de una supuesta asamblea general de la compañía en la que presuntamente se nombraron nuevos accionistas y se revocaron poderes.

De acuerdo con indagatorias de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, ese documento se deriva de la privación ilegal de la liberad del casinero Arturo Cardona Calderón.

Incluso, a raíz del secuestro, la dependencia federal aseguró la empresa y otorgó medidas cautelares a fin de que no surtiera efectos jurídicos el acta.

Los magistrados advirtieron que el operador presentó copias de la misma escritura con diferencias en fechas y número de acciones transmitidas: mientras una supuestamente fue protocolizada en Monterrey, otra fue elaborada en San Pedro.

Por ello, declararon infundada la queja y concluyeron que las autoridades ministeriales debían resolver la validez del documento, ya que es materia de controversia legal en instancias federales y estatales.

En segundo lugar, el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil de Coahuila, con sede en Saltillo, también dio la razón a los casineros presos.

Ante ese órgano, Erick Garza Treviño, abogado de Jerezano Treviño, impugnó la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Coahuila, quien no otorgó la personalidad jurídica que reclamaba dentro del juicio de amparo número 416/2011.

El litigante promovió una queja administrativa por el incidente donde reclamó una supuesta falta de personalidad de Francisco Sergio Jiménez Escobar, otro de los socios verdaderos de La Fortuna que tiene representación legal.

El abogado quiso demostrar con dos documentos fraudulentos ser el legítimo representante legal y apoderado general de la operadora del casino.

Lo quiso acreditar mediante las escrituras públicas 6 mil 858 y 15 mil 91, ambas derivadas del secuestro investigado por la SEIDO.

Los integrantes del Tribunal Colegiado resolvieron, por unanimidad, que era infundado el recurso de queja presentado contra la sentencia de primera instancia.

“Los documentos que presentó Erick Garza Treviño no le generaron mayor convicción al juez de Distrito por ser discrepantes y estar cuestionadas en la vía legal, es un criterio jurídicamente válido y que se comparte por este órgano colegiado”, concluyeron.

Pese a todo esto, el grupo de casineros sigue en prisión.

Tribunal Superior respalda a casineros

Mientras dos tribunales federa otorgaron la razón a los dueños de La Fortuna, el Poder Judicial del Estado también resolvió a su favor otras dos apelaciones.

El magistrado de la Undécima Sala del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, José Eugenio Villarreal Lozano, fue el encargado de estudiar los recursos donde, de nuevo, se impugnó la representación legal del casino.

Por un lado, revocó la resolución del juez Segundo de lo Penal, Raymundo Martínez González, en una apelación interpuesta por los casineros dentro del proceso iniciado contra ellos por el delito de despojo de cosas inmuebles agravado.

Ahí, los empresarios impugnaron la resolución que declaraba infundado otro incidente que reclamaba la falta de personalidad del litigante Juan Antonio Villarreal Gutiérrez, operador clave de Jerezano Treviño.

En otra apelación, el mismo magistrado declaró infundados los agravios formulados por la Procuraduría estatal y el abogado de Jerezano Treviño, contra la libertad otorgada a los casineros.

Este beneficio fue otorgado por el juez Primero de lo Penal, Luis Andrés Moya González, en otro proceso donde se les acusaba de falsificar documentos.


Ambos recursos fueron resueltos el pasado 7 de agosto.