martes, 26 de agosto de 2014

Derrame de químicos en ríos de Sonora por fallas imputables a Grupo México, concluye Semarnat

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.

La afectación al río Sonora no se debió a las lluvias excesivas, como ha dicho la empresa, concluye la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El derrame de 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos al río Bacanuchi que se extendieron hasta el Río Sonora se debieron a fallas en el amarre en un tubo de poliuretano y en una válvula, que son imputables a la empresa Grupo México, dueña del complejo minero Buenavista del Cobre, concluyó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Luego que el pasado 6 de agosto el complejo minero Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, derramara 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos al río Bacanuchi que se extendieron hasta el Río Sonora, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dieron a conocer este 26 de agosto un informe sobre los hechos en el que refieren que aunque la empresa ha argumentado que el percance se ocasionó por las lluvias, reportes del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) demuestran que esto “es absolutamente falso”, señaló Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat.



Por su parte, David Korenfeld , director de Conagua, dio a conocer que la dependencia a su cargo inició un procedimiento administrativo en contra de Grupo México por el derrame e impuso a la empresa la obligación de realizar un monitoreo superficial y subterráneo dos veces al mes por los próximos cinco años.

El 15 de agosto, la Profepa dio a conocer que el procedimiento en contra de la minera pudiera llevar a una multa de 50 mil salarios mínimos, aproximadamente 3 millones de pesos.

El titular de Conagua también afirmó que en mil 20 muestreos analizados por laboratorios en el Río Sonora se detectaron cobre, arsénico, aluminio y cadmio “por encima de lo saludable y lo ecológico”.


Asimismo, la Profepa dio a conocer que se incluyó una demanda de responsabilidad ambiental que en su pena más alta alcanza los 40 millones de pesos.

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