miércoles, 20 de agosto de 2014

Condenan impunidad a cuatro años de matanza de 72 migrantes en San Fernando

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

MÉXICO, D.F. (apro).- En vísperas del cuarto aniversario de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, activistas e integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) reprobaron la impunidad en la que se encuentra el caso, así como la inalterable situación de violencia y abusos de que son víctimas los indocumentados lo mismo de la delincuencia organizada que de agentes del Estado mexicano.

El exrelator de la ONU para los derechos humanos de los migrantes y fundador del Colegio de la Frontera Norte (CFN), Jorge Bustamante, alertó sobre el agravamiento del escenario de abusos y violencia contra los migrantes centroamericanos, derivado de la “omisión” de las autoridades mexicanas.

“Hay una omisión del Estado, de la Secretaría de Gobernación específicamente… lo que han dicho las autoridades en relación con los derechos humanos es más bien retórica”, deploró Bustamante, quien reprobó la medida anunciada por Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Segob, en el sentido de prohibir que los migrantes se trasladen en La Bestia.



En 2009, la ONU publicó un reporte de Bustamante sobre la situación de vulnerabilidad de los migrantes en México en el que también se alertaba sobre el negocio del tráfico de personas, “gestionado principalmente por redes transnacionales de bandas involucradas en el contrabando, trata de personas y trasiego de drogas, con la colaboración de autoridades locales, municipales, estatales y federales”.

A cinco años de distancia, citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su reciente informe, para Bustamante la situación de los migrantes se agravó en la administración de Felipe Calderón, en tanto que en la de Enrique Peña Nieto “no es que hayan mejorado las cosas, es que las condiciones no han mejorado en términos generales”.

“Las cosas siguen igual, los secuestros y las extorsiones se mantienen, ahora tenemos la novedad de que ha salido una disposición que está prohibiendo el acceso de las personas al tren llamado La Bestia, están haciendo redadas y no están dejando a los migrantes subir al tren; eso es un desarrollo desafortunado que nos obliga a hablar con mucho escepticismo de que las cosas vayan a mejorar”, denunció Bustamante.

Luego agregó que a este escenario habría que añadir que tampoco han mejorado las cosas con el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Los abusos en las estaciones de migración continúan y se han convertido en verdaderas cárceles; ahí mantienen a los indocumentados, y esos lugares se hicieron para mantener gente arrestada unos días, y hay quienes llevan meses encerrados”, acusó.

Después de señalar que en el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando –cuerpos que fueron descubiertos por la Marina el 25 de agosto de 2010– no han sido sancionados todos los responsables, el exrelator de la ONU hizo un llamado a los legisladores para ejercer mayor presión, con el fin de que “el gobierno de México responda a esa impunidad que se ha mantenido respecto de la masacre”.

En el acto conmemorativo realizado en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, se refirió a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los niños migrantes que atraviesan solos el país, exponiéndose a graves violaciones a su integridad, así como a ser presas del crimen organizado.

El religioso sostuvo que en su albergue han recabado testimonios de “decenas de menores no acompañados que ya están participando (en el crimen organizado), y es impresionante escucharlos y verlos cómo han matado tanta gente, cómo se drogan o los drogan, cómo se alcoholizan, cómo operan armas largas”.

Luego de recordar que muchos de los menores no acompañados que han salido de Guatemala, Honduras o El Salvador lo hicieron huyendo de la pobreza y la violencia de las pandillas, o bien con la intención de reencontrarse con sus padres, Solalinde Guerra destacó que en las historias recabadas se advierte que para los jóvenes que se ven involucrados en las bandas delincuenciales “matar es como cualquier cosa”, aparte de que ha escuchado historias “de chamaquitos de 14, 15, 16, 17 años que tienen un historial impresionante”.

“Bomba de tiempo”

El sacerdote advirtió que la política de mano dura y de carácter “intimidatorio” contra los migrantes en Estados Unidos –y “replicada y calcada” por el gobierno México–, basada en la “detención y repatriación”, a la larga es una “bomba de tiempo”.

Además, consideró que las medidas represivas de México, “subordinadas a los intereses económicos de Estados Unidos”, no van a detener a los migrantes que huyen de la violencia y falta de oportunidades en Centroamérica, y que lo único que están provocando es que busquen nuevas rutas migratorias que los expongan a mayores riesgos.

Laura Carlsen, del Programa Américas del Center for International Policy (CIP), señaló que desde hace dos años las organizaciones civiles detectaron el éxodo masivo de niños no acompañados a Estados Unidos, y que el repunte de ese fenómeno se detectó en octubre de 2013.

“El incremento ha sido paulatino, lo cual desmiente la versión de Estados Unidos de que todo esto se debe a un rumor que corrió por parte de los coyotes en Centroamérica, de que ya iban a permitir la estancia de los niños no acompañados en Estados Unidos; la verdad, no cambió nada de la política migratoria en Estados Unidos (…) lo que sabemos es que más bien las condiciones, sobre todo de Guatemala, Honduras y El Salvador, son la causa de esta alza de migración de niños a Estados Unidos”, señaló la activista.

Sobre la cifra dada recientemente por el gobierno estadunidense de que en este año habrían ingresado unos 52 mil niños no acompañados a su territorio, Carlsen dijo que podría derivarse precisamente del endurecimiento de la política migratoria.


“Si Estados Unidos dice que hay que parar a todos los niños que cruzan la frontera, vamos a ver un auge en los registros de niños, sobre todo de Centroamérica, porque hay una ley que dice que en el caso de los niños centroamericanos se tiene que revisar su situación antes de deportarlos, para asegurarse que no van a regresar a una situación de peligro –consideración que no se aplica a menores mexicanos, pues a ellos se les deporta inmediatamente—, y por eso están obligados a tener un registro; ahora en el Congreso lo que se quiere es eliminar ese proceso de revisar su situación y deportarlos”, alertó.