AUTOR: Joanna Rubio.
De ahí, 150 millones de activos serán utilizados para difundir “los beneficios y compromisos de la Ley General del Servicio Profesional Docente”; como dato interesante, en 2013, la Secretaría de Educación Pública (SEP) pactó con el gobierno federal 200 millones de pesos para los mismos fines.
En tanto, el gasto por alumno en Campeche es de 32 mil pesos anuales, y en Chiapas se destinan menos de 15 mil pesos por el mismo concepto; pero si se es uno de los tres de cada cinco niños indígenas que llegan a la secundaria, notará a futuro que la mala inversión en la educación, podrá lograr que únicamente 6 por ciento de la población indígena llegue a la universidad y un selecto 21 por ciento de niños no indígenas accederá también a la educación superior.
El plan de rescate se centra en una estrategia de mercado que reduzca el pago mensual de los miles de maestros que se encuentran endeudados por adquirir créditos de nómina, una especie retorcida de “te presto para me pagues lo que ya me debías”. Fue en noviembre del 2013 cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentó su propuesta de reforma financiera, donde aseguraba que el rescate a maestros se establecería a través de un fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) –no por medio de subsidios o recortes–, donde los agremiados podrán sustituir sus actuales créditos por otros con tasas más baratas y de largo plazo, para evitar el sobreendeudamiento de los trabajadores de la educación.
La principal dicotomía entre el discurso y la realidad mexicana, radica en la disparidad de las cuatro de cada seis escuelas que cuentan con drenaje; los 57 mil 567 planteles que no tienen acceso a agua corriente; el 15.58 por ciento que no cuenta con electricidad; los libros de texto gratuitos con 117 errores ortográficos; los 56 millones de niños que continuarán en 2015 sin acceso a educación básica; en comparación con el 90 por ciento presupuestal que se dirige al pago de salarios, lo cual, convierte al SNTE en el sindicato con el gasto de nómina más alto de la OCDE.
Parece que el SNTE ha olvidado su compromiso básico con la educación, ya que ha mantenido por años una férrea defensa de sus propias prácticas corporativas e intereses, distando de actuar frente a la sociedad mexicana teniendo como prioridad la práctica educativa y en consecuencia el deterioro de la misma, pero este corporativismo no se detiene ahí, con un gremio calculado en más de 1.4 millones de sindicalizados maniatados a un partido político, el SNTE lo único que ha logrado ofrecerle a los mexicanos es futuro incierto y generaciones de niños que se les ha enseñado a competir entre sí, pero haciendo trampa, tal como los 79 maestros que saliendo de la Normal, necesitaron hacer trampa para pasar un examen de primaria.
Este “leviatenesco” sindicato ha recibido en 18 años aproximadamente 104 mil 200 millones de pesos, sin embargo, la precisión de estas cifras podría estar muy alejadas de los ceros de los cheques, ya que el manejo de estos fondos ha provenido de recursos públicos otorgados por el presidente en turno, mismos que de forma anti democrática han impuesto a sus líderes magisteriales.
Tendríamos que recordarle a Enrique Peña Nieto, que presupuesto, no es sinónimo de gasto, y mientras el poder ejecutivo continúe con una inversión educativa desinteresada en generar espacios educativos democráticos que fomenten la equidad, la integración y consoliden a ciudadanos formados con los más altos estándares de conocimiento, y para lograrlo, es necesario corregir la distorsión del encausamiento de los fondos, donde de cada 100 pesos que el gobierno federal otorga a la SEP, 84.5 son destinados para pagar salarios.
Analizar los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas del SNTE, es el primer paso para comenzar una redistribución del ingreso, esta redistribución debería utilizarse para resolver los contextos de marginación para compensar el bajo capital del marco social en que se desenvuelven más de la mitad de los mexicanos, evitar de esta forma el saqueo a los bolsillos de los padres familia, que dan aportaciones privadas a las escuelas públicas para asegurar la entrada de sus hijos, pero este es otra arista del problema, ya que no existe un control para este fondo explícito.
Despilfarro, ineficiencia e impunidad son el equivalente a los nuevos seis ceros en la cuenta del SNTE, porque entre gasto y distribución se centra la diferencia de salvar la deuda de privados con recursos públicos poniendo en riesgo a una generación más de niños y niñas, que cada día se acercan más a ese reducido espacio en la Universidades.
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