Luego de su aprobación en lo particular, los dictámenes se enviaron a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales correspondientes.
Anoche fue aprobado un nuevo régimen jurídico para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, en el que se definen como empresas productivas del Estado mexicano y se incorporan disposiciones para garantizar los derechos de sus trabajadores.
En el debate sobre este nuevo marco legal se registraron más de 50 intervenciones de senadoras y senadores que durante cerca de 12 horas expusieron su razonamientos en torno al proyecto de decreto por el que se expiden las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, y reforman diversas disposiciones de las leyes Federal de las Entidades Paraestatales, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El dictamen de las leyes aprobadas establece como objetivo regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas, así como establecer su régimen especial en materia de empresas productivas subsidiarias y filiales, remuneraciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, bienes, responsabilidades y dividendo estatal.
Entre las modificaciones destaca que la política de contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del resto del personal de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, de sus empresas productivas subsidiarias y de sus empresas filiales, debe cumplir con lo dispuesto en la legislación y el contrato colectivo de trabajo vigentes.
Se determinó que le corresponde a los directores generales de Pemex y de la CFE, además de suscribir, convenir los contratos colectivos y los convenios administrativos sindicales que regulen las relaciones laborales de dichas empresas y sus subsidiarias con sus trabajadores, conforme a las previsiones máximas previamente aprobadas por su Consejo de Administración, así como expedir el reglamento de trabajo del personal de confianza, en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo.
En otro cambio se establece que la política de contratación de personal no sindicalizado deberá requerir la publicación y recepción de solicitudes, en las páginas de Internet de Pemex y de la CFE y de su empresa productiva subsidiaria correspondiente, de cualquier vacante que pretendan contratar.
Asimismo, Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y sus filiales, así como la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas y filiales, con la participación de la representación sindical, establecerán los mecanismos para la debida capacitación de sus recursos humanos, a fin de garantizar su eficacia, productividad y competitividad en la industria de los hidrocarburos y eléctrica y en la consecución de su objeto.
En la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se plantea que además de las empresas productivas del Estado y sus respectivas empresas productivas subsidiarias, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado, atendiendo a su naturaleza de sus funciones, que quedan excluídos de las observancias de este ordenamiento.
El presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade, informó que hasta el domingo se han registrado un total de 478 intervenciones: seis para presentación de dictámenes, votos particulares 42, posicionamientos 15, discusión en lo general 177, discusión en lo particular 238 y 54.30 horas de debate acumuladas del 17 al 20 de julio.
La madrugada del domingo, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular el decreto por el que se expiden las nuevas leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, eliminando el concepto de expropiación de tierras para el desarrollo de la industria eléctrica.
La modificación al dictamen, avalado por el pleno, fue propuesta por las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, y coincide con el modelo de ocupación temporal de tierras para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, contenido en la ya aprobada Ley de Hidrocarburos.
El pleno decidió retirar el concepto de expropiación de tierras de los artículos 11 y 71 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Otro de los cambios establece que en ningún caso los contratos de producción independiente de energía que amparan centrales externas legadas y sus garantías, celebrados con la CFE, se tendrán por rescindido debido a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Los contratos, convenios o instrumentos de naturaleza jurídica análoga o que estén relacionados con ella no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno, que otorgue exclusividad o preferencia ilícitas en beneficio de cualquier organización.
En tanto, la madrugada del sábado, el Senado aprobó en lo general y en lo particular el proyecto para expedir la Ley de Hidrocarburos y reforma las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.
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