AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Autoridades electorales consultadas prevén la judicialización de nuevas figuras para las elecciones de 2015. Las candidaturas independientes y la paridad de género en los partidos tendría que llegar a los tribunales.
Autoridades electorales consultadas por Reporte Indigo aseguran que, de no aprobarse en definitiva la Reforma Política-Electoral de Nuevo León, se corre el riesgo de recurrir a juicios para alcanzar esos derechos políticos.
Sin embargo, los especialistas adelantan que, aunque se presente un escenario de incertidumbre, las normativas federales, por encima de las leyes estatales, reconocerían estas garantías que se tendrían que reclamar ante los tribunales.
Por otro lado, a pesar de que los diputados locales no aprobaron en tiempo y forma los dictámenes, constitucional y de la nueva reglamentación secundaria que definirían las reglas para los comicios de 2015, ayer los legisladores aseguraron que aún tienen más tiempo.
Los coordinadores de las bancadas del PRI, PRD, PT, Nueva Alianza e Independiente, acusaron al PAN de secuestrar a la reforma, pero dijeron que quedaba la posibilidad de replantear el tema, al considerar la versión del Instituto Nacional Electoral (INE).
El organismo anunció que hay una ventana abierta que le podría dar, a partir de hoy, siete días más para analizar y autorizar los cambios, de acuerdo con una interpretación del Artículo 105 de la Constitución federal.
Esta disposición establece que las reformas tienen que publicarse al menos 90 días antes del proceso electoral.
En caso de que no se llegue a un acuerdo durante esta sorpresiva prórroga, los especialistas afirman que para garantizar una armonización de los comicios, el INE y la Comisión Estatal Electoral (CEE) tendrían que celebrar convenios.
Según ellos, esos acuerdos institucionales harían que los procesos locales se adapten a la normativa federal y así no se caiga en contradicciones jurídicas.
El vocal ejecutivo del INE en Nuevo León, Sergio Bernal Rojas, señala que esas normas federales, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son superiores, aunque no haya homologación en la entidad.
“(Es factible) en el escenario de que no se armonizara definitivamente y que ya esté fuera de plazos, aún con esta interpretación que estamos hablando de los 90 días.
“Tendrán que ponerse de acuerdo mediante convenios que le den certeza a todos para poder tener un proceso electoral”, explica el funcionario.
Bernal Rojas indica que la autoridad, a la que recurrirían los ciudadanos para hacer valer sus derechos políticos mediante litigios, sería la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Efectivamente, los ciudadanos, los partidos políticos, las diferentes personas que vean violentados esos derechos, desde luego que hay instrumentos jurídicos (para reclamarlos) en un estado democrático”.
Por su cuenta, el consejero presidente de la CEE, Luis Daniel López Ruiz, celebra el posicionamiento de los coordinadores legislativos de ampliar el plazo de aprobación de la Reforma Política en Nuevo León.
Pero el titular del instituto confirma que, de no aprobarse, los ciudadanos interesados en una candidatura independiente y la paridad de género, tendrían que recurrir ante los órganos jurisdiccionales para reclamar sus derechos.
“En caso de que no lleguemos a tener esta reforma y no lleguemos a tener la homologación del marco legal del Estado con el marco legal federal, existe la posibilidad de que sea a través de juicios, de resoluciones de los tribunales, que se dé la inclusión de estas figuras”.
López Ruiz puntualiza que hay otras facultades que ya fueron delegadas completamente al INE y que no hay duda de que las podrá ejercer esta institución en la entidad, aún sin Reforma Política.
Entre éstas están la nueva geografía electoral del estado con la redistritación, la fiscalización de los partidos políticos, y la representación proporcional del 1.5 por ciento de la votación para diputaciones y regidurías plurinominales.
Mientras la integración del Tribunal Electoral del Estado ya recae en el Senado de la República, la conformación de la CEE ahora le corresponde al INE.
Por otro lado, las prerrogativas a los partidos políticos será otro tema compartido entre las autoridades federales y estatales, y la reelección se empezará a aplicar hasta los comicios de 2018.
Aunque existen mecanismos que podrían resarcir los vacíos jurídicos que ocasionaron el fracaso de las negociaciones legislativas, el comisionado ciudadano de la CEE, Manuel Gerardo Ayala Garza, prevé un escenario de caos e incertidumbre legal.
El representante asegura que pese a que las facultades están señaladas por una norma suprema, como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de no haber armonización prevalecerán inconsistencias con las funciones delegadas al órgano estatal.
El principal problema, de acuerdo con Ayala Garza, es que si no hay Reforma Política en Nuevo León la ley estatal vigente se derogará sin los ajustes necesarios.
“Esta Ley General le da facultades al INE para que también intervenga con algunas variantes, en la organización de los procesos electorales locales.
“Claro que sí nos da mucha incertidumbre a nosotros, como órgano electoral, en la definición de las reglas para poder operar, de alguna manera estamos maniatados”.
La principal preocupación del comisionado es cómo operará el proceso electoral en Nuevo León si no hay lineamientos claros, los cuales tendrán que definirse únicamente en convenios de colaboración entre el INE y la CEE.
“Sí estaremos en otro escenario de conflictos y lo más triste es que los procesos electorales se judicialicen”, lamenta.
“La excepción deben ser las quejas, las denuncias, las impugnaciones, pero aquí parece que todo va encaminado a que lo principal vaya a ser las denuncias, quejas e impugnaciones que se van a dar”, expresa Ayala Garza.
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