AUTOR: JAVIER ESTRADA.
Surgen más denuncias en contra del “hermano incómodo” del procurador del Estado. En la Zona Citrícola de Nuevo León acusan a Filiberto de la Garza de utilizar a la Policía Ministerial como brazo persecutor para encarcelar a una familia en Montemorelos y luego negociar con ella la posesión de un predio en litigio.
Los ciudadanos señalan que el litigante usó este cuerpo policíaco que depende de la Procuraduría del Estado, para aprehenderlos, encarcelarlos y negociar con ellos en prisión la posesión del predio en disputa legal.
Todo esto sucedió en el municipio donde el abogado fungió hace ocho años como secretario de Seguridad Pública, durante la administración del exalcalde priista José Francisco Hernández Sánchez.
El método es similar al que utilizó el mismo despacho de abogados que encabeza el hermano del procurador Adrián de la Garza para enviar a la cárcel al ciudadano Rodolfo Cruz Tamez Galván, quien denunció un tráfico de influencias en la Procuraduría estatal.
Reporte Indigo publicó ayer sobre las estrategias del “hermano incómodo” del procurador, que incluyen acuerdos extrajudiciales e intimidaciones.
Hace un mes en Montemorelos, cuatro miembros de una familia fueron aprehendidos por supuestamente despojar un terreno en el que han habitado toda su vida, ubicado en el rancho Palo Seco, al sur de la cabecera municipal.
El pasado 30 de abril, agentes de la Policía Ministerial descendieron de tres patrullas y arrestaron a los hermanos Jesús Ernesto, Rogelio Guadalupe y Gerardo Antonio González de los Reyes, así como a su tío Juventino Luna.
Los agricultores fueron trasladados a las celdas de la Policía Ministerial en Montemorelos, donde el sobrino del procurador e hijo del abogado, Filiberto Alan de la Garza Marroquín, les ofreció 100 mil pesos para que cedieran el terreno.
La madre de los que fueron encarcelados, Rosa de los Reyes Reyna, asegura que el joven litigante, en compañía de su colega Carlos Ignacio Castillo Rimoldi, ofreció la cantidad a nombre del despacho que encabeza su padre, que luego elevó a 200 mil pesos.
“Al que es sobrino del procurador le dije yo que no ocupaba dinero, yo estaba ahí por mis hijos, yo quería que mis hijos salieran, no quería yo problemas con nadie”, recuerda la mujer.
“Me dijo que si yo le firmaba un papel, luego mis hijos iban a salir”.
No fue hasta su encarcelamiento que los ciudadanos se enteraron que habían sido denunciados por el delito de despojo de bienes inmuebles o de aguas y que les habían abierto la averiguación previa número 121/2014.
La denuncia fue presentada por Juan Raúl Ramírez Vara, pero los propietarios señalan a María Parás Ruiz como la que maquinó la acusación, pues ella ostenta una escritura del predio en la que no coinciden las colindancias.
La supuesta vendedora ofreció la tierra por 1 millón 10 mil pesos al particular José Luis Salazar Salazar, quien también reclama la posesión del terreno de 32 hectáreas.
La presunta compraventa se realizó el 6 de agosto de 2011 y quedó asentada en la escritura pública número 3 mil 417, elaborada por el Notario Público Número 82 en Montemorelos, Carlos Anguiano García.
Tras rechazar la oferta económica y permanecer diez días en prisión, los cuatro familiares salieron libres bajo fianza.
Los acusados aseguran a Reporte Indigo que la aprehensión fue un abuso de autoridad y que fueron llevados con engaños, porque los agentes les comentaron que sólo necesitaban una declaración ministerial.
Ellos afirman que el terreno lo adquirieron de Guillermo Parás García, padre del exdiputado local por el Distrito 24, Ricardo Parás Welsh, para quien trabajan.
En entrevista, el exlegislador priista –y primo de la supuesta vendedora- indica que el abogado Filiberto de la Garza, en contubernio con la Procuraduría de Nuevo León, maquinó el delito contra sus empleados.
La intención de amedrentar a sus trabajadores, recalca, es porque quieren despojarlo de tierras de su rancho, que suma unas 550 hectáreas, utilizando a elementos de la Policía Ministerial para intimidarlo.
El también ganadero acusa directamente al hermano del procurador de meter a la cárcel a personas inocentes para después arrebatarles sus propiedades.
“Es un tráfico de influencias y un cochinero que tiene aquí el hermano del procurador”, dice Parás Welsh.
“Estas gentes no andan litigando, andan robando propiedades, utilizando a los ministerios públicos y a las agencias del Ministerio Público como si fueran oficinas privadas del hermano del procurador”.
A sus 62 años de vida, Parás Welsh afirma que nunca había visto esa clase de impartición de justicia en la Zona Citrícola de Nuevo León.
“La justicia está vendida porque la está manejando el hermano del procurador, Filiberto de la Garza, pero es una persona tan cobarde que él no da la cara: manda a su hijo, Filiberto de la Garza Marroquín”.
La Procuraduría de Nuevo León también solicitó una orden de aprehensión contra el ganadero, pero no fue concedida a la fiscalía por la autoridad judicial.
‘Pregúntenle al juez, no a mí’.- Procurador
El procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza, evitó responder a la denuncia de un ciudadano que acusa a su hermano de traficar influencias para enviarlo a la cárcel en la dependencia que el funcionario encabeza.
Aunque la Procuraduría del Estado solicitó la orden de aprehensión en contra del acusado, basada en un irregular peritaje de grafoscopía, el titular aseguró que eso le corresponde explicar al juez penal que llevó el caso.
“La orden de aprehensión es por parte de un juez, no por parte de nosotros, y un juez ya lo revisó. Por favor, pregúntenle al juez, por qué me pregunta a mí”, se limitó a decir mientras abordaba un automóvil oficial.
El titular del Juzgado Primero de lo Penal de Nuevo León, Luis Andrés Moya González, fue el que concedió a la fiscalía la aprehensión del ciudadano Rodolfo Cruz Tamez Galván, quien fue acusado del delito de uso de documento falso.
La semana pasada, este arquitecto salió en libertad provisional bajo caución, tras demostrar a la autoridad judicial las irregularidades procesales de las que fue víctima.
Tamez Galván señala a Filiberto de la Garza, hermano del procurador, de usar amenazas a través de la Policía Ministerial y de ofrecerle dinero para que se desistiera de un juicio civil que le reconoció derechos sobre un terreno en disputa.
“Tiene que presentar las denuncias correspondientes, yo creo que es cuestión de tema de litigio entre particulares”, manifestó el titular de la Procuraduría estatal.
“No hay una acusación formal, es lo que hay que decir, es una acusación que fue por un medio público”.
Las víctimas del hermano del procurador estatal
> Ricardo Parás Welsh es el vendedor del terreno y empleador de los agricultores arrestados.
> Gerardo Antonio González apunta que la aprehensión fue un abuso de la Policía Ministerial.
> Jesús Ernesto González teme por su seguridad y la de su familia, tras su liberación.
> Rogelio Guadalupe González dice que él y sus hermanos han vivido toda su vida en el predio.
> Juventino Luna afirma que los agentes de la Policía Ministerial los arrestaron con engaños.
> Rosa de los Reyes asegura que le ofrecieron 100 mil pesos para ceder el terreno en disputa.
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